Lo Mejor de IDL-SC 2007-2009
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Instituto de Defensa Legal, Área de Seguridad Ciudadana – IDL-SC Lo mejor de IDL-SC, Lima: 2009 Ministerio del Interior, Policía, corrupción, narcotráfico, Sendero Luminoso, Huallaga, negligencia policial, conflictos sociales, ronderos, seguridad ciudadana, pandillas.
íNDICE
Introducción
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I. Ascensos, descensos e inflaciones en la PNP Capítulo 1. La pirámide obesa Capítulo 2. El mérito del dedo Capítulo 3. Inflación de coroneles Capítulo 4. La purga de los coroneles Capítulo 5. Los legajos fantasmas Capítulo 6. Veinte años después... Capítulo 7. ¿Cirugía o bótox en Córpac? Capítulo 8. Inminentes cambios en el comando policial
13 17 25 29 33 37 41 45
II. Casos de corrupción en la PNP Capítulo 9. El hospital enfermo Capítulo 10. Robar hasta el ozono Capítulo 11. Cuestión de circulinas Capítulo 12. Memo gasolinero Las adquisiciones de Alva Castro Capítulo 13. Subasta sin subasta Capítulo 14. Patrulleros chinos: lo que dice García Capítulo 15. Entretelones de una compra abortada Capítulo 16. Discordias en Córpac Capítulo 17. Los argumentos de Alva Castro Capítulo 18. Lo que argumenta Consucode
53 57 63 69 79 87 91 97 101 105 |5|
Capítulo 19. Los detalles de la adquisición de patrulleros Capítulo 20. Llevan a arbitraje a Alva Castro por anulada compra de 50 camiones portatropas Capítulo 21. El náufrago de Córpac
109 113 119
III. Casos de negligencia en la PNP Capítulo 22. Muerte en Aramburú Capítulo 23. Muerte de un Burrier Capítulo 24. Revólveres en el camposanto Capítulo 25. Epidemia de accidentes Capítulo 26. Fuego amigo Capítulo 27. La encomienda
129 133 139 143 145 149
IV. Manejo de conflictos sociales en el ministerio del Interior Capítulo 28. El Jiu-jitsu policial Capítulo 29. Cómo fracasó el mando de la Policía
155 161
El ‘Moqueguazo’ Capítulo 30. Rendiciones y desbandes Capítulo 31. El ‘Moqueguazo’: la investigación confidencial Capítulo 32. La sombra del ‘Moqueguazo’
167 175 179
El ‘Baguazo’ Capítulo 33. Testimonio de sobrevivientes Capítulo 34. El horror Capítulo 35. La llamada que no se hizo Capítulo 36. Retratos de la muerte Capítulo 37. El cuartel que no rescató Capítulo 38. ¿Justicia para los deudos? Capítulo 39. ¿Justicia para los deudos? (la secuela) Capítulo 40. Promesas y mecidas Capítulo 41. Inteligencia para ciegos
183 187 195 201 207 211 215 219 223
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V. Lucha policial contra Sendero en el Huallaga Capítulo 42. Sendero cobra fuerza en el Alto Huallaga Capítulo 43. El Operativo Volcán en Cerro Azul Capítulo 44. El operativo contra ‘Piero’ Capítulo 45. Detenciones arbitrarias en Aucayacu Capítulo 46. Manuscritos en el monte Capítulo 47. Confesiones de ‘Artemio’ Capítulo 48. Justicia tardía: reivindicación y retiro Capítulo 49. ¿Quién apaga la luz en el Frente Policial Huallaga? Capítulo 50. Con novedad en el Frente
229 233 237 241 245 249 253 257 261
VI. Narcotráfico Capítulo 51. El lado cocalero de la vida Capítulo 52. Narcotráfico en el Huallaga: De las ‘firmas’ a las pymes Capítulo 53. Los clanes de la droga en el Huallaga
267 273 277
VII. Otros casos El Caso ‘Diana Arévalo’ Capítulo 54. Pesquisa de orgías. (La secuela) Capítulo 55. Pesquisa de orgías III Capítulo 56. Pesquisa de orgías IV
285 291 297
El Caso de los Sánchez Paredes Capítulo 57. La mano que mueve el serrucho Capítulo 58. ¿Investigación secreta?
