Aprismo: democracia y revolución sin balas by Hernan Hurtado

Aprismo: Democracia y Revoluci贸n sin balas

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Aprismo: Democracia y Revolución sin balas “La democracia para los demócratas, para quienes creen en ella y la defienden” Notas para la contribución de la posición aprista frente a las minorías antidemocráticas y terroristas

Compilador y editor: Hernán Hurtado

2a edición 2015 3

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Impreso por Qoyllurwasi

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Dedicatoria A los m谩rtires de la democracia, que con sangre han tatuado el ejemplo inmortal e inmarcesible de la militancia pura y sincera. A todos los apristas, cruzados del pan con libertad, de ayer hoy y siempre.

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Introducción A modo de contribuir con la posición aprista frente a los rebrotes y residuos del terrorismo, enemigos fundamentales de la democracia y la verdadera justicia social, creemos pertinente entregar a la militancia y a la ciudadanía los textos que hemos desarrollado en el colectivo Ojo Izquierdo en respuesta a las organizaciones pro-terroristas, desenmascarando la maniobra legalista y haciendo la disección doctrinaria de los terroristas que fungen de revolucionarios. En un discurso al Comando Universitario Aprista en 1965, Haya de la Torre precisa su crítica a los desesperados y aventureros que tristemente adoptaron la “lucha armada” que sólo fue la desesperanza de quienes en democracia no supieron obtener adhesión y respaldo popular. En tal sentido resume “sin conciencia histórica, no hay conciencia política” y es por donde debemos empezar a desenmascarar a los enemigos históricos de la democracia, que por capricho solo se sacuden y envalentan frente a gobiernos de jure y se esconden o se entregan ante las dictaduras. El Apra desde su origen ha sido categórico contendor de las dictaduras y de igual forma denunció y combatió políticamente los brotes terroristas.

Hernán I. Hurtado Castro Editor

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Carta de reafirmación de principios apristas 1 "La virtud fundamental de todo aprista es la de saber persistir. Los obstáculos, los fracasos, los lagos períodos de espera, deben ser siempre mirados con optimismo. El Aprismo es una “escuela de educación de la voluntad y un gran corrector para los versátiles.” 2

Entregamos este documento a la militancia aprista, simpatizantes y al pueblo peruano con el ánimo que nos caracteriza para fortalecer la adhesión basada en principios y no en personas. Ante la convocatoria de un Congreso Nacional creemos importante rescatar este texto de nueve principios para la discusión: 1. El aprismo es una doctrina completa, autónoma y emancipadora, opuesta a todo dogmatismo y con un método de acción realista. Su fundamento es la obra doctrinal de Víctor Raúl Haya de la Torre, tal como fue expuesta a lo largo de toda su vida: una obra intelectual clara, integral y sistemática, basada en una aplicación creadora del pensamiento dialéctico y del relativismo científico, que no acepta amputaciones ni alteraciones, que no es prólogo ni antesala a otros sistemas sociales ajenos a su pensamiento y cuyos lineamientos nos dan las matrices de análisis para encarar los desafíos del nuevo milenio. 2. Siguiendo las enseñanzas de Víctor Raúl Haya de la Torre, el aprismo no es un partido de clase sino un partido de frente único de trabajadores manuales e intelectuales, basado en la alianza fraterna de clases productoras y clases medias, sin jerarquización ni discriminación alguna

Publicada por el Comando Universitario Aprista de la Universidad Nacional Federico Villarreal de 2011. 2

“Máximas de Conducta Aprista” en “Cartas de Haya de la Torre a los prisioneros

apristas”. 1946. Recopiladas y anotadas por Carlos Manuel Cox. Editorial Nuevo Día. Lima.

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por razones económicas, culturales, de género o étnicas, en lucha permanente por la justicia social y la libertad, por la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos y por el derecho de los pueblos del mundo a un futuro libre de opresión, sin pobreza ni depredación de los recursos naturales, donde no exista la explotación del hombre por el hombre ni la explotación del hombre por el Estado. Como apristas, reafirmamos nuestro compromiso de mantener los cinco puntos del programa máximo fundacional del APRA como referente histórico-metodológico y testimonio de la grandeza de la historia de nuestro movimiento. 3. El aprismo es un partido antiimperialista, antagónico a toda forma de imperialismo o social-imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, opresión racial o dominación extranjera directa o indirecta. Está a favor de la expansión del mercado mundial de capitales y la internacionalización de la tecnología pero normando las condiciones en que deben darse tales inversiones en los países de insuficiente desarrollo económico, como es el caso de nuestro continente. “No estamos en contra del capital que se sujeta a nuestras leyes y procura el impulso de nuestra riqueza. Estamos en contra del capital que explota nuestras riquezas y se burla de nuestras leyes” (Discurso de Haya de la Torre ante el I Congreso del PAP, 20 de agosto de 1931). Defendiendo el concepto y el método del antiimperialismo constructivo, el aprismo rechaza la intervención de toda forma de poder económico, político o militar que vulnere la voluntad soberana de las naciones y se solidariza con todos los pueblos oprimidos y revolucionarios del mundo que anhelan lograr, de acuerdo con su propia realidad, el gran anhelo de la autodeterminación y el pan con libertad. 4. El aprismo es un partido democrático de izquierda, defensor intransigente del derecho inalienable del pueblo a tener la forma de gobierno que libremente decida y combatiente irrenunciable por el derecho popular a la insurgencia contra los dictadores y los usurpadores de la soberanía nacional, de acuerdo con el Artículo 82 de la Constitución de 1979, la Constitución de Haya de la Torre: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. Son nulos los actos de toda autoridad usurpada”. La defensa de la soberanía del pueblo empalma

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al aprismo en forma doctrinal e histórica con los grandes principios libertarios y emancipadores de los fundadores de la república. 5. El aprismo, por ser un partido democrático de izquierda, no sólo se opone a toda forma de dictadura; también rechaza toda variante de autoritarismo revestida de formas electorales. Es, además, partidario del consenso y los acuerdos de amplio respaldo nacional como el método primordial para hacer efectivas las reformas sociales. Por ser un partido revolucionario, el aprismo se opone al concepto formal, numérico y conservador de la democracia con el que ocultan sus intereses los grupos de poder neo-oligárquicos. “El aprismo no es comunismo, no es fascismo, ni es socialismo, ni acepta el concepto democrático sólo cuantitativamente, como en las grandes democracias imperialistas” (Haya de la Torre: “La verdad del aprismo”, 1940). Aboga por una democracia en permanente renovación y ampliación de los derechos sociales, extendiendo la participación y el acceso a una mejor calidad de vida de los más necesitados. Fomenta la democracia funcional y la consulta directa de los productores directos para la toma de aquellas decisiones económicas que afectan sus intereses. Defiende las libertades económicas pero dentro del marco de la planificación democrática, favoreciendo la pequeña empresa, las cooperativas y las modalidades asociativas gestadas por los trabajadores. Rechaza ser un “partido de centro” o de “centro izquierda”, cuya única finalidad es medrar parasitariamente del conciliábulo con los poderosos. El aprismo anhela, como señala el Preámbulo de la Constitución de 1979, crear una “sociedad libre, justa y culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o condición social, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía; una sociedad abierta a formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo”. 6. Por ser un partido democrático de izquierda, el aprismo fomenta una forma superior de ciudadanía, dando desde sus filas partidarias un ejemplo de moralidad y responsabilidad incuestionables. Como consecuencia, propugna una administración estatal eficiente, éticamente irreprochable y de alto nivel técnico. Por esta razón rechaza con encono toda forma de corrupción y clientelismo político. Para este fin, como

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enseñara Haya de la Torre, “hay que excluir la politiquería de la administración y, siguiendo este propósito, acabar con los puestos de favor; […] abolir las tarjetas de recomendación, terminar con la mendicidad en las puertas de los ministerios y con los puestos como paga de servicios electorales” (DiscursoPrograma de Haya de la Torre, 23 de agosto de 1931). El aprismo es incompatible con el transfuguismo político, el tráfico de influencias y la solicitud de dinero a los poderosos y a los enemigos del partido a cambio de la deshonra de los principios. Todo acto de este tipo, pasado o reciente, deber ser investigado exhaustivamente y los responsables sancionados de acuerdo con los estatutos. Los apristas son celosos seguidores de la moral y de la mística aprista como legado de Víctor Raúl Haya de la Torre. 7. Concebimos el Partido del Pueblo como un partido-organizador y un partido-escuela, que eleva el nivel político del pueblo con miras a la comprensión cabal de sus derechos y oportunidades, que ejerce un liderazgo social para la defensa de esos mismos derechos y que promueve las capacidades de sus militantes organizados en forma tanto territorial como funcional. Demandamos que el PAP recupere su condición de partido líder del movimiento sindical, reivindicando el sindicalismo libre y formando nuevos cuadros organizadores. Defendemos asimismo la autonomía funcional de la organización juvenil y la estructuración de la actividad partidaria en base a los “tres campos de labor de todo militante aprista” definidos por Haya de la Torre en su célebre directiva de 1934 (“El Partido como taller y como escuela”), en primer lugar como trabajador manual e intelectual activando en un frente social, en segundo lugar trabajando dentro de los organismos políticos del partido y en tercer lugar dentro de los organismos educativos y culturales. Entendemos al Partido Aprista como el instrumento de la lucha por una sociedad más justa, independiente del poder del Estado y ejerciendo siempre un rol crítico y fiscalizador, incluso de un eventual gobierno aprista. Defendemos por eso los fundamentos del Estatuto partidario sancionado por el Congreso Estatutario de 1992, que prohibió a los dirigentes y cuadros de alto nivel ser al mismo tiempo funcionarios de gobierno o parlamentarios, que defendió la democracia interna en base al principio “un militante, un voto” y que no aceptó ninguna figura

