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GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR COMISION DE TRANSICION HACIA EL CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

RESPUESTA AL CUESTIONARIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING Y EL DOCUMENTO FINAL DEL VIGÉSIMO TERCER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL (2000) PARA LA PREPARACIÓN DE LAS EVALUACIONES Y EXÁMENES REGIONALES QUE TENDRÁN LUGAR EN 2010 PARA LA CONMEMORACIÓN DE BEIJING+ 15.

Quito, Octubre de 2009

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR COMISION DE TRANSICION HACIA EL CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

INDICE

Primera Parte: Panorama general de los logros alcanzados y problemas encontrados Segunda Parte: Progresos alcanzados en las 12 esferas de preocupación de la Plataforma de Beijing I. Ejemplos de políticas, reformas legislativas, programas y proyectos que han dado buenos resultados I.a. Nuevas normas constitucionales I.b. Nuevas leyes y reformas a los cuerpos legales I.c. Debates parlamentarios relevantes I.d. Políticas públicas elaboradas I.e. Avances / Obstáculos en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  Disminución de brechas en el acceso a la educación formal  Promoviendo la erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo  Acercándose a la erradicación del analfabetismo de las mujeres  Mejora la participación de las mujeres en cargos políticos y de decisiones  Mejora la institucionalidad de combate a la violencia de género  Mayor eficiencia en la atención en salud  Crecimiento de la inversión social  La niña I.f. Otras intervenciones  Elevación de compromisos y acciones en el tema de trata de personas  Iniciativas para incorporar los intereses de las mujeres en los presupuestos  Medidas ante las consecuencias negativas para las mujeres de las crisis alimentaria, energética y financiera.  Registro y acogida a mujeres refugiadas y trabajadoras migratorias I.g. Acciones en alianza con actores  Los Comités de Usiarias de la Ley de Maternidad Gratuita  Vigilancia de las políticas de protección de derechos y de la inversión social

II. Obstáculos encontrados y acciones pendientes  Incompletud

de las reformas legales de la transición institucional  Detenimiento de los cambios en la participación política de las mujeres  Patrones socioculturales que generan violencia  Débiles prácticas de respeto a la diversidad sexual  Escasos logros en las intervenciones contra el VIH-sida  Algunos temas de género intocados en la educación  Continúa elevada la mortalidad materna  Mayor tasa de mortalidad de las mujeres  Impactos del cambio climático y las crisis energéticas y alimentaria en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres  Débiles esfuerzos para mejorar la seguridad económica de las mujeres  Necesidad emergente de ampliar la atención y acogida a las refugiadas  Necesidad de conocer y actuar más sobre Mujer y Medios de Difusión  Débiles capacidades estatales en género  Insuficientes mecanismos para la participación y vigilancia de las mujeres  Parcial aplicación de la CEDAW  Sensibilidad

Tercera parte: Construcción de institucionalidad de género  La

Fiscalía de la Nación Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de Igualdad de Género  La Corte Constitucional y la Defensoría Pública  La Asamblea Nacional (Poder Legislativo)  Alianzas con otros actores e instancias  Institucionalidad Sectorial de Género en el Poder Ejecutivo  Metas del Milenio  Planificación e indicadores  La

Cuarta parte: Medidas a futuro          

Objetivos Generales Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad. Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la población Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas. Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política. Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. Objetivo 12: Consolidar la transformación del Estado para el buen vivir

ANEXOS ANEXO 1 Acercándose a la erradicación del analfabetismo de las mujeres ANEXO 2 Mejora la participación de las ecuatorianas en cargos políticos y de decisiones

ANEXO 3 Condiciones de inserción económica de las mujeres y políticas públicas

Primera Parte: Panorama general de los logros alcanzados y problemas encontrados1 La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, el Documento Final del Vigésimo Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (2000) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW han tenido efectos relevantes en el país para: a). la introducción de nuevas normas constitucionales, b). la realización de reformas a los cuerpos legales, c). la formulación / aplicación de políticas públicas y d). la construcción de institucionalidad de género. Un Asamblea Constituyente instalada en 2008 creó nuevas normas constitucionales que garantizan en diversas áreas los derechos de las mujeres y el principio de igualdad y no discriminación. Estas normas complementan los avances logrados por las mujeres con la Constitución de 1998. Además de la Constitución, los más importantes cuerpos legales al momento son el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, la nueva Ley de Minería, la Ley Orgánica de Salud, la Ley de Prevención y Atención Integral de VIH- sida, la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia LMGYAI y la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Los debates parlamentarios también han sido relevantes. Uno de los más recientes fue el relativo a la definición del Estado como laico. Otros se han producido en torno a la ampliación de las causales de aborto o su despenalización, el matrimonio entre personas del mismo sexo, las propuestas sobre el sistema de economía popular y solidaria, la Ley contra el Acoso y Violencia Política en razón de género, las reivindicaciones por la autonomía sobre el propio cuerpo y el reconocimiento de la diversidad sexual. En los últimos meses se debate la institucionalidad del Consejo de Igualdad de Género, el reconocimiento del trabajo reproductivo y proyectos de ley sobre educación y sobre los medios de comunicación. Políticas Públicas En la década se han concretado un conjunto de planes nacionales (políticas) en favor de la equidad de género. Hasta el momento, son:     

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, que incorpora el Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas 2005-2009 (PIO); El Plan de Igualdad de Oportunidades PIO 2005-2009, que da cumplimiento a los mandatos de la CEDAW, los compromisos del Programa de Acción de El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing y el Consenso de México; El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra mujeres, niñas-niños y adolescentes (2007). El Plan Nacional de Erradicación de la Trata, el Tráfico y la Explotación Sexual, contra niños, niñas, adolescentes y mujeres (2007). La Política Nacional de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que propicia el cumplimiento de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales y leyes.

Documento elaborado por María Arboleda y Gayne Villagámez.

   

El Plan Estratégico Multisectorial de Respuesta Nacional al VIH/sida (2007-2015), marco para cumplir con el Objetivo 6 de los ODM. El Plan Decenal de Educación 2006-2015, establece como uno de sus ejes la equidad de género e incorpora la erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo y el tratamiento de la violencia de género. La Agenda Social anual, hoja de ruta de las políticas sociales del y la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia. El Plan Ecuador, enfrenta el deterioro de la seguridad y de las condiciones sociales y económicas en la frontera norte (con Colombia).

Avances / Obstáculos en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) El país ha realizado importantes avances en torno al cumplimiento de los ODMs. Uno de las más importantes es la disminución de brechas de género en el acceso a la educación formal (avances en la tasa neta de matricula básica y en la educación básica completa). Algunas disparidades prevalecen vinculadas a la deserción escolar, entre la población indígena y no indígena, y población rural y urbana en los niveles secundario y superior pero la meta de la equidad entre mujeres y hombres en el acceso a la educación se ha logrado ya en la mayoría de casos y el país está en buen camino para alcanzarla en el 2015. Otro logro relevante tiene que ver con los esfuerzos para la erradicación del analfabetismo de las mujeres. En Agosto de 2009, el Ministerio de Educación y Culturas MEC declaró al Ecuador “territorio libre de analfabetismo”, según las normas de UNESCO. A ello han contribuido los programas de alfabetización del Ministerio Manuela Sáenz (para personas mestizas) y Dolores Cacuango (para personas indígenas) pero también de manera muy importante los programas “Yo Si Puedo” realizados por gobiernos locales con apoyo del Gobierno de Cuba a partir de 2005. La información de algunos programas “Yo Si Puedo” aporta evidencia de una mayoría de mujeres como beneficiarias. El ex CONAMU apoyó la inserción de un enfoque en los derechos humanos de las mujeres en los programas del Ministerio y en algunos de los gobiernos locales. La participación política de las mujeres ha mejorado notablemente. La Constitución reconoció la paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres y la Ley de Elecciones institucionalizó la paridad en las listas electorales. El porcentaje de mujeres en cargos legislativos (asambleistas) se movió al 33.8% en 2007, lo que colocó al país en el cuarto lugar latinoamericano, precedido por Cuba, Argentina y Costa Rica. La estrategia resultó exitosa en los cargos plurinominales de los niveles subnacionales solo entre 2000- 2004, con incrementos que luego han quedado detenidos o han bajado. Entre 2000 y 2009 el pequeño porcentaje de alcaldesas se duplicó, llegando casi al 6%, rango que se mantiene en 2009. El país se ha movido hacia una mejora la institucionalidad de combate a la violencia de género, una mayor eficiencia en la atención en salud, el desarrollo de programas de vivienda y la elevación del Bono de Desarrollo Humano gracias a un crecimiento sustacial de la inversión social. Sin embargo, a pesar de una importante reducción de la mortalidad materna, su nivel sigue siendo elevado, mas aun cuando las causas que la originan son, en su mayoría, evitables a través de prevención y atención adecuada. El Ministerio de Salud adoptó un plan acelerado de reducción de la muerte materna. También se ha intensificado el trabajo de prevención del VIH- sida, pero no se ha podido detener su avance ni reducir su incidencia. La cobertura de agua potable dentro de la vivienda y de sistemas de eliminación de excretas se ha incrementado sostenidamente entre 1990 y 2006, alcanzando valores cercanos al 50% y 90%,

respectivamente. Sin embargo, existe una clara reducción de la superficie natural del país y un acelerado proceso de degradación y fragmentación del paisaje debido al cambio en el uso del suelo. El país ha elevado su compromiso y acciones para la Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual, la creación de institucionalidad de género, la incorporaión de los intereses de las mujeres en los presupuestos y ha tomado medidas ante las consecuencias negativas para las mujeres de las crisis energética, alimentaria y financiera. Los ministerios de Inclusión Económica y Social y de Vivienda y Desarrollo Urbano ejecutan programas para aliviar los efectos de la pobreza, tomando en cuenta el género, ruralidad y la edad, entre otros factores. El Bono de Desarrollo Humano BDH, fue elevado en 2009 a USD 35. A finales de 2008 se beneficiaron 1,3 millones de hogares, con un monto total de USD 485,2 millones (0,9 por ciento del PIB). El programa BDH se acompaña de microcréditos de hasta USD 600, a bajo interés y por un año, para microemprendimientos. En 2007, a través de este programa se desembolsaron USD 2,1 millones y en 2008, USD 23,45 millones. Además, el Estado ecuatoriano canaliza recursos económicos a través del fondo PROMUJERES y diversos programas de microemprendimientos. La Política de Mujeres Rurales busca fortalecer y asegurar los derechos de la mujer en este segmento de la población ecuatoriana. Sin embargo, el aumento del desempleo femenino ha sido acelerado en 2009 y existen escasas medidas al respecto. El país avanza en la protección de derechos de las mujeres y niños/as refugiados con el otorgamiento de un carné de identificación, la visa y el desarrollo de programas piloto para la ampliación de cobertura de los servicios de salud, educación, inclusión económica y convivencia pero aún no existen datos oficiales desglosados por género. Los comités de usuarias del programa de maternidad gratuita constituyen un excelente ejemplo de cómo una alianza de actores --incluidas las propias mujeres-- puede trabajar estrategias de empoderamiento. Obstáculos y acciones pendientes Aunque se constatan relevantes avances, un conjunto de obstáculos y/o tareas pendientes --de diverso tipo y magnitud-- persisten en el país de cara al objetivo de alcanzar la igualdad y promover el empoderamiento de las mujeres. Los más importantes son:              

La incompletud de las reformas legales y la no existencia de obligatoriedad para incluir género en los procesos de legislación y/o fiscalización de la Asamblea. La sensibilidad en el manejo de la transición en la institucionalidad de género. La detención en los avances en la participación política de las mujeres. La persistencia de patrones socioculturales que generan violencia. El débil respeto a la diversidad sexual. Los escasos resultados en el combate al VIH-sida. La persistencia de una elevada tasa de mortalidad materna. La mayor tasa de mortalidad de las mujeres. Las insuficientes medidas para mejorar la seguridad económica de las mujeres. La necesidad emergente de ampliar la atención y acogida a las refugiadas. El insuficiente conocimiento sobre Mujer y Medios de Difusión. La debilidad de las capacidades estatales en género. Los mecanismos insuficientes para la participación y vigilancia de las mujeres.. La incompleta aplicación de la CEDAW.

Segunda Parte: Progresos alcanzados en las 12 esferas de preocupación de la Plataforma de Beijing

I. Ejemplos de políticas, reformas legislativas, programas y proyectos que han dado buenos resultados I.a. Nuevas normas constitucionales.- En 2008, una Asamblea Constituyente formuló una nueva Constitución que fue aprobada mediante referéndum. El movimiento de mujeres y el exConsejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, elaboraron una propuesta de género llamada “Agenda de las mujeres”, y realizaron actividades de lobby, asesoría e incidencia. La nueva Constitución consagró al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia2, laico, cuyo ordenamiento jurídico e institucional debe responder a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y libertades políticas y públicas. En relación con género, las normas constitucionales incluyen el principio de igualdad y no discriminación, el reconocimiento de la pluriculturalidad y la diversidad; la judicialidad de los actos de violencia contra la mujer en las esferas pública y privada; el reconocimiento del trabajo reproductivo y su relación con el trabajo productivo como fuente del crecimiento económico del país; la defensa de la paridad e igualdad de condiciones para acceder a cargos de designación, representación y toma de decisiones. La paridad no se circunscribe a la esfera política-electoral, sino que debe aplicarse en todos los poderes e instancias del Estado como el Poder Judicial (conformación del Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional). Los derechos de las mujeres indígenas son reconocidos dentro de los derechos colectivos, y de todas las mujeres en relación con los recursos naturales, la biodiversidad, la soberanía, la salud, la educación, la erradicación de la discriminación que afecta a las mujeres, adolescentes y niñas, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes y diversas sexualmente. Además garantiza su acceso en igualdad de condiciones a la propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal. Los artículos 35, 43, 51.6, 57.10, 358 al 366, garantizan el derecho a la vida (que incluye el derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo, parto y puerperio); a decidir el número e intervalo de los hijos; a recibir protección en el trabajo durante el embarazo; a la atención sin costo durante el embarazo, el parto y el postparto, a disfrutar del progreso científico y a no ser objeto de experimentación en el área de reproducción humana. El derecho a la salud se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas, ambientales y el acceso sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 2

La Constitución de 1998 estableció al Ecuador como un “Estado social de derecho”, garante de los derechos humanos, y como deber del Estado “asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres y la seguridad social” (Constitución, art. 1, 3,2).