307 313
El Caso Rodríguez Silva Capítulo 59. La cocaína en el café y las cintas en la caja fuerte Capítulo 60. Las cintas en la caja de zapatos
317 323 |7|
Neonazis en Lima Capítulo 61. Visita a neonazis
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Caso Luis Alberto Salgado Capítulo 62. La purga de García Capítulo 63. Salgado: “El Presidente me sacó”
333 337
Privatización de penales Capítulo 64. Prisiones con fines de lucro Capítulo 65. Prisiones con fines de lucro (II)
341 345
VIII. Actividades más destacadas de IDL-SC (2007-2009) Introducción
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Capítulo 66. Sellan convenio rondas campesinas, IDL y gobierno regional de Cajamarca Capítulo 67. Policía comunitaria: nueva filosofía para luchar contra la inseguridad Capítulo 68. Lecciones de seguridad en San Ramón Capítulo 69. Noche de ronda Capítulo 70. Velada en Villa El Salvador Capítulo 71. En Villa El Salvador, juntas vecinales y pandillas Capítulo 72. El campo, las rondas, la mina Capítulo 73. Ronderos y Yachachiq Capítulo 74. Pandillas de Los Olivos
355
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359 363 367 371 373 375 379 383
Introducción
Desde el año 2007 hasta la actualidad, la dirección de Seguridad Ciudadana de IDL añadió a su trabajo de campo el de la cobertura y fiscalización periodística del ministerio del Interior, en especial de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué lo hicimos? Porque la corrupción y la incompetencia son, separadas y juntas, la principal causa del fracaso estatal en lograr niveles aceptables de seguridad ciudadana para la gran mayoría de la población en el Perú. Investigar y sacar a la luz los hechos y las causas de ambas hace posible que la gente conozca no solo lo que en realidad ocurre sino porqué y a través de quiénes. A la vez, junto con los casos de abuso, ineficiencia y deshonestidad, buscamos y encontramos lo opuesto: a policías, funcionarios y vecinos que, mediante su dedicación, valor, eficacia y entrega, demostraron que es posible conquistar el derecho a la seguridad y la paz en calles y distritos previamente asolados por la criminalidad. Hemos buscado revelar y denunciar lo corrupto; y dar a conocer y resaltar lo exitoso. En uno y otro polo hemos buscado identificar qué características en común tienen tanto los éxitos como los fracasos. En este compendio de las que consideramos las mejores notas de IDL-SC, el lector podrá identificarlas a través del relato de casos, hechos y también de hazañas. Está claro que una sociedad organizada y vigilante representa la manera más eficiente, sana y democrática de conquistar su derecho a la seguridad y a la vez de fiscalizar, descubrir y sancionar a los funcionarios del Estado que incumplan, burlen o defrauden el mandato conferido por el pueblo. Esperamos que IDL-SC haya contribuido a fortalecer la capacidad de fiscalización y de organización ciudadana. |9|
I. Ascensos, descensos e inflaciones en la PNP
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Capítulo 1
La pirámide obesa1
Con los últimos ascensos, el número de altos oficiales de la PNP se aproxima al que había cuando cayó Fujimori Cuando cayó el fujimorato, los gráficos que mostraban el número de oficiales en cada grado de los institutos armados y la Policía Nacional no parecían una pirámide sino sugerían más bien el retrato de un organismo obeso, hipertofriado en la cúspide y en precario equilibrio sobre una base angosta y endeble. El año 2001, la PNP tenía 48 generales, 751 coroneles, 1,222 comandantes, 2,169 mayores, 3,034 capitanes, 1,495 tenientes y 597 alfereces. Es decir, había mucho menos alfereces que coroneles; y posiblemente más generales de los que tuvo Napoleón en sus campañas en Europa. La inflación de generales y coroneles no solo supuso redundancia e inoperatividad, sino una profunda devaluación en la práctica del comando y liderazgo. Era una estructura hinchada y corrupta que retrató bien el legado de la dictadura. 1