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dirigente por encima del CEN y el secretario general nombrados por el Congreso. 8. El aprismo propugna el vínculo fraternal entre los partidos populares de izquierda democrática de nuestro continente y defiende como un objetivo fundamental de su política el mandato resumido por Haya de la Torre en el Artículo 100 de la Constitución de 1979: “El Perú promueve la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones”. Dentro de esta perspectiva, somos partidarios de articular los esfuerzos pro integración defendiendo los lineamientos del antiimperialismo constructivo, la planificación democrática, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el interamericanismo democrático sin imperio para la mutua defensa contra cualquier amenaza externa. Y reivindicamos la fórmula conceptual legada por Haya de la Torre que denomina Indoamérica a nuestro pueblocontinente. 9. El aprismo reafirma su autonomía conceptual frente a la socialdemocracia internacional, estableciendo vínculos coordinativos en torno a objetivos comunes por la paz y la justicia social sin que impliquen supeditación alguna a sus jerarquías orgánicas. El aprismo propone a los partidos de la social democracia, junto a los partidos hermanos de nuestro continente, sumar esfuerzos en pro de una globalización con equidad y respeto a los derechos de los pueblos y para la denuncia y derrota de las expresiones políticas neoimperialistas y neo fascistas, tanto de corte capitalista como provenientes del comunismo supérstite (PC Chino, PC Cubano, PT Norcoreano, etc) que amenazan la democracia y la paz mundial. Fraternalmente Con fe, unión, disciplina y acción c. Hernán Hurtado Castro Sec. Gral. CUA UNFV c. Billy Morales Contreras Sec. de Org. CUA UNFV c. José Herrera Mendoza

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Sub Sec. Gral CUA UNFV c. Rosa De La Cruz Cataño Sec. de Disciplina c. Iván Sánchez c. Julio César Hinostroza c. Jhon Oscátegui c. Paul Miller Quispe c. Jessica Hurtado c. Carlos Aguirre c. Joshadi Zelada c. Jesús Dávila c. Pedro Rosas c. Miguel Ramirez c. Alex Cacha c. Moises Salinas c. Alfredo Cornejo c. Martin Acuy

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El “Movadef”, o sea, Sendero Luminoso, pide derechos electorales Santorino Izquierdo3 El Jurado Nacional de Elecciones está debatiendo si debe ser aceptada la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Esta agrupación pide amnistía general para los “prisioneros políticos” de la “guerra interna” de 1980-1992, pretende postular a cargos políticos en las próximas elecciones, y proclama tener como ideario el “marxismo-leninismomaoismo-pensamiento gonzalo”. En otras palabras, es una agrupación vinculada al PCP-Sendero Luminoso que quiere actuar como “brazo político” del terrorismo. Con justa razón, una gran mayoría de ciudadanos considera inaceptable que se de legalidad a esta agrupación, cuyo principal vocero es Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán (a) “Presidente Gonzalo”, jefe supremo del PCP-“Sendero Luminoso”, quien purga cadena perpetua por ser autor intelectual de decenas de miles de muertes por actos terroristas y daños al patrimonio estatal y privado del orden de los 4 mil millones de soles. Desde un punto de vista ético sería una barbaridad que el terrorismo tenga plenos derechos políticos. Sin embargo, para no equivocarnos, hay que encarar el problema con objetividad y realismo. CUIDADO: LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS ES POCO ESTRICTA

Santorino Izquierdo es el seudónimo con que se emitían publicaciones conjuntas de Hugo Vallenas, Luis Zaldívar, Billy Morales, Hernán Hurtado y Medalie Reyes

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El primer problema que tenemos es la debilidad de la ley de partidos políticos vigente. La Ley 28094 (dada por el gobierno de Toledo el 31 de octubre de 2003), establece en el Artículo 2-“Fines y objetivos de los partidos políticos”, que la finalidad de las agrupaciones políticas es “según corresponda” asegurar “la vigencia y defensa del sistema democrático”, así como “contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos” y “formular idearios, planes y programas” que “reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional”, además de “representar la voluntad de los ciudadanos” y “contribuir a la educación y participación política de la población”, etc. Esa frase “según corresponda” flexibiliza todo el enunciado. No es que los partidos deban cumplir todos y cada uno de los nueve fines y objetivos que allí se dicen. Cada quien “según corresponda” tendrá o no algunos de ellos. El artículo está mal formulado y permite a cualquier tipo de grupo acomodarse a la norma. El Artículo 5- “Requisitos para la inscripción de partidos políticos” indica solamente exigencias formales, como el Acta de Fundación, la relación de adherentes, el Estatuto del partido, la designación como personeros, etc. No hay atingencia alguna ante casos en que el ideario o la trayectoria de los integrantes sean contrarios a la democracia. Ni siquiera previene contra individuos con antecedentes penales. El Artículo 6-“Acta de fundación” exige solamente Ideario, denominaciones y símbolos que no estén “reñidos con la moral y las buenas costumbres” y que no “induzcan a confusión con los presentados anteriormente”. Tampoco hay una restricción por motivos ideológicos o políticos o hechos delictivos contrarios a la democracia. El Artículo 14-“Declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática”, pone en manos de “la Corte Suprema de Justicia, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo” la

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responsabilidad de “declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos”, incluyendo “complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de fines políticos practiquen el terrorismo”. Pero esta no es una restricción a la inscripción sino una norma contra una situación de hecho cuando la organización política ya ha sido inscrita. En otras palabras no hay una cláusula antiterrorista en la Ley 28094 que prevenga contra la infiltración de grupos antidemocráticos en nuestro sistema electoral. Eso explica las dudas en el JNE y la prisa del actual ministro de Justicia, Juan Jiménez, para dar un dispositivo modificatorio de los Artículos 5 y 14 de dicha ley. Hace falta urgentemente modificar la ley de partidos políticos, no sólo contra el terrorismo sino también contra el delito organizado, que es su aliado. LAS FALACIAS DEL MOVADEF Los voceros del Movadef y sus publicaciones, repiten una serie de argumentos trillados, aprendidos de memoria, que son simplemente falacias. Todos los hemos escuchado y son fáciles de consultar en el blog oficial del grupo. Veamos algunas de estas falacias: “Entre 1980 y 1992 no hubo terrorismo sino una guerra interna por causas económicas y políticas”.- No es cierto. Hubo un acto de insurgencia terrorista contra el sistema democrático perpetrado por dos grupos sectarios sin arraigo popular, el PCP-SL y el MRTA. Esa actividad terrorista todavía no ha terminado. El PCP-SL, coludido con el narcotráfico, sigue atacando en la zona del VRAE. “Al PCP-SL se le discrimina y persigue por sus ideas”.- No es cierto. Es una organización criminal y destructora de la propiedad, al igual que el MRTA. Autora no sólo de atentados contra la vida sino de

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robos, secuestros, confiscaciones y cobros de cupos bajo amenaza de muerte contra civiles inocentes. Y lo sigue haciendo en el VRAE. “Somos como el Partido Aprista en los años 30”.- Grave ignorancia. El aprismo se alzó en armas en 1932 denunciando un fraude electoral y reclamando nuevas elecciones contra un régimen bárbaramente represivo. El PCP-SL y el MRTA se alzaron en armas contra la Constitución de 1979 (la de Haya de la Torre) y contra el gobierno libremente elegido en 1980 en el marco de esa Constitución. “Los problemas del Perú se complejizan por los problemas no resueltos de la guerra interna […] La amnistía general para los presos políticos y perseguidos sociales es la forma de resolver nuestro problema interno”.- Argumento absurdo. Los problemas del país no se hacen más difíciles porque los “terrucos” están en la cárcel ni se solucionan dejándolos libres. Gracias a la derrota del terrorismo el país ha podido crecer y el sistema democrático ha podido estabilizarse. Liberar a Abimael Guzmán y sus secuaces y además soltar, como pide el Movadef, a Fujimori, a Montesinos, al Grupo Colina y a todo militar acusado de actos contra los Derechos Humanos, sería simplemente oficializar la impunidad. EL MOVADEF ES UN ORGANISMO PRO TERRORISTA En el blog del Movadef es fácil consultar los acuerdos de su Convención Nacional de mayo de 2010, donde definen su propia organización como “un organismo de Frente dirigido por el proletariado” que “en consecuencia tiene por ideología el marxismo leninismo maoismo” (p. 32) y cuyo objetivo es “desenmascarar al sistema” y “preparar las futuras jornadas por venir” (p. 36). Es decir, el Movadef es una organización conspirativa con los mismos fines, estrategias y métodos que el PCPSL. Como consecuencia, el Movadef no es un organismo abierto a todo aquel que esté de acuerdo con una amnistía. Por ejemplo,

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la congresista Martha Chávez, que defiende el indulto para Fujimori, no podría sumarse a este grupo. Ella sólo podría ingresar al Movadef si acepta la doctrina del “Presidente Gonzalo”. El accionar del Movadef se basa en una apología del terrorismo. Leamos en los acuerdos de su Convención: “La guerra revolucionaria que se desarrolló las dos últimas décadas del siglo pasado […] se trató del movimiento de transformación social de mayor trascendencia en la historia de nuestro país al servicio del pueblo y corresponde, por tanto, una solución política, cabe una amnistía” (p.2). La violencia terrorista no sólo es defendida sino elogiada y la amnistía es vista como el premio a su extremismo y su vesanía. Esconde un chantaje: “O nos dan amnistía o empezamos de nuevo”. Como en el caso del MRTA (dividido internamente por problemas de dinero y con su líder Víctor Polay fácilmente capturado por sus costumbres libertinas), el núcleo fundador del PCP-SL se hundió por su propia incapacidad para afrontar la clandestinidad. Su elite fue cercada y capturada por el Estado peruano y su gran líder se rindió sin luchar, escondido entre mujeres y sometido sin hacer resistencia a todas las humillaciones que le impuso Montesinos, entre ellas exhibirlo enjaulado con un traje a rayas. ¿Eso es un revolucionario? Abimael Guzmán no dirigió ninguna revolución. Fue solo un terrorista, y al igual que Víctor Polay, se sometió fácilmente a sus captores. ¿El Che Guevara iba a permitir que lo exhiban vivo de esta manera? ¿Acaso Luis de la Puente Uceda, quien murió peleando hasta agotar sus municiones?

