Asturias
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LA NUEVA ESPAÑA
Viernes, 9 de mayo de 2014
Congreso de expertos tributarios en Oviedo EDUARDO LUQUE DELGADO Presidente de la Asociación de Asesores Fiscales
«La desaparición de la deducción por vivienda no se comprende muy bien» «El contribuyente entiende que hay que pagar impuestos, pero lo hace mejor si sabe que repercute en el gasto social» Oviedo, Noelia HERMIDA Uno de sus principales esfuerzos es acercar la materia fiscal y tributaria a los ciudadanos, pero no es tarea fácil. Eduardo Luque, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) participa estos días en el X Congreso Tributario, que comenzó el miércoles en el Palacio de Congresos de Oviedo y llega hoy a su punto final. –¿Qué importancia tiene celebrar este foro, en el que jueces y asesores fiscales intercambian sus opiniones? –Los jueces ven los asuntos después de un tiempo. Los asesores tenemos que interpretar el Derecho en primera línea de fuego. Nuestra situación es muy comprometida porque tenemos que interpretar la norma sin que haya una doctrina. –¿Deben aplicar los jueces las normas en función de la situación económica? –No, los jueces no deben utilizar lo que se llama «el derecho de la crisis». Pero el legislador sí tiene que adaptar la normativa a la crisis y más la tributaria. Si hay que cumplir los objetivos de déficit, los tributos son el principal instrumento de política económica. –¿Están siendo correctos los cambios realizados por el Gobierno? –Todavía sabemos poco de la Reforma Fiscal. Pero de lo poco que se sabe parece que no se van a tocar los impuestos y que se va a cumplir el objetivo déficit, que es lo principal. Todo el mundo habla de tributos con mucha alegría, porque afecta al bolsillo, pero el que gobierna tiene que cumplir unas cifras muy estrictas. –¿La crisis ha cambiado la percepción de los españoles de las subidas de impuestos? –Mucho. El contribuyente entiende que hay que pagar impuestos, pero es verdad que lo hace con más convicción si sabe que se aplican en el gasto social. Y eso no siempre ocurre. Tenemos una administración muy costosa. Es un tema difícil de abordar. –Este año es el primero que no se aplica en la declaración de la renta una deducción por vivienda. ¿Cómo afecta esto a los contribuyentes? –No queda más remedio que aceptarlo. No parece muy justo que alguien que ha comprado su casa después de 2013 no tenga esta deducción fiscal. Esta medida tiene un
afán recaudatorio, pero también responde a lo que piensa mucha gente. Que ha sido una de las razones de la burbuja inmobiliaria y su posterior explosión. No sé qué futuro tendrá esta decisión. No se comprende teniendo en cuenta la cultura de compra que hay en España. –Y por otro lado, la subida del IVA... –Estamos en un nivel medio. Hay países de la Unión Europea que lo tienen más alto. El Gobierno ha dicho que no lo va a subir, otra cosa es que se reordene. Determinados productos que están a tipo reducido o súper reducido que vayan a cambiar de categoría. –En el discurso inaugural del congreso, varios de los ponentes definieron estas medidas como «parches». –La política fiscal está en continuo cambio. No es como el Código Civil, que sigue vigente desde 1889. Es impensable que la norma tributa-
LUISMA MURIAS
Eduardo Luque, presidente de AEDAF, ayer, en el Palacio de Congresos de Oviedo.
ria tenga una vigencia así. Y eso produce inseguridad jurídica. El sistema actual está un poco parcheado porque ha sido objeto de muchas modificaciones en los últimos años. –¿Es el tributo un instrumento de política? –Completamente. Está sometido a los cambios políticos y económicos y las normas en vigor dependen de los que mandan en ese momento. Hay que tender a una política tributaria más estable y clara. –¿Deberían ser más ajenas? –Estar menos sometidas a los
cambios de interpretación, sí. Pero en una situación de crisis económica es difícil. A esto tampoco ayuda la política territorial. –¿Cómo afecta al sistema que cada comunidad tenga sus normas en materia tributaria? –Se nos ha ido de las manos. Una cosa es el modelo autonómico, que no pongo en cuestión porque es un asunto político, pero otra cosa es su funcionamiento en materia tributaria. Se ha llegado a una situación de desigualdad material. Hay una profunda diferenciación en determina-
dos tributos, alguno de ellos muy sensible como el tema sucesorio. Pero lograr arreglar esto tampoco debe pasar por castigar a las comunidades que dan un mejor trato a sus ciudadanos. –¿Cómo valora la actuación de Asturias en esta materia? –Está dentro de las comunidades de derecho común. Tiene sus pros y contras, como todas. Prefiero no hacer juicios de valor porque al final es juzgar el papel de los responsables políticos asturianos y no es mi deber.
La Administración pierde el 50% de los casos que llegan al Juzgado en materia tributaria El juez Martínez Micó asegura que «el Derecho va a remolque de la sociedad» Oviedo, N. HERMIDA «El derecho siempre va a remolque de la realidad social», sentencia Juan González Martínez Micó, magistrado de la sección tercera del Tribunal Supremo, durante una conversación con LA NUEVA ESPAÑA. Durante los años de profesión el juez comprueba que «el 50 por ciento de las resoluciones administrativas que se hacen en materia tributaria, son dejadas sin efecto en los tribunales. Eso demuestra que hay un pozo en esta materia», señala. El magistrado participó ayer en la primera ponencia de la jornada del X Congreso Tributario, en la que abordó algunas novedades jurisprudenciales en materia tributaria y de gestión. «La participación de los jueces en este congreso es fundamental para dar cuenta a los asesores fiscales de las novedades jurídicas y que puedan mejorar su eficacia frente a la Administración,
en el momento de defender a sus clientes», añade. Martínez Micó apunta que «la materia fiscal está en constante cambio, no hay poso en las disposiciones y por eso es difícil hacer criterios interpretativos. El Derecho Administrativo y el Derecho Tributario son más difíciles que el Penal y el Civil porque la interpretación de los jueces plantea una inseguridad jurídica», afirma. Una idea que está muy ligada a la persecución que su tribunal hace contra uno de los males endémicos de la sociedad actual, la corrupción. «Las normas siempre son tardías. Hasta que se presenta el problema no se plantea la solución, y mientras no se haya dictado una norma, no se puede cazar al malo», indica. «Cualquier político debe conocer la realidad social, ser un observador sagaz. Cuando observa conductas corruptas debe ordenar que el poder legislativo dicte normas para perseguir estos asuntos y corregir la si-
Martínez Micó, a la izquierda, durante su ponencia de ayer.
tuación», añade. El magistrado reconoce que esa es la principal razón que ralentiza el trabajo de los juzgados en esta materia. Pero hay otra. «Por esa falta de poso y esa constante mutabilidad en este tipo de Derecho, no somos capaces de sacar toda la virtuosidad a las normas ya existentes y aplicarlas. Eso aumenta el retraso», cuenta. El juez asegura que él y sus compañeros están «dolidos» con la imagen que la sociedad tiene de ellos. «Es injusto que se afirme que no trabajamos o se desconfíe de nosotros. Somos los primeros que luchamos contra el mal que aparece en
nuestra profesión. El 95 por ciento de los jueces hacen bien su trabajo», puntualiza. Muy ligado a esta idea va el asunto de los juicios paralelos, algo que a Martínez Micó le parece «perverso». «Es un tema muy peligroso. Que una persona se atreva a afirmar que sabe más sobre un caso que el juez que lo lleva es totalmente perverso. Además, su opinión llega a imponer en la sociedad unos criterios que empeoran esa imagen del juez, y todo basado en errores. El juez sólo puede imputar por lo probado. Si no se puede demostrar, no se puede juzgar. Aunque la gente no lo entienda», dice.