CONDICIONES Y FACTORES ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES EN EDUCACIÓN: una breve reseña conceptual. Armando Loera Varela Ponencia presentada en el Seminario sobre “Tratamiento y usos de la información de evaluación”. Organización de Estados Iberoamericanos Programa Cumbre Iberoamericana de Evaluación de la Calidad de la Educación. Buenos Aires, Argentina. 5-8 de octubre de 1998.
INTRODUCCIÓN. Un principio común a todos los que hacemos investigación con referencia a la política pública es utilizar formas de investigar que efectivamente sirvan en los procesos de formulación, de ejecución o, como es nuestro caso, en la evaluación de los sistemas educativos, sus políticas, sus programas o cualquier otro tipo de intervención en escuelas o el aparato de la administración educativa. Pero, a pesar de que este principio es un lugar común en reuniones como en la que nos encontramos, poco se ha sistematizado
sobre las
condiciones sociales y organizacionales por una parte, y, por otra, los factores asociados a los procesos de investigación evaluativa.
Por ello el propósito de esta presentación consiste en poner en la mesa de discusiones un repertorio de condiciones y factores asociados con la utilización de las evaluaciones en educación. El propósito es claro, proporcionar un marco de referencia a los evaluadores para que se promocione la utilización de las investigaciones evaluativas y se eviten las situaciones o características que inhiben su uso. Por la naturaleza del evento no se trata de ser exhaustivo ni comprensivo en la revisión de la literatura. Este documento, por lo tanto, no aspira a ser un estado del arte, sino simplemente una breve reseña de naturaleza conceptual acerca de las condiciones y factores identificados por algunos resultados de investigaciones empíricas y algunos de los modelos conceptuales desarrollados por los “sociólogos del conocimiento aplicado.
La tesis general que aquí se sustenta es que el uso de la información evaluativa, como el de la mayor parte de la proveniente de las ciencias
2 sociales, se da cuando los actores la integran en las actividades que desarrollan en el cumplimiento de sus intereses o metas, ya sean éstas personales, de grupo o institucionales. Esta integración se ve promovida cuando existen condiciones favorables y características de las evaluaciones que les permite una mayor utilidad. Se concluye que la denominada “cultura de la evaluación” podría consistir en la facilitación de una estructura integrada de factores que promueven la integración de los resultados de las evaluaciones en el cumplimiento de los fines institucionales o de las metas de grupo o personales. Sin embargo, siempre hay que tener presente que existen múltiples factores que inhiben el uso de la evaluación. La cultura de la evaluación también los debe tomar en cuenta para prepararlos a persuadir a los actores que se involucran en el debate social de las políticas públicas.
I.
UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
La noción de “usos de la información” o, una idea aún más específica, “utilización del conocimiento de las ciencias sociales”, dentro del cual se encuentran los estudios de evaluación, apareció básicamente en la bibliografía especializada en los estudios de las políticas públicas en los ochentas como una derivación especializada en el ámbito de las ciencias sociales de la gran discusión que se suscitó en los años setentas sobre el tema de Investigación y Desarrollo y de inteligencia organizacional en ámbitos gubernamentales. En general, se ha sostenido como concepto básico de utilización del conocimiento “los esfuerzos planeados para trasladar los resultados de la investigación social en políticas o prácticas que ayuden a resolver los problemas sociales”1.
En un principio la perspectiva de “utilización del conocimiento” correspondió esencialmente a una visión positivista del conocimiento y a una concepción de las políticas públicas básicamente monopolizadas por el sector gubernamental. Pero, a partir de mediados de los ochenta, se ha enriquecido tanto la perspectiva del conocimiento como la de los actores sociales involucrados en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. En particular, dentro de la sociedad civil los grupos intermedios son cada vez
3 más activos tanto en la generación de la agenda de políticas como en su evaluación.