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Limitaciones del Decreto Legislativo Nº 46 o ley peruana contra el terrorismo4 Santorino Izquierdo

Los “mariateguistas” tenían fines tan terroristas como los terrucos y los “martas”

El instrumento legal básico de los jueces peruanos para la lucha contra el terrorismo y sus apologistas sigue siendo el Decreto Legislativo Nº 46, promulgado el 10 de marzo de 1981 por el Presidente Constitucional

Publicado el 7 de febrero de 2012

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Fernando Belaúnde Terry y el ministro de Justicia Felipe Osterling Parodi. Los dirigentes del MOVADEF se han basado en este DL para sustentar que no son terroristas ni proterroristas no obstante su defensa del “Pensamiento Gonzalo” que rige las acciones de “Sendero Luminoso”. UN TERRORISTA, DOS TERRORISTAS… Además de su antigüedad, dicho instrumento legal presenta como limitación una débil categorización del inculpado por terrorismo. Se define como terrorista “el que” (es decir, el individuo, no el grupo organizado) realiza acciones dirigidas a “provocar o mantener un estado de zozobra, alarma o terror” (el terror considerado como miedo, no como destrucción) que “pudieran crear peligro para la vida, la salud o el patrimonio de las personas”, como indica el Artículo 1º. Dicho de otro modo, sólo es terrorista aquel que realiza actos concretos y flagrantes que “perturban el orden” y “podrían convertirse” en daños mayores. Quienes sean procesados por este tipo de acciones sufrirían “penitenciaría no menor de diez años ni mayor de veinte años”. Parece una medida severa, pero no lo es desde que se considera bajo el mismo rango de “perturbación de la tranquilidad pública”, delitos tan graves como “deterioro de edificios públicos o privados” y “afectar las relaciones internacionales o la seguridad del Estado”. El Artículo 2º eleva la pena mínima a “no menor de doce años” cuando se trata de una “organización o banda” que “para lograr sus fines” utilice “como medio el delito del terrorismo” (lo cual es difícil de probar fehacientemente, nadie dice “yo soy terrorista”); igualmente cuando hay “lesiones en personas o daños en bienes públicos o privados”. Esto subestima la gravedad de los delitos contra la integridad de las personas. No se puede equiparar el daño a la propiedad con las lesiones a ciudadanos por efecto de una bomba y

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tampoco puede equipararse el daño a víctimas colaterales con el intento de asesinato planificado contra una persona específica, sobre todo si representa a los poderes del Estado. La pena no puede ser igual para todos estos casos, así se introduzca la de “internamiento” (cadena perpetua) cuando hay pérdidas de vidas. RECIBE MAYOR PENA EL QUE ENTREGA UN ARMA QUE EL DIRIGENTE TERRORISTA El Artículo 5º reprime con cárcel “no menor de dos años ni mayor de cuatro años” a quienes formen parte de “una organización o banda” que “contara entre sus medios con la utilización del terrorismo para el logro de sus fines”. Y si es dirigente “la pena de penitenciaría no será menor de seis años ni mayor de doce años”. Esta pena es menor que la aplicada en el Artículo 4º a quien “proporcione dinero, bienes, armas, municiones, explosivos u otras sustancias destructivas”, con pena “no menor de diez años ni mayor de quince”. Todo esto es un contrasentido si consideramos lo que significa integrar “una organización o banda” que tiene como estrategia la violencia indiscriminada. La pertenencia probada a dicha banda es más que suficiente para establecer una corresponsabilidad con los delitos cometidos por todos sus integrantes. INCITACIÓN Y APOLOGÍA DEL TERRORISMO FÁCILES DE EVADIR Los Artículos 6º y 7º consideran la “incitación” al terrorismo y la “apología” del terrorismo en forma sumamente favorable a los infractores terroristas. El Artículo 6º considera que quien “mediante la imprenta, la radio, la televisión u otro medio incitar a un número indeterminado de personas a cometer actos que conforman el delito de terrorismo”, recibirá penitenciaría “no menor de cuatro años ni mayor de ocho”. A su

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vez, el Artículo 7º refiere que quien “públicamente hiciere la apología de un acto de terrorismo ya cometido” o de la persona que “hubiera sido condenada como su autor o cómplice” recibirá penitenciaría “no menor de tres años ni mayor de cinco años”. Una vez más, el delito está circunscrito al acto probado y no a la pertenencia a la organización o banda. Es desde el marco organizativo de la secta terrorista con sus jerarquías de mando y en el contexto de su ideario que se realiza la incitación y la apología a favor del terrorismo. Ningún grupo terrorista es tan tonto como para asumir la defensa de un asesinato en forma institucional ni dar el nombre del asesino y felicitarlo mediante un panfleto o cualquier otro medio.

Entre 1980 y 1990

Sendero Luminoso y el

MRTA han tenido

diarios y revistas que

hacían incitación y

apología del terrorismo

evadiendo

olímpicamente lo que

contemplaba el

Artículo 6º y 7º del DL

Nº 46.

CONTRADICCIONES DE LAS DETENCIONES PREVENTIVAS El Artículo 9º autoriza, “para fines de investigación” de los delitos de terrorismo, la “detención preventiva” de los “presuntos implicados” como “autores o partícipes” por un tiempo “no mayor de quince días naturales”. Este Artículo ha sido muchas veces burlado por los terroristas, ya que es muy difícil probar ante un juez la condición de “presunto implicado”, a menos que se trate de un verdadero inculpado. Si existe la pertenencia probada de un individuo a la secta

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terrorista el hecho debería hacerlo susceptible de todo tipo de medidas policiales preventivas. Dependerá de los organismos de inteligencia disponer su detención inmediata o mediata. LO QUE DICEN OTROS CÓDIGOS Lo fundamental en la lucha contra el terrorismo es catalogar a las organizaciones específicas que desarrollan estas estrategias como ajenas y contrarias al orden constitucional, mereciendo medidas legales punitivas especiales. El terrorismo es mucho más que delito organizado y no es, bajo ningún punto de vista, una fuerza social beligerante. En España, país que durante muchos años ha sufrido los atentados de la ETA, la organización terrorista de origen vasco, el Artículo 571 del Código Penal vigente desde 1995, define a los terroristas como “los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones y grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública cometan ataques […] que conlleven riesgo de lesiones o muerte”. La finalidad terrorista es probada por los hechos pero el ideario anticonstitucional sí es explícito en todos estos grupos. Todos ellos desconocen el sistema aunque empleen eufemismos para describir sus métodos violentos. Un referente internacional importante es la Convención Interamericana contra el Terrorismo suscrita por los países de la OEA el 3 de junio del 2002, que considera indispensable adoptar medidas especiales contra el terrorismo y contra el crimen organizado en general, ya que “constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales”. LOS QUE PASARON PIOLA: DIEZ CANSECO Y COMPAÑÍA

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Los vacíos del DL Nº 46 no sólo permitieron a los auténticos terroristas organizarse a nivel nacional evadiendo las medidas del Estado de Emergencia. Hubo los que también planeaban sumarse a la ofensiva terrorista pero “se chuparon”. Hoy en día, pasado el tiempo, intentaron auparse al nuevo gobierno pero no lo consiguieron. Por ejemplo, el “Partido Revolucionario Mariateguista”, luego llamado “PUM” (no es casual que el nombre suene como un disparo), surgido de la fusión de Vanguardia Revolucionaria de Javier Diez Canseco y Carlos Tapia con otros grupos, como el de Manuel Dammert Ego Aguirre (PCR “Clase Obrera”), adoptó una auténtica y explícita política de incitación y apología del terrorismo en su documento congresal de enero de 1983, publicada en su revista Debate Socialista, de libre venta en quioscos y librerías. Allí los hoy conocidos caviares afirmaban, entre otras cosas terribles, que “la estrategia revolucionaria en nuestro país demanda la acumulación de fuerzas en el terreno militar. La violencia revolucionaria es la respuesta a la violencia reaccionaria y por ello la organización militar es el instrumento esencial para la toma del poder” (p. 59), refiriéndose a su propio partido; y entre los acuerdos del Congreso partidario estaba claramente indicado “preparar personal, material y políticamente el brazo armado del PRM (Partido Revolucionario Mariateguista)” (p. 64). Bajo una auténtica ley antiterrorista, Javier Diez Canseco, Manuel Dammert, Carlos Tapia y todos esos señores, que no han cambiado de ideología, sólo de mañas, no podrían estar disfrutando de las miles del poder ni administrando ONG’s. Habría que investigar hasta qué punto sus sectas son culpables, entre otros delitos, de introducir sesgadamente la apología del terrorismo en los textos escolares que distribuyó hasta hace pocos años el Ministerio de Educación.

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Leyes contra la subversión5 Santorino Izquierdo Mientras la acción directa del gobierno actual contra el narco-terrorismo muestra cada día más y más limitaciones (de estrategia, de comando y sobre todo de presupuesto), el Presidente Humala exige con voz airada al Congreso “leyes más efectivas” contra la apología del terrorismo y su propagación en colegios y universidades, etc. Como si las leyes preventivas fueran la clave para fortalecer hoy al Estado de derecho en el VRAEM. En otras palabras, hace falta pan en la trinchera y el comandante pide agua. Lo que hace falta En este momento lo fundamental es proveer mejor, capacitar más y profesionalizar en forma decorosa a las fuerzas nacionales de seguridad. Y rediseñar estrategias en base a un Servicio de Inteligencia Nacional realmente inteligente. Es la hora de dar luz verde a nuestros Rambos y nuestros Bruce Willis –que los tenemos– para actuar a discreción. Recordemos que antes de la época de los caviares, en 1965, el Congreso votó por unanimidad, en base a una propuesta de la Célula Parlamentaria Aprista sustentada por Andrés Townsend, ejecutar sumariamente a los guerrilleros del MIR y a todo grupo o individuo que realice acciones armadas contra las autoridades nacionales y sus representantes por ser traidores a la patria. Se hizo una ley de excepción para este fin y se cumplió al pie de la letra. La guerrilla desapareció y no hubo denuncia alguna que mencione víctimas inocentes del ejército. Hay que decir de

Publicado el 13 de octubre de 2012

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paso, acerca del MIR de 1965, que sus líderes cayeron combatiendo. No se rindieron como el Che Guevara en Bolivia ni estaban en barrios pitucos tomando whisky protegidos por bailarinas como Abimael Guzmán. Si hace falta con urgencia alguna ley contra la subversión es una de este tipo. Leyes preventivas Sin embargo, el Presidente Humala tiene razón en quejarse de las leyes preventivas actuales. Y todo el mundo se lo dice. Ya se vio en enero de este año, durante el intento de inscripción electoral del “Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales” (Movadef), grupo de fachada del senderismo reciclado, que la ley electoral no impide inscribirse a partidos contrarios a la Constitución y las leyes. El Movadef no se inscribió por faltarle direcciones probadas de locales en provincias, no por ser portavoz del “pensamiento Gonzalo”. La Ley 28094 (dada por el gobierno del Presidente Toledo con influencia caviar el 31 de octubre de 2003), establece en el Artículo 2-“Fines y objetivos de los partidos políticos”, que la finalidad de las agrupaciones políticas es “según corresponda” asegurar “la vigencia y defensa del sistema democrático”, así como “contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos” y “formular idearios, planes y programas” que “reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional”, además de “representar la voluntad de los ciudadanos” y “contribuir a la educación y participación política de la población”, etc. Esa frase “según corresponda” flexibiliza todo el enunciado. No es que los partidos deban cumplir todos y cada uno de los nueve fines y objetivos que allí se dicen. Cada quien “según corresponda” tendrá o no algunos de ellos. El artículo está mal formulado y permite a cualquier tipo de grupo acomodarse a la norma (como lo hace el partido terruco-vergonzante de Javier Diez Canseco). Por otra parte, el Decreto Legislativo Nº 46 o ley contra la “apología del terrorismo” tiene la limitación de individualizar el delito por terrorismo y

