Visión Pública 06-2012 Núm:003

E

l Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas A.C., edita una vez más su revista: Visión Pública, con la aportación de importantes análisis y reflexiones de profesionales en las ciencias administrativas, como Mario Demetrio Palacios Moreno y Guadalupe Cordero Pinto, quienes acorde a los retos actuales en administración y gestión pública, destacan lo que se refiere a un nuevo perfil del gobierno que responde puntualmente al reclamo ciudadano; así como la importancia de adoptar las relaciones intergubernamentales, en los planes y proyectos para definir la agenda de trabajo de las administraciones estatales en escenarios de modernidad y globalización.

Maximiliano García Guzmán, examina datos relevantes sobre el estado que guarda la transparencia en el ámbito de los gobiernos estatales.

El análisis de Vida Inés Vargas Cuanalo, permite reflexionar sobre los retos que la Contraloría Social enfrenta actualmente y analizar su perspectiva futura.

En materia de comunicación gubernamental, el argentino Mario Riorda, nos manifiesta la necesidad de partir de un marco teórico de fuerte utilidad aplicativa, que permee todas las dimensiones de un gobierno, con el objeto de obtener capacidad institucional y condiciones de gobernalidad.

En esta ocasión Visión Pública, cuenta con la participación de jóvenes profesionistas chiapanecos, considerados por el IAP Chiapas como nuevos valores de la administración pública, Humberto Pedrero Moreno, Alejandro Pastrana Valls, Eduardo Torres Alonso, María Pilar Cariño Sarabia y José Luis Baltazar Argüello, exponen en este espacio conceptos y propuestas importantes que contribuyen a la innovación de la función pública.

Visión Pública se ha consolidado como un espacio de investigación y expresión de las nuevas tendencias en materia de Administración Pública, por la valiosa colaboración de académicos, funcionarios públicos y jóvenes profesionistas, a quienes el IAP Chiapas agradece sus significativas aportaciones.

ADRIANA CAMACHO PIMIENTA PRESIDENTA DEL IAP CHIAPAS.

CRÓNICA DE UN CHIAPANECO EN LA CIENCIA POLÍTICA

LOS GOBIERNOS ABIERTOS DIALOGAN CON SUS CIUDADANOS, PRIVILEGIANDO UNA RELACIÓN HORIZONTAL ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS.

¿¿

Qué es el gobierno abierto? ¿Es un concepto suficientemente acabado y fácilmente comprensible? ¿Es una noción en proceso de construcción? ¿Es un proceso de conceptualización en ciernes? ¿Se relaciona exclusivamente con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información? ¿Son gobiernos que divulgan la información en forma actualizada y permanente, por que los obligan las leyes, o por su vocación democrática? ¿Cuál es la lógica

de un gobierno abierto? ¿Son gobiernos inteligentes porque incorporan los conocimientos, la experiencia y la participación de sus ciudadanos? ¿Son gobiernos que han sido capaces de diseñar los mecanismos necesarios y suficientes para recoger el conocimiento y la experiencia que se encuentra diseminada en la sociedad? ¿Son gobiernos que saben cómo y quieren escuchar a su sociedad? ¿Son gobiernos que dialogan con su sociedad? ¿Son gobiernos post-burocráticos, en el sentido de que lo público no se reduce ni se agota en lo gubernamental, sino que lo trasciende? ¿El gobierno abierto es lo contrario a la opacidad? ¿Qué efectos están provocando el gobierno abierto en las interacciones entre gobernantes y gobernados?

El presente trabajo representa un esfuerzo inicial de aproximación a las respuestas que recla-

man estas cuestiones.

El gobierno abierto es un tema amplio y complejo, que se relaciona con la idea de hacer accesibles sus funciones, operaciones y resultados. El concepto representa una nueva atmosfera y un nuevo esquema de valores en la relación entre gobernantes y gobernados. La noción se refiere a un nuevo perfil del gobierno que responde puntualmente al reclamo ciudadano actual, que rechaza y repudia el secreto, lo desconocido, la no difusión, la no publicitación de lo que hacen las autoridades públicas. Desde esta perspectiva el gobierno debe ser objeto de conocimiento del público ciudadano, por lo mismo, esta idea recupera y amplía el espacio público que se encuentra secuestrado o proscrito en el seno de un gobierno cerrado y secreto.

Por otra parte, este concepto constituye una estrategia que incorpora la comunicación, el diálogo, el convencimiento, la cooperación y la participación de los gobernados, así como la transparencia y la rendición de cuentas del lado de los gobernantes con el deliberado propósito de recuperar la confianza, la credibilidad y la satisfacción del los ciudadanos en las instituciones actuales del Estado.

El gobierno abierto, requiere diferenciar entre dos modos de ser del gobierno frente a los ciudadanos y de los ciudadanos frente al gobierno.1 El primero, llamado burocrático, en donde la acción del gobierno es secreta, cerrada, aislada y se encuentra muy distanciada de los ciudadanos, los cuales se muestran pasivos y desafectos frente a lo que es y lo que hace el gobierno; el segundo, considerado democrático, en donde la acción del gobierno es abierta, transparente, comunicativa y muy cercana a los ciudadanos, los cuales se caracterizan por su interés y decidida participación junto con su gobierno en la solución de los problemas sociales y públicos, por lo mismo, en este modo, la vida pública es verdadera.

El primer modo es consustancial a contextos cerrados, porque provoca ceguera y sordera situacional en la relación vertical entre gobernantes y goberna-

SE CARACTERIZA POR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL LADO DE LOS GOBERNANTES, CON EL PROPÓSITO DE RECUPERAR LA ESTADO. dos, en esas circunstancias, el gobierno monopoliza la definición, los medios y las formas de solución de los problemas públicos y rechaza el escrutinio y la participación del público ciudadano.

El segundo modo es más congruente con la nueva imagen y el nuevo perfil del gobierno abierto, porque abandona el secreto para ofrecer evidencias y argumentos de sus decisiones y acciones, y se aleja del escepticismo respecto de la cooperación, la participación y el rechazo al escrutinio de los ciudadanos. En la especificación del concepto de gobierno abierto, Aguilar Villanueva, señala magistralmente las siguientes características: “Se exige sobre todo cultivar la costumbre republicana y democrática de comunicar al público, con evidencias y argumentos convincentes, las razones de por qué una determinada política prefiere ciertos fines, instrumentos y regulaciones, por qué una demanda social específica ha sido incluida o excluida de la agenda de gobierno, por qué un programa incorpora ciertos procedimientos y tiempos, por qué una organización pública se comporta de una

cierta manera y no de otra con los ciudadanos.”

Desde esta perspectiva, los gobiernos abiertos dialogan con sus ciudadanos, privilegiando una relación horizontal entre gobernantes y gobernados. El poder constituyente y el poder constituido adquieren sentido y veracidad a la hora de la deliberación, sin embargo, esta situación coherente donde el Estado proporciona canales de comunicación, buscando con ello, transmitir a los ciudadanos que las decisiones y acciones del gobierno resultan fundamentales para su bienestar, no siempre ha sido así, al respecto Musella nos “El término gobierno abierto, indica una actividad gubernamental basada en la transparencia y la libertad de información.

Aunque durante siglos el principio del secreto se ha constituido en un pilar de la administración pública, recientemente, un paradigma innovador parece emerger. A partir de finales de 1960, y especialmente a la difusión en los países anglosajones, un movimiento de reforma ha luchado contra la secrecía del gobierno, considerado como “un acto deliberado por parte de quienes gobiernan, para preservar o aumentar el valor de la información que poseen,….”2

La insurgencia y las acciones de los ciudadanos en las sociedades democráticas contemporáneas, buscan fiscalizar y darle seguimiento a lo que las autoridades públicas proponen y realizan, en suma, quieren controlar el poder y reducir el secreto oficial, la acción del público ciudadano adquiere múltiples formas dependiendo de cada sociedad en particular, pero comparten algunos valores básicos: “…promover una conducta más ética, para mejorar la rendición de cuentas ejecutiva y legislativa, promover la formulación de políticas con un mayor conocimiento, y ayudar a los ciudadanos individuales y los grupos en la promoción de derechos e intereses particulares.”3 De este modo, el combate ciudadano en estas sociedades transita por el desmantelamiento de los monopolios y los oligopolios sobre la información pública, por la publicitación del poder, por un mejor desempeño gubernamental dentro de la norma, por la transparencia y la rendición de cuentas. Por consiguiente, el gobierno abierto no consiste únicamente en su transformación en una plataforma de Internet que busca hacer más accesible, útil, disponible y amigable la información gubernamental, el gobierno

SE CARACTERIZA POR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL LADO DE LOS GOBERNANTES, CON EL PROPÓSITO DE RECUPERAR LA CONFIANZA, LA CREDIBILIDAD Y LA SATISFACCIÓN DEL LOS CIUDADANOS EN LAS INSTITUCIONES ACTUALES DEL ESTADO. abierto es un proceso permanente, en el cual los ciudadanos están conscientes de que: “No hay nada más contradictorio a la naturaleza de la autoridad pública, la política pública y la administración pública que el secreto, la arbitrariedad injustificable, la oposición a toda forma de rendición de cuentas.

En la República, gobernantes y gobernados tienen que hablar, probar y convencer sobre la validez de sus intereses, asuntos y acciones. En este diálogo permanente que ocurre en las Cámaras,los medios y las organizaciones se perfila lo que llamamos interés público.”

Sin embargo, en las últimas tres décadas, se han ido desvaneciendo considerablemente las fronteras entre esta tradición republicana y democrática, y el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Este hecho, ha incrementado la ambigüedad del

concepto gobierno abierto, de tal forma que: “…un gobierno puede ofrecer “información abierta” sobre temas políticamente neutrales, incluso, si se mantiene profundamente opaco e irresponsable.

Las ciudades húngaras de Budapest y Szeged, por ejemplo, ofrecen ambas en línea, los horarios de tránsito legibles por computadora, lo que permite a los usuarios de Google Maps el recorrido en viajes locales. Esta información es a la vez abierta y gubernamental, pero no tiene nada que ver con la falta preocupante que tiene el gobierno húngaro de transparencia. La información puede ser abierta, pero el propio país se “desliza en el autoritarismo”.”

Esto quiere decir, que si un gobierno ha puesto en la vitrina, en el aparador, haciendo visibles y disponibles algunos de sus archivos y algunos de sus

servicios, no significa automáticamente que estamos frente a la posibilidad de poder entender lo que es y lo que hace un gobierno.

El hecho de la claridad, el poder ver hacia adentro de un gobierno, no viene acompañado de la comprensión-entendimiento de lo qué es y lo que hace el gobierno. Por lo mismo, los gobiernos abiertos son aquellos que tienen una vocación democrática que trasciende la sola transparencia-claridad, vale decir, no basta que se pueda ver lo que sucede adentro de un gobierno, sino la posibilidad real de que se pueda comprender lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace.

Luego entonces, un gobierno abierto tiene que ver con un conjunto de circunstancias, en donde la transparencia es un factor muy importante, pero no el único.

El hecho de utilizar las tecnologías de la información para comunicar mejor las cosas o para mejorar la prestación de los servicios del gobierno, es algo necesario pero no suficiente en términos de un gobierno abierto.

En esta perspectiva, un gobierno abierto, es básicamente aquel que tiene una férrea y comprometida vocación democrática de permitir que los ciudadanos comprendan con detalle:

“lo necesario, útil y pertinente que es su actuación para la vida en común”.

Solamente cuando el uso intensivo de las tecnologías de la comunicación y de la información estimulan y permiten la creación de espacios para la deliberación, el escrutinio y el debate del público ciudadano, es decir, cuando favorecen la ampliación del espacio público, estamos en la posibilidad de no confundir la información abierta con gobierno abierto, y estamos en la posibilidad de no confundir gobiernos opacos e irresponsables, que continúan cultivando el secreto, con gobiernos abiertos.

El desafío consiste entonces, en superar la visión reduccionista, para la cual un gobierno abierto es: “Un sistema en el cual la mayoría de las decisiones adoptadas por el gobierno y la mayoría de los archivos del gobierno están disponibles y legibles por parte de cualquier ciudadano.”4 Por último, cabe señalar que en diciembre de 2009, se publicó un documento que describe la iniciativa del Presidente norteamericano Barack Obama, para incorporar en su gobierno los principios del gobierno abierto,

en ese informe se menciona lo siguiente: “Mi administración está comprometida a crear un nivel sin precedentes de apertura en el gobierno. Vamos a trabajar juntos para asegurar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia, participación pública, y colaboración. La apertura fortalecerá nuestra democracia y promoverá la eficiencia y la eficacia en el gobierno.”

Lo que puede resultar importante para los mexicanos, consiste en que esta iniciativa de la presidencia norteamericana llevó en septiembre de 2011, a una alianza multilateral entre varios países del mundo, entre los que se encuentra México.

Esto quiere decir que las autoridades públicas del país se comprometieron con la apertura del gobierno sin precedentes, con la rendición de cuentas, con la entrega de información valiosa, útil, oportuna, accesible y disponible, con la participación y la colaboración del público ciudadano.

Lo que puede resultar valioso para los ciudadanos mexicanos es que ese compromiso sea un auténtico deber del gobierno y conduzca al fortalecimiento de la tradición republicana y democrática en nuestro país.

UN GOBIERNO ABIERTO ES BÁSICAMENTE AQUEL QUE TIENE UNA FÉRREA Y COMPROMETIDA VOCACIÓN DEMOCRÁTICA DE PERMITIR QUE LOS CIUDADANOS COMPRENDAN CON DETALLE: “LO NECESARIO, ÚTIL Y PERTINENTE QUE ES SU ACTUACIÓN PARA LA VIDA EN COMÚN”.

rresponde al Gobernador.

L

a Administración Pública Estatal, como expresión generalmente aceptada de la función gubernamental, cuyo objetivo es ejecutar los mandatos legales; es una responsabilidad asignada normalmente a una persona, que en los estados federados de la República, se identifica con el nombre de gobernador.

La Constitución Política del Estado de Chiapas (CPECH), en el artículo 36, señala que el poder ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominará Gobernador del Estado de Chiapas; a su vez, el Artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, indica que el ejercicio del Poder Ejecutivo co-

Dentro del catálogo de facultades y obligaciones del representante del Ejecutivo, sobresale la de promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su fiel observancia, así como ejecutar los actos administrativos que las leyes federales le encomienden, esta consideración jurídica, justifica el porqué de manera generalizada se ha denominado Administración Pública a los entes que auxilian al Ejecutivo en el cumplimiento de sus funciones.

Con lo anterior, se explica fácilmente porqué a pesar de que los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), también realizan funciones materialmente administrativas, éstas pasan a un plano secundario

que no inciden en la idea principal de ubicar al Poder Ejecutivo como el que controla y organiza la administración, per se. Algunos autores, relacionan este fenómeno denominado por Gabino Fraga, como los temperamentos y excepciones al principio de división de poderes, con la idea de colaboración entre los órganos, contenida en la noción básica de que el poder no debe concentrarse. “La división tripartita del poder es el punto de partida del desarrollo de conceptos como legislación, justicia y administración, que están en constante revisión.

El primero interesa al Derecho Administrativo, ya que uno de sus campos de estudio es el principio de legalidad y los efectos del mismo en la actividad estatal; el segundo importa en la medida en que la acción del gobierno tiene como propó-

LAS FORMAS, INTENSIDAD Y FACTIBILIDAD DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES, DEPENDERÁ DE LAS IDEOLOGÍAS Y POLÍTICAS QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO DESEE IMPLEMENTAR EN SU ADMINISTRACIÓN.

sito último la convivencia armónica de una sociedad, y la administración es el objeto que regula.”

