Tema de la quincena
La comunidad política Sociedad, instituciones sociales y Estado Comisión Permanente de la HOAC
Vamos a plantearnos cómo entiende la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) la «comunidad política» como forma institucionalizada de la vida social del ser humano. Dicho de otra manera, la relación entre sociedad, instituciones sociales y Estado. Para ello, primero que nada, vamos a intentar clarificar algunos conceptos que utiliza la DSI para comprender mejor lo que ésta plantea.*
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a DSI considera la política como algo propio de la naturaleza humana: la actividad del ser humano como ser social y vocacionado a la comunión. En ese sentido, cuando la DSI habla de la política se refiere, según los casos, a tres dimensiones de una misma realidad. Primero, a la persona como sujeto, fin y centro de la vida política y de todas las instituciones sociales, que no tienen otro sentido que servir a la persona. En segundo lugar, también se refiere a la sociedad civil, con todas sus instituciones. Es decir, al conjunto de relaciones sociales a través
* En tres «Temas de la Quincena», que publicaremos sucesivamente, vamos a ofrecer un conjunto de aportaciones de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) que creemos útiles y valiosas para orientarnos sobre cómo superar la crisis política de nuestra sociedad. El contenido de estos tres «Temas de la Quincena» es una síntesis de lo que se plantea en el «Plan Básico de Formación Política de la HOAC». En este primer Tema vamos a considerar el sentido y el valor que tiene la comunidad política como institucionalización de la vida social del ser humano. En un segundo Tema abordaremos la mejor forma de organización de la comunidad política, según la DSI: la democracia. Por último, en un tercer Tema, valoraremos la relación entre la Iglesia y la comunidad política.
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Tema de la quincena de las cuales las personas realizamos nuestra humanidad y sociabilidad, con todas las instituciones que se generan en y para esas relaciones sociales, desde las más básicas como la familia, pasando por instituciones como la empresa, hasta todas las organizaciones y asociaciones que las personas formamos para esa vida social (sociales, vecinales, de padres y madres de alumnos, sindicales, políticas, culturales, deportivas, ecologistas, pacifistas…). Y, por último, se refiere al Estado en dos sentidos: como organización de la necesaria autoridad para regir ordenadamente la vida social y como conjunto de instituciones al servicio del buen
funcionamiento de la sociedad (lo cual incluye desde las instituciones legislativas, ejecutivas o de gobierno, judiciales, hasta la administración y las instituciones públicas que necesita la sociedad para preservar los bienes colectivos como la enseñanza, la salud, etc.). Frecuentemente (aunque no siempre, pues en ocasiones también parece referirse con ella tanto a la sociedad civil como al Estado), la DSI utiliza la expresión «comunidad política» (también sociedad política) como sinónimo de Estado. Y también utiliza frecuentemente la expresión cuer-
LA COMUNIDAD POLÍTICA COMO BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN «Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia, en la cual todos conjuguen a diario sus energías en orden a una mejor procuración del bien común. Para ello forman comunidad política según tipos institucionales varios. La comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido y del que deriva su legitimidad». (Concilio Vaticano II, «Gaudium et spes», 74)
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Tema de la quincena LA COMUNIDAD POLÍTICA NECESITA AL ESTADO «Pero son muchos y diferentes los hombres que se encuentran en una comunidad política, y pueden con todo derecho inclinarse hacia soluciones diferentes. A fin de que, por la pluralidad de pareceres, no perezca la comunidad política, es indispensable una autoridad que dirija la acción de todos hacia el bien común no mecánica o despóticamente, sino obrando principalmente como una fuerza moral, que se basa en la libertad y en el sentido de responsabilidad de cada uno». (Concilio Vaticano II, «Gaudium et spes», 74).
pos intermedios como sinónimo de sociedad civil, para referirse a las asociaciones e instituciones que existen entre las personas y el Estado. Hechas estas precisiones, y por considerarlo mejor para expresar lo que plantea la DSI, nosotros utilizamos la expresión «comunidad política» para referirnos a la institucionalización de la actividad que las personas realizamos como seres sociales y comunitarios, tanto en la sociedad civil como en el Estado. Así, la comunidad política es el conjunto de las instituciones y relaciones que las personas hemos creado para organizar la vida social y abarca tanto la sociedad civil como el Estado.
