ADELANTO DEL LIBRO FOX: NEGOCIOS A LA SOMBRA DEL PODER El misterio de los millones Más de medio millón de dólares en un solo día. Esa cantidad es la que recibió la esposa del Presidente de México el viernes 14 de julio de 2006, en dos traspasos realizados a la cuenta 00177617256 de Banorte. El malogrado sexenio del cambio estaba en su último tramo, y Vicente Fox enfrentaba un alud de acusaciones de corrupción, que involucraban a su pareja, Martha Sahagún. Apenas dos semanas antes se habían efectuado los comicios en los que el candidato panista Felipe Calderón Hinojosa había sido electo el sucesor de Fox, con un margen mínimo frente a Andrés Manuel López Obrador. Mientras el País estaba envuelto en un debate sobre la legalidad de la elección, Sahagún recibió un par de transferencias en una cuenta bancaria que compartía con su hijo Fernando Bribiesca Sahagún, y que juntas sumaron 6 millones 63 mil pesos. Al tipo de cambio de aquellos días (10.90 pesos), los traspasos equivalían a 556 mil dólares. Una pequeña fortuna que nunca fue reportada en la declaración patrimonial de la autonombrada pareja presidencial. Las sospechas de corrupción se acentuaron, cuando brotó el origen de ese dinero: correspondía a utilidades que el Grupo Estrella Blanca le reportaba cada mes al hijo menor de Sahagún, y que éste compartía con su mamá en una cuenta mancomunada. Aquellas transferencias en realidad eran apenas una pequeña porción de las millonarias ganancias que obtuvo en el sexenio. La cuenta de Banorte en la que Martha y Fernando Bribiesca eran cotitulares, recibieron depósitos por 12 millones 315 mil pesos tan sólo entre 2005 y 2006, la mayor parte provenientes de la empresa transportista que había sido favorecida con multimillonarios contratos gubernamentales. Que el hijastro de un mandatario esté metido en negocios no tiene nada de ilegal, pero sí representa un conflicto de intereses que esas operaciones comerciales las haga con un proveedor del Gobierno, y mucho más que la esposa del Presidente reciba transferencias por utilidades de esos enjuagues entre particulares.
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Durante el sexenio foxista, abundaron las transferencias misteriosas, de origen desconocido, a cinco cuentas bancarias de Martha Sahagún. La señora recibía por distintas vías el doble de dinero que el sueldo de su marido. Por cada peso que Fox ganó como Presidente, Martha cobró al menos otros dos pesos por conceptos tan variados como donativos, herencias, rentas, préstamos, utilidades y transferencias. Ese dinero jamás fue declarado en el patrimonio de la pareja. Al menos eso es lo que descubrió un grupo de auditores, cuando se metieron a revisar con lupa los bienes de Vicente Fox y de su esposa. Al compulsar las declaraciones patrimoniales con información aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los investigadores descubrieron inconsistencias por 27 millones 881 mil 694 pesos con 97 centavos, equivalente a 2 millones y medio de dólares al promedio cambiario de aquellos días. El 90% de ese dinero había sido depositado o transferido a favor de Martha en sucursales de Banorte, Inbursa, BBVA Bancomer y Banamex, y el otro 10% en dos cuentas a nombre de Vicente. Tanto dinero sin declarar, despertó sospechas. El origen oscuro de esos recursos derivó, al paso de los días, en una investigación por presuntos ilícitos cometidos por Vicente Fox durante su mandato. La Fiscalía especializada para investigar delitos cometidos por políticos y funcionarios
mantiene abierta, desde hace una década, la pesquisa para aclarar el enriquecimiento de Fox.