La CPECH destina el Capítulo II, del Título Sexto, para establecer cómo se organiza el Poder Ejecutivo, indicándonos que para el despacho de los asuntos administrativos del Estado, contará con las dependencias y entidades que establezcan las leyes, o los decretos y acuerdos que, conforme a ellas, expida el propio Ejecutivo.

Por tanto, el titular del Ejecutivo auxiliado de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado (LOAPCH), es el que organiza a la Administración Pública Estatal, centralizada y paraestatal, haciendo hincapié, que además de decidir cómo estructurar las áreas que le permiten cumplir con sus funciones de gobierno, está facultado para nombrar a las personas que ocuparán los espacios para conformar su equipo de trabajo, y proponer al Congreso del Estado, la creación de órganos que por los fines que persiguen requieran autonomía para su funcionamiento, los que tendrán sus formas propias de gobierno, conforme las determine el decreto o la ley que los cree.

En términos enunciativos, el Artículo 2 de la LOAPCH, establece que la Administración Pública Estatal se regirá por la administración centralizada y paraestatal; la primera de ellas se integrará por las dependencias y unidades administrativas que se encuentran directamente adscritas al titular del Ejecutivo, incluyendo los órganos desconcentrados; y, la segunda por entidades que se constituyen como organismos descentralizados, organismos auxiliares, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos que se or-

ganicen de manera análoga a los organismos descentralizados.

El único límite que encuentra el Ejecutivo para la creación de los entes, que según sus políticas gubernamentales requiere para el desempeño de sus funciones, es la necesidad de su creación; argumentado esta toma de decisiones, bajo el reconocido parafraseo hecho por el entonces presidente de la Comisión de Administración Pública, Lic. José López Portillo, de que “en la administración, como en la biología, la función crea al órgano.”

Partiendo de esta premisa, el Ejecutivo deberá planear y programar sus funciones, a través de los instrumentos legales que tiene a su disposición; organizando de manera coordinada a los entes que conforman su administración.

Esta tarea trascendental ha ocasionado que algunos especialistas consideren que el tema es materia de estudio del Derecho Constitucional; así lo dice Martínez Morales al comentar: “Alguien ha dicho que el administrativo es Derecho Constitucional aplicado...” En la actualidad a decir del mismo autor, muy pocos doctrinarios sostienen esta posición, lo relevante es entonces, la creación de estos entes, los que ante el crecimiento desmedido de las funciones del poder público, especialmente el administrativo, pueden trastocar intereses de la población, como la duplicidad de acciones, esfuerzos, recursos, dilaciones en los procedimientos, ineficacia en la distribución del presupuesto y pocos resultados.

Este escenario, se dibuja con claridad en la exposición de motivos publicada el 11 de diciembre de 2006, en el Periódico Oficial del

Estado, al reconocer el Ejecutivo chiapaneco la problemática de las relaciones gubernamentales, que se presentaba en ese período de su gobierno, manifestándose: “La relación del Gobierno con su aparato administrativo, se ha venido desarrollando de un modo que no ha facilitado la creación de instrumentos de coordinación que potencien una armónica conducción del aparato estatal; esta situación ha incidido en la inexistencia de mecanismos de articulación para promover la acción conjunta de todos los órganos administrativos, generando en gran medida, ineficacia e ineficiencia de buena parte de las políticas públicas.”

Ante la problemática detectada, el Gobernador fijó como objetivo dentro de la modernización de la administración pública, acercar los servicios a la totalidad de la población de una manera sencilla, ágil y eficiente, a efecto de que su labor de gobierno se tradujera en beneficios directos para la ciudadanía; mediante la coordinación adecuada del trabajo desempeñado por cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública, a efecto de que la función de Gobierno se encausará hacia una ruta cierta y definida, comprometiendo a todos sus órganos a la realización de las directrices establecidas en la Constitución Política del Estado, en las leyes emanadas de ella, y en el Plan Estatal de Desarrollo 2006-2012.

A través de este Decreto se creó lo que se denominará Coordinación General del Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo objetivo prioritario fue conjuntar, coordinar y armonizar, a través de dicho órgano, las políticas y acciones de Gobierno.

En Chiapas con los instrumentos jurídicos idóneos se creó una Coordinación, cuya justificación fue que el gobierno debía implementar diversos ajustes institucionales encaminados al diseño, ejecución, cumplimiento, evaluación y gestión de las políticas del Gobierno del Estado. Esta nueva forma de organizarse se da en el marco de lo que se ha llamado el nuevo Derecho administrativo, en donde ya no son suficientes las acciones de mando y control, sino la coordinación de todas las acciones programadas. “La figura de la Coordinación General del Gabinete, se incorpora a un entorno institucional en donde se palpa la necesidad de introducir un órgano auxiliar y de apoyo que dependa directamente del Gobernador del Estado, para que coadyuve con éste y la diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal, al correcto ejercicio de sus funciones.”

Esta Coordinación General del Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado, sin duda fue creada como una alternativa de solución; implementándose las Relaciones Intergubernamentales (RIG), entre las diferentes formas de organización, de manera formal y concreta.

Las RIG, pueden definirse como los vínculos de coordina-

LOS SISTEMAS COMO SE ESTRUCTURAN LOS ENTES DEL PODER EJECUTIVO, ESTÁN DETERMINADOS POR LA LIGA JERÁRQUICA QUE VINCULA A TODOS LOS ENTES CON EL GOBERNADOR. ción, cooperación, apoyo mutuo e intercambio de acciones que se dan entre dos o más instancias de gobierno; dejando en claro que el objetivo de las (RIG), debe ser, facilitar las acciones de gobierno, mejorar la conducción de la Administración Pública, dirigir las funciones y políticas prioritarias del gobierno, de tal manera que su flexibilidad haga dinámica la comunicación y no se dupliquen recursos humanos, financieros y administrativos.

Aún cuando explícitamente el decreto de creación de esta Coordinación no lo aborda, en el seno de las discusiones de este ente, podía materializarse lo que la máxima napoleónica sostuvo: deliberar es función de varios y

ejecutar es propio de uno solo.

Ahora bien, pasado cinco años de la creación de esta Dependencia, se publica en el Periódico Oficial del Estado, número 3131-A-2011-E, el decreto por el que se abroga el decreto que creó la Coordinación de referencia; demostrándose con ello, que las atribuciones del titular del Ejecutivo se dan en razón de los menesteres que se presenten en su organización y funcionamiento; implicando que su existencia está sujeta a factores prácticos y de política gubernamental; por ello, considerar las formas de establecer las relaciones intergubernamentales es una atribución del Poder Ejecutivo, quien deberá buscar las herramientas que mejor le funcionen.

La finalidad de este artículo, es demostrar la importancia de adoptar las RIG en la elaboración de los planes y proyectos, y definir la agenda de trabajo de las administraciones estatales en escenarios de modernidad y globalización; en cuanto a las formas, intensidad y factibilidad de estas relaciones, dependerá de las ideologías y políticas que el titular del Ejecutivo desee implementar en su administración.

Recordemos que las RIG, siempre han estado presentes en cualquier sistema de organización del Estado, la interacción entre entes públicos ha creado un cúmulo de nexos difíciles de entender; estas complejidades no son novedosas, cualquier experto en administración sabe que la interdisciplinariedad de las áreas hacen difícil la tarea en

equipo, máxime si al titular del Ejecutivo se le permite, según lo dispuesto por el Artículo 5 de la LOAPCH, crear unidades, coordinaciones, comisiones y asesorías; así como apoyo técnico que requiera, para atender los programas prioritarios en el Estado.

Como se aprecia, lo relativamente nuevo es la cantidad de formas de organización que existen, y las modalidades que pueden revestir; por lo que las RIG, deberán prever los campos interdisciplinarios, las perspectivas diversas, las dispersiones y multiplicadas realidades coexistentes, que, únicamente coordinadas debidamente y mediante un flujo de comunicación adecuado lograrán eficientar las funciones de la administración pública.

Finalmente, la comunicación entre individuos de igual esta-

tus (horizontal), entre superiores y subordinados (vertical: ascendente y descendente), así como, entre personas de distinto estatus, ubicados en diferentes líneas de mando (diagonal), constituyen los modos básicos de los flujos de información; debiendo cuidar la normatividad y la formalidad entre los entes coordinados.

Los sistemas como se estructuran los entes del Poder Ejecutivo, están determinados por la liga jerárquica que vincula a todos los entes con el Gobernador.

Esta es la principal característica de la administración pública; considerando por ello, que las RIG al estar coordinadas y con flujos de comunicación clara y sin barreras, generará un ambiente de trabajo en equipo eficaz y eficiente.

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l Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), convocaron a los Institutos de Administración Pública de la entidades federativas, a la Reunión Nacional del Sistema INAP, llevada a cabo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, los días 17, 18 y 19 de enero del año en curso; con el objeto de iniciar los trabajos preparatorios para el Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, en junio de este año; en dicha reunión los directivos y académicos adscritos al Sistema INAP, exploraron y debatieron el tema: “La gestión del Espacio Público del Municipio”, en tres mesas sucesivas, en las que los participantes expresaron ideas

fuertes que dan lugar a un horizonte propositivo en los temas siguientes: Política Gubernamental, Política Pública, y Política Ciudadana.

Los debates desarrollados en las mesas antes mencionada, por personas estudiosas y expertas en materia de administración pública, arrojaron interesantes reflexiones y conclusiones que fueron plasmadas en un documento el que por la importancia de su contenido se publica, para que en su momento, pueda servir de guía o punto de referencia a toda persona interesada en el quehacer político a nivel municipal o estatal, que quiera tener un diagnóstico situacional y mecanismos de formulación en el qué hacer, cómo hacer, y cuando ejecutar acciones en políticas: de gobierno, pública, y de participación ciudadana.

EL OBJETIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBE SER EL DE TENER UN GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE.

efinir un objetivo y evaluar si estamos en el camino correcto antes de tomar una decisión es vital para cualquier país, pero en especial para México. El objetivo de cualquier economía debe ser el crecimiento, entendido como el aumento del valor de la producción de la economía y en consecuencia del bienestar de sus habitantes. Sin embargo, parecería que en los últimos años nuestro país no tiene un objetivo claro en materia económica. Es por ello que, vale la pena evaluar cómo estamos en términos de crecimiento económico, a fin de poder determinar lo que lo obstaculiza.

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El crecimiento económico de México ha sido deficiente en las

últimas tres décadas. Una manera de evaluar el crecimiento es mediante el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, es decir, el valor de toda la producción de la economía entre el número de habitantes.

Entre 1982 y 2007, el crecimiento promedio anual del PIB per cápita fue de apenas 0.7 por ciento, mientras que China incrementó su ingreso per cápita en 7.7 por ciento anualmente en el mismo período. El crecimiento económico de México se ubicó por debajo, incluso, del que lograron naciones desarrolladas como Francia y Estados Unidos, a tasas promedio de 1.5 y 2.1 por ciento, respectivamente, para el mismo período. En principio, el crecimiento de México debería ser más acelerado que las naciones consolidadas económicamente.

Para evaluar porqué México no ha crecido, el primer paso es determinar cómo se producen los bienes y servicios en una economía. En su forma más simple, la

teoría económica reconoce que la producción de una economía depende de 3 factores: en primer lugar, la cantidad de trabajo (mano de obra); en segundo lugar, la cantidad de capital (inmuebles, maquinaria, infraestructura, etc.); y finalmente, la forma de combinar ambos factores para lograr producir un bien o servicio: la productividad. Es decir, la productividad podría ser definida como la forma de emplear el trabajo y el capital, cuánto podemos producir dado la cantidad de trabajo y capital que tenemos.

Con el marco conceptual anterior, podemos evaluar cuál o cuáles factores debemos fortalecer para lograr nuestro objetivo: crecimiento económico. La gráfica siguiente muestra el crecimiento del PIB y de cada factor por habitante. Para fines ilustrativos, se normalizan los valores de 1970 a 100 para evaluar el crecimiento.

La gráfica anterior muestra que

en el período de 1970 a 2007, el PIB per cápita ha aumentado en 81.6%, lo cual se debió principalmente al crecimiento en el trabajo (61.5%) y a un ligero aumento en el capital (10.4%).

Sin embargo, lo que nos ha frenado como país es la productividad, que de 1970 a la fecha no ha crecido.

Es decir, tanto la cantidad de trabajo como el capital han aumentado, pero no somos más eficientes en la producción (usando más el capital y trabajando más tiempo no hemos aumentado nuestra producción como otros países).

Del análisis anterior se destaca la importancia de la productividad para lograr un crecimiento económico sostenido. Por ello, ahora es importante entender cuáles son los factores que promueven la productividad.

Estudios recientes señalan que hay varios factores que impactan la baja productividad en México: educación, sector informal, competencia económica, entre otras. Son en estos temas en los que se debe trabajar para lograr el crecimiento económico. En este sentido, es conveniente destacar algunas deficiencias de los factores antes mencionados: Educación: Aunque el gasto agregado en educación en México es comparable al que se dedica en los países de la OCDE, los resultados de la prueba PISA están muy lejos de los estándares aceptables de la OCDE. Una debilidad clave es la preparación de los maestros y sus directores. Como base de la estrategia educativa, México debería elaborar una serie de estándares a nivel nacional que definan las competencias que los maestros deben poseer para mejorar los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. La educación magisterial inicial debe mejorar, y un primer paso para lograrlo sería establecer estándares rigurosos de acreditación para todas las instituciones

de capacitación docente.

Sector informal: Las empresas informales son muy pequeñas y poco productivas en comparación con las empresas formales. Las empresas del sector informal carecen de capacitación, protección jurídica y acceso a crédito, de forma que no participan en la innovación, por lo que tienden a mantenerse pequeñas. En este sentido, lo que debe realizarse para incrementar la productividad es la reducción de los costos de trabajar en el sector formal, es decir, combatir los obstáculos a la formalización.

Competencia económica: Un análisis realizado en conjunto por la Comisión Federal de Competencia y la OCDE sugiere que las familias mexicanas gastan, en promedio, cerca de una tercera parte de su presupuesto en bienes producidos en mercados monopólicos o altamente oligopólicos, y que la proporción es aún más alta para las familias de más bajos ingresos. El mismo estudio destaca la concentración en los sectores de: telecomunicaciones, energía, transporte aéreo y de pasajeros, farmacéutico y banca al menudeo. Por tal razón, un mayor nivel de competencia llevaría a las empresas dominantes a reducir sus precios, ser más eficientes e innovar, aumentando el crecimiento de la productividad agregada y fomentando el bienestar del consumidor.

La productividad se tiene que aumentar en toda la economía y un sector muy importante es el sector público (gobierno). El 8.8% de la fuerza laboral en México es empleada en el sector público. En este sentido, todos los niveles de gobierno en México deben mejorar la capacidad gubernamental para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. El objetivo de la

administración pública debe ser el de tener un gobierno eficaz y eficiente.

Un gobierno eficaz es aquel cuyos resultados, como la prestación de servicios públicos o el diseño e implementación de políticas públicas, cumplen con los objetivos planteados. Un gobierno eficiente es aquel que cumple con sus objetivos al menor costo posible, extrayendo el mínimo de recursos de la sociedad.