La disciplina de la utilización del conocimiento partió del presupuesto de que el conocimiento obtenido de las ciencias sociales era claramente distinguible de los intereses y de las ideologías de los grupos sociales. Esta noción correspondía más al resultado de un ejercicio de la capacidad intelectual por predecir o anticipar fenómenos sociales mediante manipulación selectiva2. En este contexto se presentó la clásica distinción sobre usos del conocimiento, incluyendo a las evaluaciones3: instrumental, en cuanto a que su aplicación deriva en la solución de un problema específico; conceptual, en cuanto a que su impacto es en la formación de nuevas agendas públicas o en nuevas formas de pensar los problemas; y el uso simbólico o legitimador, en cuanto a que el uso consiste en dar la impresión que algo se está haciendo de la manera correcta, aunque se esté lejos de ello. Algunos investigadores han encontrado que este es uno de los usos más comunes de los resultados de las investigaciones sociales4. En la literatura especializada además se han incorporado los modelos orientados al conocimiento, el interactivo, el instrumental-político, y el de usos estratégicos, como retrasar la acción, evitar la responsabilidad, obtener reconocimiento o apoyo y mantener el prestigio5.
En la disciplina el uso del conocimiento proveniente de las ciencias sociales usualmente se planteó dentro de un contexto organizacional más que social. Con especial énfasis en la formulación de las políticas, más que en la formación de la agenda, la ejecución o la evaluación. Con estas limitaciones se desarrolló una serie de posturas sobre la naturaleza del proceso de toma de decisiones en ámbitos organizacionales. La primera de las posturas, y que se mantuvo como paradigmática, fue el modelo de la opción racional6, que asumía la optimización en el logro de los objetivos bajo condiciones de información completa7, que es recibida antes de la decisión y que tiene un carácter causal8. Es obvio que este modelo no describe situaciones reales, por lo que se aceptó la posibilidad de que la información no fuera completa sino mínimamente satisfactoria para poder manejar la incertidumbre, éste fue el postulado del modelo de la racionalidad limitada9. Con principios semejantes se desarrollaron
4 otros modelos de toma de decisiones, como el del “bote de basura”, que asume que la información es buscada en un contexto donde no están claros las metas, los procesos, los intereses, los resultados, los actores no sostienen claras preferencias y al aprendizaje es bajo proceso de prueba y error10. Con elementos más cercanos a las organizaciones burocráticas se desarrolló el modelo incrementalista negociador, que considera que el ámbito de la decisión esta abierto a los diversos intereses de los grupos que comparten un problema, involucrándolos en un proceso continuo de negociación. Para este modelo la información juega un papel estratégico en el conflicto de intereses11.
En la organización pública por excelencia, la burocracia, el uso de la información ha sido caracterizado como altamente limitado a los actores “externos”, con un alto valor atribuido a su confidencialidad12, con tendencia a la distorsión y con frecuente actitud anti-intelectual, principalmente cuando se percibe un reto a la jerarquía o al poder13. En estos ámbitos el papel del “experto” es muy relevante, no tanto debido a su capacidad de solucionar problemas o a la calidad de la información que maneja sino a atributos que poco tiene que ver con la información. El experto es aceptado siempre y cuando sea percibido que tiene poder o que tiene la confianza de quienes ejercen el poder. La capacidad que más se valora es su habilidad para reducir la incertidumbre de quienes ejercen el poder, no necesariamente por su capacidad de solución de problemas14.
En la actualidad se asumen perspectivas que algunos han denominado postpositivistas y otros llanamente como no positivistas, que sustentan el carácter hermenéutico del conocimiento social, es decir, que transforma los esquemas de entendimiento de los fenómenos sociales, o sus aplicaciones más de carácter heurístico que instrumental, es decir, que más que solucionar problemas, el conocimiento derivado de las ciencias sociales enriquece los debates de los actores sociales para encontrar puntos de acuerdo.
En los noventas si bien no se ha agotado el concepto de “utilización del conocimiento” si ha incorporado algunos puntos importantes, enriqueciéndose o profundizando el conocimiento, especialmente en el área evaluativa, que se
5 define como conocimiento para la acción. El tema esta consolidado, aunque a la “sociología del conocimiento aplicado todavía no se le reconoce como una disciplina per se. Aunque, existe por ejemplo un sitio en la red mundial de internet dedicado especialmente a la perspectiva del uso del conocimiento15 y la revista “Knowledge”, que ha sido líder la producción académica especializada en el tema, esta a punto de entrar en su segunda década. Independientemente de las reuniones y congresos que se celebran con el tema de uso del conocimiento, como el presente.