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Vicente Fox acababa de cumplir un año de haber dejado la Presidencia de la República, cuando agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) empezaron a hurgar en las cuentas bancarias y en los documentos de propiedad de él y de su parentela más cercana. Iban en busca de pruebas o evidencias de enriquecimiento ilícito, producto –sospechaban- del cobro de sobornos o el pago de favores. El 12 de diciembre de 2007 el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos envió un oficio a la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada en aquellos días por Salvador Vega Casillas, paisano michoacano del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, para pedir que le dieran copias de todos los documentos que integraban las declaraciones patrimoniales de Fox. Pero ya para entonces, el contralor tenía un paquete de información más suculento. Su antecesor, Germán Martínez Cázares –quien dejó el gabinete para dirigir al PAN-, había iniciado una pesquisa sobre los bienes del ex Presidente y descubrió información que era una bomba: había decenas de millones de pesos que no habían sido declarados. Una fortuna que había acaparado la familia presidencial de forma oscura. Eran de tal magnitud las irregularidades encontradas, que integró el expediente 142/2007, que cada día se fue haciendo más abultado, hasta sumar 3 mil 668 fojas en cinco tomos. Parte de esa información se integró a la averiguación previa 83/UEIDCSPCAJ/2007 que inició la PGR por los presuntos ilícitos cometidos por Fox. Dos meses después de este primer acercamiento, el Ministerio Público envió otra petición a la SFP para obtener más información del citado expediente. La colaboración con el órgano de fiscalización del Poder Ejecutivo se estrechó al paso de los días, hasta integrar una sola investigación del caso. Al frente de la pesquisa estaba Óscar Javier Chino Vite, un joven abogado penalista egresado de la UNAM, de militancia priísta, que había iniciado su labor como funcionario público en 1999, en el último tramo del sexenio de Ernesto Zedillo y que –paradójicamente- logró consolidar su carrera durante el Gobierno foxista; inició investigando el tráfico de drogas y en 2006 se incorporó a la unidad encargada de rastrear y denunciar las tropelías de los políticos. Y –vaya paradoja- uno de sus primeros encargos sería seguir las huellas de quien había sido su jefe: el ex Presidente Fox.
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Sospechas de evasión fiscal El 2 de julio es una fecha emblemática en la vida de Vicente Fox. Ese día, pero de 1942, nació en la ciudad de México y fue un 2 de julio del año 2000 cuando ganó las elecciones presidenciales que terminaron con siete décadas de gobiernos priístas. En 2008, sin embargo, hubo un suceso que empañó su cumpleaños: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó aquel día a los sabuesos de Calderón, el hallazgo de nueve cuentas que nunca habían sido reportadas por Fox en su declaración patrimonial. El informe no era una cosa
menor; era el resultado de una minuciosa investigación que la dirección encargada de prevenir operaciones ilícitas había efectuado sobre todas los movimientos financieros del ex Presidente y de su parentela más cercana. Ocho bancos (Banamex, BBVA Bancomer, Santander, Scotiabank Inverlat, HSBC, Banorte, Inbursa y American Express Bank) presentaron informes confidenciales sobre el rastreo realizado de los apellidos Fox, Sahagún y Bribiesca, y en tres de esas instituciones se descubrieron cuentas que el ex mandatario había ocultado; cuatro estaban a su nombre, dos tenían como titular a sus hijos Vicentillo y Rodrigo, otras dos a su esposa y una más –la más cuantiosa- era manejada por Martha y su hijo Fernando. “Derivado del análisis a las documentales que obran en el expediente de evolución patrimonial, específicamente a las cuentas bancarias reportadas por la CNBV se localizaron depósitos cuyo origen se desconoce y que es necesario aclarar por parte de Vicente Fox Quesada”, notificó la Secretaría de la Función Pública, en un expediente que luego turnó a la Procuraduría General de la República, y que forma parte de una averiguación penal que permanece abierta.