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La reforma policial trató, mientras duró, de establecer la pirámide institucional. A comienzos del 2004, el número de generales había descendido a 31. Había 384 coroneles; 1,014 comandantes; 2,002 mayores; 3,159 capitanes; 1,263 tenientes y 585 alfereces. La base de la pirámide no había cambiado, pero la liposucción en los niveles más altos era evidente. El número de generales había bajado en un 40%; el de coroneles, a la mitad. El objetivo de la reforma policial para el 2005 era tener 28 generales; 313 coroneles; 959 comandantes; 2,022 mayores y 3,092 capitanes. Pero para entonces, la contrarreforma ya tenía un nombre: Javier Reátegui. El ministro que sucedió a Rospigliosi dejó sin efecto sus disposiciones y, mediante un decreto firmado en julio del 2004, amplió sustantivamente el número de vacantes para los grados altos. Así, el 2005 hubo 44 generales y 404 coroneles. Luego de los ascensos de este año, el 2007, el número de generales no ha variado. Son 44, incluyendo a los 17 que ascendieron. Hay 517 coroneles. Es decir, se ha retornado en lo esencial a la situación que imperaba el 2001. En el papel hay muchos generales; pero, por ejemplo, no hubo general alguno –y menos coronel– el otro día en el Monumental. Es que la obesidad y la debilidad con frecuencia van juntas. ¿Pero cuentan los números toda la historia? En verdad, no. Los ascensos de este año tienen características interesantes. La predominancia del llamado ‘código 3’ (la ex-Guardia Republicana) es, quizá, lo más notable. No es que la Republicana no haya logrado antes tener directores generales de la PNP procedentes de sus filas. El notorio ex-jefe policial Adolfo Cuba | 14 |
Escobedo, era guardia republicano. Y, durante la democracia, el general PNP Gustavo Carrión, muy identificado con la gestión de Rospigliosi, también provino de la GR. Pero en el caso actual, tanto el nuevo director general, David Rodríguez Segeu; como el jefe de Estado Mayor PNP, Julio Coa Mariño; y el jefe del Tribunal Administrativo Nacional, Manuel Acuña Timoteo; y el nuevo jefe de la VII Dirección Territorial, de Lima, Octavio Salazar Miranda, provienen de la Guardia Republicana. Lo mismo sucede con las jefaturas de importantes unidades especializadas y territoriales: El general PNP Miguel Hidalgo Medina, también GR o código 3, es el nuevo jefe de la Dirección Antidrogas; y José Paz Zavaleta, es el jefe de la VIII Dirección Territorial Policial, en Huancayo. De otro lado, los ex-guardias civiles, o código 1, mejor situados son ahora: el general PNP Juan Álvarez Manrique, director de Operaciones Policiales; y el general PNP Daniel Núñez Accame, director de Planeamiento y Presupuesto del Estado Mayor. En el alto mando policial, la ex-PIP, o código 2, tiene un oficial proveniente de sus filas en la tercera posición: el general PNP Víctor Gandolfo Monzón, es el inspector general. Como se ve, el alto mando, aunque algo chocolateado, es repucho. Y eso es novedad. ¿Por qué? ¿Destacan por calidades excepcionales de mando? El director general, general PNP David Rodríguez Segeu, es espada de honor de su promoción, la Ayacucho (1975). Un ex-jefe suyo lo describe como “chico correcto, estudioso, muy religioso… le falta esquina”. Sus antecedentes operativos no son particularmente destacables. El jefe de Estado Mayor, general PNP Julio Coa Mariño es, según buenas fuentes, no solo colega sino también compadre de Rodríguez Segeu. Aparte de eso, ha sido jefe de la V Dirección Territorial en Iquitos. Las sancio| 15 |
nes que registra la hoja de información que la Dirección de Inteligencia de la PNP hizo sobre Coa, cuando éste era coronel, cuya copia ha obtenido IDL, parecen ser relativamente menores. La de Rodríguez Segeu, en cambio, no contiene falta alguna. El inspector PNP, general PNP Víctor Gandolfo Monzón, solo registra una sanción simple de 4 horas en su hoja de información Nº 00354, hecha por la Dirección de Inteligencia. Este nuevo comando, aparte de su grisura operativa, tiene otra característica: es joven. No se esperaba que el Gobierno se saltara promociones anteriores para llegar a ellos. Probablemente, ellos tampoco se lo esperaban. Tienen un techo cronológico relativamente alto y una pregunta todavía sin respuesta sobre su capacidad funcional. Publicado el 07 de febrero del 2007