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es débil frente a la asociación cómplice con tales acciones. En efecto, el Artículo 6º considera que quien “mediante la imprenta, la radio, la televisión u otro medio” incitare a un número indeterminado de personas a cometer actos “que conforman el delito de terrorismo”, recibirá penitenciaría “no menor de cuatro años ni mayor de ocho”. A su vez, el Artículo 7º refiere que quien “públicamente hiciere la apología de un acto de terrorismo ya cometido” o de la persona que “hubiera sido condenada como su autor o cómplice” recibirá penitenciaría “no menor de tres años ni mayor de cinco años”. Es decir, la “apología” del terrorismo está circunscrita a la defensa de un acto terrorista ya realizado y probado y no a la pertenencia a la organización o banda o a profesar su ideología. Es decir, no se sanciona la intencionalidad genérica derivada de una tesis ideológica específica. La ley del negacionismo El nuevo proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo, bautizado como “ley contra el negacionismo”, se propone castigar los actos políticos que conlleven la apología de la violencia terrorista o desconozcan que los senderistas y los del MRTA han sido causantes de delitos de lesa humanidad. Es en verdad un calco de las leyes contra los que nieguen el holocausto nazi que existen en Alemania, Austria y otros países que fueron escenario de la Segunda Guerra Mundial. Hay acuerdos en el mismo sentido de las Naciones Unidas (2007) y del Consejo de Europa (2008). Los caviares han protestado contra este proyecto de ley por ser contrario a la libertad de expresión. Ellos insisten en que los terroristas pueden hablar y predicar, así sea contra la Constitución y las leyes. No está mal que se legisle contra los que defiendan ideológica o políticamente el terrorismo. El problema reside en que es inefectivo. Del mismo modo que los congresistas corruptos no dicen ”soy corrupto” ni celebran el día de la corrupción ni escriben libros al respecto, los terrucos tampoco dicen “soy asesino de inocentes a sangre fría” ni exponen cómo hacer atentados o derribar helicópteros en forma pública. Predican, reclutan y organizan adeptos mencionando el derecho del pueblo a la

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insurgencia, la opresión y pobreza que sufren los marginados y la necesidad futura de una revolución radical que elimine a los privilegiados. Y comparan su actividad con la del aprismo clandestino y perseguido de 1934-1945. Ahora demandan una amnistía general para Fujimori, Montesinos, Abimael Guzmán, etc, etc. Y una Asamblea Constituyente “del pueblo” que sea estatista y anti empresa privada. Igual hay que acosarlos con leyes apropiadas. Conclusiones En el aspecto preventivo no hay ley perfecta. Son sólo obstáculos para que la carrera hacia el poder de los terroristas sea más difícil. Tarde o temprano todo concluye en el enfrentamiento entre ellos y el poder del Estado. Pero hay que reformar las leyes preventivas. Los terrucos adecuarán su retórica y tratarán de esquivar el obstáculo pero igual hay que ponerlo. En primer lugar, la ley electoral debe ser estricta en poner como condición para la inscripción el acatamiento de la Constitución y la defensa del Estado de derecho. Así como no pueden ser aceptados partidos políticos que estén a favor de dividir el país en dos o anexar Loreto a Brasil, tampoco puede haber partidos que defiendan la trayectoria de grupos como SL y el MRTA ni que consideren la democracia una “dictadura de clase” y estén por reemplazarla por la dictadura del proletariado. Esta tesis ideológica en contra del sufragio universal y de la igualdad de derechos ante la ley es anticonstitucional y forma parte del ideario de todos los marxistas-leninistas (incluyendo algunos grupos caviares). La ley debe ser tajante. Si no se es demócrata no se puede participar en la política democrática. En segundo lugar, la ley de “apología del terrorismo” debe sancionar tanto la apología de actos violentos como la probada complicidad con el ideario, la cadena de mando, la disciplina y la trayectoria de una organización subversiva. El Movadef no defiende públicamente actos terroristas pero defiende en su conjunto y sin excepciones toda la

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actividad subversiva del PCP “Sendero Luminoso”, es decir, son apologistas de una trayectoria delictiva con hechos y nombres confirmados ante nuestros tribunales. Esta vinculación debería estar penada por la ley. Actualmente no lo está. En tercer lugar, la proyectada ley contra el “negacionismo” requiere afinarse más en torno a principios democráticos y aplicarse sobre todo al sistema educativo. Importan más los valores relacionados con la paz y la democracia, no tanto definir si SL fue un grupo “guerrillero” o “terrorista” o ambas cosas. Sin embargo, lo esencial y urgente es que la acción de las fuerzas antisubversivas tenga las condiciones políticas y materiales adecuadas y sus efectivos no sean víctimas indefensas de la indiferencia y la irresponsabilidad.

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Los argumentos del Movadef contra la democracia6 Santorino Izquierdo

*El “Movadef” es un organismo de fachada de la subversión *Su estrategia fue trazada personalmente por Abimael Guzmán *La amnistía general es para reiniciar política subversiva *Labor del “Movadef” tiene impacto internacional

VENDIDOS - Disfrutando de una cómoda prisión producto de su colaboración con Fujimori, el genocida Abimael Guzmán hoy en día ordena a jóvenes ingenuos del “Movadef” enfrentarse al Estado reclamando una amnistía general. En la foto, de octubre de 1993, bañaditos y con ropita nueva, proponen su humillante y fracasado “Acuerdo de paz” los derrotados cabecillas senderistas Angélica Salas, Osmán Morote, Martha Huatay, parados detrás de Elena Iparraguirre, Abimael Guzmán (con el pelo teñido) y María Pantoja.

Según las conveniencias de la situación política, el “Movadef” (“Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales”), agrupación de

Publicado el 18 de noviembre de 2012

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fachada del PCP-“Sendero Luminoso”, coloca o retira de su blog oficial el documento que norma sus actividades (ver http://movamnsitiayderfundamentales.blogspot.com/). Es un archivo en PDF con el cuadernillo de las resoluciones de su II Convención Nacional, realizada en mayo de 2010. Allí está dicho todo, o casi todo. El Movadef según el Movadef Lo primero que debe llamarnos la atención es que allí se define al “Movadef”, sin eufemismos, como una agrupación de fachada del PCP“Sendero Luminoso”. Dice textualmente: “[El Movimiento] no es partido, es frente político; su carácter es ser organismo de frente dirigido por el proletariado y la ideología que lo guía es el marxismo-leninismomaoismo, con el objetivo de luchar por la amnistía general y lograr la libertad de los prisioneros políticos” (p. 24). Por tanto, no es como suelen decir sus voceros, un organismo amplio y democrático donde puede ingresar cualquier interesado en dicha amnistía general, por ejemplo, la congresista fujimorista Luisa María Cuculiza. No es así, sus integrantes son militantes senderistas convictos y confesos; seleccionados, adoctrinados y entrenados con mucho cuidado, cuya tarea política particular es promover la amnistía. Igual podría ser, en otro organismo de la red senderista, realizar algo menos pacífico. Estrategia trazada por Abimael Guzmán El folleto también consigna que la estrategia del “Movadef” fue trazada directamente por Abimael Guzman (a) “Presidente Gonzalo”, desde la prisión, luego que fracasaran sus conversaciones por un Acuerdo de Paz con el gobierno de Fujimori, realizadas entre junio y octubre de 1993. Dice el “Movadef”: “En agosto del 2006, el Dr. Guzmán especifica la política fundamental de 1993 a las condiciones actuales como ¡Solución política! ¡Amnistía general! ¡Reconciliación nacional!” (p. 23). Sin embargo, el “Movadef” aclara que el reclamo no está dirigido al gobierno de turno, ni hay una propuesta política previa a la negociación

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del pedido de amnistía, como sería lo lógico. Es al revés, el Estado peruano debe dar la amnistía general (por igual para terroristas y fujimoristas, cualquiera sea el delito cometido) como condición previa para un entendimiento político. Y el “Movadef” debe lograr que el pueblo haga suya la demanda desarrollando un conflicto con el Estado. Por consiguiente: “La lucha popular debe tomar la bandera de los prisioneros políticos como parte de su propia lucha. He ahí la tarea del Movimiento” (p. 24). Una amnistía que no garantiza paz Resulta casi risible cómo describe el “Movadef” el desenlace de la guerra interna que haría necesaria la amnistía. Indica que “hubo una guerra popular […] cuyas causas son políticas y por tanto su solución tiene que ser política”. Y añade que en esta guerra se enfrentaron “las clases oprimidas y explotadas, la inmensa mayoría” contra “las clases reaccionarias” que “conforman y dirigen el Estado peruano que no representa en modo alguno al pueblo por más que lo digan y difundan” (p. 18). En otras palabras, no tuvimos una acción terrorista de un grupo minoritario que finalmente quedó, en su mayor parte, cercado y agotado, sino una guerra civil de “la inmensa mayoría” del pueblo contra un Estado “que no representa” a la Nación. Desconocer la legitimidad del Estado y sus instituciones, entre ellas el voto popular, no puede ser el punto de partida para ningún acuerdo de paz. También añaden que su demanda de amnistía es parte de su estrategia subversiva: “El propósito que tenemos con la amnistía general es […] pasar a un nuevo momento de reconocimiento de responsabilidades. […] No se trata de una conciliación de clases sino de un acto político post guerra en beneficio de los revolucionarios, del pueblo y de la sociedad peruana en su conjunto” (p. 21). Todo queda muy claro. Qué significa el marxismo-leninismo-maoismo de SL

