Misser 94 by ICAIB

missèr Número 94 • Juliol - Setembre 2012

www.icaib.org

IL . LUSTRE COL . LEGI D’ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS • ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES

Viure la crisi als despatxos

sumari 5

Editorial

missèr 94

Dossier: La crisi als despatxos

Notícies

Opinió

Entrevista a Juan Font

36 45 46 El Col.legi

Reportatge: El X Torneig de Pàdel de l’ICAIB

Torn d’Ofici

Les pàgines de l’Acadèmia

58 59 Amb la vènia

Agenda

CONSELL DE REDACCIÓ: Joan Font, Regina Vallés, José Miguel del Campo, Rafael Gil i Martín Aleñar. COORDINACIÓ: Jerusalén

Villanueva. IL·LUSTRACIONS I FOTOGRAFIA: Emma Cano. DISSENY I MAQUETACIÓ: Xisco Alario. COL·LABORACIONS: Antònia Artigues (Dossier). Josep Melià, Gabriel Garcías i Jaime Florit (Opinió). Carlos López (Torn d’Ofici). Gabriel Garcías (Les pàgines de l’Acadèmia).

IMPRESSIÓ: BAHIA Indústria Gràfica. ADMINISTRACIÓ I PUBLICITAT: Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, 10. Tel. 971 714 225.

EDITA: Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. D.L.: PM 80/89.

Mutualitat

La Asamblea General de la Mutualidad de la Abogacía aprueba las cuentas de 2011 La organización cierra 2011 con y el presupuesto para 2012 29 millones de superávit La Mutualidad de la Abogacía reunida en Asamblea General, celebrada el 9 de junio, aprobó las cuentas del pasado ejercicio con un superávit de 29,8 millones de euros. Los buenos resultados presentados han permitido asignar a los mutualistas del Plan Universal una rentabilidad final del 4,70 % y hacer una entrega extraordinaria de 650 euros, a favor de cada uno de los más de 10.000 mutualistas jubilados anteriores a 2005, fecha de conversión de la Mutualidad al sistema de capitalización individual.

El ahorro gestionado en 2011 alcanzó los 3.347,5 millones de euros, un 10,12 % más que el ejercicio anterior, con una rentabilidad neta de sus inversiones del 5,22% sobre los activos invertidos En su informe ante la Asamblea, el presidente, Luis de Angulo, destacó los principales logros alcanzados en 2011 basados en los principios que alientan la gestión: “la búsqueda de la mayor rentabilidad posible para el mutualista, la solvencia, como un pilar siempre permanente en la acción de gobierno; el autogobierno y la profesionalidad basada en el rigor de la gestión con una importante dosis de austeridad en el gasto, junto a la eficiencia del personal y la aplicación de la mejor tecnología. Todos estos valores son obligaciones que comprometen a la Mutualidad “por nuestra posición de liderazgo, entre las mutualidades de previsión social profesionales”, según dijo el presidente.

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De las grandes cifras obtenidas al cierre, el presidente subrayó que el número de incorporaciones aumentó un 4,92% hasta alcanzar los 171.633 afiliados; y el ahorro gestionado llegó a los 3.347,5 millones de euros, un 10,12 % más que el ejercicio anterior. Asimismo, el presidente resaltó los buenos resultados afirmando que “para la Mutualidad el ejercicio 2011 ha sido un año razonablemente bueno” a pesar de la difícil coyuntura por la que atraviesa la economía, “al haberse logrado un excedente de 29,8 millones de euros”. Por último, Luis de Angulo manifestó que tanto el aumento del número de mutualistas como el del volumen gestionado “son indicadores que revelan que somos una entidad que crece, debido, sin duda, a que la Mutualidad resulta cada vez más atractiva para los abogados”, tanto para los

que la utilizan como alternativa al régimen de la Seguridad Social, como para los que, estando cubiertos por ésta, la utilizan como un sistema privado de previsión social complementaria y aseguradora. Por otro lado, la Asamblea también asumió la propuesta de llevar íntegramente el superávit de 29,8 millones de euros a reservas patrimoniales y alcanzar unos fondos propios de 131,6 MM, sin computar las plusvalías latentes, “a fin de aproximarnos a las futuras exigencias de Solvencia II, que será traspuesta en la UE antes del 30 de junio de 2013 y será imperativa el 1 de enero de 2014”, en palabras del presidente.

Presupuesto para 2012 El presupuesto aprobado contempla el incremento del ahorro gestionado del 10,7% hasta alcanzar los 3.706 millones de euros, una rentabilidad neta de las inversiones por encima del 5% y la reducción de los gastos de gestión del 0,33% frente al 0,35 del año precedente. Los resultados permitirían alcanzar los 154 millones de fondos propios contables. Tras el informe del presidente y el debate sobre los puntos del orden del día, la Asamblea aprobó las cuentas, el presupuesto y la totalidad de las propuestas planteadas por la Junta de Gobierno, por la mayoría de los votos de los mutualistas presentes y representados. Los datos de la Mutualidad al cierre del mes de mayo de 2012 reflejan que la cifra de ahorro gestionado ha alcanzado los 3.494 millones, un 9,1% más que un año antes, alcanzándose la cifra redonda de los 3.500 millones el día 1 del mes de junio, con la emisión de los recibos de cartera de dicho mes.

El presupuesto aprobado prevé alcanzar un volumen de ahorro gestionado en 2012 de 3.706 millones de euros, un 10,7 % más que el año anterior, y una rentabilidad de las inversiones por encima del 5% Las demás cifras de evolución reflejan un avance en la rentabilidad de las inversiones, que se ha situado en el 5,21% (frente al 5,16% en mayo de 2011) y los gastos de gestión, que se han reducido hasta el 0,32% (frente al 0,36% en mayo de 2011).

Editorial ¿A río revuelto ganancia de pescadores? Es posible que algunas personas piensen en este refrán a la hora de considerar la situación de la abogacía ante una crisis que parece empecinada en no dejarnos un momento de respiro. Nada más lejos de la realidad. El dossier informativo que dedicamos en este número de Missèr a analizar la vivencia de la crisis en los despachos profesionales no deja lugar a dudas: los abogados no somos ajenos a los efectos de la crisis. Nos afecta económicamente. Nos afecta en el día a día de nuestra profesión. Y, sobre todo, nos afecta emocionalmente. Porque, como aseguran algunos de los letrados entrevistados en Missèr, no es lo mismo celebrar los éxitos con nuestros clientes que sufrir por y con ellos. En el plano económico la conclusión es clara: ahora hacemos más por menos. Esto no supone que los honorarios del servicio legal que prestamos estuvieran antes inflados. Ni mucho menos. Todo lo contrario: significa que los abogados nos adaptamos, una vez más, a las circunstancias del momento y, sobre todo, a la situación que viven – y nosotros con ellos- nuestros clientes. Como muchos otros colectivos profesionales, nos enfrentamos también a problemas de morosidad o, incluso, en ocasiones, al impago de nuestro trabajo. Es cierto que tenemos más trabajo, sobre todo en determinadas disciplinas, pero también lo es que en otras áreas la actividad ha caído en picado. No nos engañemos. Los tiempos de crisis son malos para todos y nadie, ni ninguna especialidad, es ajeno a la situación. Para empezar porque la tipología de los asuntos, como vemos y sabemos, ha variado mucho y nos ha obligado a reciclarnos en tiempo récord. Pero, sobre todo, porque la delicada situación en que la crisis ha puesto a muchos clientes tiene también para nosotros un coste emocional. Quizá el más elevado de todos.

Quizá sea ahora el momento de reinventarse, de convertir la dificultad en oportunidad y de acometer todos aquellos cambios que la sociedad y el propio mercado nos están exigiendo. Un saludo,

El decano

Pero seamos optimistas. El reportaje de estas páginas tiene también una lectura positiva. Porque demuestra que los abogados nos crecemos ante la adversidad y nos adaptamos, quizá como ningún otro colectivo, a los tiempos que toca vivir en cada momento. Nos especializamos en aquellas áreas del derecho que ahora exigen nuestra máxima atención. Nos agrupamos para compartir gastos comunes con otros compañeros de profesión. Abrimos puertas donde otras se cierran. Profesionalizamos la gestión de los despachos. Y, sobre todo, demostramos que en tiempos difíciles, posiblemente más que nunca, ponemos por delante el valor de la fidelidad al cliente. Porque ese es nuestro mejor activo. Y porque en tiempos de crisis la confianza es un valor en alza.

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Dentro y fuera de los despachos se extiende también la preocupación de la abogacía por algunos de los recortes ya aprobados que podrían afectar seriamente a derechos y libertades fundamentales. Por no hablar de algunas propuestas que, con la excusa de la crisis, están planteando ya algunas administraciones y que, de concretarse, afectarán, como siempre, a los colectivos más vulnerables.

Dossier

Més

per menys

Per Antònia Artigues, periodista

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Es miri com es miri, la recessió econòmica afecta clarament l’advocacia. I ho fa de moltes formes i variades. Els lletrats tenen ara més feina, però treballen per menys diners. La morositat també els afecta. La tipologia de les consultes que els fan els clients s’ha capgirat. Alguns redueixen despeses i quasi tots ajornen inversions que en moments de bonança haurien dut endavant. Han passat de gaudir dels èxits dels clients a passar pena amb ells. Les gestions per cobrar un assumpte han esdevingut, almenys en alguns casos, una feina més. A riu brut de torrentada, el peix hi fa xalada? Res més allunyat del dia a dia d’un lletrat.

Dossier

La vivència de la crisi als despatxos professionals

Per començar, la recessió ha tingut una incidència directa en el tipus d’assumptes que tenen els despatxos. La tipologia dels casos que entren al bufet i de les consultes que ara fan els clients ha canviat, sigui quina sigui l’especialitat de dret a la qual es dediquen els professionals. Així, per exemple, als despatxos que assessoren empreses i es dediquen a assumptes de caire econòmic i financer, les tasques d’assessoria sobre operacions immo-

Tampoc no es poden oblidar les conseqüències emocionals de veure alguns clients de tota la vida passar-ho malament

biliàries, l’expansió dels negocis o, fins i tot, la compravenda del pis de tota la vida han donat pas a les reclamacions de deutes, als concursos, al tancament d’empreses i a l’acompanyament dels treballadors acomiadats als saturats jutjats socials. La crisi dispara també els litigis i per això l’advocacia té ara més feina, encara que sigui per menys doblers, que, a més, a vegades costa cobrar. Alguns, fins i tot, s’han vist obligats a emprendre accions legals per poder cobrar el seu esforç. D’altres han optat per alguna classe de mesura preventiva com els protocols de morositat o els contractes amb el client. Però pràcticament tots han ajustat preus i s’han fet càrrec de la situació. Ja arribaran temps millors. Tampoc no es poden oblidar les conseqüències emocionals de veure alguns clients de tota la vida passar-ho mala-

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Aquestes són algunes de les frases que més repeteixen els advocats i les advocades a l’hora d’avaluar els efectes que la crisi econòmica té en el desenvolupament de la seva feina i en la seva relació

amb els clients. Perquè, contràriament a allò que alguns puguin pensar, els advocats han vist com aquesta crisi ha entrat també per la porta dels seus despatxos.

«Treballes per fidelitat al client, sense saber si et podrà pagar». «No pots deixar tirat un client de fa anys. Ara és el moment de treballar més per menys». «Abans teníem consultes positives, ara només estan relacionades amb problemes». «La situació de crisi que viuen els clients ens afecta també a nosaltres. Hem de resistir, reduir despeses i posar-hi dedicació i optimisme». «Feim el doble de feina pel mateix preu. Baixar preus i ser pacient per cobrar». «Ara som prudents, conservadors i més feiners que mai». «Hi ha molta feina, però costa cobrar». «Rebaixes tarifes però fidelitzes clients». «Intentar cobrar és ja una feina més del despatx». «Ara passam pena amb el client»…

Dossier ment. No és el mateix lluitar pensions per a aliments per atendre folgadament les necessitats dels fills que reclamar un canvi de la pensió compensatòria perquè qui la pagava ha perdut la feina. Tampoc no és el mateix reclamar i lluitar pel respecte d’un dret del treballador que acceptar, amb la boca petita, unes quanties irrisòries per un acomiadament. I, per descomptat, no pot ser el mateix ajudar a crear una empresa que acompanyar l’empresari en el procés de tancament del seu negoci. Drames humans que afecten els lletrats i que els fan enyorar temps millors. La part més negativa de la crisi, a més dels efectes emocionals ja esmentats, és la contribució que fa a la generació d’un clima de màxima competència que alguns, això sí, els més pocs, han fet servir per tirar els preus d’una forma gens respectuosa amb les regles de la companyonia i que va molt més enllà del que seria adaptar els honoraris a les possibilitats dels clients. Una pràctica escassa però que pot posar en risc la dignitat de la professió.

La tipologia dels casos que entren al bufet i de les consultes que ara fan els clients ha canviat, sigui quina sigui l’especialitat de dret a la qual es dediquen els professionals

Sigui com vulgui, els advocats coincideixen a assegurar que la situació és complicada, però demostren una gran capacitat d’adaptació i, sobretot, posen en valor, ara més que mai, el principi de la confiança del client en el seu advocat. La crisi obliga a ajustar preus, a tenir paciència en el cobrament dels assumptes i a esforçar-se més; però també a obrir i explorar nous camins que alguns ja han iniciat, com ara la unió de professionals en un mateix despatx per oferir un servei complet al client i, a la vegada, compartir despeses, o a apostar per obrir-se a mercats nous.

Xifres per confirmar la diagnosi de crisi

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Les xifres de la darrera memòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ratifiquen la diagnosi dels advocats. Els jutjats del Social són els que arrosseguen una major acumulació d’assumptes. Més de 8.000 causes sense resoldre en acabar l’any 2011. L’increment dels assumptes a la jurisdicció social ha estat, a més, una constant des de l’inici de la crisi, mentre els laboralistes veuen amb preocupació la fixació de se senyalaments per als anys 2014 i 2015. Igualment el detall d’assumptes també reflexa la litigiositat lligada a la crisi. Així, per exemple s’observa l’elevat nombre de concursos voluntaris, que es va duplicar en 2009, quan se’n registraren 445, en 2010 la xifra va ser de 162 i en 2011 tornà a pujar fins als 232. Els necessaris foren 140 en 2009; 114 en 2010 i 103 en 2011. Un altre exemple són els procediments de modificació de mesures en els divorcis, ja que han passat progressivament de 295 en 2008 als 526 registrats en 2001. Igualment la crisi es deixa entreveure a les dades d’execucions hipotecàries i bens pignorats (969 en 2008; 1.429 en 2009; 1.262 en 2010 i 1.062 en 2011). O les dels monitoris (9.540 en 2008; 13.863 en 2009; 15.947 en 2010 i 12.504 en 2011) i les corresponents als títols executius (1.018 en 2008; 1.763 en 2009; 2.825 en 2010 i 1.301 en 2011).

Dossier

De l’assessorament sobre inversions i les operacions econòmiques als concursos i les reclamacions de quantitat

Tant empreses de qualsevol mida com particulars canvien la seva relació amb l’advocat, i aquest s’adapta a la nova situació, una situació de dificultats i fins i tot d’ofegament econòmic d’empreses i particulars a la qual no és aliè l’advocat. No deixar tirat el client de tota la vida que passa dificultats econòmiques és una aposta clara de tots els advocats. Alguns destaquen, però, com la falta de liquiditat de molts de clients acaba contagiantse a la situació de l’advocat, que també veu com minva la seva capacitat de liquiditat.

Quant als assumptes, «l’increment de procediments de crèdit morós és un fet, mentre que altres temes com la inversió immobiliària, fins i tot en l’àmbit hoteler, han baixat molt», comenta Lafuente. L’advocat indica que també es nota un fort augment dels concursos, tot i que adverteix que plantejar un concurs «resulta car, ja que necessites economistes i comptables per preparar la documentació». Lafuente també destaca l’augment de casos en l’àmbit laboral, amb serioses dificultats per pagar, tant per part de les empreses com per part dels treballadors. Lafuente matisa que, si bé és cert que la crisi augmenta els procediments de recuperació de doblers, els problemes també continuen essent els de sempre: conflictes amb els veïnats, divorcis, legalitzacions d’habitatges…

La situació de crisi, opina José María Lafuente, implicarà una reducció «natural» del nombre d’advocats i una tendència a les fusions

La situació de crisi implicarà, segons diu Lafuente, una reducció «natural» del nombre d’advocats, i pensa que la tendència de futur és que s’imposin fusions i despatxos que es dediquin al major nombre d’especialitats possible, a l’igual que ha passat a les grans ciutats espanyoles. Un altre advocat d’un despatx tradicional de client mitjà, «d’aquell client que té el seu advocat de confiança fa anys», destaca com des de fa quatre o cinc anys el client «ja tan sols ve amb problemes, ja no hi ha consultes positives (comprar un pis o ampliar el negoci). La dificultat de liquiditat afecta tant negocis com particulars», assegura. Coincideix en el fet que hi ha més reclamacions per impagaments i temes penals amb rerefons econòmic. «Hi ha molta feina, però és difícil cobrar-la. La situació dels clients se’ns contagia, hem de resistir, amb esforç i responsabilitat», comenta el lletrat, que també considera que cada vegada hi haurà menys despatxos com el seu —unipersonals—i que la tendència de futur és unir-se.

És el moment de ser prudents i fer el doble de feina per menys Ja han agafat aquest camí d’ajuntar esforços i oferir un servei multidisciplinari els socis d’Aset, entre els qual hi ha Pep Binimelis, Iñigo Casasayas i Catalina Grauxes. Repeteixen una consigna per a aquests moments de crisi: «És el moment de ser prudents, conservadors i molt feiners; feim el doble de feina pel mateix preu».

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Així mateix, les igualas que pagava el client empreses al seu advocat també han estat substituïdes, en molt de casos, per serveis puntuals —«a vegades únicament els imprescindibles»— que necessita el client. El canvi de tendència en els assumptes es detecta en tot tipus de despatxos que es dediquen a assumptes econòmics, tant en els que tenen més membres com en els unipersonals o de pocs advocats.

José María Lafuente està al capdavant d’un despatx d’onze membres que es dedica a totes les especialitats i que té entre els seus clients empreses grans, petites, constructores, bancs, financeres… Hi ha feina, canvien assumptes i, a vegades, «en un tant per cent de casos, treballes per fidelitat al client, sense cobrar, esperant el resultat o que millori la seva situació econòmica».

Als despatxos especialitzats, principalment, en temes econòmics, amb clients com grans empreses, inversors estrangers, empreses més petites i mitjanes i també particulars, la crisi ha girat les tornes i ha canviat la tipologia dels assumptes que omplen les seves prestatgeries. Les grans inversions immobiliàries, operacions de capital, assessories urbanístiques, ampliacions de negocis o fins i tot compravendes, han donat pas avui, amb la crisi econòmica, a altres assumptes, entre els quals hi ha la recuperació del crèdit morós i els concursos.

Dossier Un d’ells es mostra rotund: «La inversió immobiliària ha mort». Coincideixen amb altres advocats en quins són els assumptes que han fet incrementar la crisi i quins han baixat. «És un cercle viciós: morositat, reclamacions de quantitats, augment dels concursos, empreses que no poden pagar perquè també els deuen…». Per això augmenten la morositat i els concursos i baixen les compravendes, les escriptures, els contractes i, fins i tot, lleugerament, els divorcis. En canvi, hi ha altres aspectes com l’assessoria fiscal que «són més necessaris encara en temps de crisi». En aquesta situació, la competència és dura, però els advocats d’Aset tenen clar que oferir un bon servei és la millor garantia. «El client necessita confiança, donar-li un bon servei permet mantenir bons honoraris», enfront d’ofertes excessivament a la baixa temptadores en temps de crisi, moltes de les quals es fan per Internet. Per exemple, diu, és una pràctica creixent que el particular es baixi un contracte d’arrendament d’Internet. Però, «quan després les coses no van bé, això té conseqüències molt negatives», afirmen.

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L’advocada Aina Castillo —que comparteix despatx amb altres dos advocats i economistes— té entre els seus clients, principalment, empreses, però també particulars. Per a ella, un dels principals efectes de la crisi és que tot i que s’interposin reclamacions de deutes el problema és l’estesa insolvència dels deutors, cosa que provoca que «executar esdevingui quasi impossible». Igualment, Castillo manifesta que, entre els clients particulars i les empreses més petites, aquesta dificultat d’execució de deutes fa que s’ho pensin més a l’hora d’iniciar accions. En aquest sentit, indica que ha observat que en el darrer any han baixat una mica aquest tipus de reclamacions i que fins i tot hi ha casos de clients que es personen ells mateixos en un concurs, botant-se els professionals.

«L’empresa gran s’anima més a actuar, a reclamar el que li deuen», diu Castillo. Un fet que sí que ha observat és l’augment de reclamacions a l’Administració per part dels particulars i també un increment dels qui afegeixen a la reclamació administrativa els interessos de demora. Com molts d’advocats, veu com han quedat de banda assumptes com l’assessoria en estratègies, la inversió, la contractació..., i en prenen el relleu «la conflictivitat, els concursos, les escissions d’activitat o les transformacions». «La crisi», assenyala, «és per a algunes empreses una oportunitat de replantejament, de continuar amb menys cost».