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Capítulo 2
El mérito del dedo1
El proceso de ascensos al grado de general en la PNP, pese al exceso de vacantes, estuvo signado por la elección a dedo antes que por el mérito profesional El presidente Alan García y el ministro del Interior Luis Alva Castro esperaron hasta el último día del 2007 para aprobar los ascensos a generales en la Policía Nacional y designar a su nuevo director general. La demora significó intrigas, pugnas y alargó innecesariamente la tensión en los ya inquietantes procesos de ascenso en la Policía Nacional. IDL-SC ha reconstruido cómo se llevó a cabo el proceso de ascensos. Según fuentes dignas de crédito, que participaron en las decisiones, los 42 generales fueron convocados el 29 de diciembre en el Centro de Esparcimiento de la Policía, en La Molina. En la reunión, el hasta entonces director general, general PNP David Rodríguez Segeu, determinó que cada institución de origen de la PNP, es decir, las ex Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana propondría sus candidatos a generales. 1
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“Se supone que era una junta de generales pero fue una reunión de códigos”, dijo uno de los oficiales presentes en la reunión. En todo caso, esta decisión demostró que, por lo menos funcionalmente, la unificación en la Policía Nacional del Perú ha resultado más epidérmica de lo que se suponía. Los generales no tardaron mucho en definir sus respectivas listas. Reunidos desde las 8 de la mañana a las 11 a.m. ya tenían preparada la propuesta de 28 coroneles para postular a las 14 vacantes en el grado de general que el Gobierno había decidido hasta entonces. Según las fuentes consultadas, Rodríguez Segeu impuso al coronel Víctor Ordinola en la propuesta de oficiales de la Guardia Republicana. Ordinola fue hasta hace poco jefe de la Policía de Carreteras y su gestión ha sido cualquier cosa menos exitosa. El Plan Tolerancia Cero, en lo que ha competido a la PNP, ha tenido mediocres resultados. Los asaltos en las carreteras se han mantenido, sino acrecentado, dentro de cifras alarmantes, y las estadísticas no son confiables. La dejadez fue tan marcada que, por ejemplo, los perros de la policía canina entrenados para detectar drogas, no fueron empleados durante el año por la policía de carreteras pese a haber sido destacados para esa dirección. Ordinola ha sido designado nuevo jefe policial en Chiclayo. Los generales de yapa Como se ha dicho, la lista fue de 28 candidatos para 14 vacantes. Conformaban la lista los coroneles Luis Valencia Hirano, Carlos Vega García, Roberto Lanatta Corcuera, Carlos Vallejo Pasano, Jorge Guerrero Marchand, Manuel Bobadilla, Guillermo Arteta, Carlos Medel, Alfredo Miranda Benavides, Jorge Iparraguirre Mestanza, Néstor Zegarra y Robinson Pensantes. Estaban también los que fueron ascendidos: Teddy Bartra, Hector Chávez Estremadoyro, José Félix Murga, Adolfo Mattos Vinces, Mauro Medina, Enrique Medri, Mario Obregón, Víctor Ordinola, David Paulett, Antenor | 18 |
Rosas, William Tafur, Javier Uribe Altamirano, Roberto Villar Amiel y Elmer Zelada. La lista fue entregada el mismo día a la junta selectora, conformada por el director general de la Policía David Rodríguez Segeu, y los generales Julio Coa, Eduardo Montero y el actual director de Logística Arturo Dávila. Esta junta escogió a 14 coroneles. Sin embargo, hubo luego cambios y añadidos. El 30 de diciembre se añadieron 6 nuevas vacantes para generales (ampliando a 20 el número de ascendidos) y a última hora fueron promovidos los coroneles Gaudencio Debenedetti, Hugo Delgado Vargas, Oswaldo Hernández Revolle, Ántero Huaroto, Victor Castañeda y Juan Suárez Flores. Ninguno de ellos estuvo en la lista inicial de 28 coroneles aptos. La resolución publicada en El Peruano en su edición extraordinaria en la tarde del 31 de diciembre, grafica muy bien la improvisación y el apuro en los ascensos. Mientras que los 14 primeros, de la lista original, están en orden alfabético, los últimos son consignados en la cola de la lista.2 Fue un proceso de ascensos donde el mérito se subordinó al dedo. El nuevo comando policial Ahora existen en la institución 46 generales, sólo dos menos que los que había al finalizar el gobierno de Alberto Fujimori en el 2000. Esto confirmó las sospechas de que el número de las vacantes para generales repetiría el mismo esquema de los ascensos en otros grados.3 La reforma policial emprendida a la caída de la dictadura buscó establecer una pirámide institucional (como es lo lógico y racional en una institución vertical) pero el proceso no sólo se pasmó sino que ha dado lugar a un retroceso. 2 3