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El folleto del “Movadef” indica que sus integrantes deben “bregar por unirnos en la defensa, validez y vigencia del marxismo-leninismomaoismo” y “combatir lo que se le opone”, como las posiciones de “Bob Avakian, quien señala que en la actualidad es erróneo plantear marxismo-leninismo-maoismo sino nueva síntesis” (p. 6). Este exótico comentario es particularmente interesante. Ese tal Bob Avakian, es el líder máximo del RCP-USA (Partido Comunista Revolucionario de EE UU), cuyo sitio web es http://revcom.us/ y representa al grupo más fuerte del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), fundado en 1984 por maoistas enemigos del viraje procapitalista del gobierno comunista chino. En el MRI, Avakian coincide en general con el senderismo pero no cree en el “culto a la personalidad” del “Presidente Gonzalo” ni en su tesis principal sobre la guerra revolucionaria en todo tiempo y lugar. Hace muy poco, el 27 de octubre de 2012, una delegación de Sendero polemizó en Madrid en una reunión mundial del MRI con el grupo de Avakian, defendiendo que “el pensamiento Gonzalo da contribuciones al marxismo, como la militarización de los Partidos Comunistas; esta experiencia tiene validez universal por lo cual es una demanda y necesidad que los Partidos Comunistas del mundo se militaricen”(http://www.solrojo.org/mpp_doc/mpp_20121027_Conf.ht ml). En otras palabras, Bob Avakian no quiere hacer la guerra popular al Presidente Obama y no cree que la guerra revolucionaria sea un dogma permanente y Sendero Luminoso sí. Es decir, nunca deben deponerse las armas. En eso consiste el “marxismo-leninismo-maoismo-pensamiento Gonzalo”. Interesante, ¿no? Acuerdo de paz para los tontos Un defensor intelectual del senderismo desde Brasil, José Antonio Fonseca, participa en la polémica contra Bob Avakian en forma todavía

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más clara: “El Presidente Gonzalo desarrolló conceptos fundamentales como la construcción de forma concéntrica de los tres instrumentos de la revolución: partido comunista, ejército popular revolucionario y el frente único revolucionario, en que se destaca el partido como el principal y centro de esta construcción; de la necesidad del partido militarizado y de la jefatura como centralización del liderazgo revolucionario” (verhttp://www.anovademocracia.com.br/edicion-en-espanol/125/285517-de-mayo-treinta-anos-de-guerra-popular-en-el-peru-) En otras palabras, lo que define el marxismo-leninismo-maoismo senderista es que la lucha armada nunca cesa. Todo lo demás es “táctica política” para distraer el enemigo. Según los senderistas organizados en el exterior, la doctrina abimaelista se resume en esta frase: “¡Somos partidarios de la teoría de la omnipotencia de la guerra revolucionaria!” (Ver: http://www.perucrpm.com/). Sin duda alguna, esta es una de las tesis básicas que creen fanáticamente los militontos del “Movadef”. Que se vayan al cacho con su pedido de amnistía.

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Aprismo, Estado de Derecho y terrorismo7 Hugo Vallenas Es necesario recordar que desde julio de 1942, el aprismo ha tenido una posición muy clara sobre la amplitud que puede tener el Estado de Derecho ante los fenómenos políticos que lo desafían. En esa fecha, la Convención clandestina del PAP que oficializó la tesis del “Interamericanismo democrático sin imperio” (la alianza con los EE UU contra el nazi-fascismo y el comunismo), adoptó una tesis que se resume en una frase: “democracia para los demócratas, para quienes creen en ella y la defienden”. Bajo esa orientación Haya de la Torre respaldó las famosas “Cuatro libertades” del Presidente Roosevelt, creadas con el fin de excluir de la comunidad democrática a las organizaciones racistas, totalitarias y saboteadoras del Estado de Derecho, así se vistan de seda. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia (de la que siempre desconfió Haya de la Torre) sustentó que se otorgue derechos ilimitados, sin restricciones ideológicas o doctrinales, a todos los actores políticos participantes de la reconstrucción europea y del proyecto de integración de esas naciones. Desde entonces, algunos países de Europa han sido el escenario donde actúan a sus anchas, reuniendo fondos, haciéndose propaganda y afinando estrategias muchos grupos terroristas de todo el mundo, contando con el apoyo de políticos extremistas anidados en los Partidos Socialistas que tienen alguna posición de poder (parlamento, alcaldías, sindicatos, etc).

Publicado el 14 de noviembre de 2012

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A diferencia de los “caviares” socialdemócratas de entonces, que defendían la “libertad política para todos”, sin excepción, la posición aprista ha sido siempre muy clara y recoge la tradición revolucionaria de los republicanos heroicos. Considera que los derechos y los deberes de la democracia competen a quienes forman parte del “contrato social” que es la base de una Constitución, juran lealtad a sus símbolos e instituciones y las defienden de todo peligro que las aceche. Es decir, “democracia para los demócratas, para quienes creen en ella y la defienden”; y no para quienes “no pueden garantizar la justicia sin pasar por la dictadura”, como indicaba Haya de la Torre en el libro Y después de la guerra, ¿qué? Los actuales caviares criollos, frente al caso del Movadef, no tienen una orientación clara porque en la doctrina de sus agrupaciones figura el mismo principio socialdemócrata cuestionado por el aprismo, que otorga “libertades irrestrictas” para todos. Por eso el ex premier Lerner estaría de acuerdo con una amnistía para los terrucos si “prometen” no hacer otra vez lucha armada. ¿Ingenuidad? No, complicidad. Si usted, apreciado lector, se toma la molestia de consultar los manifiestos y demás documentos de los grupos Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, Partido Comunista, Partido Comunista del Perú y Partido Socialista, comprobará que ninguno defiende el Estado de Derecho. Todos consideran indispensable “cambiar el sistema” actual, imponer una “nueva democracia” y un “verdadero” cambio social. Lo mismo que el Movadef, que tampoco pregona abiertamente la dictadura del proletariado marxista-leninista. Es un principio fundamental de una democracia que los grupos contrarios al Estado de Derecho no puedan disfrutar de impunidad y acceso a las elecciones. Reformando la ambigua Ley de Partidos Políticos dada por el Presidente Toledo (Ley 28094), debemos establecer que el ideario de cada partido o grupo defienda claramente los principios de la Constitución del Estado Peruano (¿les parece poco? Pídanselo a Javier Diez Canseco, a Gregorio Santos o al padre Arana y vean cómo

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reaccionan). Tampoco puede autorizarse acceso a los poderes públicos a sentenciados por terrorismo (algo fundamental que tampoco aparece en la Ley 28094). Indiquemos para terminar que no solamente hay que cuidarse del Movadef. En las marchas del SUTEP y las diversas protestas contra el gobierno comparten las banderas extremistas del Movadef otros grupos. Uno de ellos es el partido del Pacto Universal del Nuevo Israel fundado por el ya fallecido “profeta” Ataucusi, que tiene legalidad y puede postular a las elecciones no obstante desconocer al Perú como nación legítima. Otro es el grupo Alfa y Omega que también tiene legalidad no obstante oponerse a nuestra soberanía y proponer que nos sometamos a los dictados de ciertos extraterrestres. A simple vista dan risa pero no son grupos insignificantes ni carecen de recursos y entre ellos también tiene influencia y quizás control –y acceso a las elecciones-- el Movadef. Nuestros derechos electorales frente a la acechanza del delito organizado - Las pretensiones del “Modadef”.

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Enemigos de La Republica Agustín Haya de la Torre La marcha contra el terrorismo promovida por San Marcos es una demostración de que las universidades del país no están dispuestas a ser un campo de pruebas del accionar de la banda terrorista. La organización criminal que lidera Abimael Guzmán centra su estrategia en su amnistía, con el obvio propósito de burlar la pena y repotenciar su actividad subversiva. Han conformado un grupo que se define por ese solo objetivo para lo cual proclaman que tienen derecho a La Libertad de expresión. Así, estos fanáticos, partidarios del principal responsable de más de 35 mil víctimas, creen que pueden confundir a las nuevas generaciones. Los promotores de la banda que se proclama enemiga de los principios constitucionales, asesinos de miles de peruanos y autores de la destrucción masiva de bienes públicos y privados, creen haber encontrado un resquicio cuando recitan un supuesto derecho a pensar y a expresarse a favor del mayor homicida que registra la historia delictiva del país. Están profundamente equivocados, pues el escaso “pensamiento Gonzalo” solo tiene como objetivo destruir la vida republicana y la convivencia democrática, para imponer por la violencia su dictadura totalitaria. Yerran al suponer que La Libertad puede ser utilizada en pro de su autodestrucción. Como enseñó John Locke, “el límite de la tolerancia es la intolerancia”. La república es la cosa de todos y se sustenta en criterios básicos como la convivencia pacífica y la pluralidad, principios negados de plano por el senderismo y sus epígonos. La democracia no tiene porqué permitir que quienes pretenden destruirla usen sus mecanismos. El pecado original de SL fue alzarse contra la Constitución de 1979, LA PRIMERA en

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sustentarse en los derechos humanos. Los dirigentes del Movadef se encargan de repetir una y otra vez su admiración por los crímenes ordenados desde entonces por el condenado. Anuncian soberbios que el uso de la violencia “se verá más adelante, cuando las circunstancias lo exijan”. Sendero Luminoso mantiene intacta su adhesión a la violencia, al extremo de que sus facciones siguen causando muerte y destrucción allí donde operan. No se han rendido, no se han desarmado y solo tratan de engatusar a quien se deje con su careta electoral. Quizás el mejor ejemplo para combatir a grupos de esta calaña sea la forma como se ha derrotado a ETA en España. Aislándolos con la ley hasta obligarlos a rendirse gracias a la unidad y la convicción democrática de todas las fuerzas. Sus organismos de fachada fueron ilegalizados uno por uno. La fórmula se basó en la defensa de los principios constitucionales y en la aplicación del estado de derecho contra los apologistas de la violencia. No tiene sentido “debatir” ni darles tribuna a las falacias de los abogados del delincuente, pues sería acompañarlos en su apología del terrorismo. El Estado de derecho tiene que protegerse de los que quieren destruirlo, recordando la larga lista de crímenes que llevaron al jefe de la banda a prisión.