La comunidad política es una necesidad del ser humano Las relaciones sociales son propias del ser humano, pues no somos individuos aislados, sino personas que nos realizamos como tales en la comunión con los demás. La DSI insiste siempre en que la persona, por su propia naturale-
za, tiene absoluta necesidad de la vida social, que le permite realizar su vocación a la comunión; la sociabilidad es lo propio de nuestra humanidad. Una sociabilidad que demanda que las personas no seamos objetos sino sujetos y protagonistas de la vida social. En razón de esta sociabilidad establecemos multitud de relaciones sociales que se hacen duraderas en el tiempo y funcionan a través de todo tipo de instituciones sociales, económicas, políticas…, que ordenan la convivencia social. Entre estas instituciones están desde las más básicas como la familia, pasando por la organización de la producción de bienes y servicios para la vida (como la empresa, por ejemplo), hasta las diversas formas de organización territorial, como el municipio, etc. Y, para responder a nuestras necesidades y defender mejor lo que consideramos nuestros intereses y nuestros ideales, las personas hemos creado también multitud de organizaciones y asociaciones de todo tipo, que igualmente son instituciones sociales. Todo ello constituye el entramado de la vida social. Pero, para poder ser realmente instrumento para la realización de nuestra vocación a la comunión social, todo este entramado de la vida social necesita ordenarse y cohesionarse como un todo, armonizando y compaginando todas las diversas iniciativas particulares que surgen de la necesidad de relaciones sociales del ser humano. A esa organización coherente y cohesionada de la vida social es a lo que denominamos comunidad política. Ésta surge, pues, de la misma naturaleza humana y puede organizarse de diversas formas, pero es absolutamente imprescindible para la realización de las dignidad del ser humano. Así lo expresaba Pablo VI: «El hombre, ser social, construye su destino a través de una serie de agrupaciones particulares que requieren, para su perfeccionamiento y como condición necesaria para su
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Tema de la quincena LA COMUNIDAD POLÍTICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD CIVIL «La comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en último análisis, de las personas y de los grupos que la componen (…) es precisamente la sociedad civil la que justifica la existencia de la comunidad política. El Estado debe aportar un marco jurídico adecuado para el libre ejercicio de las actividades de los sujetos sociales y estar preparado para intervenir, cuando sea necesario y respetando el principio de subsidiaridad, para orientar al bien común la dialéctica entre las libres asociaciones activas en la vida democrática. La sociedad civil es heterogénea y fragmentaria, no carente de ambigüedades y contradicciones: es también lugar de enfrentamiento entre intereses diversos, con el riesgo de que el más fuerte prevalezca sobre el más indefenso». (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 417 y 418)
desarrollo, una sociedad más vasta, de carácter universal, la sociedad política. Toda actividad particular debe colocarse en esta sociedad ampliada y adquiere, con ello, la dimensión del bien común» («Octogessima adveniens», 24). Porque, efectivamente, la razón de ser y el sentido de la comunidad política es la búsqueda del bien común que implica fundamentalmente la afirmación práctica de la dignidad de la persona en la vida social, buscando crear las mejores condiciones sociales que posibiliten la realización de esa dignidad para todas y cada una de las personas. Por eso, el bien común exige priorizar las necesidades y derechos de los empobrecidos, para que dejen de serlo.
La comunidad política necesita del Estado Para la DSI la existencia del Estado es una necesidad que surge de la misma comunidad social. Otra cosa distinta es cómo debe ser el Estado. Esta necesidad la concreta la DSI en un triple sentido. Por una parte, la DSI considera que el Estado es expresión de la autoridad que necesita la sociedad. La comunidad social es diversa, en ella existen intereses diferentes, maneras diferentes de entender la forma en que hay que organizar la vida social, propuestas diversas ante los problemas sociales… Esa diversidad es un bien social que es necesario recono-
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cer, respetar y promover para no sofocar la libertad y la responsabilidad de las personas, elemento esencial de la dignidad humana. Pero, para que sea posible la vida en común, para que no se disuelva la sociedad en la confrontación entre esos diversos intereses, perspectivas, visiones de la vida social…, y para resolver humanamente los conflictos, es necesaria la existencia de una autoridad, cuya legitimidad sea reconocida por el conjunto de la sociedad, que armonice y conjugue esa diversidad, orientándola hacia el bien común e impidiendo que los intereses y posturas particulares se impongan sobre los derechos y la dignidad de los más débiles y sobre las necesidades del conjunto de la sociedad. Esta orientación hacia el bien común es la tarea y el sentido de la autoridad en la comunidad política. En
Tema de la quincena de diálogo y de impulsar mecanismos de participación del conjunto de la sociedad en la toma de decisiones y en la misma elección de quienes ejercen la autoridad.