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Evasión fiscal es otro delito por el que se investiga a Vicente Fox. Y es que en la compulsa que los auditores de la SFP hicieron de los ingresos de él y de su esposa frente a sus declaraciones fiscales, encontraron una diferencia superior a los 10 millones de pesos entre 2001 y 2006, que corresponde al periodo del primer gobierno panista de México. Al tipo de cambio de aquellos años, ese monto equivale a cerca de un millón de dólares (el sexenio inició con un promedio por dólar de 9.45 pesos y cerró en 10.90). Para determinar el dinero sin declarar, compararon las constancias de retenciones proporcionadas por la dirección de Recursos Humanos de la Presidencia, los informes patrimoniales que Fox presentó a la SFP y los reportes anuales ante Hacienda, entregados con copia certificada por funcionarios de las administraciones de recaudación del sur del DF y de Celaya. La sorpresa al concluir los comparativos, fue que todos los años en los que estuvo al frente de la Presidencia, Fox incurrió en omisiones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al declarar menos de lo que ganó. Por citar sólo un caso, el de mayor monto: en el ejercicio fiscal 2003, el entonces mandatario manifestó haber obtenido ingresos brutos por 3 millones 99 mil pesos por concepto de sueldos, pero además recibió 2 millones 700 mil pesos por el reembolso de capital de la empresa familiar El Cerrito, 267 mil pesos por concepto de servicios profesionales, 300 mil por intereses y 691 mil por la recuperación de un préstamo personal. En suma, ganó aquel año más de 7 millones de pesos. En su declaración fiscal, sin embargo, sólo reportó su sueldo en Los Pinos y un rendimiento financiero de 120 mil pesos. La cantidad que omitió superó ese año los 3 millones de pesos. En 2004, la historia se repitió, ahora por un monto no declarado por 2 millones 714 mil pesos, según el siguiente desglose que hizo la SFP, y que remitió para su investigación a la PGR:
“Se observan diferencias por aclarar en cuanto a los ingresos por concepto de honorarios por servicios profesionales de $290,539, así como en el rubro de recuperación de préstamo personal/venta de acciones por 2,274,224 al no manifestarlos en su declaración fiscal, y en el rubro de intereses de la declaración patrimonial reportó $150,342 más que en la declaración fiscal”.
También su esposa incurrió en posible evasión, según el análisis comparativo realizado por la SFP. Un ejemplo: en su declaración patrimonial correspondiente a 2005, Vicente Fox dijo que Martha Sahagún había tenido ingresos por 1 millón 170 mil pesos, de los cuales 982 mil habían sido por la renta de inmuebles, venta de productos agrícolas y rendimientos financieros, y el resto -188 mil pesos- por el donativo de uno de sus hijos. Sin embargo, en el reporte fiscal presentado ante el SAT, ella declaró sólo 285 mil pesos, equivalente a una cuarta parte de su ingreso real. En cinco oficios enviados a la SFP, Vicente y Martha presentaron documentos para tratar de aclarar las inconsistencias, aunque no pudieron comprobar todo; él alegó que un monto importante del dinero no declarado correspondía a un seguro de separación –que era una prestación que recibía de la Presidencia-, el reembolso de 572 mil pesos por una prima de otro seguro en el Commerce Bank de California y el cobro de préstamos por 1.6 millones de pesos que le había hecho a su hijo Vicentillo. Ella, en cambio, enlistó una amplia variedad de conceptos con los que pretendía justificar sus ingresos: arrendamiento de inmuebles, venta de aguacates de la huerta que tiene en Tingüindín, reembolso de gastos médicos, cobro de regalías por su libro “Caminando” y dividendos de la empresa veterinaria que maneja su ex marido. Pero sobre todo, Sahagún argumentó que su prosperidad se debía a que su papá y sus hijos Manuel y Jorge Alberto le habían regalado mucho dinero durante el tiempo en que Fox fue Presidente: al menos 8 millones 351 mil pesos en 13 donativos.