Els advocats d’Aset tenen clar que oferir un bon servei és la millor garantia «Vivim una situació en la qual molts de clients tenen dificultats. T’has d’adaptar, has d’ajustar preus i, tot i que puguis veure minvada la facturació, és una inversió, ja que pots fidelitzar l’empresa», conclou Castillo.

De l’expansió del negoci a demanar el refinançament del banc Miquel Àngel Serra és un advocat de les Illes que fa feina, juntament amb quasi una trentena d’advocats, al despatx que la firma Garrigues té a Palma. Tot i així, com a qualsevol altre despatx, la crisi econòmica ha tingut una repercussió directa en el tipus d’assumptes que es treballen. El despatx ha reduït en dos o tres advocats la seva plantilla de Palma respecte de l’any passat. Segons explica Serra, ara es duen més temes de processal i laboral. Pel que fa a processal, hi ha més demandes de reclamació de quantitat, més concursos de creditors i, en definitiva, més litigis sobre tot tipus d’assumptes: mo-

dificació o rescissió d’arrendaments, resolucions unilaterals de contractes… Serra destaca com alguns clients pretenen interposar querelles com a mesura de pressió «i, és clar, procuram reconduir el tema a la via corresponent». La crisi ha provocat, segons explica, que alguns clients demanin rebaixa o que algunes empreses que abans tenien contractada una assessoria completa, ara són els seus propis serveis jurídics els que assumeixin alguna part del procés que abans duien al despatx. «Quan canvia l’escenari, els clients requereixen serveis diferents. Així –indica Serra– alguns modifiquen les igualas o demanen ja serveis puntuals». «Han baixat de forma molt significativa», explica, «els temes administratius, ja que, per exemple, l’Administració no licita concursos. També en l’àmbit mercantil les fusions, les adquisicions i les aportacions d’actius han baixat i han donat pas a altres operacions com les de refinançament del deute del client al banc». L’assessoria fiscal es manté millor, «ja que l’empresa la necessita per reduir la càrrega fiscal». Miquel Àngel Serra remarca que, tot i que hi ha feina, «la nostra ara és menys agradable. És diferent acompanyar el client en operacions de compra o adquisicions, en la seva expansió, que acompanyar-lo a vendre, a demanar préstecs o refinançament, a plantejar un ERO… Abans gaudíem amb el client, celebràvem els seus èxits, i ara passam pena amb ell», conclou.

Successions més litigioses per la crisi L’advocat i catedràtic Miquel Coca Payeras està al capdavant d’un despatx de set advocats i assegura que la crisi, ja des de fa uns quants anys, té una clara traducció en els assumptes i la relació amb els clients. «El primer fenomen que percebérem, fa ja uns quants anys, va ser la desaparició de clients que tenien igualas; lamentablement el darrer servei a vega-

Dossier

«Un altre fenomen és la reducció d’assessories per fer operacions, inversions, fusions, compres de capital… Tota aquesta feina ha baixat, així com l’elaboració de dictàmens per a aquests tipus d’operacions», explica l’advocat, que afegeix que davant «aquesta situació el que sí que augmenta de forma important són els litigis: d’una banda, reclamacions de quantitats per impaga-

Coca destaca que un dels pocs sectors que no sofreix cap retrocés és el de les successions per causa de mort. Ara bé, sí que la crisi s’hi fa notar, «ja que, per la crisi, ara hi ha més litigis». I les dificultats per cobrar són també un efecte directe de la crisi. «Històricament, per a nosaltres cobrar no era una feina, i ara s’ha convertit en una feina més, que en alguns casos arriba a implicar accions», assenyala Coca. Als clientes amb dificultats,

Miguel Ángel Serra: “Abans gaudíem amb el client i celebràvem els seus èxits. Ara passam pena amb ell” ments amb problemàtica jurídica mínima i, d’altra banda, la defensa de clients contra els quals es dirigeixen aquestes reclamacions», apunta. Evidentment, coincidint amb altres companys, Coca indica que els concursos, «tant els que insten un concurs com els que insten els teus clients», també formen part dels assumptes lligats a la crisi.

se’ls donen facilitats, «a vegades d’un parell d’anys», per pagar. Coca indica que han pogut mantenir honoraris amb facilitats de pagament i pensa que, tot i la competència i els preus a la baixa, «nosaltres no competim en preu, sinó en qualitat». «La relació directa, el tracte personal i la confiança són importants en un lloc com Mallorca», diu l’advocat.

Com a curiositat, Miquel

Miquel Coca destaca que un dels pocs sectors que no sofreix cap retrocés és el de les successions per causa de mort, tot i que ara, per la crisi, també hi ha més litigis

Per la seva part, l’advocat José Miguel del Campo incideix que s’han reduït moltíssim les assessories mensuals a empreses, com també les feines relacionades amb transaccions o compravendes. «Les reclamacions de deutes, en tots els aspectes, són els assumptes que més es tracten ara», diu l’advocat, que afegeix que, a més a més, la gent s’ho pensa més de dues vegades. Del Campo destaca especialment les conseqüències negatives dels concursos. «Els concursos proliferen i en l’entramat industrial de Mallorca un concurs pot afectar cent empreses, i a la vegada la situació d’aquestes, altres cent. Aquest fet redueix el treball dels advocats, ja que no hi podrà haver demandes individuals», indica l’advocat. Insisteix que el concurs mai no és positiu perquè, en el millor dels casos, si hi ha conveni per pagar es fixa una quitança i es cobra molt menys», de manera que aquest creditor pot tenir a la vegada problemes amb els proveïdors. «És una taca d’oli que s’estén», observa Del Campo. Si hi ha liquidació, es reparteixen els pocs actius «i qui arriba a cobrar rep com a molt un 10% del que li devien», diu amb preocupació. Com altres companys, José Miguel del Campo comparteix la necessitat d’adaptar-se a les possibilitats econòmiques del client, sobretot del client que fa anys que ho és. Això no obstant, l’advocat adverteix del risc de baixades de preus exagerades, «cosa que és dolenta per la professió». Així, assenyala que abans la professió era més estricta però que la Unió Europea i la lliure competència varen obrir el calaix, quan, «en una professió tan específica, una lliure competència en la qual no hi ha unes normes mínimes per pagar serveis pot donar lloc a situacions problemàtiques», conclou Del Campo.

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des era el concurs. En alguns casos es tractava d’empreses que havíem seguit des del seu naixement», indica Coca.

Un concurs mai no és positiu, és una taca que s’estén

Aina Castillo destaca l’augment de les reclamacions a l’Administració per part dels particulars i un increment dels qui afegeixen a la reclamació administrativa els interessos de demora

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La lluita per sobreviure guanya al reconeixement dels drets laborals Els advocats laboralistes senten els efectes sagnants de la crisi en les històries dels seus clients El desencís i la profunda preocupació es deixen sentir entre els advocats laboralistes. Alguns parlen de «vertader estat de pànic» i d’altres arriben a dir que en l’àmbit laboral «tant el dret a la tutela judicial con la realització pròpia de la justícia decauen de forma general en l’estat actual». Els advocats comenten que els jutjats socials són actualment els més collapsats. S’estan senyalant judicis per al 2014 i el 2015 i, és clar, no hi ha ningú que ho pugui suportar. Matisen que la darrera reforma laboral ha estat «fins ara» el darrer pas de rosca.

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Jaime Bueno, per exemple, es mostra profundament crític. «Des de l’estiu del 2010 hi ha hagut un debilitament progressiu dels drets laborals que, per ara, ha conclòs amb el Reial decret 3/2012, de 12 de febrer, el qual ha afavorit flexibilitzar les condicions de feina dels treballadors i disposar-ne el cessament mitjançant l’article 52 de l’Estatut dels treballadors, circumstàncies econòmiques principalment. Aquesta és la via que s’està apreciant més com a causa d’acomiadament, és la més barata i la que se sostreu més al control de la legalitat per part de la jurisdicció laboral». Les conseqüències són molt greus, adverteix. «La gran dificultat dels treballadors acomiadats per demostrar la inexistència d’aquestes causes i la gran acumulació d’assumptes als jutjats socials fan que es produeixi una acceptació generalitzada per part dels treballadors d’aquests acomiadaments», diu Jaime Bueno, que

explica que els advocats també es veuen perjudicats per aquesta circumstància. «Aquesta situació causa un abaratiment generalitzat dels acomiadaments, amb l’efecte directe que això té sobre els honoraris dels professionals». En la majoria de casos, indica, «el que preocupa als clients és la seguretat en la percepció econòmica (la que sigui) en lloc de la defensa del dret mateix». Els treballadors acomiadats, davant el volum ingent d’assumptes i sabent la dilació que pot tenir el procés, accepten conformitats per accedir al més aviat possible al fons de garantia salarial en cas d’insolvència de l’empresa. Els laboralistes no es cansen de repetir que senten els efectes sagnants de la crisi en les històries dels seus clients. No s’ha de pensar que els acomiadaments siguin els únics assumptes que han augmentat. «Es constata que, com a derivació d’aquesta precarietat social que vivim, hi ha un elevat nombre de treballadors que, per edat i esgotament de l’atur, cerquen obtenir prestacions d’invalidesa, jubilacions anticipades...», diu Bueno, que, a més, afegeix que s’està produint una

En la majoria de casos, indiquen els lletrats, «el que preocupa als clients és la seguretat en la percepció econòmica (la que sigui) en lloc de la defensa del dret mateix»

progressiva posició restrictiva per part de la Seguretat Social, i tot això es tradueix en un increment dels litigis com a darrer recurs per obtenir algun tipus de subsidi». El col·lapse dels jutjats socials afecta també les peticions de prestacions, i una persona pot veure com, per exemple, es retarda anys una pensió de viduïtat, destaca un altre advocat. És un moment en què han quedat de banda les qüestions de reconeixement de drets, els conflictes col·lectius enfront del gran increment de les reclamacions de subsistència. Aquest és el panorama. Els laboralistes no tenen cap dubte que la crisi ha desbordat la jurisdicció social i que «l’Administració no hi fa res». Tot aquest panorama té conseqüències negatives per als advocats. I és que hi ha circumstàncies molt desfavorables. «A més dels advocats, el dret laboral el pot exercir el graduat social, fet que provoca un repartiment dels clients; això deixant de banda que els sindicats ofereixen serveis jurídics als afiliats i, naturalment, aquestes persones ja no arriben als nostres despatxos», apunta un conegut laboralista. D’aquest repartiment de clients es passa a una situació encara més preocupant: baixada de preus escandalosa (en aquests moments s’ofereixen «20 euros per reclamació») o, «com que no és obligada l’assistència lletrada, persones que vénen acompanyades pel president de la comunitat de veïns perquè és molt llest!», adverteix l’advocat, amb les conseqüències

Dossier Els jutjats socials són actualment els més col.lapsats. S’estan senyalant judicis per al 2014 i el 2015 negatives que aquests fets poden tenir per al client. Les dificultats de l’advocat per cobrar es manifesten en l’àmbit laboral més que en cap altre. «Moltes vegades la gent no pot pagar, es demanen rebaixes de pressupost i fins i tot n’hi ha que impugnen la minuta», diu un advocat. Jaime Bueno té claríssim que aquesta dificultat ve de la mà de les persones afectades. «Hi ha una escassa capacitat econòmica dels clients que obliga tant a un abaratiment dels preus com a una inseguretat en el cobrament, cosa que, en molts de casos, atès l’estat de necessitat del client, ens du a confiar en el resultat del procediment per cobrar segons el resultat d’aquest».

L’abaratiment dels acomiadaments té un efecte directe en els honoraris de l’advocat

«La nostra funció», conclou Jaime Bueno, és, «a causa del mal funcionament de la justícia, neutralitzar o suavitzar els greus desequilibris en els drets de les persones que estan patint la dilació dels procediments, sense oblidar que la situació s’agreuja encara més en el cas de persones immigrants que veuen com, a la pèrdua de feina, s’hi sumen altres problemes».

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Bueno destaca, amb gran preocupació, com aquesta situació de precarietat econòmica i de dilació dels processos agreuja la situació de molts de ciutadans, que no saben què els passarà «si no tenen cap solució ni cobertura». «Això és el que ens transmeten als advocats als despatxos; nosaltres rebem directament l’impacte d’aquesta precarietat social i emocional, i actuam de pantalla per als jutjats socials, que són els qui haurien de rebre aquest sofriment dels ciutadans».

Dossier

Família: Més peticions de canvi de mesures econòmiques La pèrdua de la capacitat econòmica ha generat aquest augment dua de la capacitat econòmica provoca l’augment d’aquests procediments». Això no obstant, Mateu destaca que perquè el procediment de modificació de mesures pugui prosperar s’ha de produir un canvi «substancial» pel que fa a la situació a l’empara de la qual foren dictades. L’advocada també indica que a vegades es planteja la custòdia compartida i subsidiàriament la reducció de la pensió per a aliments, «i és difícil saber quina n’és la vertadera motivació».

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Els advocats de família constaten com un aspecte relacionat directament amb la crisi l’increment substancial dels procediments de canvi de mesures respecte dels fills comuns i també els relacionats amb les pensions compensatòries Els advocats de família coincideixen a remarcar un aspecte comú relacionat directament amb la crisi econòmica: l’increment substancial dels procediments de canvi de mesures respecte dels fills comuns i també els relacionats amb les pensions compensatòries. N’hi ha que assenyalen també una certa baixada del nombre de divorcis, tot

i que en alguns despatxos enguany es comprova un ascens lleuger respecte dels anys passats. Per exemple, Maria Antònia Mateu Gelabert assegura que «sí que hem notat un increment d’aquest tipus de procediments de modificació de mesures. És un fet que hi ha persones que abans tenien feina i ara es troben a l’atur. La pèr-

La crisi no tan sols afecta les modificacions de pensions, sinó que també implica un increment de la conflictivitat quant a les anomenades despeses extraordinàries. «Es discuteixen despeses que abans no es qüestionaven, com ara el manteniment o no de les assegurances mèdiques privades o de les escoles privades per als infants»,

Dossier adverteix Maria Antònia Mateu Gelabert, que ha observat també un augment de consultes d’antics clients que volen plantejar, per exemple, «acabar amb l’ús de la casa». A més, els advocats de família veuen com han pujat les denúncies per impagament de pensions. La també advocada de família Antònia Perelló assegura que és un fet l’augment de la morositat en l’impagament de pensions i, en conseqüència, el plantejament d’execucions per impagament de pensions i també de denúncies penals si han passat els quatre mesos. «Per això, el millor camí per a una persona que no pot pagar és iniciar el procediment per canviar les mesures», explica, «fet que ha provocat el creixement important d’aquestes accions». Perelló alerta dels riscs que, per motiu de la crisi, pot provocar el «rebentament de preus», referint-se, per exemple, a ofertes d’Internet que fan publicitat de divorcis a preus de ganga. «A vegades» —assenyala— «acaba amb conseqüències molt negatives per als clients».

Antonia Perelló alerta dels riscs que poden provocar les ofertes d’Internet que fan publicitat de divorcis a preus de ganga Aquests casos no són «un simple expedient» als despatxos dels advocats i advocades de família. Els professionals saben molt bé que darrere hi ha històries humanes, drames i conseqüències difícils de manejar, ara agreujades en moltes ocasions per la crisi. Assumeixen perfectament —i és un denominador comú— que ara augmenta la feina però no els ingressos. L’advocada Xisca Mas mostra un gran desencís per la situació actual del «servei públic que és la justícia». Una justícia que, al seu parer, «es torna cada vegada més elitista, ja que les darreres modificacions normatives suposen noves traves a l’accés igualitari a la justícia; taxes, pagar per recórrer… Tot això esdevé un panorama negatiu que fa accessible la justícia als bancs, les empreses grans o els particulars amb possibilitats econòmiques». Així, és en aquest escenari de crisi econòmica i de deteriorament de l’Ad-

ministració de justícia en què, segons Xisca Mas, es produeix, en matèria de família, «l’increment d’accions que interposen els homes per rebaixar les pensions per a aliments o eliminar pensions compensatòries a les dones». Mas denuncia que, si bé evidentment hi ha situacions reals que poden justificar el canvi de mesures, també «hi ha abusos i cobraments de doblers en negre per part de qui ha de pagar amb la complicitat de les empreses». Segons Xisca Mas, davant aquesta situació moltes dones i els seus infants queden encara en una situació més precària. «Els qui acudeixen a la via judicial són els homes. Si les dones fessin el mateix, els infants quedarien desemparats», comenta l’advocada. Mas assegura que moltes dones es veuen obligades a recórrer a l’economia submergida», i veu amb preocupació com habitualment «els jutges rebaixen les pensions per a aliments». Mas senyala també que, arran de la crisi, avui es veuen certs canvis a l’hora d’un divorci o una separació, amb «formes més austeres de vida».

Augmenten els delictes de caire econòmic

Gaspar Oliver relata el cas d’una persona que ha hagut d’estar tres mesos a la presó per no poder pagar una fiança de 2.500 euros

ris en casa habitada, però aquesta «moda delictiva» no és l’únic fenomen lligat a la crisi en l’àmbit penal. Per exemple, l’advocat Carlos Portalo destaca que es promouen determinats processos penals per cercar una conseqüència econòmica. As-

Als despatxos dels advocats especialitzats en penal, s’ha observat en els darrers anys un augment important de les causes per delictes amb dinàmica econòmica, com són, entre altres, l’alçament de béns, les estafes i falsedats, les apropiacions indegudes, els delictes societaris o els robato-

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La crisi econòmica té també conseqüències en el tipus d’assumptes que veuen els penalistes i en la situació de les persones que hi ha implicades

Dossier segura que ara es donen situacions en què el client, per tal de recuperar els seus doblers; conscient que l’acció penal té una força de coacció major, volen optar per l’acció penal. «Evidentment, només iniciam les accions quan hi concorren els indicis suficients. Feim aquesta feina necessària de filtre». Portalo assegura que és cada vegada major el nombre de persones que exerceixen acusacions particulars en assumptes de rerefons econòmic. No és l’únic que adverteix aquest risc. «La crisi fa que, respecte de negocis que no han sortit bé, alguns vulguin reclamar responsabilitats penals als altres, quan, si tot hagués anat bé, no hauria passat res», comenta un reputat penalista. Amb preocupació, Portalo assenyala altres efectes de la crisi. Així, apunta que ara costa més que es produeixi una suspensió d’execució de condemna si no s’han abonat les quantitats fixades com a responsabilitat civil, mentre que abans s’acordava quan s’acreditava la insolvència. Igualment, Portalo destaca que s’han incrementat els casos d’arrest substitutori en cas d’impagament de multes i també les quanties que es fixen com a fiances.

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Els problemes es poden produir, no tan sols per fiances altes que fan que l’encausat quedi a la presó, si no també per la impossibilitat econòmica d’assumir-les. Els exemples de les dificultats que suma la crisi són variats. És ben il· lustratiu el que posa el penalista Gaspar Oliver, que explica que ha tingut algun cas en què l’afectat ha hagut d’estar tres mesos a la presó per no poder pagar la fiança de 2.500 euros imposada pel jutge. També hi ha hagut altres casos d’estrangers en què els doblers han hagut d’arribar del seu país, i no precisament quantitats gaire elevades.

Carlos Portalo apunta que ara costa més que es produeixi una suspensió d’execució de condemna si no s’han abonat les quantitats fixades com a responsabilitat civil, mentre que abans s’acordava quan s’acreditava la insolvència Tot i que, com la resta d’advocats, els penalistes veuen com els clients, en general, tenen pocs recursos, falta de liquiditat, etc., Oliver indica que quan una persona es veu immersa en un procés penal que pot suposar entrar a la presó (a vegades fins i tot preventivament), «cerca els doblers d’on sigui; els demana si fa falta».

Entre els penalistes s’esdevé menys el fenomen que el client descarti la contractació per motiu de la minuta i opti per un servei més barat. Coincideixen que normalment el client que va al despatx del penalista el cerca a ell o ella personalment. «Volen el teu servei, que els duguis tu.» Una altra cosa és que el client demani una rebaixa o facilitats de pagament, que sempre s’accepten, i que, a vegades, costi cobrar.

Dossier

Menys feina i més competència en el mercat estranger

Respostes positives a la crisi Miquel Àngel Mas és un dels advocats del despatx DMS Consulting, integrat per onze membres (vuit advocats, dos economistes i un graduat social) i ens explica que ells ja fa temps que optaren per donar un servei multidisciplinari com a firma d’advocats i consultoria empresarial. La crisi posa damunt la taula la situació ja esmentada de més concursos, menys inversions, menys compravenda o un sector de la construcció aturat i un altre que aguanta com pot. Evidentment, hi ha reclamacions de quantitats i conflictivitat laboral. I també hi ha «gent molt seriosa que en aquests moments té greus problemes de liquiditat», apunta l’advocat de DMS.