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional (Art. 32). El sistema nacional de salud se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional (Art. 358). La Constitución garantiza además el derecho de las mujeres a la integridad física, psíquica, moral y sexual así como a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado, prohibiendo la publicidad que induzca a la violencia en razón del género, determinando la atención prioritaria a las víctimas de violencia doméstica, sexual o maltrato infantil o de la mujer adulta víctima de violencia. Contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones, se instituye la justicia de género y el derecho de las víctimas.3 En el ámbito educativo, la Constitución garantiza a toda la población el derecho a una educación laica, gratuita y obligatoria hasta el bachillerato permaneciendo la gratuidad hasta el tercer nivel y del mismo modo el acceso al conocimiento de la tecnología. Este derecho incluye el derecho a la educación de la sexualidad. La Constitución garantiza además (artículos 70, 156 y 157 y disposición transitoria sexta), la obligatoriedad del Estado de formular políticas para la igualdad entre mujeres y hombres e incorporar el enfoque de género en sus planes, programas y acciones. Crea los Consejos para la Igualdad CNI responsables de asegurar la plena vigencia y ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, con atribuciones para la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en relación con género. La Constitución garantiza las uniones de hecho para personas del mismo sexo. I.b. Nuevas leyes y reformas a los cuerpos legales.- La actual Constitución de la República (2008) fortalece los avances de la anterior (1998) y provee un marco para la reforma del marco jurídico, las instituciones y las políticas públicas nacionales --procesos que se encuentran en curso-- en procura de garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías. Por ello, el país vive un intenso proceso de creación de nuevas leyes y/o realización de reformas legales con lo cual la importancia de la Función Legislativa, de la Corte Constitucional (dentro del tercer poder del Estado) y de la Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de la Mujer, Niñez y la Adolescencia (en la Defensoría del Pueblo, dentro del quinto poder del Estado), son aún más relevantes en este período. Actualmente existe una alianza estratégica entre la Comisión de Transición (ex Conamu) y el Grupo por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional, para transversalizar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en las leyes priorizadas por el cuerpo legislativo para el presente año. Entre las nuevas leyes o reformas ya realizadas en el período, destacan: El Código Orgánico de la Función Judicial: creó órganos de justicia especializada (los juzgados de violencia contra la mujer y la familia, de contravenciones y de familia, mujer, niñez y adolescencia), que intervienen en la investigación y sanción de hechos que atentan contra la integridad física, psíquica y sexual de las mujeres. Dispuso la inaplicabilidad de caución mediación, arbitraje o fuero especial para los casos de violencia intrafamiliar y, como punto importante, propende a una Defensoría Pública especializada para las mujeres, niñas y adolescentes a a través de la creación de 

Arts. 19, 35, 36, 38.4, 46.4, 7, 66.3, 331, 341, 347.6 y 393.

los juzgados de violencia contra la mujer. Dispuso que la integración de todas las instancias de la Función judicial sea paritaria aplicando, de ser necesario, medidas de acción afirmativa. Para garantizar mecanismos de exigibilidad relativos al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se han generado varias reformas legislativas, tales como las introducidas al Código Penal (2005) que tipificaron los delitos de trata de personas, la explotación sexual de niñas y adolescentes, la pornografía infantil y el turismo sexual, endureciendo las penas para el delito de violación. Se incorporaron agravantes a los delitos sexuales como la familiaridad o parentesco, el contagio de enfermedades. Se eliminó el elemento subjetivo de que la víctima sea “mujer honesta” para configurar el delito de estupro. Se determinó que no comete infracción quien mata o hiere a otro al defenderse de un delito de abuso sexual o violación y se desarrolló doce agravantes en los delitos de trata de personas y delitos sexuales. En el 2006 se incorporaron reformas importantes en el Código del Trabajo relativas al acoso sexual, con lo cual las mujeres podrán denunciar en las Inspectorías del Trabajo si han sido acosadas sexualmente en sus espacios laborales.  La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas: establece la paridad entre hombres y mujeres en las listas pluripersonales e impedimentos para candidatos/as que hayan ejercido violencia de género e incumplimiento de pagos de alimentos. Como medida de acción afirmativa dispone que, en la proclamación de dignidades electas o electos, cuando exista empate por el último escaño y si entre los empatados hay una mujer a ésta se le adjudicará el escaño. Promueve la representación paritaria en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión así como en los partidos y movimientos políticos.  La

Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria: incluye principios de no discriminación y equidad de género, promueve la participación paritaria de hombres y mujeres en la elaboración de leyes y políticas relativas a este tema.

 La nueva Ley de Minería: obliga a la consulta con las comunidades, pueblos y nacionalidades, sobretodo en casos en que la explotación minera pueda afectar sus tierras y territorios ancestrales, considerando que la mayor parte de la población son mujeres, niños y niñas.  La Ley Orgánica de Salud (2006), garantiza la protección de los derechos sexuales y reproductivos incorporando concepciones avanzadas en materia de derechos humanos, bioética e interculturalidad. Declara a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes, al aborto en condiciones de riesgo, como problemas de salud pública, y que los y las operadoras de salud deben obligatoriamente atender un aborto en curso como emergencia médica. Incorpora normas relativas a la profilaxis para VIH en casos de violencia sexual, y contiene un capítulo sobre enfermedades transmisibles que incluye el VIH-sida, y está prevista la anticoncepción de emergencia para mujeres viviendo con VIH-sida. La ley dispone la unificación de protocolos de atención en casos de violencia. 

La Ley de Prevención y Atención Integral de VIH- sida.

La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia LMGYAI (1998), reformada en 2000 y 2005, es el referente estatal para la protección de la maternidad y del (o la) recién nacida hasta los 5 años de edad, contempla su propia asignación presupuestaria, crea una forma de participación social a través de los comités de usuarias para evaluar los servicios recibidos y prevé la entrega de métodos de anticoncepción. Establece el acceso universal y sin costo a los servicios de salud durante el embarazo, el parto, el posparto. Incluye atención a la salud sexual y reproductiva, acceso a programas y métodos de planificación familiar y anticoncepción, atención a las emergencias obstétricas producto de violencia de género. Fue reformada en el 2005 para agilizar el procedimiento de acreditación de fondos, En esta reforma también se amplió el universo de beneficiarias haciéndola



extensible a todas las mujeres que viven en territorio ecuatoriano, y no sólo para ecuatorianas, como respuesta a la problemática del desplazamiento de personas a territorio ecuatoriano.  La

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia (1995).

I.c. Debates parlamentarios relevantes.- Un debate relevante fue el desarrollado en relación con la definición del Estado como laico. En torno a los derechos sexuales y reproductivos se han producido los siguientes debates: en el 2005 al discutir un proyecto de ley reformatorio al Código Penal para ampliar las causales de aborto cuando el embarazo fuera producto de un delito sexual (no fue aprobado); en el 2006 sobre la nueva Ley Orgánica de la Salud vigente que contiene un capítulo sobre derechos sexuales y reproductivos y en torno a la Constitución Política del 2008 cuando el Movimiento de Mujeres presentó sus propuestas a la Asamblea Constituyente, entre ellas para constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos, enfatizando que éstos fueran autónomos entre sí, lo cual fue aprobado y la despenalización del aborto (no fue aprobada). Actualmente se producen relevantes debates en torno al contenido de propuestas de Ley para el Sistema de Economía Popular y Solidario y el Sistema Financiero Popular y Solidario, en relación con el principio de igualdad de derechos para mujeres y hombres. También se encuentra en debate la Propuesta de “Ley contra el Acoso y Violencia Política en razón de género” elaborada en 2007 por la Asociación de Mujeres Autoridades Locales del Ecuador (AMUME), con apoyo del exCONAMU y organizaciones de mujeres. La propuesta busca proteger la participación femenina de la violencia, discriminación y maltrato en el ámbito público. Fue tratada por la Asamblea Nacional instalada luego de la Asamblea Constituyente, en el 2008, pero aún no ha sido aprobada. Las reivindicaciones por la autonomía sobre el propio cuerpo y el reconocimiento de la diversidad sexual todavía tienen un largo camino por recorrer. Gracias a la constante labor de organizaciones LGBTI, se ha logrado la sensibilización de diversos sectores sociales, entre ellos, el Movimiento de Mujeres. La igualdad formal ante la ley ha sido el primer logro de derechos pero no la única aspiración, se requiere traspasar los principios constitucionales y preceptos internacionales a medidas concretas y efectivas, para mejorar el cumplimiento de los derechos y las libertades fundamentales de la población LGBTI traducidas en normas, políticas públicas y presupuesto. Otros debate se relacionan con la nueva institucionalidad del Consejo de Igualdad de de Género (en acápite II), el reconocimiento del trabajo reproductivo, proyectos de ley sobre educación básica y superior y sobre los medios de comunicación. I.d. Políticas públicas elaboradas.- La Constitución de 2008 establece que los Ministerios tienen la obligación de elaborar políticas para la igualdad de género. Como antecedente, se ha impulsado un conjunto de planes nacionales (políticas). La intervención del Estado a favor de la equidad de género combina acciones afirmativas de carácter sectorial y de protección social. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010.- El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 basado en visión de desarrollo que privilegia la consecución del buen vivir, presupone la ampliación de las libertades, oportunidades y potencialidades de los seres humanos, e implica recuperar las capacidades de gestión, planificación, regulación y redistribución del Estado, que profundice los procesos de desconcentración, descentralización y participación ciudadana. Cuenta con 12 grandes objetivos nacionales de desarrollo humano, que recogen las principales agendas elaboradas en los nueve primeros meses de gestión del actual gobierno: el Programa Económico del Gobierno Nacional 2007-2010, la Agenda Social 2007 y la Agenda Ambiental. Igualmente, considera otros documentos deliberados y concertados por la sociedad en gobiernos anteriores, entre ellos el Plan Decenal de Educación 2006-2015, el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y

 El

Adolescencia 2015, el Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas 2005-2009 (PIO) y el Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020 (PLANEX).  El Plan de Igualdad de Oportunidades PIO 2005-2009, que da cumplimiento a los mandatos de la CEDAW, los compromisos del Programa de Acción de El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing y el Consenso de México y construido con una amplia participación de mujeres, constituye el principal instrumento técnico-político para la promoción de la igualdad de género. Fue declarado política de estado mediante Decreto Ejecutivo No. 1207-A (marzo/2006) y considerado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Propone cuatro ejes de promoción y protección de derechos: 1. de la participación social y política, del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y de la gobernabilidad democrática; 2. del derecho a una vida libre de violencia, a la paz, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos y de acceso a la justicia; 3. de los derechos culturales, interculturales, a la educación, calidad de vida y autonomía; y 4. de los derechos económico, ambientales, trabajo y acceso a recursos financieros y no financieros.

El Plan constituye una importante herramienta que garantiza la participación equitativa y paritaria en todas las instancias del poder público y la inclusión de políticas de género en el sistema electoral y de partidos políticos y se incorpore el enfoque de género en los procesos de participación social y política del país. El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra mujeres, niñas-niños y adolescentes (2007), política fundamental para avanzar a la vigencia del derecho a una vida libre de violencia, expresa el compromiso del Gobierno ecuatoriano para trabajar para erradicar la violencia. Incluye mecanismos de coordinación interinstitucional con todos los niveles del Estado. Sus ejes estratégicos son: transformación de patrones socio culturales, sistema de protección integral, acceso a la justicia y sistema de registro. Asigna presupuesto en los Ministerios de Salud, Educación, Gobierno e Inclusión Económica y Social para este objetivo. En 2009 se creó además la Norma de Protección y Atención integral de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual por Ciclos de Vida y la propuesta denominada Salas de Primera Acogida para Víctimas de Delitos Sexuales. 

 El Plan Nacional de Erradicación de la Trata, el Tráfico y la Explotación Sexual, contra niños, niñas, adolescentes y mujeres (2007).  La Política Nacional de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, propicia la aplicación y el cumplimiento de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales y leyes, entendiendo que la salud sexual y reproductiva está vinculada con los derechos sexuales, reproductivos y los demás derechos humanos. Su Plan de Acción (2005), ha sido el marco para el diseño de Planes de Acción intersectoriales: para la Reducción Acelerada de la Muerte Materna (2008), la Prevención de VIH-sida, la Prevención del Embarazo en Adolescentes (2007), y la Prevención de la Violencia Basada en Género. También está vigente la norma que autoriza la entrega de la pastilla de anticoncepción de emergencia de manera gratuita en las unidades de salud públicas. El Ministerio de Salud Pública incluyó el tema de violencia para su reporte en la historia clínica y, en el año 2008, construyó las normas de atención integral a la violencia basada en género y la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres.  El

Plan Estratégico Multisectorial de Respuesta Nacional al VIH/sida (2007-2015), que constituye el marco para la intervención estatal y de todos los sectores, con el objetivo de cumplir con el Objetivo 6 de los ODM. Contiene un enfoque de género, diversidad sexual, trabajo sexual, diversidad social y cultural. En el Plan se incorporaron las normas de atención a PVVS.

El Plan Decenal de Educación 2006-2015 (aprobado mediante referéndum en el 2006), establece como uno de sus ejes la equidad de género. La política de formación de la docencia del Ministerio de Educación y Culturas (MEC) incorpora la equidad de género como un eje: se han elaborado paquetes pedagógicos sobre género, derechos humanos de las mujeres y erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo, para cursos de ascenso de categoría de la docencia y para el trabajo con padres y madres de familia. El Programa Educación para la Democracia sostiene un eje transversal en valores, democracia, integración, igualdad, justicia y derechos humanos.



El Ministerio ejecuta además el Plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo y el Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor. En este marco, el MEC ha expedido normativas específicas para el tratamiento de la violencia de género en las temáticas de educación de la sexualidad integral (Acuerdo 403), erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo (Acuerdos: 062 el 3393), trata, tráfico y explotación sexual (Acuerdo 482).  La

Agenda Social anual ha sido la hoja de ruta de las políticas sociales del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. Junto a ella, la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia que constituye un instrumento de definición de políticas públicas a favor de niñas, niños y adolescentes, para el período 2007 y 2010, que establece vínculo cercano con el Plan Decenal de Educación. El Plan Ecuador, enfrenta el deterioro de la seguridad y de las condiciones sociales y económicas en la frontera norte (con Colombia) a lo cual ha contribuido fuertemente el conflicto interno colombiano y el narcotráfico. El país ha tomado medidas para atender a la población afectada. Los recursos y la implementación de este programa son aún escasos.

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I.e. Avances / Obstáculos en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).A continuación revisaremos resultados en torno a los ODMs, desde varias fuentes.  Disminución de brechas en el acceso a la educación formal.- Según el VI y VII Informes del Ecuador sobre la aplicación de la CEDAW (1998-2006), la igualdad en la educación formal constituye uno de los principales logros. Si bien todavía existen diferencias entre mujeres y hombres, éstas son poco significativas. Algunas disparidades importantes se vinculan con la deserción escolar, entre la población indígena y no indígena, y población rural y urbana (CEDAW/C/ECU/7, 2008: 11). Del mismo modo, el II Informe ODM Ecuador (2007) señala que la meta de la equidad entre mujeres y hombres en el acceso a la educación se ha logrado ya en la mayoría de casos y el país está en buen camino para alcanzarla en el 2015. Prevalecen pequeñas brechas entre las mujeres rurales e indígenas de algunas provincias en los niveles secundario y superior.