este sentido hay que subrayar que las imágenes idílicas de la sociedad civil falsean la realidad. La sociedad civil es una realidad contradictoria y conflictiva, en la que existen intereses diversos y a veces contradictorios. Todas las personas y grupos no ocupan la misma posición en la sociedad civil para defender sus derechos. Se corre el real peligro de que los intereses y conveniencias de los más fuertes se impongan sobre los de los más débiles, como también de que en nombre de la libertad se atropellen derechos fundamentales de las personas. Tal como la concibe la DSI, la autoridad necesita disponer de poder coercitivo, es decir, poder hacer efectivo cuando sea necesario aquello que precisa el bien común de la sociedad y reprimir lo que lo niega o amenaza. Pero, ante todo, la autoridad debe ser un poder moral, es decir, basado en su capacidad de orientar a todos y cada uno hacia el bien común y en su legitimidad que depende del respeto y la afirmación práctica de los derechos humanos. En ese sentido, la DSI subraya el carácter de servicio que debe tener el ejercicio de la autoridad en la vida social. Por eso mismo, la autoridad debe caracterizase por su capacidad
Pero la necesidad del Estado no deriva sólo de la necesidad de autoridad que existe en la vida social. Por otra parte, la DSI considera que la comunidad política, para orientarse hacia el bien común, necesita una administración adecuada y justa de los bienes colectivos. El Estado debe desempeñar la función fundamental de organizar una eficaz administración pública de todo lo necesario para un buen ordenamiento de la sociedad, facilitando el funcionamiento de todos los servicios que necesita la sociedad para realizar la convivencia social. Una administración pública eficaz es un elemento esencial del bien común. Para ser eficaz, la administración debe ser suficiente y contar con los recursos necesarios, pero evitando la burocratización que sofoca la vida social y despilfarra los recursos públicos. Para ello es fundamental que se respete el principio de subsidiaridad por el cual la administración pública no tiene por qué asumir aquello que la sociedad civil puede hacer por si misma, sino que debe promover y alentar la propia iniciativa social en la construcción del bien común. Por último, según la DSI, la comunidad política no necesita del Estado sólo para el ejercicio de la autoridad y para la administración pública, sino también para la promoción efectiva de los derechos básicos y fundamentales de las personas, con especial atención a los derechos de los empobrecidos. Para ello, el Estado debe articular todos aquellos servicios y recursos públicos necesarios para que estos derechos sean realizables en la práctica. Proteger y afirmar esos derechos como un bien colectivo es tarea esencial del Estado para que la sociedad se oriente al bien común, cre-
«Cuiden los gobernantes de no entorpecer las asociaciones familiares, sociales o culturales, los cuerpos o las instituciones intermedias, y de no privarlas de su legítima y constructiva acción, que más bien deben promover con libertad y de manera ordenada. Los ciudadanos, por su parte, individual o colectivamente, eviten atribuir a la autoridad política todo poder excesivo y no pidan al Estado de manera inoportuna ventajas o favores excesivos, con riesgo de disminuir la responsabilidad de las personas, de las familias y de las agrupaciones sociales». (Concilio Vaticano II, «Gaudium et spes», 75)
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Tema de la quincena ciendo en justicia y en hacer posible el ejercicio de la libertad de las personas. Para ello, el Estado tiene también el deber de promover el cumplimiento por todos de las respectivas responsabilidades y deberes respecto a la vida social.