Los principales elementos para lograr aumentar la productividad en la administración pública son: ·Rendición de cuentas: mostrar hasta qué punto las medidas que aplica y las decisiones que toma son congruentes con objetivos definidos y acordados. ·Transparencia: que las medidas, decisiones y procesos que tome el gobierno estén abiertos a un nivel de escrutinio adecuado para poder ser revisados. ·Capacidad de respuesta: flexibilidad para responder con rapidez a cambios en la sociedad. ·Visión prospectiva: tener un objetivo claro y prever todos los problemas que se puedan tener en el futuro. ·Estado de derecho: que el gobierno ejecute las leyes, las regulaciones y los códigos de manera igual y transparente.

En conclusión, un gobierno adecuado y funcional es importante para detonar la productividad y con ello el crecimiento económico de cualquier país. En el caso particular de México, se requiere un cambio hacia una administración pública eficaz y eficiente, capaz de implementar las políticas públicas necesarias para poder atender los problemas urgentes que enfrenta el país.

UNO DE LOS PRIMEROS PASOS PARA AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA ES CONCEBIRLA ABIERTAMENTE COMO UN VALOR DE CORTE DEMOCRÁTICO. para el orden federal con el local, tal como lo demuestran los diversos estudios que se han realizado en la materia como Métrica de la Transparencia y el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), de los que se resaltarán algunos datos en este texto.

urante sus primeros 10 años de vigencia formal, la política de transparencia en México ha ido cobrando importancia tanto en el discurso como en la actuación de las instituciones públicas y de los ciudadanos. Sin embargo, como toda política pública su avance ha sido incremental y, por lo mismo, no ha estado exenta de tropiezos y de intentos de limitación.

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El panorama general de la transparencia en el país es ciertamente heterogéneo, pues además de no existir una idea clara del concepto, su grado de institucionalización es muy diverso si se com-

Derivado de lo anterior, el objeto del artículo es examinar datos relevantes sobre el estado que guarda la transparencia en el ámbito de los gobiernos estatales, para puntualizar sus avances y temas pendientes en la senda del fortalecimiento del derecho de acceso a la información. Para ello, se desarrollarán los siguientes apartados: 1) Calidad de la transparencia en México: notas sobre los gobiernos locales; 2) Hacia el fortalecimiento de la transparencia en los gobiernos estatales; y, 3) Conclusiones.

Calidad de la transparencia en México: notas sobre los gobiernos locales Recientemente se ha impulsado de manera sistemática la

realización de estudios sobre transparencia, los cuales han sido desarrollados de manera destacada por parte de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Esto es importante destacar, pues muestra que el acceso a la información sigue siendo un tema con mucho vigor dentro de la agenda pública nacional y también las de carácter local.

Uno de esos estudios es la “Métrica de la transparencia” (2010), que de acuerdo con su página de internet se integra por cuatro dimensiones: Calidad normativa: aquí se examinan las diversas disposiciones legales teniendo como base comparativa las disposiciones del artículo 6° constitucional, así como el Código de buenas prácticas y alternativas para el diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En una escala del 0 al 10, el promedio nacional es de 7.6.

Calidad de la información públi-

ca de oficio: en este rubro se analizan los portales en cada entidad federativa, el Distrito Federal y la Federación (18 en cada uno de ellos, lo que da un total de 592). En una escala del 0 al 10, el promedio nacional es de 7.8.

Calidad de la respuesta a solicitudes de información: esta dimensión evalúa los instrumentos y procesos a través de los cuales se tramitan las solicitudes de información y también se examina la calidad de las respuestas. La muestra es 1810 solicitudes generadas en todo el país.

En una escala del 0 al 10, el promedio nacional agregado es de 8.2.

Calidad de las instituciones: aquí se realiza un ejercicio comparativo entre los órganos garantes en cuanto a recursos humanos, organización, tecnología y financiamiento, es decir, las capacidades institucionales para cumplir con sus responsabilidades. En una escala del 0 al 10, el promedio nacional es de 5.7 Sin entrar al detalle sobre el estado del derecho de acceso a la información en cada entidad, de los promedios expuestos destaca que la transparencia obtiene cali-

ficaciones aceptables en sus aspectos formales, es decir, en la legislación, el diseño de procedimientos, los portales de internet y los tipos de respuesta. Sin embargo, el aspecto material de la política sigue siendo un tema pendiente, pues las capacidades institucionales de los órganos garantes son aún limitadas, principalmente en lo que se refiere a su grado de autonomía, madurez institucional y eficacia de sus resoluciones.

Asimismo, la Métrica de la Transparencia (2010), identifica lo siguiente: “otro hallazgo relevante son las asimetrías que se identificaron en la calidad de los portales, los procedimientos de acceso y las capacidades institucionales a lo largo del país. Estas asimetrías generan que, en un mismo estado y bajo la misma ley, diferentes sujetos obligados se comporten de manera diversa, en ocasiones con altas calificaciones, en otras con notables deficiencias”. Esta situación representa una limitante de relevancia al derecho de acceso a la información en los gobiernos estatales, pues dentro de una misma jurisdicción los ciudadanos interesados en ejercerlo deben de enfrentarse a dinámicas

disímbolas para obtener los datos que necesitan, lo que no sólo incrementa de manera notable el grado de heterogeneidad en el derecho, sino también la incertidumbre en su cumplimiento.

Otro elemento que destaca de manera particular este estudio, se refiere a la calidad y exactitud de la información; de hecho aquí sitúa el principal desafío de la política de transparencia, pues aún con los avanzados diseños normativos existentes (Ackerman y Sandoval, 2005), el peticionario de información está desprovisto de mecanismos que le permitan verificar los datos recibidos, situación que se agrava cuando se observa que tampoco existen sanciones definidas para los servidores públicos que no cuiden la calidad en la información que manejan y proporcionan (Métrica de la Transparencia, 2010).

Por su parte, otro estudio que analiza el arraigo de la política de transparencia es el Índice del Derecho de Ac-

LAS NORMAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REPRESENTAN UN ATRIBUTO INSTITUCIONAL QUE PERMITE ATACAR DE MANERA GRADUAL EL SECRETO, NO POR EL SECRETO MISMO, SINO CUANDO ÉSTE GENERA ÁREAS DE CORRUPCIÓN, ILEGALIDAD, FALLAS EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO, ERRORES EN LA TOMA DE DECISIONES Y ACCIONES EN BENEFICIO DE LO PERSONAL Y NO DE LO COLECTIVO

ceso a la Información en México (IDAIM) (2010), el cual evalúa la calidad de las leyes de transparencia y acceso a la información que existen en el país. Para su edición 2010, destaca que el Distrito Federal se sitúa en el primer lugar con la legislación más avanzada, en tanto Guerrero cuenta con la ley más limitativa. También cabe destacar que el 52% de las legislaciones no cumplen con los principios del derecho de acceso a la información, consagrados en el artículo sexto constitucional y que, en consecuencia, el 72% están debajo de los estándares internacionales.

A manera de recomendación, el Índice señala que entre los principales obstáculos para la realización del derecho de acceso a la información se encuentra la falta de independencia de los comisionados en los órganos garantes, la ausencia de sanciones claras para los funcionarios, los sistemas y procedimientos complejos para presentar solicitudes, y las excepciones hechas por las propias leyes sobre los sujetos obligados (IDAIM, 2010). Además, el estudio ubica graves riesgos por recientes reformas a las legislaciones estatales, donde destaca como ejemplo el caso de Guerrero, pues su legislación ya incluye la posibilidad de recurrir las resoluciones de su instituto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También llama la atención el caso Veracruz, donde se presentó una iniciativa que deja abierta la posibilidad para que las resoluciones de su Instituto dejen de ser definitivas para los sujetos obligados.

Otras legislaciones que se han reformado recientemente son Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guerre-

ro, Nayarit y Nuevo León; se han dado intentos de cambios legislativos en Sonora, Querétaro, Yucatán, Puebla, Distrito Federal y Veracruz, e incluso a nivel federal.

En efecto, actualmente está en discusión en el Poder Legislativo una iniciativa (Cámara de Diputados, 2011: 36-83) que plantea modificaciones a la Ley Federal.

Dicha propuesta cambia de nombre a la propia norma y la define como Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La minuta respectiva fue aprobada en lo general pero no en lo particular, ya que se reservaron cuatro artículos. El que más destaca es el número 59, que a la letra dice actualmente: “Artículo 59. Las resoluciones del Instituto serán definitivas para las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación” (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2012).

La propuesta original de modificación adicionaba la palabra “inatacables”, para evitar impugnaciones por parte de las dependencias obligadas a cumplir con la Ley. Sin embargo, existe la propuesta de que, lejos de incluirse esa condición jurídica, en ese artículo se establezca que las resoluciones del IFAI puedan ser recurridas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que significa quitar al Instituto prácticamente toda fuerza jurídica para hacer cumplir la política de transparencia en México.

Otro artículo reservado (18 bis) se refiere al secreto bancario o fiscal y la apertura de los fideicomisos públicos, que son casos, que ha defendido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar que se den a conocer informa-

LA TRANSPARENCIA TRAE COMO BENEFICIOS LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y DE LA CIUDADANÍA...

ciones relativas al uso y destino de recursos que se ejercen a través de la figura del fideicomiso y que prácticamente escapan a toda fiscalización, así como evitar que se dé a conocer los beneficiarios de los créditos y condonaciones fiscales.

Los dos restantes artículos reservados son el 46 y el 55 bis, que versan sobre la posibilidad de que se generen y expidan documentos solicitados en los casos en que los ordenamientos jurídicos obliguen a hacerlo a las dependencias y entidades gubernamentales.

Adicionalmente, a la fecha el IFAI ha detectado que las dependencias, al no tener la posibilidad jurídica de ampararse contra las resoluciones del Instituto, asesoran y orientan a terceros (posibles afectados), para que lo hagan en su esfera de competencia, lo cual ha significado frenos y atrasos a la accesibilidad de cierta información.

Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia ha decidido recientemente, que los sujetos obligados no pueden recurrir las resoluciones del IFAI, pero sigue pendiente su pronunciamiento sobre el caso del Artículo 16 del Código de Procedimientos Penales, que hace prác-

ticamente inaccesibles las averiguaciones previas, incluso aquellas que tienen más de 10 años de antigüedad.

Hacia el fortalecimiento de la transparencia en los gobiernos estatales: Es indispensable considerar con miras al fortalecimiento del derecho de acceso a la información varios elementos: 1) La solidez del sistema, es decir, la definición sin ambigüedades de responsabilidades y responsables, el incremento en la calidad y oportunidad de la información, así como la mejora en los sistemas de archivos; 2) La expansión de las obligaciones en materia de transparencia, que significa incluir en su esfera a las instituciones que hoy no son sujetos directos de su competencia o bien tienen responsabilidades mínimas en la materia, como son sindicatos, partidos políticos, empresas, universidades e incluso los poderes legislativos y judiciales de cada entidad; 3) Aminorar la heterogeneidad subnacional en materia de acceso a la información, y es que si bien la reforma al artículo sexto constitucional de 2007, otorgó un plazo de un año a todas las legislaturas del país para reformar y adecuar sus leyes de transparencia, para que incorporaran los nuevos principios y bases (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012), una parte importante de las entidades sigue sin recuperarlos; y 4) Reducir asimetrías generadas por elementos operacionales como la oferta y oportunidad de la información, así como por elementos contextuales, como la baja demanda o volumen de solicitudes, la cual obliga a analizar y proponer formas de estimular el ejercicio del derecho, facilitar su acceso, expresarlo en lenguaje ciudadano -y no sólo técnico o jurídico- y vincular a la transparencia con otras políticas de corte democrático como la rendición de cuentas.

En suma, esos elementos han de considerarse en una nueva generación de reformas jurídicas que permitan configurar institucional y empíricamente la política de transparencia como un instrumento proactivo, con vocación pública y orientado al control democrático del ejercicio del poder (García, 2011:301).

Conclusiones Uno de los primeros pasos para avanzar en el fortalecimiento de la transparencia es concebirla abiertamente como un valor de corte democrático, es decir, como una institución que plantea una nueva relación entre gobierno y ciudadanos.

Al mismo tiempo, la transparencia es un patrimonio público que ha llevado varios lustros y diversos movimientos sociales construir. Por ello, la relevancia de la legislación sobre derecho de acceso a la información para un país como México -que está inmerso en un proceso ríspido de democratización, es decir, con tensiones permanentes entre los avances y los retrocesos-, se ubica concretamente en dos áreas:

La cualitativa, que alude al reconocimiento de la transparencia como un medio fundamental en la conformación de un régimen democrático en cuanto al ejercicio del poder se refiere, lo que implica la construcción, diseño y rediseño de institucio-

nes cada vez más receptivas y sensibles al derecho que tiene la ciudadanía de involucrase en su operación por medio de las solicitudes de información, y La cuantitativa, que se refiere a la mejora continua en los procesos de gestión de la política de transparencia, que implica el análisis y mejoramiento de factores tales como la existencia de sistemas de información, la confiabilidad, pertinencia y oportunidad de los datos, así como la satisfacción de las expectativas de la ciudadanía en torno al ejercicio del derecho y al tipo de respuesta al que está obligado a dar la autoridad competente.

En este sentido, las normas en materia de transparencia representan un atributo institucional que permite atacar de manera gradual el secreto, no por el secreto mismo, sino cuando éste genera áreas de corrupción, ilegalidad, fallas en la gestión de gobierno, errores en la toma de decisiones y acciones en beneficio de lo personal y no de lo colectivo. Es por ello que en oposición a la opacidad, la transparencia trae como beneficios la democratización de las instituciones públicas y de la ciudadanía, la eficiencia de la burocracia, mejoras en el campo y proceso de las políticas públicas, decisiones sustentadas en la información y en el trabajo corresponsable con la ciudadanía, y particularmente el rescate del sentido público del gobierno.

ES EN LA GESTIÓN PÚBLICA DONDE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCUENTRA SU ESPACIO DE MAYOR EXPRESIÓN Y DONDE EXISTEN MAYORES POSIBILIDADES PARA SU PRÁCTICA.

D

urante años, las estrategias anticorrupción de los gobiernos, se centraron en un cúmulo de controles y normas, acompañados de mecanismos correctivos y sanciones.

Con el tiempo, la proliferación de controles se convirtió, no sólo en un obstáculo para la operación gubernamental efectiva, sino que el exceso de trámites terminó por favorecer a la corrupción misma, en vez de limitarla.

Hoy en día, sin renunciar a la aplicación de sanciones, los nuevos paradigmas en el combate a la corrupción están orientados a la racionalización de los controles y a privilegiar mecanismos preventivos que reduzcan los costos e incrementen los beneficios. Una de estas estrategias es, precisamen-

te, la Contraloría Social.

tos públicos.

El objetivo general del presente artículo, es presentar un análisis de esta forma de participación ciudadana, a veinte años de su existencia en nuestro país, para reflexionar sobre los retos que enfrenta actualmente y para analizar su perspectiva futura.

La legalidad es la característica que distingue a aquel poder público que se ejerce con apego a las leyes establecidas, constituye el principio básico del llamado Estado de Derecho.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL La democracia es una forma de gobierno en la que “…lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno -lo que hay que gobernar- sino también el sujeto que gobierna” (Salazar y Woldenberg, 2003: 15).

Esta premisa nos permite dimensionar el gran compromiso que la democracia representa, tanto para gobernantes como para gobernados pues, por un lado, se requiere que las autoridades trabajen a partir de los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas; y por el otro, es indispensable que la sociedad desarrolle los compromisos de la participación y la corresponsabilidad en los asun-

No obstante, cabe destacar, que aún cuando el Estado de Derecho y la legalidad se sustentan sobre bases de naturaleza jurídica, su campo de acción es eminentemente político, ya que permiten la reivindicación de los derechos ciudadanos frente al poder público. Por ello, el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia misma, exige que el gobierno actúe con transparencia y además, que rinda cuentas.