Las brechas de género en educación primaria se han revertido en los últimos años, logrando casi una paridad en el acceso: en el 2007, la tasa de escolarización para las mujeres fue de 89,5% y para los hombres de 88,9%. Sin embargo, la tasa neta de matrícula primaria fue solo de 89,2% mientras en el 2005 la tasa fue de 90,7% en niños y niñas entre 6 y 11 años. La población indígena accede en menor proporción que otros grupos a la educación primaria. Las mujeres indígenas registran una tasa de escolarización menor mientras en el grupo de afroecuatorianos, hay una ventaja de casi cuatro puntos porcentuales para las mujeres. A nivel nacional, el 75,5% de las personas de 12 años y más completó la enseñanza primaria (ECV 2006). En el área urbana, la brecha fue de 3 puntos: un 84,1% de mujeres y un 87,3% de varones. Pero, en el área rural tan solo 59,9% de mujeres, 5 puntos porcentuales menos que los hombres (64.7%).

A fin de eliminar, para el 2015, las desigualdades entre los géneros en todos los niveles de enseñanza, el Ministerio de Educación MEC se ha propuesto no solo garantizar el acceso a la educación de las niñas, sino su permanencia y buen rendimiento. El Gobierno Nacional aumentó el presupuesto en educación lo que, entre otras intervenciones, puede ayudar al ingreso y permanencia de mujeres y niñas rurales, indígenas y afrodescendientes puesto garantiza el que se elimine todo tipo de pagos en el sistema público así como la entrega gratuita y universal de textos escolares, uniformes y alimentación escolar, respetando los valores y costumbres del pueblo indígena. Promoviendo la erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo.- El Ministerio de Educación (MEC) formuló el Proyecto de inversión 2009-2010 para la erradicación de la violencia de género en el ámbito educativo, educación de la sexualidad integral (Acuerdo 403), erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo (Acuerdos: 062 el 3393), trata, tráfico y explotación sexual (Acuerdo 482). El Programa Educación para la Democracia del MEC ha realizado campañas nacionales para la difusión de los derechos de la mujer contemplados en la Constitución y elaborado Manuales de Convivencia en varias escuelas y colegios de conformidad con estándares internacionales. Además, se realizaron tres investigaciones relacionadas con la violencia de género en el sector educativo: Investigación “A mi también” sobre la incidencia del acoso y abuso sexual en colegios del país; Investigación sobre la situación de las mujeres en la educación superior y la investigación sobre acoso y abuso sexual en la educación superior.

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 Acercándose a la erradicación del analfabetismo de las mujeres.- En Agosto de 2009, el Ministerio de Educación y Culturas MEC declaró al Ecuador “territorio libre de analfabetismo”, según las normas de UNESCO. Para ello, contabilizó a las personas alfabetizadas por sus programas Manuela Sáenz y Dolores Cacuango y las alfabetizadas por los programas “Yo Si Puedo” de los gobiernos locales realizados con apoyo del Gobierno de Cuba desde 2005. El MEC no ha entregado datos desagregados por sexo.

Para Julio de 2009, los programas locales “Yo Si Puedo” habían alfabetizado 133 738 personas, algunas en “los más recónditos lugares del territorio ecuatoriano y de las más apartadas comunidades”. Al menos 98 de los 221 gobiernos municipales y 10 de las 24 prefecturas provinciales, junto a un número mucho mayor de juntas parroquiales se involucraron en la ejecución del programa. La mayoría de beneficiarias han sido mujeres. Evidencia de una mayoría de mujeres como beneficiarias en programas Yo Si Puedo puede encontrarse en el Anexo 1.

Según el Informe Nacional a la Conferencia Internacional Sobre Población y el Desarrollo CIPD, Período 2005-2009 los resultados en torno a los ODMs incluyen: I. ODMs 2 y 3.- Avances en la tasa neta de matricula básica y en la educación básica completa aunque persiste la baja transición entre el 7mo y 8vo año de básica y se mantienen brechas educativas por sexo, etnia y área de residencia, especialmente en los índices de analfabetismo. En materia de igualdad de género el mayor avance es en la participación política de las mujeres; la Constitución reconoce la igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres y la Ley de Elecciones contiene la normativa que ha institucionalizado la paridad de sexos en las listas electorales. II. ODMs 4 y 5.- A pesar de una importante reducción de la mortalidad materna, su nivel sigue siendo elevado, mas aun cuando las causas que la originan son, en su mayoría, evitables a través de prevención y atención adecuada. El Ministerio de Salud adoptó un plan acelerado de reducción de la muerte materna. III. ODM 6.- Prevención y Atención Integral de; se ha intensificado el trabajo de prevención con adolescentes y jóvenes y grupos más expuestos al VIH- sida (trabajadoras sexuales, HSH, miembros de las fuerzas armadas

y policía), pero no se ha podido detener su avance ni reducir su incidencia. Se promulgó el Plan Estratégico Multisectorial de Respuesta Nacional al VIH/sida 2007-2015, marco para la intervención estatal y de todos los sectores, con el objetivo de cumplir con el Objetivo 6 de los ODM. Contiene un enfoque de género, diversidad sexual, trabajo sexual, diversidad social y cultural. El MIES, a través del Programa Nacional de VIH/sida, ha emitido varios manuales, guías y protocolos de atención para el manejo de infecciones de transmisión sexual, consejería en VIH-ITS, prevención de transmisión vertical del VIH-sida, manejo de niños/as infectados/as y atención integral para personas VVS. Se ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto denominado Ley de Respuesta Integral a la Epidemia del VIH-SIDA que aún no ha sido debatida. IV.- ODM 7.- La cobertura de agua potable dentro de la vivienda y de sistemas de eliminación de excretas se ha incrementado sostenidamente entre 1990 y 2006, alcanzando valores cercanos al 50% y 90%, respectivamente. Sin embargo, existe una clara reducción de la superficie natural del país y un acelerado proceso de degradación y fragmentación del paisaje debido al cambio en el uso del suelo.

Mejora la participación de las mujeres en cargos políticos y de decisiones.- El porcentaje de mujeres en cargos legislativos (asambleistas) se movió hacia arriba en los últimos años, llegando en 2007 al 33.8%, porcentaje que colocó al país en el cuarto lugar latinoamericano, precedido por Cuba, Argentina y Costa Rica. Según el Indice de Equidad de Género del Social Watch IEG, Ecuador fue uno de los 10 países que más avanzaron en el mundo entre 2004 y 2007, situándose en segundo lugar después de Rwanda. En las elecciones de 2009, el porcentaje de mujeres electas a la Asamblea –31.5 %-- disminuyó dos puntos en medio de una intensa disputa por los escaños, aunque la candidatización paritaria y la alternancia/secuencialidad de hombres-mujeres, hayan sido respetadas. Sin embargo, si se incluye en el cómputo a las parlamentarias electas al Parlamento Andino, que tiene su votación por separado y donde las mujeres obtuvieron un notabilísimo 60 % de escaños, el porcentaje total de asambleistas asciende a 32.6 % en 2009.

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La estrategia de cuotas y la paridad resultó exitosa en los cargos menores (plurinominales) de los niveles subnacionales del Estado solo entre 2000- 2004, con un salto en el acceso de mujeres a los cargos locales que luego ha quedado detenido o ha bajado. Los resultados han hecho una diferencia más sostenida en las concejalías municipales, llevándolas cerca del 30%. Sin embargo, han dejado de crecer y los porcentajes oscilan en torno al promedio de 27% en los últimos sufragios. Entre 2000 y 2009 el pequeño porcentaje de alcaldesas se duplicó, el porcentaje se duplicó llegando casi al 6%, rango que se mantiene en 2009 con una muy ligera reducción (Para información con cuadros estadísticos sobre la participación política de las mujeres, ver Anexo 2). 4 Por otro lado, en los últimos concursos para ocupar cargos de Magistradas de Cortes Superiores, fueron electas 26 mujeres, número sin precedente en la historia de la Función Judicial. La mayor proporción de juezas se da en los Juzgados de Inquilinato con un 56%. Las Comisarías de la Mujer y la Familia están presididas por mujeres. En la Corte Constitucional, 2 magistrados de nueve son mujeres. En cuanto a Ministras de Estado las mujeres fueron el 14% en 2002, el 26 % en 2003, el 13 % en 2004 y el 45% en 2007. Mejora la institucionalidad de combate a la violencia de género.- Para el cumplimiento del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, se creó el Comité de Coordinación

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Fuentes SIISE: 2003; CPME, Aprendiendo de nuestras luchas para defender nuestros derechos, s.f.

Interinstitucional integrado por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno y Policía, Educación, Salud Pública, Inclusión Económica y Social, CONAMU (ahora Comisión de Transición), CNNA e INFA. La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia (1995), ha mejorado su aplicación y cuenta con 31 comisarías en 17 Provincias. Está en proceso la capacitación sobre el uso de la Norma de atención en violencia, para operadores/operadoras de salud. Mayor eficiencia en la atención en salud.- A partir del 2007 se ha buscado garantizar la calidad en la provisión de servicios, humanizando la atención a las mujeres a través de la concurrencia de recursos humanos calificados que garanticen calidad y calidez en el trato, con impactos positivos en la disminución de la morbi-mortalidad materna, embarazo no deseado ni planificado, en la prevalencia de infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA, cáncer uterino y en la violencia intrafamiliar, de género y sexual, actuando con transparencia en la toma de decisiones y fomentando la participación a través de las veedurías sociales. También se incrementó la inversión pública en salud, destinándo USD$ 757 millones (31.42% de incremento respecto al año anterior) y se consiguió mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades de salud, el número de profesionales médicos y la accesibilidad de medicamentos para la población de escasos recursos. El Programa de Maternidad Gratuita entregó en 2007 un total de 12´506.108 prestaciones. Según la Unidad Ejecutora de la Ley, en el 2005 el número de beneficiarias fue de 2’733.608, de las cuales 1’281.177 fueron mujeres y 1’452.431 niñas y niños menores de 5 años.5 A partir de 2006, en el marco de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia se entrega leche maternizada a los recién nacidos/as de MVVS. En el 2006, el 48,9%, esto es 259 mujeres embarazadas VIH positivas recibieron ARV de un total estimado de 529 y en el 2007 este porcentaje subió a 74,1%, es decir a 347. Durante los años 2006 y 2007 las coberturas de tamizaje se han incrementado del 32% al 55%. Se espera que la conjunción de estos elementos reduzca considerablemente la mortalidad materna y perinatal, cáncer de mama, cáncer uterino, y permita el fortalecimiento de acciones de vigilancia epidemiológica, la prevención de embarazos precoces y embarazos no deseados, el aborto, las altas tasas de morbimortalidad y el incremento del VIH-SIDA e ITS.  Crecimiento de la inversión social.- Entre 2007-2008, la inversión social creció. El Gobierno electo en 2007 adoptó un programa basado en las demandas sociales más relevantes expresadas en la nueva Constitución de 2008. El gasto social pasó del 5,4 % del PIB en 2006 a 7,52 % del PIB en 2008. Los incrementos incluyeron una duplicación de las transferencias monetarias a los hogares más pobres con el Bono de Desarrollo Humano, un incremento de USD 474,3 millones en programas de vivienda para familias de bajo ingreso y nuevos programas en educación, capacitación y microfinanciamiento (Weisbrot & Sandoval: 2009)6.

El incremento más importante en el gasto social se ha dado en salud, el cual aumentó a más del doble en 2008, en comparación con los niveles históricos. Entre 1990 y 2004, el gasto social en salud promedió un 1,1 por ciento del PIB. En 2007, llegó al 1,5 por ciento del PIB. En 2008, el gasto público en salud se incrementó a 3,5 por ciento del PIB (alrededor de USD 1,8 mil millones). La cobertura de atención de salud gratuita se ha ampliado especialmente para los niños y las mujeres

Cfr. Valdivieso & Armas, 2008; CONAMU, Informe Ecuador a la CEPAL, Quito, 2009.

Weisbrot, Mark y Sandoval, Luis, La economía ecuatoriana en años recientes, Center for Economic and Policy Research, Washington, D.C., Julio 2009 www.cepr.net

embarazadas, así como el suministro de vitaminas y otros nutrientes a los ecuatorianos en estos grupos (W&S: ibid). Para el 2007, el presupuesto del Ministerio de Educación para gastos corrientes e inversión fue de 1.457 millones de dólares y el de Salud fue de 648 millones, lo que significó un 50% y 22,2% respectivamente con respecto al total del presupuesto para el sector social. En ese año el presupuesto para el sector social con respecto del PIB fue del 6,5%.En educación, los programas del Estado proporcionan gratuitamente uniformes y libros en algunas escuelas de educación primaria, fue prohibido el aporte familiar de USD 25 como matrícula por cada año, para garatizar la gratuidad, y el programa de alimentación escolar se amplió para cubrir a más de 1,3 millones de estudiantes. Su presupuesto llegó a USD 37,7 millones en 2008. 7 Vivienda y empleo han sido otros dos campos de inversión estatal. Si, “entre 1990 y 2004, el gasto público en vivienda promedió un 0,2 por ciento del PIB”, en 2008, “éste se incrementó al 0,94 por ciento del PIB”, orientándose a las subvenciones para familias de bajos ingresos en las zonas rurales y urbanas (hasta USD 5.000 por familia) o para mejoras de la vivienda (hasta USD 1.500) (Weisbrot & Sandoval, op. cit). Ültimos datos del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano señalan que 25 992 mujeres vs.14 812 hombres han sido beneficiarios del Bono de Vivienda entre 2007 y 2008.

BENEFICIARIOS BONO DE VIVIENDA AÑOS 2007-2008 MUJERES HOMBRES TOTAL

TOTALES CASADO SOLTERO DIVORCIADO VIUDO UNION LIBRE 25.992 9696 10481 1507 1588 2720 14812 8213 2662 393 318 3226 40.804 17.909 13.143 1.900 1.906 5.946

Fuente: MIDUVI, 2009.