«Dels anys noranta al 2000, hi va haver un boom en la compra d’immobles de segona residència i també inversions per part d’estrangers en negocis a les Illes. Amb la crisi, molts dels qui vivien i tenien negoci aquí l’han hagut de tancar i han tornat al seu país». En aquests moments, segons indica Lamas, hi ha menys feina i més competència en el mercat de clients estrangers. «Si abans hi havia set o vuit despatxos, ara n’hi ha uns cinquanta, amb un percentatge molt més baix de feina». De fet, hi ha des-

El tipus de feina també ha experimentat canvis, ja que baixa la inversió i es reben més consultes tendents a garantir la viabilitat juridicofiscal per sortir de la crisi o a plantejar tancaments. Quant a la morositat dels clients, Lamas indica que la que han registrat al seu despatx no és de clients estrangers, sinó del percentatge que tenen de clients espanyols. Tot i la situació, Lamas té clar que s’han d’explorar nous mercats, com el rus. I a aquesta tasca dedica temps. Quant al futur de l’advocacia, Lamas creu que la crisi accelerarà la fusió de despatxos per oferir un servei multidisciplinari, com passa ja a les grans ciutats espanyoles.

«En segon lloc, hem apostat per digitalitzar tot el nostre negoci i la façana exterior amb el nostre web, que ofereix fins i tot instruments pràctics, com ara eines de càlcul per pagar impostos. En tercer lloc, hem tingut molt clar que volíem avançar en la responsabilitat social». En aquest darrer punt, Mas explica que el despatx es vol implicar en el suport als emprenedors i, en aquest sentit, juntament amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Universitat Empresa, participa en un premi que ofereix dos anys d’assessoria gratuïta a l’emprenedor o emprenedora que en resulti guanyador. «És una ferma aposta cap a l’emprenedoria, la nova economia, les noves tecnologies. Oferir llum, esperança, en un canvi de model econòmic», conclou Mas.

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Jaime Lamas apunta que la inversió estrangera a les Illes Balears ha experimentat també una baixada important, tot i que no tant com l’espanyola.

patxos estrangers, entre els quals filials de firmes alemanyes, que s’havien instal·lat a Mallorca i que s’han vist obligats a tancar.

La crisi també es fa notar, tot i que d’una manera diferent, als despatxos especialitzats en clients estrangers.

Tot i així, Miquel Àngel Mas vol insistir que la situació de crisi requereix «respostes en positiu». «Nosaltres hem volgut pensar en positiu i ho hem fet amb una sèrie de línies d’actuació: en primer lloc, la internacionalització, participant como a cofundadors des del 2010 de la xarxa d’advocats i assessors europeus ILAS. Evidentment, això provoca una interacció amb altres despatxos europeus i, en conseqüència, implica nous clients», explica Mas.

Notícies

El ICAIB, partidario de mantener los dos partidos judiciales en Menorca Tras analizar y realizar una serie de observaciones a la propuesta de revisión del mapa judicial aprobada por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 3 de mayo, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, en fecha 28 de mayo elaboró un informe en el que concluye que, dada la presencia de una serie de circunstancias poblacionales y viarias específicas en la isla, es aconsejable mantener los dos partidos judiciales actualmente existentes en Mahón y Ciutadella. En este sentido, el ICAIB cree que, en Menorca, la existencia de una parte importante de población difícilmente registrable de carácter estacional, así como una infraestructura de trasporte insuficiente, recomiendan el mantenimiento de la coexistencia de los dos partidos judiciales diferenciados. Así, el informe elaborado por la Junta, y que se ha remitido a los organismos correspondientes, tras indicar que “el conocimiento de la carga demográfica real es indispensable para la correcta planificación y gestión de los recursos

dedicados a satisfacer las necesidades sociales de una población, entre los que se cuenta el servicio público de Administración de Justicia”, recuerda que según la información recopilada en el Indicador de Presión Humana (IPH) elaborado por el Instituto Balear de Estadística (IBESTAT), la población de derecho de la Isla de Menorca, que, de acuerdo con el INE, ronda los 95.000 habitantes, llega prácticamente a duplicarse durante la temporada turística, que abarca el periodo comprendido entre los meses de abril-octubre, ambos inclusive (IBESTAT,

La Junta de Gobierno considera que la existencia de una parte importante de población de carácter estacional difícilmente registrable y de una infraestructura de trasporte insuficiente, recomiendan la coexistencia de ambos partidos

Indicador de Presión Humana, Menorca, resultados provisionales 2011). Por lo que se refiere al transporte, el informe incide en que la movilidad de la población de Menorca se sustenta exclusivamente en la red insular de carreteras, estructurada en torno al eje transversal que une las dos localidades cabeza de partido (Mahón y Ciudadela). “El trayecto entre Mahón y Ciudadela – señala el informe- tiene una longitud de 45 km, que se cubren en un tiempo aproximado de 50 minutos (RACE), tiempo que en lo meses de mayor afluencia turística pasa a ser de más de una hora, debido a la negativa incidencia en la fluidez del tráfico que suponen el incremento de desplazamientos de personas (vehículos de alquiler, autocares, etc.) y mercancías por esta vía (abastecimiento de establecimientos de oferta turística)”. Razones que, en opinión de la Junta, justificarían la conservación de los dos partidos judiciales ahora existentes como la mejor opción para los ciudadanos de la isla.

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Martín Aleñar y Juan Font asumen importantes cargos de responsabilidad en la abogacía española La abogacía balear tiene desde mayo un destacado nivel de representación dentro del máximo órgano de Gobierno de la abogacía española tras el nombramiento del decano y ex decano del ICAIB en importantes cargos de responsabilidad. En concreto, el decano de los letrados de Baleares, Martín Aleñar, ha sido nombrado por Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, como vicepresidente de la Comisión de Relaciones In-

ternacionales, mientras que el ex decano Juan Font lo ha sido como vicepresidente segundo del CGAE y responsable de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia. Entre las funciones asignadas a la Comisión de Relaciones Internacionales, cuya vicepresidencia ha asumido Martín Aleñar, figuran la coordinación y el control de la participación activa del Consejo en organismos de la abogacía de

carácter supranacional, las relaciones con la entidades internacionales cuya actividad afecte a la abogacía española (UIA, ABA, UIBA, IBA, FIA, FBE, CCBE, etc.) y cuestiones de cooperación internacional. Mientras, entre las responsabilidades de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia destaca el seguimiento y la coordinación de las quejas en el ámbito de Juzgados y Tribunales y otros órganos relacionados.

Notícies

Una decisión que cayó también como un jarro de agua fría en la abogacía balear y que, de hecho, nada más conocerse, motivó que la Junta de Gobierno hiciera público su rechazo y que calificara el acuerdo ministerial, finalmente reconsiderado, como incomprensible, inoportuno e incoherente, máxime cuando vivimos una crisis económica y financiera que, en palabras del propio ministro de Justicia, “no tiene parangón en las últimas décadas” y en la que, lamentablemente, la incidencia de los procesos concursales tiende a aumentar. La Junta advierte del riesgo de que la aplicación del acuerdo pueda afectar negativamente a la necesaria agilidad que en la actual situación de recesión cabría dar a la tramitación de los procesos concursales y, con ellos, a quienes, aun en los momentos más difíciles,

quieren apostar por la supervivencia de las empresas y la conservación de los puestos de trabajo. Los letrados ponen de manifiesto la contradicción entre la medida anunciada y las declaraciones efectuadas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón durante su primera comparecencia en el Congreso, durante la que expresó su deseo en

Afortunadamente, y tras la petición realizada por el TSJIB, el ministerio de Justicia reconsideró su decisión “hacer de nuestra administración de Justicia un elemento determinante para aumentar la competitividad”. Los miembros de la Junta de Gobierno del ICAIB se alinearon asimismo públicamente con el comunicado emitido en similar sentido por el Juez Decano de Palma y los jueces de lo mercantil, en el que se recuerda que, pese a la disminución de la entrada de asuntos y el incremento del esfuerzo resolutorio, la carga de trabajo de los juzgados de lo mercantil dobla la aconsejable.

L’ICAIB ha acordat renovar la pòlissa de responsabilitat civil professional contractada amb l’entitat asseguradora CASER a través de la corredoria d’assegurances Adartia, renovació que entrà en vigor el dia 1 de juliol de 2012 i que inclou una sèrie de millores i avantatges entre les quals cal destacar les següents: fins a 1. Ampliació 500.000 € del límit de la indemnització per sinistre i assegurat. 2. Reducció en la prima neta d’un 5%. 3. Millora en la redacció de la cobertura de l’activitat de mediació. 4. Actualització de la cobertura per responsabilitat derivades de la Llei Concursal. 5. Inclusió de les societats professionals monodisciplinars inscrites a l’ICAIB (100% advocats membres exercents i col·legiats a l’ICAIB), amb la mateixa prima i un límit independent. Les persones interessades a obtenir-ne més informació poden fer-ho a través del correu electrònic: lhernando@adartia.es

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Tras la protesta hecha pública por el TSJIB, que fue secundada por la abogacía balear, finalmente, el ministerio de Justicia dejó sin efecto la decisión adoptada el 22 de junio por la que pretendía dejar de autorizar la adscripción de la jueza de refuerzo con que contaban los juzgados de lo Mercantil números 1 y 2 de Palma.

Renovada la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil professional

La abogacía, contra la supresión de la plaza de juez de refuerzo en los juzgados de lo Mercantil

Mots a la barra

Mots a la barra Per la Comissió de Normalització Lingüística de l’ICAIB

Mots a la barra I

DUR ALGÚ A LA BARRA Ben segur que tothom sap que l’expressió «dur algú a la barra» significa ‘fer-lo comparèixer davant un tribunal de justícia’. Segons el Diccionari català-valencià-balear, ‘fa referència a la barra que hi sol haver davant la taula dels jutges per impedir que s’hi acostin’. Ens valem d’aquesta expressió per titular un nou apartat de la revista MISSÈR que vol posar en marxa la Comissió de Normalització Lingüística de l’ICAIB. No durem ningú a la barra, sinó que farem comparèixer en aquesta pàgina termes, locucions, textos i expressions que entretinguin els lectors i, a la vegada, els acostin a determinats aspectes que no coneguin sobre la llengua catalana. Pot ser que les persones que utilitzen aquesta frase no siguin conscients que sempre diuen «a la barra» i no «a sa barra», ja que si diguessin que duen algú a «sa barra» es referirien, per exemple, a la barra d’un bar.

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En la llengua parlada s’usen les formes de l’article el i la davant molts de noms; en aquests casos, no es poden substituir per les formes de l’article es i sa. A tall d’exemple, podem esmentar les hores (la una, les tres); els punts cardinals (l’est, l’oest); els multiplicadors (el doble, el triple); expressions de lloc, manera, temps i quantitat (a la dreta, a l’esquerra, a les males, a les fosques, la setmana passada, l’any que ve, a la menuda); equips esportius (el Reial Mallorca, el Barça); institucions, llocs i edificis únics (la Sala, la Seu);

noms d’origen religiós i festivitats (l’Esperit Sant, el dimoni, el Corpus), etcètera. Fins i tot hi ha casos en què hi ha un canvi d’article implica un canvi de significat: «Torna amb els infants de sa mà» / «Torna amb els infants de la mar».

Mots a la barra II

QUÈ EN SOM JO, DE LA MORT D’EN BERGA? L’any 1619, el jutge Jaume Joan de Berga va ser assassinat en plena

lluita entre els bàndols dels Canamunt i Canavall (habitants de la part alta i de la part baixa de Palma respectivament). Immediatament es varen començar a practicar les investigacions per trobar els autors del crim. Un temps després els autors materials del crim, Jeroni Pau de la Cavalleria i Antoni Gibert, varen ser empresonats, jutjats i executats. L’instigador de l’assassinat, el capellà Boda, va poder fugir de Mallorca i se’n va perdre la pista per Itàlia. La recerca dels culpables va ser dura i exhaustiva. Gairebé tothom va ser considerat sospitós i es va interrogar molta gent. Lògicament, la immensa part d’aquestes persones no hi tenien res a veure i es varen sentir sorpreses pel fet de ser involucrades en les investigacions. D’aquí prové la frase, encara ben viva, que diu: «Què en som jo, de la mort d’en Berga?», usada per manifestar la innocència o la no-intervenció en un assumpte del qual es parla.

Mots a la barra III

UNA PROVA PRECISA O NECESSÀRIA? Segons el diccionari normatiu, precís només es refereix a ‘exactament o estrictament determinat o definit, no equívoc o vague’. Per això, no podem fer servir aquest adjectiu en el sentit de necessari. Així, direm: «És necessari fer una prova» i no «És precís fer una prova». Si es tracta d’una prova necessària o bé resulta que és una prova precisa, ja és un altre tema.

Notícies

Secretarios y abogados, unidos por el común objetivo de mejorar la Justicia El ICAIB y el TSJ activan la Comisión Mixta para favorecer el diálogo fluido entre ambos colectivos profesionales El decano del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares, Martín Aleñar, y la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Maria Dulce Capó, firmaron el pasado mes de junio un convenio de colaboración a fin de crear una Comisión Mixta, pensada para favorecer la colaboración y el diálogo fluido entre los colectivos de abogados y secretarios judiciales y contribuir, así, al buen funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia en beneficio de los ciudadanos de las Islas Baleares. De esta forma se abre un nuevo canal de comunicación institucional estable y ágil entre ambos colectivos profesionales, que facilitará la propuesta de posibles soluciones a las disfunciones o incidencias que puedan surgir en la

práctica procesal diaria y favorecerá la formulación de propuestas y sugerencias que contribuyan a mejorar el servicio público de Justicia.

Composición La Comisión Mixta estará integrada por un los abogados Carmen López

González, Salvador Perera y Carlos López Clapés, que han sido designados para tal fin por la Junta de Gobierno del ICAIB, y por los tres secretarios judiciales designados por la Secretaría de Gobierno del TSJIB, Inmaculada Pons Marqués, Antoni Riutort Mercant y Luis Marqués de Prado Moragues.

Letrados y economistas refuerzan la colaboración en materia formativa

El acuerdo prevé, asimismo, que los miembros de ambos colegios profesionales tendrán la posibilidad de asistir a las actividades formativas del otro en las mismas condiciones y coste de inscripción que sus afiliados.

Los colegiados del ICAIB podrán asistir a las actividades formativas del Colegio de Economistas en las mismas condiciones que las previstas para sus afiliados

De este modo, los colegiados de ambas corporaciones conocerán mutuamente, mediante las respectivas vías de difusión colegial, los cursos, seminarios y otras actividades de carácter formativo que organice cada una de las dos corporaciones a fin de completar la formación de los profesionales.

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El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, Martín Aleñar, y el decano del Ilustre Colegio de Economistas de las Islas Baleares, Onofre Martorell, han firmaron el 21 de junio un convenio de colaboración, en virtud del cual ambas instituciones se comprometen a reforzar su colaboración institucional en materia formativa.

Opinió

La Disposició Addicional Segona de la llei 5/2008 i les densitats dels solars residencials Per Josep Melià Ques. Advocat.

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El 17 de maig de 2008 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’Actuacions Urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública. D’acord amb l’exposició de motius, aquesta norma legal pretenia que “el Govern de les Illes Balears pugui produir amb celeritat i amb la quantitat requerida el sòl urbanitzat necessari per atendre el dèficit d’habitatges i les demandes previstes pels pròxims anys”. Tot això, òbviament, per donar efectivitat al dret a l’habitatge contemplat com a principi rector de la política social i econòmica per l’article 47 de la Constitució. El mecanisme previst a la Llei 5/2008 per assolir l’objectiu assenyalat eren les anomenades Reserves Estratègiques de Sòl (RES). Unes reserves que eren àrees de sòl urbà, urbanitzable o rústicÀrea de transició de creixement a Mallorca que serien seleccionades a través d’una convocatòria pública d’oferta de sòl. A aquests terrenys seleccionats els hi serien aplicables uns paràmetres urbanístics fixats per un planejament especial (Normes Subsidiàries i Complementàries) i dins uns límits establerts per la pròpia Llei 5/2008. No és objecte d’aquest article analitzar les Reserves Estratègiques de Sòl, el seu èxit o fracàs, ni analitzar la seva problemàtica jurídica. És evident que des del 2008 a ara el panorama del món immobiliari ha canviat radicalment i això no és aliè a l’impuls i efectivitat de la figura.

Sigui com sigui, el que m’interessa és centrar l’atenció en la Disposició Addicional Segona de la Llei 5/2008. Aquesta Disposició preveu el següent:

“L’índex d’intensitat d’ús residencial del corresponent decret autonòmic, en el sòl urbà consolidat per la urbanització de les àrees d’ús residencial, serà de 60 metres quadrats de superfície construïda mínima per habitatge, sempre que la totalitat de l’edificabilitat permesa pel planejament municipal per a tal ús, a cada solar, es destini a construir habitatges de protecció pública de règim especial o de preu general”. Fent una ampliació del que ha dit el professor Blasco Esteve, podríem dir que una de les grans línies de la política territorial seguida a les Illes Balears és la de les actuacions limitatives del creixement de població (tant residencial com turística) no només en relació a l’extensió i creixement dels sòls urbanitzables, sinó en relació a implantar mecanismes per a contenir la densitat de població en aquestes zones. En relació a les densitats turístiques les regles utilitzades són prou conegudes. El Decret 30/1984, de 10 de maig, de mesures d’ordenació d’establiments hotelers i allotjaments turístics va establir el paràmetre de 30 metres quadrats mínim de sòl edificable per plaça d’allotjament, és a dir, que per cada plaça necessitaves 30 metres quadrats de solar.

El Decret 103/1987, de 22 d’octubre, va establir la «ratio turística» en 60 metres quadrats de sòl edificable per plaça d’allotjament. Ràtio mínima de 60 metres quadrats que va ser la recollida per l’article 5 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes Balears. Ràtio que tot indica que es mantendrà a la nova normativa turística en tramitació si hem de fer cas al projecte de Llei del Turisme (art. 5.4) publicat al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 47 de 18-05-2012. En relació a les densitats residencials hem de partir de l’article 75 de la Llei del Sòl de 1976 que estableix que els plans parcials hauran de fixar una densitat que no podrà ser superior a 75 habitatges per hectàrea i de l’article 12.b) de la mateixa norma legal que estableix que els plans generals municipals d’ordenació han de fixar una estructura d’espais lliures destinats a parcs públics i zones verdes en proporció no inferior a 5 metres quadrats per habitant. La Llei del Sòl de 1992, posteriorment declarada en gran part inconstitucional per la sentència del Tribunal Constitucional 61/1997, va recollir la mateixa densitat de 75 habitatges per hectàrea, si bé afegia que la modificació del planejament que suposi un increment del volum edificable d’una zona requerirà per ser aprovada la previsió dels majors espais lliures que requereixi l’augment de la densitat de població.

La discussió és si els diferents planejaments generals dels municipis de les Balears han quedat modificats per la Disposició Addicional Segona de la Llei 5/2008 instruments de planejament general i sectorial. D’acord amb aquest Decret 2/1996 l’índex d’intensitat d’ús residencial determinarà per a cada unitat

d’habitatge la superfície mínima de parcel·la neta necessària per a la seva construcció; així, aquests índexs serviran de base per al càlcul de les capaci-

Amb aquests antecedents legals les Illes Balears varen dictar el Decret 27/1993, de 11 de març, de Regulació de capacitats de població als instruments de planejament municipal general i sectorial. Norma que fou modificada pel Decret 58/1994, de 11 de març, i finalment substituïda pel Decret 2/1996, de 16 de gener, sobre Regulació de les Capacitats de Població en els

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Opinió

Opinió tats de població resultants de les determinacions del planejament i, aplicats a cada projecte que hagi de ser objecte de llicència municipal d’obres, garantirà que en l’execució efectiva dels plans no se superaran les dites capacitats. En funció d’aquesta normativa i de les regles contingudes a l’ordenament jurídic els diferents ajuntaments varen anar incorporant al seu planejament urbanístic previsions de densitats màximes. I és en aquest context que arriba la Disposició Addicional Segona de la Llei 5/2008 que planteja el dubte si en el cas d’habitatges de protecció pública la densitat dels solars es veu modificada ope legis i, per tant, a partir de la seva entrada en vigor es poden atorgar llicències d’obres d’habitatges que superin la densitat fixada pel planejament urbanístic però que compleixin la Disposició de la Llei 5/2008.