La transparencia se define, como la práctica de poner a disposición del público la información de las instituciones de gobierno, salvo aquella que se clasifica como confidencial o reservada. Al respecto cabe señalar que la transparencia no debe concebirse como un simple proceso mecánico de cla-

sificación, sistematización, difusión y acceso a la información pública.

La transparencia debe vincularse “…necesariamente con el ideal de una sociedad, cuyos ciudadanos pueden participar informadamente, donde su participación es significativa en las decisiones y resultados de la política” (Arellano, 2008: 263).

En ese sentido el valor de la transparencia radica en la capacidad que les otorga a los actores, gubernamentales y no gubernamentales, para LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA REACTIVA EL actuar a partir de la disponibilidad de la información. Porque una política COMPROMISO SOCIAL DE LOS GOBERNANTES AL de transparencia adecuadamente PERCATARSE QUE SON VIGILADOS Y, AL MISMO TIEMPO, comprendida genera condiciones APOYADOS POR AQUELLOS QUE FINALMENTE FUERON para que la relación entre individuos y grupos al interior de una organiza- QUIENES DECIDIERON QUE EJERCIERAN EL PODER PÚBLICO. ción gubernamental, y hacia fuera de ella, sea más efectiva, responsable y ca el desempeño evidente del gobier- chos para fines del bienestar común. oportuna.

En ese sentido, el reto para la sono de cara a la sociedad, la rendición ciedad consiste en hacer de la transde cuentas se refiere al deber del apaLa transparencia, a su vez, dota de una perspectiva amplia a la deno- rato público de presentar a la comu- parencia y la rendición de cuentas, minada rendición de cuentas, la cual nidad el resultado de su gestión. En prácticas universales y no particuladeja de ser un proceso unidireccional otros términos, la rendición de cuentas res; permanentes y no excepcionales; del gobierno, para convertirse en un constituye la faceta instrumental de la cotidianas y no circunstanciales. Para acto que además de explicaciones transparencia como requisito demo- el logro de tales propósitos se requiere un incremento en la participación ciuimplica responsabilidades para los crático. dadana y mayor corresponsabilidad Servidores Públicos, en función de social con el gobierno.

Es por ello que ambos procedilas expectativas convenidas. mientos -transparencia y rendición de La participación ciudadana “…se La rendición de cuentas “…se de- cuentas- se convierten en condiciones fine como la obligación permanente indispensables para el fomento de una entiende como la capacidad que tiene de los mandatarios o agentes para mayor vinculación entre gobierno y la sociedad de involucrarse en la cosa informar a sus mandantes o princi- sociedad, sobre las bases de la cre- pública y así aumentar su grado de pales, de los actos que llevan a cabo dibilidad y la confianza; el ejercicio de influencia en los centros de decisión como resultado de una delegación de los pesos y contrapesos que evitan el respecto a materias que le afecten” autoridad que se realiza mediante un abuso en el ejercicio del gobierno; y (Mejía, 1990: 63). contrato formal o informal y que im- que la ciudadanía se involucre en los Esto significa que la participación plica sanciones en caso de incumpli- temas de interés colectivo. ciudadana no debe limitarse exclusimiento. Los mandantes o principales Por otro lado, si bien es cierto que vamente a la elección de representansupervisan también a los mandatarios o agentes para garantizar que la la transparencia y la rendición de tes, sino que debe trascender del acto información proporcionada sea fide- cuentas son en primera instancia res- de votar al acto de decidir; no sólo porponsabilidad de los gobernantes, los que es obligación de los gobernantes digna” (Ugalde, 2002: 14). gobernados debieran ser los más in- permitir el ingreso ciudadano al proceEn suma, si la transparencia impli- teresados en hacer uso de esos dere- so de decisiones públicas, sino por los

beneficios, tanto gubernamentales como sociales, que de ello derivan.

“La participación ciudadana sin ser la panacea de la problemática social, es importante por cuanto representa un punto de partida que permite dar una nueva forma y contenido a la gestión pública; constituye una medida innovadora en la que gobierno y sociedad trabajan conjuntamente en la búsqueda del desarrollo del bienestar social; amplía la base social y favorece la gobernabilidad; propicia el ahorro de recursos financieros en la realización de obras y prestación de servicios; crea un flujo de información útil que puede ser clave para la gestión; promueve el aporte de ideas innovadoras por parte de la comunidad; genera sustentabilidad de mediano y largo plazo de los proyectos; fomenta el sentido de responsabilidad, libertad y justicia social entre los individuos y grupos, entre otros importantes aspectos” (Morales, 1997: 61).

Por lo tanto, es en la gestión pública donde la participación ciudadana encuentra su espacio de mayor expresión y donde existen mayores posibilidades para su

EN LA MEDIDA EN QUE LOS CANALES DISEÑADOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y EL MODO DE OPERAR DE LOS GOBIERNOS POSIBILITE LA INFLUENCIA DE LA CIUDADANÍA EN LA TOMA DE DECISIONES PÚBLICAS, ESTA PARTICIPACIÓN SE CONVERTIRÁ EN UNA FUENTE DE IDEAS, RECURSOS Y PROYECTOS. práctica. Sin embargo, la aspiración a una ciudadanía más dispuesta a participar exige que ésta se encuentre informada, comprometida y sea más responsable.

De lo anterior se concluye que el compromiso de la participación ciudadana es mutuo entre gobierno y sociedad. El primero está obligado a abrir canales efectivos para la participación permanente de la ciudadanía. Mientras que la sociedad debe concientizarse de que su involucramiento en las tareas del gobierno no es sólo un derecho sino también una obligación. La intervención de la ciudadanía reactiva el compromiso social de los gobernantes al percatarse que son vigilados y, al mismo tiempo, apoyados por aquellos que finalmente fueron quienes decidieron que ejercieran el poder público.

Uno de los mecanismos que han resultado viable para la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés social es la Contraloría Social, la cual desalienta el poder arbitrario y abusivo y establece una relación de corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados.

LA CONTRALORÍA SOCIAL EN MÉXICO La Contraloría Social es “El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia y honradez” (Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, 2007: 3).

Se define como “…un tipo de participación ciudadana orientada al control, vigilancia y evaluación por parte de personas y/u organizaciones sobre programas y acciones gubernamentales, que promueve una rendición de cuentas vertical y horizontal” (Hevia, 2006: 13-14).

De este modo se observa que la Contraloría Social es una actividad que realizan los gobernados

en pleno uso de sus derechos ciudadanos, por lo que requiere de la participación activa, informada y responsable de los involucrados en la vigilancia de la actividad pública.

La acción de vigilancia ciudadana a través de la Contraloría Social, pretende dos objetivos fundamentales: “a) prevenir y abatir prácticas de corrupción, y, b) lograr la participación activa y responsable de todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una cultura de la transparencia y el respeto a la ley” (INDESOL, 2003: 64).

En ese sentido, la Contraloría Social debe operar a partir de los principios de la legitimidad y la eficacia. Su nivel de legitimidad depende del grado de autonomía que guarde respecto del gobierno, mientras que su eficacia está determinada por los recursos de poder puestos a su servicio.

En el caso de México, la Contraloría Social fue impulsada en 1991, por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), en el marco de la política de desarrollo social establecida por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el Programa Solidaridad.

LA ESTRATEGIA OPERATIVA CONSISTIÓ EN UN PROCESO DE SEIS ACCIONES BÁSICAS a) La creación de Comités Comunitarios y Consejos de Desarrollo Municipal. b) El nombramiento de Vocales de Control y Vigilancia. c) El diseño de una campaña de vigilancia ciudadana que se difundió a nivel nacional. d) La capacitación de los Contralores Sociales en el manejo de controles operativos y de supervisión.

e) La vinculación del control social a los sistemas de atención de quejas y denuncias de las dependencias ejecutoras y de la propia SECOGEF. f) La inclusión de la estrategia de Contraloría Social, en el Programa de Modernización Administrativa, impulsado por el entonces Presidente de la República, Licenciado Carlos Salinas de Gortari.

Posteriormente, la Contraloría Social fue retomada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM); y actualmente es promovida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en coordinación con los Órganos Estatales de Control, particularmente en los Programas Federales de Desarrollo Social.

El fundamento legal en el que se sustenta el ejercicio de la Contraloría Social en el país se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 6°, 8° y 26°); así como, en otros docu-

mentos normativos de orden federal que contienen estipulaciones en la materia, entre los que destacan: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la Ley de Coordinación Fiscal, entre otros.

Es importante aclarar que la Contraloría Social puede adoptar diversas modalidades, que van desde la participación del ciudadano simple, hasta procesos más complejos como son: el Monitoreo Ciudadano, el Observatorio Ciudadano, el Usuario Simulado, el Testigo Social, la Sociedad Civil Organizada, y los Comités de Contraloría Social.

LOS BENEFICIOS DE ESTAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SON a) Contar con órganos ciudadanos especializados que vigilan la actuación del gobierno. b) Promover y fortalecer la

participación ciudadana corresponsable. c) Contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas. d) Disminuir los índices de corrupción en el gobierno. e) Incrementar los niveles de eficiencia y eficacia administrativa. f) Democratizar las decisiones públicas. g) Incrementar los niveles de legitimidad y gobernabilidad. h) Impactar positivamente en la calidad de vida de la población.

REFLEXIONES FINALES La defensa de la causa ciudadana no es una lucha fácil ni a corto plazo; depende en buena medida de la disposición de los gobernantes, así como del empuje, tesón y empoderamiento de la sociedad civil.

Para el logro de estos objetivos es necesario hacer que los

NO SE TRATA QUE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUSTITUYA LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO, MÁS BIEN, QUE EL GOBIERNO FUNCIONE A LA VISTA Y BAJO EL CONTROL CIUDADANO. órganos de participación ciudadana existentes no sean meras instancias de consulta o información, que no le otorgan a la ciudadanía facultades decisorias o resolutivas.

Sólo en la medida en que los canales diseñados para la participación ciudadana, y el modo de operar de los gobiernos posibilite la influencia de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, esta participación se convertirá en una fuente de ideas, recursos y proyectos.

No se trata que la participación ciudadana sustituya las funciones del gobierno, más bien,

que el gobierno funcione a la vista y bajo el control ciudadano.

La Contraloría Social representa un esquema viable de participación ciudadana, porque está diseñada para usar la transparencia y el acceso a la información como instrumentos que promueven la rendición de cuentas, generando con ello un círculo virtuoso entre sociedad y gobierno.

Es en la Gestión Pública donde la participación ciudadana encuentra su espacio de mayor expresión y donde existen mayores posibilidades para su práctica.

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formación y capacitación para todos los servidores públicos, en los los tres niveles de gobierno de las entidades federativas. Esto es lo que nos ha permitido aumentar nuestra capacidad de atención y servicio a los municipios, al estar directamente vinculados con el Instituto Nacional, ya que en muchas ocasiones los docentes vienen directamente del INAP, así como de distintas universidades nacionales e internacionales.

Para pertenecer al Sistema se requiere cumplir con ciertas condiciones de calidad en la enseñanza, en la investigación, en la capacitación y en la consultoría pública; para poder medirlos se cuenta con 22 indicadores que están organizados en 7 factores, aquellos Institutos que los cumplan pueden formar parte de este Sistema.

Pregunta.- ¿Qué programas desarrolla actualmente el IAP-Chiapas?

Respuesta: Por la vocación municipalista que Pregunta.- ¿Podría explicarnos qué es el le caracteriza al IAP-Chiapas, se ha venido desaIAP-Chiapas y cuál es su objetivo principal? rrollando el “Programa de Desarrollo Institucional Municipal” (PRODIM), por lo que ha sido necesario Respuesta.- El Instituto de Administración Públi- incrementar nuestra cobertura en todos los munica del Estado de Chiapas, A.C., IAP-Chiapas; es una cipios del Estado, en los cuales damos capacitaasociación civil, sin fines de lucro, con personalidad ción viernes y sábado de cada semana; para eso jurídica y patrimonio propios, su objetivo principal es contamos con 11 sedes, distribuidos en diferentes promover el desarrollo de las ciencias administrativas ayuntamientos del Estado, son a los que atendemos y contribuir al mejoramiento y profesionalización de la con temas de administración pública municipal. Así función pública en el Estado de Chiapas. mismo, contamos este año y el año pasado con la impartición de cursos a la medida, esto quiere decir Pregunta.- ¿Qué actividades realiza para que acudimos directamente al Ayuntamiento, platicontribuir al mejoramiento y profesionaliza- camos con ellos, les preguntamos cuáles son sus ción de la función pública? necesidades en materia de capacitación y atendemos los temas que nos requieran.

Respuesta.- El IAP-Chiapas, trabaja dentro del Sistema INAP, este Sistema comprende al Instituto Pregunta.- ¿El IAP-Chiapas, además del Nacional de Administración Pública y a los Institutos PRODIM, cuenta con otros programas? de Administración Pública de los estados; es un sistema que nos permite a los institutos estar permanenRespuesta.- El Instituto además del PRODIM, temente vinculados y prestar servicios de calidad, de cuenta con el “Programa de Alta Dirección”, dentro

del cual hay cursos de posgrado, diplomados, seminarios, talleres, cursos cortos de actualización; los cursos de posgrado están dirigidos principalmente a funcionarios del gobierno del Estado y funcionarios de los municipios.

Pregunta.- ¿Qué posgrados oferta el IAP-Chiapas?

Respuesta.- Estamos por iniciar la Especialidad en Análisis Político; así como la Especialidad en Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, con el propósito de formar con excelencia académica a profesionistas que se desarrollan en los quehaceres de la administración pública; y la Maestría en Administración y Políticas Públicas, que tiene como objetivo formar Maestros en estas materias, que dispongan de las herramientas teórico-metodológicas, para proponer, desarrollar y evaluar políticas públicas innovadoras, así como cambios organizacionales que incrementen los niveles de calidad en los tres órdenes de gobierno.

Pregunta.- Una de las funciones del IAP-Chiapas, es promover la cultura de la administración pública ¿Qué acciones ha realizado para ampliar su cobertura?

Respuesta.- El Instituto ha llevado a cabo importantes Foros y Congresos, en los que han participado distinguidos conferencistas estatales, nacionales e internacionales, en distintas disciplinas vinculadas a la administración pública; así mismo, el Instituto ha creado su área de publicaciones, lo que ha permitido la realización de nuestra revista: “Visión Pública”, su edición es cada seis meses, esta es la tercera en publicarse, contiene artículos de especialistas en administración y gestión pública, de funcionarios públicos, así como de nuevos valores en la materia.

Se ha creado la Colección de Administración Pública: “Tiempos”, espacio que permite el fortalecimiento de la investigación y difusión de la administración pública, de esta Colección hemos publicado las siguientes obras de docentes e investigadores del IAP-Chiapas: “La Administración Pública por Resultados y la Auditoría del Desempeño”; así como, “Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal”.

Promocionamos el año pasado, por vez primera, “El Premio Estatal en Administración Pública”,

el que cerramos con 10 trabajos de investigación en esta materia, de los que el jurado posterior a sus deliberaciones dio por ganadores a los tres primeros lugares; publicándose el tema del primer lugar: “Sistema Automatizado de Seguimiento y Control Semaforizado del Plan de Desarrollo Municipal.”

Pregunta.- ¿Qué otras publicaciones ha realizado?