La niña.- En la última década se logró construir reformas constitucionales y legales, políticas públicas, presupuestos e institucionalidad para los derechos de las niñas en torno a maternidad gratuita, embarazo adolescente, trata, tráfico y explotación sexual y delitos sexuales en el ámbito educativo. El exConsejo Nacional de la Niñez y Adolescencia CNNA, ha mantenido coordinación interinstitucional con las entidades encargadas de diversos Planes Nacionales (de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, de combate a la Trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual, laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores, de Prevención del Embarazo en Adolescentes, de Erradicación de la Violencia de Género y de Delitos Sexuales en el Sistema Educativo). I.f. Otras intervenciones Compromisos y acciones en el tema de trata de personas.- Se ha elevado el compromiso de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional para la aplicación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual. La Fiscalía creó unidades especializadas en violencia intrafamiliar y delitos sexuales (trata, violencia sexual, explotación sexual y pornografía) en Guayas, Galápagos, Pichincha, El Oro y Manabí, a fin de que no queden en impunidad. Ha mejorado la infraestructura de los centros de acogida para víctimas de estos delitos, y apoyado el incremento de

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Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social, Informe de Desarrollo Social 2007. Pobreza, desigualdad e inversión social. Mayo, 2008, citado por Valdivieso&Armas: 2008.

personal y equipo técnico de la Policía Nacional que ha creado su “Unidad Anti-trata”. Gracias a ello se ha logrado la recuperación de 194 víctimas de trata de personas (explotación sexual comercial, explotación laboral, mendicidad y pornografía infantil) y detener a 47 tratantes. Se procura la reparación-restitución de los derechos de las víctimas.  Iniciativas para incorporar los intereses de las mujeres en los presupuestos.- Entre el 2006 y el 2008 se ejecutó el proyecto “Presupuestos Sensibles al Género” con participación del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, la Secretaría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, UNIFEM y el ex CONAMU (actual Comisión de Transición). En este marco se creó la Unidad de Género del MEF para la re-orientación de recursos hacia los compromisos y objetivos de igualdad de género incluidos en el Plan de Igualdad de Oportunidades y las políticas proequidad de género. Gracias a esta iniciativa se logró la incorporación del clasificador orientador del gasto “K-Igualdad de Oportunidades” para proyectos de inversión, que permite transparentar la inversión del Estado en materia de igualdad entre hombres y mujeres. También se realizó una sensibilización a operadores y decisores en relación al presupuesto con enfoque de género.  Medidas ante las consecuencias negativas para las mujeres de las crisis energética, alimentaria y financiera

Los Ministerios de Inclusión Económica y Social y de Vivienda y Desarrollo Urbano ejecutan programas para aliviar los efectos de la pobreza de los sectores más empobrecidos, tomando en cuenta el género, ruralidad y la edad, entre otros factores. Uno de los programas sociales más importantes es el Bono de Desarrollo Humano BDH, creado en 1998 como Bono Solidario que a partir de 2003 cambia de nombre y que consiste en un subsidio para los sectores empobrecidos por la crisis (madres, ancianos y personas con discapacidad) y condicionado a la asistencia a la escuela de los niños entre 5 y 15 años de edad y de los niños entre 1-5 años a los programas de salud, responsabilidad que se encarga a las madres. En 2003, tras la mejora de la situación económica, el programa fue orientado a la población en los dos quintiles de ingresos más bajos (el 40 por ciento más pobre) e incrementado a USD 15 por mes.8 En 2007, el nuevo Gobierno duplicó el Bono a USD 30 y en 2009 a USD 35. El Gobierno Nacional Estado ha declarado que este subsidio para mujeres-madres representa un pago por su trabajo reproductivo. El Gobierno creó además el Sub programa de Pensión Asistencial para personas de la tercera edad ubicados en el 40% más pobre de esta población, o para personas con discapacidad. Mientras en 2004, el Bono benefició a 1,1 millones de hogares con USD 190 millones (0,6 por ciento del PIB), a finales de 2008, se beneficiaron 1,3 millones de hogares, con un monto total de USD 485,2 millones (0,9 por ciento del PIB). El programa BDH se acompaña de microcréditos de hasta USD 600, a bajo interés y por un año, para microemprendimientos. En 2007, a través de este programa se desembolsaron USD 2,1 millones y en 2008, USD 23,45 millones, con préstamos promedio de USD 525. 9 Los datos10 de los años 2008 y 2009 indican que las mujeres, respectivamente, representan el 89% y 86% del total de beneficiarios del BDH. Se entrega la transferencia a la madre jefa de hogar ya que 8

Cfr. Weisbrot & Sandoval (2009), quienes citan a: Gobierno de Ecuador. Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social. 2008. “Informe de seguimiento de los avances de la agenda social 2008”, http://www.mcds.gov.ec/images/stories/avances.pdf.

Ibid. Fuente: BANRED-MIES Programa de Protección Social. Datos del 2009 actualizados hasta agosto.

se considera que a través de ella el beneficio del Bono se propaga a toda la familia, principalmente a sus hijos. El Programa Crédito Desarrollo Humano (para la creación de microempresas y empleo) ha buscado incorporar a las mujeres en extrema pobreza a procesos productivos sustentables de naturaleza microempresarial, que genere autoempleo y posibilite el incremento de ingresos familiares. Desde el año 2007 alrededor del 95% de personas que han recibido un crédito han sido madres, el 4% han sido entregados a adultos mayores y solo el 1% para personas con discapacidad. Para los años 2008 y 2009, se ha entregado para el grupo de “madres” el 97% y el 95%, respectivamente. El Programa persigue también fortalecer las estructuras financieras locales, tales como cajas de ahorro, bancos comunales, ruedas de crédito. La última línea del programa es el otorgamiento de un certificado de garantía, mediante el cual una operadora calificada puede acceder a recursos financieros en el sistema financiero público y privado para cubrir requerimientos de las mujeres. Los programas Kawsay y Llankari Warmi del Fondo de Desarrollo de los pueblos indígenas FODEPI, han diseñado dos líneas de crédito destinadas a mujeres indígenas en situación de pobreza. Por su parte, existe el fondo PROMUJERES (asociado al exCONAMU) que arrancó sus operaciones en el 2005 con el Programa de Microfinanzas. Las políticas e instrumentos diseñados permiten que la mujer en situación de pobreza acceda a los recursos, construya su autonomía y mejore su calidad de vida. En 2006, el Fondo creó un programa de Protección a Víctimas de Violencia de Género. El fondo cuenta con indicadores en el Plan de Desarrollo Social y Productivo desde 2007. La Línea Base (2007) del PIO, señala 10 programas de microfinanzas en el sistema financiero privado, con enfoque de género: Red Grameen Ecuador, Cooperativa de Todas, Hogar de Cristo, FUDECE, Huellas del Banco Grameen Ecuador, Programa Creer, Cooperativa 29 de octubre, Cooperativa Indígena Solidaria de Guamote, Cooperativa de Mujeres Unidas, FODEMI FUNDAMIC. 57.000 mujeres se han beneficiado de programas estatales de microcréditos de los programas Crédito Productivo Solidario, Crédito de Desarrollo Humano, PROLOCAL, FONLOCAL, FONDEJU, PROMUJERES y PROQUITO. Los hogares con negocio propio dirigidos por mujeres son el 14.4% según la Encuesta de Condiciones de Vida 2006. Por otra parte, la Unidad para la Equidad de Género del Ministerio de Trabajo busca crear y consolidar mecanismos para que las políticas laborales, tanto de capacitación como de inserción laboral, enfoquen en la igualdad de género y sean realmente implementadas en instituciones públicas y privadas. Se ha incorporado un enfoque de género en la agenda de empleo. La Política de Mujeres Rurales, financiada por la FAO, busca fortalecer y asegurar los derechos de la mujer en este segmento de la población ecuatoriana.  Registro y acogida a mujeres refugiadas y trabajadoras migratorias.- Ecuador avanza en la protección de derechos de las mujeres y niños/as refugiados con el otorgamiento de un carné de identificación, la visa y el desarrollo de programas piloto para la ampliación de cobertura de los servicios de salud, educación, inclusión económica y convivencia como una estrategia para enfrentar las situaciones de discriminación y xenofobia. Entre enero del 2000 y diciembre del 2007 se presentaron 55.035 solicitudes de refugio, de las cuales el 98% corresponde a personas colombianas y de ellas 44% a mujeres. El número de solicitudes ha ido en aumento cada año. La tasa global de reconocimiento en el período 2000 a 2007 está en el 26.97%. El proceso de Registro Ampliado ha sido reconocido por ACNUR por sus desempeños. Aún no existen datos oficiales desglosados por género.

I.g. Acciones en alianzas con actores  Los Comités de Usiarias de la Ley de Maternidad Gratuita.- La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia LMGYAI (1994), estableció un modelo de gestión que vinculó al Ministerio de Salud con los Municipios y las Prefecturas y creó los Comités de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de Salud y los Comités de usuarias (CONAMU: 2009). Numerosos municipios han participado en tareas de educación, promoción, información y comunicación, en el financiamiento del traslado de emergencias obstétricas, neonatales y pediátricas de las zonas rurales a centros de salud y sobretodo en la constitución de los Comités de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de Salud, integrados por actores/as locales ( Vega: 2007).11

Los comités de usuarias CUS empezaron a formarse en 2001. El exCONAMU, OPS/OMS, AME y UNFPA, apoyaron la elaboración de planes cantonales y provinciales de salud, capacitación en salud sexual y reproductiva, impulso a los Comités de Usuarias, conformación de los Comités de Gestión de los Fondos (CGFSLS). En zonas afectadas por déficits en la salud de las mujeres y los niños/as, se elaboraron planes provinciales de reducción de las muertes maternas, prevención del VIH Sida y modelos interculturales de salud en regiones habitadas por población indígena. El UNFPA impulsó también la promoción de la Ley entre “organizaciones mixtas campesinas, comunitarias y de jóvenes para que sus agendas integren una visión de género y las necesidades e intereses de las mujeres”12. Mientras en 2001 existían apenas 11 comités de usuarias, para 2007 se habían registrado 143 Comités (Valdivieso y Armas: 2008). Un estudio de Vega (2007) reportó “procesos de coordinación cantonal y provincial que han fortalecido la capacidad de incidencia e interlocución de los CUS con las autoridades locales de salud del gobierno central, … un perfeccionamiento de los instrumentos de veeduría y canalización de denuncias.” La alianza ha promovido el fortalecimiento en el ejercicio de derechos de las mujeres, constituyendo una base para su empoderamiento (Vega: 2007). Para 2007, 110 de los 219 municipios del país habían suscrito convenios de aplicación de la Ley y 54 habían constituido Comités de Gestión de los Fondos Solidarios. El rol de los municipios no se ha restringido a las funciones asignadas, sino que se ampliaron desde aportar recursos adicionales para el mejoramiento de infraestructuras de salud, hasta el establecimiento de políticas y sistemas locales de salud, como en los casos de Cuenca y Cotacachi (Vega: 2007, Arboleda: 2008). En 2008, mantener el importante rol de los gobiernos locales en la aplicación de la Ley, fue un tema recogido por la CEDAW en sus recomendaciones a Ecuador13. El CONAMU, mediante convenio con la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales (AMJUPRE), promueve la coordinación de estos organismos con los comités de usuarias. La constitución de Concejos Locales de Salud (Provinciales (7) y Cantonales (67), potencia la voz de las representantes de las usuarias. Algunas Juntas Parroquiales han creado vocalías de salud, como apoyo para el trabajo de los Comités. En 2007, las usuarias conformaron una red nacional y aprobaron una agenda que incluye la participación en el diseño y ejecución de la política de salud (Quijije, 2006, citada por Vega: 2007). La Agenda fue la base del documento resolutivo del Congreso Nacional por la Salud y la Vida. La 11

Vega Ugalde, Silvia, Implementación del Enfoque de Derechos Humanosen el Programa de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, con Énfasis en el Desempeño de los Comités de Usuarias, Quito, mayo 2007. 12 Vega, op. cit. 13 CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Ecuador, 42º período de sesiones, 20 de octubre a 7 de noviembre de 2008.

proyección política de la Agenda, permite que los Comités incidan en la escena pública nacional en temas claves de salud (León, 2007, citada por Vega: 2007). Según evaluaciones realizadas, los Comités de Usuarias han sido fundamentales en la prevención y seguimiento de las muertes maternas, en la extensión de las pruebas de papanicolao, en el acceso a métodos anticonceptivos y en el combate de situaciones concretas de violencia. Muchas usuarias adquirieron roles de liderazgo comunitario, a partir de los cuales algunas han obtenido cargos públicos de elección o designación.

 Vigilancia

del cumplimiento de las políticas de protección de derechos y la inversión social.-

El ODNA, el Grupo FARO, los Comités de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, el Contrato Social por la Educación y el Observatorio de Política Fiscal son organizaciones de la sociedad civil que han realizado vigilancia y veedurías al cumplimiento de las políticas de protección de derechos y de la inversión social. La Encuesta del Uso del Tiempo en Ecuador y sus logros.- A partir del 2003 se dio inicio a un proceso que derivó a la realización de la Encuesta del Uso del Tiempo. En este año, se incluyeron 4 preguntas en el módulo de empleo del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares SIEH. Posteriormente, en el 2004, las preguntas se ampliaron a 9 que se han mantenido hasta la actualidad. Para el 200514 se incorporaron como un módulo de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo que periódicamente levanta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El estudio comprendió tres áreas piloto cuyo criterio de selección se basó en la necesidad de obtener indicadores que reflejaran las diferencias étnicas. 

En diciembre del 2007 se levantó la primera Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, cuya relevancia para el área Andina, consiste en tomar en consideración el factor de diversidad étnica y de área de residencia de la población. El objetivo de la encuesta fue: “Obtener información sobre el uso del tiempo, trabajo remunerado y no remunerado que realizan las mujeres y los hombres, permitiendo visibilizar y reconocer su valor, generando herramientas de información y análisis para la formulación de políticas públicas de género”. Los resultados de la encuesta del 2007 permite a los poderes públicos diseñar políticas públicas orientadas a lograr mayor igualdad de género y generar capacidad para la implementación y análisis de la información en concordancia con la Estrategia de Desarrollo Estadístico en Materia de Género del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico – PENDES que viene implementando el INEC como coordinador del sistema estadístico nacional y en cuyo comité técnico participa la actual Comisión de Transición como entidad asesora en materia de derechos de las mujeres y la igualdad de género. Hasta la actualidad se han desarrollado varios estudios que muestran los principales hallazgos del uso diferenciado del tiempo por parte de las mujeres y los hombres., Entre ellos: “Encuesta del Uso del Tiempo en Ecuador 2005”, “El tiempo de Ellas y de Ellos – Indicadores de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2007”, “Economía del cuidado, Trabajo remunerado y no remunerado en Ecuador” y “Valoración económica del trabajo no remunerado y su aporte al PIB”. Todos estos estudios permiten evidenciar las contribuciones de las mujeres y los hombres en el hogar y la familia, los cuidados prestados y la contribución social y económica del trabajo doméstico productivo de las mujeres, dando cuenta de la diversidad étnica y cultural. 14 Para llevar a cabo las Encuesta del 2005 y 2007 se suscribieron convenios de cooperación interinstitucional entre diferentes actores, como organismos ejecutores el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Consejo Nacional de las Mujeres, actualmente Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad de las Mujeres y de Género sumados a estos varios organismos de Cooperación.