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Nuestros derechos electorales frente a la acechanza del delito organizado. Las pretensiones del “Movadef” Hugo Vallenas Málaga *Insuficiencias de la Ley 28094 sobre Partidos Políticos *Limitaciones del Decreto Legislativo Nº46 contra terrorismo organizado *Insuficiencias del DL Nº46 sobre incitación y apología del terrorismo En enero de 2012 el Jurado Nacional de Elecciones estuvo debatiendo si debía ser aceptada la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del “Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales” (Movadef). Esta agrupación tenía como principal finalidad lograr la amnistía general para los “prisioneros políticos” de la “guerra interna” de 1980-1992, pretendía postular a cargos políticos en las próximas elecciones, y proclamaba tener como ideario el “marxismo-leninismomaoismo-pensamiento gonzalo”. En otras palabras, se trataba de una agrupación vinculada al PCP-“Sendero Luminoso” que quería actuar como “brazo político” del terrorismo. Con justa razón, una gran mayoría de ciudadanos consideraba inaceptable que se de legalidad a esta agrupación, cuyo principal vocero era Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán (a) “Presidente Gonzalo”, jefe supremo del PCP-“Sendero Luminoso”, quien purga cadena perpetua por ser autor intelectual de decenas de miles de muertes por actos terroristas y daños al patrimonio estatal y privado del orden de los 4 mil millones de soles. Desde un punto de vista ético era una barbaridad que el terrorismo tenga plenos derechos políticos. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el pedido de inscripción del Movadef tenía argumentos atendibles. Como es bien sabido, el JNE desestimó la inscripción con un argumento formal de tipo procesal: el Movadef no tenía debidamente constituídos ni registrados los comités provinciales requeridos por la ley. En caso de haberlos tenido, hubiera sido muy difícil negarle la inscripción sin caer en la arbitrariedad. INSUFICIENCIASDE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS

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El primer problema que favorecía al Movadef era la debilidad intrínseca de la ley de partidos políticos vigente. La Ley 28094 (dada por el gobierno del Presidente Toledo el 31 de octubre de 2003), establece en el Artículo 2-“Fines y objetivos de los partidos políticos”, que la finalidad de las agrupaciones políticas es “según corresponda” asegurar “la vigencia y defensa del sistema democrático”, así como “contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos” y “formular idearios, planes y programas” que “reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional”, además de “representar la voluntad de los ciudadanos” y “contribuir a la educación y participación política de la población”, etc. Esa frase “según corresponda” flexibiliza todo el enunciado. No es que los partidos deban cumplir todos y cada uno de los nueve fines y objetivos que allí se dicen. Cada quien “según corresponda” tendrá o no algunos de ellos. El artículo está mal formulado y permite a cualquier tipo de grupo acomodarse a la norma. El Artículo 5º- “Requisitos para la inscripción de partidos políticos” indica solamente exigencias formales, como el Acta de Fundación, la relación de adherentes, el Estatuto del partido, un número de comités legítimamente constituidos en el país, la designación de personeros, etc. No hay atingencia alguna ante casos en que el ideario o la trayectoria de los integrantes sean contrarios a la democracia. Ni siquiera previene contra individuos con antecedentes penales. El Artículo 6º- “Acta de fundación” exige solamente Ideario, denominaciones y símbolos que no estén “reñidos con la moral y las buenas costumbres” y que no “induzcan a confusión con los presentados anteriormente”. Es decir, sólo se aceptan símbolos, nombres y lemas que hagan uso decoroso del lenguaje y sean respetuosos del pudor de los buenos ciudadanos, pero no hay una restricción por motivos ideológicos o políticos o por hechos delictivos contrarios a la democracia.

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El Artículo 14º“Declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática”, pone en manos de “la Corte Suprema de Justicia, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo” la responsabilidad de “declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos”, incluyendo “complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de fines políticos practiquen el terrorismo”. Lamentablemente, esta no es una restricción a la inscripción sino una norma contra una situación de hecho cuando la organización política ya ha sido inscrita. En otras palabras, la Ley 28094 no tiene una cláusula antiterrorista que prevenga la infiltración de grupos hostiles al Estado de Derecho en nuestro sistema electoral. Eso explica las dudas en el JNE. El precedente dejado por el caso Modadef demostró la urgente necesidad de modificar la ley de partidos políticos, no sólo contra el terrorismo sino también contra otras formas del delito organizado. LO QUE SEÑALA LA CONSTITUCIÓN Aunque no pudieron demostrar que tenían todos los locales provinciales requeridos por la Ley 28094, los personeros legales del Movadef arguían que su organización no podía ser acusada de terrorismo porque su actividad era estrictamente política, teniendo, por consiguiente, pleno derecho a ejercer cargos públicos en base al sufragio popular. Los abogados del Movadef se amparaban en el Artículo 2º, “Derechos fundamentales de la persona” de la Constitución, donde se indica: “No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión”. Según el Movadef, nadie puede ser impedido de hacer política por creer y propagar el ideario “marxista-leninista-maoista-pensamiento del presidente Gonzalo”. En otras palabras, no se debería prohibir la libre organización y propaganda de los creyentes en la doctrina de “Sendero

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Luminoso”, mientras no ocurran actos concretos punibles. argumentos del Movadef no fueron debidamente respondidos.

Estos

Es verdad que, no obstante indicarse en el Artículo 140 de la Constitución, el delito de terrorismo puede ser causal de pena de muerte, no hay una mención expresa al ideario terrorista como impedimento para que una agrupación pueda ejercer los derechos electorales. Tampoco tenemos un Artículo constitucional que prohiba explícitamente el uso delictivo o subversivo del derecho de asociación, como sí lo hay en la Constitución española, cuyo Artículo 22 señala: “Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales”. Sin embargo, el Artículo 38º de nuestra Constitución dice claramente: “Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. Es lamentable que esta norma no esté retomada con claridad en los requisitos para constituir partidos señalados por la Ley 28094 o Ley de Partidos Políticos porque es clara como el agua: no puede haber partidos políticos contrarios a la Constitución y el Estado de Derecho. Y el PCP-“Sendero Luminoso” es también claro como el agua en su vocación anticonstitucional y terrorista. Lo podemos comprobar en innumerables manifiestos y panfletos. Por ejemplo, en las “Bases de Discusión del PCP-La guerra popular y el nuevo poder”, texto doctrinal publicado como suplemento de El Diario, vocero de “Sendero Luminoso”, el lunes 4 de enero de 1988, se dice lo siguiente: “El Presidente Gonzalo establece que la revolución peruana en su curso histórico ha de ser primero revolución democrática, luego revolución socialista y que tendrá que desenvolver revoluciones culturales a fin de pasar al Comunismo, todo en un proceso ininterrumpido aplicando la guerra popular y especificándola. […] Toda revolución hoy sólo puede cumplirse a través de la guerra popular, forma principal de lucha, y las

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fuerzas armadas revolucionarias, forma principal de organización […]. [El PCP lucha contra quienes niegan] el carácter de dictadura terratenienteburocrática del viejo Estado, así como la necesidad de la violencia revolucionaria para derrumbarlo”. Un grupo seguidor de esta doctrina, como el Movadef, merece la misma exclusión que se aplicaría a un grupo que exhiba un ideario racista, enemigo de la independencia del Perú, contrario a los derechos de la mujer o defensor de la contaminación ambiental, temas igualmente sancionados por nuestra Constitución. A esto se añade que tanto la doctrina del “presidente gonzalo” como la trayectoria del PCP “Sendero Luminoso” forman parte indesligable de un largo historial de crímenes debidamente sancionados por nuestros tribunales. No puede darse derechos electorales a una agrupación que defiende el delito organizado. LIMITACIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 46 CONTRA EL TERRORISMO El instrumento legal básico de los jueces peruanos para la lucha contra el terrorismo y sus apologistas sigue siendo el Decreto Legislativo Nº 46, promulgado el 10 de marzo de 1981 por el Presidente Constitucional Fernando Belaúnde Terry y el ministro de Justicia Felipe Osterling Parodi. Los dirigentes del Movadef también se basaban en este DL para sustentar que no eran terroristas ni proterroristas no obstante su absoluta defensa de la doctrina y de la trayectoria del PCP “Sendero Luminoso”. En efecto, además de su antigüedad, dicho instrumento legal presenta como limitación una débil categorización del inculpado por terrorismo. Se define como terrorista “el que” (es decir, el individuo, no el grupo organizado) realiza acciones dirigidas a “provocar o mantener un estado de zozobra, alarma o terror” (el terror considerado como miedo, no como destrucción) que “pudieran crear peligro para la vida, la salud o el patrimonio de las personas”, como indica el Artículo 1º. Dicho de otro modo, sólo es terrorista aquel que realiza actos concretos y flagrantes

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que “perturban el orden” y “podrían convertirse” en daños mayores. La intencionalidad y la asociación con fines delictivos no es penada. Quienes sean procesados por este tipo de acciones sufrirían “penitenciaría no menor de diez años ni mayor de veinte años”. Parece una medida severa, pero no lo es desde que se considera bajo el mismo rango de “perturbación de la tranquilidad pública”, delitos tan graves como “deterioro de edificios públicos o privados” y “afectar las relaciones internacionales o la seguridad del Estado”. El Artículo 2º eleva la pena mínima a “no menor de doce años” cuando se trata de una “organización o banda” que “para lograr sus fines” utilice “como medio el delito del terrorismo”. Sin embargo, al igual que en el Artículo anterior, la organización terrorista lo es desde el momento que comete flagrantes actos terroristas, no antes. Según el Decreto Legislativo Nº 46, sólo cuando un juez ha logrado sentar un precedente de culpabilidad ante un acto terrorista cuyos autores mediatos e inmediatos están identificados sin ápice de duda y bajo probada y confesada complicidad, puede hablarse con certeza de una agrupación que utiliza “como medio el delito del terrorismo”. El mismo Artículo considera actos efectivos de terrorismo organizado aquellos en los que hay “lesiones en personas o daños en bienes públicos o privados”. Esto subestima la gravedad de los delitos contra la integridad de las personas. No se puede equiparar el daño a la propiedad con las lesiones a ciudadanos por efecto de una bomba. Este error incuba además un error mayor aún. No puede equipararse el daño a víctimas colaterales de un atentado con el intento de asesinato planificado contra una persona específica, sobre todo si representa a los poderes del Estado. La pena no puede ser igual para todos estos casos, así se introduzca la de “internamiento” (cadena perpetua) cuando hay pérdidas de vidas.