personas, grupos y organizaciones sociales. Pues la comunidad política para guiarse por la solidaridad necesita guiarse por la promoción de la libertad, iniciativa y responsabilidad de las personas, grupos y organizaciones sociales. El Estado, en su servicio a la sociedad debe ser garante e impulsor de esta solidaridad desde la subsidiaridad en la comunidad política. Por eso, la clave está en el equilibrio que el Estado debe mantener entre su intervención en la vida social para garantizar la justicia social y su respeto y promoción de la libertad e iniciativa social de las personas y gru-
El Estado al servicio de la sociedad Según la DSI el Estado nace, pues, de la necesidad que tiene la comunidad política de ordenarse al bien común. Ahora bien, la DSI subraya que nunca debe perderse de vista que el Estado no es un fin en si mismo, sino sólo un instrumento al servicio de la comunidad política. La primacía es de la sociedad civil, a cuyo servicio debe estar el Estado. Para realizar su servicio al bien común, el Estado debe guiarse por los principios de solidaridad y subsidiaridad, principios que permiten la búsqueda y la construcción del bien común en la sociedad. La solidaridad nace del hecho de que no es posible construir una sociedad humana desde el individualismo, sino sólo desde el reconocimiento de que necesitamos los unos de los otros y de que somos responsables los unos de los otros. La subsidiaridad es condición para vivir la solidaridad, pues para vivir con dignidad necesitamos poder ejercer la libertad y la responsabilidad. Como podemos avanzar hacia una sociedad más humana es viviendo desde la solidaridad hecha de libertad y responsabilidad. La solidaridad implica justicia y, por eso, es en primer lugar solidaridad con los empobrecidos. La solidaridad, para ser tal, necesita construirse desde el respeto y la promoción de la libertad, la iniciativa y la responsabilidad d las
pos. Cuando falta la debida intervención del Estado, aumentan las injusticias y desigualdades sociales y la afirmación de los derechos y responsabilidades de las personas se convierten fácilmente en pura retórica. Cuando la intervención del Estado no respeta el principio de subsidiaridad y se hace excesiva, con actuaciones innecesarias, se corre el real peligro de sofocar el dinamismo social y la responsabilidad de las personas y grupos. Podemos resumirlo de la siguiente manera, según lo planteó el Concilio Vaticano II: «Para el pensamiento liberal, la democracia es tan solo un procedimiento para tomar decisiones, que nada dice sobre el contenido de las mismas. Sin embargo, los poderes públicos deben garantizar los derechos socioeconómicos (educación, seguridad social, vacaciones retribuidas, vivienda digna, etc.) tanto como los derechos civiles y políticos, lo cual impone correctivos a la concepción liberal de un Estado no intervencionista». De hecho, el Concilio reconoció que, debido a «la complejidad de nuestra época, los poderes públicos se ven obli-
«Es deber del Estado proveer a la defensa y tutela de los bienes colectivos (…) cuya salvaguarda no puede estar asegurada por los simples mecanismos de mercado (…) el Estado y la sociedad tienen el deber de defender los bienes colectivos, que, entre otras cosas, constituyen el único marco dentro del cual es posible para cada uno conseguir legítimamente sus fines individuales». (Juan Pablo II, «Centesimus annus», 40)
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Tema de la quincena gados a intervenir con más frecuencia en materia social, económica y cultural para crear condiciones más favorables, que ayuden con mayor eficacia a los ciudadanos y a los grupos en la búsqueda libre del bien completo del hombre» (GS, 75c). Un Estado democrático no es, por tanto, el «Estado mínimo» que propugna el neoliberalismo. El Concilio pidió, sin embargo, que en sus intervenciones sociales el Estado respete el principio de subsidiaridad (GS, 75b). Esto es importante. Muchas veces la excesiva intervención del Estado es consecuencia de una dimisión de los ciudadanos ante sus propias responsabilidades (1).
«Una vida democrática sana cuyo verdadero protagonista sea la sociedad, tiene que contar con una amplia red de asociaciones por medio de las cuales los ciudadanos hagan valer en el conjunto de la vida pública sus propios puntos de vista y defiendan sus legítimos intereses materiales o espirituales»
De ahí que para la DSI los tres grandes peligros que hay que combatir para lograr un cada vez mejor servicio del Estado a la sociedad son el economicismo, la burocratización y la falta de protagonismo de la sociedad. Son en nuestra sociedad realidades muy extendidas que desvirtúan el papel del Estado y debilitan todo el funcionamiento del sistema social. Frecuentemente dan lugar a una perversión del mismo papel del Estado que no presta su debido servicio a la sociedad.