II. Obstáculos encontrados y Acciones Pendientes Aunque se constatan relevantes avances, un conjunto de obstáculos y/o tareas pendientes --de diverso tipo y magnitud-- persisten en el país de cara al objetivo de alcanzar la igualdad y promover el empoderamiento de las mujeres. A continuación revisamos los más importantes.  Incompletud de las reformas legales.- Uno de los procesos más importantes lo constituye el completar la reforma del ordenamiento jurídico nacional para cumplir con las nuevas normas constitucionales basadas en el principio de Igualdad y No Discriminación. Ya que en la elaboración de normas legales se toma en cuenta el enfoque de género sólo si fue propuesto por el o la asambleísta autora del proyecto de ley y no existe obligatoriedad para incluir género en los proyectos de ley, reformas de ley o en las acciones de fiscalización de la Asamblea, es necesario garantizar la existencia de plataformas de convergencia entre los mecanismos de género del Estado y el movimiento de mujeres para seguimiento e incidencia.

en el manejo de la transición institucional.- La transición de la institucionalidad de género se muestra como un proceso aún más delicado, de debate para la generación de consensos. Las diversas organizaciones de mujeres han generado varias iniciativas para incidir en el diseño del nuevo Consejo Nacional de Igualdad, con temas que van desde el nombre hasta la obligatoriedad del Estado con la igualdad entre hombres y mujeres, la estructura, competencias, relaciones, etc., entre otros aspectos relevantes. Así también plantean posturas de descentralización total del mecanismo para consolidar su autonomía territorial, tanto en la definición de la agenda de prioridades de las políticas públicas como en los mecanismos de representación de las delegadas de la sociedad civil. (Ver acápite más completo en el capítulo tercero sobre la institucionalidad de género).

 Sensibilidad

 Detención en los avances en la participación política de las mujeres.- Es necesario dinamizar y potenciar los logros de las ecuatorianas en el acceso al poder. La elección de asambleístas bajó ligeramente en 2009 en un escenario de gran competencia electoral. La estrategia de cuotas y la paridad que resultó exitosa en los cargos menores (plurinominales) de los niveles subnacionales del Estado entre 2000- 2004, se ha detenido o ha bajado. Los partidos y movimientos políticos son una de las áreas donde se ha realizado escaso trabajo en relación con la igualdad y no discriminación para las mujeres. Labores de advocacy para el cumplimiento de las normas constitucionales deben ser emprendidas de manera amplia.

Aunque el mecanismo de las cuotas planteó tomar en cuenta la participación étnica – cultural de las mujeres, no se estableció ninguna fórmula para garantizarla. A partir de 1996, un número creciente (aunque en exceso pequeño) de mujeres indígenas y afroecuatorianas han sido electas a diputaciones y sobretodo a cargos de elección local como alcaldesas, prefectas, concejalas, consejeras e integrantes de juntas parroquiales. Este efecto no se imputa tanto a las cuotas sino al influjo de los movimientos indígenas y de mujeres, a los que pertenecen. A nivel nacional, la mayor representación étnica de mujeres pudo haber ocurrido en la Asamblea Constituyente de 2007 con 2 asambleístas afro y tres indígenas. Actualmente, al parecer, solo existen dos mujeres asambleístas indígenas en el Parlamento, lo que correspondería apenas a un 1.6 %. En el último quinquenio, ha decaido el desarrollo de estrategias de apoyo a la candidatización y elección de mujeres, tanto por parte del movimiento de mujeres que cumplió un gran papel en este campo sobretodo entre los años 1996 - 2003, como por parte del mecanismo nacional de género que

se sumó a relevantes iniciativas en el lapso señalado. La Asociación de Mujeres Autoridades Municipales del Ecuador AMUME, en cambio, ha fortalecido en los últimos años actividades en este campo. Patrones socioculturales generan violencia.- Persiste la discriminación y violencia contra las mujeres a causa de patrones socio-culturales basados en imaginarios sociales y estereotipos que es necesario transformar. La evaluación de la Ley 103 de combate a la violencia, realizada en el 200715 mediante un proceso nacional participativo, concluyó que “el Estado Ecuatoriano ha cumplido parcialmente y con poca diligencia su obligación de adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer… se limita a responder a la violencia contra la mujer una vez que se ha producido, y en este contexto ha concentrado sus esfuerzos en impulsar reformas legislativas, el acceso a la justicia y la provisión de servicios. No ha atendido lo referente a prevención, “en particular la obligación de transformar las estructuras y los valores patriarcales que perpetúan y consolidan la violencia sexista”.



El número de denuncias presentadas por mujeres, por violencia doméstica, es creciente: 57.385 en el 2005; 64.775 en el 2006 y 65.494 en el 2007. Según la encuesta EDEMAIN16, 31% de mujeres sufrieron violencia física, 41% sufrió violencia psicológica y 12% violencia sexual. Así mismo sufrieron sexo forzado o abuso sexual cometido por personas conocidas un 86.1% de mujeres. Según datos del SIMUJERES (2008), entre el 2003 y el 2006 se recibieron 9,497 denuncias por delitos sexuales. Las Comisarías de la Mujer y la Familia son muy pocas y donde no existen, las otras autoridades competentes (Intendencia, Subintendencia, Comisarías Nacionales de Policía y Tenencias Políticas), no reportan estadísticas. El Código Penal aún no tipifica la violencia de género y permite arbitrariedades contra las trabajadoras sexuales. La falta de sensibilidad en un importante porcentaje de operadores de justicia constituye una dificultad para una verdadera investigación, sanción, erradicación y reparación de los delitos de violencia de género. Otra gran limitación es la insuficiencia de los presupuestos, por ejemplo, el presupuesto del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos fue de $ 50.000 dólares en 2005 y subió progresivamente hasta llegar a $ 94.000 en 2008.  Débil respeto a la diversidad sexual.- La normativa secundaria continúa desconociendo la diversidad sexual de las mujeres y de los grupos LGBTI, lo cual se traduce en la negación a este sector de su condición de ciudadanía y de sujetos jurídicos. Los colectivos LGTB del país han denunciado prácticas discriminatorias y de negligencia por parte de líderes religiosos y/o funcionarios públicos como los Notarios, en relación al ejercicio de sus derechos y ciudadanía respecto a la legalización de sus uniones de hecho, violando la Constitución (Arts. 11, 66 y 68). Señalan la existencia de incitaciones que configuran lo que se denomina “delitos de odio” (Art. 450 innumerado, Código Penal vigente).  Escasos resultados en el combate al VIH-sida.- EL II Informe ODM Ecuador (2007) señala que “no se ha podido detener el avance y peor aún reducir la incidencia del VIH/Sida. A pesar de las dificultades para la medición y del importante subregistro que existen en el país, la tasa de personas infectadas se ha incrementado sensiblemente: en el período 1990 – 2005 pasó de 0,9 a 10,6 por cada cien mil habitantes”. El Informe del Gobierno del Ecuador 2006-200717 afirma que la tendencia en los últimos tres años muestra un aumento significativo de la notificación de infectados por VIH a expensas fundamentalmente del tamizaje de embarazadas, donantes de sangre, personas que

15 16 17

Por la Corporación Humanas, 2007: 8.

Encuesta Demográfica Materno Infantil - 2004 http://www.msp.gov.ec

consultan por ITS y tuberculosis. Aunque todavía hay un predominio de la infección en hombres, la epidemia se difunde en forma creciente en las mujeres y niños y niñas. En el 2006, la razón de género se situó en 1,5: 1 (hombres por cada mujer) después de haberse ubicado en 6: 1 en 1990. La tasa de crecimiento de casos de VIH/SIDA entre 2002 y 2004 fue de 26% para los hombres, mientras para las mujeres alcanzó el 48% (Ministerio de Salud Pública, 2006).  Continúa elevada la mortalidad materna.- La tasa de mortalidad materna según las Estadísticas Vitales del INEC (2006) fue de 133 por cada 100.00 nacidos vivos, lo cual es elevado, más aún cuando el nivel de subregistro estimado supera el 30%. El aborto en condiciones de riesgo es una causa importante de muerte materna, existen alrededor de 30 mil egresos hospitalarios anuales por esta causa y se estima que las prácticas clandestinas son elevadas. Sigue habiendo una alta tasa de fecundidad especialmente en sectores indígenas y campesinos. El control prenatal es insuficiente para prevenir problemas relacionados con el parto: 57,5 de las mujeres se realizaron el control prenatal mínimo de 5 controles; el 36,2% se realizaron el control posparto. En el sector rural estas cifras son aún más bajas y las mujeres pertenecientes a los quintiles de población más pobres se hacen menos controles.18

Subsisten problemas administrativos, financieros y técnicos en la ejecución del prorgama de Maternidad Gratuita (LMGYAI) y resistencia del personal de los servicios de salud para la participación de los comités de usuarias. Los problemas de salud de las mujeres adultas mayores y de otras mujeres no han sido considerados adecuadamente en las políticas de salud, además no consideran los roles diferenciados de hombres y mujeres que inciden en patrones específicos de salud, enfermedad y muerte, entre ellos, la reproducción y sus consecuencias, el trabajo no remunerado y las tareas de cuidado en el hogar, la falta de comprensión del auto cuidado y los estilos de vida.  Mayor tasa de mortalidad de las mujeres.- En 2004, la tasa de mortalidad de las mujeres (4,8%) fue más alta que la de los hombres (3,7%) y que la tasa nacional (4,2%). La tasa nacional de 2005 y 2006 fue de 4,3%. En la región insular (Galápagos), las mujeres mueren casi cuatro veces más que los hombres y en la provincia de Chimborazo (Sierra centro) se registra la tasa de mortalidad femenina más alta del país (6,4%). La calidad de vida de las mujeres está en permanente riesgo debido a que la mayoría no tiene seguro social ni acceden a pensiones por jubilación o viudez (Milosavljevic: 2007, citada por V&A, 2008). En Ecuador el 80% de la población no tiene aseguramiento en salud. El 7.5% de la población asegurada está cubierta por el seguro general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y el 7.7% por el Seguro Social Campesino (SSC). Las mujeres son las más desprotegidas en el área urbana: ocho de cada diez mujeres no tiene acceso al seguro de salud, versus 7 de cada diez hombres sin acceso. En el área rural las cifras son similares aunque la brecha es menor: mujeres 79,5% y hombres 78,2%. La cobertura de la seguridad social es significativamente menor para las mujeres indígenas, afroecuatorianas y de la PEA femenina mayor de 65 años (apenas 18%), lo que les impide enfrentar las enfermedades propias de esta etapa de vida.

Mejorar la seguridad económica de las mujeres.- El II Informe ODM Ecuador, 2007, no menciona ningún programa o política que actualmente se enfoque hacia este tema. En relación con la



En 2004, el 15,8% de mujeres no tuvo ningún control prenatal (ENDEMAIN 2004). En el área rural la cifra es mayor: el 76,4% de las mujeres se realizan controles antes del parto, cerca de 8 puntos porcentuales menos que en el área urbana. Para el 2006 la tasa global de fecundidad a nivel nacional fue 3,3%: 2,9% en el área urbana y 3,9% en el área rural. Esta tasa es aún más alta para las mujeres indígenas (4,9%) mientras las mujeres mestizas (3,1%) y blancas (2,9%) tienen tasas menores. El análisis de los quintiles económicos de la población, revela que existe una relación directa entre nivel económico y la fecundidad de las mujeres: el quintil más pobre registra una tasa de 5,1% mientras que el quintil más rico de apenas 1,9% (Valdivieso y Armas: 2008)

crisis alimentaria y para reducir la desnutrición el Informe establece como prioritario impulsar políticas hacia las mujeres y madres, desarrollando su participación y determinación de la condición de salud del hogar y del estado nutricional de sus miembros. Según el Informe Sombra- 2008 al Comité CEDAW (42va. Sesión), el contexto actual de condiciones de vida de las mujeres en el Ecuador no contribuyen al pleno ejercicio y vigencia de sus derechos humanos aunque en lo formal se hayan ganado muchos de ellos. El Informe de Desarrollo Humano 2007/2008, sitúa al país con un índice de 0,77 en el puesto 89 (grupo de países de “desarrollo medio”). Sin embargo, de acuerdo al Indice de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI), el 61,3% de la población general, el 89,9% de población indígena y el 73,8% de población negra se encuentran en situación de pobreza. La mala distribución del ingreso y la riqueza son las principales 19 causas del empobrecimiento. La situación de crisis global empeora este escenario. Aunque las economías de las mujeres –sobretodo microempresarias, campesinas y artesanas del campo y la ciudad--se miran como “pequeñas”, sumadas configuran un área productiva cuya inmensa importancia para sus familias y para el país ha sido reconocida en la nueva Constitución. La crisis económica y la crisis ambiental afectan los recursos de las mujeres: la carencia de agua de riego, la deforestación, la contaminación o deterioro de las cuencas, la depredación de los manglares, entre otros, afectan los huertos, las actividades de recolección, la producción artesanal y la comercialización / consumo de productos de las mujeres.20 El año que cursó entre junio 2008 y junio 2009, el desempleo en las mujeres pasó del 7% al 11% en el país (INEC). La línea base 2007 del PIO, contiene indicadores que revelan la desigualdad en la protección de los derechos económicos, laborales y de acceso a recursos financieros de las mujeres: 64,2% hogares con jefaturas femeninas que no poseen vivienda; 55,4% hogares con jefaturas femeninas con acceso a agua entubada por red pública dentro de la vivienda; 38,9 PEA femenina ocupada; 66% tasa de subempleo; 9,4% tasa de desempleo; el promedio de horas en que las mujeres se dedican al trabajo doméstico con respecto a los hombres, es de 19 semanales; 21,3% jefaturas femeninas de hogares21; 22.2% de brecha salarial. Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 2008, las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de ser dueñas de la tierra y “son los hombres los quienes deciden sobre el tipo de producción y uso que se le dará, sobre la venta y sobre los beneficios que su uso genere”. La Mesa de Género y Empleo (2008) construida por el exCONAMU, Ministerio del Trabajo, PNUD, UNIFEM y el Centro de Estudios Económicos para la Mujer CIGEM, busca desarrollar programas y proyectos tendientes a fortalecer y mejorar las condiciones de empleo de las mujeres, pero sus esfuerzos son aún incipientes. Grandes limitaciones se encuentran en este campo, entre ellas, el estancamiento en materia de políticas públicas para la igualdad de género en el empleo; la falta de avance en el diseño de políticas macroeconómicas y de inclusión económica y social con énfasis en la igualdad (las mujeres no son consideradas sujetas de empoderamiento). Las políticas se diseñan y ejecutan sin entender las diferencias entre mujeres y hombres en condición de empobrecimiento, y en torno a cadenas de bienes y servicios generados gratuitamente por las mujeres. El actual Plan Nacional de Desarrollo sustenta esta visión. 19

Grupo de Trabajo Inter-agencial de Género (GTI-G) del Sistema de Naciones Unidas del Ecuador, Diagnóstico-país relativo a género y derechos humanos de las mujeres ecuatorianas, documento elaborado por Rocío Rosero Garcés. Quito, diciembre de 2007. Citado por Valdivieso & Armas: 2008. 20 Según el SIISE 2008, a mayor depredación del entorno será más difícil para las mujeres, les tomará más tiempo y se enfrentarán a mayores peligros para realizar sus actividades, pues la conservación de la naturaleza tiene relación directa con las relaciones de género que determinan quien tiene control sobre los recursos. 21 Este dato corresponde a los indicadores de Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras II, del 2005.