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El Artículo 5º añade que los integrantes de “una organización o banda” que “contara entre sus medios con la utilización del terrorismo para el logro de sus fines” sufrirán cárcel “no menor de dos años ni mayor de cuatro años”. Indica luego que si es dirigente “la pena de penitenciaría no será menor de seis años ni mayor de doce años”. Esta posible carcelería está condicionada a la existencia de hechos delictivos de responsabilidad compartida debidamente probados. Sorprende en dicho Artículo que la pena sea igual para cualquier dirigente, sin precisar grados de responsabilidad. Lo lógico es que el dirigente máximo de una agrupación delictiva sufra una pena mayor. Pero lo más sorprendente es que la pena a los dirigentes de una “organización o banda terrorista” es menor que la aplicada en el Artículo 4º a quien “proporcionare dinero, bienes, armas, municiones, explosivos u otras sustancias destructivas”. En este último caso la pena es “no menor de diez años ni mayor de quince”. Es un contrasentido si consideramos lo que significa integrar “una organización o banda” que tiene como estrategia la violencia indiscriminada. La pertenencia probada a dicha banda con un determinado nivel de mando es más que suficiente para establecer una corresponsabilidad con todos los delitos cometidos por el conjunto de sus integrantes. La debilidad intrínseca del Decreto Legislativo Nº 46 reside en el carácter individualizado del delito por terrorismo y en la débil caracterización de la complicidad de la asociación comprometida con tales acciones. Se sanciona al grupo sólo cuando hay probada complicidad en ciertos actos concretos y debidamente probados, lo cual es procesalmente difícil y engorroso. El ideario, la cadena de mando, la disciplina en torno a un plan subversivo no tienen el peso jurídico que deberían tener. Aún así, el Movadef es perfectamente tipificable de pro terrorista por defender en su conjunto y sin excepciones toda la actividad subversiva del PCP “Sendero Luminoso”, es decir, son apologistas de una trayectoria delictiva con hechos y nombres confirmados ante nuestros tribunales.

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LIMITACIONES TERRORISMO

SOBRE

INCITACIÓN

APOLOGÍA

DEL

Los Artículos 6º y 7º del Decreto Legislativo Nº 46 consideran la “incitación” al terrorismo y la “apología” del terrorismo en forma insuficiente frente a la actividad real de los infractores terroristas. El Movadef cree posible cobijarse en sus considerandos para no ser considerado un grupo apologista del terror. En efecto, el Artículo 6º considera que quien “mediante la imprenta, la radio, la televisión u otro medio” incitare a un número indeterminado de personas a cometer actos “que conforman el delito de terrorismo”, recibirá penitenciaría “no menor de cuatro años ni mayor de ocho”. A su vez, el Artículo 7º refiere que quien “públicamente hiciere la apología de un acto de terrorismo ya cometido” o de la persona que “hubiera sido condenada como su autor o cómplice” recibirá penitenciaría “no menor de tres años ni mayor de cinco años”. Una vez más, el delito está circunscrito al acto terrorista ya realizado y probado y no a la pertenencia a la organización o banda. Además, circunscribe la “apología” a la defensa de un acto concreto realizado y no a la intencionalidad genérica derivada de una tesis ideológica específica. Finalmente considera delictivo solamente al “apologista” aislado y no a su grupo, cuando es desde el marco organizativo de la secta terrorista con sus jerarquías de mando y en el contexto de su ideario que se realiza la incitación y la apología a favor del terrorismo. Una vez más, es indispensable que en nuestra legislación se castigue con dureza la asociación delictiva pro terrorista y la autoría intelectual de los jefes con tanta severidad como se castiga a los operadores de rango y fila. Pero estas limitaciones no pueden favorecer en modo alguno al Movadef desde que defiende la trayectoria completa del PCP “Sendero Luminoso”, el cual, entre 1980 y 1992, al igual que el no menos siniestro MRTA, dominó diarios y revistas diversos donde hacían incitación y apología del

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terrorismo defendiendo textualmente secuestros y atentados. Mientras el Movadef se declare defensor de dicha trayectoria y del ideario de violencia antisocial que la condujo, estará incurso en la apología del terrorismo. LOS TERRORISTAS QUE NO SE QUEMARON LAS ALAS Los vacíos del DL Nº 46 no sólo permitieron a los auténticos terroristas organizarse a nivel nacional evadiendo algunas medidas del Estado de Emergencia entre 1980 y 1990. Hubo también los que planeaban sumarse a la ofensiva terrorista pero se quedaron haciendo planes y discutiendo fechas para sus acciones. Hoy en día, pasado el tiempo, han intentado auparse al nuevo gobierno constitucional pero no lo han conseguido. Por ejemplo, el “Partido Revolucionario Mariateguista”, luego llamado “PUM” (no es casual que el nombre suene como un disparo), surgido de la fusión de Vanguardia Revolucionaria de Javier Diez Canseco y Carlos Tapia con otros grupos, como el de Manuel Dammert Ego Aguirre (PCR “Clase Obrera”), adoptó una auténtica y explícita política de incitación y apología del terrorismo en su documento congresal de enero de 1983, publicada en su revista Debate Socialista, de libre venta en quioscos y librerías. Allí, estos conocidos políticos afirmaban, entre otras cosas terribles, que “la estrategia revolucionaria en nuestro país demanda la acumulación de fuerzas en el terreno militar. La violencia revolucionaria es la respuesta a la violencia reaccionaria y por ello la organización militar es el instrumento esencial para la toma del poder” (p. 59), refiriéndose a su propio partido; y entre los acuerdos del Congreso partidario estaba claramente indicado “preparar personal, material y políticamente el brazo armado del PRM (Partido Revolucionario Mariateguista)” (p. 64). Una agrupación como esta, así no haya realizado acciones terroristas, no debería tener derecho a disfrutar de libertades electorales porque

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representa la vocación de violencia y el desconocimiento del Estado de Derecho. En España, país que durante muchos años ha sufrido los atentados de la ETA, la organización terrorista de origen vasco, el Artículo 571 del Código Penal vigente desde 1995, define a los terroristas como “los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones y grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública cometan ataques […] que conlleven riesgo de lesiones o muerte”. Como podemos ver, no sólo se indica la vocación violenta. Tiene una importancia central el ideario anticonstitucional. Lo fundamental en la lucha contra el terrorismo es catalogar a las organizaciones específicas que desarrollan estas estrategias como ajenas y contrarias al orden constitucional, mereciendo medidas legales punitivas especiales. El terrorismo es una de las expresiones más repudiables del delito organizado y no es, bajo ningún punto de vista, una fuerza social beligerante.

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Solucionética - Glosario de discusiones cojudas sobre el terrorismo Luis Zaldívar Como el tema de la ofensiva mediática de los senderistas está en boca de todos, hay algunas cosas que debemos dejar de discutir. 1. “Al MOVADEF hay que hacerle debate ideológico y no tomar acciones judiciales. “ Error, se tienen que hacer las dos cosas. Es típico de quienes no creen en el Estado de Derecho el pensar que una acción judicial es una persecución política, cuando lo concreto es que el Estado como expresión del Contrato Social tiene el deber de proteger a la sociedad frente a quienes le hacen apología al terror. El debate ideológico cumple una función importante en las universidades, pero no se puede prolongar en una herramienta de reclutamiento para el senderismo, quienes simplemente jugarán a ser más radicales que Patria Roja y ganarán adeptos entre los típicos resentidos con la sociedad que consumen el discurso anti-sistema que producen algunos medios de comunicación “alternativos” (tontos útiles). 2. “Sendero Luminoso ya no existe, sino que existen ´columnas narcoterroristas´”. Ésta ha sido una de las discusiones más inertes de la última década. ¿Qué relevancia tiene si son sólo terroristas o trabajan con los narcos? En vez de debatir que estamos haciendo para que nuestras fuerzas armadas dejen de pasar vergüenza en el VRAEM los opinólogos limeños se han enfrascado por años en señalar una y otra vez (¡oh sorpresa!) que el narcotráfico genera redes de violencia donde aparece. Una discusión similar ocurre sobre la relación que tienen las columnas senderistas de la selva con el MOVADEF en, como si sendero no hubiese tenido militantes “políticos” en Lima y el extranjero durante los 80. Son lo mismo, hay que acabarlos, punto.

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3. “La escalada propagandística de MOVADEF es culpa del mal trabajo de la Comisión de la Verdad”. Los que nos oponemos al pensamiento absolutista de la izquierda comunista hemos cometido por mucho tiempo el error de reducir el debate del terrorismo a una discusión sobre la validez del informe de la CVR. Lo concreto es que dicho informe es ya política de Estado hace tiempo y para lo único que es vinculante es para las reparaciones civiles (cuyo padrón ya está cerrado) que se han venido haciendo efectivas y para unos pocos casos de militares que están en la cárcel. Si el número de víctimas que aparece en el informe está acertado o si se sobredimensionan algunos casos pierde importancia cuando vemos que los senderistas están en una ofensiva mediática. Además, francamente, casi nadie en el Perú está interesado en recordar una y otra vez el terrorismo, hay que aceptar las cosas y enfocarnos en lograr las condiciones para pasar la página. 4. “Sendero ha crecido por el crecimiento de la pobreza/desigualdad/exclusión/etc.” Supongo que el actual presidente Ollanta Humala tendrá algún día que reconocer que mentía cuando decía que en el Perú las cosas iban de mal en peor y que por eso aumentaba la conflictividad. Esa lectura es falsa, malintencionada y prácticamente diseñada para beneficiar a los terroristas. Como lo ha descubierto -increíblemente tarde- la alcaldesa de Lima en los últimos meses, la conflictividad social ocurre cuando hay agitación política detrás; las protestas no son conducidas por los peruanos que trabajan 15 horas para llevar un pan a su casa, sino por los radicales que tienen tiempo y recursos para movilizar. Sendero se ha alimentado de la conflictividad jugando al descontento social, y no podemos seguir haciéndoles el juego. 5. “Hay que empezar una batalla por ´la memoria”. El discurso de la memoria es absolutamente ridículo, el recordar no es una política de Estado, ni siquiera es política. La memoria no la hegemoniza nadie, no puede ser expresada en fotos, cuadros, obras de teatro, ni

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menos puede un grupito de ONGs pretender ser las abanderadas del recuerdo colectivo. Si algo han demostrado los terroristas es que ellos no viven en el pasado sino que están buscando como retomar acciones, no sigamos cayendo en este tonto error. En fin, pasemos a la acción. Que hayan marchas, debates, reportajes, columnas, carátulas de periódico, señalemos a los terroristas, enjuiciemos a los que hacen apología al terrorismo, etc., pero que sea corto y contundente. No caigamos en el juego de estos violentistas, ya ven como le ganamos a todos los otros partidos comunistas que iban por la lucha armada y terminaron defendiendo la democracia y hasta postulando a cargos públicos. Los peruanos, lo podemos todo.