Las últimas transformaciones de la perspectiva de la “utilización del conocimiento”
obedecen
a
los
cambios
en
tres
nociones
básicas,
especialmente cuando se refieren a procesos de evaluación. Por una parte se reconoce que el mundo de las políticas públicas es mucho más complejo que un simple ámbito de solución de problemas donde se optimiza los intereses de todos los grupos. En la perspectiva inicial la sociedad democrática entregaba al gobierno el poder social a través de las elecciones. El gobierno podía formular políticas legítimamente en cuanto había sido electo democráticamente. La sociedad pedía cuentas al gobierno básicamente en cada etapa electoral. Ahora se entiende que un gobierno electo puede actuar sin la suficiente legitimidad en cuanto que ésta depende del ejercicio cotidiano del poder no sólo de su origen. Los gobiernos están cada vez más conscientes que el poder que ejerce no significa capacidad unilateral de solución de problemas sino más bien capacidad de convocatoria para afrontarlos entre los diversos grupos interesados. Así los procesos de formulación de las políticas sociales no se concibe ya como la etapa en la que el gobierno identifican las soluciones de los problemas, en cuyo repertorio los resultados de las investigaciones científicas tendrían un papel relevante, sino más bien como una etapa donde el gobierno o grupos intermedios (con una participación muy relevante de los Organismos No Gubernamentales) o de las propias comunidades forma una agenda de preocupaciones prioritarias, a la que corresponde un repertorio de posibilidades para enfrentar el problema, que son conocidas y negociadas en procesos de amplia discusión. El gobierno no necesariamente sería un árbitro neutral o un ejecutor protagónico de las decisiones tomadas ya que puede ser uno más de los actores, y tener un papel poco importante en el proceso de decisión pública.
6 En segundo lugar existe menos optimismo acerca de que el conocimiento producido por las ciencias sociales sea distinguible de manera clara de las perspectiva ideológicas o interesadas de los grupos sociales. El conocimiento no necesita ser trasladado para convertirse en útil o práctico16 ya que no existe, desde la perspectiva hermenéutica, una separación entre conocimiento y práctica social17. Más que la objetividad se pretende que el conocimiento aporte capacidad para integrar intereses mediante acuerdos, para lo cual se necesita capacidad innovadora en la forma de percibir los problemas y sus soluciones. De esta manera se trata de conjugar los usos conceptuales con los estratégicos, en una sociedad plural, incluyente y participativa.
De esta forma se ha transformado el espacio de lo público. De ser el espacio monopólico del gobierno se ubica ahora como la arena donde confluyen los intereses comunes de diversos grupos, en donde en ocasiones el mismo aparato gubernamental no tiene espacio.
En la sociedad democrática se
promueve el involucramiento de grupos informados en la identificación, ejecución y evaluación de preocupaciones compartidas. Ahora se concibe un papel más discursivo de los resultados de las investigaciones y de las evaluaciones, dentro de las formas de conversaciones sociales iluminadas por el conocimiento, o diálogos informados como ya se le ha denominado18. Por otra parte, se está cada vez más consciente de la calidad de la discusión público identificando el valor público involucrado en la decisión19.
En Iberoamérica, la perspectiva tuvo alguna presencia en los años setentas en la discusión académica por la llegada tardía de la perspectiva de estudios de política que ha tenido nuestra área cultural. Entre nosotros la discusión se ha centrado básicamente en el concepto de “impacto” de las ciencias sociales20, haciendo más énfasis en los posibles usos instrumentales que en los de carácter conceptual. Las evaluaciones eran vistas también con este carácter instrumental, desde donde se define con neutralidad el nivel de mérito, o la carencia de él, de las intervenciones sociales. Sin embargo, también existen relaciones de uso del conocimiento evaluativo aplicando en la región los esquemas de la literatura especializada21.
7
II.
CONDICIONES QUE INHIBEN O PROMUEVEN LA UTILIZACIÓN.