A pesar de que existen avances en la calidad de la información e instrumentos que permitirían el diseño de políticas públicas económicas y sociales que garanticen y fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, estos no se usan (por ejemplo Plan de Igualdad de Oportunidades; Encuesta Piloto de Uso del Tiempo; presupuestos sensibles al género). Frente a ello, “los programas sociales ejecutados en el país, en lo que va del milenio, respondieron mas a la lógica de legitimación social… antes que a un diseño y objetivos estratégicos claros o como una respuesta a los compromisos internacionales asumidos por el país en la declaratoria del Milenio” (Naranjo, 2008: 30). Se desconoce la calidad de estos programas ya que no se desarrollaron iniciativas para evaluarlos aunque sus inversiones representaron más de 3 mil millones de dólares (10% del presupuesto total anual). Los programas que mayor peso presupuestario tuvieron durante este periodo fueron el Bono de Desarrollo Humano (41% del total), la atención infantil del Instituto Nacional del Niño y la Familia (10%), el programa de agua potable y saneamiento (7%), y el programa de alimentación escolar (5%). De los siguientes 8 programas en importancia presupuestaria, se menciona la atención a maternidad gratuita siendo éste es el único programa para mujeres, con un presupuesto de 3,6% del monto asignado para lo social (Naranjo, 2008: 29)22. El programa Bono de Desarrollo Humano, aunque aporta recursos para la sobrevivencia de las familias (USD 35 mensuales), abona al sistema estructural de inequidad al tomar a las mujeres como clientas individuales, al no fortalecer su empoderamiento, a pesar del discurso sobre derechos, y al haber sido declarado como una remuneración al trabajo reproductivo, lo que afecta la plena valoración de los bienes y servicios de la economía reproductiva y de la corresponsabilidad doméstica. Entre los obstáculos que el Ecuador busca superar a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la Esfera de Mujer y Pobreza, se cuentan, la falta de incorporación del enfoque de género en programas de microcrédito en las entidades, en su mayoría privadas, que son calificadas por la CFN como operadoras de las líneas de crédito. Los programas de emprendimientos del programa de protección social del MIES tampoco incluyen mecanismos orientados a superar la desigualdad y promover integralmente la participación de las mujeres en la economía y son marginales al sistema financiero/emprendimientos alternativos. Mayor información sobre las condiciones de empleo e inserción económica de las mujeres puede verse en el Anexo 4. emergente de ampliar la atención y acogida a las refugiadas.- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha reconocido que existirían en el país aproximadamente 250.000 personas con necesidad de protección internacional. El Estado ecuatoriano ha reconocido que existirían aproximadamente 500.000 personas colombianas en situación irregular. Se calcula que el 45% de ellas son mujeres, las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad pudiendo ser víctimas de redes de trata, de prostitución forzada, y de otros delitos sexuales. Frente a esta población no hay una definición clara sobre el tipo de tratamiento jurídico a darles como trabajadoras migratorias o refugiadas. Desde el año 2005, se evidencia la presencia de un número cada vez mayor de mujeres peruanas que ingresan al país por migración laboral y se mantienen en situación irregular. Se han registrado casos de mujeres peruanas y colombianas que, pese a tener hijos e hijas ecuatorianas, han sido deportadas, inclusive sin poder llevárselos/las consigo.

 Necesidad

Naranjo Bonilla, Mariana, “La política social ecuatoriana: período 2000-2006”, Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE.

conocimiento sobre Mujer y Medios de Difusión.- Aunque la atual Constitución prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, discriminación, racismo, toxicomanía, sexismo, intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos, estudios sobre medios de comunicación y la imagen de la mujer son prácticamengte inexistentes. Por lo demás, los medios de comunicación cubren muy poco – y no en la misma medida que los hombres- los hechos protagonizados por mujeres. Los medios siguen transmitiendo programación con contenidos sexistas, discriminatorios y violentos. Sigue habiendo una jerarquía en los medios respecto a los puestos que ocupan las mujeres frente a los puestos que ocupan los hombres: se puede observar que las mujeres se ocupan más de temas sociales mientras los hombres, de noticias sobre política y economía.

 Escaso

 Débiles capacidades estatales en género.- Según el Informe Alternativo, presentado ante el Comité CEDAW (42va. Sesión), los programas y planes no han logrado institucionalizarse dentro del Estado y su funcionamiento ha variado de acuerdo a los diversos gobiernos electos entre 1998 y 2006. En relación con los planes formulados, se considera en general incipiente su implementación. Además, todavía constituye un porcentaje minoritario el número de instancias encargadas de género y funcionarios/as estatales capacitados en género, lo cual impide avanzar en la implementación de políticas.

Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, UNICEF, 2008, para el 2007, el documento Lupa Fiscal Género estableció que la asignación a políticas pro equidad de género representaba solamente un 3,4% de la inversión total del país (incluyendo los Programas FODI y ORI, de niñez). Según este estudio, el déficit entre las prestaciones reportadas en la Ley de Maternidad Gratuita y su Presupuesto era del 30%, mientras que en el caso de la Ley 103 contra la violencia a las mujeres, la asignación contempló el funcionamiento de la Dirección Nacional de Género (DINAGE) del Ministerio de Gobierno y de las Comisarías de la Mujer, pero no el sistema de atención. Existen áreas donde no se dispone de suficiente información desagregada por sexo, por ejemplo en violencia y salud. Son casi inexistentes estudios sobre las diferencias entre las condiciones de vida de niños y de niñas. La Encuesta del Uso del Tiempo (2005), en la categoría de hijos e hijas, encontró que las niñas realizan un trabajo promedio de más del doble de tiempo de trabajo doméstico que sus hermanos. Según el EMNDUR 2004 el 77% de las niñas realizan actividades domésticas con sus madres en su tiempo libre mientras sólo el 7% de padres la realizan con sus hijas. En general no se cuenta con evaluaciones o monitoreo de los programas. Las dinámicas de coordinación interinstitucional en diversos niveles para el cumplimiento de las leyes, planes y programas son incipientes. Es necesario incidir y prestar asistencia técnica a las entidades encargadas de las políticas macroeconómicas y sociales para la asignación de adecuados recursos a las intervenciones de protección de derechos y para que éstas no sean asistencialistas ni usen el trabajo de las mujeres en tareas de cuidado (cuidado diario, comedores populares, alimentación y nutrición), lo que reproduce los roles tradicionales de género y contribuye a la explotación laboral de las mujeres.  Insuficientes mecanismos de participación y vigilancia de las mujeres.- Resulta todavía incipiente el nivel de participación ciudadana de las mujeres en la vigilancia del cumplimiento de leyes, planes y programas. Los mecanismos como comités, observatorios, mesas no se enncuentran institucionalizados: no existen verdaderos mecanismos de información y rendición de cuentas desde el Estado hacia las mujeres.

Incompleta aplicación de la CEDAW.- El cumplimiento estatal a las observaciones del Comité CEDAW se ha dado parcialmente. El informe del organismo (42va. Sesión), concluye que “la lógica de cumplimiento de los compromisos y recomendaciones hechos por el Comité es de ejecuciones aisladas, parciales, programas pilotos, con énfasis desbalanceado hacia realización de acciones puntuales, eventos y capacitaciones”.



Para el Comité CEDAW, un área donde deberán centrarse especiales esfuerzos la constituyen las prácticas sociales y culturales para una mejor comprensión, defensa y vigencia de los derechos humanos de las mujeres y para la erradicación de la discriminación.

Tercera parte: Construcción de institucionalidad de género La institucionalidad de género está cambiando y el país vive un período de transición. En este acápite revisaremos la construcción de institucionalidad de género en los poderes del Estado, así como en las entidades y ministerios sectoriales de la Función Ejecutiva. La Fiscalía de la Nación.- La Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional aplican el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual. La Fiscalía creó unidades especializadas en violencia intrafamiliar y delitos sexuales (trata, violencia sexual, explotación sexual y pornografía) en Guayas, Galápagos, Pichincha, El Oro y Manabí, a fin de que no queden en impunidad. Ha mejorado la infraestructura de los centros de acogida para víctimas de estos delitos, y apoyado el incremento de personal y equipo técnico de la Policía Nacional.

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La Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de Igualdad de Género.- La Constitución de 2008 establece la existencia de Consejos de Igualdad que sustituyen a los Consejos de Actores creados en los años 90. Actualmente, la Comisión de Transición, creada mediante Decreto Ejecutivo en Mayo del 2009, hereda los activos, pasivos y administra los bienes del exCONAMU. Su finalidad es el diseño de la institucionalidad pública encargada de la igualdad entre mujeres y hombres. Actualmente sostiene un proceso de consulta para la definición de dicha institucionalidad con base en propuestas de varios actores involucrados así como del documento base del Ejecutivo. El Pleno de la Comisión está conformado por delegadas de la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Planificación del Estado, la Secretaría de la Administración Pública, la Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio (CONFEMEC), el Foro Permanente de Mujeres del Ecuador y la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas (CPME). Como Observadores participan el Ministerio Coordinador de la Política y la Secretaría Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. 

Corte Constitucional y la Defensoría Pública.- Con la nueva Constitución, otras dos instancias del Estado cobran mayor importancia en temas de género: la Corte Constitucional (en el tercer poder del Estado), que a través del recurso de amparo y del recurso de inconstitucionalidad, aporta mecanismos de exigibilidad en caso de conculcación de los derechos de las mujeres y, la Defensoría Pública (cuarto poder del Estado) en la defensa de los Derechos de la Mujer, Niñez y la 23 Adolescencia. Esta última prepara una reforma que define dos áreas separadas de promoción y de protección. En la segunda se preve una Coordinaciòn Nacional de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria que incluye género (mujeres y diversidad sexual); generaciones (niñez, adolescencia, juventud tercera edad); pueblos (indigenas, afros); movilidad (refugiados/as, migrantes); y personas  La

A través de una Dirección.

con capacidades especiales. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos Individuales y de Género corresponde la elaboracion de políticas públicas, pronunciamientos defensoriales, medidas de cumplimiento obligatorio, informes temáticos y acciones de garantía constitucional para los grupos de atención prioritaria.  La Asamblea Nacional (Poder Legislativo).- El Art. 30 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (Asamblea Nacional) estableció la existencia de una Unidad Técnica que se encargará de los temas de género y del lenguaje no sexista. Se encuentra en proceso de implementación. Por otra parte, actualmente existe una alianza estratégica entre la Comisión de Transición (ex Conamu) y el Grupo por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional, para transversalizar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en las leyes priorizadas por el cuerpo legislativo para el presente año.

Alianzas con otros actores e instancias.- Para promover la inclusión de género en la Agenda Social, así como en los procesos de descentralización y autonomías, el exCONAMU construyó alianzas de diversa magnitud y resultados con instituciones del Estado Social de Derecho (según la Constitución de 1998: los Consejos Nacionales de la Niñez y Adolescencia CNNA, de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE, de Discapacidades CONADIS y de Salud CONASA) así como con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y la Secretaría Técnica del Frente Social (STFS) del Gobierno. Apoyó la creación de mecanismos institucionales y ordenanzas para la igualdad de oportunidades en 19 municipios, 5 gobiernos provinciales y algunos ministerios.



A fin de fomentar la organización de la mujeres dentro del gremio de la educación, desarrolló un proceso de creación y fortalecimiento de Secretarias de la Mujer en la Unión Nacional de Educadores UNE y la constitución de una Red de Maestras con cobertura nacional, impulsando encuentros de formación e intercambio a nivel nacional y regional. También se han realizado esfuerzos para incorporar género y derechos humanos dentro de las políticas de defensa del magisterio en busca de potenciar la participación de las maestras en las decisiones del gremio. Actualmente la dirigencia nacional de la UNE se encuentra en manos de una mujer. Institucionalidad Sectorial de Género en el Poder Ejecutivo.- El Ministerio de Gobierno y Policía cuenta con una Dirección Nacional de Género que promueve y facilita la ejecución de políticas, estrategias y mecanismos de igualdad de género y combate a la violencia intrafamiliar, y coordinó el trabajo de las 32 Comisarías de la Mujer y la Familia implementadas en 17 provincias del país, antes de su integración a la Función Judicial para convertirse en Juzgados de Contravenciones. La Dirección recoge estadísticas y denuncias sobre violencia y trabajo sexual y trabaja en seguridad ciudadana con un enfoique de generar convivencia sin discriminación.



La Policía Nacional, creó su Unidad Especializada Antitrata y Explotación Sexual y ha consolidado sus acciones en este campo. Su Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF), que ejecuta las decisiones emanadas de las Comisarías de la Mujer y otras dependencias policiales como Migración y DINAPEN, coordina con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la atención a las víctimas de la trata de personas y la restitución de sus derechos. La institución trabaja en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía. El Ministerio de Trabajo y Empleo creó la Unidad para la Equidad de Género y Jóvenes que fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales a favor de grupos vulnerables, busca implementar y sensibilizar en el tema género en el ámbito laboral. Adoptó medidas para combatir el despido de mujeres a través de incluir el enfoque de género en los procesos de inspección, difundir los derechos laborales de las mujeres, sensibilización y formación en género a inspectores. La Mesa de Género y

Empleo construida con el CONAMU, PNUD, UNIFEM y el Centro de Estudios Económicos para la Mujer CIGEM desarrolla iniciativas para mejorar las condiciones de empleo de mujeres, que considere los planos étnico y etareo. El Ministerio de Finanzas creó una Unidad de Género encargada de incorporar el enfoque de género en el Sistema de Planificación y Programación Presupuestaria (Presupuesto General del Estado), y la asignación de recursos a políticas proequidad de género que recojan las prioridades de las mujeres y para el fortalecimiento de organizaciones de mujeres en veeduría y participación en la toma de decisiones presupuestarias. Actualmente se halla empañada en capacitar en el uso y manejo del clasificados orientador del gasto K, que se refiere a la igualdad de oportunidades en los proyectos de inversión pública. El Ministerio de Educación fomenta mecanismos que garanticen el derecho a una educación equitativa, de calidad y libre de violencia. Creó 12 Comités de Vigilancia de los Delitos Sexuales en igual número de provincias. Formuló el Plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo y el Plan Nacional de Educación Sexual en el Ambito Educativo. Ha expedido normativas para el tratamiento de la violencia de género, la sexualidad integral (Acuerdo 403), erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo (Acuerdos: 062 el 3393), trata, trafico y explotación sexual (Acuerdo 482). Formuló el Proyecto de inversión 2009-2010, para la erradicación de la violencia de género en el ámbito educativo. El Programa Nacional para la Educación Sexual y el Amor; los programas referidos a salud sexual y reproductiva se ejecutan a través de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. El Ministerio de Salud cuenta con una Comisión de Salud Sexual y Reproductiva que elaboró el la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos y su Plan de Acción (2005), que son el marco para el diseño de Planes de Acción intersectoriales, como son: para la Reducción Acelerada de la Muerte Materna, la Prevención de VIH-sida, la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y la Prevención de la Violencia Basada en Género. El Ministerio de Cultura abrió un Laboratorio de Políticas Culturales y Género.  Metas del Mileno.- En 2005 se creó la Unidad Coordinadora del Cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio en la Presidencia de la República, SODEM, desde donde se decretaron políticas de Estado y se implementaron programas tendientes a alcanzar los resultados planteados en el Objetivo 3 de promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. Posteriormente, la SODEM creó la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES.