Respuesta.- En lo que va de mi gestión al frente del IAP-Chiapas, hemos publicado obras derivadas de los Foros y Congresos que hemos llevado a cabo: Carta Chiapas; Reseña: “Conferencia Internacional sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel local: Agendas Locales para el Desarrollo Humano”; Memoria: “La Agenda Pública de Chiapas ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas”; Memoria: “Seguridad Pública y Gobiernos locales”; Contracultura: “Ciencias Artes y Reflexión Política”; Memoria:1er.

Foro Internacional: “Liderazgo e Igualdad. Mujeres Siglo XXI”; “La Gestión del Espacio Público” Propuesta y Aportaciones del Sistema INAP; “Grupo Latinoamericano por la Administración Pública GLAP, Innovaciones en Administración y Gestión Pública para América Latina”.

Pregunta.- Por último, como Presidenta del IAP-Chiapas ¿Qué mensaje daría a los lectores y público en general?

Respuesta.- Manifestarles que el IAP-Chiapas, es la casa de todos los servidores públicos y estudiosos de la Administración Pública, que las puertas del Instituto están abiertas para todos aquellos que quieran saber de sus funciones y conocer sus instalaciones, que siempre serán todos bien recibidos; comunicarles que el trabajo que hemos venido realizando siempre ha tenido la característica de la responsabilidad y ética profesional; que hemos trabajado con el firme compromiso de promover el desarrollo de las ciencias administrativas con eficiencia y calidad para contribuir al mejoramiento y profesionalización de la función pública, al considerar que es mediante el ejercicio y su divulgación que contribuimos al fortalecimiento de la administración y gestión pública en nuestra entidad.

LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL TIENE UN OBJETIVO: GENERAR CONSENSO. SI LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL NO ACTÚA BIEN, NO HAY CONSENSO Y SI NO HAY CONSENSO, NO HAY BUENA GESTIÓN. la ciudadanía y la posibilidad de respuesta de los gobiernos, al menos desde lo que la comunicación política puede aportar en beneficio de la gestión y, mucho más aún, de los ciudadanos. Por ello, es necesario pensar, investigar y ejecutar a la comunicación gubernamental con sus propias realidades y caracteres, para hacerla cada vez a comunicación guber- más profesional. namental necesita partir de un marco teórico de Cuando se piensa en un sisfuerte utilidad aplicativa que per- tema político exitoso, se entiende mee todas las dimensiones de un idealmente que es aquel que regobierno, con el objeto de obtener sulta de dar cumplimiento a dos capacidad institucional y condicio- funciones de marcada centralidad: nes de gobernabilidad que doten de consenso a las gestiones.

La primera, tiene que ver con la tarea de asignación de valores en Mayoritariamente la producción una sociedad dada. sobre la comunicación política parte de investigaciones, ensayos o La segunda, con el intento de referencias que tienen a la comuni- conseguir que la mayoría de dicha cación y el comportamiento político sociedad acepte esa asignación electoral como sus guías, -asocian- valorativa la mayor cantidad del do sin traslación, o extrapolando tiempo posible (Easton, 1979). irresponsablemente- tópicos, posEllo fundamenta que la racionatulados y/o resultados, a la gestión de la comunicación gubernamental. lización y justificación que permita legitimar las acciones de gobierno La comunicación gubernamen- sean un instrumento insustituital permite reducir las tensiones ble, no exento de fuertes controirresolubles entre las demandas de versias, sin el cual el ejercicio del

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poder, en tanto gobierno, podría verse seriamente entorpecido y deslegitimado. Es decir, la comunicación gubernamental tiene un objetivo: generar consenso. Si la comunicación gubernamental no actúa bien, no hay consenso y si no hay consenso, no hay buena gestión (Riorda 2008, p. 27).

Aunque no es imposible definir lo que es consenso, es dificultoso llegar a un análisis empírico de sus características, debido a la vaguedad, nivel de abstracción y ambigüedad de creencias efectivas sobre las que éste se basa. Partiendo de que el consenso es una condición determinada del sistema de creencias de una sociedad, y que existe cuando entre los miembros de una unidad social dada hay acuerdo de principios, valores, normas y también respecto de la deseabilidad de ciertos objetivos de la comunidad, de los medios aptos para lograrlos (Sani, 1998, p. 315).

Si bien podría diferenciarse el consenso relativo a las reglas fundamentales que dirigen el funcionamiento del sistema (rules of the game), del consenso que tiene por

objeto ciertos fines o instrumentos particulares (Sani, 1998, pp.

315-316). Y a pesar de que pueda sostenerse que el primer tipo de consenso es más importante para la supervivencia del sistema político, muchas veces el segundo se convierte en un elemento de acuerdo, ante la inestabilidad (o imposibilidad) del primero. Ello cobra más fuerza, al sostener que el consenso es menos visible en la superficie que el nivel de disensión, el que causa mayores niveles de noticiabilidad.

Así, de una manera casuística debe entenderse el consenso, como contrafuerza frente a las potencialidades de división de intereses y creencias divergentes, adaptado a cada circunstancia, tiempo y lugar.

Entonces, sólo importa aquí entender el consenso como ausencia de disensos inestabilizadores, que aún, existiendo sólo para principios generales, sea concebido como un elemento que, a pesar de las tensiones, dote de adaptabilidad y de una considerable resistencia al sistema político. Es decir, que el consenso debe contribuir con las funciones de sostén del orden público: con la disminución de las probabilidades del uso de la violencia en la resolución de los desacuerdos; con el aumento de la cooperación no impulsada por el miedo al poder coercitivo del más fuerte; debe contribuir a limitar la intensidad emocional que se expresa en discrepancias y rigideces de la adhesión a los objetivos con los que hay desacuerdo; debe impulsar la creación de una actitud favorable a la aceptación de medios pacíficos entre los que tienen cierto sentido de afinidad o identidad mutuas (Shils, 1977, pp. 48-51).

El consenso es entonces, la búsqueda de acuerdos políticamente operantes centrados en la idea de que, si bien puede haber (y de hecho probablemente siempre existan) grupos en los márgenes del consenso, o bien fuera de éste, las políticas de un gobierno deben ser aceptadas socialmente por la mayor cantidad de personas.

Es claro que la generación de consenso para un gobierno no es una empresa sencilla (Riorda 2006; Elizalde, 2006; Fernández Pedemonte 2006), y en cambio no está muy claro con qué instrumental argumental cuenta un gobernante para estimular estratégicamente la comunicación gubernamental, en especial, la comunicación que haga posible el acompañar y mejorar la efi­ca­cia de la ges­tión del Estado; es decir, el poder pro­yec­tar, desarrollar y hacer de modo efi­caz y sistemática cierta can­tidad de políticas públicas en las mejores condiciones posibles (Elizalde 2006: 146).

Supuestos básicos de comprensión de la comunicación gubernamental Son cuatro los supuestos básicos e irrenunciables para hacer posible una comprensión de la comunicación gubernamental de modo pleno: 1er supuesto: Consustancialidad de la política y la comunicación. El estudio de los gobiernos es el estudio de lo que los gobiernos hacen, y hay cada vez más ignorancia sobre ciertas herramientas de los modernos gobiernos, como la comunicación y la importancia que ésta tiene (Rose, 2000, p. 19). La comunicación no ha digerido a la política, pues es más bien la política la que en la actualidad se representa en un estilo comunicacional (Wolton, 1995, p. 35). La política es un proceso de respuestas a problemas públicos que se hace presente en la comunicación (Hahn,

2003, p. 2).

2° supuesto: Políticas de acceso a la información. Se pretende enfatizar que todo lo que se proponga como comunicación gubernamental tiene un correlato paralelo de información, como garantía irrenunciable de veracidad, a través de datos fidedignos de manera paralela a la comunicación del gobierno, que en su ejercicio mayoritario, transcurre a través de la publicidad de gobierno o en declaraciones de los propios gobernantes, y sin las cuales carecería del más mínimo sentido democrático su aplicación.

En esencia, se trata de afirmar la idea resumida en la intención de colaborar con los ciudadanos que votan o evalúan una gestión en particular, muchas veces sin capacidad informativa que garantice un mínimo de veracidad en el conocimiento de los aspectos del desenvolvimiento de la gestión de un gobierno (Riorda, 2004c, p.132). Pero como el ejercicio de lo retórico, en donde se apoya la comunicación no tiene exigencia de verdad, sino de verosimilitud, como algo que está en el camino o en cercanías de la verdad (López Eire, 1998, p. 31), este supuesto cobra más fuerza aún.

Manin sostiene una doble premisa: por un lado, un ciudadano nunca conocerá todo lo que los gobernantes hacen, y tal vez no lo querría, pero ello no implica que la información deba depender de lo que aquellos quieran que se conozca (Manin, 1988). Como se verá, este primer supuesto será la cláusula de salvaguarda democrática más importante en todo el planteo posterior.

3er supuesto: Diálogo entre la ética y el pragmatismo. La dimensión valorativa o ético-nor-

mativa, es obviamente responsabilidad del lector, del político o del ciudadano que juzga. Pero la inexistencia del diálogo en las esferas de la ética y del pragmatismo puede derivar en peligrosos voluntarismos cargados de buenas intenciones.

4° supuesto: Atención a las demandas de la ciudadanía.

Dado el desarrollo de un sistema omniabarcativo de medios de comunicación en las democracias, un gobierno puede atender más o menos a las demandas de la ciudadanía pero no obviarlas.

Rutinas de la Comunicación Gubernamental Las “Rutinas de la Comunicación Gubernamental” (RCG), están conformadas por cuatro tipo de acciones comunicacionales que los gobiernos utilizan habitualmente. Son recomendaciones para la acción en aras de aportar para que las ideas de gestión sean diseminadas, compartidas y asumidas como hábitos perdurables en las organizaciones públicas.

Las RCG, están conformadas por dos categorías de acciones recomendables y deseables: las acciones de comunicación del gobierno como entidad y las acciones de comunicación de las políticas de un gobierno.

Además, las RCG incorporan dos cuñas transversales a las categorías: una con acciones no recomendables ni deseables (aunque éstas constituyan prácticas regulares en el común de los gobiernos), más allá de algunas excepciones que las justifican y que se podrían recomendar en determinadas situaciones, y, otra de acciones recomendables y deseables siempre: la Cuña de desvíos de la comunicación y la Cuña

de acceso a la información.

Acciones de comunicación del gobierno como entidad Las acciones de comunicación del gobierno como entidad se pueden clasificar en cuatro tipos distintos:

gobierno, que permita a los ciudadanos vislumbrar el futuro deseado, a la vez, de comprender los temas claves que están en un horizonte creíble y puedan convertirse en mito de gobierno, como conjunto de buenas razones para creer.

Comunicación del gobierno como un todo, o mito de gobierno: Un gobierno es la suma de políticas públicas y debe apuntar a que un ciudadano pueda juzgar al gobierno en general y no a una política en particular. Un gobierno debe gobernar con políticas públicas, las que no están aisladas. Puede ser que una política funcione bien y que tenga impacto social, pero si la gente tiene una mala predisposición para el gobierno en general, quiere decir que se está haciendo una política bien y tal vez otras políticas mal, afectando al consenso del gobierno. La comunicación política debe apuntar a sostener al gobierno, a través de un proyecto general de gobierno. Éste necesita dar cuenta del norte estratégico, del rumbo de la política general del

El trabajo del gobierno consiste entonces, en conseguir que su mensaje se perciba como realidad; y su estrategia será, la elección de las palabras con las que argumenta para su defensa y su causa. Todo gobierno a la hora de comunicar debe tener un proyecto general de gobierno, o por lo menos, debe encargarse de instalarlo para evitar caer en el cortoplacismo, y salir así, de la trampa de la inmediatez, de las demandas impostergables (normalmente de muy difícil y lenta solución). La expresión más funcional que trasciende y supera al proyecto general de gobierno, es el mito.

El mito, es un elemento útil como construcción de sentido, definido por Girardet (1999: 11) como “un sistema de creencias, cohe-

rente y completo”. El mito permite una propaganda de integración (Rose, 2000: 27) y se forma tanto de la imagen -como una percepción social- como de la identidad: lo que se es, en tanto organización, con su gente, con sus cosas. Y aunque puedan no coincidir en algún momento, a la larga, dichos conceptos se van unificando, y la imagen tiende a reflejar lo que verdaderamente se es (Wheeler, 1994: 15-16).

El mito político es parte constitutiva de la comunicación política de un gobernante, y es dable imaginar también, que una vez lanzado a lo público toma vida y existe, “independientemente de sus eventuales usuarios, se les impone mucho más de lo que ellos contribuyen a su elaboración”. Por ello, es una herramienta de comunicación simbólica que debe ser de uso regular y constante en la construcción de sentido social y político, para que se constituya en fuente generadora de consensos. Pero más allá de lo dicho y del alcance persuasivo, el campo de la argumentación no es ilimitado, sino que se circunscribe a los ámbitos de lo verosímil, lo plausible y lo probable.

Por lo que se deduce que el único requisito para que un mito se constituya como tal, ya sea en acuerdos tácitos o en posturas explícitas y escritas, es la brevedad, puesto que no constituye un compendio exacto de todas las políticas públicas y valores que lo sustentan.

Todo el desarrollo comunicacional denominado “imágenes de marca” (brand state), que utilizan los Estados en todos sus niveles, y que son motivados por los gobiernos, son ejemplos de mitos cristalizados en fórmulas comunicacionales simplificadoras que dan cuenta de la brevedad aludida.

Comunicación por segmentos o áreas:

…ES NECESARIO PENSAR, INVESTIGAR Y EJECUTAR A LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL CON SUS PROPIAS REALIDADES Y CARACTERES

ferias concéntricas” o los “núcleos protectores”, marcados por su mayor dinamismo y flexibilidad, constituidos por programas y actos administrativos especialmente (Majone,1997:191-200), pero además pueden convertirse en verdaderos símbolos de una gestión, como el programa “Hambre Cero” del gobierno de Luis Ignacio “Lula” da Silva, en Brasil; es en ese sentido donde la comunicación de gobierno, siempre orientada a dar vida al mito de gobierno, adquiere sentido de ser comunicada insistentemente.

Se debe tomar en cuenta que si a la parte le va bien, las posibilidades de que al todo le vaya bien no son tan claras. Por ello, es necesario evitar el egocentrismo que genera una comunicación anclada en las partes que forman un gobierno, y que pueden hacer perder de vista la imagen general de aquél. Es decir, que pueden comunicarse hechos o acciones del área, pero siempre con la firma -logo- del gobierno central.

De lo contrario, los programas o proyectos pueden generar una fuerte dispersión comunicacional, aunque más allá de eso se reconoce que en determinadas circunstancias, especialmente cuando los programas son financiados por entidades gubernamentales superiores, es necesario hacer foco comunicacional en ellos, porque legalmente así se exige desde la entidad financiadora.

Salvo en algunas excepciones, no es recomendable que la argumentación de la comunicación quede sujeta a una de las áreas en desmedro del todo, y presa del fenómeno de feudalización de las organizaciones públicas; los riesgos que ello conlleva pueden generar una espiral de internismo y competencia comunicacional desmedida.

Dimensión informativa y pedagógica de la comunicación: La dimensión informativa y pedagógica de la comunicación gubernamental, refiere a la comunicación necesaria para que el goce de los servicios o beneficios que un gobierno realiza pueda llegar efectivamente a concretarse.

Informar sobre condiciones para determinadas políticas públicas, las fechas de vencimiento de los impuestos, requisitos para retirar un subsidio, especificaciones para la recolección de residuos, asesoramiento para vacunación infantil, etc., son sólo ejemplos de la infinita variedad de acciones comunicativas de esta dimensión.