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Martha en la trama de Construcciones Prácticas De una cuenta bancaria en la que Martha Sahagún era cotitular, fluyó dinero para financiar la operación de la empresa Construcciones Prácticas SA de CV, que en 2004 fue beneficiada con el remate de inmuebles a precios de ganga. Cuatro paquetes de viviendas y predios valuados en 1,318 millones de pesos, fueron comprados en aquel año por un socio de Manuel Bribiesca en poco menos de 35 millones. Pagó el equivalente al 2.5% del valor de los bienes. Aquella subasta de activos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) fue en su momento un escándalo mayúsculo, porque existía la sospecha de que detrás de esa turbia transacción había la intención de favorecer a los hijos de la Primera Dama. Incluso, se creó una comisión especial en el Congreso federal para probar el tráfico de influencias. Lo que nunca se había mostrado, hasta ahora, es que en el esquema de financiamiento de la mencionada empresa estaba involucrada incluso la esposa del Presidente. Así como lo lee. Resulta que el 20 de mayo de 2004, en la víspera de que se realizara la subasta de más inmuebles, Fernando Bribiesca Sahagún, hijo menor de Martha, celebró un contrato con Construcciones Prácticas, propiedad de Miguel Khoury Siman (socio de su hermano Manuel Bribiesca en otras cuatro empresas) para financiar su negocio. Le prestó, en principio, 2 millones de pesos, con lo que alcanzaba –y hasta le sobraba- para comprar el siguiente paquete del IPAB. Cuando se efectuó ese préstamo, Construcciones Prácticas acababa de adquirir 275 departamentos en San Francisco Totimehuacan, Puebla, en 20 millones de pesos. La empresa también se
apuntó para la subasta prevista para el mes siguiente, de otro paquete valuado en 114 millones de pesos, que finalmente logró comprar pagando apenas 1 millón 560 mil pesos, equivalente al 1.4% de su valor. Los reembolsos del crédito fueron depositados parcialmente al año siguiente por la compañía ganadora de la subasta, en una cuenta bancaria que manejaba en forma mancomunada Martha Sahagún. En el expediente que fue turnado a la PGR –y que una década después permanece abierto- se detalla la relación de depósitos: el 8 de septiembre de 2005, Construcciones Prácticas SA de CV ordenó al banco HSBC realizar la transferencia de 300 mil pesos de su cuenta 4024244691 a la cuenta 00177617256 de Banorte, cuyo titular era Fernando Bribiesca, pero que era manejada también por la esposa del Presidente. El 8 de diciembre, de la misma cuenta de HSBC se giró otro pago electrónico por un millón de pesos y el día 27 del mismo mes se cubrieron vía SPEI 500 mil pesos. Cuando la SFP descubrió estos depósitos, le pidió a Fox una explicación, y éste salió en defensa de su esposa. “Los recursos en dicha cuenta no son de mi cónyuge, que sólo fungió como apoderada para realizar transacciones por cuenta de su hijo Fernando Bribiesca cuando realizaba viajes al extranjero”, justificó en un oficio enviado al órgano fiscalizador el 23 de noviembre de 2010. Aunque en ese mismo oficio, Fox aceptó que la mencionada cuenta había sido utilizada en el esquema financiero de Construcciones Prácticas, e incluso proporcionó detalles de las transacciones, copias certificadas del estado de cuenta e incluso del registro contable de la mencionada empresa que resultó beneficiada durante su Gobierno. Estaba enterado de todos los movimientos. Aquella no fue la única intervención directa que su familia tuvo en Construcciones Prácticas. El 1 de abril de 2004 se subastó un predio de 4 hectáreas en la ciudad de Celaya, y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún expidió a nombre de la empresa un cheque del banco HSBC por un millón 303 mil pesos, como anticipo por el 30% del valor del inmueble. Para deslindarse de la operación, el otro hijo de Martha Sahagún alegó que había intervenido para ayudar a su amigo y paisano Miguel Khoury. Y, al igual que su hermano menor Fernando, dijo que el dinero había sido “un préstamo”. Los tres vástagos de Martha y ella misma estuvieron de alguna forma ligados. ¿Casualidades o negocio familiar?