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El problema, evidentment, no és de jerarquia normativa o de principi de legalitat. El Pla General o les Normes Subsidiàries són norma inferior a una llei i és evident que les lleis són d’obligat compliment per tothom, també per les administracions públiques. Aquests però, no són els termes de la discussió. La discussió és l’abast de la Disposició Addicional Segona de la Llei 5/2008. La discussió és si els diferents planejaments generals dels municipis de les Balears han quedat modificats per aquesta norma legal. Una discussió a més que en absolut resol l’exposició de motius de la llei que en cap cas explicita una pretensió autònoma de la Disposició en relació a la resta de la Llei. Per això venc a sostenir que per fer una correcta aplicació de la Disposició de la Llei 5/2008 i per valorar si s’ha produït la modificació del planejament s’ha d’atendre a les següents consideracions: A) La Disposició Addicional Segona de la Llei 5/2008 no estableix ni la directa aplicació de l’índex d’intensitat d’ús allà fixat ni que substitueixi l’índex del planejament urbanístic general o

parcial, sinó que disposa que l’índex d’intensitat d’ús residencial al Decret autonòmic serà 60 m2 de superfície construïda. Entenc que perquè la Disposició fos directament aplicable hauria d’haver dit, en tot cas, una cosa així “L’índex d’intensitat d’ús residencial del corresponent planejament aplicable... queda fixat....”; enlloc d’això la Disposició diu “L’índex d’intensitat d’ús residencial del corresponent decret autonòmic ... serà ...”. La Disposició no afecta, almanco directament, al planejament sinó a un decret autonòmic. I la Disposició no té efectes directes perquè si realment modifica el decret autonòmic que probablement tenia en ment això no suposa un canvi dels índexs d’intensitat d’ús del planejament com veurem al següent argument. B) En cas que el decret autonòmic, al que la Disposició Addicional Segona de la Llei 5/2008 s’estigués referint, fos el Decret 2/1996 de Regulació de Capacitats de Població, d’acord amb el principi d’autonomia local resulta que la capacitat establerta al Decret 2/1996 s’ha d’entendre com a mínima aplicable llevat que els plans determinin una capacitat major. Certament hem de convenir que la cosa quadra malament, com va posar en evidència el departament de Territori del Consell Insular de Mallorca al tràmit d’audiència del projecte de decret de desenvolupament de la Llei 5/2008. En aquest sentit convé reproduir ara la referència a aquesta qüestió que fa el Consell:

«... el projecte de decret .... ve a interpretar que la Llei, en la seva disposició addicional segona, ha implicat una espècie de fixació d’índex d’intensitat d’ús a tot el sòl urbà consolidat per la urbanització que existeixi en tots els municipis de les Illes Balears, que permetria que si la propietat d’un solar qualificat amb ús residencial opta per la promoció

d’habitatges de protecció pública de règim especial o de preu general, podrà aplicar uns índexs més lucratius que els que eventualment tengui fixats el planejament municipal. Això, com diem, fora del sistema de creació de reserves estratègiques i sense cap limitació de les previstes a l’article 2.1 de la Llei, és a dir, a qualsevol municipi i dins tot el seu sòl urbà que admeti l’ús residencial... Tal “decret autonòmic” per tant, hauria de ser per deducció el 2/1996, de 16 de gener, sobre regulació de les capacitats de població en els instruments de planejament general i sectorial. Però tal norma reglamentària no fixa directament índex d’intensitat d’ús, motiu pel qual la redefinició directa dels índexs d’aquest “decret” no tendria sentit. Diu l’article 2 del Decret 2/1996 «l’índex d’intensitat d’ús residencial determinarà per a cada unitat d’habitatge, la superfície mínima de parcel·la neta necessària per a la construcció» i que «els índexs s’expressaran en forma de fracció, en la qual el numerador serà sempre la unitat d’habitatge o plaça turística, segons que es tracti, i el denominador la superfície de parcel·la neta necessària per a la construcció d’aquesta unitat». Per tant, una interpretació de la disposició addicional segona com la que opta ... el projecte de decret simplement “no quadra”, perquè tal disposició ens parla d’un paràmetre de “60 m2 de superfície construïda mínima per habitatge” quan els índexs d’intensitat d’ús “del corresponent decret autonòmic” són una cosa diferent... Tot i no quadrar hi ha dues possibilitats teòriques: 1 Que el Decret autonòmic al qual es refereix la Disposició Addicional Segona sigui el 2/1996. Aleshores, hauríem de concloure que la norma legal està canviant la sistemàtica i el contingut del Decret 2/1996 i que a partir de la Llei 5/2008 no només hi ha una fórmula sinó també un índex mínim. Allò important però és que es tractaria d’això, d’un índex mínim, és a dir, el planejament no podria establir un índex inferior per exemple “40 m2 de

Opinió

Allò essencial és que estam en una situació similar a l’analitzada a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 658/2000: «En ese sentido, los planes urbanísticos deben adaptarse a las nuevas determinaciones en los plazos que al efecto fije el Plan Director Sectorial –artículo 23.3 de

A més a més, no es pot perdre de vista que la Llei 5/2008 no defineix què s’ha d’entendre per sòl urbà consolidat per la urbanització de les àrees d’ús resi-

nejament permet una diversitat d’usos urbanístics, per tant, no se sap exactament que són les àrees d’ús residencial perquè poden ser les àrees on només es permet l’ús residencial o poden ser les àrees on l’ús predominant és el residencial però on es permeten altres usos com el comercial o l’administratiu. 2 Una segona possibilitat, per la qual es decanta el Consell de Mallorca, és que el Decret autonòmic sigui el que aprova les normes subsidiàries especials de la reserva estratègica de sòl. Així el Consell afirma: «l’opció interpretativa possible passa per connectar la disposició addicional amb el sistema de reserves estratègiques, perquè aquesta és la que casa amb una Llei de caràcter excepcional amb un objectiu clarament definit en la seva exposició de motius. Expositiu que en cap cas no diu que l’objectiu de la disposició addicional segona sigui un altre. D’aquesta forma... la manera de fer-la casar i harmonitzar amb l’objecte de la Llei és llegir-la des de la perspectiva de considerar que el benefici d’un índex d’intensitat d’ús de 60 m2 de superfície construïda està pensat per ser aplicable en aquelles operacions fruït de la creació de reserves estratègiques sobre sòl ja classificat com a urbà prèviament pel planejament municipal i que disposés d’una qualificació d’ús residencial també per dit planejament municipal però amb uns paràmetres més restrictius que els contemplats a la disposició addicional segona de la Llei... En definitiva, la llei opta per introduir un sistema extraordinari i d’utilització única per fer possible el dret constitucional de tots els ciutadans a un habitatge digne, adequat i

No es pot perdre de vista que la Llei 5/2008 no defineix què s’ha d’entendre per sòl urbà consolidat per la urbanització de les àrees d’ús residencial dencial. Sembla que aquestes àrees haurien de ser delimitades pel planejament. És ben sabut que normalment als solars i a les illetes urbanes, el pla-

accessible, i per això introdueix la regulació substantiva i procedimental de les reserves estratègiques de sòl. L’assoliment d’aquest dret, per tant, es

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La Llei 5/2008 no defineix l’aplicació directa de la norma o la seva aplicació directiva. És a dir, ens hem de plantejar si la norma que ens ocupa estableix una determinació de directa i immediata aplicació sense necessitat d’adaptació del planejament i normativa reglamentària o si estableix una determinació que s’ha de respectar mitjançant el desenvolupament corresponent d’un instrument d’ordenació o d’una disposició administrativa. Sembla més plausible la segona interpretació, la Llei canvia el Decret autonòmic i a partir d’aquí els ajuntaments hauran d’adaptar el seu planejament.

la Ley 8/1987– El Decreto de la Comunidad Autónoma 54/1995, de 6 de abril (LIB 1995, 136) , aprobó el Plan de Ordenación de la Oferta Turística de la isla de Mallorca, estableciendo que sus determinaciones vinculaban a los instrumentos de planificación generales municipales –artículo 2– así como que los municipios afectados debían adaptar su planeamiento conjuntamente con la primera modificación o renovación del planeamiento general que se formule en el ámbito de la zona turística de que se trate, pero, en cualquier caso, la aprobación inicial de la adaptación tenía que producirse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación de la Oferta Turística –Disposición Adicional Primera, apartado primero– El Plan de Ordenación de la Oferta Turística contiene algunas normas de aplicación directa, pero otras normas precisan para su aplicación, esto es, para que sean efectivas, que el planeamiento urbanístico general se adapte a su contenido. En consecuencia, no habiéndose determinado por el planeamiento urbanístico general los usos incompatibles de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Plan de Ordenación de la Oferta Turística , aun cuando ello fuese por incumplimiento del plazo máximo previsto en la Disposición Adicional, al fin, resulta insoslayable que la solicitud de licencia del caso quedaba sujeta a la normativa urbanística vigente que si permitía el uso de estación de servicio según ya se ha señalado.

superfície construïda mínima per habitatge”. Ara, el que si podria fer el planejament és establir un índex superior. La capacitat establerta s’ha d’entendre com a mínima, una capacitat que el planejament pot augmentar. Per tant, si la capacitat actualment vigent és superior a la mínima no hi ha cap dubte interpretatiu, s’ha d’aplicar la capacitat superior, és a dir, l’establerta pel Pla General, les Normes Subsidiàries o el Pla Parcial. Això, lògicament, sense perjudici que el planejament a una pròxima modificació o revisió pogués variar els índexs en funció del canvi al decret autonòmic. El Decret 2/1996 persegueix com a darrera finalitat que el sistema d’infraestructures no sigui sobrepassat per la implantació de població, d’aquí que a l’exposició de motius del Decret es digui que “s’ha optat per ampliar la necessitat de fixació d’ordenances limitatives de densitat...”. És evident que en la lògica del Decret 2/1996 del que es tracta és que el planejament no vagi per davall d’uns determinats índexs. Ara, res impedeix al planejament o al projecte concret d’edificació anar per damunt d’aquests índex mínims.

Opinió vol aconseguir per aquest mecanisme, i no pel mecanisme de neutralitzar les previsions sobre regulació d’índex de capacitat de població de tots els municipis de les Illes Balears (fins i tot dels que no compleixen els requisits de població superior a 10.000 habitants fixat a l’article 2.1 de la Llei); d’aquí que a criteri d’aquest departament s’ha d’entendre que el vertader abast de la disposició addicional s’ha d’articular inexorablement a la figura de les reserves estratègiques de sòl, i aplicar-se el benefici previst en aquell que sigui

d’un estudi sobre la conveniència i necessitat de l’augment de les dotacions i els espais públics, per no parlar de la necessitat i conveniència que aquest increment passi la preceptiva avaluació ambiental. En aquest sentit, tant la modificació o revisió del planejament municipal com les normes subsidiàries especials de les reserves estratègiques de sòl tendran la seva fase d’avaluació, estudi i participació. En aquest tercer argument el Consell Insular coincideix plenament amb la

És legítim voler potenciar els habitatges de protecció pública, però això no s’hauria de fer tirant per la borda tot un esforç normatiu i planificador per atorgar als nostres pobles i ciutats d’una mínima qualitat urbana reconegut en virtut de les normes subsidiàries especials... Certament la Disposició hauria pogut ser més afortunada i més clara i presenta una redacció francament millorable, ara, en cap cas la interpretació donada és impossible, ni lògica.

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C) Des d’un punt de vista territorial, urbanístic i ambiental les dues possibilitats teòriques descrites donen a la Disposició Addicional Segona de la Llei 5/2008 una interpretació molt més coherent i proporcionada que la interpretació que pretengui sostenir que aquesta Disposició és directament aplicable i que substitueix la densitat del planejament urbanístic. Com ja hem indicat la pretensió darrera del Decret 2/1996 és que el sistema d’infraestructures no quedi col·lapsat per la implantació d’una població que no pugui absorbir i a la qual no pugui donar un adequat servei. Per tant, resulta lògic i de sentit comú entendre que la reducció de l’índex d’intensitat d’ús requereixi un estudi i una anàlisi, així com la participació pública, és a dir, requereixi una tramitació administrativa amb totes les garanties. Un increment de densitat ha de venir acompanyat

meva posició. Així el Consell afirma: Confrontaria que una disposició addicional d’una llei especial i singular aprovada amb l’objecte que proclama la seva exposició de motius permetés, fora de les zones de reserva estratègica de sòl, unes conseqüències com les següents: a) que sobre tots els terrenys del territori de les Illes Balears classificats com a sòl urbà i consolidat per la urbanització se n’anessin en orris les determinacions del planejament urbanístic adaptat al decret 2/1996, naixent de la nit al dia unes densitats poblacionals que no poguessin absorbir els equipaments i sistemes generals; b) la neutralització de les adaptacions dels plans municipals urbanístics als plans d’oferta turística i la regulació de les intensitats d’usos residencials en aquestes zones turístiques. Tota l’extensa i variada normativa dictada sobre règim i ordenació urbana ha pretès evitar el naixement i creixement de nuclis de població en que els habitants no poguessin viure en un ambient adequat i en un entorn que compti amb les infraestructures i dotacions mínimes. Fer una interpretació d’una norma legal que ens dugui a una conclusió en que no existeixi cap mecanisme per controlar i assegurar que això es produeixi ens

sembla sortir d’estudi. No només això, la interpretació que la Disposició Addicional Segona de la Llei 5/2008 és directament aplicable i que deroga els índexs fixats pel planejament urbanístic xoca directament amb l’article 2.2.c) del Decret Legislatiu 2/2008 pel que s’aprova la Llei del Sòl i que estableix la necessitat d’un medi urbà en el que l’ocupació del sòl sigui eficient, que estigui suficientment dotat per les infraestructures i els serveis que li són propis... La recent sentència núm. 117/2012, de 9 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca ha vingut a aclarir que efectivament la interpretació correcta era la que he vingut defensant al llarg d’aquestes línies. En primer lloc la sentència conclou que s’ha d’interpretar que el decret autonòmic a que es refereix la D.A. en qüestió és el Decret 2/1996. En segon lloc la sentència recull les previsions del propi Decret 2/1996 i, per tant, el seu caràcter de norma adreçada bàsicament al planejament municipal. I, en tercer lloc, conclou que per resoldre la petició de llicència s’ha d’estar a l’índex d’intensitat d’ús fixat al planejament urbanístic, per tant, la Disposició Addicional Segona de la Llei 5/2008 no ha canviat els índexs d’intensitat d’ús residencial fixats pels planejaments urbanístics municipals. Així els ajuntaments a l’hora de resoldre les peticions de llicències urbanístiques ho han de fer d’acord amb aquests índexs i no exclusivament aplicant la Disposició de la Llei 5/2008, com sembla que alguns ajuntaments han fet aquests darrers anys. És legítim voler potenciar els habitatges de protecció pública. Ara bé, això no s’hauria de fer mai tirant per la borda tot un esforç normatiu i planificador per atorgar als nostres pobles i ciutats d’una mínima qualitat urbana i d’unes dotacions i infraestructures que els facin més habitables. Convertir aquesta possible legítima potenciació en una cortina de fum per convertir en inhabitables els nostres pobles i ciutats em sembla un frau de llei i una barbaritat. Palma de Mallorca, 28 de maig de 2012.

Opinió

El artículo 335 del Código Penal de 1995 declarado inconstitucional y nulo 17 años después de su entrada en vigor Breve comentario y resumen de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de mayo de 2012 Por Gabriel Garcías Planas. Abogado. La Doctrina ya venía custionándose la procedencia o no acerca de la protección penal del bien jurídico objeto de este precepto, cual es la protección de la fauna sin más. Por ello el artículo 335 ha sido objeto de planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad.

El juez de lo Penal promotor de la cuestión de inconstitucionalidad, basándose en la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2000, argumenta, en primer lugar, que el citado precepto encierra en realidad una norma penal totalmente en blanco, que no contiene el núcleo esencial de la prohibición. Pues la acción de cazar o pescar es jurídicamente neutra y su objeto es igualmente neutro (especies animales que no estén en peligro de extinción ni tampoco amenazadas), por

lo que no reclama, en consecuencia, una tutela específica, máxime cuando el tipo penal no exige lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. Y sabido es que para que la remisión a normas extrapenales -normas penales en blanco- sea admisible constitucionalmente, debe cumplir los siguientes requisitos: a- que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; b- que la Ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición; y c- que sea satisfecha la exigencia de certeza o, lo que en expresión constitucional ya normalizada es lo mismo: que “la

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En su auto de planteamiento, el órgano judicial, después de justificar el cumplimiento de los requisitos de los artículos 35.2 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, consideró que el artículo 335 del Código

Penal podía efectivamente vulnerar los principios de seguridad jurídica y legalidad penal de los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución Española.

Ya la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1999 absolvió, en un supuesto de caza sin licencia de dos jilgueros, advirtiendo del incumplimiento por el artículo 335 de los mínimos constitucionales exigibles para la Ley penal en blanco. Como antecedente de la sentencia que comentamos, el Juzgado de lo Penal nº 6 de Granada dictó auto planteando cuestión de inconstitucionalidad del artículo 335 del Código Penal por posible vulneración de los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución Española.

Opinió EL TC señala que el artículo 335 del Código Penal de 1995 no satisface tampoco con la exigencia de certeza a la que obliga el principio de legalidad del artículo 25.1 de la Constitución Española, toda vez que dicho precepto no permite identificar con la precisión pertinente la conducta delictiva que tipifica conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma, a la que la Ley penal se remite y resulte de esa forma salvaguardada la función de garantía de tipo o la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada”.

los requisitos que el artículo 25.1 de la Constitución Española exige para las leyes penales en blanco. Y llega a la conclusión que en cuanto a la remisión a normas extrapenales específicas es expresa y está además justificada en atención al bien jurídico protegido por la norma penal.

Finalmente el Tribunal Constitucional, en su sentencia analiza si el precepto penal estudiado cumple con

Sin embargo, no cumple el artículo 335 del Código Penal de 1995 con las otras exigencias, ya que señala la pena apli-

cable al delito que tipifica y no contiene el núcleo esencial de la prohibición ni satisface tampoco la exigencia de certeza. Lo que supone una vulneración de la garantía formal del principio de legalidad penal (STC, 24 de febrero de 2004). Para concluir, señala el Tribunal Constitucional que el artículo 335 del Código Penal de 1995 no satisface tampoco con la exigencia de certeza a que obliga el principio de legalidad del artículo 25.1 de la Constitución Española, toda vez que el mencionado precepto no permite identificar con la precisión pertinente la conducta delictiva que tipifica, lo que crea un amplísimo espacio de inseguridad jurídica.

Réquiem por un general

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Por Jaime Florit. Abogado. Durante mucho tiempo se le había conocido como “el hombre tranquilo del Tajo”. En un Portugal dominado por la aplastante personalidad de Antonio de Oliveira Salazar, el general Humberto Delgado se había forjado una reputación de gran servidor del Estado. Militar y diplomático, consiguió para su país el archipiélago de las Azores, cuya aceptación de la bandera lusitana había constituído una obra maestra de política exterior. Cualquier miembro de la oposición que pretendiese atraerlo a su causa, pronto quedaba desengañado: «No hay nada que hacer. Delgado será siempre un salazarista». Así, cuando en 1958 se supo que el general Humberto Delgado presentaba su candidatura a la presidencia de la República, como adversario del can-

didato oficial, se pensó en una de estas operaciones políticas que suelen practicar los regímenes totalitarios: el mismo poder designa a su oponente, con el fin de dar apariencia democrática a una consulta popular de pura fórmula. Ello suponía olvidar que un fiel servidor del estado no tiene que ser forzosamente un esclavo del Régimen. Humberto Delgado había servido a Portugal, pero no era hombre que aceptase ser el criado de Salazar. Sin embargo, se guardó de revelar los motivos que le condujeron a librar una última batalla –esta vez, en el terreno político- al precio de su descanso y de su tranquilidad. Y, por último, al precio de su vida. Sus amigos ponderaban su honestidad y su valentía. Poseía ambas. No

es menos cierto que la oposición portuguesa, en su constante búsqueda de “alguien”, impuso la candidatura de Delgado por una razón de peso: era intocable. Es decir, el único hombre en Portugal a quien la P.I.D.E. –la policía política del régimen- no osaría molestar. Por lo menos, mientras durase la campaña electoral... Pero cuando le pidieron que fuera el catalizador de los descontentos, el general se negó a ser un simple figurante. De principio a fin, quería representar el papel principal. En su mansión de Cascais, desde donde gobernaba el país, con la lucidez que le había permitido dirigir los destinos de Portugal durante cuarenta años, Salazar vislumbró inmediatamente el peligro.

Opinió La campaña electoral fue más que dura, brutal. Pero por una vez, Salazar se equivocaba: cuanto más se esforzaban en quebrantar a un hombre como Delgado, más aumentaba su popularidad. Y la misma oposición se asombró de haber encontrado a un líder cuando sólo buscaban un oponente simbólico. La sorpresa fue mayor todavía –tanto para Salazar como para sus oponentescuando el resultado de las elecciones dio el 25% de los votos al general, cifra nunca alcanzada hasta entonces por un oponente al régimen salazarista.

Poco después de las elecciones presidenciales, Delgado salió ileso de un atentado, cuya autoría se atribuyó a la

P.I.D.E. que, habiendo intentado por todos los medios entorpecer su campaña, había hecho una cuestión de amor propio eliminar a tan peligroso oponente. Pues según los informes reunidos por la policía política, el general Delgado había reunido a su alrededor –al mismo tiempo que la extrema izquierdaun amplio sector del electorado, hasta entonces afecto al salazarismo.

Humberto Delgado marchó a Brasil en donde, nada más llegar, intentó atraer a su causa los medios portugueses establecidos en Sudamérica. Primer fracaso: los emigrantes, cómodamente instalados, lo consideraron un subversivo. Tanto más por cuanto la mayoría de ellos sólo tenían con la madre patria relaciones muy esporádicas.

Pero al general Delgado, su valentía natural no le permitía volver a sus lares después de haber perdido la batalla. Puesto que estaba solo, continuaría solo el combate. Y así fue como “el hombre tranquilo del Tajo”, inició una aventura que debía terminar el 13 de Febrero de 1965.

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Consecuencia inmediata del resultado electoral, fue la modificación de la Constitución por el Gobierno de Lisboa: en lo sucesivo, el presidente de la República sería elegido por el Parlamento. Por su parte, los oponentes, superados por una popularidad que no habían previsto, retornaron a sus divisiones ideológicas, con lo que la unidad de la oposición portuguesa, vislumbrada momentáneamente, desapareció y el general Delgado volvió a encontrarse solo, salvo algunos amigos que permanecieron a su lado, de los que cabe destacar al profesor Guerreno.