Al menos existen tres esquemas generales que dan cuenta teórica de las condiciones de la utilización del conocimiento de las ciencias sociales, específicamente del derivado de estudios evaluativos, ya sea del sistema, de políticas, de programas, de intervenciones o de instituciones.
a) Esquema del Uso Social. Este esquema se expresa con dos líneas, que si bien no son excluyentes, enfatizan diversas condiciones de la estructura social para fomentar el uso de la información. - Por una parte, una visión funcionalista se sostiene por un planteamiento de UNESCO22, dentro de la tradición de lnvestigación y Desarrollo23. El planteamiento consiste en enfatizar las características de la investigación, como proceso y como producto, de las que depende el nivel y profundización de su uso. Se distingue entre investigación académica, que esta orientada a enriquecer a las disciplinas, y la investigación orientada a la solución de los problemas, orientada a la toma de decisiones. Es obvio que esta perspectiva es optimista
acerca
de
las
posibilidades
de
uso
instrumental
de
las
investigaciones, siempre y cuando la investigación sea pertinente a los procesos de toma de decisiones. Una de las condiciones importantes bajo este esquema es la formación de la agenda de investigación, que implicaría la constitución de grupos especiales para afrontar problemas mediante procesos de investigación. En la formación de una agenda pertinente juega un papel fundamental el sector educativo oficial, del cual depende la conformación de apoyos para desarrollar líneas de investigación pertinentes para la formulación, ejecución y evaluación de políticas. -
Por otra parte, y con más referencia para la investigación evaluativa, una perspectiva del uso partisano como condición de uso social se formula más desde una visión de conflicto de intereses como promotor del uso24. Esta perspectiva enfatiza los conflictos de intereses de los grupos sociales, por lo que cuestiona la posibilidad de que la negociación y compartir de manera activa información estratégica tengan como resultado acuerdos sociales. El punto central de esta postura deriva del nivel de incertidumbre de los diversos actores ante un problema. No se participa con la misma intensidad
8 de incertidumbre
básicamente debido a que se cuenta con diferentes
niveles de poder e influencia política. Así se sostiene que la cantidad y calidad de la información que un grupo pone en el debate de las políticas dependerá de los premios potenciales en poder e influencia y en situación normal cada grupo social mira por sus propios intereses antes que el beneficio de la sociedad en su conjunto, por lo que seleccionará información que potencializa su posición en la correlación de fuerzas sociales. Por otra parte, en una situación de incertidumbre extrema se tiende a aumentar el poder antes que los recursos de información.
b) Hipótesis de las comunidades. Este esquema teórico es tradicional en la literatura especializada en la utilización del conocimiento25, se le aplica específicamente para entender desusos o mala utilización del conocimiento. Sostiene que existe una relación difícil entere los proveedores y
los
consumidores de información ya que sus culturas son, en mucho, incompatibles. Así se sostiene que investigadores y evaluadores sostienen valores, lenguaje, actitudes muy diferentes a los de los funcionarios o de los actores involucrados en las políticas públicas. Mientras los primeros están interesados en la ciencia pura y en problemas esotéricos en cuanto que pertinentes sólo a la comunidad de investigadores, los funcionarios están orientados a afrontar intereses personales y de grupos, con presión para resolver lo antes posible problemas que no son muy claros en su dimensión y naturaleza dentro de un aparato ideológico específico, que no acepta cualquier solución, por muy científicamente apoyada que esté. Los recelos mutuos
entre
investigadores
y
funcionarios
se
acentúa
por
las
características tan distintivas de los ámbitos institucionales desde donde se desarrolla su función: las universidades y las oficinas gubernamentales. Esta diferencia y tensión existe aún cuando se desarrolla investigación dentro del aparato burocrático. En el caso de la evaluación, los evaluadores son considerados como jueces o fiscales, ante quienes es necesario cuidarse o protegerse.
Tener una visión compatible con el evaluador
correspondería a convivir con el verdugo.