Comunicación de programas o proyectos: La metonimia implica una sucesión y expresa la causa por el efecto (ha sido definida como gestión en lugar del trabajo realizado en obras públicas); el autor por la obra, la parte por el todo. La metonimia ofrece una reducción de la idea del todo Acciones de comunicación (Rose, 2000: 9). de las políticas de un gobierno Las acciones de comunicación Muchos de los programas o proyectos pueden representar las “peri- de las políticas de un gobierno se

pueden clasificar en seis tipos distintos, que se describen a continuación.

1-Comunicación por valores: el lenguaje es una llave creadora de mundos sociales en la experiencia de la gente y no una herramienta para describir objetivos de la realidad (Edelman, 1991). Los valores tienen una lógica inclusiva, es decir que la atracción o repulsión hacia ellos en una sociedad es mayoritaria, ampliamente compartida en una cultura. Son normalmente tan amplios en su aceptación, que desde ellos se producen la toma de posición sobre un hecho o sobre una persona (Martín Salgado, 2002: 206-208). Además, los valores son generadores de consenso y actúan preferentemente sobre aspectos emocionales y colaboran de manera notable para la construcción o fundamentación de la visión o mito de gobierno. Indefectiblemente, son el corazón de los mensajes persuasivos (Pollay, 1989: 193-194).

Son necesariamente emotivos y apelan a la generación de identidad, aún presentándose con altos niveles de abstracción.

Lo que permite un sistema político exitoso, es aquello que resulta de dar cumplimiento a dos funciones de marcada centralidad: la primera tiene que ver con la tarea de asignación de valores en una sociedad dada; la segunda, con el intento de conseguir que la mayoría de dicha sociedad acepte esa asignación valorativa la mayor cantidad del tiempo posible (Easton, 1979).

La configuración de valores más o menos coherentes con lo que se ha llamado mito, indica una preferencia operacional vinculada con otras preferencias, con importantes memorias y pautas de reacción emocional en los individuos que los

sostienen.

afectiva.

2-Comunicación de apelaciones conmemorativas: las campañas comunicacionales de bien público o las campañas basadas en fuertes símbolos de patriotismo o sentimientos nacionalistas generan mucho menos rechazo, este tipo de publicidades suelen verse como no políticas (Rose, 2000: 148). Básicamente buscan identificación o la apelación a los regionalismos, localismos o particularismos. Son motores que dan dinamismo a la idea de comunidad, que ayudan a cimentar un proyecto común.

3-Comunicación basada en el humor: este tipo de comunicaciones son útiles, aunque su utilización depende del nivel de aprobación que tiene un gobierno, pues el uso de este recurso comunicacional en un gobierno con bajo nivel de apoyo o en situación de escaso nivel de consenso, puede verse como una provocación. No obstante ello, si el gobierno registra altos niveles de consenso, el humor puede aumentar más, o al menos sostener el nivel de apoyo obtenido. Es importante afirmar que el nivel de humor debe ser simple y elemental, no refinado, y las claves del humor deben ser fácilmente interpretables (León, 1993: 65-67).

Las conmemoraciones pueden asumir la forma del rescate de efemérides y fiestas. Generan lazos y espacios simbólicos de integración. Parten de una exigencia social que hace posible ritualizar relaciones sociales diversas y posibilitan mayor densidad

Los mensajes centrados en el humor tienen una eficacia limitada e influye mucho la credibilidad de la fuente emisora. Su riesgo

es que el gags humorístico, oculte el verdadero mensaje a transmitir y no produzca recordación de la fuente emisora, afectando negativamente la comprensión del mensaje. Es decir, que se recuerde el chiste pero no quién lo dijo.

El uso del humor negro depende del nivel de modernización y liberalización de la sociedad receptora.

Es importante tener en cuenta lo que se denomina temperamentos nacionales (León, 1993: 65). Puede producir un efecto boomerang fuerte y volverse en contra. Algunos de los usos del humor negro están registrados en campañas de tipo preventivas, para hacer digerible argumentos o efectos que causan molestias o desagrados.

4-Comunicación negativa y basada en el temor: los tipos negativos no se recomiendan en la comunicación editada, es decir vía spots -preferentemente-, salvo mínimas excepciones. En cambio, toda la negatividad que se desee transmitir desde un gobierno debe ser realizada por la propia discursividad de los funcionarios.

La comunicación basada en el temor depende exclusivamente de la credibilidad del gobierno.

Muchas veces, lejos de tener un efecto activador, puede registrar un efecto inhibidor.

No obstante, se torna más persuasiva cuando juega con la pérdida de algo que el ciudadano ya tiene, o con la amenaza futura (León, 1993: 61-64). Su efectividad es alta cuando el miedo es experiencial o ha sido vivido. Muchas veces la posible sanción de una comunicación centrada en el temor que proclama un gobierno para con el ciudadano, es promovida por el temor que no se conoce, por un tipo de temor futuro que hoy no existe.

Pero el temor genera acostumbramiento o por lo menos se rutiniza, por lo que estas acciones comunicacionales tienen límites temporales evidentes. Normalmente son las campañas preventivas o las comunicaciones de acciones públicas las que se basan en este tipo comunicacional. Algunas prácticas exacerbadas pueden no ser recomendables cuando la emotividad pueda confundirse con la falsedad, lo que nubla claramente el raciocinio de los ciudadanos.

5-Comunicación agradable, amigable o de estilos de vida: su idea es acercar gobernante y gobernado, y su estilo, muchas veces informal, con buen ritmo -musical y de imágenes-, lleva el intento de desacralizar la acción comunicativa oficial. Este tipo de comunicación (lifestyle ads) está relacionada íntimamente con la calidad de vida y los valores asociados a ella (Rose, 2000: 25). Muchas de estas comunicaciones se ofrecen vía la comunicación de testimonios: apelan a las historias o relatos de vida cotidiana.

El mecanismo consiste en transformar las experiencias de vida privada, para ser más conciso y directo, mostradas para que se transformen en experiencias públicas o bien en experiencias que contribuyan a mostrar una idea de la realidad pública (Rose, 2000: 27). La biografía se convierte, aún en relatos mínimos o de desconocidos, en acontecimientos políticos que refuerzan la idea de la acción individual como crucial, para entender que los efectos de la política siempre recaen en la gente.

Muchas de estas comunicaciones están basadas en la acción, son activadoras y de mucha intensidad, pero denotan en su retórica que se está tomando la opción correcta, en tanto la acción no se dis-

cute, se ejecuta.

6-Comunicación inventarial contable o centrada en hechos: es claro que este tipo corresponde a la evidencia empíricamente verificable. La evidencia puede tomar la forma de hechos, tales como números, tablas, gráficos, apelando a la autoridad de otros, etc. (Rose, 2000: 23). Muchas veces se crea un puente entre la evidencia y la afirmación proclamada, y los cambios pretendidos; por lo que los datos no alcanzan para sostener dicha evidencia. Desde concepciones administrativistas, este tipo de comunicación se suele denominar de dos maneras: “realismo fáctico concreto”, o bien “comunicación de tipo inventarial contable”.

La primera denominación hace alusión a una postura ortodoxa que propone el uso del lenguaje de manera literal y con modos argumentativos barrocos, a manera de historias de modo enciclopédico, repletas de perogrulladas (Hood y Jackson, 1997: 294-296).

La segunda denominación hace alusión a la idea de asentar o “contabilizar” los logros del gobierno en la mente de los ciudadanos, aunque suele requerir que antes de la significación del hecho éste haya aparecido como noticia para permitir un nivel de conocimiento o goce, si es que se trata de una obra o servicio, que permita una instalación superior en la opinión pública (Noguera, 2002: 94-95). Existe una idea de rendición de cuentas como motivador de los apoyos.

A su vez las RCG incorporan dos cuñas transversales a las categorías: a-Cuña de desvíos de la comunicación La cuña de desvíos de la comunicación son acciones transversa-

les, muy común a los gobiernos que tienen dos tipos no recomendables ni deseables -aunque constituyan prácticas regulares en el común de los gobiernos- y tres prácticas que, en determinadas circunstancias o excepciones pueden justificarse o recomendarse.

Egocéntricos, no inclusivos Los mensajes egocéntricos son los cargados de abuso de centralidad gubernamental, no inclusivos para la ciudadanía, útil sólo para los gestores, deformados en la contextualización, con un exacerbado egocentrismo que los motiva. En el intento de construir consenso, lo hacen a costa de generar una ciudadanía explícitamente pasiva.

Nominales Los mensajes de tipo nominal son aquellos que confunden, se superponen y se apropian del mensaje de gestión, haciéndolo coincidir con su propio mensaje personal y/o nominal. También se encuentran fuera del Perímetro de Ciudadanía.

Van desde la muletilla clásica de los gobernantes de ponerle su propio nombre a las gestiones, hasta excesos de afirmación de autoridad, especialmente pensada para servir en situaciones en las que se formulan cuestionamientos, no sólo al gobierno, sino a una persona o grupo de personas que forman parte del gobierno. Asimismo, estas comunicaciones se utilizan en situaciones de crisis. Llevan implícitas una enorme carga de personalismo, asociada a una necesidad de transmitir sensaciones de decisionismo marcado o amplificado.

Richard Nixon usaba el pronombre “yo” más de diez veces en cada discurso (Hahn, 2003: 77).

No polisémicos, confusos, superpuestos Estos mensajes gubernamentales se dan cuando se cimientan en textos directos que no representan

el uso de la polisemia, encastrando y delimitando rápidamente la vida simbólica de la comunicación gubernamental en mensajes que se agotan rápidamente en un tipo de acciones solamente. Los perfiles de los gestores que sólo tienen discurso centrado en la honestidad -incluyendo su eslogan de gestiónson un ejemplo de lo pequeño que resulta el universo de las acciones que se pueden desarrollar asociadas a esa sola expresión.

Suelen darse también notables superposiciones de mensajes, especialmente cuando no se tiene un proyecto general de gobierno o mito de gobierno muy claro, y entonces se producen acoples de diferentes mensajes, sea por la improvisación, sea por la prueba de mensajes simbólicos a la espera de que alguno sea definitivamente aceptado, sea por la copia o plagio de eslóganes o discursos de otras experiencias que se van ensamblando a los mensajes que se venían utilizando.

Su exceso puede hacerlos caer en el subjetivo borde que los excluya de las acciones recomendables, más allá de que no son tan dañinos en sus efectos para con la ciudadanía (en todo caso se vuelven poco efectivos para el gobernante).

CONFUSIÓN DE MENSAJE DE GOBIERNO COMO UN TODO CON ÁREAS Estos mensajes son frecuentes, en donde, de manera similar al grupo anterior, la inexistencia de un proyecto general de gobierno o mito de gobierno muy claro, hace que muchos mensajes que han dado resultado en alguna de las áreas que han funcionado bien, sean trasladados luego como mensajes de todo el gobierno. Las áreas de turismo que frecuentemente realizan inversiones promocionales, luego suelen invadir comunicacionalmente la imagen del gobierno como un todo, con el desacople consiguiente

de mensajes, que fueron pensados para turistas y no para ciudadanos que residen en el lugar.

Retrospectivos Los mensajes puramente retrospectivos tienen una función de presente o con vida útil acotada. No se recomiendan porque dan cuenta que el mito de gobierno está ausente en su componente de futuro.

Son mensajes facilistas y simples que logran consenso inicial rápido, especialmente si se sucede a una mala gestión. No obstante ello, en el caso de tener un proyecto general del gobierno claro, sí es recomendable una lógica retrospectiva inicial cuando el proyecto de gobierno encuentra fuertes limitaciones por la herencia de la gestión anterior, pero a sabiendas de que sólo será durante una primera etapa. b- Cuña de acceso a la información La cuña de acceso a la información son acciones recomendables y deseables siempre.

Esta cuña es un supuesto o condición de efectiva democraticidad, ello nada tiene que ver con la eficacia de la comunicación, que no necesariamente se vería del todo afectada por la ausencia de esta condición. En esencia, se trata de afirmar la idea resumida en la intención de colaborar con los ciudadanos que votan o evalúan una gestión en particular, muchas veces sin capacidad informativa que garantice un mínimo de veracidad en el conocimiento de los aspectos del desenvolvimiento de la gestión de un gobierno (Riorda, 2004: 132). Pero como el ejercicio de la retórica en la cual se apoya la comunicación no tiene exigencia de verdad sino de verosimilitud, como algo que está en el camino o en cercanías de la verdad (López Eire, 1998: 31), este supuesto cobra más fuerza aún.

Modos de comunicación y riesgos del gobierno Podrían tipificarse ciertos riesgos de un gobierno, según los modos en que éste comunica: 1°. Aún comunicando con resultados positivos, según corresponda de acuerdo a los niveles de apoyo o consenso obtenidos, se deriva una complicación muy grande para los gobiernos, debido a que, por su nivel total de exposición pública, y al hecho de ser en última instancia articuladores finales de todos los conflictos sociales e individuales, son de por sí organizaciones crisispropensas.

2°. Los gobiernos que comunican temas fundamentales con bajo o alto apoyo, padecen un peligro

latente de no poder satisfacer expectativas mayores o menores que la ciudadanía considera urgentes en el corto plazo más estricto. Por lo tanto, el riesgo de incumplimiento de expectativas, dado básicamente por la imposibilidad de dar respuestas a los temas fundamentales en el corto plazo, entra en una proceso cíclico abonado por la comunicación centrada en los temas que no tienen posibilidad de ser resueltos, lo que aumenta el nivel de demanda sobre esos mismos temas, y sobre los que se comunica.

3°. Los gobiernos que sólo comunican temas marginales con bajo apoyo público corren el riesgo de perder rápidamente el consenso, debido a que los temas marginales difícilmente coincidan con las

grandes prioridades de la gente, por lo que éstas últimas, asociadas a los temas fundamentales van quedando fuera de la agenda del propio gobierno.

4°. Los gobiernos que comunican temas marginales con alto apoyo pueden seguir gestionando indefinidamente bajo esta modalidad, pero lo que aquí está en juego, no es el nivel de apoyo o consenso que pueda llegar a lograrse, sino la opción de llegar al gobierno y gestionar de manera intrascendente, sin llegar a ocuparse de los temas fundamentales, que seguramente serán los temas clave y prioritarios para la gente, más allá de que la ciudadanía apruebe en el corto o mediano plazo, incluso en el largo plazo también, esta modalidad de gobierno.

EL VALOR PÚBLICO ES LA CREACIÓN DE VALOR AGREGADO, ES LA GENERACIÓN DE UN PLUS SOBRE LOS INSUMOS UTILIZADOS EN EL SECTOR PÚBLICO, EN POS DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

E

l estado de bienestar en el mundo se enfrenta a la creciente demanda de una sociedad más crítica y menos respetuosa a los errores del gobierno (Pierson, 2001; Huber& Stephens, 2001; Ellison&Castles, 2006; Norris, 1999).

Ante estas presiones, los administradores públicos se han visto en la ne-

cesidad de cambiar el modelo de gerencia gubernamental; la idea de fondo es aumentar los estudios de análisis costo-beneficio, e incrementar la capacidad de respuesta ante una sociedad mucho más diversa. Para alcanzar estos objetivos, se ha creado un nuevo modelo, una Nueva Gestión Pública (Flynn, 2007).

Gran parte de la agenda de la Nueva Gestión Pública impulsa el cambio en la forma que los profesionales y directivos de los servicios públicos se comportan y, además, procuran animar a los usuarios de servicios a actuar con mayor eficacia y responsabilidad

en su propio interés. Ello sustentado en una mayor competencia y en la participación horizontal entre los distintos servidores públicos (Le Grand, 2007).

En esta lógica, Mark Moore, catedrático de la Universidad de Harvard, examina reinventar la administración de lo público, a partir de la revisión de dos temas centrales: la creación del Valor Público y la Gestión Estratégica.

Este catedrático afirma que el objetivo del trabajo gerencial en el sector público es crear Valor Público. En otras palabras, el fin fundamental del directivo en el

sector privado (iniciativa privada) es generar ganancias económicas (dinero) para los accionistas de la firma. En el sector público, esta función es más ambigua o el menos parece que es menos clara.

Los servidores públicos o funcionarios tienen una labor compleja y más difícil de medir, crear Valor Público (Wittmer, 1991; Crewson, 1997; Schmidt &Posner, 1986).

En la actualidad, las sociedades liberales ven al gobierno como un “sector improductivo” de la economía nacional. En esta visión, el gobierno es un garante de las libertades de los individuos y ostenta el papel de regular los problemas que se presentan en los mercados.

(Bator, 1958; Samuelson, 1954). Sin embargo, esta postura sólo analiza una pequeña parte de las funciones del gobierno. Para conseguir los objetivos planteados a lo largo de las administraciones, los gobiernos utilizan su capacidad impositiva (impuestos), para incrementar los ingresos, y con ello solventar las necesidades de gastos establecidos en cada uno de los programas. En este sentido, la obligación tributaria hace que la labor del gobierno sea mucho más ríspida con los ciudadanos.

El gobierno provee bienes y servicios, pero no se puede asegurar que la oferta de éstos sea lo que realmente quiere la sociedad. Al no tener certeza de esta satisfacción de necesidades, el gobierno no puede medir si lo que se produce tiene valor (Appleby, 1952; Flathman, 1966; Goodin, 1996).

El Valor Público nace como una crítica a las limitaciones del nuevo modelo de administración pública (Van Wart, 1998; Beck J0rgensen, 1996; Van Deth & Scarbrough, 1995; Kirlin 1996). Este modelo

LOS ADMINISTRADORES DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, TIENEN QUE VER AL VALOR PÚBLICO COMO EL OBJETIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSIDERARLO COMO EL MECANISMO PARA EVALUAR, Y VALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS DIRECTIVOS PÚBLICOS. es simple y solamente se enfoca a la eficiencia, no incorpora las diferencias entre los sectores (público y privado), ignora el papel que desempeña el gobierno para resolver conflictos, definir metas nacionales y controlar el uso de la fuerza. Por lo que, el ciudadano se presenta como un consumidor con poca responsabilidad comunitaria.

Este plus de lo público, es un equivalente al valor de las acciones dentro del sector gobierno (Moore, 1995; Van Wart, 1998). El origen de esta idea parte del establecimiento de los objetivos del servidor público a partir de los recursos con los que cuenta. El concepto de Valor Público se contrastó con la idea del gobierno “orientado por el cliente”. Sin embargo, éste perdió su validez por la imposibilidad de definir quién es el cliente. Por un lado, se argumenta que el cliente es el usuario

final, el individuo y; por otra, se considera que es toda la colectividad, la sociedad.

El Valor Público es la creación de valor agregado, es la generación de un plus sobre los insumos utilizados en el sector público, en pos de los bienes y servicios (Moore, 1995). El funcionario público tiene como objetivo contribuir en el incremento de la productividad de este sector. Esto resultará relevante sí, y sólo sí este desarrollo crea Valor Público, mejorando la calidad de vida de la población que recibe (directa o indirectamente) los beneficios derivados de los bienes y servicios generados por el gobierno. En otras palabras, dicho Valor se refiere a la capacidad que tienen los servidores públicos para maximizar los bienes producidos. La idea fundamental recalca la importancia de la mejor producción posible con los recursos disponibles

(Dearlove&Crainer, 2007).

Dicho Valor, es la mejora que el Estado da a través de las acciones que realiza; por ejemplo, producción de bienes y servicios, leyes, regulaciones, entre otras.

La forma más simple de establecer una medición del Valor Público a partir de la diferencia entre los beneficios obtenidos por las decisiones públicas y los recursos y poderes que los ciudadanos deciden dar a su gobierno.

El Valor Público, también toma en consideración: percepciones de imparcialidad y equidad en la distribución de los bienes, la confianza y la legitimidad en la provisión de los servicios, las ventajas de la coproducción de servicios y las mejoras de las políticas públicas para resolver las necesidades de las generaciones futuras (Alford & Hughes, 2008; Smith, 2004).

En los gobiernos democráticos, el Valor Público estará defi-

nido por los ciudadanos (Bowles, 1998). Éstos son la última instancia en la producción y distribución de los bienes y servicios dentro del sector público. Por lo que éste, estará determinado por las preferencias de los ciudadanos. Hay varias discusiones que señalan el origen de las preferencias. Las más importantes son: el enfoque psicológico y el racional. La teoría psicológica señala que las preferencias se forjan a lo largo de la vida de los individuos, y éstas toman más fuerza dentro de la familia y entre los amigos. Por su parte, el enfoque racional plantea que los ciudadanos buscarán maximizar la elección de sus preferencias a partir de escoger aquellas que le generen mayor utilidad.

do la limitación de los recursos. Éstos deben de considerar que los errores más comunes en la generación de Valor Público se dan cuando: los valores en la agregación se estropean, cuando hay monopolios imperfectos, cuando hay escasez en los proveedores del Valor Público, cuando hay efectos de corto plazo, la existencia de amenazas a la conservación de los recursos públicos y las amenazas en las transacciones de los mercados.

Además, los administradores de los recursos públicos, tienen que ver al Valor Público como el objetivo central de la administración pública y considerarlo como el mecanismo para evaluar, y valuar el desempeño de los directivos públicos.

La búsqueda del Valor Público implica un acercamiento más profundo con la sociedad.

Los servidores públicos tienen la obligación de pensar creativamente para obtener los resultados más deseables, conocien-

Aquí radica el problema del Valor Público, éste es el objetivo del sector público, pero también es la forma más efectiva de evaluar al gobierno; por lo que, puede generar contradicciones e incentivos perversos en su uso.

de política exterior, los factores que inciden en ella, cuál es la historia de la política exterior mexicana, cuáles son los principios que la guían y las doctrinas que existen.

En el segundo apartado, se analiza la actividad internacional de los estados, por medio de una revisión teórica de la “paradiplomacia”.

a política exterior de los Estados se ha ajustado a las exigencias que cada tiempo ha presentado, y México no es la excepción. Se ha visto, no sin razón, a la política exterior como una palanca para el desarrollo interno, debido a la promoción de flujos adicionales de financiamiento externo.

Ante esto, no solamente el gobierno federal impulsa el contacto con el exterior, sino lo hacen también, las entidades de la República.

L

Este trabajo pretende delinear las actividades internacionales que han desplegado los gobiernos de algunos estados de México, actividad conocida como “paradiplomacia”. Para ello, este documento se ha dividido en dos apartados: en el primero, se presenta una definición

La política exterior del Estado mexicano Es pertinente principiar indicando que por política exterior entendemos al conjunto de políticas, decisiones y acciones que integran un cuerpo de doctrina coherente y consistente, basado en principios claros, sólidos e inmutables, que se enriquece y mejora de forma permanente, por el cual cada Estado o actor internacional define sus líneas de conducta y establece metas y acciones en los campos que trascienden sus fronteras que pueden incidir al interior de las suyas. Lo anterior es aplicado de forma sistemática con el objeto de encauzar y aprovechar el entorno

internacional para cumplir los objetivos nacionales y mantener relaciones cordiales con el exterior.

La política exterior de un país, debe ser en todo momento, una política de Estado. En consecuencia, debe ser: a) Propia, que exprese su pertenencia nacional; b) Auténtica, original, surgida espontáneamente de su proceso histórico; c) Congruente con los documentos primarios que forjaron la nación, y de esta forma, con las aspiraciones, ideas o propósitos del pueblo; d) Basada en principios claros, sólidos e inmutables, con un cuerpo de doctrina coherente y consistente; e) Coherente en sus metas, objetivos y las acciones emprendidas para alcanzarlos, así como, con las necesidades y potencialidades de acción internacional del país; f) Cohesionada, íntegra, sistemática, planeada, organizada y articulada; y, g) Institucionalizada a partir de un cuerpo de profesionales de la política exterior y las relaciones internacionales.

DE FORMA RECIENTE, LA ACTIVIDAD Y PRESENCIA DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL, HA AUMENTADO DE FORMA IMPORTANTE.

La política exterior mexicana está basada en un conjunto de principios, surgidos y desarrollados a partir de la experiencia histórica nacional, que reclaman consideración y respeto mutuos; ha destacado por su activismo bilateral y multilateral; ha construido y acrecentado una larga y muy prestigiosa tradición diplomática que le ha valido un amplio reconocimiento en el concierto de naciones, y ha sido desplegada por un personal de muy alto perfil adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Éstos principios se encuentran establecidos en la fracción X, del artículo 89 constitucional, y son: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Las constantes intervenciones que sufrió México durante el siglo XIX, propiciaron que uno de los fundamentos de las relaciones con el exterior fuera el respeto absoluto a la soberanía. De ahí surgen dos doctrinas fundamentales: la Carranza y la Estrada. La primera fue establecida por el Presidente Venustiano Carranza (1917-1920), el 1º de noviembre de 1918, sostiene la igualdad entre los Estados y desaprueba toda intervención de los asuntos internos de otra nación, así como la equivalencia de derechos nacionales y extranjeros ante las leyes de un país. La Doctrina Estrada surgió de la iniciativa del Secretario de

EL OBJETIVO DE LOS GOBIERNOS LOCALES ES IMPULSAR EL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES POR MEDIO DE ALIANZAS Y ACUERDOS CON AGENCIAS INTERNACIONALES, FUNDACIONES, GRANDES CONSORCIOS Y PODERES PÚBLICOS DE OTROS PAÍSES. Relaciones Exteriores del Presidente Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), Genaro Estrada Félix, quien estableció la posición de mantener o romper relaciones con otro país, sin que ello significara la aprobación o reprobación de sus gobiernos locales. En este sentido, sostuvo que cuando se produzca la ruptura del orden constitucional, el gobierno mexicano no emitirá un acto de reconocimiento, sino que se limitará a romper o mantener las relaciones diplomáticas.

Asimismo, se ubica la Doctrina Díaz Ordaz, que quedó establecida al calor del conflicto Cuba-Estados Unidos y de la campaña estadounidense para aislar al primer país. Entonces, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (19641970), aplicaría la Doctrina Estrada de manera positiva al mantener el reconocimiento diplomático (de Cuba en este caso), independientemente del

carácter u orientación de los gobiernos. Una segunda aplicación, en este caso, de significado negativo, ocurrió cuando el entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), no vaciló en romper relaciones diplomáticas con Chile, condenando el gobierno golpista de Augusto Pinochet.

La política exterior de las entidades federativas De forma reciente, la actividad y presencia de los estados de la República mexicana en el escenario internacional, ha aumentado de forma importante. El objetivo de los gobiernos locales es impulsar el desarrollo de sus comunidades por medio de alianzas y acuerdos con agencias internacionales, fundaciones, grandes consorcios y poderes públicos de otros países.

Esta actividad, en la literatura de las relaciones internacionales, se conoce como “paradiplomacia”.

18 ENTIDADES NO CUENTAN CON ALGUNA OFICINA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES, LAS QUE SÍ TIENEN, PRESENTAN RASGOS EN COMÚN: TIENEN UN MAYOR DINAMISMO ECONÓMICO. Yvon Duchacek y Panayotis Soldatos, manifiestan que esta actividad consiste en los contactos, las actividades, procesos e iniciativas externas entre gobiernos no centrales y otros actores internacionales, tales como los Estados-nación, gobiernos locales similares, empresas privadas, organizaciones internaciones, entre otros.

uno, implica el establecimiento de contactos y la aspiración de convencer al gobierno de su propio país para que adopte acciones de política exterior que beneficie a esa entidad federativa particular.

El otro nivel se dirige al exterior, en donde se pide apoyen ciertos proyectos de desarrollo o inviertan en el territorio de ese Estado.

En relación a la presencia de gobiernos locales en el ámbito internacional, Roberto Russell dice que:

Para que las entidades federativas tengan presencia en el exterior, generalmente se abren oficinas de representación; por ejemplo, todos los gobiernos locales tienen una oficina en la Ciudad de México.

También, en algunos casos, las legislaturas locales tienen comités de asuntos exteriores.

(…) es un hecho de la vida en un mundo interdependiente. Los vínculos transfronterizos, que siempre han existido, han alcanzado una intensidad inédita al mismo tiempo que se establecen y amplían relaciones con lugares lejanos. En la actualidad, los gobiernos locales de países europeos tienen más de 200 ‘embajadas en Bruselas’.

Todas las regiones europeas desarrollan importantes actividades de cooperación transfronteriza. Por su parte, la gran mayoría de los 50 estados de Estados Unidos cuentan con oficinas de comercio e inversión en el exterior, cuando sólo cuatro lo hacían en 1970. Hoy existen casi 200 oficinas de este tipo instaladas en más de 30 países.#

La estrategia más usada por los gobiernos locales para insertarse en la dinámica internacional es el cabildeo o lobbying, a dos niveles:

Conviene tener presente que en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, celebrada en Estambul, en 1996, se reunió la Primera Asamblea Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, con la asistencia de más de 500 autoridades de gobiernos locales de todo el mundo, y ahí, se asumió el compromiso de articular un foro de representación internacional de los gobiernos locales, dando paso así a la creación de la Coordinación Mundial de Asociaciones de Ciudades y Gobiernos Locales.

Asimismo, existen la Federación Mundial de Ciudades Unidas y la Unión Internacional de Autoridades Locales.

Hay limitantes para el actuar internacional de las entidades, siendo el principal el orden jurídico federal.

La actividad internacional de los gobiernos subnacionales mexicanos, se ha dado debido a la conjunción de cinco fenómenos: 1. Una creciente globalización e interdependencia económica; 2.

Una mayor competencia por los mercados nacionales e internacionales que ha orillado a los gobiernos locales a mantener una mayor presencia en el ámbito mundial; 3. Una gradual apertura democrática del sistema político mexicano a partir de finales de los años ochenta y principios de los noventa, del siglo pasado; 4. Una mayor descentralización de las políticas públicas del gobierno federal, especialmente en las áreas de promoción económica y turística en el exterior; y, 5. El incremento de los flujos de migración de mexicanos hacia el exterior, particularmente a Estados Unidos.

Con todo, resulta interesante observar que de todos los estados y el Distrito Federal, 18 entidades no cuentan con alguna oficina para asuntos internacionales, y las que sí tienen presentan rasgos en común: tienen un mayor dinamismo económico (Nuevo León, Jalisco, Estado de México, y Guanajuato) o, se ubican en regiones fronterizas (Baja California, Nuevo León, Coahuila, y Chiapas).

Los estados que no tienen este tipo de oficinas, corren el riesgo de quedar aislados de los beneficios

que el sector externo pudiera traer.

Aproximaciones finales De acuerdo a la Constitución Política de México, los estados no hacen política exterior, ya esa es una responsabilidad del gobierno de la República. No obstante, es posible afirmar que las actividades paradiplomáticas forman parte de la política exterior. De forma estricta, las entidades federativas hacen “relaciones internacionales”.

La presencia de los gobiernos locales en el escenario internacio-

nal es deseable, ya que las decisiones que se toman ahí, les afecta en grados diferentes. Sin embargo, esta presencia internacional debe hacerse dentro del marco institucional, lo que requiere que los estados incidan en la elaboración de la política exterior de México, por medio de los senadores o bien, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Es un hecho, la globalización continuará acelerando la comunicación directa de los gobiernos locales con actores extranjeros.

EN ESTADOS CON AMPLIA DESIGUALDAD ES INELUDIBLE HACER POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA QUE BENEFICIEN A LOS QUE TIENEN. las personas que definen la interacción humana (North, 1990.3).

Así, las instituciones reducen la incertidumbre y proveen de estructura a la vida diaria (ibid).

ara tener un mejor país hay que respetar y mejorar las instituciones; cuando esto se menciona, generalmente se piensa en tener un mejor gobierno. Sin embargo, aún cuando las instituciones gubernamentales son importantes promotoras del cambio, la teoría del nuevo institucionalismo nos marca que no son a las únicas que se deben tomar en cuenta. En este ensayo, como primer punto iniciaré con la definición de las instituciones y cuáles son sus tipos, para después comentar desde mi experiencia como servidora pública cómo podemos mejorarlas.

P

De acuerdo a Douglas Norton, quien es considerado padre del nuevo institucionalismo, las instituciones son: las reglas de juego en la sociedad, o más formalmente, son las limitaciones creadas por

Las instituciones se pueden dividir en dos tipos: formales y no formales. Las instituciones formales son aquellas que son explícitas y muchas veces están escritas en papel: leyes, códigos, lineamientos, reglamentos. Por otro lado, las instituciones informales son aquellos códigos de conducta implícitos que, si bien no están escritos, definen también la manera de actuar de los seres humanos.  De esta manera, de acuerdo a las definiciones anteriores, se hace la reflexión que cuando hablamos de instituciones no nos referimos

únicamente a organizaciones. Si bien los partidos políticos o dependencias de gobierno del Estado son organizaciones, que dentro de sí, cuentan con instituciones formales (normas, reglamentos, etc.), también existen al interior instituciones informales, que muchas veces pesan tanto o más que las formales dentro de las variables que toman en cuenta las personas.

En el caso de los países en desarrollo es evidente que hay reglas del juego que es necesario cambiar. En estados con amplia desigualdad es ineludible, por ejemplo, hacer políticas de acción afirmativa que beneficien a los que menos tienen. Pero como bien menciona Norton ¿Cómo lograr que los que más tienen actúen en contra de sus propios intereses y

beneficien a los que menos tienen?

El primer reto consiste en identificar cuáles son las instituciones que serían deseables para cada quien, dado que las instituciones son endógenas, es decir, responden y son creadas por circunstancias específicas a ellas. Cualquier esfuerzo de determinar cierto tipo de instituciones como deseables para todo el mundo se enfrentará con la crítica de no considerar el contexto. Lo cierto es que, la evidencia empírica muestra, por ejemplo, que en el área económica ciertas instituciones son más deseables que otras, entre ellas el respeto a los derechos de propiedad y el respeto a la ley.

El discurso de la gobernanza pide fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, todas estas instituciones que de acuerdo a ese paradigma son benéficas para el crecimiento económico; aunque existe evidencia en contra, como es el caso de China. Lo cierto aquí es, que cada país y cada estado debe desarrollar mejores instituciones de acuerdo a su contexto.

En el caso de nuestro país, si bien hemos avanzando en algunas instituciones, otras, como la rendición de cuentas, todavía tienen un largo camino por recorrer.

Sea cual sea el set de instituciones que se consideren deseables para una sociedad, también vienen acompañadas de los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo alcanzarlas? y ¿Cómo generar un cambio institucional? Preguntas para las cuales no existe una correcta respuesta. En el campo de las instituciones formales se puede hablar de crear o modificar nuevas leyes, de modificar procedimientos; se puede hablar de una revolución, pasando

por manifestaciones y protestas para cambiar las formas de gobierno de un país. En el campo de las instituciones informales se puede hablar de crear una nueva conciencia una nueva manera de hacer las cosas o de crear arreglos o negociaciones personales para poder lograr pequeñas concesiones. Todas esas opciones representan opciones de cambio institucional, cada una con cierto alcance, con ciertos costos y consecuencias. Esta es la pregunta que cualquier candidato a un puesto de elección popular debiera responder, decir el qué y decir el cómo, al menos el formal.

En la administración pública el verdadero cambio institucional necesita más que la buena voluntad del servidor público; no es suficiente sugerir nuevas ideas o plantear innovaciones para cambiar las reglas del juego, porque las reglas del juego no escritas juegan un papel preponderante sobre el cambio de las instituciones formales. En el camino de la gestión se requiere de la toma de decisiones que conlleven el consenso y aceptación de diferentes

grupos, decisiones que en muchas ocasiones no pueden ser respaldadas dentro de las instituciones formales, pero que son resultado de las condiciones de determinada sociedad.

Por último quiero subrayar, que si bien un catalizador del cambio institucional se encuentra fuera de las organizaciones, eso no significa que no haya nada que hacer desde adentro para mejorarlas. Si bien la estructura organizacional pesa mucho sobre las agencias de los individuos, son los individuos y sus decisiones los que día a día refuerzan o debilitan cierta institución.

Considerando por ello que son necesarios los catalizadores, pero más necesario es tomar en consideración de que hay cosas que no se cambian por decreto; que ninguna de las acciones de los servidores públicos se realiza en el vacío y pasa sin efecto, se quiera o no; que si hay algo que se quiere cambiar, hay que hacerlo; que cada quien tiene que hacer lo que le toca y si se puede, un poco más.

CRÓNICA DE UN CHIAPANECO

EN LA CIENCIA POLÍTICA LA POTENCIALIDAD DE LOS JÓVENES ES BRUTAL, LO TRISTE ES QUE SOMOS LOS ÚLTIMOS EN ENTERARNOS DE ELLO. básicos, con la pregunta a diario, al regresar a casa: “¿Qué es la ciencia política?”, con el esfuerzo e intento a solas de responder, y con la recriminación a sí mismo, si la respuesta no era convincente.

gosto de 2005, turbulencias mentales, dudas, aglomeración de sentimientos, miedos y siempre de fondo un éxito ochentero de Miguel Mateos en la mente “Nene, nene qué vas a ser cuando seas grande…”, recordándome la responsabilidad de ser siempre el orgullo de los padres, el ejemplo de la pequeña hermana, el aliciente de los amigos.

A

Las generaciones anteriores marcaban la pauta, sabía dónde estaba el camino para comenzar a desarrollar en piso firme, los sueños, las ideas y los propósitos. Todo se concretó al llegar al Alma Mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, palestra óptima para desarrollar el conocimiento y percibir nuevos tonos, aromas, sabores y experiencias tomadas de la vida entera en la localidad, para en esta ocasión, ser el protagonista de la historia. Tocaba darle forma al objetivo, comenzar con los cimientos teóricos más

Algo de Weber, Marx y Durkheim, como recuerdo aquellas clases de Sociología, donde la obligación era llegar antes que el catedrático (siete de la mañana), de lo contrario, el intento era inútil, estaba fuera, no podía participar en las tertulias filosóficas propias de la clase.

La Metodología con un toque de proselitismo de extrema izquierda, sí, suena raro, pero es verdad, en la práctica el individuo le pone la esencia a lo que hace, ese toque, que hasta en las organizaciones con la estructura más fuerte el hombre le puede dar. Ese toque humano tan importante, ese aroma que nos diferencia de los demás.

Siempre, “El Chiapas” (sobrenombre con el que fui llamado por cinco años), recuerdo que trataba de hacer más amena la clase, siempre aprovechando cualquier momento para decir de donde provenían mis raíces: Tuxtla, la familia, la Frailesca y los amigos, a quienes tenía siempre en el corazón, la mente y las palabras.

Con el tiempo, las clases se

fueron tornando más serias: Políticas Públicas, Teoría Crítica, Sistema Político de los Estados Unidos, América Latina, etc. Empezaba a tomar fuerza “la licenciatura”, y la pregunta seguía a diario en el mismo lugar ¿Qué es la ciencia política?, aparecían los primeros garabatos de respuestas decentes, esto daba cierta tranquilidad; pero no obstante, se tenía la espina clavada hasta el tuétano. Hubieron momentos de oscuridad, donde el oficio y la actitud hacia la ciencia política fueron puestas a prueba.

Se comienzan a escuchar las frases clásicas: ¿Quieres ser político?, ¿De qué partido eres?, La política es una cochinada, “¿Y qué es eso?”; mil y un expresiones que hacían poner a prueba la paciencia, inteligencia, conocimientos, y principalmente, la vocación.

Las invitaciones estaban a la orden del día. Vámonos a tal campaña, acompáñame a la toma de protesta de tal candidato, ¿quieres que te presente al asesor del diputado?, de cualquier distrito; la potencialidad de los jóvenes es brutal, lo triste es que somos los últimos en enterarnos de ello. La inferencia de la juventud en cualquier movimiento le otorga legitimidad, fortaleza y principalmente ideas frescas, ideas con una propuesta real.

Tomando confianza Las comparaciones entre “La isla de la fantasía” y “El mundo real” aparecen. Las confrontaciones de ideas con algún familiar, amigo o compañero empiezan a hacerse presente. La defensa de los argumentos no hace más que fortalecer la mente y el espíritu, además de aprender una de las cosas más importantes en la vida: escuchar. Qué difícil es hacerlo al cien por ciento, he ahí, una de las claves del éxito.

El fogueo diario endurece la piel, pero abre la mente. Los conceptos de democracia, modernidad, público, privado, federalismo, empezaron a tener sentido; comprendiendo por fin lo expresado en diversas clases anteriores, ahora sé de qué habla tal artículo.

Sartori, Easton y Nohlen se convierten en apellidos de uso frecuente en las aulas. El Diccionario de Política de Bobbio, es uno de los primeros títulos en aparecer en la pequeña biblioteca (con el sacrificio de más de tres parrandas para adquirirlo), pero considerado como una de las joyas que bien valieron la pena y los esfuerzos hechos para tenerlo.

Análisis económico, evaluación de políticas públicas, Amartya Sen, John Rawls, Vilfredo Pareto, el aprendizaje empezó a traducirse en formas más técnicas, más puntuales; las herramientas comenzaron a ser visibles, la política comparada, la elección racional, el estudio de casos se hicieron patentes.

Pero llegó el día en darle vida en la práctica a ese cúmulo de conocimientos adquiridos a lo largo de varias temporadas de estudios.

La oportunidad de gestionar e implementar políticas públicas, por más pequeñas que éstas parecieran, y que sentaron precedentes.

La semilla del conocimiento en la

investigación de campo, en la búsqueda de respuestas, la detección del problema público, el interactuar con los habitantes de un pequeño municipio llamado San Juan Atenco, activó aún más la llama de la conciencia social, llama que jamás perecerá.

Las autoridades con la mejor disposición de dotar al equipo de trabajo de información, los productores de ganado, borregos en este caso, en un principio renuentes a la asesoría prestada por técnicos de SAGARPA, llevados de la ciudad de Puebla a dicha localidad; quienes poco a poco comenzaron a interesarse, al observar que esto sería positivo para ellos y sus animales.

Con el servicio social la luz comenzó aparecer en el horizonte; pero faltaba enfrentarse a “La Bestia Negra”: la tesis, a decir verdad, la gran mayoría de compañeros de generación teníamos la percepción sobre este documento de “siniestra”, pero necesario para acreditar los conocimientos adquiridos durante la licenciatura.

Se emprendió la búsqueda del tema, delimitarlo, encontrar la línea de investigación; los temas que se venían encima eran infinitos, pero siempre con el propósito bien claro y definido de estudiar, analizar, y escribir algo referente sobre mi estado natal, Chiapas.

La revisión de los apuntes, copias, textos y bibliografía en general, me pusieron el agua hasta el cuello; sentía que tenía que volver a empezar la carrera, la falta de entrenamiento en investigaciones de calidad me puso en jaque, pero salí adelante, parafraseando al dicho aquel, “agarró al toro por los cuernos… y lo capoteó”.

El tema elegido a trabajar fue

“Las Ciudades Rurales Sustentables”. Por considerar que englobaba algunos de los temas de más trascendencia en la formación académica: políticas públicas y estudios regionales.

Nuevo Juan de Grijalva me representó un concepto, con una ambición inconmensurable. El mismo origen de los términos de ciudad y rural, de entrada, me parecieron antagónicos. Al observar distintas las velocidades históricas de estas palabras, y aunando a esto, la sustentabilidad; por ello percibí que era un producto con una densidad teórica titánica, la ambición del proyecto en sí me cautivó.

No se puede combatir el binomio dispersión-marginación con algo cotidiano. Se necesita estudiar el caso a fondo, revisar experiencias en otras latitudes del orbe y distintas épocas. El reto era gigantesco, por eso desde un principio se tuvo la necesidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, empresas particulares y organismos internacionales, de involucrar todos los medios posibles para implementar el proyecto, mismo que se convirtió en la punta de lanza de la administración chiapaneca.

Para encarar el estudio del caso Nuevo Juan de Grijalva, es necesario acudir a la fuente de la que éste emanó: los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, de los cuales se obtiene una visión más concreta de los problemas que sofocan a la población, no sólo de Chiapas y México, sino del mundo entero.

Erradicar la pobreza extrema, educación universal y sostenibilidad del medio ambiente, fueron los tres objetivos claves según mi apreciación, que tendrían el potencial de revertir totalmente el contexto mundial, respetando el peso específico de los cinco restantes. (8

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LA INFERENCIA DE LA JUVENTUD EN CUALQUIER MOVIMIENTO LE OTORGA LEGITIMIDAD, FORTALEZA Y PRINCIPALMENTE IDEAS FRESCAS, IDEAS CON UNA PROPUESTA REAL. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU) Por siempre universitario Las despedidas aparecieron, veía partir a los compañeros, los que probablemente jamás volvería a ver; de todos ellos tendré siempre el recuerdo y profundo agradecimiento por todos los momentos agradables de convivencias, por el apoyo y cariño que me dieron.

de Ciencia Política. Posteriormente el examen profesional, en compañía de los familiares más cercanos, de amigos entre el público, y de los sinodales presentes; en punto de las 11 de la mañana empezó la exposición y las cosas fluyeron como el agua. El tema estaba digerido y comprendido, la ronda de preguntas me dio la oportunidad de expresar la experiencia en el municipio de Ostuacán.

El recuerdo y la nostalgia de la última clase de la carrera, la exposición del catedrático; el recuerdo también, de haber observado detenidamente desde el segundo piso, el movimiento rutinario de la facultad, y que sabía, sería la última vez que tendría la oportunidad de percibir este suceso como estudiante

La tarea estaba hecha, ahora ya era licenciado; en ese momento es que tuve verdadera conciencia de la envergadura del reto; así como de la responsabilidad y el privilegio de poder culminar los estudios universitarios. Supe de todo el trayecto que tendría que caminar, con tropiezos y caídas, pero con la firmeza

de que los conceptos y los valores habían sido impregnados en todo lo que era y pretendía ser.

Por eso hoy puedo afirmar que, aquel joven que salió de Tuxtla Gutiérrez buscando un título universitario no es el mismo, que evolucionó en el camino. La persona que regresó a la tierra querida es un joven con hambre de retos, como son la gran mayoría de los jóvenes profesionistas mexicanos. Un profesionista que en estos momentos valora más que nunca a sus seres queridos y su casa; que pretende seguir luchando y trabajando arduamente, para poder contribuir en gran medida con sus conocimientos y esfuerzo profesional al desarrollo de su comunidad, de su estado y de su país.

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