Ver resolución de El Peruano: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/25-01/norma_legal.htm Ver Inflación de coroneles: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/08-11/texto1.htm | 19 |
Con el reciente proceso los más favorecidos resultaron los oficiales que pertenecieron a la ex Guardia Civil (Código 1), que ocupan 10 de las 20 plazas de general. Los de la ex Guardia Republicana (Código 3) se quedaron con seis vacantes y los de la ex Policía de Investigaciones del Perú (Código 2) con cuatro. Provenientes de la Guardia Civil fueron ascendidos 10 coroneles: 1) Héctor Chávez Estremadoyro, 2) Mauro Medida Guimaraes, 3) Mario Obregón Matos, 4) Williams Tafur Reátegui y 5) Roberto Villar Amiel, 6) Elmer Celada Cansino, 7) Gaudencio Debenedetti Vargas Machuca, 8) Ántero Huaroto Muñoz 9) Víctor Castañeda Parrales 10) Juan Suárez Flores. PIP: 11) Oswaldo Hernández Rebollet, 12) David Paulet Hauyón, 13) Eusebio Félix Murga 14) Antenor Rosas Coronel. Y por el Código 3 (ex Guardia Republicana): 15) Javier Uribe Altamirano, 16) Enrique Medri Gonzales, 17) Víctor Ordinola Ruiz, 18) Adolfo Mattos Vinces y 19) Teddy Bartra Arévalo, 20) Hugo Delgado Vargas. Sobre los añadidos Sobre el ascenso del ahora general PNP Ántero Huaroto, diversos testimonios coincidentes refieren que para su ascenso fue decisiva la intervención del secretario general de Palacio, Luis Nava. Huaroto ocupó hasta el 31 de diciembre la Jefatura Metropolitana Lima- Centro. En su legajo no figura ninguna acción especial y le queda sólo un año como general. Vale recordar que la última semana de diciembre 15 pistolas fueron robadas de la armería de su dependencia. El hecho se ocultó hasta que el proceso de ascensos terminó y el escándalo estalló recién la primera semana de enero. Huaroto ha sido nombrado jefe de la Policía Fiscal. Otro de los que figuran en la lista acoplada al final es el general Hugo Delgado, quien fue hasta el 2007 director de Informaciones de la Policía. Antes, el 2003, Delgado fue jefe del comité de apoyo a las damas de la Policía Nacional del Perú. No se le conocen puestos operativos. | 20 |
Está también el caso del general Víctor Castañeda Parrales. Este oficial viene siendo investigado en el tribunal administrativo y disciplinario de la Policía por un caso de tráfico de combustible en Tumbes. Los ausentes Frente a decisiones de ascenso mediocres o cuestionables, resaltan las clamorosas postergaciones de oficiales a quienes sobraba mérito. Quizá el caso más injusto e indignante es el del coronel PNP Luis Valencia Hirano. Valencia Hirano fue uno de los tres líderes del GEIN que capturó a Abimael Guzmán en 1992 (de hecho, es quien efectuó físicamente el arresto). Quince años después, Valencia Hirano ha continuado en la primera línea de lucha contra el senderismo, y fue uno de los artífices en el planeamiento y ejecución de la ‘Operación Volcán’, que asestó un duro golpe a SL en el Huallaga el año pasado, donde fue abatido el senderista Mario Epifanio Espíritu, “JL”. Valencia es el único de los líderes históricos del GEIN aún en actividad. Su marginación demuestra en los hechos el desprecio en el mando policial y en el político por la excelencia operativa, donde resulta que es más importante destacar en relaciones públicas o en la coordinación de comités de damas que en el enfrentamiento decidido a las principales amenazas que sufre el país. Esto es aún más escandaloso puesto que Valencia Hirano sí estaba en la lista de 28 generales propuestos para el ascenso. Cómo se eligió al Director General De acuerdo con lo que se conoce, hasta el 30 de diciembre ni el presidente Alan García ni el ministro del Interior Alva Castro habían decidido quién iba a ser el nuevo director general de la PNP. Existía una posibilidad marginal de que permaneciera el piadoso general Rodríguez Segeu, pero los dos principales candidatos para sucederlo eran los generales Manuel Acuña, entonces inspector general; y Octavio Salazar, a la sazón jefe de la VII Región Policial. Fuentes cercanas a Acuña indican que éste fue informado que habría sido elegido para la dirección general. Inclusive se le habría dicho que una re| 21 |