Planificación e indicadores.- El ex CONAMU estableció cooperación con SENPLADES para la creación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Cooperación Internacional, y la definición de metodologías y herramientas de planificación nacional sectorial, territorial y local, la incorporación de género en agendas sectoriales y otros instrumentos.



El Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y sus sistemas asociados, SIMUJERES, SINIÑEZ y SIJOVENES ha facilitado la identificación de áreas críticas para focalizar políticas relacionadas con la situación de las mujeres, niñas y adolescentes y las desigualdades de género. La herramienta visualiza a las mujeres y permite analizar causas y efectos de las desigualdades en tres áreas temáticas: espacio privado, público y bienestar-igualdad social, en torno a temas de pobreza, economía, educación, salud, educación. Estos indicadores se construyeron con el propósito de ser utilizados para el diseño, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y/o políticas, y como un insumo para la veeduría social y la rendición de cuentas.

La encuesta nacional del uso del tiempo –EUT- que tiene como objetivo evidenciar el tiempo que mujeres y hombres dedican a las tareas de cuidado y del hogar, darle valor social y económico al trabajo doméstico no remunerado a fin de enmarcarlo en las políticas laborales y que el Estado reconozca el aporte de las personas, en su mayoría mujeres que con este trabajo permiten el desarrollo productivo y del país. A través del mismo se pone de manifiesto las desigualdades en el ejercicio de los derechos, ya que es en el uso que hacemos del tiempo donde se plasman las desigualdades sociales y las diferencias entre las personas. El Estudio además constituye un aporte del Estado Ecuatoriano en el cumplimiento del Convenio 100 de la OIT. Se ha desarrollado el estudio: “Empleo Público en el Ecuador: Una mirada desde el género” que logra analizar en un espacio de tres décadas y fundamentado en tres fuentes estadísticas, la situación del empleo público. Sus conclusiones dan cuenta de la existencia de brechas de género y caracterización del empleo público, que constituyen una línea base para continuar profundizando en la investigación, para proponer políticas públicas que solucionen los problemas encontrados y que logren compromisos nacionales y regionales para lograr la equidad en el empleo. CISMIL Indicadores de Seguimiento para los Objetivos del Milenio.- En relación con el Objetivo 3, Promover la Igualdad entre los géneros y la autonomía de las Mujeres, el Centro de Información y Seguimiento de los Objetivos del Milenio CISMIL diseñó una metodología para el seguimiento al cumplimiento de los ODMs a nivel nacional y local que incluye un marco conceptual y un modelo de análisis de cada uno de los Objetivos, la selección y definición técnica-operativa de cada indicador, los temas para evaluación cualitativa y el establecimiento de las fuentes de información nacionales y locales. El marco conceptual define temas fundamentales a considerar: género, igualdad, equidad, autonomía de las mujeres, capacidades básicas y derechos. Como marco de referencias se encuentran la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración del Milenio (además de los objetivos señalados, los acápites 6, 20 y 25 y la meta 4 de la Declaración) y las recomendaciones de CEPAL y UNIFEM. Además, se transversalizó género en el resto de objetivos (desagregando los indicadores por sexo). Se ha tratado de garantizar el seguimiento en los tres niveles subnacionales: provincial, municipal y parroquial y un desglose de los indicadores por área de residencia (urbana/rural), pobreza, condición étnica y edad. El sistema cuenta con 13 indicadores de seguimiento directos y 11 transversalizados. El proceso conllevó una discusión con los gobiernos locales para consensuar la redacción de los informes.  Institucionalidad de Género en la Sociedad Civil.- Se creó el Observatorio sobre el Derecho a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres y Niñas como mecanismo de vigilancia de la sociedad civil, para monitorear cualquier tipo de acciòn que implique la violación de los derechos de las mujeres. Este proyecto es ejecutado por CEPLAES y co-financiado por el fondo de Justicia y Sociedad, exCONAMU y UNFPA.

Cuarta parte: Medidas a futuro La Comisión de Transición tiene previsto definir en el 2010 la metodología para la construcción del Plan de Igualdad de Oportunidades 2010-2014 e iniciar su elaboración. El PIO se orientará entorno a las rupturas establecidas en el Plan de Desarrollo 2009-2013, y que, de forma resumida, son las siguientes:

1. Impulsar una economía social y solidaria; generar empleo productivo digno y reconocer el trabajo en todos sus ámbitos.

2. Impulsar el acceso universal a una educación intercultural con enfoque de derechos, género y generacional.

3. Asegurar la cobertura universal de la salud, con servicios de calidad que oferten prestaciones eliminando todo tipo de barreras de género. Meta: reducir la tasa de mortalidad materna a 100 por cada 100.000 nacidos vivos. 4. Garantizar los derechos, la salud sexual y reproductiva, considerando a la población como el elemento central del desarrollo sostenible. Meta: mejorar la utilización de métodos anticonceptivos: Urbana: 90%; Rural: 70%. 5 Fomentar estabilidad y bienestar laboral con igualdad de género el sector público y privado. Meta: Generar incentivos para la estabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo: disminuir a 30% de mujeres en subempleo. 6 Eliminar prácticas excluyentes y discriminatorias en contra de trabajadoras y trabajadores por condición de género. Meta: Generar control y exigibilidad de derechos sobre pagos menores de mujeres frente a hombres en los mismos trabajos: disminuir la brecha a 10% para instrucción secundaria 20% para estudios superiores. 7 Promover cambios en las orientaciones de la política social y de bienestar, superando los estereotipos de género y la naturalización del trabajo de cuidado como femenino: Meta: Generación de sistema nacional/local de Cuidados: incremento del 50%. 8 Disminuir la violencia de género y el maltrato infantil. 9 Fortalecer la prevención integral de delitos para alcanzar la justicia para las mujeres como potenciales víctimas. 10 Promover la participación política, electoral y el cumplimiento de la ley de cuotas. Meta: promoción de la paridad entre hombres y mujeres en designación (cargos públicos) y elección (cuotas): 60% mujeres. 11 Fomentar el desarrollo de sistemas productivos autosustentables, aprovechando y valorando el trabajo de hombres y mujeres. Meta: Desarrollo de iniciativas económicas dirigidas por mujeres: 25%. En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, documento que está siendo elaborado por el gobierno, en su versión preliminar -a septiembre, 2009-, se establecen políticas y estrategias nacionales, dentro de las cuales constan aquellas definidas por la Comisión de Transición (futuro Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género), bajo los objetivos, en materia de género y equidad, que han sido priorizados y resumidos como: Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad. 1. Garantizar los derechos del buen vivir para la superación de las desigualdades sociales y de género y promover el acceso equitativo a la salud, educación, alimentación, agua y vivienda. 2. Impulsar la protección social y seguridad social solidaria de la población con calidad y eficiencia bajo principios de equidad social y de género. 3. Promover la inclusión social y económica con enfoque de género para generar condiciones de equidad e igualdad. 4. Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas. 5. Reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar toda forma de discriminación por motivos de género, de opción sexual, entre otros. 6. Asegurar el desarrollo infantil integral para el ejercicio pleno de derechos Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la población

1. Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del medio para disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales, especialmente de las mujeres embarazadas, niños y niñas. 2. Garantizar el acceso universal a una educación de calidad con enfoque de derechos y género. 3. Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, con enfoque de género, articulados a los objetivos del buen vivir. Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 1. Promover prácticas de vida saludable, que incluye el impulso intersectorial al mejoramiento de condiciones organizativas, culturales y materiales que favorezcan un equilibrio en el uso del tiempo global dedicado a las actividades de producción económica, reproducción humana y social, con sentido de corresponsabilidad y reciprocidad de género y generacional. 2. Garantizar la cobertura universal de la salud, eliminando todo tipo de barreras de género, que reproduzcan inequidad o exclusión. 3. Brindar atención integral a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de género. 4. Garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos, considerando a la población como el elemento central del desarrollo sostenible. 5. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad social, de género, sustentabilidad y eficiencia que involucra garantizar los derechos y proveer de instancias de protección seguras a mujeres, población LGBT, víctimas de tráfico y explotación sexual. Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y marina y transversalizar la dimensión ambiental, de género y étnico cultural. Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas. 1. Promoción del conocimiento y plena aplicación de los derechos laborales desde la perspectiva de género. 2. Impulsar el reconocimiento del trabajo autónomo, de cuidado humano, de cuidado familiar y de autoconsumo, así como la transformación integral de sus condiciones que contempla: cuantificación y visibilización del aporte del trabajo de cuidado humano, de autoconsumo y autosustento y reconocimiento, retribución y protección social al trabajo reproductivo en los hogares. 3. Promover el pago de remuneraciones justas, propendiendo a la reducción de las brechas de género y las brechas entre el costo de la canasta básica y el salario básico. 4. Promover condiciones y entornos de trabajo seguros, saludables, incluyentes, no discriminatorios y ambientalmente amigables, que contempla sanción a los actos de discriminación laboral por concepto de género, opción sexual, maternidad u otros motivos, así como al acoso sexual en el trabajo y al acoso laboral. Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 1. Promover un ordenamiento jurídico nuevo que contempla la elaboración de leyes en pro de la equidad de género para una adecuada aplicación de la Constitución. 2. Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, eficaz, oportuna, imparcial con énfasis en la atención a las especificidades en los servicios de justicia para mujeres. 3. Erradicar las prácticas de violencia, particularmente la violencia generada hacia las mujeres: implica el establecimiento de programas intersectoriales de prevención, protección y apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, explotación, tráfico con fines sexuales, feminicidio, pornografía y otras formas de violencia; campañas para transformar prácticas y patrones socioculturales que naturalizan conductas violentas contra las mujeres;

sensibilización a servidoras y servidores públicos y autoridades y mejoramiento de la gestión judicial para casos de violencia de género. Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política. 1. Promover la organización colectiva y autónoma de la sociedad civil: promoción y fortalecimiento de la organización de cooperativas y asociaciones de productores, intermediarios y emprendedores, redes sociales para la economía solidaria, comités de usuarias en políticas de maternidad gratuita, atención a la infancia y gestión escolar comunitaria, trabajadoras y trabajadores temporales y autónomos. 2. Promover la participación política y electoral con equidad de género, en los cargos de elección popular, de designación y en las instituciones públicas: vigilancia del cumplimiento de la ley de cuotas y diseño de medidas afirmativas para incrementar participación femenina. Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 1. Impulsar un desarrollo equilibrado, que propenda a la garantía de derechos de las mujeres. 2. Fomentar el desarrollo de sistemas productivos autosustentables, valorando por igual el trabajo de hombres y mujeres, bajo esquemas solidarios y cooperativos y demandar bienes y servicios generados por ellas y ellos. 3. Modernizar los servicios públicos impulsores de la productividad y competitividad sistémica y eliminar los sesgos de género en la contratación pública. 4. Generar capacidades y conocimientos sobre los aportes del trabajo de las mujeres, las ventajas económicas de la eliminación de la discriminación y el impacto redistributivo de la asignación de recursos nacionales hacia el cuidado. Objetivo 12: Consolidar la transformación del Estado para el buen vivir 1. Ejecución de la transición hacia Consejos Nacionales para la Igualdad y fortalecimiento de su institucionalidad con el objetivo de transversalizar los enfoques de género, intergeneracional, étnico cultural, de discapacidades y de movilidad humana en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública. 2. Desarrollo y aplicación de metodologías de presupuestos participativos con enfoque de género.

ANEXOS ANEXO 1 Acercándose a la erradicación del analfabetismo de las mujeres.En Agosto de 2009, el Ministerio de Educación y Culturas MEC declaró al Ecuador “territorio libre de analfabetismo”, según las normas de UNESCO. Para ello, contabilizó a las personas alfabetizadas por sus programas Manuela Sáenz y Dolores Cacuango y las alfabetizadas por los programas “Yo Si Puedo” de los gobiernos locales realizados con apoyo del Gobierno de Cuba desde 2005. El MEC no ha entregado datos desagregados por sexo. Para Julio de 2009, los programas locales “Yo Si Puedo” habían alfabetizado 133 738 personas, algunas en “los más recónditos lugares del territorio ecuatoriano y de las más apartadas comunidades”. Al menos 98 de los 221 gobiernos municipales y 10 de las 24 prefecturas provinciales, junto a un número mucho mayor de juntas parroquiales se involucraron en la ejecución del programa. La mayoría de beneficiarias han sido mujeres. Tres ejemplos entregan evidencia de una mayoría de mujeres como beneficiarias. Cuadro RESULTADOS DE LA ALFABETIZACIÓN MUNICIPIO DE COTACACHI – 2005 Parroquias Hombres % Mujeres %

Cuadro RESULTADOS DE LA ALFABETIZACIÓN PREFECTURA DE COTOPAXI – 2005

Quiroga ºº

33.16

68,84

San Francisco

30,47

69,53

Imantag

27,68

72,32

Hombres %

Mujeres %

El Sagrario

25,06

74,94

Pujilí

10.7

89.3

García Moreno

48,12

51,88

Saquisilí

17.6

82.4

Peñaherrera

33,92

66,08

Sigchos

Cuellaje

Salcedo

9.1

90.9

Plaza Gutiérrez

84,61

15,39

Latacunga

15.9

84.1

Vacas Galindo

33,33

66,66

TOTAL

14.1

85.9

Apuela

37,84

62,16

Zona Urbana Cot.