9 La cultura de la investigación pertinente para la política pública plantea, por lo tanto, como precondición que los investigadores además de su competencia metodológica manifieste interés por impacto político de sus proceso y productos, por un lado, y los funcionarios además de sus destrezas políticas entiendan, y en lo posible expresen, intereses científicos26.
c) Esquema de la argumentación social. Este esquema asume que los procesos y los resultados de investigación no tienen impacto instrumental ni conceptual debido a sus atributos únicamente o a los de su entorno sino que existen flujos de inteligencia social, en donde puede darse, o no, la correspondencia entre la conciencia del problema y la existencia de un repertorio de acciones pertinentes para afrontarlo mediante deliberaciones más o menos públicas27. Los resultados de investigaciones se instalan en la deliberación de los grupos más que como alternativas, preferencias o como criterios como argumentos que tratan de persuadir audiencias. Se parte del principio de que en un régimen democrático todo es debatible y la metodología científica aporta básicamente un criterio persuasivo, al menos para los grupos más educados. Así el papel de la investigación no será dar soluciones sino identificar problemas, poner a prueba presupuestos, estimular el debate y principalmente educar a los ciudadanos a distinguir entre argumentos correctos o incorrectos28. La deliberación pública está normada e institucionalizada en las democracias con el fin de que no se convierta en disputas indefinidas. En esta perspectiva es crítica la atracción de la atención pública en temas que la evaluación muestra en su etapa crítica. Una vez que se define la existencia del problema se debe generar un repertorio de opciones de solución, en caso de poca información o de importantes ausencias en ella se debe generar investigación. Aunque es más viable que el conocimiento nos informe más que es lo que no se puede hacer que lo que sí se debe hacer. Así el evaluador lo que necesita hacer es mejorar la calidad del debate público ayudando a los funcionarios y a los diversos actores sociales a desestimar las limitaciones, que enfatizan los grupos conservadores, o a aumentar las precauciones acerca de las posibilidades, que los grupos liberales tratan de pasar por alto. Por lo que la evaluación debe comprender la legitimidad social y política de las diversas perspectivas, entendiendo los presupuestos de cada postura. Es inválido
10 esperar que las evaluaciones aporten conclusiones definitivas. En una sociedad abierta y pluralista el papel de la evaluación esta más cercano de lo creíble que de la verdad absoluta, en este sentido las evaluaciones son actos de persuasión29 A diferencia de la investigación per se, la evaluación produce un conocimiento más personalizado, más lleno de los intereses de los actores y más orientado a la acción transformadora, a la acción.
III. FACTORES QUE PROMUEVEN O INHIBEN LA UTILIZACIÓN. Se considerarán en esta reseña conceptual factores de las organizaciones que sirven de ámbitos institucionales para las investigaciones, factores relativos a los procesos de producción de las evaluaciones, factores asociados a las evaluaciones como productos y, finalmente, aspectos relativos a aspectos metodológicos de los estudios.
Factores organizacionales. El principio general del uso de cualquier tipo de información, al nivel organizacional, es que la cultura propia, los intereses y los mecanismos de control de la propia organización supeditan a cualquier tipo de información, por muy significativa o válida que sea ésta30. Un conjunto de hipótesis de uso de información en las organizaciones, especialmente relevantes para los evaluadores son las siguientes31: a) mientras sea percibido un problema como poco importante es muy probable que no se perciba la necesidad de apoyar alguna acción con información; b) mientras un problema tenga baja complejidad técnica es más probable que se perciba como importante una evaluación sumativa orientada a resultados; c) mientras sea mayor la complejidad técnica se preferirá la evaluación formativa orientada a procesos; d) mientras sea mayor la complejidad política más profundo será el debate o la negociación sobre las metodologías de evaluación pertinentes; e) bajo condiciones de complejidad técnica la evaluación formativa puede promover el aprendizaje organizacional; f) bajo condiciones de complejidad política la información se orientará a la satisfacción de poderosos grupos que asumen posiciones críticas, faciltando un punto de apoyo que sea políticamente negociable; g) los políticos tienden a tener en mayor aprecio la información
11 sobre las demandas de los grupos sociales que la información sobre sus necesidades. Si la evaluación ha sido desarrollada dentro del aparato o ha sido específicamente contratada es mucho más viable que se le utilice, siempre y cuando su proceso sea visto como metodológicamente legítimo por la preparación científica de los funcionarios y el resultado como manejable dentro del aparato ideológico del grupo en el poder. Por otra parte la investigación crítica o aquella que reta paradigmas por innovadora tiene pocas posibilidades de ser tomada en consideración por los ámbitos gubernamentales, pero puede inspirar posiciones de grupos políticos de oposición o de aquellos interesados en la formación de nuevas agendas públicas. Cuando existen intereses en conflicto dentro de las organizaciones, una característica común en las burocracias, la información en general, y con mayor razón, las derivadas de evaluaciones, se aceptan sólo si protege las creencias y justifican las decisiones ya tomadas32. Diversos estudios33 acerca de las burocracias educativas de Latinoamérica dan cuenta que el uso de la información y, muy particularmente de la evaluación, depende de la fuerza política de los equipos tecnócratas.
Factores del proceso de producción de las evaluaciones. Las relaciones entre las instancias de producción de conocimiento y las que afrontan problemas sociales son determinantes. Si entre las universidades y el gobierno o los grupos políticos existe incompatibilidades importantes es poco posible que se usen los resultados de las investigaciones llevadas en esos centros,
a
pesar
de
que
puedan
ser
temáticamente
pertinentes
y
metodológicamente sólidas. Por otra parte, si el proceso de formulación, ejecución y evaluación de políticas se encuentra muy fragmentado, participan múltiples actores con intereses contradictorios y el tiempo es breve para encontrar soluciones y la solución parece intuitiva o que cae fuera del aparato ideológico aceptable es muy poco posible que se acepten los resultados de una investigación, aunque haya sido realizada internamente o bajo contrato.
Factores de los productos de evaluación. Los reportes de las evaluaciones son sus productos más obvios, aunque igual importancia pueden tener las presentaciones de resultados y los memoranda
12 que se producen en el proceso de las mismas. Las indagaciones empíricas muestran que ciertos atributos de estos productos son capaces de potencializar el uso de los resultados, tales como la claridad conceptual, la brevedad, tener un diseño atractivo, estar configurado de manera especial para la audiencia y no usar lenguaje de especialistas. Por otra parte, los resultados de las indagaciones no son claros sobre la importancia de la pertinencia, es decir del momento en que el producto se inserta en el proceso de toma de decisiones34. Sin embargo, en general si la información se usa relativamente pronto (antes de ocho meses) crece la posibilidad del uso instrumental. Finalmente, la comunicación oral tiende a tener mayor impacto que la escrita35.
Factores metodológicos. Es poco lo que se ha producido de análisis acerca de cómo hacer más útil la investigación considerando aspectos metodológicos36. Desde la evaluación, que es definida en ocasiones como la investigación útil por excelencia, sin embargo es posible encontrar análisis detenidos sobre el tema 37. Los resultados resaltan la relevancia de la preparación de los usuarios en cuestiones metodológicas, con el fin de que los evaluadores puedan sostener tanto una interrelación inteligente como para que los evaluadores mismos no intenten descuidar aspectos básicos de carácter metodológico. Para ello es deseable que los evaluadores involucren, en lo posible, a sus “clientes” en el diseño de las evaluaciones. Existen indicios de que las evaluaciones formativas, o de proceso, son tan útiles como las de producto, o de resultado. Tampoco existen indicios de que los estudios cuantitativos sean preferidos a los cualitativos, sin embargo los estudios cuantitativos sí requieren de mayor capacitación de los clientes en aspectos estadísticos. El aspecto metodológico crítico es la definición del problema. En este aspecto el involucramiento de los clientes en ocasiones puede disminuir el poder del diseño ya que los actores suelen tener diversas percepciones acerca de cuál es el problema fundamental.
CONCLUSIÓN. Lo que se ha dado en denominar como “cultura de la evaluación” podría consistir en que las condiciones y factores que promueven el uso de las
13 evaluaciones se integren. De ser así, tanto los evaluadores como sus clientes y grupos de referencia, las organizaciones donde se realiza, los procesos metodológicos y los productos de las evaluaciones serán importantes para tomarlos en consideración. Sin embargo, siempre hay que tener presente que existen múltiples factores que inhiben el uso de la evaluación, por lo que no es posible derivar recetas o simples listados de aspectos a confirmar. Finalmente, la cultura de la evaluación tiene como sustento básico el principio que no se aportan soluciones definitivas sino argumentos a tomar en cuanta en los procesos de discusión y negociación de las políticas públicas en educación. Informar más a los que dialogan, iluminar en lo posible los pasajes más oscuros de los debates y aportar aspectos claves para las negociaciones parece ser el camino promisorio para que nuestras evaluaciones sean utilizadas y sean vistas como históricamente pertinentes y políticamente relevantes.
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REFERENCIAS 1
Así lo define en su página la Sociedad de la Utilización del Conocimiento. Estas características son comunes a las ciencias orientadas a las políticas públicas, según Harold D. Lasswell, The Policy Orientation, en D. Lerner y H.D. Lasswell (eds.) The Policy sciencies: recent developments in scope and method, Stanford, Ca., Stanford University Press, 1951. 3 Un gran número de “sociologos del conocimiento aplicado” comparten esta perspectiva, entre los más sobresalientes están; Carol H. Weiss, Using Social Research in Public Policy Making, Lexington, Ma., Lexington Books, 1977; Nathan Caplan, “A Minimal Set of Conditions Necessary for the Utilization of Social Science Knowledge in Policy Formulation at the National Level”, en Carol. H. Weiss (ed.), Using Social Research in public Policy Making, Lexington, Ma., Lexington, Books, 1977; Mary M. Kennedy, “Working Knowledge”, Knowledge, 1983, 5, N.2, pp.1145-1179; y John M. Love, “Knowledge Transfer and Utilization in Education”, en Edmin W. Gorden (ed.), Review of Research in Education, Vol. 12, Washington, D.C., American Educational Research Association, 1985. 4 Janice M. Beyer and Harrison M. Trice, “The Utilization Process: a conceptual framework and synthesis of empirical findings”, Administrative Science Quarterly, 1982, 27, PP. 591.622. 5 Carol H. Weiss, , Using Social Research in Public Policy Making, Lexington, Ma., Lexington Books, 1977. 6 Geoffrey Newman, “An Institutional Perspective on Information”, International Social Sciences Journal, 23, N. 7,1976, pp. 468-491. 7 Anthony Downs, Inside Bureaucracy, Boston, Little Brown, Company, 1967, 8 Jeffrey Pfeffer, Power in Organizations, Cambridge, Ma. Ballinger Publishing, Co., 1981. 9 Herbert A. Simon, Models of Bounded Rationality: behavioral economica and business organization, Cambridge, Ma., MIT Press, 1982. 10 James G. March and Johan P.Olsen, Ambiguity and Choice in Organizations, Bergen, Universitetsforlaget, 1982. 11 Charles E. Lindblom, The Intelligence of Democracy: decision making through mutual adjustment, New York, Free Press, 1965; John Forester, “Bounded Rationality and the Politics of Muddling Through”, Public Administrative Review, 1984, 44, No.1, pp. 23-33. 12 Max Weber, Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1964. 13 Harold L. Wilensky, Organizational Intelligence: knowledge and Policy in Government and Industry, New York, Basic Books, Ic., 1967; Allan W. Lerner, The Politics of Decision-Making, Beverly-Hills, Calif., Sage Publications, 1976. 14 Guy Benveniste, The Politics of Expertise, San Francisco, Boyd and Fraser Publishing Co., 1977. 15 El sitio corresponde a The Knowledge Utilization Society, cuya dirección electrónica es HTTP://www.kus.org. 16 Una amplia discusión sobre la dificultad de traducir el conocimiento científico en los ámbitos de la acción con el fin de ser pertinente se encuentra en: Chris Argyris, Robert Putnam y Smith McLain, Action Science: concepts, methods, and skills for research and intervention, San Francisco, Ca., Jossey-Bass Publishers, 1985. 17 No es este el lugar para una larga discusión de corrientes epistemológicas pero algunas lecturas recomendables sobre la perspectiva hermenéutica de las ciencias sociales son: David Held, Introduction to critical theory, Bekeley, University of California Press; Richard J. Bernstein, La Reestructuración de la Teoría Social y Política, México, Fondo de Cultura Económica, 1982; José Porfirio Miranda, Apelo a la Razón, México, Premia Editora, 1983. 18 Fernando Reimers y Noel F. McGinn, Informed Dialogue: using research to shape educational policy around the world, Wesport, Co, Praeger, 1997. 19 Mark H. Moore, Recreating Public Value: strategic management in government, Harvard University Press, Cambridge, Ma., 1995. 20 Jean-Pierre Vielle, The Impact of Research on Educational Change, IDRC, Ottawa, 1981; Ernesto Schieffelbein y Patricio Cariola, Investigación y Políticas Educativas en América Latina, CIDE, Documento de Discusión 24, 1988; Juan Eduardo García Huidobro, Reflexiones sobre las Relaciones Posibles entre la Investigación Educacional y las Políticas Educativas, CIDE, Documento de Discusión 14, Bogotá, 1988. 2