solución había sido enviado al diario El Peruano con el nombre de Acuña como nuevo director junto con las resoluciones de ascenso a teniente general de cinco oficiales, que generaba el ascenso de aquél. Ese mismo día, sin embargo, la disposición habría sido modificada y al día siguiente, el Presidente y el ministro Luis Alva Castro llamaron a Octavio Salazar para informarle sobre su designación como director general de la PNP. Por la tarde del 31 de diciembre, salió en una edición extraordinaria de El Peruano la resolución de su nombramiento, el ascenso de 20 generales, y el pase al retiro de 7 generales. La resolución de pase al retiro de Acuña, en cambio, no ha sido ni siquiera publicada en el diario oficial, y la que existe en la Dirección de Personal de la PNP presenta errores como el de pasarlo al retiro a partir del 31 de diciembre de 2007, cuando el nuevo director general asumió su cargo a partir del 1 de enero. Tal fue el desenlace de la rivalidad entre dos destacados policías, ambos provenientes de la ex Guardia Republicana. Durante el último periodo desde la Inspectoría Manuel Acuña había impulsado importantes iniciativas de anticorrupción –como el caso de la Sanidad Policial—y tenía a su favor cierta amistad con el presidente Alan García, de quien fue alumno en la Escuela de Gobernabilidad de la San Martín de Porres. Ciertamente Acuña reveló prematuramente a algunos de sus allegados que sentía que el cargo era suyo. Otra fue la historia. El general Octavio Salazar, a quien se le reconoce una buena gestión al frente de la VII Región Policial, había ganado ya la confianza del ministro Alva Castro y, sobre todo, la del presidente Alan García, con quien comparte talentos mediáticos. El nuevo jefe de la VII Región En la determinación de ascensos a general, la influencia de Octavio Salazar parece haber sido leve, excepto en los casos de los hoy generales Gaudencio Debenedetti y Javier Uribe Altamirano. Uribe Altamirano es compañero de promoción de Salazar y hasta antes de que ocupará la Dirección de la Policía Aérea el año pasado se desempeñó | 22 |
como jefe de Estado Mayor de la VII RPNP. En su ascenso también habría sido considerado el destacado papel que cumplió al frente de la Dirección de la Policía Aérea. Como se recuerda la DIPA trabajó arduamente en las acciones de rescate y apoyo luego del terremoto en Ica. Hoy Salazar lo ha nombrado su sucesor en la poderosa región policial en Lima. Debenedetti, entre tanto, ha sido designado como jefe policial de el Callao. Publicado el 25 de enero del 2008
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Capítulo 3
Inflación de coroneles1 (para no hablar de comandantes y mayores) En medio de la discusión sobre el ataque a la Comisaría de Ocobamba y de los inflados anuncios de lucha contra el narcotráfico, una noticia pasó inadvertida. Se trató de la aprobación de las vacantes que se han establecido para los ascensos de los oficiales de la PNP en los escalafones más altos de la institución. Según la resolución ministerial a la que tuvo acceso IDL- SC (que no ha sido publicada en El Peruano), las vacantes son las siguientes: 146 vacantes para coroneles, 298 para comandantes, 562 para mayores, 247 para capitanes y 149 para tenientes. Pero la resolución ministerial, aprobada el 30 de octubre del 2007, establece, adicionalmente, los cupos de ascensos para los oficiales de servicio: 52 vacantes para coroneles, 65 para comandantes, 52 para mayores y 43 para capitanes.2 ¿Se necesitan tantos oficiales en la Policía Nacional?