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Utilidades de Estrella Blanca, a cuenta operada por Martha A diferencia de sus hermanos, Fernando Bribiesca Sahagún manejó con discreción su perfil empresarial. Públicamente se le identifica más bien como un político que ha seguido los pasos de su mamá, de quien aprendió el arte de tejer alianzas para escalar posiciones. Fue así como en 2012, con la bandera del Partido Nueva Alianza de Elba Esther Gordillo, logró colarse como diputado federal, y luego, al concluir su encargo, como candidato a la alcaldía de Celaya –su ciudad natal- en una alianza del PRI-Partido Verde; no logró el triunfo, pero negoció un cargo público: desde noviembre de 2015 es delegado de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato. En la práctica, es un funcionario al servicio del Gobierno de Enrique Peña Nieto, con quien su mamá y su padrastro establecieron desde 2010 una alianza. Durante y después de la administración
foxista, las sospechas y acusaciones de corrupción contra los hijos de la Primera Dama se centraron sobre todo en Manuel Bribiesca y un poco menos en su hermano Jorge Alberto. Pero nadie volteó a señalar a Fernando Bribiesca, el menor de los vástagos. Para muchos, era el hijo ejemplar de Martha, dedicado al estudio (había estudiado una maestría en gerencia política en la Universidad George Washington) y alejado de los escándalos. Pero lo que hasta hoy se desconocía, es que también sacó ventaja de los privilegios del poder. Con el aval de su mamá, se volvió socio de la empresa Estrella Blanca en pleno foxismo, cuando ese grupo transportista mantenía un idilio con la Primera Dama, a cuya fundación Vamos México le había donado 100 autobuses en desuso, para transformarlos en aulas. Era tanta la cercanía con la llamada pareja presidencial, que al concluir el sexenio se integró como tesorero del Centro Fox a Arturo Sánchez de la Peña, hijo de Salvador Sánchez Alcántara, fundador de la compañía. Como nunca, los contratos gubernamentales a favor de Estrella Blanca se multiplicaron a partir del año 2002. Y justo en ese año, Fernando Bribiesca se integró como socio con una flotilla de autobuses. Las utilidades las recibía en una cuenta que compartía con su mamá, como se mostrará más adelante.
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El 1 de diciembre de 2002, Fernando Bribiesca Sahagún se registró ante la Secretaría de Hacienda como contribuyente “socio accionista de persona moral con actividad preponderante a desarrollar de autotransporte terrestre de pasajeros integrante de un coordinado”. Ese concepto tan amplio ocultaba lo verdaderamente importante: aquel día, el hijo menor de Martha Sahagún se incorporó como socio de Autobuses Estrella Blanca. Pero no fue el único integrante de la familia presidencial que se sumó a la empresa. Dos meses antes, en octubre de 2002, Vicente Fox de la Concha se había casado a los 20 años de edad, y el entonces Presidente estaba preocupado porque de algo tenía que trabajar su muchacho, quien siempre había renegado del estudio, así que lo recomendó con los dueños de la compañía transportista. Por eso el día de la boda uno de los invitados especiales fue Arturo Sánchez de la Peña, uno de los principales accionistas. Por aquel entonces, Estrella Blanca era un proveedor de medio pelo del Gobierno federal. Al cierre de 2002 los contratos sumaron apenas 7 millones 784 mil pesos. Pero con la incorporación del hijo y del hijastro del Presidente, vino la época de esplendor. Al año siguiente los contratos se triplicaron, al sumar 22 millones 514 mil pesos. Y para 2004 llegó el boom, cuando las asignaciones se multiplicaron 11 veces y superaron los 257 millones. Al menos 26 dependencias del Gobierno federal contrataron sus servicios de mensajería, paquetería y transporte durante el sexenio foxista. El mayor monto correspondió al Instituto Nacional de Migración, que desembolsó 234 millones de pesos por llevar a la frontera sur a los migrantes centroamericanos que eran arrestados en su paso por el país. El IMSS le pagó 46 millones por servicios tan diversos, como boletos de transportación terrestre para sus empleados, pacientes y familiares, pero también para trasladar cadáveres en los autobuses, suministrar agua en garrafón, diésel, alimentos y fotocopiar documentos. La oficina de la Presidencia utilizó a la empresa como su correo privado, para lo cual le pagó 1 millón 570 mil pesos. La prosperidad de Estrella Blanca le trajo beneficios a la familia presidencial. Fernando Bribiesca tuvo un incremento de 200% en sus utilidades entre 2005 y 2006, las cuales le eran depositadas en las cuentas 00903637617 y 00194713128 de Banorte, y una parte de esos