El economicismo, que se extiende cada vez más en nuestra sociedad y que somete las instituciones sociales y del Estado a la lógica económica del mercado capitalista, negando en la práctica que el Estado deba intervenir en la vida social en defensa del bien común, pues su función consiste fundamentalmente en facilitar que la sociedad se adapte a las demandas del mercado. La burocratización del Estado, que es el resultado de una excesiva dimensión de las instituciones del Estado, que tiende a convertirse en un fin en si mismo, que lo hace ineficaz en su servicio a la sociedad y que entorpece el dinamismo de la vida social. La falta de protagonismo de la sociedad, que se traduce en una ciudadanía pasiva (o en la ausencia de una auténtica ciudadanía) y que se extiende cada vez más por influen-
cia tanto del economicismo, que alienta el individualismo que encierra a personas y grupos en la defensa de sus intereses particulares con olvido del bien común, como por la burocratización, que diluye la responsabilidad social de personas y grupos alentando la pasividad.
La comunidad política necesita de una sociedad civil activa y responsable Precisamente como forma de superar esos tres peligros, que pervierten en su raíz el papel del Estado, la DSI subraya con mucha insistencia que la comunidad política necesita de una sociedad civil activa y responsable. La vertebración de la sociedad civil es condición necesaria para una comunidad política sana y para conseguir su objetivo de construir el bien común. Porque una sociedad civil activa es la mejor forma de controlar el poder y de situar en su debido lugar la acción
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Tema de la quincena del Estado. Pero, sobre todo, porque es la mejor forma de expresar y realizar la responsabilidad de las personas y grupos hacia la vida social y en la construcción del bien común. Sin una sociedad civil bien formada se debilita el ejercicio de la libertad, porque se favorece el individualismo y la indiferencia hacia lo común. Y la libertad es básica y fundamental para que la sociedad sirva a la dignidad de la persona. En este sentido, la DSI insiste en dos cosas. Por una parte, en la importancia de la educación y formación para vivir como ciudadanos responsables de la vida política, así como en el fundamento ético de la comunidad política. Por otra, en la gran importancia y valor que tienen las organizaciones y asociaciones de todo tipo que vertebran la vida social. La DSI considera que todo esfuerzo dirigido a afianzar el papel de las organizaciones sociales es una contribución decisiva al bien común y por ello hay que prestar toda la atención a esta tarea. Sin organizaciones cívicas, culturales, económicas, sindicales, políticas…, que funcionen de forma activa y participativa, no es posible orientar la comunidad política hacia el bien común. Las organizaciones sociales son decisivas para encauzar la responsabilidad de las personas hacia el bien común y su participación en la vida social, haciendo posible aportar desde diversas perspectivas a la construcción de una sociedad más justa y humana. Pero, para ello, es decisivo que las organizaciones sociales no se conviertan en corporativas, es decir, no se muevan exclusivamente desde la perspectiva de los intereses particulares. Para que esto sea así es fundamental, por una parte, el papel del Estado en el sentido que antes hemos indicado. Y, particularmente, que respetando y promoviendo la iniciativa, la libertad y la responsabilidad de las organizaciones sociales, se preocupe de orientar y animar su actuación desde la perspectiva del bien común. Y, por otra, es imprescindible que las propias organizaciones sociales crezcan en voluntad de actuar desde la perspectiva del bien común y cuiden la formación de sus miembros en ese sentido, es decir, que contribuyan, cada una desde su
«Una sociedad en la que es deficiente la vida asociada de los ciudadanos es una sociedad humanamente pobre y poco desarrollada, aunque sea económicamente rica y poderosa» perspectiva y funciones, a la formación de una ciudadanía ética y responsable. ■ Notas: (1) Luis González-Carvajal Santabárbara, «Iglesia en el corazón del mundo», HOAC, Madrid 2005, pág. 140.
«El servicio a la sociedad y el desarrollo de las libertades requiere alentar y favorecer la existencia de asociaciones civiles encaminadas a fortalecer el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los ciudadanos en el campo de las realidades sociales y políticas. Cualquier esfuerzo encaminado a fomentar y vigorizar asociaciones cívicas, culturales, económicas, laborales y profesionales, sociales y políticas (…) ha de ser recibido y apoyado como un verdadero servicio al enriquecimiento cualitativo de nuestra sociedad» (Conferencia Episcopal Española, «Los Católicos en la Vida Pública», 72, 125 y 127)
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