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http://seguridadidl.org.pe/destacados/2007/08-11/texto1.htm Ver resolución: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/08-11/resolucion_ministerial.htm | 25 |
Para el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi las cifras son exageradas y demuestran la incapacidad del ministro Luis Alva Castro de mejorar la gestión de la Policía. “¿Para qué se necesitan tantos coroneles? No solo se trata de un costo adicional al Estado sino que va a genera aún más ineficiencia policial, porque los oficiales de la misma gradación se van a estorbar unos a otros”, dijo. Similar opinión tiene el ex viceministro del Interior Carlos Basombrío: “Eso es puro populismo de Alan García”. Ambos coinciden en que la inflación de oficiales en los más altos grados desvirtúa la estructura funcional de la institución policial al contar con mayor número de oficiales en los grados más altos y mantener una débil base de oficiales de menor gradación. IDL- SC intentó conocer las razones por las que el ministro Alva Castro aprobó tales números de vacantes. Si bien la propuesta es elaborada por la Dirección de la PNP, es el ministro del Interior el que los aprueba, de acuerdo a criterios técnicos. Al cierre de esta nota, ni Alva Castro ni los voceros del Mininter habían respondido. Pero hay otras sorpresas en el proceso de ascensos de este año. IDL- SC tuvo conocimiento de que se han eliminado dos evaluaciones importantes: el examen de resistencia física y la práctica de tiro. Según oficiales consultados, “la única ocasión en que se hace práctica de tiro es en la época de los ascensos”. Uno de los hechos menos comentados pero más ilustrativos sobre el estado de cosas en la institución policial es que la mayoría de policías no practica tiro durante meses y, en muchos casos, durante años. De esa manera, al portar armas cuyo funcionamiento eficiente no dominan, se convierten en un peligro para sí mismos y para los demás. Con la eliminación de estos exámenes la única evaluación que tomarán los oficiales será la de conocimientos y ahora, con una nueva característica. El examen será memorístico, con respuesta de opción múltiple y de acuerdo a un balotario de preguntas. | 26 |
La elaboración del cuadro de ascensos estuvo a cargo del jefe de Estado Mayor, general PNP Julio Coa Mariño, procedente de la Guardia Republicana como el general David Rodríguez Segeu. Coa también forma parte de la Junta Revisora del Proceso de Selección de ascensos.3 Lo acompañan los generales, también código 3, Manuel Acuña Timoteo y José Sánchez Farfán, además del coronel (código 1) José Tamayo Coronado. La junta está presidida por el director general de la PNP y está encargada de resolver la solicitudes que presenten los postulantes con relación a los cuadros de mérito de Notas, de Antigüedad y el cuadro final. Se han formado también las juntas revisoras para los ascensos en todos los grados.4 Generalización de generales La gran expectativa estará puesta en las vacantes que se abrirán para los ascensos a generales. Según fuentes consultadas, se asegura que serán cerca de 20 vacantes. Ello con la intención de colocar a un general en cada una de las 24 regiones del país. Actualmente hay generales a cargo de las regiones de Cajamarca, Huaraz, Ica y Ayacucho. Antes de ellos estas regiones estaban dirigidas por coroneles, y dependían de direcciones regionales de la Policía. Publicado el 08 de noviembre del 2007