dividendos los transfería luego a la cuenta 00177617256 del mismo banco, la cual manejaba en forma mancomunada con su mamá Martha Sahagún. Entre marzo y diciembre de 2005, el hijo menor de la Primera Dama le traspasó 4 millones 551 mil pesos, de los cuales 2 millones 392 mil pesos era dinero que había ganado en la empresa transportista. Al año siguiente la ganancia transferida se elevó a 7 millones 396 mil pesos. En suma, en esos dos años y por la operación de tan sólo cinco camiones, le redituaron ganancias equivalentes a lo que ganó Fox en cinco de seis años como Presidente. Por eso los auditores de la SFP que revisaban su patrimonio se mostraron extrañados al ver esos montos millonarios que eran compartidos con Martha Sahagún, y pidieron aclarar su procedencia. Vicente les aseguró que el dinero no era de su esposa, sino de su hijastro Fernando, y que ella sólo lo representaba cuando salía al extranjero. Como prueba, el ex Presidente presentó copias certificadas de los estados financieros de las tres cuentas de Banorte involucradas en las transacciones, resultado de las ganancias reportadas por la operación de los autobuses. Esos documentos, por supuesto, no liberaban de ninguna responsabilidad a la señora Martha. Lo esencial permanecía inalterable: un proveedor del Gobierno había hecho negocios con el hijastro del Presidente y las ganancias eran transferidas a una cuenta que manejaba la Primera Dama.
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El expediente secreto Las investigaciones que sobre el patrimonio de Vicente Fox realizaron la SFP y la PGR han permanecido en secreto durante una década. El 31 de octubre de 2016, como parte del proceso de recopilación de documentos para la redacción de este libro, solicité a la Secretaría de la Función Pública copia del expediente 142/2007, que contenía el resultado de la pesquisa realizada al ex Presidente, pero ésta dependencia respondió que desde enero de 2011 había turnado las 3,668 fojas, integradas en cinco tomos, a la Fiscalía especializada en la investigación de delitos cometidos por servidores públicos, y que no había conservado copia alguna, por lo que declaró como inexistente la información solicitada. Decidí entonces dirigir mi solicitud a la citada fiscalía, la cual la remitió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delitos Federales. El 16 de enero de 2017 finalmente me respondieron, pero con otra negativa. La razón para mantener en secreto el expediente me sorprendió: el ex Presidente Vicente Fox Quesada todavía era sujeto de investigación por posibles ilícitos cometidos durante su gestión. La PGR argumentó con estas palabras su negativa a hacer pública la investigación y a reservarla por cinco años más:
“La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que se trata de investigaciones de hechos que la ley señala como delitos en trámite, por lo que de revelarse la línea de investigación de la institución, se estaría alertando a los probables responsables o a sus cómplices, y con ello, alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación”.
Más de diez años después de haber dejado la Presidencia de México, Vicente Fox seguía bajo investigación de la PGR. La averiguación previa que se había abierto en 2007, incluía como evidencias o elementos de prueba, la investigación que sobre su patrimonio había realizado la SFP durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa. Y entre los documentos que se habían turnado al Ministerio Público federal, estaban las cuentas bancarias en las que se traspasaban utilidades del Grupo Estrella Blanca, las transacciones realizadas por Construcciones Prácticas, los ingresos no declarados y las inconsistencias en su patrimonio, en particular el misterioso origen de 27 millones de pesos.