Opinió Pero Delgado no renunció. Puesto que América lo rechazaba, jugaría la carta africana. Frente a las costas del Algarve –la provincia más meridional de Portugal, cuya capital es Faro- plantó su bandera en tierra de Marruecos. Con algunas salidas esporádicas hasta Argel, en donde se hallaba un cierto “Frente Patriótico de Liberación de Portugal”. Allí fue donde le llegó, en 1961, una noticia sensacional: uno de sus antiguos subordinados, el capitán Galvao, se había apoderado en alta mar de un paquebote portugués, el “Santa María”, aventura rocambolesca de la que Delgado no comprendió que iba a caer en el más espantoso ridículo. Manifestó, sin consultar con los restantes grupos de la oposición, que estaba de acuerdo con Galvao, con lo que tan impetuoso alarde de solidaridad con su antiguo compañero de armas acabó de sumirle en la más espantosa soledad.

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El episodio del “Santa María” no es menos importante, por cuanto de él se derivan las razones que condujeron a Delgado a cometer las mayores imprudencias: herido en su amor propio como un general vencido, excluído de los comités de liberación que, por otra parte, dedicaban la mayor parte de sus actividades a minar la autoridad de Lisboa en los territorios africanos de Angola y Mozambique, sólo pensó desde entonces en tomarse la revancha. Y esta revancha, como militar que era, quería ponerla en práctica con la ayuda del Ejército. Fue entonces cuando su produjo, en 1963, un acontecimiento que reforzaría su convicción: por motivos que tenían su razón de ser más en la calidad del rancho que en la ideología política, las guarniciones de la pequeña localidad portuguesa de Beja se sublevaron contra sus jefes. Aunque la revuelta fue

sofocada rápidamente, apareció a los ojos de Delgado como una grieta en el control salazarista de las Fuerzas Armadas. Un año después del suceso de Beja, el general se desplaza una vez más a Argel, para proponer al Frente Patriótico lo que considera la mejor solución para todos los problemas: la invasión de Portugal. Enrique Cerqueira, jefe de la organización, le demuestra fácilmente que semejante idea es una locura. Delgado, que nunca ha confiado en los “civiles”, habla de “traición”. Es la ruptura total. Al general le queda un último recurso: su amigo el profesor Guerreno, emigrado a Francia desde hace treinta años, presidente del “Comité para la defensa de las libertades en Portugal”. En diciembre de 1964, tiene lugar en París una entrevista dramática. Por un lado, un hombre lúcido, a quien un largo silencio ha enseñado a ser realista; por otro, un ser apasionado, zarandeado por oleadas de ilusión.

- ¿Con qué desembarcará usted?, pregunta Guerreno. - Una simple barca de pesca bastará, responde Delgado. No es una simple frase. En Marruecos, el comandante de la futura “armada” ha comprado una barca de pesca, cuya proa señala la costa lusitana. Los dos hombres se separan, en buenos términos: no volverán a verse. Poco después de esta entrevista se sitúa el primer misterio del caso Delgado. De regreso a Marruecos, el general recibe una extraña visita: un italiano que se presenta bajo el nombre de Ernesto María Bisogno.

¿Qué propone el visitante? Simplemente, asegurar el enlace entre el general Delgado y las “Fuerzas portuguesas del Interior”. Cualquier otro hubiera barruntado la celada, pero Delgado está tan obsesionado por su idea de desembarco, que la evocación de una resistencia interior le colma de alegría...y de obnubilación. Ya no necesita armada: desembarcará solo y las Fuerzas del Interior le recibirán con los brazos abiertos. Como Napoleón a su regreso de la Isla de Elba. Resulta interesante analizar las condiciones en las que las ofertas del “signore” Bisogno han podido ser presentadas al general Delgado. Se parecen demasiado a sus propios proyectos de invasión para no parecer, de entrada, sospechosas. Pero entonces, ¿de qué forma los proyectos del general han podido ser conocidos por su visitante? Pues aunque Delgado sea aficionado a las divagaciones utópicas, no tiene por costumbre hablar más de la cuenta. En aquellos momentos, sólo el “Frente Patriótico” de Argel y el profesor Guerreno están al corriente de la proyectada invasión. Al igual que su secretaria, Arajarir Campos. En cualquier caso, parece evidente que una posible filtración ha llegado a conocimiento de uno de los informadores que la P.I.D.E. tiene en todo el mundo. De momento, una cosa es segura: las propuestas de Ernesto María Bisogno muestran al general Delgado la posibilidad de realizar por fin su gran proyecto. Pocos días después, recibe otra visita. Esta vez se trata de dos portugueses: Mario Carvalho y Ernesto Castro Souza, jefe de las famosas Fuerzas del Interior. Este último se muestra totalmente explícito y muestra incluso un informe de los efectivos, entre los que el general reconoce a muchos de sus compañeros de armas.

Opinió

-Desembarcaré en Faro, decide Delgado. Luego añade, con gran ingenuidad, que esta parte de la costa favorecerá su empresa porque allí se sublevarán los protestantes, numerosos en el Algarve. Pero Castro Souza no está de acuerdo: las costas portuguesas están vigiladas. Es preferible que el general entre en Portugal por el interior. Tanto más cuanto que, como en 1963, el núcleo de la insurrección se encuentra en Beja.

- ¡Por supuesto! ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Decididamente, este Castro Souza será un buen jefe de Estado Mayor. -Procure estar en Badajoz el 13 de febrero de 1965, precisa Castro. La fecha queda grabada en la mente de Delgado. Ha llegado la hora de la revancha. Sin embargo, ni el 13 de febrero de 1965 ni en los días siguientes sucedió nada que mereciera pasar a la historia. En su jardín de Cascais, el Dr. Salazar podaba los rosales, mientras Europa se interesaba por la agricultura. El hecho de que un tal Sr. Ibáñez alojado en el Hotel Simancas, en Badajoz, enviara tarjetas postales a sus amigos, significaba solamente que el turismo ya no se limitaba a los calurosos meses del verano. Sólo el profesor Guerreno pareció preocuparse por el repentino silencio del turista de Ba-

Ahora bien, el eminente profesor tenía suficientes motivos para considerar extraña tal ausencia. Alertó rápidamente tanto a la Liga de los Derechos del Hombre como a la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, sobre la desaparición no ya del Sr. Ibáñez, sino del general Humberto Delgado, que había utilizado aquel seudónimo. Pero dichos organismos no se preocuparon demasiado, pues la prensa mundial se hizo eco de una serie de noticias que indicaban la presencia del general Delgado en Roma, en Ginebra, en Praga. Transcurrieron varias semanas, mientras sus amigos residentes en estas capitales se afanaban en una búsqueda tan minuciosa como inútil. Sin embargo, a principios de abril, la Federación de los Derechos del Hombre instituyó una comisión de investigación compuesta por tres juristas: un italiano, Luigi Cavalieri; un inglés, Ian A. Macdonald, y un francés, Henri Leclerc. Gracias a la información suministrada por el profesor Guerreno, la comisión pudo componer el itinerario seguido por el general Delgado, que partía de Marruecos para llegar a España, con un breve paso por Lisboa. El informe de los tres juristas internacionales, tenido entonces como una serie de suposiciones y consideraciones personales –la tarea no fue fácil-, constituye sin embargo una notable labor de investigación. De su estancia en Marruecos, los tres hombres llegaron a la conclusión de que el general Delgado había abandonado el país con la intención de no regresar. En Portugal descubrieron, a pesar de los obstáculos que encontraron, dos cosas:

Las informaciones que fijaban al general Delgado en Roma, Ginebra y Praga, procedían de la oficial Agencia de Prensa portuguesa, que citaba a sus corresponsales en dichas capitales. La Sra. Delgado había sido informada de que su marido se hallaba en algún lugar de Europa. Los hechos preocuparon a los juristas: tuvieron la impresión de que las autoridades portuguesas tenían interés –pero, ¿cuál podía ser?- en situar al general Delgado lejos de Portugal. Ello no impidió a la Comisión presentarse en Badajoz, el 26 de abril. Consiguieron incluso ser recibidos por el jefe de la Policía Local, quien les manifestó desconocer la presencia de un tal Sr. Ibáñez en la ciudad, el 13 de febrero anterior.

- Sin embargo, -añadió-, les autorizo para investigar por su cuenta con toda libertad. Aunque tanta deferencia sorprendió a los juristas, decidieron aprovecharla. Trabajo inútil: nadie pudo darles la menor información acerca del general Delgado en Badajoz en aquellas fechas. Llegados a Madrid el 26 de abril, los tres juristas no encontraron la menor información que pudiera servirles de referencia. Sin embargo, mientras se estaban desarrollando estos acontecimientos, un juez de Instrucción, D. José María Crespo, se encargaba de investigar acerca del descubrimiento de dos cuerpos en la localidad de Villanueva del Fresno, a treinta kilómetros de Badajoz. Al día siguiente, 27 de abril, a su llegada a Londres, los tres juristas pudieron leer en el “Times”: “Los cuerpos del general Delgado y de su secretaria, encontrados cerca de Badajoz”.

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Todo ello constituye una obra maestra de la que Delgado comprenderá, demasiado tarde, que ha sido concebida a la medida de su descabellado proyecto.

dajoz: supo, el 23 de febrero, que el Sr. Ibáñez no había regresado a su domicilio habitual en Marruecos.

El armamento se obtendrá, por supuesto, en los arsenales del Ejército. Por último, los visitantes señalan los lugares exactos en donde se producirá la sublevación en Portugal.

Opinió Unos campesinos los habían descubierto el 23 de abril. De modo que mientras la comisión hacía averiguaciones en las calles de Badajoz y cerca del jefe de la Policía Local, el general Delgado y la Sra. Campos eran hallados muertos, y sus cuerpos inhumados religiosamente en el pequeño cementerio de Villanueva del Fresno. Un anillo con las iniciales H.D. bastó a la viuda del general, que se había desplazado a Badajoz con su hija, para identificar el cuerpo de su marido. Comenzaba entonces la investigación oficial. Se debe a la Justicia española, y en particular al juez D. José María Crespo, el hecho de haber esclarecido gran parte del misterio. Por lo menos, en lo que se refiere a las circunstancias del asesinato del general Delgado y su secretaria. Ambos habían llegado a Badajoz, según lo previsto, el 13 de febrero de 1965, y habían ocupado una habitación en el Hotel Simancas. En el transcurso del mismo día, un

Opel Rekord verde, con matrícula EA 5955, y un Renault Dauphine blanco, con matrícula GD 8623, habían cruzado la frontera procedentes de Portugal, por el puesto de San Leonardo. En el Renault se encontraba el “Jefe de las Fuerzas del Interior”, Ernesto Castro Souza, acompañado por dos acólitos.

-Mi general, esto causaría mal efecto en el Estado Mayor.

A bordo del Opel Rekord se encontraba Felipe García Tavares, jefe de la policía en Angola, a quien a su paso por la frontera la policía española rindió honores.

En cuanto Souza dijo al general que saliera del coche, Delgado comprendió al fin en qué trampa había caído. Una bala le alcanzó en la base del cráneo, mientras se arrojaba sobre sus adversarios.

Mientras el Opel se dirigía a Olivenza, Ernesto Castro Souza llegaba a Badajoz y se reunía con el general Delgado.

-Ha llegado la hora, le dijo. Los de Interior le están esperando. Los dos hombres tomaron la carretera de Olivenza, mientras la Sra. Campos era invitada a reunirse con ellos algo más tarde, en compañía de los dos “adjuntos” de Souza, un marroquí llamado Mazan Isaik y un portugués llamado Benezet. El general Delgado pidió que la Sra. Campos le acompañase, pero Souza le manifestó:

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A la juez Raquel Martínez Codina Tras poco más de dos años como titular del Juzgado nº 2 de Ciutadella de Menorca, muy a mi pesar acaba de ser trasladada a los Juzgados de Gerona una magnífica Juez como es la Ilma. Dña. Raquel Martínez Codina. En mi opinión, una gran profesional, que reúne todas las condiciones para ejercer la siempre delicada y difícil labor de juzgadora. Elegante en el trato, rigurosa y valiente, respetuosa con los letrados, a la vez que una muy buena jurista, ha sabido mantener el delicado equilibrio entre la cercanía y la amabilidad en el trato y la distancia que todo juzgador debe mantener con los que le rodean. En mi caso particular, la echaré profundamente de menos en nuestros Juzgados. Mis mejores deseos para su carrera profesional que aventuro muy prometedora. Pedro Pons Morales, colegiado 2.281

El “estado mayor” en cuestión esperaba en una pequeña granja de Olivenza, en plena campiña. Estaba compuesto por el comisario García Tavares y los inspectores Barral y Milpuri. Los tres de la P.I.D.E. ...

Castro Souza gritó:

-¡Pero si solamente teníais que secuestrarlo! Un disparo a bocajarro le alcanzó mortalmente. Una hora más tarde llegó la Sra. Campos, que fue igualmente ejecutada. El general y su secretaria fueron enterrados cerca de allí, en medio de un bosque de eucaliptus. El cuerpo de Souza fue llevado a Portugal. Como pertenecía a la P.I. D.E., dejarlo allí equivalía a suscribir el crimen. Un año después del drama, el juez D. José María Crespo expedía cinco órdenes de detención contra cinco portugueses, un italiano y dos norteafricanos. Continuando incansablemente su labor, envió a la justicia portuguesa una petición de extradición relativa a los denominados Tavares, Barral, Milpuri y Benezet. La respuesta de Lisboa llegó en febrero de 1970. Se trataba de una negativa pura y simple. Por otra parte, la P.I.D.E. había sido disuelta. Diversas hipótesis se barajaron a raíz de los hechos, carentes todas ellas de la menor consistencia. Parece que el juez D. José María Crespo fue quien más cerca estuvo de la verdad.

Entrevista

Juan Font Vicepresidente segundo del CGAE y presidente de la

Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia

Diez años como decano de los abogados de Baleares y casi veinte en total como miembro de la Junta de Gobierno del ICAIB. Ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CGAE y responsable de la delegación del Consejo en Bruselas. Abogado incansable y firme convencido de la necesidad de una abogacía institucional fuerte y unida, acaba de ser nombrado vicepresidente segundo de la abogacía española y presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, una sección para la que tiene muchos y variados proyectos y en la que, casi con toda probabilidad, se moverá con la hiperactividad que caracteriza a Juan Font.

Por Jerusalén Villanueva, periodista

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“Francamente, creo que la relación entre los abogados y los jueces no se produce en un plano de igualdad”

Entrevista ¿Y con los secretarios judiciales? También muy buena. Tradicionalmente se tenía poco trato con el secretario judicial. Sin embargo, con las reformas introducidas con ocasión de la nueva Oficina Judicial, las competencias del secretario judicial se han incrementado considerablemente y, como consecuencia de ello, el trato directo con los abogados será mucho mayor. En cualquier caso es de esperar que la relación entre ambos colectivos seguirá siendo igual de buena. Abogados – fiscales. Aquí es donde pueden darse aparentemente más situaciones conflictivas, pues normalmente se defienden intereses contrapuestos. Pero la regla general es que entre ambos exista muy buena relación y que estas situaciones “tensas” sean la excepción. ¿Es posible que la más difícil sea la relación entre los letrados y los jueces? ¿Cree que están en un plano de igualdad?

“Cualquier disfunción en el funcionamiento de la Justicia debe ser denunciada para que pueda ser corregida”

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Vicepresidente segundo del CGAE. ¿A qué le suena esta nueva responsabilidad? Pues suena a eso precisamente, a mucha responsabilidad. Una responsabilidad que asumo con muchas ganas de trabajar para la abogacía. Después de diez años en la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo, más de ocho presidiéndola, estar al frente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia me abre un campo nuevo de trabajo que realmente me ilusiona. Supone unas competencias totalmente nuevas y diferentes para mí y que tienen relación directa con el ejercicio de la profesión. ¿Cómo cree que es en la actualidad, y en general, la relación entre la abo-

gacía y el resto de los operadores jurídicos? ¿Es una relación pacífica? Francamente pienso que sí. Por lo que yo conozco de primera mano, al menos en Baleares puede decirse que la relación es bastante pacífica. Es cierto que en el día a día del ejercicio de la profesión siempre hay roces con uno u otro operador jurídico. Pero si analizamos el número de asuntos en el que intervienen los abogados a lo largo del día, los conflictos que puedan surgir no pasan, la mayoría de las veces, de anecdóticos.

No, no creo que la relación abogado-juez sea especialmente difícil. Puede haber personas, en ambos colectivos, de trato difícil, pero no creo que ésta sea la regla general. Aunque, francamente, he de decir que tampoco creo que la relación entre ambos, en la práctica diaria, esté en un auténtico plano de igualdad, a pesar de que no debería existir diferencia.

Vayamos por partes: califique la relación abogacía- procuraduría.

El CGAE manifestó en su día, en relación a los retrasos en los inicios de los juicios y otras incidencias, que ni es habitual que el abogado denuncie aquellos casos en los que cree que podría haber negligencia por parte de algún operador y menos aún que la denuncia acabe en posible sanción. Si los letrados no se atreven a denunciar y existe poca tradición sancionadora, ¿qué cauces pueden crearse para solucionar las incidencias?

Muy buena y, en mi opinión, mejoraría si se eliminara la actual incompatibilidad entre ambas profesiones.

Todas las incidencias deben denunciarse. La crítica constructiva es siempre positiva, por definición. Sólo conociendo

Entrevista “En el día a día de la profesión siempre hay roces, pero en la mayoría de los casos los conflictos que puedan surgir no pasan de anecdóticos” los defectos del sistema se pueden solucionar los problemas que pueda haber y mejorar en la calidad del servicio. No olvidemos que la Administración de Justicia es un servicio público más y que está al servicio de los ciudadanos. Cualquier disfunción debe ser denunciada para que pueda ser corregida. No toda denuncia debe acabar necesariamente en sanción, pero todas sí deben tramitarse y dar una respuesta al denunciante de porqué se sanciona o porqué no se sanciona una determinada actuación. Las relaciones entre la abogacía española y el actual ministro de justicia no parecen de lo más fluidas y, de hecho, no han sido pocos los pronunciamientos contra algunas de las medidas, o incluso las formas, que han merecido el reproche de la abogacía…

El ministro de Justicia nos ha sorprendido con algunas propuestas que, cuando menos, han resultado chocantes para la abogacía, como por ejemplo, declarar hábil el mes de agosto, una medida presentada como un medio de agilizar la tramitación de los procedimientos y reducir los retrasos. Pero los abogados sabemos que es una medida que, de implantarse, no solucionará absolutamente nada. Otras medidas, como las tasas judiciales, tienen una clara función disuasoria del ejercicio de un derecho fundamental, como es el acceso a la justicia. Es normal que la abogacía se esté pronunciando sistemáticamente en contra de las medidas que se van anunciando. De todas formas, y aun con todo, creo que es un ministro dialogante.

¿Cree sinceramente en que el objetivo de modernización de la justicia es posible? ¿Cómo puede llevarse a cabo? Sin duda. Pero sólo puede llevarse a término con una gran inversión en medios humanos y materiales. La inversión en formación, de todos los operadores jurídicos y de los funcionarios, es imprescindible. La justicia es uno de los servicios que peor consideración ciudadana tiene. ¿Es comprensible? Hasta cierto punto sí. Hay que pensar que cuando se cita a un ciudadano para una actuación judicial previsiblemente perderá toda la mañana para un trámite que durará pocos minutos. Y si hablamos de litigios, siempre una de las partes ve desestimadas sus pretensiones, en todo o en parte. Es fácil pensar que este ciudadano que ha perdido el pleito piense que ello ha sucedido porque la jusiticia “no funciona”. Además, la repercusión mediática de algunos procedimientos, cuyas resoluciones no son entendidas por la mayoría de ciudadanos, muchas veces por falta de conocimientos técnicos sobre la materia, tampoco ayuda a tener un buen concepto de este servicio público. El caso Dívar tampoco parece que haya ayudado mucho a mejorar esa imagen. ¿Cuál es su opinión al respecto?

“En mi opinión, la relación con los procuradores mejoraría aún más si se eliminara la actual incompatibilidad entre ambas profesiones”

Sí, sin duda. Todos los mecanismos que ayuden a analizar disfunciones y a canalizar las quejas, ayudan a mejorar el servicio público.

En el Colegio acaba de crearse una comisión mixta entre abogados y secretarios judiciales. ¿Són útiles este tipo de comisiones?

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El “caso Divar” es un caso que se cerró precipitadamente y “en falso” y como consecuencia de ello el Sr. Divar tuvo que acabar dimitiendo. Hubo falta de transparencia y se transmitió a la ciudadanía la imagen de que en todas las esferas de todos los poderes públicos existe una forma u otra de corrupción.

El Col.legi

25 i 50 anys vestint la toga L’ICAIB distingeix amb les insígnies d’argent i d’or la vocació dels advocats més veterans i el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones «No és un acte protocol·lari. És un homenatge merescut i una mostra del respecte que mereixen tants d’anys de responsabilitat, de vocació i de compromís amb la defensa dels drets de les persones.» D’aquesta forma es dirigí Martín Aleñar, els dies 1 i 15 de juny, als advocats de Mallorca i d’Eivissa que enguany han complert 25 i 50 anys de col·legiació.

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El degà de l’ICAIB va parlar de l’advocacia com una professió difícil, afectada sempre pels canvis constants que es produeixen en la societat i en la legislació que l’ordena i la regula. Uns canvis que, vaticinà, seran encara més vertiginosos «si es concreta la incontinència legislativa dels governs successius i, en especial, la mostrada per l’actual ministre de justícia». Una sèrie de reformes i modificacions que, a judici del degà, «ens allunyen de la seguretat jurídica que necessitam i mereixen els ciutadans» i que requeriran, de bell nou, «que els advocats hagin de dedicar hores i hores a l’estudi i a l’anàlisi dels nous escenaris en els quals, una vegada més, haurem de treballar amb la responsabilitat i la perícia que requereix la funció de defensa que ens han encomanat». Martín Aleñar es referí també a les famílies de les persones homenatjades, a les quals, digué, «una professió tan absorbent com l’advocacia els deu haver llevat temps i dedicació i que, sempre, en tot moment, han estat al nostre costat, essent testimonis dels nostres desvetllaments, tot i que també, per sort, còmplices dels nostres èxits i alegries».

El Col.legi I, probablement perquè, com digué Martín Aleñar, la veterania és un grau, el degà va fer una menció especial a les cinc persones que han complert 50 anys de col·legiació:

Toga amb punyetes per a Joan Font i medalles de l’ICAIB per a altres exmembres de la Junta de Govern

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Al reconeixement que reberen els col·legiats amb 25 i 50 anys de col·legiació, s’hi afegí el lliurament de les medalles de l’ICAIB a Manuel Alcaide, Catalina Rigo i Cristina Tur, i també la imposició de la medalla d’or i de la toga amb punyetes a l’exdegà Joan Font, als quals Martín Aleñar volgué agrair, en nom de l’advocacia balear, les seves «valuoses aportacions» i la seva contribució al repte d’haver aconseguit «el bon Col·legi que avui tenim».

Menció que compartiren amb respecte les persones que només fa justament la meitat de temps que treballen en l’advocacia: Miquel Albertí Amengual, Manuel Alcaide Juan, Juan Pedro Alemany Mulet, Rosa María Aloy Armela, Sebastián Arbós Tomás, Bartolomé Ballester Torres, Jaime Barceló Llompart, Luis María Berastain Díez, Ana María Blanco Muñoz, Bartolomé Borrás Esbert, Juan Bujosa Ramis, Antonia Cabot Tomás, Margarita Caldentey Sureda, Francisco Campins Ferrer, Juan José Cano de Alarcón Gómez-Cano, Francisca María Cardona Prats, José Manuel Cardona Torres, Maria Elisa Cortés Segura, Francisco de Mendoza Hourtouat, Saturnina Díez Forteza, Jose Antonio Fernández de Alarcón Roca, Francisco García Castillo Josep García Jover, César García Rullán, Rafael Gil March, Cristóbal Hebrero Oriz, Victoriano Jiménez Jiménez, Concepción Krauel Heredia, José Carlos Leal Feito, Antonia Llull Servera, María Inmaculada López Morey, Ana Mantilla Blanco, Pedro Marí Domínguez, Ángel Martí Arce, Jesús María Meneses Capellán, Juana María Mercadal Mayol, Miguel Nebot Mascaró, Margarita Oliver Arbós, Teresa Oliver Gomis, Rosa Pallás Vila, Juan Payeras Ferrer, Juan Carlos Peiró Juan, Francisco Planells Costa, Francisca Pons Colll, Catalina Pons Morro, Antonio Prat Seguí, Lucas Prats Ribas, José Ignacio Preciado, Margarita Ramis Roselló, Mariano Enrique Ramón Suñer, José Manuel Ramos Riera, Juan Carlos Rebassa Perelló, Juan Roig Merino, María Roig Morro, Maria Antonia Salas Mathue, Maciana Salvà Hernández, Andreu Serra Esteva, Miguel Ángel Soler Vallés, Camilo Soler Vallés, Antonio Tugores Mayol, Jordi Vallespir Martorell, Joan Verger Gomila, Bartolomé Vidal Pons i Ricardo Vizoso del Solá.

El Col.legi

El Col.legi continua creixent En a penes un mes, el degà Martín Aleñar donà la benvinguda a més de cinquanta col.legiats, als quals desitjà que arribin a sentir l’ICAIB com ca seva Amb menys d’un mes de diferència, primer a Palma i després a Eivissa, l’ICAIB celebrà dos actes de jura i promesa, als quals assistiren més de cinquanta col·legiats que permeten que el Col·legi continuï creixent pel que fa a allò que és el seu primer valor: les persones. Martín Aleñar va ser l’encarregat de donar la benvinguda als nous socis de l’ICAIB. El degà manifestà: «Esper que arribeu a sentir-lo com ca vostra.» En l’acte de jura, que va tenir lloc en un espai ple de públic tant a Palma com a Eivissa, Martín Aleñar assegurà que l’advocacia «s’enfronta, avui més que mai, amb reptes d’especial envergadura». Tot i així, afirmà, «us puc dir que en aquesta travessia no estareu tots sols, perquè el Col·legi us acull amb l’ànim d’oferir-vos el suport que necessiteu i amb la voluntat de posar al vostre abast els mitjans que permetin aplanar el camí».

La vocació, la dedicació, el comportament ètic, la formació constant, la preparació i el respecte són, a parer del degà, les pautes que han de guiar l’actuació professional dels advocats

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La vocació, la dedicació, el comportament ètic, la formació constant, la preparació i el respecte són, a parer del degà, les pautes que han de guiar l’actuació professional dels advocats. Uns professionals que, recordà, tenen encomanada la defensa dels drets de les persones, objectiu que, digué, requereix un compromís extra de responsabilitat. «Per aquest motiu», digué, «el Col·legi us exigirà que actueu sempre amb respecte escrupolós de les normes deontològiques», tot i que «vosaltres –afegí– també heu de ser exigents amb els qui formam part dels òrgans de gestió i de decisió del Col·legi». «Només així –va concloure– tothom tindrà el Col·legi que vol».

El Col.legi

L’advocacia balear contribueix amb 15.000 euros als programes d’ajuda social de diverses entitats benèfiques

El divendres 18 de maig, el degà de l’ICAIB, Martín Aleñar, lliurà dos xecs solidaris als representants de les organitzacions Hermanitas de los Pobres i als frares caputxins, una aportació amb la qual els advocats de les Illes contribueixen als programes d’ajuda social que desenvolupen aquestes dues entitats, amb una trajectòria molt sòlida en l’impuls de projectes de suport a les persones més necessitades. Abans, havia estat Càritas Menorca la institució que rebé, de mans del delegat de l’ICAIB a Menorca, Pedro Monjo, el xec solidari, mentre que Càritas Eivissa ho feia uns dies després. En total, 15.000 euros destinats a una ajuda que es planteja especialment oportuna en uns moments en els quals, malauradament, la situació de crisi econòmica ha generat un augment considerable del nombre de persones amb necessitat d’atenció i d’assistència.

Juan Antonio Marí substitueix en el càrrec a l’advocada Cristina Tur, que va ser delegada de l’ICAIB des de l’any 2007 i que ara forma part, com diputada setena, del màxim òrgan de govern de la corporació col·legial. El nou delegat, nascut a Eivissa, està col· legiat des de 1990 i és membre de la Comissió d’Advocats de Dret de la Circulació, Responsabilitat Civil i Assegurances de l’ICAIB.

Cristina Tur va rebre una placa amb la qual l’ICAIB agraí la seva tasca com a delegada a Eivissa.

El passat 8 de juny la Junta de Govern anomenà al lletrat Juan Antonio Marí Roman nou delegat de l’ICAIB a les Pitiüses. Pocs dies desprès, el nou delegat convocà als advocats d’Eivissa i Formentera a una reunió a fi de conèixer les seves propostes i els seus suggeriments i traslladar-los a la Junta per a la seva consideració.

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Juan Antonio Marí, nou delegat de l’ICAIB a Eivissa

El Col.legi

Activitat formativa variada i intensa Prop de vint dies i més de cinquanta hores és el que ha invertit l’ICAIB en les vuit activitats formatives dutes a terme durant els mesos de maig i juny. L’acció formativa més llarga ha estat la Càtedra sobre l’Organització Professional Bàsica de l’Advocat, organitzada conjuntament per la Fundació de Pràctica Jurídica i la Mutualitat de l’Advocacia Espanyola i impartida durant els dies 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 i 21 de juny. Es tracta d’una activitat pensada perquè els professionals, sobretot els més joves, coneguin els aspectes més pràctics de l’organització i el funcionament dels despatxos.

El magistrat Antonio Oliver, entre Martín Aleñar i Carlos Zafra.

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Tot i així, l’activitat formativa del segon trimestre de l’any 2012 es va iniciar amb assumptes de caire fiscal i, concretament, amb el Seminari Pràctic sobre la Fiscalitat de no Residents, que organitzà el 9 de maig, a la seu de l’ICAIB, el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials. Dos dies després, l’economista Carmen Romero impartí el Curs sobre l’IRPF, l’IP 2011 i les Novetats Tributàries. Després del I Congrés Concursal, que es dugué a terme a final del mes de maig a la seu de l’ICAIB i a l’èxit del qual es fa referència en aquestes pàgines, la seu de l’ICAIB acollí la conferència «Qüestions d’interès en matèria de responsabilitat empresarial derivada d’accidents de treball, millores voluntàries i el seu assegurament», que impartí el magistrat de la Sala de Social del TSJIB, Antonio Oliver Reus, i que

Carlos Izquierdo i Lola Pujadas, just abans de la seva intervenció a les jornades.

fou seguida per una quarantena de professionals. Només quatre dies després, prop de vuitanta persones es reuniren a l’ICAIB per escoltar les intervencions

del senyor Carlos Izquierdo, magistrat jutge del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Palma, i la senyora Lola Pujadas, psicòloga i psicoterapeuta, en el marc de la Jornada de Violència Psicològica sobre la Dona.

El Col.legi L’activitat formativa registrada a l’ICAIB durant el segon trimestre de l’any es tancà el 29 de juny amb la conferència que el conegut advocat Manuel Ollé pronuncià sobre els «Aspectes pràctics dels procediments d’extradició i de l’Ordre europea de detenció i entrega», i que fou presentada per l’advocat penalista Jaime Campaner. Aquesta conferència tenia com a objectiu proporcionar als professionals les claus pràctiques d’aquestes dues normes. Els assistents la valoraren com a molt útil i amena.

Els advocats Manuel Ollé i Jaime Campaner.

Èxit rotund del I Congrés Concursal Palma 2012 Prop de dos cents professionals es congregaren a l’ICAIB

En la seva intervenció, el degà dels advocats agraí als participants el gran interès demostrat per una àrea del dret de gran transcendència i de màxima actualitat i considerà que la darrera reforma feta en la Llei

El dret concursal desperta l’atenció dels professionals.

concursal, així com l’augment notable dels processos concursals com a conseqüència de la crisi i la necessitat d’un consell expert per a l’òptima defensa dels drets dels qui es veuen afectats per un concurs, justifiquen l’organització del congrés. El Congrés, per al qual les entitats col·laboradores auguren continuïtat, comptà amb nou ponències d’experts de primer nivell i de prestigi reconegut. L’advocada Antonia Magdaleno; els catedràtics de Dret Mercantil de les universitats Autònoma de Madrid, Valladolid, Alacant, les Balears i Huelva, Ángel J. Rojo, Jesús Quijano, Esperanza Gallego, Guillermo Alcover i Francisco J. León respectivament; el magistrat de la Sala Primera del Tribunal Suprem, Ignacio Sancho; la professora de Dret Mercantil de la UIB, Petra Thomàs, i el magistrat de l’Audiència Provincial de Balears, Santiago Oliver, abordaren el dret concursal des de diferents perspectives.

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La trobada, que registrà un èxit total d’assistència, fou inaugurada pels màxims representants de les entitats col·laboradores davant la presència de prop de 200 persones.

Un moment de la inauguració del I Congrés Concursal.

Els dies 24 i 25 de maig, la seu palmesana de l’ICAIB acollí el I Congrés Concursal Palma 2012, que coordinà la senyora Petra Thomàs, professora de Dret Mercantil de la UIB, i en l’organització i el patrocini del qual col·laboraren, a més de l’ICAIB i la UIB, el Tribunal Superior de Justícia de Balears, els col·legis professionals d’Economistes i de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears, l’Asociación del Derecho de la Insolvencia en Baleares (ADIB) i l’agrupació territorial de l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).

El Col.legi

. Festes col legials molt participatives L’alt nivell de participació aconseguit ha estat enguany la característica principal de les festes col·legials dutes a terme a la primavera i a l’estiu pels advocats de Manacor, Palma i Eivissa. Els col·legiats manacorins foren els primers en celebrar el dinar de

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Palma

companyonia que reuní, l’11 de maig, a una trentena de companys que compartiren taula i xerrada a un conegut restaurant de la localitat. Desprès arribà el torn dels col·legiats de Palma, que protagonitzaren un dels sopars més concorreguts dels que

es recorden a l’ICAIB. Finalment, el 15 de juny, els advocats d’Eivissa feien la seva festa col·legial anual a un espai on es reuniren més de 80 persones. Després de l’estiu, seran els col·legiats de Menorca i d’Inca els que s’apuntin a la festivitat anual.

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El Col.legi

Manacor

Eivissa

El Col.legi

La UIB i l’ICAIB impartiran des del pròxim curs el Màster Universitari en Advocacia, adaptat a la Llei d’accés El degà de l’ICAIB, Martín Aleñar, i la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas, varen signar el 30 d’abril un conveni de col·laboració pel qual ambdues entitats es comprometen a impartir de forma conjunta, a partir del pròxim any acadèmic, el Màster Universitari en Advocacia, uns estudis de postgrau que des del 31 d’octubre passat —data en la qual entrà en vigor la Llei d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals— són obligatoris per als graduats en Dret que vulguin exercir la professió d’advocat. Aquest màster consta de noranta crèdits, dels quals seixanta corresponen a una formació teòrica un poc més específica i trenta es dediquen a pràctiques externes tutelades. Les classes teòriques s’impartiran a les instal·lacions de l’ICAIB i el professorat estarà integrat per professors universitaris i per advocats amb almenys cinc anys d’experiència en l’exercici professional. Martín Aleñar i la rectora de la UIB destacaren que la firma del conveni suposa la consolidació de la col·laboració estreta que ambdues institucions mantenen des de fa anys, també en altres aspectes formatius. A la vegada, el degà destacà la utilitat dels continguts formatius del màster, ja que, digué, s’orienten a

l’adquisició d’una sèrie de competències professionals molt específiques de la professió, més que no a obtenir els coneixements en Dret que, de fet, els alumnes adquireixen durant la carrera. La signatura d’aquest conveni es produí un mes abans que la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats aprovés, el 31 de maig de 2012, el Projecte de llei de mediació en assumptes civils i mercantils, la norma que, en la disposició final tercera, contenia canvis importants de la Llei d’accés a les professions d’advocat i procurador i que després de l’aprovació d’una esmena transaccional presentada pel Grup Popular eximirà la totalitat dels llicenciats en Dret, independentment de

l’any i de la data en la qual hagin iniciat i acabin els estudis, de fer el màster ni cap altre tipus d’accés a l’advocacia. L’esmena transaccional aprovada, que i es ratificà després al Senat, estableix textualment: «Los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes».

Breus

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Suspesa l’aplicació d’alguns articles de l’Estatut de l’ICAIB El 23 de març de 2012, la Junta de Govern acordà la suspensió de l’aplicació de determinats articles de l’Estatut particular de l’ICAIB, en compliment de diverses modificacions normatives promulgades amb posterioritat a l’aprovació dels Estatuts que afecten diferents aspectes col·legials com, entre d’altres, els relacionats amb els criteris orientadors d’honoraris o amb les comunicacions d’intervenció professional.

La Junta de Govern ha iniciat ja els treballs per adequar l’Estatut col·legial a aquestes disposicions legals, motiu pel qual, en el mes de febrer, es va constituir una comissió específica. L’acord de suspensió es pot consultar al lloc web de l’ICAIB, a l’apartat «El Col· legi» -«Normativa».

Normes bàsiques d’organització i funcionament de les comissions de l’ICAIB La Junta de Govern aprovà, amb data 28 de maig de 2012, les normes bàsiques de funcionament de les diferents comissions, seccions i agrupacions de

l’ICAIB. L’acord distingeix, dins l’estructura organitzativa col·legial, dos tipus de comissions: per una banda, les comissions delegades de la Junta de Govern, com a òrgans especialitzats constituïts en el si de la Junta per a un millor desenvolupament de les funcions que aquesta té atribuïdes i, per altra, les comissions de col·legiats, organismes que també poden adoptar el nom de seccions i/o agrupacions i que estan formades per col·legiats units per matèries i/o interessos específics. En aquest cas, les actuacions i les comunicacions de les comissions hauran d’identificar-se com a procedents de la comissió d’advocats, i no s’hauran d’atribuir a la corporació.

Turno de oficio

Todo lo que siempre quiso saber sobre el turno de oficio INSOSTENIBILIDAD: LA DEFENSA DEL DEFENSOR Por Carlos López, abogado

En general una explicación convincente al justiciable o el dejar morir el asunto por inanición, suelen ser suficientes para lograr la momificación de la designación y posteriormente su olvido. Sin embargo, en ocasiones, alterando el merecido sosiego del despacho, de pronto, lo que creíamos un cadáver revive cual espeluznante Nosferatu y, en forma de denuncia, convierte el apacible momento en un estallido de inquietud. Los términos de la queja suelen ser breves y claros; “ encomendado el asunto a mi abogado designado en Turno de oficio, han transcurrido … meses/años y ninguna actuación ha llevado a cabo en defensa de mis intereses”. Llegados a este punto la solución suele devenir mucho más complicada de lo que aparenta, incluso puede no haber solución. Sin embargo, una vez más volviendo la vista a la ciencia, podemos resolver la celada y en esta ocasión se trata de acudir a la denominada “medicina preventiva”, cuyos componentes en términos jurídicos los hallamos en el artículo 32 de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, texto, que por cierto, me atrevo a recomendar como

La precitada norma determina que cuando el abogado designado considere insostenible la pretensión que quiere hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o sin que el abogado pida su interrupción por falta de la documentación necesaria para evaluar la pretensión, éste queda obligado a asumir la defensa. Este último párrafo considero es especialmente destacable, ya que de no formularse la insostenibilidad no existe ya causa legal que exima de asumir la defensa de los intereses de la persona para la cual se ha realizado la designación y, por consiguiente, debe proseguirse con el procedimiento aun cuando la pretensión sea absolutamente indefendible, obligando al letrado a llevar a cabo una actuación profesional muy a menudo ridícula. Por consiguiente, antes de vernos irremisiblemente atrapados o bien en el abandono de la defensa, lo que constituiría una infracción grave del Código Deontológico, o en la obligación de llevar adelante la defensa de lo absurdo, recuramos, conforme se prevé en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a la salvadora figura de la insostenibilidad y, a cubierto de desagradables sobresaltos, sigamos así gozando de la cotidiana placidez de nuestro despacho. Posdata: La formulación de insostenibilidad además se cobra.

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El motivo de tal fenómeno histórico, se encuentra en un variopinto racimo de causas, que van desde la imposibilidad de localizar al cliente o a su adverso, la ausencia de la documentación precisa para la interposición de las acciones, hasta la total ausencia de base jurídica que justifique la pretensión.

lectura de interés para los letrados adscritos a cualquiera de los turnos de oficio.

Con más frecuencia de la que sería deseable, aterrizan sobre la mesa del letrado designaciones en Turno de Oficio que, una vez inicialmente examinadas, entran en una fase de hibernación que se dilata en el tiempo hasta alcanzar, una vez cubiertas por varias capas de polvo, la categoría de bienes de interés arqueológico.

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Apunte sobre la prescripción del delito fiscal. Una cuestión controvertida Por Gabriel Garcías Planas. Académico de Número.

de 1998 de la Ley General Tributaria no modifica el plazo de prescripción del delito fiscal, ya que no puede determinar la atipicidad sobrevenida de la conducta delictiva, ni cabe considerar aplicable analógicamente la excusa absolutoria de regulación tributaria.

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Tradicionalmente se ha mantenido que el delito fiscal prescribía a los cinco años, de acuerdo con la pena señalada al delito, según lo establecido en el artículo 131 del Código Penal. La cuestión se complica con la modificación de la Ley General Tributaria, el 26 de febrero de 1998, y concretamente en su artículo 64, donde se establece que las infracciones tributarias prescribirán a los cuatro años. Es a partir de esta fecha que existen sobre este extremo posturas contrarias entre la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La primera, de forma mayoritaria, entiende que al ser una norma penal en blanco, es decir, aquella cuyo supuesto de hecho se configura por remisión a una norma de carácter no penal, la prescripción del ilícito administrativo impedirá la sanción penal, basándose los distintos sectores doctrinales, bien en la aplicación analógica de la excusa absolutoria, bien en la atipicidad sobrevenida. Sin faltar otro sector de la doctrina, que entiende que el fundamento de su no punición debe buscarse en la regularización contemplada en el apartado cuarto

del artículo 305, pues no se podrá regularizar a partir del cuarto año y antes del quinto, ya que la deuda prescrita es deuda no exigible y, en consecuencia, en este período no sería posible la regularización. Sin embargo, el Tribunal Supremo sostiene la tesis absolutamente contraria, en el sentido de considerar que el delito fiscal prescribe a los cinco años (sentencia TS, 6 de noviembre de 2000 y posteriores de 5 de diciembre de 2002, 28 de noviembre de 2003 y 2 de junio de 2005), considerando que la Reforma

No podemos dejar de recordar que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación del Código Penal de 23 de noviembre de 2009 elevaba el plazo de prescripción del delito fiscal hasta los diez años. Según la Exposición de Motivos, la finalidad era evitar que quedasen impunes los delitos contra la Hacienda Pública, en determinados supuestos, por la imposibilidad técnica de su detección y comprobación en los plazos hasta ahora previstos, cuestión que finalmente no prosperó en la tramitación parlamentaria, pero en la que, según el nuevo Anteproyecto actual, se quiere insistir . Otra cuestión discutida y polémica que ha dado lugar a tesis antagónicas entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional es la determinación del momento interruptivo de la prescripción.

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Por ello, aun cuando se interponga una denuncia o querella que diera inicio al proceso, este sólo se entenderá “dirigido contra el culpable” con la admisión a trámite de aquellas por parte del instructor, con el dictado de una resolución judicial motivada por la que se dirija el proceso penal contra el presunto culpable.

ción y ejecución de la pena pueda llegar a producir efecto disuasorio alguno – prevención general negativa-), casó la sentencia de una Audiencia Provincial que, siguiendo la tesis del Tribunal Constitucional, declaró la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción de un delito fiscal. Sostiene el Tribunal Supremo que cuando el Tribunal Constitucional señaló que se requería un acto judicial material de intermediación o bien de interposición judicial, no aclaró exactamente en qué consistía el mismo, si en la resolución judicial de admisión de la querella o denuncia, en la citación del querellado o de-

“Otra cuestión discutida y polémica que ha dado lugar a tesis antagónicas entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional es la determinación del momento interruptivo de la prescripción” puede impedir que el Tribunal Supremo ejerza con plena jurisdicción las facultades que directamente le confiere el artículo 123.1 de la Constitución Española, y b) respecto a la cuestión relativa a que se debe entenderse por “procedimiento que se dirija contra el culpable” se acordó mantener la actual jurisprudencia tradicional sobre la interrupción de la prescripción, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2005. Fruto de ello es la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2011 que, tras considerar que la fundamentación de la prescripción será diversa en función de cual sea la teoría de la pena por la que se opte (así lo hallamos en la falta de necesidad reeducativa – resocializadora de la pena por el hecho cometido a causa del transcurso del tiempo, si se considera que la pena tiene una función estrictamente preventiva especial; o bien en la falta de necesidad preventiva-general, pues el transcurso del tiempo impedirá que la imposi-

nunciado, o en su propia toma de declaración, detención, o bien con la adopción de otras medidas cautelares. Para el Tribunal Supremo, los actos judiciales deben ser aptos para interrumpir la prescripción, en tanto que manifiestan una resolución judicial motivada en donde se atribuye indiciariamente la posible comisión de un delito a una determinada persona. De igual forma, el Tribunal Supremo concluye señalando que una resolución judicial no es lo mismo que un acto judicial estricto de imputación, sino que es suficiente con la atribución de la posible comisión de un delito a una determinada persona. Finalmente, en dicha sentencia el Tribunal Supremo concluye que no es necesario notificar tal resolución al interesado, ya que incluso podría dictarse mientras las diligencias hubiesen sido declaradas secretas. A nuestro juicio este último extremo choca con otro de los principios que inspiran la institución de la prescripción, como es el de seguridad jurídica.

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Sin embargo, el Tribunal Constitucional (en sentencias de 14 de marzo de 2005 – la primera en este sentido- y posteriores de 20 de febrero de 2008 y 15 de junio de 2009) estimó que la interpretación que vincula al momento interruptivo con la presentación de la denuncia o de la querella vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sosteniendo que, según lo establecido en el artículo 132.2 del Código Penal, al decirse que la prescripción se interrumpirá (cuando el procedimiento se dirija contra el culpable) nos encontramos ante un sistema de interrupción, por actos procedentes del órgano jurisdiccional, de tal forma que “será únicamente el juez quien pueda llevar a efecto esa actuación de dirección procesal del procedimiento contra el culpable que requiere el artículo 132.2 del Código Penal para considerar interrumpido el plazo de prescripción del delito en cuestión”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo en un Pleno no jurisdiccional celebrado el 25 de abril de 2006, al examinar el alcance de la interpretación de la expresión “cuando el procedimiento se dirija contra el culpable” contenida en el apartado segundo del artículo 132 del Código Penal para fijar el momento de la interrupción de los términos de prescripción de los delitos y tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2005 (nº 63), tomó los siguientes acuerdos: a) el artículo 5.1. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interpretado conforme a los artículos 117.1, 161.1 b y 164.1 de la Constitución Española no

Hasta la reforma de 2010, el Código Penal, en su artículo 132.2, establecía que la interrupción de la prescripción tenía lugar con el momento “en que el procedimiento se dirigiese contra el culpable” (tras la reforma se dice “cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta”). La interpretación de tal expresión por parte de la jurisprudencia mayoritaria de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es que era suficiente con la presentación de denuncia o de querella (STS 27 de marzo de 2011, 23 de diciembre de 2004 y 15 de abril de 2005, entre otras).

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Mesa redonda sobre la instrucción de las causas penales por el Ministerio Fiscal

De izquierda a derecha: Ladislao Roig, Miquel Masot, Martín Aleñar, Carlos Gómez y Gabriel Garcías.

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El pasado día 23 de abril se celebró, organizada por la Academia de Jurisprudencia y Legislación, una mesa redonda sobre la instrucción de las causas penales por el Ministerio Fiscal. Los ponentes fueron los Ilmos. Sres. Carlos Gómez Martínez, presidente de la Audiencia Provincial, Ladislao Roig Bustos, teniente fiscal, y Gabriel Garcías Planas, profesor titular de Derecho Penal y abogado penalista. Abrió el acto el presidente de la Academia Miquel Masot, poniendo de manifiesto que el tema a tratar no era una utopía, ni un desideratum, ya que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado el pasado año apostaba por la posibilidad de que los fiscales se hicieran cargo de la instrucción de las causas penales, posibilidad que –siguió diciendo- tal

vez exigiría unas reformas constitucionales, centradas en su artículo 124, en cuanto al principio de dependencia jerárquica y al nombramiento del Fiscal General del Estado a propuesta del Gobierno; reformas que serían factibles si sobre ellas hubiere acuerdo de los dos partidos mayoritarios, dado que no afectan al denominado núcleo duro de la Constitución. A continuación presentó al primero de los ponentes –Carlos Gómez Martínez- quien anunció que en su exposición trataría de 5 posibles argumentos a favor de la instrucción por parte de los fiscales, para exponer a continuación 5 posibles reservas relativas a cada uno de dichos argumentos. 1er argumento: la instrucción a cargo de los Fiscales favorece la imparciali-

dad judicial. La legitimidad del Juez, tanto para juzgar la causa, como para la adopción de las medidas cautelares que se adoptarán necesariamente a lo largo de la instrucción, derivaría del hecho de ser un tercero que entra en una causa a cuya instrucción ha sido ajeno, no existiendo, por tanto, ningún antecedente o elemento de la misma que pueda proyectar sobre su actuación la más pequeña sombra de parcialidad. Es curioso destacar que el art. 117 CE concede a los Juzgados y Tribunales la potestad jurisdiccional, definiéndola como “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, sin referencia alguna a cualquier actividad de investigación o instrucción. Hoy en día es doctrina constitucional reconocida la imposibilidad de que el Juez instructor pueda ser, en el mismo caso, juez sentenciador; pero es evidente, también,

Les pàgines de l’Acadèmia que la imparcialidad del juez podría verse cuestionada por haber instruido otras causas distintas investigando a la persona que va a juzgar, en las que podría haber adoptado medidas cautelares u otras resoluciones desfavorables para aquella. Obviamente nada de ello sucede si la instrucción se encomienda a los fiscales.

Sin embargo, antes de derivar de los argumentos que anteceden la conclusión de que sería beneficiosa la instrucción de las causas penales por el Ministerio Fiscal, es obligado, para tener una visión completa de la cuestión, exponer algunas reservas sobre los argumentos que han sido esbozados.

2º argumento: dejando la instrucción a los fiscales se produce un acercamiento al modelo de proceso penal vigente en la Unión Europea, ya que la figura del juez instructor se ha eliminado en muchos países, incluso en Francia, que es donde nació.

En cuanto al primer argumento, hay que decir que la instrucción por parte de los fiscales ha de partir de su total independencia, la cual puede verse afectada por el nombramiento del fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno y por el principio de dependencia jerárquica. Aunque debe tenerse en cuenta que el fiscal no monopoliza la acción penal,

5º argumento: Con la investigación por los fiscales se evitarían múltiples actuaciones burocráticas de los juzgados, motivadas principalmente por los atestados policiales y partes de lesiones, que obligan a la apertura de diligencias previas o indeterminadas, las cuales, a su vez, exigen la correspondiente resolución judicial.

Y -5º argumento- la posible descongestión de los juzgados no evitaría la duplicidad de expedientes, dado que

Ladislao Roig señaló lo absurdo que resulta que, tras 130 años de haberse dictado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que enfatiza la instrucción por los fiscales como consecuencia propia del principio acusatorio, todavía no se haya instaurado la misma al existir en nuestro ordenamiento jurídico la acción popular, que ha hecho posible el enjuiciamiento de casos tan importantes como los Gal, Pinochet, escuchas telefónicas... en los que el fiscal no acusó. Respecto del segundo argumento, basado en el hecho de acercarse el sistema de instrucción por parte de los fiscales al modelo comúnmente seguido en la Unión Europea, no puede olvidarse, empero, que cada Gobierno democrático de la misma puede tener su propia política criminal, persiguiendo con mayor o menor insistencia uno u otro tipo delictivo, por lo que una armonización completa tampoco se ve viable. En cuanto a la mayor coherencia de una investigación asumida por los fiscales con el principio acusatorio, no debe olvidarse que el fiscal, además de investigador, sería parte, y, en concreto, la parte que comúnmente

la investigación por el Ministerio Fiscal implica la existencia de un juez de garantías, así como de otro juez que ha de decidir sobre la apertura del juicio oral. Concluye afirmando que la eterna duda, propiciada por la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre cual sea el órgano adecuado para la investigación de los delitos, ha sido un lastre que ha impedido la modernización del proceso penal, a diferencia de lo que ha ocurrido en el proceso civil con la ley 1/2000. Interviene a continuación el teniente fiscal Ladislao Roig y comienza señalando lo absurdo que resulta que, tras 130 años de haberse dictado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que enfatiza la instrucción por los fiscales como consecuencia propia del principio acusatorio, todavía no se haya instaurado la misma, bajo excusas y pretextos infundados, que se centran en una afirmación que no es

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4º argumento: la investigación de los hechos delictivos supone, de por sí, y, en especial según quienes sean los investigados, una gran carga mediática. Si es el juez quien realiza la investigación, parece que sus resoluciones, por venir de quien proceden, ya han sentenciado al investigado. Si la instrucción la realiza el Ministerio Fiscal, sus resoluciones durante la instrucción no tendrán el mismo peso mediático que si hubieren sido dictadas por un Juez. Por otra parte, siempre es conveniente que quienes han de juzgar sean ajenos a las labores de investigación e instrucción.

Es cierta -4º argumento- la inevitable presión mediática que incide, en los casos más célebres, sobre la investigación de los hechos delictivos, que, de ser asumida por los fiscales, se trasladaría a éstos; y, en definitiva y a la larga, la sociedad lo que tendría en cuenta sería el contenido de las resoluciones dictadas en la investigación, no dando mayor importancia al hecho de si las mismas proceden del fuez o del fiscal.

3er argumento: coherencia con el principio acusatorio que rige el proceso penal. Precisamente, en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 se dice que la instrucción por parte del Ministerio Fiscal sería la culminación de este modelo de proceso, aunque las circunstancias de la realidad social de entones la desaconsejaran.

acusa, contraponiéndose, por tanto, a la defensa, no dejando de tener, por tanto, un doble “rol”.

Les pàgines de l’Acadèmia la vida no avanza sino que da vueltas sobre si misma. Tras escuchar la exposición de los representantes de la magistratura y de la fiscalía, era obligada la intervención de un abogado, y nadie más adecuado para ello que un jurista como Gabriel Garcías, que aglutina su condición de teórico del Derecho penal, del que es profesor titular en la UIB, con la práctica del mismo a través de su acreditado despacho.

Numeroso público siguió las intervenciones.

de recibo, cual es la de que la sociedad no está aún madura para ello.

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Sigue afirmando que el sistema de investigación por el Fiscal está universalmente aceptado, y, en nuestro país, las gentes son conscientes de ello, siendo indicador, en este punto, el hecho de que la noticia críminis se comunica cada vez en mayor medida a las fiscalías y no a los juzgados, repasando a tal fin las correspondientes estadísticas y apuntando el hecho de que, en ocasiones, son los propios juzgados de Primera Instancia quienes comunican a las fiscalías los hechos presuntamente delictivos. En realidad –sigue diciendo- el sistema de instrucción por los fiscales tendría apoyo constitucional, ya que, según el art. 117, las funciones de investigación quedan fuera de la potestad jurisdiccional, que se resume en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por otra parte, no puede dudarse del hecho de ser los fiscales poder judicial, ya que el art. 124 –referido al Ministerio Fiscal- se encuentra en el título VI cuya rúbrica es, precisamente, “del poder judicial”. De momento, el legislador ha encargado a los fiscales la investigación de los hechos delictivos en materia de responsabilidad penal del menor, sin que haya habido críticas sobre el procedimiento legalmente establecido. Las críticas han sido sobre

otras cuestiones ajenas a los fiscales, y, en particular, sobre la falta de entidad, en algunos supuestos, de las penas legalmente establecidas para casos particularmente graves. No se han producido, en definitiva, quejas sobre la manera en que el Ministerio Fiscal ha llevado la investigación de los hechos. Por otra parte, considera que no puede hablarse de parcialidad por el hecho de ser nombrado el fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno, pues la cima de la fiscalía está en

Y comienza diciendo Gabriel Garcías que, en definitiva, lo importante no es que instruya el juez o el fiscal, sino que quien instruya lo haga bien, garantizando los derechos de las partes en el proceso. Señala que se observa hoy en día, en las instrucciones, una mezcla de figuras y de intervenciones: policías, fiscales, juez Instructor, y a todos ellos te los encuentras en una u otra parte, a diferencia de lo que antes acaecía, en que cada uno de ellos estaba en su sitio y desarrollaba los cometidos que le eran propios.

Para el abogado Gabriel Garcías, lo importante no es que instruya el juez o el fiscal, sino que quien instruya lo haga bien, garantizando los derechos de las partes en el proceso el fiscal general del Estado, pero no más allá. Y su nombramiento a propuesta del Gobierno no quiere decir que esté a sus órdenes. Expone, a continuación, las líneas maestras del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, en la parte correspondiente a la instrucción asumida por el Ministerio Fiscal, y finaliza su exposición lamentado que, desde el año 1882, en que entró en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se haya avanzado en este tema, pareciendo que ocurre lo que indicaba uno de los personajes de la novela “Cien años de soledad”:

Señala que para los abogados el problema en el proceso penal está siempre en las garantías procesales: que la parte que defiende tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que la que acusa, y, en definitiva, lo que no puede darse es un proceso penal con dos velocidades ya que, en estos casos, siempre es el abogado quien sale perjudicado. Y, a tal efecto, ilustró su disertación con ejemplos significativos. Tras la intervención hubo un animado coloquio, al que dieron altura jurídica las intervenciones de Juan Francisco Thomás, Juan Buades e Isabel Tapia.

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Presentación en el Parlament del XII Boletín de la Academia

El presidente de la Academia expresó su satisfacción por haber llegado ya a una cifra considerable de boletines, pues, en ellos –recalcó- está escrita la historia de la Academia, ya que son fiel expresión de los actos académicos celebrados y de los discursos, conferencias y mesas redondas que han tenido lugar en la Academia. En la presente ocasión, indicó, el Boletín recoge los actos más importantes celebrados durante el curso acadé-

penas en los delitos contra la seguridad vial y la mayor incidencia en la lucha contra la corrupción, tanto dentro de la Administración como en las empresas particulares y en el deporte; llegándose, en definitiva, a la conclusión de si este incremento de los tipos delictivos no puede suponer que el Derecho penal ha dejado de ser realmente un “Derecho de mínimos”. Como antes se ha dicho, el curso académico 2009-2010 estuvo marcado por la desaparición de dos académicos de un prestigio extraordinario, como fueron los hoy tan recordados Raimundo Clar Garau y Félix Pons Irazazábal. En tal caso los estatutos de la corporación exigen y el afecto y sentimiento de todos los académicos demanda, la celebración de las correspondientes sesiones necrológicas en recuerdo y homenaje de tan insignes juristas. La celebrada en re-

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El president del Parlament abrió el acto dando la bienvenida a los Académicos y cediendo la palabra al presidente de la Academia, Miquel Masot, para que presentara el nuevo Boletín de la Academia, que alcanza ya su XII edición.

mico 2010-2011, por lo que comienza el mismo con el acto de inauguración del curso académico, en el que se leyó la memoria del curso anterior y en el que el Académico, Sr. Rafael Perera Mezquida, pronunció el discurso de apertura: “El ciudadano de a pie ante el nuevo Código penal”. Por lo que atañe a la memoria, felicitó al secretario de la corporación, el Sr. Mir de la Fuente, por la extensa y minuciosa memoria redactada y por el hecho de acabar la misma con unas sentidísimas frases en recuerdo de los Académicos que fallecieron durante el anterior curso académico: Raimundo Clar Garau y Félix Pons Irazazábal. Por lo que respecta al discurso pronunciado por el Sr. Perera Mezquida, consideró que en el mismo se trazan las líneas generales de la reforma del Código penal operada por la ley orgánica 5/2010, tratando especialmente de la responsabilidad de las personas jurídicas, el endurecimiento de las

El pasado día 23 de abril tuvo lugar en el Parlament la presentación del XII Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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cuerdo de Raimundo Clar Garau contó con la intervención de su amigo y compañero de profesión Rafael Gil Mendoza -en su última intervención en la Academia, pues, lamentablemente, al siguiente año también nos dejó-, quien hizo una emocionada semblanza de los años en que compartió con Raimundo Clar la preparación de las oposiciones y, al cabo de poco tiempo, el ejercicio de la profesión de notario en Palma, destacando siempre –afirmó- el profundo amor de Raimundo Clar por nuestra tierra y por nuestro Derecho y no dudando en dejar temporalmente el ejercicio del notariado para ayudar a la efectividad de la transición política. Precisamente su faceta política fue expuesta y ensalzada por Bartolomé Sitjar, que había compartido con Raimundo Clar bastantes de sus singladuras políticas y que, además, puso de relieve el gran sentido de la amistad que siempre demostró Raimundo Clar, volcado constantemente en la ayuda a los demás y convertido en un consultor –no solamente jurídico, sino también personal y familiarpara el ingente número de sus amigos y conocidos. Es realmente una satisfacción que estos dos discursos queden para la historia, al figurar en el Boletín que se presenta. La sesión necrológica en memoria de Félix Pons Irazazábal contó con la participación de los juristas José Zaforteza Calvet, Tomás Mir de la Fuente, Antonio Coll Alonso y Fernando Ledesma Bartret, quienes pusieron de relieve su excelencia como persona, como jurista, como abogado y como político, recogiéndose en el Boletín dichas intervenciones, a excepción de la de su compañero de despacho, Antonio Coll Alonso, ya que la misma fue tan genial como improvisada. En el discurso leído por el amigo y compañero de partido de Félix, Fernando Ledesma, se pone de relieve que a través de los discursos y artículos de Félix Pons es reconocible un ideario político de verdadera importancia que merece ser conocido y divulgado. De la sesión

necrológica se dijo en la prensa diaria que “el homenaje fue un éxito, tanto desde el punto de vista de su contenido formal, como del fondo de cada una de las intervenciones, documentadas todas ellas por la experiencia personal y directa que sobre la personalidad homenajeada tenían cada uno de los intervenientes”. También es una satisfacción que estos valiosos discursos pronunciados queden para la historia a través de su inserción en el XII Boletín de la Academia. Finaliza el recuerdo del Boletín a estos dos académicos fallecidos con la inserción de dos artículos que el presidente de la Academia, Miquel Masot, publicó en Diario de Mallorca con ocasión de su fallecimiento. Se contiene después en el Boletín la conferencia que el doctor en Derecho y abogado, Jaime Suau Morey, dio sobre reformas procesales, novedosa oficina judicial e incidencia en el proceso penal, en cumplimiento del acuerdo de la Academia que se había propuesto abordar el estudio de las reformas procesales derivadas de las leyes 1 y 13/2009 de 3 de noviembre, que entraron en vigor en el mes de mayo de 2010. En el artículo correspondiente a dicha conferencia se analiza el funcionamiento de la nueva oficina judicial, del secretario judicial como director del procedimiento y se dedica especial atención a la grabación de las actuaciones judiciales mediante medios informáticos que, con la incorporación de la firma electrónica del secretario, pasan a constituir el acta idónea para dar la debida fe de aquéllas, deteniéndose particularmente en analizar la grabación de los juicios penales de cara a posibles recursos de apelación contra las sentencias recaídas en los mismos. Es una constante de la Academia la convocatoria de los Premios Luis Pascual González, en reconocimiento de obras de interés dedicadas a instituciones y temas de Derecho civil balear. En esta ocasión se recoge en el Boletín

la obra de Felio J. Bauzá Martorell titulada “Tradición jurídica civil balear del derecho de toma de agua. Vigencia de las antiguas costumbres”, que se hizo con el premio en su VIII edición. El jurado calificador valoró especialmente el amplio y acertado estudio histórico realizado, que comienza con las disposiciones romanas para seguir con las musulmanas, hasta nuestros días, así como el encaje del tema elegido en la realidad jurídica de nuestros días, en la que muestra participar de influencias tanto del Derecho civil como del administrativo. A continuación se inserta en el Boletín el parlamento de Antonio Planas Rossello, profesor titular de Historia del Derecho y miembro de número de la Academia de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos, sobre “La función de la costumbre en el Derecho medieval de Mallorca”, tema relacionado con la obra ganadora, en la que se hace una referencia expresa a la vigencia de las antiguas costumbres. Precisamente en el artículo en cuestión se proclama la importancia del Derecho consuetudinario como uno de los estratos jurídicos –juntamente con el ius comune y el Derecho de creación regia- que se superpusieron, llegando en ocasiones a confundirse, para constituir el régimen jurídico de aplicación durante el medioevo. Desde hace unos años vienen funcionando en la Academia dos Comisiones académicas, una de Derecho público y otra de Derecho privado, recogiéndose en el Boletín publicaciones de una y otra. La de la Comisión de Derecho privado constituye un importante estudio sobre los contratos sucesorios, tema que se ha revelado últimamente de especial interés a consecuencia de la ley autonómica 22/2006 de 19 de diciembre, que concede a los contratos sucesorios los mismos beneficios fiscales que a las adquisiciones hereditarias entre parientes próximos, lo cual ha determinado un considerable aumento del número de do-

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Termina el presidente de la Academia su intervención agradeciendo al Parlament la ayuda prestada para que este XII Boletín haya podido salir a la luz, y al Académico Sr. Mir de la Fuente su eficaz colaboración en la coordinación del mismo. Cerró el acto el M.H.Sr. presidente del Parlament agradeciendo la presencia de los Académicos y poniendo de relieve la sintonía que, desde hace años, ha venido existiendo entre las dos instituciones.

XII BOLETÍN DE LA ACADEMIA 1.- Memoria del curso académico 20092010. 2.- El ciudadano de a pie ante el nuevo Código Penal, por Rafael Perera Mezquida. 3.- Sesión necrológica en memoria del Académico fallecido, Raimundo Clar Garau, con las intervenciones de Rafael Gil Mendoza y Bartolomé Sitjar Burguera. 4.- Sesión necrológica en memoria del Académico fallecido Félix Pons Irazazábal, con las intervenciones de José Zaforteza Calvet, Tomás Mir de la Fuente y Fernando Ledesma Bartret. 5.- Artículos periodísticos en recuerdo de los dos Académicos fallecidos, por Miquel Masot Miquel. 6.- Reformas procesales, novedosa oficina judicial e incidencia en el proceso penal, por Jaime Suau Morey. 7.- Tradición jurídica civil balear del derecho de toma de aguas: vigencia de las antiguas costumbres, por Felio Bauzá Martorell. 8.- La función de la costumbre en el Derecho Medieval de Mallorca, por Antonio Planas Rosselló. 9.- Los contratos sucesorios en las Illes Balears, estudio de la Comisión Académica de Derecho Privado. 10.- La traducción al castellano de las leyes de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y La publicación en el BOIB de los textos de los actos de los órganos periféricos de la Administración General del Estado en las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma (Comentario a la STS de 18 de Mayo de 2010), estudios de la Comisión Académica de Derecho Público. *El XII Boletín de la Academia está colgado en la web del ICAIB (Noticias-Academia de Jurisprudencia- Boletines Academia de Jurisprudencia- 2012).

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Se publican, finalmente, en el Boletín dos interesantes aportaciones del Académico Sr. Mir de la Fuente a los trabajos de la Comisión de Derecho público; una

de ellas referida a la traducción al castellano de las leyes de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la otra consistente en un largo comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010, que anula un precepto autonómico, concretamente el artículo 10 del Reglamento del BOIB aprobado por Decreto 132/2002 de 25 de abril, según el cual todos los textos oficiales que las administraciones, instituciones y otros entes públicos radicados en el territorio de las Illes Balears remitan para su publicación en el BOIB, deberán estar redactados en las dos lenguas oficiales de las Illes Balears y la remisión debe ser simultánea. En el trabajo del Académico Sr. Mir de la Fuente se estudian los antecedentes del Decreto, los argumentos esgrimidos en la demanda contenciosa y en su contestación, la sentencia de 23 de enero de 2007 de la Sala de lo Contencioso-administrativo de nuestro TSJ que desestimó la impugnación, y, finalmente, la doctrina sentada por la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010, que anula el precepto cuestionado por vulnerar una norma de general aplicación, cual es el art. 36.1 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de procedimiento administrativo.

naciones universales otorgadas en Mallorca y de los pactos sucesorios en general en Eivissa y Formentera. Precisamente ello puso de relieve la conveniencia de matizar algunos aspectos de la regulación de los mismos, en particular de los contratos de adquisición o donaciones universales, haciéndose en el estudio amplias consideraciones sobre el particular. Dos importantísimas novedades son destacables en el informe de la indicada Comisión académica. De una parte el planteamiento de que no tiene sentido la prohibición de otorgamiento en Menorca de los pactos sucesorios, ya que se trata de instituciones que no tienen carácter imperativo –sólo los otorga quien quiere- y, en ocasiones, pueden ser de gran utilidad, y no solamente por los beneficios fiscales, sino para asegurar en vida la futura sucesión de una persona o excluir de la misma al legitimario que recibe, en vida de su causante, una importante donación o atribución. Y, de otra parte, se considera que el pacto sucesorio debe romper, en Mallorca, el esquema de la donación universal –que supone la conversión del donatario en heredero del donante- para permitir los pactos sucesorios de índole particular o de ordenación de legado, con el que se da firmeza a la futura sucesión, a la muerte del ordenante, en bienes particulares y concretos, lo cual puede ser de interés de cara a la futura sucesión en las empresas, particularmente las de carácter familiar, ya que así se asegura la futura titularidad de las acciones o participaciones sociales.

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Bases del X Premio Luis Pascual González convocado por la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 1.- Podrán participar en el concurso los licenciados en Derecho por cualquier Universidad y los alumnos que hayan aprobado la asignatura Derecho civil balear de la Universitat de les Illes Balears. 2.- Los trabajos han de versar sobre Derecho civil de las Illes Balears, debiendo ser inéditos e individuales. 3.- Deberán estar escritos en lengua castellana o catalana y presentarse en archivo de Word, en arial 11 e interlineado de 1,5, por una sola cara. La extensión del trabajo no podrá ser inferior a 25 folios ni superior a 75. 4.- Los trabajos deberán presentarse mediante la aportación de 5 ejemplares del mismo, en la sede de la Academia, Rambla dels Ducs de Palma, nº 10, teléfono 971-17.94.00, telefax 971-71-92.06, correo electrónico decanato@icaib.org. 5.- El plazo de admisión finalizará el día 30 de septiembre de 2012. 6.- En el inicio del trabajo deberá constar el nombre y apellidos de su autor, D.N.I. o pasaporte, residencia y dirección, teléfono de contacto y, en su caso, correo electrónico, así como la fecha en que consiguió la licenciatura o aprobó la asignatura Derecho civil balear de la UIB. 7.- El premio tendrá una dotación de TRES MIL EUROS, sufragada por el Parlament de las Illes Balears y la propia Academia. 8.- El jurado calificador será presidido por el Presidente de la Academia integrándolo 3 miembros más, en representación del Parlament de les Illes Balears, de la Facultad de Derecho de la Universitat de las Illes Balears y de la propia Academia. La resolución del jurado, que decidirá por mayoría de votos, será inapelable. 9.- El premio no podrá ser dividido entre trabajos presentados y podrá ser declarado desierto.

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10.- La decisión del jurado deberá ser tomada antes del día 15 de diciembre de 2012, siendo comunicada a los concursantes a partir de esta fecha. 11.- La entrega del premio tendrá lugar en un acto solemne que organizará la Academia, con intervención del autor del trabajo premiado, publicándose el mismo en el Boletín de la Academia. Asimismo la Academia podrá acordar la publicación en el Boletín de la Academia de los trabajos presentados que, a pesar de no haber obtenido el premio, sean, a su juicio, de interés para su difusión. 12.- Durante los 6 meses siguientes a la notificación de la decisión del jurado calificador, los trabajos no premiados o pendientes de publicación podrán ser recogidos por sus autores o por las personas que los mismos designen, personándose en las dependencias de la Academia.

Reportatge

Ambiente inmejorable en el X Torneo de Pádel del ICAIB

El sábado 21 de abril, las instalaciones del Palma Raquet Club fueron el escenario elegido para disputar del X Torneo de Pádel del ICAIB, probablemente el más participativo de todos cuantos se han celebrado hasta el momento, tanto por el número de jugadores, 56 en total, como por el gran público que asistió a animar a los participantes en la competición.

Un día de primavera en estado puro y el compañerismo hicieron el resto de un torneo que acabó con una buena comida para reponer fuerzas y con la entrega de premios que, en nombre del Colegio, entregó el decano Martín Aleñar.

Tirso Tarragó y Rafael Serra lograron el triunfo en la categoría masculina, mientras que Elena Agote y Maria José Ruiz hicieron lo propio en la femenina

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Por lo que se refiere al nivel de los jugadores, ciertamente, nos cuentan que hubo un poco de todo, diferencias que,

en todo caso, no pudieron aminorar las ganas de pasarlo bien y la excelente deportividad de todos y cada uno de los participantes.

En la categoría masculina, Tirso Tarragó y Rafael Serra lograron imponerse en la final a David Cortés y Javier Oleaga. En la femenina fueron Elena Agote y Maria José Ruiz las que se alzaron con el triunfo en una disputada final que jugaron con Patricia Reus y Maria Victoria Bonet.

Sa nostra pàgina Bienvenida a los nuevos colegiados En estos últimos dos meses numerosos colegiados de las islas han celebrado el acto solemne de jura o promesa. Muchos de ellos han estado acompañados de sus padrinos y madrinas, lo que evidencia que un gran número de ellos se encuentran ya ejerciendo de abogados. A uno de estos actos, concretamente al celebrado el pasado 16 de mayo, estuvo invitado el presidente de la A.J.A.I.B, que en su discurso dio la bienvenida a los nuevos compañeros, invitándoles a formar parte de la Agrupación a la que representa y de la vida colegial, y a participar en las actividades que, tanto Agrupación como Colegio, organicen y lleven a cabo. A pesar de los momentos difíciles que atraviesa actualmente el ejercicio de la profesión, desde la Agrupación quisimos animar a los nuevos compañeros para que lleven a cabo la profesión con honestidad, responsabilidad y diligencia, no sólo hacia sus futuros clientes, sino principalmente hacia el resto de compañeros. Por último, incidimos en la importancia de la formación continua para lograr todo aquello que nos propongamos.

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Desde la Agrupación de Jóvenes Abogados queremos daros a todos y a todas nuestra más sincera enhorabuena y bienvenida, y desearos un camino de éxitos y logros personales. Miguel Cerdá Piedra (Presidente A.J.A.I.B)

La AJAIB irrumpe con fuerza en el XVII congreso estatal de la abogacía jóven

Un momento de la inauguración del congreso, que contó con la intervención de Carlos Carnicer, presidente del CGAE.

Los pasados días 14,15, 16 y 17 de junio tuvo lugar en Granada el XVII Congreso Estatal de la Abogacía Joven al que asistieron más de 200 abogados de todas las provincias españolas. En representación balear acudieron al Congreso cuatro miembros de la Junta Directiva de la Agrupación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares: los letrados Miguel Cerdá (presidente de la AJAIB), Patricia Vadillo (Vocal 1ª), Antoni Oliver (Vocal 2º) y Neus Cañellas (Vocal 5ª). El Congreso, organizado por la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) y por el Grupo de Abogados Jóvenes de Granada (GAJ), giró en torno a dos grandes temas: Justicia Digital y Arbitraje y Mediación. También se organizaron mesas redondas, con otros temas de gran trascendencia práctica como la agilización procesal, el derecho de huelga de los abogados de oficio, ejecuciones hipotecarias y honorarios profesionales y hoja de encargo. Para el desarrollo de todos estos temas se contó con la presencia de jueces, secretarios judiciales, abogados, procuradores y otros profesionales del derecho de reconocido prestigio. A la finalización del Congreso, las comisiones de trabajo formadas por los Congresistas asistentes, aprobaron las conclusiones de cada uno de los bloques y de las mesas redondas, conclusiones que se publicarán en la página web de la CEAJ y serán llevadas al CGAE para que sean tomadas en cuenta. El Congreso también contó con una parte lúdica cultural de la que podemos destacar la visita guiada nocturna a la Alhambra de Granada y sus Palacios Nazaríes, la cena en un restaurante situado en el corazón del barrio

de Sacromonte y con unas espectaculares vistas a la majestuosa Alhambra, o la cena de gala en el Palacio Carmen de los Mártires, donde los asistentes pudieron disfrutar en directo de un auténtico espectáculo flamenco. La nota predominante de este congreso estatal ha sido la gran acogida que ha tenido la AJAIB entre todos los asistentes y demás agrupaciones de jóvenes abogados participantes. Años atrás, la AJAIB había tenido una presencia más bien discreta en este tipo de eventos, así como en su relación con la CEAJ. Este último congreso ha sido una plataforma inmejorable para reactivar la figura de nuestra agrupación a nivel estatal. Gracias a nuestros principios de transparencia y publicidad, juntamente con el compromiso y participación que se ha trasmitido durante todo el evento, hemos podido interactuar y crear grandes lazos de unión entre todos los asistentes. Tal ha sido la aceptación de nuestra Agrupación y nuestro interés en seguir formando parte de la CEAJ que, de forma unánime, nos han animado a la celebración de uno de sus plenos trimestrales en nuestra Comunidad Autónoma, que no se celebra en Baleares desde el año 2007, por lo que este interés nos llena de gran orgullo y nos motiva y da fuerzas para seguir con nuestro trabajo de visibilidad y presencia de los Jóvenes Abogados de Baleares, no sólo dentro de nuestra comunidad, sino también a nivel estatal. Motivos por los que os seguimos invitando a formar parte de ella y a participar en las actividades que llevemos a cabo. Patricia Vadillo García (Vocal 1º A.J.A.I.B) Antoni Oliver Rotger (Vocal 2º A.J.A.I.B)

Sa nostra pàgina Coaching El pasado 14 de mayo tuvo lugar en el Colegio de Abogados el Taller de coaching, ofrecido gratuitamente por la AJAIB, en colaboración con Forma Training y Cinc-Sentits.

El taller, abierto a todos los colegiados, fue impartido por José Luís Zaldivar, experto conocedor de la materia y estuvo dividido en dos bloques. El primero de ellos consistió en efectuar una introducción al coaching desde una perspectiva práctica, enfocado como el método para liberar el máximo potencial de las personas a través de la introspección. La segunda parte del mismo se centró en técnicas de organización, tanto del despacho profesional como de tiempo libre, así como técnicas de negociación y habilidades sociales.

En el taller se ofreció una explicación ejemplificada de diversos conceptos propios de la disciplina del Coaching, tales como el modelo FUPRE (consistente en el establecimiento de metas a largo plazo, descendiendo al corto-medio plazo), la Rueda de la Vida (un mecanismo utilizado para detectar en qué áreas es necesaria una restructuración basado en el nivel de satisfacción personal), así como técnicas para el establecimiento de valores prioritarios personales y sistema de tolerancias (en que se invitó a los participantes a establecer conductas irritantes que padezcan a diario, y las posibles actuaciones para eliminar su efecto negativo en el día a día). Sin duda, para todos los asistentes fue una experiencia muy positiva y una primera toma de contacto con el mundo del Coaching y sus técnicas, desde una perspectiva práctica.

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De este modo, con un rotundo éxito de participación, se da inicio a la oferta formativa que el AJAIB pretende impulsar y llevar a cabo a lo largo del año, agradeciendo la participación de los asistentes e invitándoles a seguir haciéndolo en las próximas citas. Ana Maria Vidal (Tesorera A.J.A.I.B)

Amb la vènia

Pide 80 millones por la mala calidad de la comida en la cárcel “Para mí ha sido una sentencia de muerte. La comida me estaba matando. Así de tajante se expresaba M.I., el ex recluso que ha demandado a la ciudad de Nueva York por los daños que asegura que ha sufrido su sistema digestivo como consecuencia de la escasa calidad de las comidas servidas en la cárcel neoyorquina de Rikers Island y el poco tiempo de que disponía en prisión para alimentarse.

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M.I. , justifica su demanda, por la que reclama 80 millones de dólares, en el hecho de que la operación de reducción de estómago, el by pass gástrico que le pusieron y el proceso de adelgazamiento impuesto le aconsejaban comer despacio y disponer de al menos media hora para ingerir alimentos blandos, tiempo muy alejado de los cuatro minutos que asegura que tienes los presos para comer. A juzgar por la definición se su abogado, que lo describió como “un superviviente del holocausto”, parece que el reo cumplió su propósito de adelgazar. Quizá porque, asegura, comer tan rápido le causó vómitos y la separación del estómago y el intestino, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia desde la cárcel a un hospital y someterse a otra intervención quirúrgica, de la que todavía no se ha recuperado.

Agenda 5º Concurso de Fotografía del ICAIB El Ilustre Colegio de Abogados de Baleares convoca el 5º Concurso de Fotografía del ICAIB en el que podrá participar cualquier persona mayor de edad que presente fotografías relacionadas con el tema elegido para la quinta edición: “Derechos en crisis”. Cada participante podrá presentar un número mínimo de cinco fotografías y un máximo de 15, tanto en color como en blanco y negro, que deberán ser originales. Las bases del concurso se pueden consultar en la página web (www.icaib.org). El plazo de presentación de los trabajos está abierto desde el 2 de julio y finalizará el 2 de noviembre de 2012.

Premio de artículos jurídicos Degà Miquel Frontera La Junta de Gobierno del ICAIB ha convocado el premio de artículos jurídicos “Degà Miquel Fron-

tera” 2012, al que podrán concurrir todos los licenciados en Derecho españoles. Los trabajos podrán versar sobre cualquier tema jurídico, deberán ser originales e inéditos y deberán enviarse, por quintuplicado y sin remitente, a la sede palmesana del ICAIB antes del 15 de octubre de 2012. Las bases del concurso se pueden consultar en la página web (www.icaib.org).

Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad La Mutualidad de la Abogacía ha convocado los “Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad 2012”, a los que se podrán presentar los alumnos que hayan cursado las prácticas a la iniciación de la abogacía en una escuela de práctica jurídica homologada por el CGAE y presenten un trabajo original, de tema libre. El premio está dotado con 10.000 euros. Las bases se pueden consular en el portal web (www.mutualidadabogacia.com).

Buzón OFERTAS • Se precisa abogado joven para trabajar en administración de fincas. Las personas interesadas pueden contactar con Miguel Isern en el teléfono 971 723 264, de 9:00 a 14:00 horas. • Asociación sin ánimo de lucro especializada en servicios financieros busca para su equipo jurídico, abogado colegiado en las Islas Baleares. Se requieren inquietudes asociativas, carácter y espíritu reivindicativo y capacidad de innovación e imaginación para superar formalismos y obstáculos jurídicos. Imprescindible interés por formarse en los contenidos específicos de la materia financiera y las acciones colectivas así como por incorporarse a un equipo jurídico con altos ritmos de funcionamiento. Se ofrece contrato por cada demanda presentada y posibilidad de llevanza de otros asuntos e incluso de actuar como representante de la asociación en la provincia/región. Interesados/as remitir un correo

electrónico a modo de presentación y C.V. A: equipojuridicoseleccion@gmail.com.

DEMANDAS • Abogada en ejercicio, 34 años, con experiencia demostrable (5 años) y referencias. Actualmente trabajo como abogada para empresa del sector financero en Vizcaya. Interesada en incorporarme en despacho de abogados de Eivissa como trabajadora por cuenta ajena o asociada. Especializada en el Derecho Bancario, Inmobiliario y Mercantil. TLF: 616 140 893 (Soledad). Email: valesias@hotmail.com. • Busco trabajo en bufete de abogados. Estudios hasta cuarto curso de Derecho y para oposiciones a Administración de Justicia. Experiencia como auxiliar administrativa y secretaria. Nivel alto de inglés. Preguntar por Vanessa en el teléfono: 663 990 982.

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