15
21
Guillermo Briones, Generación, Diseminación y Utilización del Conocimiento en Educación, 2 volúmenes, FLACSO, Santiago, 1990; José Joaquín Brunner, La Investigación Social Positiva y la Utilización del Conocimiento, FLACSO, Santiago, 1990. 22 UNESCO, Societal Utilization of Scientific and Technological Research, Science policy studies and documents, N. 47, Paris, 1981. 23 Entre las expresiones más claras del tema de Investigación y Desarrollo en educación se encuentra O.W. Markeley, A Methodology for Describing the Infraestructure of Educational R&D, Stanford Research Institute, Menlo Park, Ca., 1975, Ronald G. Havelock, Planning for Innovation Through Dissemination and Utilization of Knowledge, The University of Michigan, Ann Arbor Michigan, 1976 y Edward M. Glaser, Harold H. Abelson y Kathalee N. Garrison, Putting Knowledge to Use: Facilitating the Diffusion of Knowledge and the Implementation of Planned Change, Jossey-Bass Publishers, San Francisco,1983. 24 Stephen S. Skjei, Information for Collectivbe Action, Lexington, Ma, Lexington, Books, 1973. 25 Robert F. Rich, Social Science Information and Public Policy Making, San Francisco, Jossey Bass Publishers, 1981; Nathan Caplan, “The Use of Social Science Knowledge in Policy Decisiones at the National Level”, en S. Berger et al., The Utilisation of the Social Sciences in Policy Making in the United States, Paris: OECD, 1980. 26 S. Berger et al., The Utilisation of the Social Sciences in Policy Making in the United States, Paris: OECD, 1980. 27 Robert B. Rich, The Power of Public Ideas, Harvard University Press, Ca,bridge, Ma., 1988. 28 Giandomenico Majone, Policy Analysis and Public Deliberation, en Robert B. Rich, The Power of Public Ideas, Harvard University Press, Ca,bridge, Ma., 1988. 29 Ernest R. House, Evaluación, Ética y Poder, Ediciones Morata. Madrid, 1997. 30 Robert F. Rich, Social Science Information and Public Policy Making, San Francisco, JosseyBass Publishers, 1981. 31 André L. Delbecq y Sandra L. Gill, “Political Decision Making and Program Development”, en Robert F. Rich (ed.), Translating Evaluation into Policy, Beverly Hills, Ca., Sage Publications, 1979. 32 Irving L. Janis y Leon Mann, Decision Making: a psychological analysis of conlfict choice and commitment, New York, The Free Press, 1977. 33
Guy Benveniste, Bureaucracy and National Planning, New York, Praeger Publishers, 1970; Noel F. McGinn, Ernesto Schieffelbein, y D.P. Warwick, “Educational Planning as Political Process: two case studies from Latin America”, Comparative Education Review, 1979, 23, N.2,pp. 218-239; Noel F. McGinn, Susan Street y Guillermo Orozco, La Asignación de Recursos Económicos en la Educación Pública en México: un proceso Técnico en un Contexto Político, México, Fundación Javier Barros Sierra, 1983. 34 Judith K. Larsen, “Effect of Time on Information Utilization”, Knowledge, 1985, 7, N.2, pp. 143-159. 35 Nathan Caplan,, “The Use of Social Science Knowledge in Policy Decisions at the National Level, en S. Berger et al., The Utilisation of Social Sciences in Policy Making in the United States, Paris, OECD, 1980. 36 Dentro de lo poco que se ha producido se encuentra un excelente análisis para la investigación organizacional en Edward E. Lawler et al., Doing Research That is Useful for Theory and Practice, Jossey-Bass Publishers, San Francisco,1990. 37 Una de las revisiones metodológicas más exhaustivas corresponde a Michael Quinn Patton, Utilization Focused Evaluation, Sage Publications, Beverly Hills, 1986.