35,71

64,29

TOTAL

31.6%

68.4%

Municipios

Fuentes: Municipio de Cotacachi y Gobierno Provincial de Cotopaxi, 2005. Elaboración: María Arboleda

Un estudio (Castello: 2008)24 incluye evidencia sobre una disminución de las brechas de género en el analfabetismo en siete gobiernos locales alterntivos (GLA), como puede verse en el cuadro inserto abajo. 24

Castelo, Paula, Sistematización sobre la experiencia del modelo de Gestión Participativa en siete Gobiernos

Elaboración: Paula Castello (2008), citado en Arboleda: 2009

Al avanzar la experiencia de los gobiernos locales y por constituir una prioridad la erradicación del analfabetismo de las mujeres, el Ministerio de Educación y el exCONAMU diseñaron una Cartilla sobre Derechos Humanos de las Mujeres la misma que formó parte del material pedagógico de las Campañas Nacionales de Alfabetización Manuela Sáenz (para población blanco mestiza) y Dolores Cacuango (para población indígena), que puso en marcha el Ministerio. Las campañas se acompañaron de 3 paquetes pedagógicos para la formación en género-educación y sobre erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo. Un documento conceptual con la misma temática se elaboró con la Dirección de Escuela para Padres y Madres.

Locales Alternativos del Ecuador”, GTZ – CGLA, Quito, marzo 2008.

El ex CONAMU apoyó a varios gobiernos locales para la inserción de políticas educativas con énfasis en derechos humanos de las mujeres, lo cual ha repercutido positivamente en programas de sensibilización sobre políticas públicas con enfoque de género para funcionarias/os estatales y también dando cobertura a capacitaciones a organizaciones de mujeres de la sociedad civil.

ANEXO 2 Mejora la participación de las ecuatorianas en cargos políticos y de decisiones.El porcentaje de mujeres en cargos legislativos (asambleistas) se movió hacia arriba en los últimos años, llegando en 2007 al 33.8%, porcentaje que colocó al país en el cuarto lugar latinoamericano, precedido por Cuba, Argentina y Costa Rica. Según el Indice de Equidad de Género del Social Watch IEG, Ecuador fue uno de los 10 países que más avanzaron en el mundo entre 2004 y 2007, situándose en segundo lugar después de Rwanda. En las elecciones de 2009, el porcentaje de mujeres electas a la Asamblea –31.5 %-- disminuyó dos puntos en medio de una intensa disputa por los escaños, aunque la candidatización paritaria y la alternancia/secuencialidad de hombres-mujeres, hayan sido respetadas. Sin embargo, si se incluye en el cómputo a las parlamentarias electas al Parlamento Andino, que tiene su votación por separado y donde las mujeres obtuvieron un notabilísimo 60 % de escaños, el porcentaje total de asambleistas asciende a 32.6 % en 2009. Cuadro MUJERES EN EL LEGISLATIVO NACIONAL Y ASAMBLEAS CONSTITUYENTES, 1979-2009 Año Número de mujeres Total de diputados % de mujeres 1979 0 69 0 1984 3 71 4,22 1988 5 71 7,04 1990 5 72 6,97 1992 4 77 5,19 1994 7 72 9,72 1996 5 82 6,09 1997 10 7025 10% 1998 16 121 13,22 200226 17 100 17,00 2006 25 100 25,00 200727 44 130 33.80 2009 a28 39 124 31.50 2009 b29 42 129 32.60 Fuentes: Herrera, Gioconda y María Cristina Carrillo: 2004, citadas por Cañete: 2005. Ayala Marín: 2008. Javier Rodríguez: 2009. Re-elaboración: María Arboleda.

Asambleistas constituyentes (1997 – 1998) A partir del 2002, todos los candidatos a diputados se postulan únicamente como candidatos provinciales 27 Asambleistas constituyentes (2007 – 2008) 28 Cómputo sin las parlamentarias andinas. 29 Cómputo que incluye a las parlamentarias andinas. 26

de crecer y los porcentajes oscilan en torno al promedio de 27% en los últimos sufragios. Ver cuadros siguientes Cuadro MUJERES ELECTAS ALCALDESAS Y CONCEJALAS MUNICIPALES- 2000 / 2009 Mujeres electas % Dignidad 2000 2004 2009 Cambio 2004-2009 Alcaldesa 2.8 5.9 5.9 Subió y luego permanece igual Concejalas urbanas 29.8 30.6 30.2 Subió y luego permanece igual Fuentes SIISE, 2005, Raúl Borja 2006; AMUME 2009. Elaboración: María Arboleda

Cuadro MUJERES EN CONSEJERÍAS PROVINCIALES 1998 - 2009 Año

Consejeras Electas

1998 7,14 2000 19,10 2002 16,42 2004 29,67 2006 14,93 2009 No se eligen más las consejerías. Fuentes: Tribunal Supremo Electoral; Javier Rodríguez 2009; Re-elaboración: María Arboleda

Cuadro MUJERES CONCEJALAS ELECTAS 1978 - 2009 ELECCION - AÑO % MUJERES ELECTAS 1978 4.04 1980 4.44 1984 3.64 1986 5.27 1988 6.70 1992 5.22 1998 8,22 2000 29,65 2002 22,30 2004 31,69 2006 23,00 2009 28.40 Promedio 5 últimos sufragios 27% Fuentes: Lisímaco Velasco, Equipo de Trabajo IULA – AME: 1993; SIISE, 2003. Tribunal Supremo Electoral 2009. Rodríguez: 2009. Elaboración: María Arboleda

Entre 2000 y 2009 el pequeño porcentaje de alcaldesas se duplicó, el porcentaje se duplicó llegando casi al 6%, rango que se mantiene en 2009 con una muy ligera reducción. 30 Cuadro MUJERES EN ALCALDÍAS Y PREFECTURAS 2000 - 2009 Año Alcaldesas Prefectas 2000 2004 2009 30

2,79 % 5,94 % 5.88 %

0,00 % 18,18 % 8.70 %

Fuentes SIISE: 2003; CPME, Aprendiendo de nuestras luchas para defender nuestros derechos, s.f.

Fuentes: Tribunal Supremo Electoral; Javier Rodríguez 2009. Re-elaboración: María Arboleda

Por otro lado, en los últimos concursos para ocupar cargos de Magistradas de Cortes Superiores, fueron electas 26 mujeres, número sin precedente en la historia de la Función Judicial. La mayor proporción de juezas se da en los Juzgados de Inquilinato con un 56%. Las Comisarías de la Mujer y la Familia están presididas por mujeres. En la Corte Constitucional, 2 magistrados de nueve son mujeres. En cuanto a Ministras de Estado las mujeres fueron el 14% en 2002, el 26 % en 2003, el 13 % en 2004 y el 45% en 2007.

ANEXO 3 Condiciones de inserción económica de las mujeres y políticas públicas.El II Informe ODM Ecuador, 2007, no menciona ningún programa o política que actualmente se enfoque hacia este tema. En relación con la crisis alimentaria y para reducir la desnutrición el Informe establece como prioritario impulsar políticas hacia las mujeres y madres, desarrollando su participación y determinación de la condición de salud del hogar y del estado nutricional de sus miembros. Según el Informe Sombra- 2008 al Comité CEDAW (42va. Sesión), el contexto actual de condiciones de vida de las mujeres en el Ecuador no contribuyen al pleno ejercicio y vigencia de sus derechos humanos aunque en lo formal se hayan ganado muchos de ellos. El Informe de Desarrollo Humano 2007/2008, sitúa al país con un índice de 0,77 en el puesto 89 (grupo de países de “desarrollo medio”). Sin embargo, de acuerdo al Indice de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI), el 61,3% de la población general, el 89,9% de población indígena y el 73,8% de población negra se encuentran en situación de pobreza. La mala distribución del ingreso y la riqueza son las 31 principales causas del empobrecimiento. La situación de crisis global empeora este escenario. Aunque las economías de las mujeres –sobretodo microempresarias, campesinas y artesanas del campo y la ciudad--se miran como “pequeñas”, sumadas configuran un área productiva cuya inmensa importancia para sus familias y para el país ha sido reconocida en la nueva Constitución. La crisis económica y la crisis ambiental afectan los recursos de las mujeres: la carencia de agua de riego, la deforestación, la contaminación o deterioro de las cuencas, las depredación de los manglares, entre otros, afectan los huertos, las actividades de recolección, la producción artesanal y la comercialización / consumo de productos de las mujeres.32 El año que cursó entre junio 2008 y junio 2009, el desempleo en las mujeres pasó del 7% al 11% en el país (INEC). La línea base 2007 del PIO, contiene indicadores que revelan la desigualdad en la protección de los derechos económicos, laborales y de acceso a recursos financieros de las mujeres: 64,2% hogares con jefaturas femeninas que no poseen vivienda; 55,4% hogares con jefaturas femeninas con acceso a agua entubada por red pública dentro de la vivienda; 38,9 PEA femenina ocupada; 66% tasa de subempleo; 9,4% tasa de desempleo; el promedio de horas en que las mujeres 31

Según el SIISE 2008, a mayor depredación del entorno será más difícil para las mujeres, les tomará más tiempo y se enfrentarán a mayores peligros para realizar sus actividades, pues la conservación de la naturaleza tiene relación directa con las relaciones de género que determinan quien tiene control sobre los recursos.

se dedican al trabajo doméstico con respecto a los hombres, es de 19 semanales; 21,3% jefaturas femeninas de hogares33; 22.2% de brecha salarial. Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 2008, las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de ser dueñas de la tierra y “son los hombres los quienes deciden sobre el tipo de producción y uso que se le dará, sobre la venta y sobre los beneficios que su uso genere” Bajo iguales condiciones de educación, las mujeres ganan entre el 30% (ninguna) y el 18% (superior) menos que los hombres por hora de trabajo. Estas dificultades para generar ingresos propios, sumadas a la violencia de género, constituyen los principales frenos para el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. Las mujeres tienen un ingreso promedio menor al de los hombres en las desagregaciones de territorio (área y región), grupos de edad, pertenencia étnica y niveles de instrucción. El ingreso laboral medio de las mujeres indígenas es de USD 110, mientras el de los hombres, que se autoidentifican como blancos, es de USD 429 (Valdivieso y Armas: 2008). Las mujeres realizan mayoritariamente el trabajo reproductivo no remunerado, lo cual también contribuye a dificultar su acceso al trabajo remunerado. Si la tasa bruta de subempleo es preocupante tanto para mujeres (62,7%) como para los hombres (66%), lo es aún más para las mujeres indígenas que es del 91.3% frente un 78,6% de hombres. En el caso de las mujeres afroecuatorianas es inferior a la tasa nacional: 59.6%. La agroexportación de banano, flores y camarón sigue siendo una de las principales actividades económicas en el país y la mano de obra de las mujeres es especialmente requerida en este sector, donde no existen políticas para el mejoramiento de sus condiciones laborales. Existen municipios dedicados exclusivamente a la manufactura y que emplean a las mujeres en una situación de total desregulación. Actualmente el costo de la canasta básica es de 507,48USD y el ingreso familiar mensual de $253,17 a $374,5, el déficit resultante es manejado principalmente por las mujeres, que implica cesiones respecto de sus derechos. La Mesa de Género y Empleo (2008) construida por el CONAMU, Ministerio del Trabajo, PNUD, UNIFEM y el Centro de Estudios Económicos para la Mujer CIGEM, busca desarrollar programas y proyectos tendientes a fortalecer y mejorar las condiciones de empleo de las mujeres, pero sus esfuerzos son aún incipientes. Grandes limitaciones se encuentran en este campo, entre ellas, el estancamiento en materia de políticas públicas para la igualdad de género en el empleo; la falta de avance en el diseño de políticas macroeconómicas y de inclusión económica y social con énfasis en la igualdad (las mujeres no son consideradas sujetas de empoderamiento). Las políticas se diseñan y ejecutan sin entender las diferencias entre mujeres y hombres en condición de empobrecimiento, y en torno a cadenas de bienes y servicios generados gratuitamente por las mujeres. El actual Plan Nacional de Desarrollo sustenta esta visión. A pesar de que existen avances en la calidad de la información e instrumentos que permitirían el diseño de políticas públicas económicas y sociales que garanticen y fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, estos no se usan (por ejemplo Plan de Igualdad de Oportunidades; Encuesta Piloto de Uso del Tiempo; presupuestos sensibles al género). Mientras el 40% de las personas que trabajan en el sector moderno son mujeres, no existen políticas o programas de conciliación entre el trabajo remunerado y no remunerado, ni políticas que promuevan la corresponsabilidad social y de género en el trabajo reproductivo. Del total de

Este dato corresponde a los indicadores de Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras II, del 2005.

personas que trabajan en el sector informal el 42% son mujeres, muchas de las cuales sufren la deficiencia de servicios de cuidado diario para sus hijos/as. Quedarse sin empleo, provoca un incremento del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en casa. Las actuales dificultades económicas hacen que muchos hogares no puedan pagar guarderías u otros servicios. El Estado debe desplegar nuevas y más amplias políticas en favor de las mujeres como adecuados centros gratuitos de cuidado de los niños o equiparación del permiso por maternidad para hombres y mujeres. Frente a ello, “los programas sociales ejecutados en el país, en lo que va del milenio, respondieron mas a la lógica de legitimación social… antes que a un diseño y objetivos estratégicos claros o como una respuesta a los compromisos internacionales asumidos por el país en la declaratoria del Milenio” (Naranjo, 2008: 30). Se desconoce la calidad de estos programas ya que no se desarrollaron iniciativas para evaluarlos aunque sus inversiones representaron más de 3 mil millones de dólares (10% del presupuesto total anual). Los programas que mayor peso presupuestario tuvieron durante este periodo fueron el Bono de Desarrollo Humano (41% del total), la atención infantil del Instituto Nacional del Niño y la Familia (10%), el programa de agua potable y saneamiento (7%), y el programa de alimentación escolar (5%). De los siguientes 8 programas en importancia presupuestaria, se menciona la atención a maternidad gratuita siendo éste es el único programa para mujeres, con un presupuesto de 3,6% del monto asignado para lo social (Naranjo, 2008: 29)34. El programa Bono de Desarrollo Humano, aunque aporta recursos para la sobrevivencia de las familias (USD 35 mensuales), abona al sistema estructural de inequidad al tomar a las mujeres como clientas individuales, al no fortalecer su empoderamiento, a pesar del discurso sobre derechos, y al haber sido declarado como una remuneración al trabajo reproductivo, lo que afecta la plena valoración de los bienes y servicios de la economía reproductiva y de la corresponsabilidad doméstica. Entre los obstáculos que el Ecuador busca superar a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la Esfera de Mujer y Pobreza, se cuentan, la falta de incorporación del enfoque de género en programas de microcrédito en las entidades, en su mayoría privadas, que son calificadas por la CFN como operadoras de las líneas de crédito. Los programas de emprendimientos del programa de protección social del MIES tampoco incluyen mecanismos orientados a superar la desigualdad y promover integralmente la participación de las mujeres en la economía y son marginales al sistema financiero/emprendimientos alternativos.

Naranjo Bonilla, Mariana, “La política social ecuatoriana: período 2000-2006”, Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE.