Misser 99 by ICAIB

missèr Núm. 99 • Octubre - Desembre 2013

www.icaib.org

IL . LUSTRE COL . LEGI D’ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS • ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES

Una altra vegada,

populisme punitiu

sumari 5

Editorial

missèr 99

Dossier: penes populistes

Notícies

20 22 28 Cafè legal

Opinió

Reportatge: un any de justícia taxada

30 34 38 39 Pro bono

Les pàgines de l’Acadèmia

Torn d’Ofici

Notícies

El Col.legi

54 57 Sa nostra pàgina

Amb la vénia

CONSELL DE REDACCIÓ: Martín Aleñar, Joan Font, Regina Vallés, José Miguel del Campo i Rafael Gil. COORDINACIÓ: Jerusalén

Villanueva. IL·LUSTRACIONS I FOTOGRAFIA: Emma Cano. DISSENY I MAQUETACIÓ: Xisco Alario. COL·LABORACIONS: Antònia Artigues (Dossier). Javier Blas, Juan Cardona, Mar Colomar, Bernardo Garcías i Lorenzo Ros (Opinió). Miquel Masot Miquel (Les pàgines

de l’Acadèmia). Juan Cruz González (Vènia). IMPRESSIÓ: BAHIA Indústria Gràfica. ADMINISTRACIÓ I PUBLICITAT: La Rambla, 10. Tel. 971.179.400. EDITA: Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. D.L.: PM 80/89.

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

Editorial

En este sentido, debo entonar el mea culpa. Convencidos como estábamos los miembros de la Junta de Gobierno -y aún lo estamos-, de los múltiples beneficios que implica el nuevo sistema de localización de los abogados de guardia, habiéndose tratado el asunto en la Comisión de Turno de Oficio, el nuevo sistema se puso en marcha pensando que la decisión de operar el cambio era ya conocida entre los abogados. Sin embargo, los primeros días tras la implantación, evidenciaron que varios letrados no disponían de cumplida y completa información al respecto. Ese es, en mi opinión, el origen de un malestar que, por descontado, comprendo y por el que pido disculpas. Por ello no es casual que algunos de vosotros me hayáis preguntado directamente sobre las razones por las que la Junta de Gobierno acordó el cambio a este nuevo sistema. Su eficacia, agilidad y solvencia, venían ya avaladas por otros colegios profesionales que lo implantaron antes que nosotros. Esa eficacia en la gestión de las guardias y la mayor agilidad en la localización de los letrados y, por tanto, en la atención de las personas detenidas son, sin duda, algunas de esas razones. Pero hay otras. Posiblemente la más importante es que responde al convencimiento de que es un sistema justo que asegu-

La corrección de estas asimetrías ha sido, precisamente, una de las bazas principales de la apuesta por el cambio, ya que el programa informático de la centralita no sólo permite asignar los avisos a cada letrado por riguroso orden, sino que, además, incluye mecanismos de compensación que redirigen las llamadas a aquellos abogados que, dentro de un mismo grupo y una misma guardia, hayan practicado un menor número de asistencias. Todo esto no significa que nos hayamos olvidado del factor humano, que se hace, incluso, más necesario cuando afrontamos cambios importantes. Por ello, porque creemos en la comunicación interpersonal, el Colegio ha dispuesto que, al margen de todas las vías de comunicación que tenéis a vuestra disposición, podáis contar con Pedro Sampol, un interlocutor específico a quien exponer cualquier duda y/o sugerencia relacionada con la centralita. Y os animo a que lo hagáis. Porque vuestras consultas, vuestras quejas, vuestras propuestas y cualquier otra información que nos hagáis llegar, por la vía que sea, resultan esenciales para incorporar al programa informático de la centralita todas aquellas mejoras que nos permitan adaptar el sistema y hacerlo definitivamente nuestro. Pero no sólo los colegiados se benefician del sistema. Los centros de deten-

ción y los agentes autorizados para dar aviso a los letrados de guardia también lo hacen, puesto que el proceso de aviso se simplifica de forma importante y, al mismo tiempo, les permite realizar un seguimiento tanto del estado de las asistencias solicitadas como del propio proceso de asignación. Y qué duda cabe de que, una vez que el sistema esté consolidado entre todos aquellos que, de un modo u otro, están implicados en el servicio de ALD, la simplificación del proceso permitirá que el servicio que se presta al ciudadano sea más ágil y, en consecuencia, de la máxima calidad. Finalmente, y lejos del ánimo fiscalizador que algunos creen ver en la implantación de la centralita, el Colegio se dota de un mecanismo de gestión de las guardias que refuerza nuestra credibilidad y los argumentos ante el organismo que financia el servicio, esto es el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque es indudable que la información que ofrece la centralita es absolutamente objetiva y transparente y, en consecuencia, no permite interpretaciones restrictivas, interesadas ni distintas a la realidad de la prestación de un servicio que está cuestionado y en el que debemos ser totalmente trasparentes si queremos mantener el actual modelo. A grandes rasgos todos estos son los motivos de un cambio para el que, desde estas páginas, os pido paciencia. Porque creo que cuando la centralita se haya consolidado, lo harán con ella las ventajas y los principios de equidad y de transparencia que han fundamentado su implantación. Para ello estoy dispuesto a escuchar todas las propuestas hasta conseguir un sistema de gestión que descanse en esos principios que considero esenciales para ofrecer un servicio óptimo. Un saludo,

El decano

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

Soy consciente de que este cambio, sobre todo al principio, no fue pacífico. En parte por las reticencias que genera todo aquello que es nuevo. En parte por las incidencias de funcionamiento típicas de un nuevo programa informático que echa a andar y que ya han sido solventadas y, en parte, también, porque es posible que el Colegio haya llevado a cabo la implantación del nuevo sistema con cierta precipitación.

ra una distribución equitativa de las guardias entre todos los compañeros que integran el servicio de ALD. Una equidad que, por diversos motivos, no siempre ha sido garantizada. Bien sea porque, en ocasiones, se han aceptado o declinado asistencias en función el lugar donde estas debían practicarse o, incluso, de la propia causa de la detención; bien por la tendencia detectada en algunos lugares de aprovechar la presencia del letrado de guardia para asignarle buena parte del resto de las asistencias de la mañana o de la tarde; bien por otros factores, lo cierto es que en algunos casos la distribución no era equitativa.

Aprovecho este artículo editorial para comentaros algunas cuestiones relacionadas con el nuevo sistema del servicio de guardias de asistencia letrada al detenido.

Dossier

La reforma del Código Penal:

más dureza a golpe de titular Por Antònia Artigues, periodista.

Los nombres de Marta del Castillo, Mari Luz, Olvido Hormigos o el 15-M, entre otros, se intuyen detrás de algunos de los artículos que incluye la controvertida reforma del Código Penal, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros y, por tanto, aún en tramitación, con muy pocos argumentos a favor de los estamentos jurídicos. Todo lo contrario. Normas a golpe de titular, esa parece ser la fórmula.

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La reforma, de entrada, parece gustar sólo al propio Gobierno. El mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado sus reservas, hablando, incluso, de la posible inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable, a modo de cadena perpetua matizada, y cuestionando su necesidad, oportunidad y futura eficacia. De hecho, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, decía que hoy “ya tenemos un Código Penal muy duro, de los más duros de Europa… y la elevación de penas no siempre soluciona los problemas”, además de recordar que el Derecho Penal debe ser siempre la última ratio. Coincide su crítica con la de la mayoría de juristas. Las soluciones no vienen de la mano de una elevación de penas o de una tipificación exagerada de conductas. Algunas de las asociaciones judiciales tampoco apadrinan la reforma propuesta. El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria apuntaba que se trata de una modificación “con aspectos populistas, que no es necesaria ni imprescindible”. Jueces para la

Democracia añadía que “la reforma no responde a las necesidades de la sociedad, es un golpe de imagen de Gallardón y no aborda los problemas reales de la justicia ni de la población”. Desde Baleares, destacados abogados penalistas y miembros de la fiscalía dan a Missèr su visión sobre la reforma. Se acumulan las consideraciones negativas. Tantas que apenas dejan ver algún que otro aspecto positivo. La reforma es calificada por los expertos de Baleares como regresiva, puro populismo punitivo e, incluso, superrepresiva. Inconstitucional en algunos aspectos y muy peligrosa cuando, para algunos, evoca normas de pasados no democráticos al centrar su fuerza en la peligrosidad del individuo. La pena se refuerza como castigo, dejando a un lado o muy maltrecha su finalidad resocializadora. La reforma inicia ahora su andadura y algunos confían en que nunca se aplique en los tribunales de justicia.

Dossier

Novedades propuestas en la reforma El nuevo Código introduce nuevos delitos, tipifica conductas que, según los expertos, ya serían subsumibles en tipos existentes en la norma en vigor, impone medidas que, consideran algunos, chocan con la Constitución, y abre caminos que permiten endurecer, “hasta exacerbar” las penas. Veamos el detalle de algunas de las novedades principales:

• La prisión permanente revisable.

• Libertad vigilada. La medida ya

se introdujo en la reforma de 2010 para delitos sexuales y de terrorismo

En principio, la prisión permanente revisable será aplicable a homicidios de carácter terrorista, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y también a asesinatos agravados, como, por ejemplo, los asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables, los asesinatos múltiples, los cometidos por organizaciones criminales y los que sean subsiguientes a un delito contra la libertad sexual. En estos casos, el tribunal tendrá que aplicar imperativamente la pena de prisión permanente revisable.

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Este es quizá uno de los aspectos que aglutina más consenso en su descrédito. Es una pena similar a la cadena perpetua, con la salvedad de que introduce una revisión que no se llevará a cabo hasta que hayan pasado “entre 25 y 35 años” de condena, dependiendo del tipo de delito y de si se trata de un solo delito o de varios cometidos de forma conjunta.

Dossier y ahora se amplía a otros delitos como los patrimoniales, robos o delitos violentos. El preso, una vez cumplida su condena en prisión y puesto en libertad, debe someterse a control o vigilancia (con distintos mecanismos que van desde la presentación judicial o la colocación de dispositivos, como las pulseras de localización) durante 10 años.

• Detención ilegal con desaparición de la víctima. Se equipara al

homicidio (de 10 a 15 años) cuando el autor se niegue a dar cuenta de dónde está la víctima. La pena se puede elevar a los 20 años si las víctimas son menores de 16 años o la detención está relacionada con una agresión sexual.

• Invitación por Internet al desorden público. Prisión de tres meses

a un año para quienes a través de cualquier medio difundan mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público o sirvan para reforzar la decisión de quienes los lleven a cabo… Algunos interpretan esta medida como la puerta abierta a perseguir el activismo en redes sociales.

• El hostigamiento, nuevo delito sexual. Se crea un nuevo tipo de

acoso sexual consistente en el acecho u hostigamiento que, aun sin ejercer violencia directa, produce en la víctima un estado de constante ansiedad.

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• Delitos sexuales contra menores. Se eleva la edad mínima del consentimiento sexual a los 16 años (ahora está en 13). El adulto que tenga relaciones sexuales con un menor de 16 –aunque sean consentidas- podrá ser acusado de abuso sexual, excepto que el juez estime que existe cercanía suficiente de edad o de grado de madurez entre ambos. Se tipifica el hecho de que se obligue al menor a presenciar una relación sexual con terceras personas y

se amplía el alcance la pornografía infantil. Se podrá perseguir a aquellos que recurran a la prostitución de menores, incluso fuera de España, con penas de prisión de uno a cinco años.

Las faltas desaparecen como tales. Algunas se convierten en delitos leves y otras en sanciones administrativas • Difusión de imágenes íntimas con menoscabo de la intimidad. Quien

grabe imágenes íntimas de otra persona con su permiso pero luego las difunda sin él –menoscabando su intimidad- puede ser condenado con pena de tres meses a un año de prisión (o multa). El tipo intenta responder, según el legislador, al creciente fenómeno entre las parejas de adolescentes de vengarse de sus ex colgando en la red o a través de aplicaciones móviles imágenes de carácter íntimo.

• Desaparece el delito continuado en el ámbito sexual, lo que implica

una agravación de las penas porque se impondrá una pena por cada agresión aunque se produzcan en una unidad temporal.

Sin duda la prisión permanente revisables es uno de los aspectos que aglutina más consenso en su descrédito • Incitación al odio. Se incrementa la persecución de la discriminación, la humillación y la incitación al odio contra minorías, etnias o grupos ideológicos. Aumentan las penas existentes y se castigan supuestos nuevos como la difusión por Internet de escritos que inciten al odio con motivos racistas o xenófobos.

• Piratería. Penas de hasta seis años de prisión para los responsables de webs que ofrecen enlaces donde se pueden descargar ilícitamente obras protegidas por los derechos de autor. No se actuará contra usuarios, buscadores neutrales o los programas P2P.

Se caracterizan como delitos las intromisiones en sistemas informáticos ajenos. También la clonación, posesión y uso de tarjetas de crédito.

• Desaparición de las faltas. Las

faltas desaparecen como tales y algunas se convierten en delitos leves (ejemplo el hurto de cuantía menor, o lesiones, amenazas o coacciones), y otras se convierten en sanciones administrativas. Si el delito de hurto se comete con profesionalidad (por ejemplo los carteristas) podrá ser sancionado con pena de hasta tres años.

• Incendios forestales. Se endu-

recen las penas, hasta seis años de cárcel (hasta ahora eran cinco) e, incluso, hasta nueve años si el incendio afecta a espacios naturales protegidos.

• Cambios en la libertad condicional. Si un preso queda en libertad

condicional pero vuelve a cometer un delito, al regresar a la prisión tendrá que cumplir todo lo que le quedaba de pena cuando salió en libertad condicional mientras que ahora el tiempo que ha estado fuera se le descontaba de la pena. Los condenados, por primera vez, a penas inferiores a tres años, podrán acceder más fácilmente a la libertad condicional: a mitad de condena frente a los dos tercios actuales.

• Delitos económicos y contra la corrupción. Al presentar el proyecto del Código Penal, el Gobierno anunció a bombo y platillo que se introducían importantes cambios

Dossier un enriquecimiento del que lo comete, si no que bastará con probar que ha existido una conducta de deslealtad patrimonial por parte del funcionario. Así, se penan conductas como contrataciones a precios superiores a los reales, celebración de contratos sin prestación, utilización del patrimonio público para fines privados, entre otras.... acciones, todas ellas, ligadas a los casos de corrupción. También se amplía la responsabilidad de las personas jurídicas a las sociedades mercantiles públicas y prevé la sanción de los directivos

La propuesta prevé penas de hastas seis años de prisión para los responsables de webs que ofrecen enlaces donse de pueden descargar de forma ilícita obras protegidas por derechos de autor de las entidades en que se cometan delitos por falta de adopción de medidas de prevención.

• Delitos de insolvencia. Se sancio-

Se amplía el alcance de la malversación. Ya no será preciso acreditar

Se amplía también el concepto de comiso, de manera que en caso de condena por ciertos delitos (entre ellos los de corrupción) el comiso no se limita al dinero, bienes y efectos derivados del delito por el que se ha dictado la condena, si no que se amplía a bienes, efectos o dinero procedentes de actividades similares anteriores.

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Entre los delitos que se incluyen ya en el proyecto destacan, entre otros, los siguientes cambios:

La administración desleal, hasta ahora un delito societario, pasa a ser un delito patrimonial del que puede ser víctima cualquier persona. Castigará la gestión desleal del que administra el patrimonio mediante abuso o deslealtad. Por ejemplo, penará los contratos para la prestación de servicios no útiles, los firmados sin que exista contraprestación o los realizados a un precio superior.

para luchar contra los delitos económicos y la corrupción. Sin embargo, algunas cuestiones relacionadas no figuran de forma clara en todo el anteproyecto y otras, como, por ejemplo, la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos, se planteará primero a los demás partidos políticos para tratar de consensuar su redacción.

na la conducta del quienes frustran e impiden la ejecución de las resoluciones que les condenan al pago ocultando bienes o facilitando la información falsa a los tribunales o a los órganos de la administración encargados de la ejecución.

Dossier JAIME CAMPANER

“El legislador está creando delitos con nombres y apellidos” Algunas de las penas previstas “son incompatibles con los principios de reinserción y reeducación social”

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

Muchos juristas ven escondida en todo el proyecto la alarma social generada entre la ciudadanía por algunos crímenes de especial crueldad.

Para el penalista Jaime Campaner, el proyecto de reforma del Código Penal es continuista en la línea del llamado “populismo punitivo”. A juicio de Campaner está claro que “a raíz de determinados hechos, de relevancia social y mediática, se aprovecha para ir directamente hacia una figura para endurecerla, además de la creación de delitos absolutamente innecesarios para castigar hechos que eran perfectamente subsumibles en figuras delictivas ya existentes”, afirma el penalista. Es el caso –continúa-, por ejemplo, de la difusión de imágenes íntimas, tipo ligado directamente al caso de la ex regidora Olvido Hormigos, cuando los hechos podían integrarse en un delito contra la integridad moral y coacciones”.

“El legislador” –se lamenta el penalista- “está creando delitos con nombres y apellidos... y lo que es más gra-

“Se crean delitos innecesarios, que castigan hechos perfectamente subsumibles en tipos ya existentes” ve, añade, “está introduciendo penas que son incompatibles con los principios de reinserción y reeducación social”. El Gobierno, además, no oculta –advierte Campaner- que con esta reforma está respondiendo a determina-

dos hechos. “No tiene ningún pudor... De hecho, el padre de una de las víctimas está actuando como asesor del Gobierno en esta reforma”, critica el abogado. “No se pueden hacer propuestas desde el desconocimiento del derecho, de las funciones del Derecho Penal... Y hacerlas desde el dolor, un dolor, por otra parte, más que comprensible”. En opinión de Campaner, “no es aceptable que el legislador recurra al instrumento más poderoso, el Derecho Penal, sin intentar, con carácter previo, recurrir a otros remedios jurídicos e incluso no jurídicos y quizás más importantes: medidas educativas y formativas... aunque esas requieren inversión”.

Dossier “Lo que ocurre es que reformar el Código Penal es gratis y la educación, por ejemplo con una asignatura de civismo, formación jurídica básica o talleres de refuerzo para personas inadaptadas con el objetivos de ayudarles a reorientar sus vidas... Son actuaciones que precisarían inversión”.

“La prisión permanente no se puede compatibilizar con el mandato constitucional de reinserción”. Eso, sin contar que “actualmente existen ya penas suficientemente largas que nos pueden llevar a pensar que realmente son ya esa prisión permanente”.

paner señala, como ejemplos, la gravedad de la prisión permanente, lo discutible de algunas cuestiones ligadas a los delitos sexuales o las paradojas que se crean con la eliminación de las faltas.

Y aún añade más. La revisión de la prisión permanente que se contempla “es un fraude”, destaca. Y eso es así, según Campaner, por los recursos mínimos de que se disponen (psicólogos, educadores sociales y otros profesionales) para llevar a cabo esas revisiones. “Es un engaño para los internos esa esperanza de revisión”, apunta. “Es muy difícil garantizar una revisión en condiciones. Ya en la actualidad se hace una primera entrevista... y pasan años hasta que se le vuelve a ver. Los profesionales no son suficientes para ayudar a evolucionar al preso”, advierte el abogado.

Así, respecto de la prisión permanente, Jaime Campaner se muestra rotundo.

A juicio de Campaner, la desaparición de las faltas tampoco es transparen-

A la hora de analizar aspectos concretos del proyecto de reforma, Cam-

“Lo que ocurre es que reformar el Código Penal es gratis y la educación no”

te. “Lo que sucede es que se agrava el castigo porque muchas se convierten en delito.... y, paradójicamente, aquellas que tenían utilidad como faltas desaparecen y se obliga al perjudicado a acudir a la vía civil, donde, además, tendrá que pagar tasas”, critica Campaner. Sería el caso, según explica, de las lesiones por imprudencia, por ejemplo, por accidentes de tráfico.

“La esperanza de revisión de la prisión permanente es un fraude, un engaño para los internos” Cuestiona también el letrado, “la obsesión que tiene el legislador por los delitos sexuales, modificándolos o bajando la edad de consentimiento, “algo que va contra la evolución social del siglo XXI y no va a hacer más que aumentar la litigiosidad y criminalizar situaciones normales”, concluye.

GABRIEL GARCÍAS

De la función resolicializadora de la pena al puro castigo dicos, echando por tierra el principio de que el Derecho Penal tiene que ser siempre la ultima ratio”.

“El proyecto es puro populismo punitivo”

Además, advierte el prestigioso penalista, “el endurecimiento de las penas va en contra de la política criminal moderna y está demostrado que de ninguna manera disminuye la delincuencia”.

Penal como instrumento para la protección de determinados bienes jurí-

En opinión de Garcías, el contenido del proyecto entraña graves riesgos y no sólo por el endurecimiento puniti-

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Garcías define rápidamente la esencia del proyecto. “Es populismo punitivo, reacción ante determinados hechos que han causado impacto

social o mediático”. La creación de nuevos tipos delictivos y el endurecimiento de penas son, en opinión de este letrado, muestras evidentes de ese populismo punitivo “y suponen, además, una huida hacia el Derecho

El abogado penalista y catedrático de Derecho Penal, Gabriel Garcías, confía en que el proyecto de reforma del Código Penal “mejore en muchos aspectos durante su tramitación parlamentaria”. Si no es así, sus palabras evidencian que, como profesor que es, no puede darle más que un suspenso.

Dossier vo y los nuevos tipos que “innecesariamente” introduce. Así, a su juicio, se desvirtúa la función de la pena. “La función de la pena pasa de ser una función resocializadora a ser exclusivamente aflictiva, un castigo”, critica duramente Garcías.

“La reforma se excede en dejar en manos del Derecho Penal la protección de determinados bienes jurídicos”

Explica el letrado que si bien es cierto que la Constitución consagra esa función resocializadora, “también lo es que el Tribunal Supremo ha insistido en que también la tiene de castigo”. “Ahora bien –añade Garcías-, con este proyecto, la balanza no está equilibrada, se inclina totalmente hacia un lado, el del castigo”.

Los nuevos tipos para hechos “que no tienen por qué estar penalizados, como por ejemplo, la convocatoria a través de Internet al desorden público” son, para Garcías, uno de los peligros del proyecto “porque se excede en dejar en manos del Derecho Penal la protección de determinados bienes jurídicos”.

Para Garcías, uno de los aspectos más cuestionables es, sin duda, la prisión permanente revisable para determinados delitos. El profesor cuestiona la figura y especialmente que se fije que la revisión se lleve a cabo a los 35 años , “un periodo excesivo a todas luces. “Afortunadamente – dice con cierto alivio-, el proyecto ha eliminado la custodia de seguridad que sí se planteaba en el anteproyecto”.

Y destaca también el “engaño” de la desaparición de las faltas que la mayoría de los juristas critican. “Desaparecen, pero algunos hechos pueden ser constitutivos de delitos menos graves”. “Además, determinados hurtos con profesionalidad –piensen por ejemplo en el carterista, apunta Garcías- se sancionarán con penas de prisión de hasta tres años”.

Destaca Garcías también los cambios en la detención ilegal. “En la detención ilegal en desaparición se fija una pena de 10 a 15 años como pena única, lo que supone un endurecimiento de la pena, pero es que, además, hay dos supuestos agravados: para aquellos casos en que la víctima fuese menor de edad y aquellos en que el delito se hubiera cometido con una finalidad sexual, caso en el que la pena a imponer será de 15 a 20 años”. El endurecimiento de penas es también significativo, apunta Garcías, en los delitos económicos y concursales o en los relacionados con la corrupción. En resumen, en opinión de Garcías, el nuevo proyecto es otra prueba de “una falta de política criminal coherente”. “Pensábamos que aquel que denominábamos el código de la democracia, el Código Penal de 1995, sería estable y duradero, pero ha sufrido más de 20 reformas y ahora nos encontramos ante una más”. Una más que no supera el examen de Gabriel Garcías.

LADISLAO ROIG

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La vuelta a la peligrosidad del individuo, una vuelta atrás El teniente fiscal de Baleares, Ladislao Roig, afirma que el proyecto de reforma del Código Penal no sólo sigue la tendencia de los últimos textos de endurecimiento de las penas, sino que su filosofía es aún más preocupante por la regulación que plantea de las medidas de seguridad, de esa vuelta a la “peligrosidad” de un individuo como justificación de medidas más allá del cumplimiento de la pena impuesta y cumplida.

“Esta filosofía de modelo de Código Penal supone algo más que una línea continuista (en endurecimiento de tipos y penas); es sencillamente regresiva y entronca directamente con aquella ley franquista llamada de peligrosidad y rehabilitación social felizmente derogada con la llegada de la democracia”, advierte Ladislao Roig. “Cierto es que aquella ley no tenía como requisito previo la comisión de un delito, como se requiere ahora,….y

que los peligrosos eran los homosexuales o las prostitutas… pero en su sustancia tenía la misma filosofía que la recogida por el nuevo proyecto de reforma del Código Penal: hay personas que no pueden vivir en sociedad, que no saben desenvolverse en sociedad y, por ello, hay que apartarlas y encerrarlas”, critica el fiscal apuntando que parece clara cuál es la motivación del legislador: “Retomemos el concepto de peligrosidad

Dossier social y utilicémoslo para apartar a aquellos a los que formalmente definamos como peligrosos”. “Hoy son los delincuentes graves (no todos) y recincidentes, pero ojo a la brecha que se ha vuelto a abrir”, advierte Roig. Roig critica abiertamente la inicialmente prevista custodia de seguridad y la libertad vigilada… “sin olvidarnos de esa horrible figura llamada pena de prisión de duración indeterminada”.

Según Ladislao Roig, el Código de 1995 fue una suave excepción, porque aunque endurecía buena parte de los tipos penales, optaba, de manera bienintencionada, por alternativas carcelarias (como los arrestos de fin de semana, los trabajos en beneficio de la comunidad o las penas multa…), “abriendo la esperanza a

“Cada vez que en nuestra sociedad surge o se agrava algún tipo de problemática social, la respuesta de nuestros poderes públicos sigue siendo la misma: la reforma, para su endurecimiento, del Código Penal” un camino renovador”… “Un camino del que cada reforma posterior se ha apartado”. Así, indica el teniente fiscal de Baleares, “las sucesivas reformas han tenido como finalidad, en su esencia, el

endurecimiento de los tipos penales, a la vez que llevaban al vacío alguna de las alternativas a la cárcel, como la pena de arresto de fin de semana”. “Y es en esa línea de endurecimiento donde se encuentra el actual proyecto de reforma”, concluye Roig.

El fiscal se muestra muy crítico con la “opción” de los poderes públicos, que están eligiendo en nuestro país siempre el endurecimiento de las penas en lugar de prestar una mínima atención a otras opciones, como la educación o la prevención. “Cada vez que en nuestra sociedad surge o se agrava algún tipo de problemática social, la respuesta de nuestros poderes públicos sigue siendo la misma: la reforma, para su endurecimiento, del Código Penal”.

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“Es muy preocupante”, señala Roig, “que en la exposición de motivos se diga claramente que el fundamento de las medidas reside en la peligrosidad del autor, abandonando definitivamente la idea de que las medidas de seguridad no pueden resultar más graves que las penas aplicables al delito cometido”. “Por el contrario”, critica Roig, “se instaura la idea de que el límite de la medida de seguridad se encuentra en la peligrosidad del autor, de forma que las medidas sean proporcionadas no sólo a la gravedad del hecho delictivo sino a aquellos que “se prevea” que el individuo pudiera llegar a cometer...”.

Dossier JOSÉ IGNACIO HERRERO

Hacia la generalización de los actos preparatorios punibles El abogado penalista José Ignacio Herrero es también de los que piensan que el proyecto de reforma del Código Penal “está inspirado a golpe de titulares de prensa”, no sin dejar entrever también una crítica al tratamiento que de determinados hechos han tenido los medios de comunicación, contribuyendo, con ello, a que el legislador se guíe por los titulares.

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Condenas más duras, caída de los requisitos para condenar o creación innecesaria de nuevos tipos penales para hechos -en la mayoría con repercusión social y mediática- que encajan en los ya existentes son, junto a los riesgos que entraña la desaparición de las faltas, algunos de los aspectos más criticables del proyecto en opinión de Herrero. Su valoración global es rotunda. “Absolutamente mala”. Y, desde luego, siguiendo con el alud de críticas que la figura ha generado, José Ignacio Herrero cuestiona abiertamente la prisión permanente revisable. “Es inconstitucional, no permite la resocialización y, además, esa previsión de revisión que contempla es sólo la excusa para poder decir que sí que permite la resocialización...”, asegura Herrero, añadiendo que, en su opinión, “cualquier pena que supere los 30 años impide realmente que alguien se pueda resocializar, incluso si se superan los 15 años”, advierte Herrero. “La cárcel puede acabar siendo el destino de quien se lleve un boli de una papelería”. Con este ejemplo, Herrero

denuncia el riesgo que entraña la eliminación de las faltas. “Llevarse ese boli estará considerado delito y, por tanto, generará antecedentes”, apunta. Pero esa no es la única consecuencia preocupante de la eliminación de

“Cualquier pena pena que supere los 30 años impide realmente que alguien se pueda resocializar , incluso si se superan los 15 años” las faltas. Entraña un serio riesgo, en su opinión, que dejen de poder ser considerados como faltas atentados, resistencia o desobediencia a la autoridad, “de manera que cualquier discusión o incidente con un policía será delito”, explica Herrero. “Eso puede tener dos consecuencias: o bien que se generen muchas absoluciones o

“Cualquier discusión con un policía será delito” que vayamos hacia una situación de estado policial, en que tengas que obedecerlo todo”, critica duramente el letrado. A su juicio, “en esos supuestos de atentado, resistencia o desobediencia se justifican muchas detenciones, de manera que no es más que una prolongación de la protección del Estado

a las fuerzas de seguridad, una protección, por ejemplo, que se evidencia en los indultos y que, ahora, mediante esta reforma se consagra”. A la hora de repasar nuevos tipos o agravamientos de pena, Herrero es muy claro. Así, respecto de los delitos ligados a la corrupción, Herrero asegura que las mayores facilidades que se dan para condenar son innecesarias. “Si no, que se lo pregunten a Cardona” (en referencia al ex conseller del Govern balear actualmente en la cárcel de manera preventiva con una condena a 17 años, la más alta impuesta jamás por delitos de corrupción. La equiparación de “la detención ilegal con desaparición de la víctima al homicidio es un claro ejemplo de que se legisla a golpe de titular” (en referencia al caso Marta del Castillo). “Sin embargo” -añade el abogado- lo cierto es que con la ley que tenemos se puede condenar con asesinato... De hecho, Carcaño está condenado por asesinato”. ACTOS PREPARATORIOS PUNIBLES Innecesario considera también Herrero el delito de difusión de imágenes íntimas... “Con la revelación de secretos se podría condenar hoy”. Mención especial hace Herrero del delito de invitación por Internet al desorden público. “También puede penarse hoy, serían actos preparatorios punibles”. “Es una generalización de los actos preparatorios punibles que lo único

Dossier que van a conseguir es generar inseguridad jurídica”, sostiene Herrero, para quien, además, “tiene detrás el titular de las protestas del 15M”. La elevación del consentimiento sexual a los 16 años tampoco es considerada positiva por el letrado y que el homicidio medial se eleve a asesinato “es una prueba más de que vamos al alargamiento de penas, a la exasperación de penas... y eso no va a conseguir que se vaya a delinquir menos”, mantiene Herrero. Finalmente -destaca Herrero- “también se agravan los delitos económicos, se amplía el delito de alzamiento de bienes, lo que puede generar problemas de seguridad jurídica... Aunque sí que le doy un voto de confianza porque no puede negarse que se ha generalizado esa actitud de “a mí me da igual que me condenen porque soy insolvente...”.

José Ignacio Herrero comparte la opinión de que la reforma está inspirada “a golpe de titulares de prensa”

EDUARDO VALDIVIA

Una reforma precipitada y superrepresiva

Valdivia centra su crítica en que el proyecto modifica de manera sustancial el delito continuado. “El delito continuado tiene como filosofía el criterio pietista, es decir, que cuando alguien

Y lo explica con un ejemplo: “Si una persona comete un cohecho continuado, cinco cobros por tantos sobornos, podrá ver como se le puede imponer una pena que sea la suma de las cinco penas de cohecho”, advierte. En definitiva, considera el abogado, el criterio pietista que permitía, en el

caso de delito continuado, modular la pena queda muy cuestionado y se permite al tribunal que pueda imponer hasta la suma de la pena de todos los delitos. “Una barbaridad”, apunta el abogado. “Se da un arbitrio tremendo al tribunal, hecho que, además, genera gran inseguridad”, añade. Mención aparte merecen las agresiones sexuales, para las que desaparece la posibilidad de considerar delito continuado. “Eso supondrá”, indica Valdivia, “que, por ejemplo, en el caso de una persona que retiene a otra varias horas y la somete a cuatro violaciones, se le impondrá la suma de esas cuatro penas”, señala Valdivia.

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

Recuerda Valdivia que la última reforma es de 2012 y que con gran precipitación se intenta ahora acometer una reforma de mucho calado. Poco o nada bueno tiene que decir Valdivia de una reforma que exacerba la penalidad y genera una enorme incertidumbre.

comete varias acciones es desproporcionado sancionar cada acción como si de un delito autónomo se tratara, un criterio pietista hacia el reo”, explica Valdivia. Ese criterio –añade- lleva a imponer una pena más alta que la del único delito, aunque modulada, pero ahora “se eleva el límite que puede imponer el tribunal hasta la suma de las penas de cada delito cometido”.

Precipitada y superrepresiva. Con estos adjetivos define el penalista Eduardo Valdivia el proyecto de reforma del Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros que iniciará en breve su tramitación parlamentaria.

Dossier SALVADOR PERERA

“Para que el ciudadano confíe en la justicia no hay que endurecer penas, si no dotar de medios la justicia” El abogado Salvador Perera ni siquiera cree que el proyecto de reforma del Código Penal entre en vigor. “Las novedades que introduce y las modificaciones que propone son excesivamente ambiciosas, populistas y controvertidas como para sobrevivir a la travesía parlamentaria”, advierte Perera.

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La crítica de Perera se inicia ya en la Exposición de Motivos del proyecto que justifica la reforma en “la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia que hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas”. “Pienso que para que los ciudadanos confíen en la Justicia no es necesario un nuevo Código Penal, ni siquiera endurecer el actual (uno de los más duros de Europa), ni crear nuevos tipos delictivos. Lo necesario para que exista confianza y seguridad jurídica (“resoluciones previsibles y percibidas como justas”) es dotar a la Administración de Justicia de los medios humanos, técnicos, formativos y materiales necesarios; Pero está visto que esa es una reivindicacion histórica, ya crónica, y que parece no tener ni destinatario ni final”, destaca el abogado. En opinión de Perera, urgen otras actuaciones. “Estimo que es mucho más

Por tanto, en lugar de tipificar nuevos delitos, deberían descriminalizarse muchas conductas cuyo control y régimen sancionador debería reservarse a las instancias administrativas”.

“Está demostrado que el endurecimiento de las penas o la creación de nuevos tipos penales no reduce la delincuencia”

A la hora de analizar el detalle de algunas de las novedades que incluye el proyecto, Perera ve pocos puntos positivos, aunque alguno hay. “Quizás una de las propuestas novedosas –y acertadas- de la reforma es la supresión de las “faltas”, que actualmente sobrecargan los juzgados de instrucción con temas de escasa entidad. Algunas de ellas pasarían a la categoría de “delitos leves”, desapareciendo el resto”, apunta.

urgente acometer una profunda reforma de la Ley Procesal Penal (que ha sido remendada y parcheada durante los últimos 100 años), que crear un nuevo Código Penal que recién ha cumplido su mayoría de edad”.

A su juicio, “casi todos los nuevos supuestos delictivos que incorpora el proyecto (piratería, contra la mujer, societarios, malversación, cohecho, incendio….) no hacen sino ampliar la casuística de las distintas formas de comisión de los delitos, pero tales conductas tienen ya actualmente perfecto encaje en los tipos penales vigentes. De ahí su innecesariedad”.

Tampoco comparte el penalista la filosofía del proyecto de reforma. “Además, está demostrado que el endurecimiento de las penas o la creación de nuevos tipos penales no reduce la delincuencia.

“En definitiva, un nuevo frente abierto y de incierto final, en la ya maltrecha, zarandeada y olvidada Administración de Justicia”, concluye con preocupación el abogado.

Dossier CARLOS PORTALO

Puro y duro derecho penal de autor, no de hechos

Portalo incide en la problemática –y al final mucha mayor punidad- que puede suponer la en teoría positiva eliminación de las faltas.”Podemos estar de acuerdo en que algunas faltas no tienen sentido, pero lo que, desde luego, es ilógico es convertir hechos que hoy son faltas en delitos leves con el argumento de que es necesario descongestionar la justicia penal”, advierte Portalo. Las consecuencias pueden ser de calado. “Los expedientes se seguirán tramitando y lo que puede ocurrir es que por el hurto de un cartón de leche a una persona se le generarán antecedentes penales, circunstancia que condicionará su futuro, porque si ha tenido ya o repite un hecho similar puede acabar en la cárcel”.

Contundente se muestra Carlos Portalo a la hora de abordar uno de los aspectos más controvertidos del proyecto: la prisión permanente revisable. No tiene duda. “Para mí es claramente inconstitucional por vulnerar el principio de reinserción de la pena privativa de libertad”. La nueva concepción de las medidas de seguridad no salen mejor paradas del examen. “La modificación de las bases consolidadas de las penas y las medidas de seguridad supondrá que éstas últimas se fijarán en atención de la peligrosidad de la persona en relación al hecho cometido, sin atender a sus circunstancias personales”. “Por ejemplo”, explica Portalo, “una persona en un momento concreto o por determinadas circunstancias puede cometer un delito y eso no puede presuponer que vaya a volver a repetirlo”. “Además –advierte el letrado- las medidas se podrán fijar atendiendo a los factores necesarios para evitar la peligrosidad del autor, sin condicionarlo, como ahora, a la pena de prisión”. También considera preocupante Portalo la revisión del sistema de suspensión y sustitución de la ejecución de la condena porque “el nivel de decisiones de carácter potestativo del magistrado es

mucho mayor, con la consiguiente inseguridad jurídica para el justiciable”. Muestra de la criminalización generalizada de conductas que busca el proyecto son, por ejemplo, según destaca Carlos Portalo, nuevos tipos que “criminalizan la libertad de expresión y la protesta social” (en referencia, por ejemplo, a la penalización de la difusión de una protesta mediante twitter u otras redes). “Incluso –señala Portalo- un comportamiento solidario puede llegar a ser delictivo”. “Sería el caso, -explica-, de aquel que alquila su casa a un precio simbólico a una persona sin papeles para ayudarle o al abogado que le defiende en un caso y también le cobra un precio muy bajo”. Otro ejemplo preocupante que, según Carlos Portalo, va en esa misma línea represiva es que la resistencia pasiva puede ser constitutiva de un delito de atentado, “lo cual va en contra de la esencia de ese delito”. Sí, se refiere Portalo a la típica “sentada” de protesta que nada hace ante la presión policial. Y, finalmente, Portalo llama a la reflexión de nuevo sobre el grave riesgo de la peligrosidad que tanto maneja el proyecto. “Es que se llega a equiparar la enfermedad mental con peligrosidad. Por tanto, esto nos sitúa claramente en un Derecho Penal de autor no de acto… Y en un Derecho Penal de peligrosidad, no de culpabilidad”.

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El riesgo que entraña la eliminación de las faltas, el hecho que ataque la libertad de expresión y que, incluso, castigue determinados comportamientos que a ojos de cualquiera son acciones solidarias, son algunos de los aspectos más negativos de la nueva propuesta de Código Penal para Carlos Portalo, sin olvidar, los graves cambios que afectan a las medidas de seguridad... “Eso ya es puro y duro Derecho penal de autor, no de hechos”, advierte con gran preocupación Portalo.

“En realidad”, destaca Portalo, “lo que se pretende es dar un tratamiento ejemplar al multirreincidente, más allá de que el objeto de la acción delictiva sea el hurto”. Para el penalista, no hay duda de que se busca dar “un tratamiento definitivo de carácter represivo a la multirreincidencia en las faltas”.

El penalista Carlos Portalo no duda en asegurar que el proyecto de reforma del Código evidencia una clara voluntad del legislador “de criminalizar conductas de manera generalizada”. Al igual que los demás abogados consultados por Missèr, se muestra preocupado por el hecho de que, finalmente, la reforma se consume en los términos en que está planteada.

Dossier CRISTINA GÓMEZ

Violencia de género: pasos atrás en penalidad El proyecto de reforma del Código Penal ha sido “vendido” por el gobierno como un instrumento para la lucha contra la corrupción. Ahora bien, de entrada la tan reclamada financiación ilegal de partidos políticos de momento no figura en proyecto.

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La abogada menorquina Cristina Gómez explica que el proyecto recoge un tipo (en el artículo 286.6) que contempla una pena de tres meses a un año de prisión o multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial desde dos a seis años para el representante legal o administrador de hecho o de derecho de cualquier persona jurídica, empresa o entidad que no actúe con la diligencia debida para evitar esas actividades delictivas. El ministro de justicia apuntó que eses artículo puede ser extensible a los partidos políticos que, por ejemplo, no adopten las medidas adecuadas respecto de las actividades de sus tesoreros o gerentes. “El hecho de que desmarquen a los tesoreros de dirección… huele un poco si contextualizamos esta idea en la actualidad”, advierte Gómez sin citar, pero dejando claramente sobre la mesa el caso Bárcenas. ¿Sería el único que respondería de una eventual financiación ilegal? De igual modo que otros compañeros, Cristina Gómez muestra su preocupación por alguno de los nuevos tipos que introduce el proyecto, como la invitación por Internet al desorden público, la movilización a través de la

red a actos de protesta. “Es una intromisión en las acciones de disidencia”, señala la abogada. “Tendremos que estar vigilantes en saber cómo se controlan estas comunicaciones, cómo se dan cuenta de que se está haciendo esa convocatoria”, advierte Cristina Gómez, además

“Habrá que estar muy vigilante sobre cómo controlan las comunicaciones para castigar convocatorias por Internet”

to del acuerdo alcanzado entre las partes en virtud de mediación. “La mediación hasta ahora quedaba excluida cuando había violencia”. La prisión permanente “casi ni merece comentario”, apunta Gómez, recordando el propio CGPJ ya ha dicho que es inconstitucional, además de destacar que, de nuevo, “es legislar en función de las noticias, para contentar a determinados sectores”.

de criticar que ese tipo es también legislar “a golpe de titular”.

Y la eliminación de las faltas no es vista por Cristina Gómez como una solución a la congestión de la administración de justicia, en un país “a la cola en el número de jueces por habitante”. “Si ese era el objetivo a la hora de eliminar las faltas… no es el camino”, advierte.

Critica también Gómez que en materia de violencia de género se dan pasos atrás en la penalidad y cuestiona abiertamente que se introduzca la posibilidad de que el juez o tribunal pueda condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimen-

Para finalizar Gómez pone en valor algunas novedades del proyecto como la tipificación del matrimonio forzado o de la divulgación de imágenes íntimas, así como la mayor protección que, en diferentes tipos, se otorga a los menores de edad.

Notícies

Convocades eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern de l’ICAIB Més de 3.500 col·legiats tenen cita amb les urnes el 19 de desembre de 2013 El 31 d’octubre de 2013, la Junta de Govern va acordar convocar eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern de l’ICAIB, que tindran lloc el 19 de desembre de 2013, de les 10 a les 21 hores, a la sala d’actes de la seu palmesana del Col·legi.

Es podrà votar presencialment o per correu (certificat). Tenen la condició

QUI POT SER CANDIDAT? Poden ser candidats els electors residents a les Illes Balears sempre que no estiguin incursos en cap ninguna de les situacions següents: a) estar condemnats per sentència ferma

El termini per presentar candidatures acaba a les 16 hores del 4 de desembre de 2013 que impliqui la inhabilitació o la suspensió per a càrrecs públic, mentre aquestes subsisteixen; b) haver estat sancionat a qualsevol col·legi d’advocats, si no han estat rehabilitats, i c) ser membres d’òrgans rectors d’un altre col·legi professional.

Junta General Ordinària per a examinar i votar el pressupost col.legial per a l’exercici del 2014 El 31 d’octubre de 2013, la Junta de Govern de l’ICAIB acordà convocar els col·legiats a la Junta General Ordinària, que tindrà lloc el 19 de desembre de 2013, a les 9 hores, a la sala d’actes de la seu palmesana de l’ICAIB, i que es retransmetrà per videoconferència a les seus de Menorca, Eivissa, Inca i Manacor.

Entre els punts de l’ordre del dia figura l’examen i la votació del pressupost col·legial per a l’exercici del 2014. Els col·legiats interessats poden consultar la informació relativa a la convocatòria i al projecte de pressuposts col·legials al lloc web de l’ICAIB.

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El termini per presentar les candidatures, que han d’estar subscrites pel candidat i que poden ser conjuntes per a uns quants càrrecs o individuals per a càrrecs determinats, estarà obert fins a les 16 hores del 4 de desembre de 2013.

d’electors tots els col·legiats incorporats a l’ICAIB amb més de tres mesos d’antelació a la data de la convocatòria, així com els advocats de la UE amb idèntica antelació.

La convocatòria afecta els càrrecs de vicedegà, secretari, tresorer i diputats segon, quart, novè i desè. Així mateix, s’acordà proveir mitjançant elecció el càrrec de diputat setè, vacant per renúncia, per al període restant del mandat.

Cafè legal

Maria Luisa Cava de Llano:

«Les administracions haurien d’aplicar el principi menys burocràcia i més cor» L’exdefensora del poble també es referí durant el Cafè Legal a la dramàtica situació dels reclusos espanyols que estan a presons estrangeres L’exdefensora del poble, Maria Luisa Cava de Llano, protagonitzà el divendres 19 de juliol el Cafè Legal de l’ICAIB, en el decurs del qual va parlar de la seva etapa al capdavant de la institució del Defensor del Poble, un organisme, digué, que «enamora i emociona» i que resulta molt fructífer en la defensa dels drets humans.

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Cava de Llano va fer especial referència a la «situació atroç» en la qual es troben molts dels reclusos espanyols que estan a presons de l’estranger, sobretot els que compleixen condemna a determinades presons d’Amèrica del Sud, Àfrica i Àsia, i, en aquest sentit, va assegurar que la política del Defensor del Poble ha estat i és fer tot el que sigui possible perquè aquestes persones puguin complir la pena a Espanya. També va sol·licitar a l’advocacia que segueixi molt a prop el cas de Pedro Ibar, el ciutadà espanyol que es troba al corredor de la mort d’una presó de Florida acusat d’assassinat, ja que, recordà, la suposada prova en contra seu és un vídeo en blanc i negre amb imatges molt borroses. Finalment, i amb relació a l’Administració de justícia, Maria Luisa Cava de Llano apuntà que sens dubte són les dilacions indegudes les que centren les queixes dels ciutadans. En aquest sentit, l’exdefensora del poble es mostrà partidària que, no tan sols la justícia, sinó també totes les administracions públiques apliquin en les seves actuacions el criteri de «menys burocràcia i més cor».

El Defensor del Poble, un baròmetre social Durant la seva intervenció a l’ICAIB, Maria Luisa Cava de Llano es mostrà convençuda que el Defensor del Poble és «l’autèntic baròmetre de la societat espanyola», com ho demostren, al seu parer, els canvis que al llarg del temps s’han produït en el contingut de les queixes presentades pels ciutadans davant aquest organisme. Així, va dir, si als anys vuitanta eren molt freqüents les reclamacions relacionades amb la sanitat, en els darrers anys ho són les reclamacions de contingut econòmic, com les que afecten les clàusules abusives o les participacions preferents, les quals, digué, han assolit el protagonisme. Aquestes queixes, assegurà, no cauen en sac foradat, ja que, de fet, han originat diversos dictàmens, informes i propostes del Defensor del Poble que, si bé no són vinculants, sí que són considerats en un alt percentatge per las administracions públiques. Un exemple d’això seria l’informe sobre els efectes de la crisi hipotecària que elaborà aquesta institució, en el qual es feien una sèrie de recomanacions de caire preventiu i pal·liatiu i se sol·licitava l’adopció de mesures excepcionals per a les persones afectades per l’impagament d’hipoteques.

Cafè legal

El periodista Iñaki Gabilondo adverteix del risc greu de destrucció de la presumpció d’innocència se substanciï l’acció judicial», i molt més encara amb la irrupció del fenomen d’Internet i de les xarxes socials.

El periodista considera que són moltes les ocasions en les quals «l’acció periodística ha pres decisions abans que se substanciï l’acció judicial» centrada en un procés garantista ha posat en un risc evident de destrucció el principi de la presumpció de innocència, ja que, digué, són moltes les ocasions en les quals «l’acció periodística ha pres decisions abans que

Com conciliar els temps del periodisme i els de la justícia? Com compaginar el dret a la informació amb altres drets fonamentals? Com aconseguir que un cas no estigui ja sentenciat abans que hagi començar el judici? Un tema, afirmà, de difícil solució, però «d’importància tan extraordinària que mereix ser analitzat amb molta cautela i delicadesa i que ha de ser motiu d’una reflexió profunda», perquè, afegí, la presumpció d’innocència afecta l’estructura mateixa de l’estat de dret.

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El periodista assegurà que la falta de sincronia entre la velocitat vertiginosa que caracteritza la informació i el periodisme i el ritme necessàriament més pausat que ha de dur una justícia

És periodista, però no amaga el seu descontent amb una professió que considera, en bona part, «la trituradora de la presumpció d’innocència». Iñaki Gabilondo fou el dilluns 23 de setembre el protagonista indiscutible dels berenars Cafè Legal que organitza l’ICAIB i no va escatimar crítiques cap als judicis paral·lels, el tribunal dels titulars. Durant la seva intervenció, titulada «Justícia i periodisme: democràcia a dues velocitats», el periodista convidà la societat i els mitjans de comunicació en particular a fer una reflexió profunda sobre el significat, la dimensió i l’abast que ha de tenir, i al seu parer no té, el dret a la presumpció d’innocència, que considera un dels pilars essencials de la nostra democràcia, el qual, tanmateix, està essent triturat.

Tot i així, Gabilondo no en culpà només la premsa. També, al seu parer, altres operadors jurídics tenen culpa del risc seriós en què es troba la presumpció d’innocència. De fet, reflexionà, si ens hi fixam, «veurem com a la major part de les informacions periodístiques sobre casos que es troben en procés judicial o en fase d’investigació no fan cap referència ni una a les proves de la defensa». Filtracions parcials i interessades, secrets de sumari que no són tals i altres pràctiques envaeixen la informació.

Opinión

ARBITRAJES Y LEY DE TASAS

Por Lorenzo Ros Sánchez. Exdecano del ICAIB..

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

Aún antes de 1988, que se publicó la Ley de Arbitraje privado, según la cual cuando ambas partes en documento privado o público sometían sus diferencias a un arbitraje debían cumplir con dicha obligación, salvo que, de común acuerdo, acudieran a la jurisdicción civil, al contrario de la legislación anterior que daba preferencia a la jurisdicción civil. Es decir, de acuerdo con nuestra legislación, lo pactado en documento público o privado y aún oralmente, las partes se deben someter al arbitraje, sea de derecho o de equidad. Por el arbitraje de derecho el laudo debe fundarse en la legislación, por el de equidad los árbitros no están ligados al derecho y pueden resolver según un criterio que consideren más justo y adecuado al caso que se les ha sometido.

El arbitraje privado tiene una serie de virtudes: a) Se resuelve rápidamente. El Reglamento del ICAIB establece un máximo de seis meses. b) Los árbitros son elegidos de común acuerdo y si éste no se da, los elige el Colegio de Abogados, si tramita el arbitraje. c) Hay un ahorro de procuradores. d) Se pueden adoptar medidas cautelares a través de los árbitros por medio del juzgado competente. e) Los árbitros son responsables de dictar el laudo en plazo. f) No existe recurso de apelación sobre el contenido de la cuestión sometida a laudo, aunque sí sobre las formalidades que se deben seguir como son la demanda, la contestación, la prueba y las alegaciones.

No hace mucho escribí un artículo que expresaba que no hay mal que por bien no venga. El mal actual es la crisis, el bien es el descubrimiento de todos los actos de corrupción de la sociedad en general. Pues bien, uno de los inconvenientes que ve la gente en general en someter sus litigios a un arbitraje es el de la corrupción. El arbitraje debe ser siempre decidido por abogados de reconocido prestigio. El Colegio de Abogados exige dos requisitos, entre otros, para ser nombrado árbitro: ser abogado con un ejercicio de la profesión de un mínimo de 5 años y no haber sido sancionado. Después de haber intervenido en múltiples arbitrajes, durante mis más de 50 años de profesión, puedo asegurar que no

Opinión conozco ni un solo caso de abogado-árbitro que haya sido acusado de corrupción. Distintas son las quejas del que pierde el pleito, pues ello no es agradable. También uno de los aspectos positivos del arbitraje son sus costas. Actualmente, en que nuestro ministro de Justicia se ha sacado de la manga las tasas judiciales para eliminar procesos (sin enfermos no hay enfermedad) examinemos cuales son dichas costas: a) Un juicio con una cuantía de 100.000 euros debe pagar una tasa de 300 € en primera instancia más 500 € de cuota variable y 800 € más 500 € de cuota variable en segunda instancia. b) Un juicio con cuantía de 200.000 € debe pagar una tasa de 300 € más 1.000 € de cuota variable. En segunda instancia, 800 € de tasa más 1.000 € de cuota variable. c) Un pleito con una cuantía de 300.000 € debe pagar una tasa de 900 € más 1.500 € de cuota variable en primera instancia y en segunda instancia, 800 € de tasa y 1.500 € de cuota variable.

Y así sucesivamente. En el arbitraje privado: a).- Los árbitros sólo pueden cobrar 1.801 €, con un máximo de 3.606 € cualquiera que sea la cuantía. Creo que la diferencia es enorme a favor del arbitraje. Pero aparte de todo lo anteriormente dicho, un juicio declarativo tarda en la jurisdicción civil unos diez años en la firmeza de la sentencia si se acude al Tribunal Supremo. Es verdad que se puede solicitar la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia, pero hay que afianzar el posible resultado negativo y no se tarda menos de tres años en que se dicte. Puedo mostrar ejemplos de que después de admitida una demanda y contestada, se ha señalado la comparecencia de las partes un año y medio después. No tienen la culpa los jueces y magistrados sino el ministerio de Justicia, que debe duplicar al menos el número de jueces, aún después de haber aumentado

considerablemente la plantilla, pues en épocas de crisis económicas, los incumplimientos económicos son frecuentes por falta de liquidez. Así se tuvo que promulgar la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, después de la primera Guerra Mundial y actualmente dicha falta es tanta que los litigios se han multiplicado. El ministerio de Justicia con las tasas judiciales ha pretendido curar el peso en los justiciables. Sin pleitos no hay procedimientos. Hay que matar a los enfermos. Sin enfermos no son necesarios los médicos ni las medicinas. Cuando era decano del Colegio recibí una carta en la que un abogado que perdió el pleito en un arbitraje, alababa la institución por su pulcritud. Reflexionemos sobre lo dicho en este artículo y establezcamos, tanto abogados como notarios, cláusulas de sometimiento a arbitraje de equidad o de derecho administrados por el ICAIB, pues ello redundará en el beneficio de los justiciables y de la Justicia.

Toni Barceló, in memoriam Por Bernardo Garcías. Abogado.

Enemigos, ninguno; amigos, todos. Y compañero como el que más. Nunca hizo alarde, pudiendo hacerlo, de su amplísima cultura jurídica, conociendo cuanto publicaba el BOE y el BOCAIB, amén de monografías y jurisprudencia.

Durante 45 años fuimos compañeros de despacho. Con su padre Don Alfonso y su hermano Miguel (en Miet), de grato e inolvidable recuerdo, hasta que fallecieron, y después con su hijo Alfonso, Pere Pons y otros compañeros más jóvenes. Y nunca, jamás, hubo el más ligero disgusto ni discusión. Habiendo sufrido hace cinco años una grave intervención quirúrgica de cáncer de pulmón, la superó. Hasta

que una simple insuficiencia respiratoria derivada de un leve resfriado le hizo subir a la barca de Caronte, en la noche del pasado día 13 de octubre. El velatorio en el cementerio de Son Valentí, con numerosos abogados que acudieron a despedirle, fue una muestra inequívoca del aprecio que se le tenía, a él, a su hijo Alfonso, que sigue la saga del despacho Barceló, a su esposa, también letrada, y demás familiares. Desde aquí quiero dejar constancia del recuerdo de un buen compañero y mejor amigo. Descansa en paz, Toni.

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

Fue un hombre afable, comedido, sosegado y satisfecho, que respiraba bonhomía por doquier.

Nunca hablaba por hablar, sino para decir algo. Nunca se le escapó necedad alguna, porque ni siquiera la pensó.

Hace cinco años, Caronte, barquero de Hades, Zeus de los muertos, a cara descubierta se lo quiso llevar y no pudo. Ahora, a tres años de alcanzar la insignia de oro del Colegio, traicioneramente lo logró.

Opinión

El Código Penal de Gallardón y la doctrina Parot Por Juan Cardona Torres. Doctor en Derecho. Autor del Libro “Derecho Penal. Parte especial”.

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

La exposición de motivos del Proyecto de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal remitido por el Gobierno al Congreso de Diputados empieza con unas palabras que denotan expresamente la preocupación del Ejecutivo hacia el clamor social de la ineficacia de la Justicia en España, indicando que la finalidad de tal reforma es “la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia” lo que “hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas”. La preocupación, por tanto, del Gobierno del PP es que la sociedad se sienta satisfecha con la actuación de la Justicia, dando por buenas, previsibles y justas las resoluciones que dicta. A continuación, indica cuáles sean algunas de las reformas para conseguir tal finalidad: la incorporación de la prisión permanente revisable (lo que antes se denominaba la cadena perpetua, si bien con la posibilidad de revisión de la pena por aquello de que la Constitución prevé la resocialización del penado, no siendo por tanto constitucional si se aplicase directamente la cadena perpetua sin posibilidad de restitución del penado a la vida social); además se prevé la ampliación del ámbito de aplicación de la libertad vigilada y la revisión de la regulación del delito continuado. Estas dos últimas modificaciones tienen que ver con la agravante que se quiere dejar constancia contra los delitos de terrorismo, violencia de género y

agresiones sexuales, a los que no serán aplicables las ventajas penales del denominado delito continuado, sino que se castigarán individualmente cada uno de los hechos de violación y demás agresiones, a cuyos delincuentes se les aplicará, además, una ampliación de la medida de libertad vigilada, tras el cumplimiento de la pena, según la peligrosidad de aquellos que pudieran volver a reincidir, como así se ha dado en algunos casos ante el estupor de la

“No estaría de más recordar al Ejecutivo que no deje pasar esta oportunidad para poner los puntos sobre las íes en relación a cuestiones tan importantes como la aplicación de las penas de forma clara, sin que tengan que recurrir los jueces a interpretaciones forzadas, tal como ha ocurrido con la doctrina Parot” sociedad que ve cómo se concede la libertad a ciertos delincuentes que vuelven a delinquir al poco tiempo de salir de la cárcel. Aparte de algunas reformas de carácter técnico orientadas a incrementar la eficacia de la justicia penal, tales como la modificación de la nueva regulación de la suspensión y de la

sustitución de las penas privativas de libertad, siendo importante el tratamiento que se dará a partir de la reforma a los que adquieran la situación de libertad condicional, en el supuesto de que vuelvan a delinquir cuando se hallen en esa situación, pues deberán volver a la cárcel para cumplir la pena en su integridad; o de la regulación del comiso, con una ampliación del posible decomiso de los bienes obtenidos de forma ilícita por el delincuente y no sólo los relativos al objeto del delito concreto por el que ha sido condenado; resulta llamativo la supresión del libro III del Código Penal relativo a las faltas penales que desaparecen como tales, quedando sólo algunas tipificadas como delitos leves y dejando el resto a la regulación administrativa, para liberar así al sistema penal de la sobrecarga de procesos penales, orientando tal reforma por el principio de intervención mínima de la Justicia penal para que pueda dedicarse a los hechos delictivos de más peso, es decir, a juzgar con más prontitud y eficacia los delitos graves. Por último, se acomete la reforma en la parte especial del Código Penal por lo que respecta a algunos delitos que precisan de mayor atención y punibilidad, especialmente por su actual incidencia en la corrupción, o en otros ámbitos, que se han visto desbordados en esos últimos años, como los incendios intencionados o los delitos contra la propiedad intelectual o la intimidad y delitos sexuales a menores de 16 años.

Opinión Asimismo, como se ha hecho ya en las anteriores reformas, se adecua el texto penal español a las últimas Directivas de la Unión Europea. Como colofón a tan amplia modificación del Código Penal, no estaría de más recordar al Ejecutivo que no deje pasar esta oportunidad para poner los puntos sobre las íes en relación a cuestiones tan importantes como la aplicación de las penas de forma clara sin que tengan que recurrir los Jueces a interpretaciones forzadas, tal como ha ocurrido con la doctrina Parot que ha sido enmendada

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habiendo sacado los colores a los gobernantes de nuestro país y exaltado los ánimos de los ciudadanos que se han visto afectados al ver la impunidad de aquellos delincuentes que se han visto beneficiados con la excarcelación por cuestiones de fallos técnicos en la aplicación legal de la norma penal (revestidos de la preponderancia de los derechos humanos), aún después de haber sido condenados a cientos de años por sus múltiples crímenes. Todo ello por falta de previsión y claridad de las leyes penales españolas, lo que ha conducido precisa-

mente a lo que intenta paliar esta reforma del Código Penal, es decir, a la falta de confianza en la Administración de Justicia por parte de la sociedad. De todas formas auguro que, después de alrededor de treinta reformas que ya se han llevado a cabo del Código Penal de 1995, no será esta la última, pues muy pronto está previsto que con la promulgación de la enésima reforma de la ley del aborto, que el ministro Gallardón está preparando, afectará igualmente al Código Penal en la cuestión sobre la penalización del aborto.

“Fresh start” o “segunda oportunidad” para el concursado persona física Por Javier Blas Guasp. Abogado.

Anteriormente a la publicación de esta Ley, las personas físicas padecían un agravio respecto a las jurídicas, puesto que hasta su entrada en vigor el concursado persona física, una vez liquidado su

En el supuesto de las personas jurídicas, el régimen es distinto, puesto que al concluirse el concurso, se extingue la personalidad jurídica y se acuerda la cancelación de la hoja registral. Los administradores y/o apoderados de las sociedades insolventes, pueden volver a operar en el mercado, con las limitaciones que pueda acarrear una eventual sentencia de calificación, acudiendo a la constitución de nuevas sociedades que, sin perjuicio de eventuales derivaciones de responsabilidad, no vendrán gravadas con la obligación de

atender las deudas que arrastra la sociedad concursada en liquidación. La Ley concursal hasta esta reforma no contemplaba un derecho a una “segunda oportunidad”, para las personas físicas insolventes, que se encontraban sometidas a la responsabilidad patrimonial universal establecida en el artículo 1911 del Código Civil y artículo 6 del Código de Comercio. Pues bien, la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores afronta por primera vez esta cuestión y recoge en el Capítulo V “Acuerdo Extrajudicial de Pagos”, artículo 21.cinco una modificación de la Ley Concursal que no sólo afecta a los emprendedores, sino a cualquier persona física insolvente y que viene a “poner fin” a esta previsión del Código Civil para el deudor responsable-no culpable, entendiendo por tal aquel a que le sobreviene la situación de insolvencia sin haberla provocado y acude a las previsiones de la Ley Concursal.

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El objeto de la nueva ley contempla un paquete de medidas de distinta índole con la finalidad de impulsar la actividad empresarial y emprendedora, si bien vamos a abordar una de la reformas de la Ley Concursal introducidas por esta Ley, concretamente, la novedosa introducción, por primera vez, en nuestro ordenamiento jurídico, del principio, ya recogido en otros de nuestro entorno, denominado “fresh start”, que limita el principio de responsabilidad universal del deudor, que hasta ahora venía siendo intocable.

patrimonio en el procedimiento concursal, a pesar de la conclusión del concurso, seguía aún debiendo el pasivo pendiente, siendo tratado igual tanto si el concurso del deudor hubiera sido declarado culpable o no culpable, puesto que el deudor seguía respondiendo, con sus bienes presentes y futuros de las deudas no satisfechas en el procedimiento concursal, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.911 del Código Civil y artículo 6 del Código de Comercio.

El pasado 28 de septiembre de 2013, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, norma que entró en vigor respecto al tema que nos ocupa el pasado 18 de octubre del 2013.

Opinión Se modifica el artículo 178.2 de la Ley Concursal y se introduce la remisión del pasivo pendiente, es decir de las deudas pendientes de pago, en los casos de liquidación del concursado deudor persona natural o “fresh start”, si bien dicha condonación es parcial, pues se excluye las de Derecho Público (deudas tributarias y de Seguridad Social) y se somete a severos requisitos, esto es, que además de no haber sido culpable el concurso, no haya sido condenado por insolvencia punible o delitos singulares relacionados con el concurso, debe de tener el deudor activo suficiente para el pago de todos los créditos contra la masa y de los créditos privilegiados (como por ejemplo, satisfacer íntegramente las deudas garantizadas con hipoteca) y el 25% de los créditos concursales ordinarios, porcentaje que sigue siendo muy alto a la vista de que casi el 95 % de los concursos acaban en liquidación . A la vista de lo anterior, el ámbito de aplicación tras esta reforma concursal que prevé la Ley de emprendedores es muy reducido, ya que para que se lleve a cabo la “remisión”, es decir, la cance-

lación de las deudas insatisfechas del deudor persona natural, se exigen unos umbrales de pasivo satisfechos muy elevados, difíciles de cumplir. En el caso del empresario persona natural se prevé un régimen distinto, es decir, se prevé un fresh start un poco más generoso para los empresarios , aunque sigue siendo restrictivo, ya que se dispone que si el deudor intentó sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos, novedad introducida a través de la incorporación de un nuevo Título X a la LC, cabe la exoneración de todo el pasivo no satisfecho, con excepción de los créditos de Derecho Público, sin necesidad de abonar ni siquiera el 25% de los créditos concursales ordinarios, siempre que se hayan abonado los créditos contra la masa y privilegiados y no haya sido declarado el concurso culpable (artículo 242.2.5 LC). La realidad es que en la inmensa mayoría de concursos de las personas físicas el pago completo de estos créditos es un obstáculo prácticamente insuperable. Así se ha podido ir constatando en los concursos que se tramitan ante los

juzgados mercantiles, ya que en una gran parte de concursos ni siquiera pueden ser atendidos la totalidad de los créditos contra la masa, siendo éstos los primeros pagos a efectuar, conforme la prelación de créditos que se establece en la Ley Concursal. En definitiva, para que de alguna manera pueda salir rehabilitado el concursado persona física será necesario actuar con celeridad y presentar el concurso cuando es aconsejable y no cuando es obligatorio, además de acudir al concurso con cierta liquidez, es decir, con un activo más que suficiente para poder hacer frente a dichos créditos anteriormente reseñados y de este modo poder volver a empezar con un nuevo proyecto. Finalmente, es preciso reseñar que esta novedosa modificación legislativa solo se aplicará, de acuerdo con la Disposición Transitoria de la LE, a los concursos de personas físicas que se declaren a partir del 18 de octubre del 2013, por lo que no será de aplicación a los concursos ya declarados y por tanto conocidos en la praxis como concursos “vitalicios”.

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Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2013 sobre la calificación de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero devengadas con posterioridad a la declaración de concurso. Interpretación artículo 62.1 de la Ley Concursal Por Mar Colomar Guardiola. Abogada. Desde hace varios años viene debatiéndose en nuestra doctrina y Tribunales la calificación que deben tener las cuotas derivadas de un contrato de arrendamiento financiero “leasing” devengadas con posterioridad a la declaración de concurso.

Las posturas de las distintas audiencias provinciales existentes a lo largo de estos años en torno a esta cuestión las podemos sintetizar en dos. Mientras que para algunas el contrato de leasing es un contrato de tracto sucesivo, con obligaciones recíprocas

pendientes de cumplimiento, ya que no se entiende el contrato cumplido por ninguna de las partes, a pesar de que la entidad de leasing o arrendadora financiera haya hecho entrega del bien al usuario o arrendatario, pues le debe mantener en el uso y posesión

Opinión

Las consecuencias de una y otra son claramente distintas: en el primer caso, resulta aplicable el artículo 61.2 de la LC y en el segundo caso, el artículo 61.1 de la LC.

El supuesto de hecho que se analiza en esta última sentencia dictada es el de la resolución de unos contratos de leasing instada por la concursada- arrendataria de los contratos en interés del concurso, habida cuenta de la falta de viabilidad empresarial y el cese de su actividad.

El Tribunal Supremo acaba de dictar recientemente, concretamente el pasado 5 de septiembre de 2013, la sentencia nº 523/2013 (rec.376/2012) en virtud de la cual declara que las cuotas del arrendamiento financiero vencidas con posterioridad a la declaración de concurso son créditos contra la masa, en aplicación del artículo 61.2 LC. Dicha sentencia es de suma importancia en la práctica porque resuelve precisamente lo contrario a lo que nuestro Alto Tribunal había establecido en su anterior sentencia dictada este mismo año 2013 (STS nº 44/2013, de fecha 19 de febrero de 2.013, rec.802/2012), en virtud de la cual se basaba en que para poder conocer si la relación jurídica nacida del contrato de leasing financiero mobiliario seguía funcionando como sinalagmática después de declarado el concurso- por estar pendientes de cumplimiento obligaciones recíprocas a cargo de las dos partes- había que atender a las cláusulas válidamente convenidas, en cada caso, por los contratantes. Y en ese caso, en el contrato de leasing suscrito con la entidad de leasing la única obligación pendiente para el arrendador era la de no perturbar al arrendatario, lo que no constituía una obligación concreta, suponía un deber de conducta general ya cumplido con la entrega del bien objeto de leasing. Por tanto, se concluyó que no existían obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, por lo que situaba el contrato en el artículo 61.1 LC y mantenía la calificación del crédito concursal.

El Tribunal Supremo asienta esta doctrina jurisprudencial y dota de seguridad jurídica a las operaciones de leasing mobiliario e inmobiliario tan frecuentes en la práctica y que cubren las necesidades de financiación de las pequeñas y medianas empresas El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao, después de confirmar la resolución de los contratos de leasing, declaró que los créditos que las arrendadoras financieras tenían por las cuotas posteriores a la declaración de concurso eran contra la masa. Por su parte, la Audiencia Provincial de Bilbao estimó el recurso de apelación interpuesto por la concursada, revocó parcialmente la sentencia y declaró que los créditos por las cuotas impagas de estos contratos de leasing eran créditos concursales. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la entidad Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito, argumentando básicamente lo siguiente: En primer lugar, para que conforme al artículo 61, apartado 2, de la LC pue-

dan ser considerados con cargo a la masa los créditos contractuales contra el concursado es necesario que el deber de prestación de éste sea recíproco del asumido en el mismo contrato por el acreedor y que ambos estén pendientes de cumplimiento al declararse el concurso. En este supuesto, se argumenta que tras la entrega de los equipos al arrendatario financiero subsistió a cargo de la arrendadora no sólo la obligación de mantener al arrendatario en el goce y uso pacífico de los bienes arrendados, sino también la de abstenerse de actuar en contra de los pactado; defender al cesionario frente a las perturbaciones de los terceros y el deber de efectuar las reparaciones necesarias para mantener la cosa en estado de servir al uso para el que fue destinada. Se establece en la misma que en el caso enjuiciado concurre una circunstancia muy relevante para decidir sobre la reciprocidad del contrato de leasing y es que a instancia de la concursada se acordó la resolución del contrato en interés del concurso, al amparo de lo establecido en el artículo 61.2 LC, lo que presupone por su ubicación sistemática que el contrato, al tiempo de declararse el concurso, contenía prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. Expuesto lo anterior, el Tribunal Supremo concluye que las cuotas generadas por el contrato de leasing que con esta entidad tenía concertado la concursada, después de la declaración de concurso y hasta la resolución del contrato, tienen la consideración de créditos contra la masa. En definitiva, el Tribunal Supremo asienta esta doctrina jurisprudencial y dota de seguridad jurídica a las operaciones de leasing mobiliario e inmobiliario tan frecuentes en la práctica y que cubren las necesidades de financiación de las pequeñas y medianas empresas.

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En esta reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de septiembre de 2.013, la resolución es precisamente la contraria a la establecida en su anterior sentencia de este mismo año anteriormente reseñada.

pacífica, para otras, tras la entrega de los bienes al arrendador a favor del arrendatario, solamente este último mantenía obligaciones pendientes de cumplimiento, que consistían en el abono de las cuotas pactadas.

Reportatge

20-N:

un any de Justícia TAXAda

L’advocacia no es resigna i segueix la seva batalla contra la taxació dels drets de les persones L’advocacia no es resigna i no aturarà fins aconseguir que el ministre de Justícia derogui la llei de taxes. Una norma que el 20 de novembre de 2013 compleix el seu primer any de vigència, l’aplicació de la qual ha confirmat allò que ja advertiren els advocats: l’exclusió de milers de persones del seu dret a la tutela judicial efectiva. Els professionals de l’advocacia, i no només ells, sinó també bona part dels jutges, els fiscals, els secretaris judicials i els procuradors, avisaren que les taxes tenien només un ànim recaptador i dissuasiu que difícilment encaixen amb els preceptes de la Constitució. Ara, es consuma l’advertència i ja sabem que l’exis-

Un exemple que cal seguir

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França suprimirà a l’any 2014 la seva taxa, de 35 € La ministra de Justícia francesa, Christiane Taubira, anuncià el passat 23 de juliol que el seu govern suprimirà, a partir de l’1 de gener de 2014, la taxa de 35 euros que exigeix a les persones físiques des de 2011 per accedir a la Justícia. I ho fa perquè, com ha reconegut públicament la titular de Justícia, es tracta d’una mesura injusta que, diu literalment ha tingut l’efecte clar de “penalitzar els justiciables més vulnerables”. A França, la taxa és injusta. A Espanya no?

Els periodistes jurídics atorguen a les taxes el premi “Vete a hacer puñetas” No només els operadors jurídics rebutgen les taxes. També els periodistes que cobreixen tribunals i la informació jurídica ho fan. Prova d’això és que l’Associació de Consumidors i Informadors Jurídics (ACIJUR), i dins l’àmbit de la ironia, ha atorgat el guardó “Vete a hacer Puñetas” a la llei de taxes. Sens dubte, un guardó merescut. Per altra banda, ACIJUR donarà el seu premi ‘Puñetas de Oro’ als jutges d’instrucció, anònims o coneguts, que “defensen l’Estat de Dret amb l’aplicació de la llei sense distincions polítiques o personals i sofrint una enorme pressió exterior”. El premi ‘Puñetas de Plata’ és per a l’advocat Dionisio Moreno, i el jutge del Mercantil, José María Fernández Seijo, que “obligaren al Govern a canviar la llei hipotecària després de recórrer davant el Tribunal de Justícia de la UE”. Finalment, les ‘Puñetas de Bronce’ han recaigut en el Pla Intensiu de Nacionalitat de la Direcció General dels Registres i Notarial del ministeri de Justícia, ja que, “ha permès resoldre el col·lapse dels expedients de nacionalitat”.

Reportatge tència d’una justícia taxada ha impedit a molts ciutadans anar als tribunals a defensar el que creuen just. I perquè ningú no s’oblidi de que els drets no es taxen, a l’hora de tancar aquest número de Missèr l’advocacia espanyola ja preparava noves concentracions a tots els jutjats del país per fer-se escoltar i per demanar al ministre de Justícia que elimini, d’una vegada per totes, unes taxes que són excloents i inmorals. RECURSOS DAVANT EL TC Cal dir que la llei de taxes, amb només un any de vida, acumula ja cinc

recursos d’inconstitucionalitat, que ja s’han admès a tràmit pel TC i que foren presentats pel grup parlamentari socialista i pels governs d’Andalusia, Aragó, Canàries i Catalunya. Així mateix, alguns jutjats del Social i de Primera Instància i, fins i tot, l’Audiència Nacional, concretament la sala del Contenciós Administratiu, han plantejat diverses qüestions d’inconstitucionalitat. En aquest sentit, el president del CGAE, Carlos Carnicer, ha sol·licitat al president del TC que agilitzi la revisió d’aquests recursos per poder, així, pal·liar el més aviat possible els efectes greus de les taxes sobre la ciutadania.

UNA PROTESTA AMB ARGUMENTS Un any desprès de l’aprovació de la llei de taxes, els pitjors auguris s’han confirmat i l’advocacia espanyola tornà al carrer amb la lectura d’una manifest en el qual es demostra que la protesta contra les taxes està carregada d’arguments. Aquí us deixam alguns dels punts del manifest elaborat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola amb motiu del primer aniversari de la llei. • La Llei ha privat a milers de ciutadans del seu dret fonamental a a la tutela judicial efectiva. Ha materialitzat una barrera injusta per a l’accés a la justícia. • Els jutges i els magistrats han estat privats del coneixement de milers d’injustícies i de queixes del conjunt dels ciutadans. • El mal ús i l’abús de la justícia no s’ha penalitzat. Les empreses i els ciutadans de situació econòmica còmoda no han experimentat cap privació d’execució del dret. • S’ha afavorit la impunitat de les administracions públiques, exemptes del pagament de les taxes.

• L’efecte dissuasiu per als ciutadans s’ha reconegut per jutges, magistrats, advocats, secretaris judicials i altre personal al servei de l’Administració de Justícia, obligant al ministeri de Justícia almenys a reconèixer que hi ha percentatges significatius de reducció dels assumptes. • El Ministeri no ha complert amb el seu compromís de destinar a la millora de l’assistència jurídica gratuïta l’import de les taxes.

• Cal que el Govern escoti la veu de tots els col·lectius afectats, ja que són els que millor coneixen les disfuncions del sistema judicial i els seus efectes en la ciutadania. Reclamam que valori el fet sense precedents de que tots els actes de la justícia seguim units front a les reformes i les accions de Govern que afecten de forma greu als drets i les llibertats fonamentals dels ciutadans. • L’agilització de l’administració de justícia no es pot fonamentar a l’establiment de barreres econòmiques sinó a la transformació de l’actual estructura obsoleta i ineficaç. • Mantenim la nostra disposició a la negociació i al diàleg i el nostre rebuig a un model de Justícia imposada i no negociada. És de vital importància que l’executiu sigui capaç de generar un ample Pacte d’Estat en el qual participin tots els sectors implicats, amb la finalitat de crear una nova Administració de Justícia.

• Reiteram la necessitat de que millori la qualitat de les lleis mitjançant l’exigència de participació real i efectiva dels operadors jurídics, sindicats i organitzacions de consumidors i usuaris a l’elaboració dels esborranys d’avantprojectes de llei i normativa de desenvolupament legislatiu.

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• L’objectiu de la llei de taxes era i és purament dissuasiu El resultat patent i més preocupant és la liquidació del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.

Pro bono

L’advocacia ajuda les famílies i les persones vulnerables L’ICAIB i l’Ajuntament de Palma acorden crear una oficina per orientar les persones en risc de perdre el seu habitatge El batle de Palma, Mateo Isern, i el degà de l’ICAIB, Martín Aleñar, signaren el passat 13 d’agost un conveni de col·laboració que ha permès posar en marxa, ja al mes de setembre, l’Oficina Municipal d’Intermediació Hipotecària (OMIH), destinada a ajudar les persones i les famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual per les dificultats que tenen a l’hora de satisfer els pagaments del préstec hipotecari. El nou servei, que es presta al local que l’Ajuntament de Palma té a la plaça de l’Olivar, número 4, posa en contacte aquestes persones amb els col·legiats de l’ICAIB que s’han inscrit voluntàriament en el projecte i que s’encarreguen de proporcionar-los informació i orientació legal personalitzada i gratuïta sobre les alternatives que tenen per poder efectuar el pagament de la hipoteca o per evitar la pèrdua de l’habitatge. A més, i segons les particularitats de cada cas, els beneficiaris podran ser derivats a mediació amb les entitats bancàries, a fi de tractar d’arribar, mitjançant la negociació assistida, a un acord satisfactori per a ambdues parts.

En els supòsits en què hi hagi una demanda o actuació judicial, s’informarà els usuaris de la possibilitat de sol· licitar el benefici de la justícia gratuïta i se’ls derivarà al servei d’orientació jurídica perquè, si compleixen els requisits per accedir-hi, sigui l’advocacia d’ofici la que assumeixi l’atenció legal del cas.

L’ICAIB valora de forma molt satisfactòria i agraeix la voluntat de col·laboració altruista dels més de deu advocats que ara per ara dediquen una part del seu temps a proporcionar una orientació legal molt necessària perquè persones que es troben en un dels pitjors moments de la seva vida puguin rebre un consell expert

L’ICAIB valora de forma molt satisfactòria i agraeix la voluntat de col· laboració altruista dels advocats que ara per ara dediquen una part del seu temps a proporcionar una orientació legal molt necessària perquè persones que es troben en un dels pitjors moments de la seva vida puguin rebre un consell expert que, de vegades, pot suposar la diferència entre quedar a ca seva o haver d’abandonar-la. De fet, i tal com va dir el degà, Martín Aleñar, als mitjans informatius que presenciaren la signatura del conveni, l’acord mostra que hi ha una advocacia solidària que «es preocupa pels greus problemes que afecten la societat» i que s’implica per, dins les seves possibilitats i competències professionals, tractar d’aportar solucions.

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Qui pot accedir al servei i com? El conveni estipula que poden ser beneficiaris del servei les persones, famílies i unitats de convivència empadronades i residents al terme municipal de Palma que es trobin en el llindar d’exclusió definit per la Llei 1/2013, de 14 de maig, o en casos d’especial vulnerabilitat determinats en el Reial decret 27/2012, de 15 de novembre, que tenguin dificultats per

pagar els seus préstecs hipotecaris i que estiguin en risc de perdre el seu habitatge habitual.

nom complet, el DNI, l’adreça posta, l’adreça electrònica i el número de telèfon.

Per accedir al servei, a més de complir aquests requisits, els usuaris han de sol·licitar una cita prèvia per telèfon (971 716 002), per correu electrònic (omih@palma.es) o de forma presencial, i han d’indicar el

Una vegada que el personal del servei comprova que els usuaris sol· licitants compleixen els requisits, els cita perquè compareguin a l’oficina municipal a fi que els atenguin els advocats col·laboradors.

Pro bono

Si l’Oficina Municipal d’Intermediació Hipotecària pot servir per prevenir, el protocol signat a la seu de l’Ajuntament de Palma al mes de setembre pot ser útil per curar. De fet, aquest protocol fou subscrit pel degà del Col·legi, Martín Aleñar; el president del TSJIB, Antoni Terrasa; el degà dels procuradors de Balears, Frederic Xavier Ruiz, i el batle de Palma, Mateo Isern, a fi d’unir esforços en la detecció de situacions d’especial vulnerabilitat en procediments d’execució hipotecària o de desnonament, de forma que, si cal, puguin activar-se les mesures de caràcter social que siguin adients per tractar de mitigar l’impacte social i/o de minimitzar el risc d’exclusió residencial. El protocol estableix una via de comunicació més estreta entre les quatre institucions que permet detectar de forma més ràpida i coordinada aquestes

situacions de vulnerabilitat i facilitar, així, que els serveis socials i d’habitatge de l’Ajuntament puguin posar en marxa a temps les accions que considerin més oportunes per oferir una resposta a les persones del municipi de Palma que es vegin afectades pel llançament del seu habitatge habitual. El compromís concret assolit per l’ICAIB és promoure que, en els procediments de desnonament, hipotecaris o qualssevol altres que comportin o puguin comportar directament la pèrdua de l’habitatge habitual del demandat, els col·legiats facin constar en els seus escrits les circumstàncies de risc social que hi pugui haver, o bé mitjançant un altressí a la demanda, o bé, en els casos en què el lletrat representi o defensi el demandant, en un escrit adreçat específicament al jutjat en aquest sentit.

Per segon any consecutiu, l’ICAIB va estar representat al Fòrum Pro Bono Europeu, una trobada de caràcter internacional que enguany s’ha dut a terme a final del mes d’octubre a Varsòvia i que permet que diversos impulsors d’aquesta pràctica, procedents de diferents parts del món, coneguin les iniciatives i les experiències pro bono que es fan arreu del món per avançar en les qüestions essencials de la justícia social. Representants de diversos països europeus i d’Amèrica Llatina, com també procedents de la Xina, Rússia, l’Índia, Palestina, Nigèria, Sud-àfrica, els Estats Units, Austràlia i el Líban, se citaren els dies 24 i 25 d’octubre a la capital polonesa per intercanviar coneixements i campanyes que permetin impulsar l’activitat pro bono, una forma altruista de posar la tècnica professional al servei de les persones necessitades. L’ICAIB hi va estar representat pel degà, Martín Aleñar, i per la coordinadora de l’activitat pro bono del Col·legi, Patricia Campomar, que vingueren de Varsòvia amb moltes noves idees per augmentar a les Illes aquesta advocacia. De fet, el de les Balears va ser l’únic col·legi d’advocats del país que va participar a la setena edició del Fòrum Pro Bono Europeu. Una circumstància que no va passar inadvertida a Montaña Benavides, directora de la Fundació Aranzadi Lexnova i una de les impulsores més destacades de l’advocacia pro bono a Espanya, la qual, en un dels seus articles a Lawyerpress, ens va dedicar aquestes paraules: «Desde aquí y fuera de concurso, quiero otorgar y hacer un reconocimiento público al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares en nombre de su Decano y equipo de gobierno por ser unos de los Colegios precursores del Pro Bono, y además asistentes al Congreso como muestra de su interés y preocupación por seguir adelante en este proceso de cambio de los colegios profesionales, siendo innovadores, solidarios y, además, ser un ejemplo para todos aquellos colegios que con seguridad han de seguir su senda.» Per això, perquè la gent ens necessita ara més que mai i perquè sabem que hi ha advocats compromesos amb els drets de les persones més vulnerables, us animam a formar part de l’advocacia pro bono. Si en voleu més informació, podeu consultar el lloc web http://probono.icaib.org/.

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L’ICAIB subscriu el protocol per millorar la detecció de situacions d’especial vulnerabilitat en processos d’execució hipotecària i desnonaments

L’ICAIB, representat al Fòrum Pro Bono Europeu 2013

Guanyar temps perquè la gent no quedi al carrer

Pro bono

L’ICAIB se suma a la campanya «No deixis que la pobresa imposi la seva llei» El repte és aconseguir almenys un euro per col.legiat per ajudar les persones més necessitades per mitjà de Càritas i del Banc d’Aliments El Banc d’Aliments i Càritas han rebut enguany el Premi Drets Humans que atorga l’Advocacia Espanyola per la tasca que aquestes dues organitzacions duen a terme en favor de les persones més necessitades. Tot i així, l’advocacia es proposa fer una passa més, per això ha enllestit la campanya «No deixis que la pobresa imposi la seva llei», amb l’objectiu de recaptar almenys un euro de cada col·legiat. Aquests doblers després es lliuraran a Càritas i al Banc d’Aliments perquè aquestes organitzacions puguin augmentar les ajudes a una població creixent per a la qual, de vegades, les ONG són la seva única esperança.

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Com s’hi pot col·laborar? Hi ha diverses formes en què els col·legiats poden participar o cooperar amb aquesta campanya d’ajuda que es mantindrà activa fins al pròxim 10 de gener, des de contribuir a difondre-la entre els ciutadans, els clients, familiars i amics, passant per implicar-se en les campanyes solidàries específiques que pugui organitzar el Col·legi en favor d’aquestes dues ONG i/o aportant almenys un euro per algun dels mitjans següents: • Fent un ingrés al compte 00750001-81-0607263163 obert exclusivament i específicament per a aquesta campanya, en el qual figuri com a concepte ICAIB. • Amb un SMS solidari enviat al 28014 amb les paraules Advocacia Solidària (1,20 euros per missatge). Des d’aquestes pàgines de Missèr volem animar els col·legiats a participar

activament en aquesta campanya, perquè una aportació petita pot ser una gran ajuda. Sabíeu que amb un euro es pot comprar un quilo de menjar? O que amb 100 euros es pot finançar el menjador escolar d’un infant durant un any? Ajuda’ns a ajudar.

• Des de l’any 2007 han tancat quasi 250.000 empreses. • El 7,7 per cent de llars espanyoles no poden satisfer les despeses de manutenció. • Tres milions de persones viuen amb menys de 307 euros al mes.

PER QUÈ COL·LABORAR-HI?

Suma’t al repte d’alleugerir aquesta situació.

La dura crisi econòmica que pateix Espanya des de fa uns quants anys s’ha traduït en un augment notable de les persones que necessiten ajuda per poder subsistir. La recessió ha deixat moltes víctimes i no poques dades que trasllueixen l’abast de la pobresa; entre d’altres, destacam les següents: • Milers de persones han perdut el seu habitatge. • 1,9 milions de llars tenen tots els membres actius a l’atur. • Una de cada quatre persones viu sota el llindar de la pobresa.

Més de 100 llibres per a les biblioteques públiques Els col·legiats han respost de forma molt positiva a la campanya de recollida de llibres duta a terme al mes de setembre. De fet, han lliurat al Col·legi més de 100 llibres, de tot tipus de temes, que després l’ICAIB ha distribuït entre diferents biblioteques públiques de les Illes a fi que altres persones puguin gaudir-ne.

Notícies

Els professionals tributaris s’uneixen per un front comú: un sistema fiscal més just i estable El vicedegà de l’ICAIB és un dels dos portaveus que tindrà la Unió de Col.lectius Professionals Tributaris

Cal dir que Rafael Gil March, vicedegà de l’ICAIB, ha estat anomenat un dels dos portaveus de la nova associació.

Al parer de la nova organització, la seguretat jurídica dins l’àmbit tributari és absolutament necessària, ja que, opina la UCPT, ara per ara es veu molt afectada per la constant i molt intensa reforma que, contínuament, es fa sobre la normativa fiscal; el volum i la profunditat d’aquestes modificacions; la immediatesa en l’aplicació dels canvis, així com pels criteris interpretatius canviants de l’administració tributària i dels tribunals. Un conjunt de factors que, assenyalen aquests professionals, poden desincentivar la creació o la continuïtat de les empreses, les inversions i la creació de feina

i, en tot cas, dificulten la planificació fiscal i la presa de decisions entre els diferents operadors econòmics La Unió de Col·lectius de Professionals Tributaris est integrat per vuit organitzacions: el Consell General de Col·legis de Gestors Administratius, el Consell General de Col·legis d’Agents de Duanes, el Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials, el Consell General de l’Advocacia Espanyola, la Federació Espanyola d’Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals, l’Associació del Gabinet de Gestores Administratius i Assessors Fiscals, l’associació Espanyola d’assessors Fiscals i l’associació Professional d’Experts Comptables i Tributaris.

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De fet, la UCPT destaca la necessitat d’incidir en la problemàtica econòmica i social per la qual travessa el país i posa de manifest la conveniència de “dotar-nos d’un sistema tributari més racional i equitatiu, estable i homogeni, que proporcioni un major grau de seguretat jurídica i econòmica i que propicii una aplicació i gestió dels tributs més eficient”, objectius per als quals aquesta unió ofereix un espai de diàleg, reflexió i anàlisis capaç de concretar propostes per oferir a la societat i a les administracions.

LA SEGURETAT JURÍDICA SERIOSAMENT AFECTADA

Vuit organitzacions de professionals tributaris s’han unit per fer-se escoltar i tractar d’aconseguir un sistema tributari més just. La Unió de Col·lectius Professionals Tributaris (UCPT), una organització d’àmbit estatal recentment creada a Madrid, es proposa tenir una veu única, comú i autoritzada per fer-se escoltar en els temes d’interès general, propiciar un sistema tributari més just i equitatiu, vetlar pels drets i les garanties dels contribuents i intensificar la cooperació amb l’administració tributària.

Torn d’ofici

Gols per la justícia gratuïta El partit de futbol disputat per periodistes i advocats d’ofici acabà amb un 5-3 a favor dels lletrats L’11 de juliol, el reconeixement de l’advocacia d’ofici es traslladà al camp de futbol de CampusEsport, cedit per la Fundació General de la UIB. Allà, periodistes de les Illes i advocats d’ofici disputaren el II Partit de Futbol per la Justícia Gratuïta, en el qual l’equip de lletrats aconseguí imposar-se amb un rotund 5-3 al conjunt periodístic. Només als deu minuts de començar el partit, David Burgos, sens dubte el jugador revelació d’enguany, protagonitzava el primer gol dels cinc que l’advocacia marcà als periodistes i posava el marcador a favor dels lletrats. Amb aquest 1-0 començà la segona part del torneig, que va ser bastant més igualada que la primera part, en la qual el domini correspongué de forma implacable als advocats. La premsa es va créixer, en canvi, a la segona i pressionà els advocats, que, certament, varen jugar més cohesionats que els informadors. El segon gol de l’advocacia, també de David Burgos; el tercer, d’Agustín Aguiló, i el quart, de bell nou de Burgos, va fer reaccionar la premsa, que en els darrers 15 minuts del partit va reviscolar amb força i aconseguí entrar la pilota en tres ocasions a la fins aleshores infranquejable porteria de José Luis Tugores. Marc Capó, Eduardo Colom i Juanjo Fernández foren els autors dels gols, que, en ocasions, posaren nerviosos els advocats. Quan només quedaven deu minuts per acabar el partit, l’empat pareixia una possibilitat molt factible. Però faltava el quart gol de la premsa, que, a més, va haver d’encaixar, això sí, amb molta esportivitat, el cinquè i darrer gol dels lletrats, de David Burgos una altra vegada.

Dos bons equips.- L’ICAIB vol agrair a l’equip de lletrats integrat per Agustín Aguiló, Juan Feliu, Felipe En-

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ríquez de Navarra, Bartolomé March, Gregorio San José, Carlos López, José Luis Tugores, Rafael Serra , Rafael Navarro, Miguel Moragues, Eduardo Morey i David Burgos, així com al dels periodistes, Xisco Díaz, Eduardo Colom, Pedro Morlá, Lorenzo Marina, Miguel Manso, Carlos Hellín, Marc Capó, Juanjo Fernández, Jaume Oliver, Juan Marqués i Juan Manuel Zaldívar el bon ambient que regnà a l’encontre i la seva contribució a posar en valor, damunt la gespa, la importància d’un servei essencial. La justícia gratuïta guanyà per golejada.

Torn d’ofici

Advocats de primera per a ciutadans de primera

Tots reberen la felicitació del degà per ser el símbol d’una advocacia compromesa «que fa possible i creu que la justícia és igual per a tothom» i que és conscient que «els drets de les persones no es perden darrere una economia malmesa». Una advocacia, afegí el degà, que, «tot i estar mal remunerada i ser moltes vegades ignorada, està plena d’èxits». «La vostra feina —digué Martín Aleñar— ha ajudat milers de persones a solucionar problemes que, per a ells, són de vital importància».

Els lletrats d’ofici reberen la felicitació del degà per ser el símbol d’una advocacia compromesa «que fa possible i creu que la justícia és igual per a tothom» i que és conscient que «els drets de les persones no es perden darrere una economia malmesa»

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L’acte central del programa elaborat per l’ICAIB va ser el lliurament de plaques de reconeixement a diversos advocats del torn d’ofici, que tingué lloc el dia 10 a Palma i el dia 12 a Maó i Eivissa, distinció que reberen, en nom de tota l’advocacia d’ofici de les Balears, els lletrats Marta Borrás María, Mi-

guel Ángel Cardell Calafat, Luis Coll Triay, Carmen Coronado Romero, Victoriano de Isasi Rovira, Alberto Herrán Monstesinos, Juan Francisco Marí Roselló, Camen Mut Barceló, Ignacio Panisello Monjo, Juan Sastre Calafat i Carlos Roig de la Cruz.

L’ICAIB i diverses corporacions col·legials de tot el país celebraren el Dia de la Justícia Gratuïta i aprofitaren per agrair l’esforç i la vocació que caracteritza l’advocacia d’ofici, «possiblement el millor exponent de la funció social de la nostra professió», al parer del degà; defensar l’eficàcia de l’actual model d’aquest servei, i posar en valor davant la societat la importància de la feina dels lletrats, sobre els quals, de fet, recau l’accés a la tutela judicial efectiva dels ciutadans més vulnerables.

Torn d’ofici

Nueva centralita de localización de los letrados de ALD El pasado 1 de agosto se puso en marcha, inicialmente en período de prueba, el proceso de implantación de la nueva centralita de localización de los letrados que prestan el servicio de asistencia al detenido en la comunidad autónoma balear. Tal como explica el decano, Martín Aleñar, en el artículo editorial de este número de Missèr, la idea es consolidar un sistema que asegure una distribución equitativa de las asistencias entre todos los abogados que forman parte del servicio y, al mismo tiempo, agilizar el procedimiento para optimizar el funcionamiento de la prestación que se ofrece al ciudadano.

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Los letrados de Palma e Inca fueron los primeros en probar el nuevo sistema, basado en una centralita inteligente que funciona con tecnología de voz sobre IP. Después se uniría Ibiza y ya más tarde, en noviembre, lo harían Menorca y Manacor. Prácticamente en todos los partidos judiciales se han dado las reticencias a un método que supone un cambio importante en el funcionamiento tradicional de las guardias. Una resistencia a las que también se refiere el decano en el editorial y que el Colegio confía en que se haya disipado por completo cuando el nuevo sistema esté ya plenamente consolidado y se hayan incorporado al programa informático que sustenta la centralita todas aquellas mejoras y adaptaciones que permitan ajustar al máximo la operatividad del sistema a las particularidades que presenta la presta-

ción del servicio en cada partido judicial de las islas. ¿CÓMO FUNCIONA? 1. Las llamadas se reciben desde el número de teléfono 518.154.290 2. Las llamadas se efectúan al número de teléfono móvil proporcionado por cada letrado para su localización en las guardias. 3. Al descolgar, se reproduce un mensaje de solicitud de asistencia y se facilitan las siguientes opciones: a) Aceptar la asistencia Una vez pulsada esta opción, que supone la aceptación inmediata de la asistencia, se reproduce un mensaje grabado en el que se indica el lugar donde debe practicarse la asistencia, un teléfono de contacto, el número del aviso y el nombre del detenido y/o nº de diligencias previas. Este mensaje puede volver a ser escuchado si antes de colgar la llamada recibida pulsa la tecla 1 del teléfono. Además, una vez que ha aceptado el aviso, el sistema le envía un mail con los datos principales de la asistencia aceptada a la dirección de correo electrónica que usted proporcionó para su localización en las guardias. La centralita le solicitará también todos o algunos de los siguientes datos: nombre, número de colegiado, teléfono de contacto y tiempo estimado en llegar al lugar donde debe practicarse la asistencia al detenido.

IMPORTANTE.- Es aconsejable anotar el número de aviso, ya que le servirá para identificarse ante el organismo que le ha llamado para realizar la asistencia. Asimismo se recomienda llamar al número de teléfono que se proporciona en el mensaje de aviso. Además, debe tener en cuenta que una vez que ha aceptado el aviso, el sistema le envía un mail de confirmación del mensaje a la dirección de correo electrónica que usted proporcionó para su localización en las guardias. b) Rechazar la asistencia Si debido a un error pulsa esta opción no debe preocuparse, dado que se le volverá a llamar hasta la aceptación del aviso. c) No estaré disponible en toda la guardia En el caso excepcional de que le sea imposible realizar ninguna asistencia el día que tenga guardia deben avisar con antelación suficiente remitiendo un correo a la dirección guardias@icaib.org , a fin de que se pueda proceder a la sustitución. IMPORTANTE EN CASO DE TELÉFONOS TÁCTILES Todos los teléfonos de pantalla táctil muestran un acceso para activar el teclado durante la llamada. En el Iphone, por ejemplo, aparece en el centro de la pantalla, junto al altavoz para manos libres. En otros casos, es necesario previamente apretar la tecla de bloqueo/desbloqueo.

Torn d’ofici

LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Qué ocurre si no he podido coger la llamada a la primera? En este caso, debe tenerse en cuenta que para un mismo aviso el letrado recibirá diversas llamadas separadas entre sí por un intervalo de tiempo que varía en función del partido judicial del que se trate, de modo que el intento de localización de cada abogado para una misma asistencia tiene una duración suficiente para proceder a su localización efectiva. ¿Puedo volver a escuchar el mensaje sobre la asistencia aceptada? Sí. El mensaje se puede volver a escuchar si antes de colgar la llamada pulsando la tecla 1 del teléfono. Además, debe tenerse en cuenta que una vez que ha aceptado el aviso, el sistema le envía un mail de confirmación del mensaje a la dirección de correo electrónica que usted proporcionó para su localización en las guardias. ¿Qué puedo hacer si recibo una llamada mientras estoy atendiendo otro asunto o estoy en otra localidad?

- Si prevé que la asistencia que está realizando no va a durar mucho tiempo o está a punto de finalizar, puede aceptar el nuevo aviso. - Si por el contrario, prevé que la asistencia va a durar un cierto tiempo, la recomendación es que descuelgue y no acepte la asistencia, especificando el motivo por el que no puede atenderla. - En caso de que en el momento de la asistencia tenga apagado el móvil o no pueda coger el teléfono no debe preocuparse. En todos los casos, el sistema volverá a llamarle. En los partidos judiciales con más de un letrado de guardia, volverá a hacerlo cuando, durante esa misma jornada de guardia, vuelva a ser su turno, es decir, una vez que haya completado las llamadas a sus compañeros de guardia. En el caso de Menorca, con un único letrado de guardia, lo hará hasta localizarle. ¿Qué ocurre si en el juzgado o la policía me solicitan verbalmente que asista a nuevos detenidos? En el caso de los partidos judiciales con un único letrado de guardia, pueden aceptarse verbalmente. En el resto, todas las asistencias deben ser centralizadas por y desde la centralita. Horario de las guardias 24h. (De 9.00 A 9.00).- ¿Debo atender una llamada que se produzca antes de que finalice mi guardia? El horario de la guardia es de las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente. En el caso de que se produzca un aviso poco antes de finalizar la guardia se recomienda aceptarlo. Si no, puede no

coger la llamada, dado que a partir de las 9 de la mañana la centralita está ya programada para llamar a los compañeros que entran en ese momento en la guardia. ¿Qué hago si me llaman de madrugada? En caso de que la llamada se produzca porque se ha producido una detención que requiere asistencia letrada inmediata, debe aceptar el aviso y presentarse en el centro de detención, dado que está dentro de su horario de guardia. Ahora bien, si la llamada recibida tiene por único objeto comunicar que se ha producido una detención que en ese momento no requiere asistencia, debe saber que para estos casos el ICAIB tiene habilitado un número de teléfono específico (971 729 115) que se ha facilitado a los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué recibo tantas llamadas? Algunos colegiados han expresado alguna duda sobre que el sistema sea equitativo dado que en ocasiones reciben en un intervalo breve de tiempo diferentes llamadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, al margen de que en una misma jornada puede haber varias detenciones, si no se coge el teléfono a la primera, la centralita llamará dos veces más para la misma asistencia por lo que por cada aviso genera tres llamadas. ¿Dónde puedo encontrar los impresos de asistencia? Los impresos de asistencia se pueden encontrar tanto en las sedes colegiales como descargarse de la página web colegial (www.icaib. org), y concretamente desde El Colegio- Conoce el ICAIB- Departamentos- Turno de Oficio.

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

Debe tenerse en cuenta que sólo los agentes autorizados (fiscalía, juzgados y fuerzas de Seguridad) pueden telefonear a la centralita, por lo que en caso de equivocación, los colegiados pueden contactar con el servicio de atención personal activado específicamente por el ICAIB para la resolución de consultas, dudas o incidencias relacionadas con el nuevo sistema, que es atendido por una persona del departamento del Turno de Oficio y cuyos datos de contacto son: teléfono: 648 113 357/ correo electrónico: infoguardias@ icaib.org).

En este caso, el letrado puede elegir entre una de las siguientes opciones:

¿Qué ocurre si me equivoco de tecla?

Notícies

El rigor i el coneixement jurídics omplen el número 11 de la «Revista Jurídica de les Illes Balears»

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

Diversos representants del món judicial assistiren el passat dia 23 de setembre a la presentació del número 11 de la Revista Jurídica de les Illes Balears, una publicació que dirigeix el president de l’Audiència Provincial, Carlos Gómez, que edita la Fundació per a la Pràctica Jurídica i que pretén promoure l’estudi i la difusió de diferents qüestions relacionades amb el dret. El número 11 s’estructura en sis parts, en les quals experts com Juan Alfonso Santamaría, catedràtic de Dret Administratiu (UCM); Manuel Atienza, catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat d’Alacant; Francisco Javier Pereda, magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona; Maria Pons Salvà, advocada; Jaume Munar, professor associat de Dret Administratiu de la UIB, i Eugenia Garcías de España, advocada, aporten els seus estudis i reflexions sobre els temes següents, respectivament: «El mito de la solvencia de la Administración», «Justicia constitucional y escepticismo moral», «La nulidad, por abusiva, de una cláusula de intereses moratorios», «El pacto sucesorio mallorquín: la diffinitio», «Comentari a la STC 132/2012, de 19 de juny, sobre

la Llei 8/2000, de consells insulars. Un tancament en fals de la problemàtica del règim d’organització i funcionament dels consells insulars?» i «La posición del cónyuge viudo en Ibiza en la sucesión intestada y su regulación a través de la técnica de la remisión estática al Código Civil».

gistrat del TSJIB, i Ferran Gomila, advocat; mentre que les referències a l’activitat registral i normativa han estat fetes, respectivament, per Antoni Canals, registrador de la propietat, i Lluís Isern, lletrat oficial major del Parlament balear.

Les aportacions jurisprudencials són de Jaume Munar, doctor en Dret; Miquel Masot, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació

La publicació del número 11 es completa amb els comentaris que sobre tres libres de contingut jurídic fan Claro J. Fernández-Carnicero, lletrat de les Corts Generals; Antoni Font, catedràtic de Dret Mercantil de la

de Balears; Carlos Gómez, president de l’Audiència Provincial de Palma; Antonio Terrasa, president del TJIB; Maria Torres; Fernando Socías, ma-

Universitat de Barcelona, Joana Maria Servera, lletrada de la CAIB, i Irene Espuey, tècnica del servei jurídic del Consell Consultiu de les Illes Balears.

El Col.legi

Nous compromisos amb el dret de defensa El passat 30 d’octubre, vint-i-vuit companys juraren o prometeren el seu compromís amb la justícia i els drets de les persones en el decurs d’un acte solemne en el qual aquests advocats recentment incorporats a l’ICAIB es revestiren de la toga. El degà de l’ICAIB i altres membres de la Junta foren els encarregats de donar-los la benvinguda a una professió dedicada «al més gran dels reptes que pot tenir un professional: contribuir a fer justícia».

REVISTA MISSÈR · juliol - setembre 2013

Han emprès un camí dur, però també satisfactori, María Dolores Randés García, Belisa Cañellas Árcega, Jesús Cases Porcel, Maria del Mar Dalmau Amengual, Adrià Fortuny Borysiewicz, Marisa Eliana Franceschi, María Gador Giménez Sicilia, Mariano González-Niello Caperochipi, Francesca Jaume Soler, José Ángel Jiménez Polo, Dusan Koperdak Bolech, Antonio Lázaro González, Francisca Martorell Ruiz, Aina Martorell Sabater, Bartomeu Pau Mateu Vidal, Rafael Moll Alabarces, Hugo Morata Casellas, Jimena Morlans Olmos, Tomás Ordinas Bassa, Francisca María Pérez Mayrata, Aurora Romaguera Cañellas, Maria Gabriela Sagristà Pérez, Verónica Sánchez Martínez, Elena Tameish, Neus Thomás Bujosa, Cristóbal Torres Sánchez i Sandra Viviana Verd.

El Col.legi

La cultura es fa un lloc a l’ICAIB Són incompatibles el dret i la cultura? En absolut. De fet, l’un i l’altra es complementen perfectament i s’han fet un lloc destacat a l’ICAIB. El Col·legi ha reprès amb força les visites culturals i ha recuperat la seu de Palma com un espai per a l’exposició d’art, amb l’objectiu de, per què no?, fer de la casa de l’advocacia un lloc de trobada per a la cultura. En aquesta aposta cultural, també hi ha tingut un lloc destacat el Cicle de Cinema Jurídic, una ocasió

excel·lent per promoure l’anàlisi de qüestions relacionades amb el dret d’una forma més distesa però igualment efectiva. Enguany, el cicle ha constat de quatre grans pel·lícules: El verdugo, de Luis García Berlanga, Impulso criminal, amb una interpretació magistral d’Orson Welles; El señor de la guerra, protagonitzada per Nicolas Cage, i Ladybird, ladybird, de Ken Loach. Quatre cintes magnífiques que han permès reflexionar sobre la pena de

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

La visita a la història del comerç antic va estar molt animada.

Francesca Ginard posa davant les seves obres.

mort, el racisme i la xenofòbia, i les terribles conseqüències del tràfic d’armes, gràcies en bona part als comentaris i la participació de vuit juristes: els advocats Celia Pita, Gabriel Lladó, José Roca i José Miguel del Campo; el magistrats de l’Audiència Provincial de Palma Juan Pedro Yllanes i Catalina Moragues; la professora de Dret Internacional Públic de la UIB, Margalida Capellà, i el degà dels procuradors de Balears, Frederic Xavier Ruiz.

“EL Verdugo” una de les grans pel·lícules que es va projectar al cicle de cinema jurídic.

Sa Dragonera, una de les destinacions de les excursions col·legials organitzades per l’ICAIB.

El Col.legi

La llei d’accés dispara les col.legiacions ENTRE L’1 DE GENER I EL 31 D’OCTUBRE, L’ICAIB HA REGISTRAT 400 NOVES INCORPORACIONS El 31 d’octubre de 2013 acabà el període de gràcia de dos anys que la Llei d’accés a les professions d’advocat i procurador deixava a determinats col·lectius per poder col·legiar-se i exercir sense haver de fer el període extra de formació que exigeix aquesta norma ni haver de superar l’examen que també preveu la Llei d’accés per poder exercir l’advocacia. Aquesta circumstància ha provocat un augment inusitat de les incorporacions a l’ICAIB, i també a la resta de col·legis professionals d’advo-

cats del país, de manera que només entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’enguany un total de 400 persones s’han col·legiat a les Balears. Una quantitat que supera en un 210% el nombre de col·legiacions de l’any 2012, en què es registraren 129 noves incorporacions. Una xifra, la de 2013, motivada per una circumstància molt concreta i que, per tant, difícilment tornarà a repetir-se. Ara ja només els que acabin la llicenciatura en Dret més tard del 31 d’octubre tindran dos anys per col·legiar-se sense haver de fer la formació extra exigida. La resta, com ara totes les persones que ara estudien el grau en Dret, haurà de

superar un màster en advocacia i una prova final d’àmbit estatal per poder col·legiar-se i exercir la professió. EL PRIMER EXAMEN, A LA PRIMAVERA Tot pareix indicar que el primer examen estatal que s’haurà de superar per poder exercir les professions d’advocat i de procurador serà, probablement, al mes de maig de 2014. Segons publicà el diari Expansión el passat 23 d’octubre, el ministeri de Justícia es proposa modificar el Reial decret aprovat l’any 2011 per refondre en un únic examen tipus test les dues parts de la formació, la teòrica i la pràctica.

El director de la Fundació per a la Pràctica Jurídica i el degà de l’ICAIB lliuraren el dimecres 30 d’octubre els diplomes d’obtenció del certificat d’aptitud professional atorgat pel Consell General de l’Advocacia a tretze alumnes que han cursat i superat el Màster Universitari en Advocacia: Antonia Mercé Alajarin, Pere Capellà, Antonio Castell, Natalia Dengra, Andrea C. Escandell, Bernardo Feliu, Rafael José Gisbert, Miguel López Bortón, Jernónima Morey, Jaime Palou, José Ángel Siva i Antonia Bárbara Soler.

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

Aptitud per exercir l’advocacia

El Col.legi

Formació, formació i formació a la seu col·legial d’Eivissa, a la qual assistiren cinquanta persones. També a Eivissa, però ja al mes de setembre, es féu el Curs sobre nocions bàsiques financeres i comptables per a advocats, que impartí l’advocada María Serrano i al qual s’apuntaren una vintena de col·legiats.

Important assistència a la conferència impartida pel president de l’Audiència.

Les seus col·legials de Menorca i d’Eivissa han concentrat bona part de l’activitat formativa organitzada per l’ICAIB durant els mesos de juliol, setembre i octubre. De fet, de les tretze accions de formació dutes a terme en aquest període, cinc s’han fet en alguna de les dues seus esmentades. Així, l’1 de juliol, una quinzena de col·legiats de Menorca participaren en el Taller teòric i pràctic de mediació civil mercantil, que impartí Cristina Merino Ortiz, doctora i professora associada d’Anàlisi i Reso-

lució de Conflictes de la Universitat del País Basc. Encara foren més les persones que s’apuntaren, també a la seu de Menorca, a la xerrada informativa «Les obligacions formals en matèria de blanqueig de capital i altres consideracions pràctiques per a advocats», que oferí, deu dies després, Rafael Gil, advocat i vicedegà de l’ICAIB. El mateix tema i el mateix ponent centraren també l’acció formativa organitzada el dia 24 de juliol

Tot i així, les acciones formatives amb més assistents foren, d’una banda, la conferència «Qüestions sobre la reforma legal en matèria hipotecària», que el 16 de juliol impartí el senyor Carlos Gómez, president de l’Audiència Provincial de Palma, i que registrà prop de cent vint participants, i, de l’altra, la Càtedra sobre l’organització professional bàsica de l’advocat, amb seixanta-cinc inscrits. Aquesta acció, organitzada per la Fundació per a la Pràctica Jurídica amb la col·laboració de la Mutualidad de la Abogacía Española, pretén proporcionar als assistents una formació que aglutina tots els coneixements

Les II Jornades del Control Jurisdiccional de les Administracions Públiqes reuneixen a l’ICAIB més de 350 professionals

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

Les II Jornades sobre el Control Jurisdiccional de les Administracions Públiques, fetes els dies 17 i 18 d’octubre a la seu de l’ICAIB, bateren el seu propi rècord de participació, en registrar la inscripció de més de 360 professionals procedents de tot el país. El degà, Martín Aleñar, i la consellera d’Administracions Públiques, Núria Riera, inauguraren la trobada i agraïren a l’organització de les jornades —la Direcció de l’Advocacia de la CAIB i el Col·legi d’Advocats— l’encert en l’elecció dels temes i la selecció dels ponents, així com, en paraules del degà, l’esforç fet per «oferir un encontre acadèmic d’altura que, en a penes dos anys, ha esdevingut una referència obligada del dret administratiu». Les II Jornades sobre el Control Jurisdiccional de les Administracions Públiques han comptat amb la participació de destacats experts en la matèria, com Gabriel Fiol, president de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB; Juan Antonio Xiol, magistrat del Tribunal Constitucional; Celsa Pico, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Suprem; José Eugenio Soria-

no, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Complutense de Madrid; Mariángeles Berrocal, cap del Servei de Qualitat de la Conselleria d’Economia i Competitivitat; Felio Bauzá, advocat; Ignacio Ayala, advocat i professor de Dret Penal; Alberto Palomar, magistrat; Carlos Gómez, president de l’Audiència Provincial de Palma; José Ángel Torres Lana, catedràtic de Dret Civil de la UIB, i Antònia Perelló, directora de l’Advocacia de la CAIB.

Les II jornades de control de les AAPP batiren el seu propi rècord.

El Col.legi curs de la qual Antonio Comas, director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i Margarita Ruitort, subdirectora provincial d’Assistència Sanitària i Informació Administrativa de l’INSS, ens parlaren d’algunes de les qüestions més freqüents relacionades amb l’accés dels advocats al sistema públic de salut. L’activitat formativa es completà amb el Curs d’especialització en matèria d’estrangeria i el Curs d’anglès per a advocats, que, en aquest cas, es va fer a la seu de l’ICAIB a Menorca.

Primer dia del master universitari en advocacia. @Matuena

que són d’interès per als advocats a l’hora d’iniciar-se en la professió. Encara fou més alta la participació en les II Jornades sobre el Control de les Administracions Públiques, dutes a terme al mes d’octubre. Al mes de setembre, a la sala d’actes de l’ICAIB i amb videoconferència a

Jaime Campaner i Carlos Fidalgo.

totes les seus, hi hagué la conferència «El procés és mentida», a càrrec del Dr. Carlos Fidalgo Gallardo, advocat i professor associat de Dret Processal de la Universitat de Sevilla.

També a l’octubre començà el Màster Universitari en Advocacia, amb més de setanta alumnes.

Durant el mes d’octubre, varen tenir lloc algunes de les accions amb més èxit de les que organitza l’ICAIB. Sens dubte, una va ser el Curs pràctic de tributació. Atesa la gran demanda registrada, finalment es varen fer tres grups. El Taller sobre qüestions pràctiques derivades de reclamacions en matèria d’assegurances, una activitat organitzada per l’AJAIB, va obrir el mes d’octubre, que es tancà amb una sessió informativa de caràcter pràctic en el de-

Antoni Comas, Margalida Ruitort i Rafael Gil.

entre d’altres, els secretaris judicials dels jutjats de violència sobre la dona número 2 de Palma i número 1 de Dénia, Gabriela Peña i Fernando Cremades respectivament; el magistrat del Jutjat de Violència de Gènere número 1 de Palma, Joaquín Andrés Joven; l’experta universitària en anàlisi psicosocial en violència de gènere, Margarita Cantallops, i l’advocada Catalina Monserrat Moll.

Un moment de la inauguració del Fòrum Solidari AQD.

L’ICAIB fou també l’espai triat pel Col·legi Nacional de Secretaris Judicials per organitzar el I Fòrum AQD Solidari contra la Violència de Gènere, que es va fer els dies 11 i 12 de juliol a la seu de Palma. El fòrum constà de la taula rodona sobre «El present i el futur de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere», que comptà amb la participació d’experts, com,

REVISTA MISSÈR · juliol - setembre 2013

I també formació solidària: I Fòrum AQD contra la Violència de Gènere

El Col.legi

Companyonia a taula parada a Inca i Manacor

REVISTA MISSÈR · octubre - desembre 2013

El divendres 18 d’octubre, durant els animats dinars de companyonia que anualment s’organitzen a les seus, els col·legiats de Manacor i Inca i membres de la Junta de Govern compartiren experiències professionals i feren suggeriments per millorar els serveis que l’ICAIB posa a l’abast dels advocats.

REVISTA MISSÈR · abril - juny 2013

El Col.legi

Breus Oferta de Pons Quintana per a col.legiats L’ICAIB i l’empresa de calçat Pons Quintana han subscrit un conveni pel qual els col·legiats, els seus treballadors i els seus familiars podran accedir a importants descomptes, concretament, a un descompte fix del 10% sobre tots els seus productes, un descompte del 5% afegit al preu de les rebaixes i accés a altres promocions especials de Pons Quintana.

Visites de lletrats als interns dels centres penitenciaris Mitjançant la informació rebuda del centre penitenciari, s’ha detectat que, en casos puntuals, alguns lletrats acudeixen a la presó i s’entrevisten amb interns que no són formalment clients seus per oferirlos els seus serveis professionals. Per això, la Junta de Govern de l’ICAIB vol recordar als col·legiats que han de tenir present que qualsevol intern reclòs al centre penitenciari (o bé en presó preventiva o bé complint condemna) té assignat necessàriament un lletrat — particular o del torn d’ofici— que l’ha assistit després d’haver estat detingut o d’haver declarat judicialment o l’ha defensat al judici.

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Així mateix, cal tenir en compte que el servei informàtic d’obtenció de passis a presó per mitjà de Redabogacia està previst perquè el lletrat pugui entrevistar-se amb el seu client i no per ser utilitzat per altres lletrats com a mitjà per publicitar-se o captar clients.

Per aquest motiu, la Junta de Govern de l’ICAIB recomana als lletrats que s’abstenguin d’entrevistar-se amb els interns del centre penitenciari respecte dels quals no tenguin atorgada una designació formal o estiguin personats en nom seu a la causa respectiva. Això, excepte que tenguin el coneixement i el consentiment del lletrat que assisteix l’intern.

l’ICAIB disposa d’un servei per tra-

Llistes de substituts per a guàrdies ALD

posar en contacte amb Sonia Par-

mitar els NIE que funcionarà de dilluns a divendres de 10 a 12 hores, la qual cosa permetrà que els lletrats s’estalviïn el desplaçament fins a les oficines d’estrangeria per recollir aquests documents. Les persones interessades a obtenir-ne més informació s’han de do telefonant al 971 179 408 o envi-

Amb l’objectiu d’unificar la prestació del torn d’ofici a tots els partits judicials, l’ICAIB ha estès a les seus col·legials d’Inca, Eivissa, Manacor i Menorca un servei que ja funciona a Palma que consisteix en la creació d’una llista de substituts per cobrir les guàrdies que els seus companys hagin comunicat prèviament a l’ICAIB que no poden fer per circumstàncies imprevistes.

ant un correu electrònic a eivissa@

Els lletrats del torn d’ofici que vulguin formar part d’aquestes llistes poden enviar un correu a l’adreça

1011) o a l’Administració número

electrònica: guardias@icaib.org.

Tramitació dels NIE a la seu de l’ICAIB Eivissa A fi de facilitar la feina dels advocats, des de l’1 d’agost passat

icaib.org.

Loteria de Nadal L’ICAIB ha reservat el número de loteria 75172 per al sorteig de Nadal. Les persones que hi estiguin interessades poden comprar els dècims fins al 12 de desembre al Departament d’Administració de l’ICAIB (telèfon 971 719 400, ext. 6 de Palma (avinguda d’Alexandre Rosselló, 18, cantonada d’El Corte Inglés, telèfon 971 462 258). Els col·legiats de les seus d’Inca, Manacor, Maó i Eivissa que hagin reservat i pagat el dècim poden recollir-lo a la seu corresponent.

Noticies

Menys diners per a Justícia

Com és habitual, la major part d’aquest pressupost, concretament 1.218 milions, es destinarà al capítol de personal, tot i que aquesta partida baixa un 2 per cent, reducció que el ministeri atribueix a “la desaparició de la figura del jutge o fiscal substituts”. Tot i així, encara és molt més acusada la disminució que experimentarà la partida reservada a inversions, a la qual Justícia té previst destinar el pròxim any només 61,55 milions d’euros, és a dir, quasi un 18 per cent menys que les previstes per a 2013.

El propi ministeri, a través del subsecretari d’Estat de Justícia Juan Bravo, reconeix que es tracten d’uns comptes “austers” que van a exigir “un esforç de racionalització, eficàcia i aprofitament màxim” trònic i a fomentar la interoperabilitat amb altres organisme i les comunitats autònomes. També dins les inversions, es preveu destinar 18,25 milions per a obres i infraestructures, tot i que d’aquests més de 14 milions seran per a la rehabilitació i ampliació de l’Audiència Nacional. No obstant això, es preveu dur a terme millores a altres instal· lacions judicials entre les quals es troba la seu judicial d’Eivissa. 2014

2013

Variació

Despeses de personal

1.218

1.243

-2,0%

Inversions

61,55

-17,9%

CGPJ

57,9

62,7

-7,6%

Justícia Gratuïta

34,15

0,00%

Agència de Protecció de Dades

13,4

13,5

-0,4%

Centre d'Estudis Jurídics

8,76

11,5

-23,8%

34,5 milions per a Justícia Gratuïta. I els diners de les taxes? El projecte pressupostari del ministeri de Justícia per a l’any 2014 preveu destinar al servei de justícia gratuïta un total de 34,15 milions d’euros, és a dir una quantitat molt similar a la que es va pressupostar durant l’any 2013, malgrat que el Govern vinculà a la justícia gratuïta la recaptació que obtengués de les taxes judicials. El subsecretari d’estat de Justícia, Juan Bravo, va haver de fer filigranes per explicar la diferència entre els més de 300 milions que el Govern digué que esperava recaptar amb les taxes amb la partida de poc més de 34 milions que s’assignarà el 2014 a la justícia gratuïta Primer, va explicar, la recaptació realment obtinguda va ser molt inferior a la que es va estimar inicialment. Després, digué finalment, la vinculació d’allò que s’obtengui de les taxes a la justícia gratuïta dependrà també de l’acord amb el qual es pugui arribar amb les comunitats autònomes i el ministeri d’hisenda i veure en quins termines es pot fer aquesta vinculació Una postura poc clara que fa pensar que tot i que els dines de les taxes hagin estat menors dels previstos, la diferència entre la quantia obtenida de les taxes i la que s’invertirà a la justícia gratuïta anirà, com diu Carlos Carnicer, president de l’Advocacia Espanyola, al pou comú de la recaptació

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Entre les inversions destaquen els 43,3 milions prevists per finançar les accions tecnològiques que es pensen dur a terme per avançar als desplegaments de la nova Oficina Judicial i de l’Oficina Fiscal; al nou sistema de gestió per als Instituts de Medicina Legal; a desenvolupar les noves funcionalitats de l’agenda d’assenyalaments; a estabilitzar l’expedient judicial elec-

El Ministeri de Justícia tampoc no escaparà de l’estisora durant l’any 2014. De fet, l’any pròxim aquest departament comptarà amb un pressupost de 1.472,90 milions d’euros, quantitat que representa una caiguda del 2,31% respecte del destinat a Justícia el 2013 i que s’afegeix a la que ja han experimentar els diners d’aquest departament enguany, amb comparació a l’any 2012.

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¿Podemos fiarnos de los poderes?

(A propósito de la STS 449/2013 de 22 de mayo de la Sala 2a)

Por Miquel Masot Miquel. Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. I.- INTRODUCCIÓN La sentencia 449/2013 de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, al confirmar la sentencia de la Audiencia de Palma, Sección 2ª, de 23 de noviembre de 2011, arroja serias dudas e incertidumbres – o tal vez algo más que eso- en un tema ya de por sí tan delicado como es el de la eficacia de los poderes. La tesis de la sentencia –o, hablando en propiedad, la de tres de los cinco magistrados de la Sala 2ª del Tribunal Supremo- es que el poder con causa ilícita, determinante de su ilícito penal, convierte en nulos e ineficaces los negocios jurídicos que se otorgan en uso de dicho poder, aunque en estos negocios jurídicos intervengan terceros de buena fe y aunque estos terceros estén protegidos por la fe pública registral.

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II.- LOS HECHOS DEL LITIGIO La sentencia de la Audiencia declaró hechos probados los siguientes: “El acusado JP...consiguió ganarse la confianza de determinadas personas, que sabía poseían bienes tales como viviendas, parcelas o solares y, con las promesas de gestionar el alquiler o venta de los mismos, consiguió que estos titulares le otorgaran poderes generales para administrar sus propiedades, incluyendo la realización

las desconocían quienes conectaban con los prestamistas e intervenían como intermediarios en la constitución de los préstamos hipotecarios u otras operaciones comerciales que realizaban con el acusado, creyendo erróneamente que era plenamente solvente y que los titulares de los bienes conocían y aceptaban todas las actuaciones que el acusado realizaba, utilizando los poderes generales que se le habían otorgado”.

de cualquier operación mercantil con dichos bienes: gravámenes, ventas, cobros de débitos, etc... sin limitación alguna. La verdadera intención del acusado, como así hizo, era conseguir, mediante préstamos hipotecarios, dinero en metálico”. (Y, al efecto, conectó con diversas personas con las que concertó préstamos hipotecarios debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad).

La sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma condenó al acusado JP a la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 9 meses a razón de 6 euros diarios –con la que el acusado se había previamente conformado- y declaró la nulidad de los negocios jurídicos otorgados en uso del poder y de los asientos causados por los mismos en el Registro de la Propiedad. Con ello, los poderdantes recuperaban sus propiedades libres del gravamen hipotecario y a los prestamistas, como perjudicados, se les reservaban acciones civiles para reclamar las cantidades entregadas al condenado –e insolvente- JP.

Termina la declaración de hechos probados con las siguientes apreciaciones: “Las personas que prestaban el dinero desconocían las verdaderas intenciones del acusado e igualmente

Interpuesto recurso de casación por los prestamistas -que, a la vez que perjudicados fueron llamados al proceso como responsables civiles- la Sala 2ª, por tres votos a favor y dos en

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La sentencia del TS parte de la base de que los contratos otorgados por el acusado con terceros “constituyen precisamente el instrumento mediante el cual se consuma la estafa, pues en ellos se concreta el desplazamiento patrimonial que completa el plan defraudatorio”. Considera que tanto los poderes como los préstamos concertados son contratos con causa ilícita; y, para tal supuesto, considera de aplicación el art. 1305 Cc, que hace referencia a la nulidad contractual derivada de la ilicitud de la causa u objeto del contrato, por constituir delito o falta, comprendiendo tanto el supuesto en que el delito o falta haya sido cometido por los dos contratantes como por uno solo, con las consecuencias distintas previstas por el precepto. En este sentido, se hace especial hincapié en el hecho de que el precepto abarca también el supuesto en que uno solo de los contratantes haya cometido el delito. Sin embargo, y a mi juicio, no es técnicamente correcto aplicar tal precepto y hablar de ilicitud de la causa en unos contratos en que el móvil defraudatorio tan solo anida en uno de los contratantes, siendo las otras partes contratantes absolutamente ajenas al mismo. Ni siquiera los más acérrimos partidarios de las teorías subjetivistas de la causa - partiendo de la gran aportación de Henry Capitant- han considerado que el móvil o maquinación interna de uno solo de los contratantes se pueda convertir en causa del contrato, sino que, para que este motivo se convierta en causa, es preciso que sea compartido y conocido por la otra parte, habiendo pasado a formar parte del conjunto de la voluntad contractual. Y nada de ello ha ocurrido en el caso de autos,

La sentencia del TS no solamente declara la ilicitud de la causa, sino que va más allá y considera que “ el poder delictivo, fruto de una estafa, impide considerar concurrente el consentimiento de las víctimas del delito (los representados) en los contratos concertados por el autor del mismo”. Con lo que no deja de incurrirse en una contradicción, pues la causa contractual –de cuya ilicitud deriva la sentencia la aplicación del art. 1305 Cc- presupone la existencia del consentimiento, pues, si de entrada no ha existido consentimiento, es imposible determinar si el mismo se integra en una causa ilícita. Y en cuanto a la posible protección registral de los prestamistas por el art. 34 LH - al ser terceros de buena fe que han adquirido un derecho de persona que en el Registro aparece facultada para transmitirlo, procediendo a continuación a inscribir su derecho de hipoteca- la despacha la sentencia con la mención del art. 33, según el cual la inscripción no convalida los actos o contratos nulos con arreglo a las leyes.

IV.- EL VOTO PARTICULAR DE LOS MAGISTRADOS MARTÍNEZ ARRIETA Y MAZA MARTÍN En el mismo se centra la cuestión al decir que el objeto de la revisión no es sino “el alcance que debe darse, en el orden jurisdiccional penal, a la responsabilidad civil derivada de delito. Concretamente, si en la determinación de la responsabilidad civil derivada del delito, la unidad del ordenamiento jurídico exige respetar la interpretación que resulta de la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, o si, por el contrario, la causalidad penal de la nulidad impone ciertas y particulares

específidades que aconsejan separarse de esta interpretación”. Y, tras ello, no duda en señalar que “esta interpretación en cuya virtud el art. 34 LH no protege a quien ha intervenido en un contrato que se declara nulo no es la que sigue la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del TS., que, en Pleno jurisdiccional de 5 de marzo de 2007 STS 255/2007, estableció el criterio jurisprudencial a seguir sobre el alcance de la protección al tercer adquirente de un bien inmueble de acuerdo con el Registro. Y, aplicando al caso debatido la doctrina establecida en el indicado Pleno jurisdiccional, señala que “en el supuesto objeto de la casación, los denominados prestamistas que concedieron un crédito con garantía hipotecaria son ajenos al mandato en cuya virtud actuaba el acusado, y actuaron en su contratación amparados por la titularidad registral, comprobando la regularidad de la inscripción y la capacidad para la realización de la hipoteca. Son terceros y actúan de buena fe, lo afirma la sentencia. En consecuencia deben ser objeto de la protección dispensa por el Registro y el ordenamiento jurídico”.

V.- UNAS PEQUEÑAS ACOTACIONES 1ª) Si un poder con causa ilícita contamina con la ilicitud a todos los negocios jurídicos otorgados mediante el poder –tesis mayoritaria de la sentencia- es obvio que no podemos fiarnos de los poderes. De imponerse esta tesis mayoritaria, los poderes tienen que ser mirados con desconfianza y prevención, ya que pueden contaminar el negocio jurídico realizado en uso de los mismos, si se obtuvieron con medios o propósitos ilícitos determinantes de su consideración como delito. 2ª) La sentencia me ha recordado el proceso deductivo de uno de los maestros del Derecho –Ihering- que, de una jurisprudencia de conceptos, basada en la aplicación aséptica de

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III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SENTENCIA

ya que la sentencia de la Audiencia paladinamente declara en los hechos probados que quienes concertaron los negocios jurídicos en los que se utilizaron los poderes eran terceros de buena fe.

contra, y en ponencia de su presidente, Sr. Conde-Pumpido, lo desestimó.

Les pàgines de l’Acadèmia las normas como conceptos científicos o de laboratorio, se pasa a una jurisprudencia de intereses, en la que lo prioritario es la determinación de cuál es el interés más digno de protección, con lo que las normas no deben servir sino para afianzar la declaración de prevalencia de este interés sobre el enfrentado con él en el litigio Para la tesis mayoritaria de la sentencia, los propietarios de los bienes hipotecados –que, con evidente negligencia, dieron alegremente poder para gravarlos a una persona de la que hubieran podido conocer sus anteriores condenas por delito de estafa- son más dignos de protección

que las personas que prestaron dinero sobre las fincas contempladas en los poderes, confiando en los mismos y en el amparo del Registro de la Propiedad. Y en la sentencia se trata de justificar esta preferencia haciendo referencia a las cláusulas de intereses moratorios y a los pactos de anatocismo que se contienen en las escrituras de préstamo hipotecario, realizando operaciones matemáticas para expresar su asombro ante la cuantía astronómica de tales intereses y de las cantidades resultantes. Pero olvidando que tales cláusulas y tales tipos elevados de interés –siempre referidos tan sólo a los exclusivamente moratorios- han

venido siendo los habituales en todas las pólizas e hipotecas otorgadas por la banca española durante años y años, ante la pasividad y complacencia del Banco de España y de las autoridades bancarias. 3ª) En definitiva, la búsqueda en los litigios de la justicia material -o sea del interés más digno de protecciónno creo que deba imponerse cuando peligra la seguridad jurídica. Como ha ocurrido en el presente caso, en que han quedado fuertemente heridas dos instituciones tan importantes como son los poderes y la protección registral del tercero de buena fe.

BASES DEL XII PREMIO LUIS PASCUAL GONZÁLEZ CONVOCADO POR LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN DE LAS ILLES BALEARS 1.- Podrán participar en el concurso los licenciados y los que hayan obtenido el grado en Derecho por cualquier Universidad. 2.- Los trabajos han de versar sobre Derecho civil de las Illes Balears, debiendo ser inéditos e individuales. 3.- Deberán estar escritos en lengua castellana o catalana y presentarse en archivo de Word, en arial 11 e interlineado de 1,5, por una sola cara. La extensión del trabajo no podrá ser inferior a 25 folios ni superior a 75. 4.- Los trabajos deberán presentarse mediante la aportación de 5 ejemplares del mismo, en la sede de la Academia, La Rambla, nº 10, teléfono 971-179400, telefax 971-71-92.06, correo electrónico decano@icaib.org 5.- El plazo de admisión finalizará el día 30 de septiembre de 2014. 6.- En el inicio del trabajo deberá constar el nombre y apellidos de su autor, D.N.I. o pasaporte, residencia y dirección, teléfono de contacto y, en su caso, correo electrónico, así como la fecha en que consiguió la licenciatura o el grado en Derecho. 7.- El premio tendrá una dotación de TRES MIL EUROS, sufragada por el Parlament de las Illes Balears y la propia Academia. 8.- El jurado calificador será presidido por el Presidente de la Academia integrándolo 3 miembros más, en representación del Parlament de les Illes Balears, de la Facultad de Derecho de la Universitat de las Illes Balears y de la propia Academia. La resolución del jurado, que decidirá por mayoría de votos, será inapelable.

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9.- El premio no podrá ser dividido entre trabajos presentados y podrá ser declarado desierto. 10.- La decisión del jurado deberá ser tomada antes del día 15 de diciembre de 2014, siendo comunicada a los concursantes a partir de esta fecha. 11.- La entrega del premio tendrá lugar en un acto solemne que organizará la Academia, con intervención del autor del trabajo premiado, publicándose el mismo en el Boletín de la Academia. Asimismo la Academia podrá acordar la publicación en el Boletín de la Academia de los trabajos presentados que, a pesar de no haber obtenido el premio, sean, a su juicio, de interés para su difusión. 12.- Durante los 6 meses siguientes a la notificación de la decisión del jurado calificador, los trabajos no premiados o pendientes de publicación podrán ser recogidos por sus autores o por las personas que los mismos designen, personándose en las dependencias de la Academia.

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Iniciación del curso académico

2013/2014

El pasado día 21 de octubre tuvo lugar, en la sala de actos del Colegio de Abogados, la solemne inauguración del curso académico 2013-2014.

La lección inaugural corrió a cargo del notario de Palma y Académico de Número, señor Carlos Jiménez Gallego, el cual disertó sobre el actualísimo tema “Cláusulas abusivas en la contratación de préstamos hipotecarios”.

Expuso a continuación las cláusulas cuya posible “abusividad” podría de-

rivar de la infracción de la normativa específica, encarnada especialmente en la OM de 28 de octubre de 2011 sobre transparencia en la contratación de préstamos hipotecarios y percepción de comisiones en préstamos y créditos, así como en la ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Pasó revista a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia, en especial la de 14 de marzo de 2013, que suministra criterios para determinar el carácter abusivo de las cláusulas; finalizando su brillante exposición con la consideración de si es posible el control no exclusivamente judicial del carácter abusivo de las cláusulas de los préstamos hipotecarios, haciendo referencia a la actuación notarial y registral y abogando por la introducción de alguna modalidad de control administrativo, en base al art. 48.2 de la ley 26/1988 de 29 de julio de disciplina e intervención de las entidades de crédito, que permite imponerlo a los modelos de contrato de las operaciones bancarias. La disertación del señor Jiménez Gallego fue seguida con verdadero interés por parte del público asistente, que formuló varias preguntas a la finalización de la misma.

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A continuación, y de acuerdo con lo preceptuado en los estatutos de la misma, se leyó por la secretaria general de la Academia, señora María Pilar Ferrer, la memoria del anterior curso 2012-2013, en la que se enumeran las diferentes actuaciones realizados por la Academia en muy diversos ámbitos durante dicho curso, glosando especialmente la celebración del 25 aniversario del otorgamiento de la escritura fundacional.

Comenzó repasando brevemente la normativa de carácter general, encarnada en la Directiva 13/93 de 5 de abril, la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobada por R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre y la ley de Condiciones Generales de la Contratación 7/1998 de 13 de julio y disposiciones modificativas de la misma, para pasar después a exponer la aplicación de esta normativa por parte de los tribunales, reseñando las sentencias dictadas sobre las siguientes cláusulas contenidas en los préstamos hipotecarios: cláusula de imposición de ciertos gastos al cliente, de imposición al mismo del fuero judicial, de renuncia del deudor a la notificación de la cesión del contrato, de compensación de saldos, de prohibición de enajenar el bien hipotecado y de redondeo del interés al alza, con especial consideración de la cláusula suelo de interés variable. Se detuvo especialmente en las cláusulas de vencimiento anticipado por incumplimiento de obligaciones accesorias, por disminución de la solvencia del deudor, por imposibilidad de registrar la hipoteca por cualquier causa y por arriendo de la finca hipotecada.

El presidente de la Academia abrió el acto señalando que la inauguración de un nuevo curso suponía la ocasión para expresar el agradecimiento de la Academia a las personas y entidades que hacen posible su pervivencia año tras año. Y en este capítulo citó al decano, a los componentes de la Junta de Gobierno, y personal administrativo del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears, al público que asiste a los actos académicos, al Parlament –que da soporte al Premio Luis Pascual González y al Boletín de la Academia- y a la vicepresidencia y conselleria de Presidencia del Govern Balear, en el marco del protocolo general suscrito para la generación de conocimientos y su transferencia a la sociedad, y, en especial, a los propios Académicos, que, con su trabajo desinteresado, protagonizan generalmente los diferentes actos y publicaciones de la corporación.

Notícies

“Drets humans, encara?”, humor gràfic per a la reflexió L’exposició, composta per 40 obres dels millors humoristes gràfics del país, es podrà visitar a l’ICAIB fins al 5 de desembre La seu palmesana de l’ICAIB acollirà des del 25 de novembre fins al 5 de desembre l’exposició “Drets Humans, encara?”, organitzada pel Consell General de l’Advocacia Espanyola i que es composa per 46 obres de grans mestres de l’humor gràfic, que en parlen sobre drets humans des d’una perspectiva àcida i irònica.

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La mostra, amb vinyetes d’Aguilera, Alfredo, Arranz, Dávila, Dodot, Esteban, Forges, Gallego y Rey, Gorka, Julio Cebrián, J.L. Cabañas, Juan Ballesta, HARCA, Loriga, Madrigal, Malagón, Martín Morales, Máximo, Mendi, Nando, Néstor, Orcajo, Ortuño, Pandelet, Peridis, Pinto y Chinto, Ramón, Reboredo y Sañudo, Ricardo, Sir Cámara, Ubaldo Boyano, Ulises, Xaquín Marín, Guillermo, Cano, Idígoras y Pachi, Antón, Enrique, Puebla, Kap, Ortifus, JM Nieto, Rafael Vega “Sansón”, Arturo Asensio, Ferreres i una obra de Antonio Mingote, es podrà visitar fins al dia 5 de desembre, en horari col·legial.

Notícies

La UE reforça i harmonitza les garanties dels detinguts a l’assistència lletrada

• Fixa el dret a l’assistència lletrada des del primer interrogatori policial i al llarg de tot el procés penal. • Facilita al sospitós el dret de fer les consultes oportunes i confidencials al seu advocat que li permetin exercir efectivament el seu dret de defensa.

persona a la qual s’imputa un delicte es considera, com a norma habitual, un dels elements bàsics d’un judici just. Tot i així, les condicions per accedir a l’assistència lletrada varien entre els estats membres, i aquí radica precisament la importància de l’acord adoptat. En alguns casos,

Entre altres qüestions, es fixa el dret a l’assistència lletrada des del primer moment de l’interrogatori policial i al llarg de tot el procés penal; es facilita que el sospitós exerceixi el dret de fer les consultes oportunes i confidencials al seu advocat, i es permet que l’advocat tengui un paper actiu en l’interrogatori tan a l’estranger es mantenguin en contacte amb el consolat del seu país i rebin visites. UNA HARMONITZACIÓ IMPORTANT Segons el Consell de la Unió Europea, cada any s’hi duen a terme més de vuit milions de processos penals. Cal dir que el dret de defensa de tota

per exemple, el sospitós d’un delicte no pot comptar amb el seu advocat durant els interrogatoris policials. En altres, la confidencialitat de les conversacions amb els advocats no està garantida. Tampoc no hi ha condicions similars pel que fa al dret dels sospitosos a comunicar la seva detenció a la seva família i al consolat.

Context El dret a l’assistència lletrada es regula a la tercera Directiva d’una sèrie de propostes, totes ja adoptades, amb les quals es pretén garantir a qualsevol punt de la Unió Europea els drets mínims que configuren la tutela judicial efectiva i el dret a un judici imparcial. Les altres dues directives recullen el dret a accedir als serveis de traducció i interpretació (Directiva adoptada l’any 2010, IP/10/1305) i el dret a la informació en els processos penals (Directiva adoptada el 2012, IP/12/575). La Comissió es proposa ara seguir per aquesta via amb un altre grup de propostes de regulació del dret a un judici just, que s’espera per a la tardor.

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Així, la Directiva estableix una sèrie de normes mínimes per a l’accés a un advocat en processos penals, i, garanteix, entre d’altres, els drets següents:

• Permet que l’advocat tengui un paper actiu en l’interrogatori. • Assegura que, sempre que hi hagi una detenció, aquesta circumstància es notifiqui a un tercer i que el detingut tengui la possibilitat de comunicar-se amb la seva família. • Permet que els sospitosos que es-

El Consell d’Estat de la Unió Europea aprovà el 7 d’octubre una important proposta que garanteix a tots els ciutadans el dret a l’assistència lletrada en els processos penals. La Directiva, que els estats membres hauran de transposar en un termini de tres anys des que entri en vigor, suposa un avanç molt important en la matèria i arriba deu anys després dels primers intents per adoptar una mesura legislativa que inclogués particularment el dret a l’assistència jurídica en assumptes penals.

Sa nostra pàgina

AJAIB: balance de dos años Por Miguel Cerdá Piedra. Presidente de la AJAIB

En estos dos últimos dos años, la Agrupación de Jóvenes Abogados de les Illes Balears (A.J.A.I.B), que tengo el honor de presidir, ha supuesto un instrumento de gran utilidad para nuestros agrupados, a los que agradecemos su apoyo e interés en todo lo que hemos organizado y estado presentes.

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Prueba de ello es el aumento en 133 nuevos miembros en tan solo dos años, una excelente noticia si tenemos en cuenta que, unidos a los que ya tenía la agrupación, en la actualidad nos acercamos a los 400 miembros agrupados. Sin duda la formación era uno de los pilares fundamentales que nos habíamos propuesto, y podemos afirmar que lo hemos logrado. Hemos ofrecido de forma gratuita diversos talleres sobre diferentes ramas del derecho – coaching, RC tráfico, turno de oficio, minutación, deontología, ejecuciones hipotecarias y dación en pago, proceso civil práctico, proceso penal práctico, reclamaciones en materia de seguros rama diversos, procedimiento administrativo sancionador, etc - que han obtenido gran aceptación y participación entre nuestros agrupados, a los cuales iba dirigidos, para ayudarles en su día a día en el no siempre fácil oficio de la profesión, asistiendo una media de 50 agrupados por taller, valorándolos de manera muy satisfactoria y positiva, gracias a lo cual, iban surgiendo nuevos temas de interés para nuestro colectivo. Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a todos los ponentes que han colaborado con la agrupa-

En sólo dos años, la AJAIB ha incorporado a 133 nuevos miembros, de modo que el total de los agrupados se acerca ya a los 400 ción y han ofrecido su conocimiento y tiempo de manera desinteresada, para que la realización de los talleres formativos hayan sido una realidad. Hemos publicado diversos artículos en “Sa nostra página” que la revista Misser nos concede, y hemos invitado a los agrupados a participar en la misma. Tenemos presencia en Facebook y la utilización del Gmail – jovesicaib@ gmail.com - ha sido un canal fundamental para comunicarnos con nuestros agrupados e informarles periódicamente de todos los actos y talleres organizados por la AJAIB. El 31 de octubre, con motivo del Día del Abogado Joven, la agrupación conmemora ese día organizando una serie de actos. El año pasado, la actual Junta Directiva hizo un repaso por la historia de esta agrupación, desde el año 1972 en que se fundó, homenajeando así

los 40 años de vida de la AJAIB, reconociendo la labor de todas las Juntas Directivas que han impulsado su continuidad, finalizando el acto con dos conferencias sobre la Ley de Tasas y la reforma de la Ley de Justicia Gratuita. Este año la agrupación se vio representada en el encuentro organizado por la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) con el presidente del CGAE, D. Carlos Carnicer Díez. A parte de llegar a nuestros agrupados, también hemos querido que conozcan la agrupación los alumnos de Derecho de la UIB, explicándoles quienes somos, cuáles son nuestros fines y proyectos, y que sepan que estaremos a su lado desde los primeros pasos del ejercicio de la profesión, si finalmente deciden escoger este camino. Es por ello que este año, con motivo

Sa nostra pàgina

A parte de talleres y formación, hemos incentivado las relaciones entre agrupados, creando el ya famoso Afterwork, reuniones de tono lúdico que se han realizado cada segundo jueves de mes, habiéndose consolidado como un medio para conocer nuevos compañeros, poder debatir e intercambiar ideas y pasar un rato agradable en buena compañía. La participación ha sido bastante elevada y la valoración muy positiva por parte de los compañeros que han asistido, repitiendo la mayoría de ellos. En igual sentido, organizamos una visita a las bodegas Galmés i Ribot de Santa Margalida, con degustación de vinos y calçotada incluidos. Y como cierre a los actos del Día del Abogado joven, cada año hemos organizado una cena para incentivar de ese modo las relaciones personales entre nuestros agrupados y celebrar nuestro día.

“Quiero manifestar en nombre propio y en el de los compañeros de la Junta Directiva que me han acompañado en esta travesía, nuestra más sincera satisfacción durante estos dos años al frente de la Agrupación, en los que todo el tiempo dedicado ha valido la pena para situar a la AJAIB en el papel destacado que se merece” dos años consecutivos en el Ilustre Colegio de Abogados de les Illes Balears (ICAIB). La asociación benéfica Gooding, ha sido la escogida en las dos últimas ediciones, a la que ha ido destinado lo recaudado con la venta de boletos del sorteo solidario que se lleva a cabo. Un lugar destacado merece la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), a la que pertenecemos desde hace años. Sin embargo, la actual Junta Directiva ha sido quien ha

devuelto la visibilidad a la Agrupación de Baleares, asistiendo al XVII Congreso Estatal de la Abogacía Joven en Granada y a los plenos trimestrales de la CEAJ en Soria, Barcelona, Zaragoza, Málaga y Logroño, creando de este modo unos excelentes vínculos con los compañeros de fuera, y devolviendo a Baleares la participación que hasta ahora había perdido. Tal es la importancia de lo anterior, que con el apoyo del resto de agrupaciones jóvenes que integran la CEAJ, fuimos escogidos para organizar el Pleno de la CEAJ en Palma de Mallorca, que tuvo lugar del 14 al 16 de junio de 2013, y que no se celebraba en Baleares desde septiembre de 2007. Qué decir tiene que el evento fue todo un éxito de participación y que la AJAIB se convirtió en anfitriones para los 120 abogados jóvenes que participaron en la trimestral. Por último, se han modificado los Estatutos de la Agrupación con el fin de completarlos, mejorarlos y adaptarlos ante la situación actual que vive la abogacía joven, y ponerlos en concordancia con los de la CEAJ. Entre las principales novedades destacan los requisitos de edad y/o años de colegiación que se precisan para formar parte de la agrupación. Ya para acabar, manifestar en nombre propio y en nombre de mis compañeros de la Junta Directiva que me han acompañado en esta travesía, nuestra más sincera satisfacción durante estos dos años al frente de la Agrupación, en los que todo el tiempo dedicado ha valido la pena para situar a la AJAIB en el papel destacado que se merece.

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La AJAIB también ha sabido mantenerse firme contra la Ley de Tasas, llevando a cabo actividades reivindicativas, mostrando de ese modo nuestro más sincero rechazo a la misma, apoyando los actos en su contra y pidiendo su retirada. Entre ellas tuvo lugar una concentración en las sedes judiciales de Palma, donde además se recabó la firma de cartas de rechazo que fueron remitidas al ministro de Justicia. También asistimos a las posteriores concentraciones promovidas por el Colegio de Abogados y la Plataforma de Jueces y Fiscales.

En julio de 2012 y octubre de 2013 organizamos de nuevo el Torneo de Pádel Solidario Intercolegial, habiéndose celebrado ya este año su 4ª edición, y como cada año, ha sido un éxito de participación por parte de los colegiados de los diferentes colegios profesionales que participan. La novedad en las dos últimas ediciones, ha sido la creación y entrega de un trofeo al colegio participante ganador, para incentivar de este modo la participación de los colegios de sus respectivos colegios profesionales, recayendo estos

del Día del Abogado Joven, ofrecimos una charla/coloquio en la UIB, sobre los primeros pasos de la profesión de abogado y sobre la Ley de Acceso y el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Reportatge

Els advocats tornen a guanyar el Torneig de Pàdel Intercol.legial Els dies 5 i 6 d’octubre va tenir lloc al Club Poliesportiu Sa Cabana el IV Torneig de Pàdel Intercol· legial que organitza l’Agrupació de Joves Advocats. Per segon any consecutiu, els representants de l’ICAIB en resultaren guanyadors, amb 400 punts. Els farmacèutics aconseguiren 250 punts, amb els quals conquistaren el segon lloc, i els veterinaris i els administradors concursals compartiren el tercer lloc amb 225 punts cadascun. En el torneig no faltaren els representants dels agents de la propietat immobiliària, dels economistes ni dels titulats mercantils i empresarials. En la segona categoria, els guanyadors varen ser Miguel Ángel Ortolá, advocat, i Carlos Socías; mentre que els economistes Bartolomé Matas i Xavi Amat guanyaren en la tercera categoria. En la quarta, s’adjudicà el premi la parella de padelistes formada per Antonio Calonge (administrador de finques) i José María Vives.

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L’advocacia es va imposar en la categoria femenina gràcies al bon joc de les lletrades Lucía Pérez i Maria del Mar Matas, mentre que a la mixta l’economista Bartolomé Matas repetia triomf, aquesta vegada juntament amb Mar Bonet, farmacèutica. L’objectiu del torneig era recaptar fons per a l’associació Gooding, dedicada al lliurament d’aliments a les famílies sense recursos i a la cura de malalts i de menors als centres hospitalaris, entre altres tasques solidàries. En acabar el torneig, es va dur a terme un sorteig benèfic amb productes donats per les empreses col·laboradores (Amano Bar, els cellers Galmés i Ribot i Pere Seda, la cafeteria restaurant Aire, Carns Comas, Club Poliesportiu Sa Cabana, Forn de la Missió, Fundació Reial Mallorca, Los Impresentables, Mhares Sea Club, Palma 80s Café, Paulova, Rellotgeria Pedro Miró, Viajes Pafusa i Zertifika). Les dues jornades esportives acabaren amb una bona paella que serví per recuperar força.

Amb la vènia

Així, sense cap tipus de complex, l’amant de la poesia deia en una sentència: «Procede acceder a la separación / que imploran tanto el Sr. Triana / al que no le da la gana / de soportar la tensión. / Como la Sra. Sarmiento/ que no sufrien-

do escarmiento / tras su primer tropezón / persiste en el mismo tono / y aduciendo el abandono / suplica solución». El mateix matrimoni va haver d’assistir atònit a un altre rampell poètic del jutge poeta, aquesta vegada en una reclamació posterior per la qual ella demanava més assignació per a la filla en comú: «Bien reza el refranero / que pidiendo de sobrado / por salir con lo mediado / se puede perder entero / y ante el vicio de pedir / es virtud la de no dar.» Fonament? de dret.

L’amor per la poesia d’un jutge de Tenerife pareix que no té límits, i així ho demostra mitjançant l’empremta particular que deixa a les seves resolucions, algunes de les quals, per cert, han estat objecte d’anàlisi per part del comitè disciplinari del CGPJ.

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El jutge poeta

Mots a la barra

MOTS A LA BARRA Per la Comissió de Normalització Lingüística de l’ICAIB

DELINQUIR EN QUALSEVOL LLENGUA El Projecte de llei de reforma del Codi penal ens dóna la possibilitat de parlar de termes correctes en català per designar uns quants delictes. Montaigne deia que saber molt sovint és la conseqüència de dubtar més. En qüestions de terminologia, com en molts d’altres, hem de dubtar, perquè només si dubtam consultarem un bon diccionari i hi trobarem la paraula adequada al concepte al qual ens volem referir. El fet de no dubtar, o de dubtar sense consultar un bon diccionari, pot implicar cometre un error. En escoltar advocats, polítics i periodistes en una tertúlia, tenim l’oportunitat de comprovar la seva imaginació a l’hora de referir-se al delicte dit en castellà cohecho. Les traduccions que en fan són múltiples i, algunes vegades, hilarants: cofet (!) i coetx (!) en són algunes. Davant el dubte, cal cercar l’equivalència al català d’aquest terme, cosa que podem fer, per exemple, consultant el Vocabulari de dret penal i penitenciari, del qual ja hem parlat en aquesta secció. Comprovarem que el terme correcte en català és suborn de funcionari, el qual, a més, té l’avantatge que és molt descriptiu.

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EL CORRECTOR Els correctors són molt útils a l’hora d’evitar errades d’ortografia, tot i que cal saber-los interpretar, ja que moltes vegades suggereixen més d’una opció d’esmena. Per tant, la persona usuària ha de triar la forma correcta que s’ajusta a allò que vol dir. Softcatalà ens ofereix El Corrector, una eina gratuïta que ens ajuda a rectificar errades ortogràfiques, morfosintàctiques, de picatge, d’estil, etc.

Per exemple:

Els ganivet no tallen. Els ganivets no tallen. Ha infligit moltes lleis. Ha infringit moltes lleis. La persona de la que parla. La persona de qui / de la qual parla. Quant a la morfologia verbal, aquest corrector ens dóna la possibilitat de triar les variants valencianes, balears o generals. En definitiva, una eina que, ben usada, ens és molt útil per corregir els nostres textos. Fins i tot, ens pot animar a repassar qüestions de gramàtica, ja que, si hem de triar una de les opcions que ens ofereix, haurem de recordar les normes bàsiques de gramàtica. Trobareu El Corrector al web www. softcatala.org.

ARRIBA NADAL... I LA SEGONA FESTA? Després que l’any passat el 26 de desembre fos festa local, enguany torna a ser festiu en l’àmbit general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La segona festa de Nadal té una forta tradició a les Balears i a la resta de territoris de parla catalana. A més, és una festa conciliadora, ja que permet que les parelles puguin celebrar el Nadal amb les famílies respectives: el dia de Nadal dinen amb la família d’un membre de la parella, i el dia de Sant Esteve, amb l’altra. Esperem que la segona festa no torni a perillar i que aquest canvi no duri de Nadal a Sant Esteve.

Agenda formativa CONFERÈNCIA “NOVETATS LEGISLATIVES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS URBANS»

nom complet, el correu electrònic i la seu a la qual s’assistirà.

L’ICAIB, a través de la Fundació per a la pràctica jurídica organitza una conferència sobre les “Novetats legislatives en matèria d’arrendaments urbans” que impartirà el senyor Vicente Magro Servet, president de l’Audiència Provincial d’Alacant, el pròxim 5 de desembre, a les 18.30 hores a l’ICAIB Palma.

PREMIS MELCHOR ALMAGRO

La conferència és gratuïta i es retransmetrà per videoconferència a totes les seus judicials. És necessari confirmar l’assistència abans del 4 de desembre, enviant un correu electrònic a fpj@icaib.org indicant el

La Facultat de Dret de Granada ha convocat els premis Melchor Almagro per treballs d’estudis i investigació sobre qüestions jurídiques. Els treballs, l’extensió màxima pels quals ha de ser de 50 pàgines, a doble cara i escrites en Arial 12, s’han de presentar abans de les 14 hores del dia 5 de desembre de 2013 a la secretaria de la Facultat convocant (Facultat de Dret de la Universitat de Granada, Plaza de la Universidad, 1. 18071, Granada).

Bústia • Llicenciada en dret amb ampla experiència com auxiliar administrativa cerca feina. Idiomes: català, • Interessa becari per a despatx de procuradors. Les castellà i anglès (nivell mitjà). Les persones interessades poden contactar amb Lorena Vicens en el persones interessades poden telefonar al número telèfon 686.864.252. 646.082.857 (María Rey).

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DESPATXOS

DEMANDES

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