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#Julio2013 #Cosito #Indignados y #Demócratas Las Tendencias se Repiten

Ricardo Yturbe Si hay un mes que nunca olvidará Ollanta Humala en su vida, será julio del 2013. El mes en el que se le abrieron casi todos los frentes. Entre la persistencia en el plan de la re elección conyugal, la “Luz Verde” de Nadine, con los audios del Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, dando cuenta que la Primera Dama dio autorización a unas compras estatales. Como olvidar la captura y la orden de detención delas ex parlamentarias, y funcionarias de este gobierno, Nancy Obregón y Elsa Malpartida, respectivamente, por apoyar al terrorismo (en el caso de Artemio, que de ahí al delito de narcotráfico hay un sólo paso) (Narcopartido?). Sin dejar de lado las promesas incumplidas de un Presidente que no entona con nadie (más que con Toledo, y no menciono a Perú Posible, por qué de eso... RIP), el incumplimiento del gas a doce soles, el estado de emergencia de la seguridad ciudadana (se llegó a tener casi un muerto por semana en julio). Amén de los conflictos sociales generados por su falta de tacto y muñeca política, Por un lado con los trabadores del sector público, por la abrupta e inconsulta aprobación de la Ley del Servicio Civil; con los jóvenes, por un lado, por la el abusivo y discriminador sorteo para el Servicio Militar y, por otro lado, por el cuestionado e intervencionista Proyecto de Ley de Reforma Universitaria; sin dejar a un lado el molondrón armado con los médicos y enfermeras por incumplimiento de acuerdos salariales en el anterior paro (O sea que no escarmientan con un paro, sino que la quieren pegar de listos y se zurran en las actas firmadas con los representantes sindicales). Y no olvidemos

Publicado el 31 de julio de 2013

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a la cereza de la torta, la “repartija” del Congreso de la República en la elección de magistrados al Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva. En este contexto político y social tan convulsionado, nacen un grupo de espontáneos llamados “Indignados”, pero hagamos una radiografía de lo que vendría a ser o debería que tener un indignado, a la luz de lo que se apreció en las movilizaciones de este mes que se apaga: Indignado: Dícese de aquella persona que se cree con derecho exclusivo a protestar por lo mal enrumbado de este gobierno, sin dejar con opción, a ello, a aquellos que no piensan igual a ellos, o no forman partes de sus distintos movimientos, partidos y cofradías. Pero hay algo que agregar a la jocosa definición, que protestan por un gobierno al que estos “indignados” apoyaron en campaña, fueron sus personeros, bajo el motes huachafos, como “Personeros Éticos” “Personeros Democrático”, o cualquier otro menjunje que les permita decir que sólo los unen principios, más no una organicidad sólida e ideológica. Y no sólo apoyaron y defendieron los votos del gobierno “traidor” de Humala, sino que comieron y se sirvieron de éste, durante el primer año y medio. La historia se repite, estos Indignados, en modo “Cívicos” se colgaron de las faldas de Paniagüa para copar ministerios y OPDs; luego en modo “caviar” se colgaron del poncho de Toledo, de la misma manera, mientras que ganaban sus siete o diez luquitas gringas, vivían calladitos estaban, pero luego cual verdaderas ratas, al ver que el barco se les hundía saltaron de él para irse con el “cachaco”, los revolucionarios anti castrenses del ayer, al servicio de un Comandante en retiro. Pero no les ligó por qué ganó Alan García, y sumaron una razón más para odiar al Partido Aprista Peruano, cortarles la mamadera estatal por cinco años, que dicho sea de paso, en algunos casos venían desde Esta casta de indignados son los que ahora marcan su distancia con las fuerzas democráticas y prefieren hacerle el juego a los del MOVADEF y

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otros loquitos calatos que pugnan por el derrumbe del orden constitucional arengando vivas por el cierre del congreso, la convocatoria a una constituyente, o la refundición de la república. Y peor aún, fungen de tontos útiles a ese sector humalista que busca la desestabilización del Congreso, tal como lo hicieron en la reunión con las Centrales Sindicales, días antes del #27Julio, que buscaron desarmar la movilización responsabilizando de la ley del servicio civil, exclusivamente al Congreso. Claro, satanicemos a un recinto, que en su mayoría alberga especies dignas de Disney World, o el Parque de las Leyendas, y que no goza con el apoyo del pueblo… Pero a fin de qué? De patear el tablero y decir “acá estoy yo que los salvaré de este Congreso incapaz”?… Pues los verdaderos demócratas que siempre estuvimos en la lucha y la defensa de nuestra endeble democracia no les hacemos el juego a los golpistas, y saqueadores de la estabilidad política de nuestro país. Nosotros no aparecimos recién el 17 de julio para aprovechar una ola de descontento popular, para hoy salir como candidatos a regidores en la lista de Susana Villarán, la misma que apoyaba e impulsaba a la defenestrada casi Defensora del Pueblo, Pilar Freitas. Los verdaderos demócratas estuvimos presente siempre para advertir que existía una intención de perpetuarse en el poder, vía la re elección conyugal, la cual tuvo su punto álgido el jueves 4 de julio, con la jornada cívica “#HumalaMiente El Pueblo a las Calles”, la cual tuvo como correlato al día siguiente (viernes 05 de julio) el mensaje público de la Primera Dama, desistiendo a su candidatura. Asimismo, estuvimos en primera fila apoyando, saludando y felicitando la valiente decisión del Defensor del Pueblo en presentar la Acción de Amparo y Medida Cautelar contra el sorteo discriminatorio del Servicio Militar. Por qué la democracia no sólo se defiende por cálculo, ni por qué no está vinculado el adversario, es una labor de todos los días, y no sólo piteando por lo malo, sino felicitando lo bueno, de esa manera fortalecemos las instituciones democráticas. Y para defensa de instituciones democráticas les cuento que el término de “repartija”

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apareció por primera vez en escena cuando un Congresista que no es del agrado de los “indignados”, pero con probadas credenciales democráticas, acuso lo que se estaba cocinando en el legislativo con dicha elección. Y ya que estamos en lo de la “repartija”, la real respuesta no se hizo esperar, el mismo 17 de julio acudimos a un acto que se suponía que era de base ancha y nos unían principios, pero prefirieron hacerle el juego a los reales enemigos del pueblo, esos que quieren el cierre del Parlamento, una nueva constitución a lo Chávez… Entonces, entendimos que la lucha era cara a cara con aquellos que querían el desmedro del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, el efecto del plantón en la casa de Pilar Freitas, y el aviso que se visitaría la casa de los demás elegidos, no se hizo esperar, en dos horas las conferencias de prensa de distintos sectores anunciando dimisiones, renuncias, e intenciones de las mismas llegaron al primero poder del Estado. Luego de que Humala desordenara desde su bancada hasta al Legislativo, se cobraron la primera cabeza, Víctor Isla le decía “good bye” a su reelección como Presidente del Congreso. Las bancadas se movieron para conseguir la convocatoria a una legislatura extraordinaria. Resultado: La Democracia ganó, una vez más Siempre se apoyó, se apoya y apoyará las plataformas reivindicativas de los trabajadores, por ello nos sumamos a la movilizaciones convocadas por las Centrales Sindicales. Dicho sea de paso, cabe precisar que se constituyó una coordinadora de Centrales, conformadas por las cuatro Centrales Sindicales (CGTP, CTP, CUT, CAT). Según nos informan, la CGTP, habría abandonado la mesa de diálogo, luego de haber sostenido una reunión en palacio de gobierno, a espaldas de las otras tres centrales sindicales, por eso se explica su pronta desaparición y su apurada asistencia al local de la Presidencia de Consejo de Ministros, mientras que los jóvenes recibían palo, tragaban gas lacrimógeno, y los metían presos.

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Pero no vale la pena ocuparse por los verdadero traidores de toda la vida, lo mismo sucedió en la Marcha de los Cuatro Suyos, donde la CGTP brilló por su ausencia al momento de que la represión fujimontesinista empezaba, y para pasar piola aparecieron una manchita de 50 tira piedras, que tal Huamán, no? Sindicalista de probadas credenciales democráticas??? Baaaaahh!!!! Ahora se siente amarrado de las manos y los pies, por qué también formaron parte de este gobierno, sino pregúntenle a su ex Secretario de Defensa, Checa, que fue Viceministro de Trabajo. La importancia de pertenecer a una estructura orgánica sólida, la cual cuenta la misma historia de nuestro país defendió los derechos de los oprimidos, por las ocho horas, la autonomía universitaria, el estado laico, la defensa por la democracia. Hoy nos toca y estaremos presente, igual que en 89 años, luchando contra todo intento de perpetuarse en el poder, defendiendo la igualdad ante la ley y no permitiendo que exista un servicio militar que tenga como principal víctima a los jóvenes de escasos recursos, defendiendo la autonomía universitaria de cualquier intento de intervención política del gobierno o sus amigotes, apoyaremos las acciones de nuestras autoridades democráticas en favor y defensa del pueblo, alzaremos nuestra voz y denunciaremos cualquier vínculo con fuerzas antidemocráticas, como el terrorismo, luchando de la mano con los trabajadores para que se haga justicia a sus plataformas de lucha, denunciando el abuso del poder y si es posible increparlo cara a cara, salvaguardando la libertad de expresión…. En suma cuenta, DEFENDIENDO LA DEMOCRACIA. Por qué un gobierno, debe contar con una oposición responsable y leal al sistema democrático, que le demande el cumplimiento de sus promesas y denuncie los excesos, una oposición al gobierno y no a la institucionalidad democrática. ¿Entendiste la lección “Indignado”? Se trata de toda una forma de vida, no de una moda, ni un hashtag.

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INDICE

Introducción

Carta de reafirmación de principios apristas

El “Movadef”, o sea, Sendero Luminoso, pide derechos electorales

Limitaciones del Decreto Legislativo Nº 46 o ley peruana contra el terrorismo 20 Leyes contra la subversión

Enemigos de la República

Nuestros derechos electorales frente a la acechanza del delito organizado. Las pretensiones del Movadef 41 Solucionética - Glosario de discusiones cojudas sobre el terrorismo 51 #Julio2013 #Cosito #Indignados y #Demócratas Las Tendencias se Repiten 54 Ricardo Yturbe