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Ver resolución: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/08-11/2_junta_revisora.doc Ver resolución: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/08-11/3_juntas_ascensos.doc | 27 |
Capítulo 4
La purga de los coroneles1 En la Policía hay 609 coroneles. Ni Napoleón necesitó tantos. ¿Qué se hace frente a una hiperinflación de coroneles que le quita importancia, valor y eficacia al grado, y le añade costo presupuestal y obesidad funcional? Reducir el número de coroneles, por supuesto. Como se hizo en el intento de reforma policial iniciado el año dos mil uno, durante el cual se avanzó en racionalizar el número de altos oficiales, para lograr la conformación de la pirámide propia de una organización vertical. El reflujo se dio, empero, en la segunda parte del gobierno de Toledo y eventualmente se retornó a una situación muy parecida a la de la última etapa del fujimorato. ¿Cuál es la forma de reducir esa obesidad institucional? Sobre todo mediante las invitaciones al retiro, a fin de año. Normalmente, deberían ser dados de baja los coroneles que no tienen capacidad de “proyección” (es decir, de ascenso): los más grises, los menos eficaces, los corruptos. Este año, 93 coroneles fueron “invitados” a pasar al retiro. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/30-01/la-purga-de-los-coroneles.htm | 29 |
¿Salieron por ser grises, sin proyección o corruptos? Un examen de varios de los coroneles “invitados” al retiro sugiere que el actual ministro del Interior, Remigio Hernani, y su dócil director general de la PNP, Mauro Remicio, tuvieron presente otras causales para las invitaciones al retiro. Ellas son: a) Ser amigo o colaborador del general PNP Miguel Hidalgo; b) Haber tenido cercanía con el general PNP Octavio Salazar; c) Haberla tenido con el general PNP David Rodríguez Segueu. Ni mérito ni demérito. Una purga, más bien. Por ejemplo, el coronel Augusto Vega García, ex jefe de la Dirección de Aviación Policial, quien encabezó el exitoso operativo de desalojo de los comerciantes del mercado de Santa Anita. Su cercanía al ex director de la PNP, Octavio Salazar, sería el factor que determinó su pase al retiro. “Todo apunta a que me sacan por haber trabajado con Salazar”, dijo Vega. Consideren también el caso del comandante PNP Carlos Figueroa Flores, quien fue pasado al retiro días después de que Hidalgo lo convocara para que retomara la jefatura de la Dirandro en el aeropuerto Jorge Chávez, que desempeñó en 2007, donde decomisó 4 toneladas de droga y capturó a 752 burriers en el 2007. Un record. También fue enviado al retiro el coronel PNP Alfredo La Rosa Pérez, quien fue secretario personal del ex director general de la PNP, David Rodríguez, y amigo de Hidalgo. Según narró La Rosa, una semana antes de que lo pasaran al retiro vio al jefe de la Dinandro en uno de los pasillos del Ministerio del Interior. Hidalgo lo saludó efusivamente, fue observado y eso, como dijo La Rosa, “fue mi cruz”. El coronel PNP Walter Arrúe, quien participó en el operativo del Frente Policial del Huallaga que culminó con la muerte de ‘Clay’ en 2006, tam| 30 |
bién fue pasado al retiro. Recién lleva dos años en el grado y es egresado del INAEP. Arrúe atribuye su salida a su cercanía con Hidalgo. Para el coronel Carlos Tuse Lloclla, quien tuvo el cargo de director de la escuela de Inteligencia cuando el general PNP Jorge Cárdenas estuvo al mando de la Digimin, su salida “es injusta”. “Cuando Hernani ingresó al ministerio del Interior ordenó que todo el entorno de Cárdenas sea asignado a penales. No había cupo para mí y me enviaron a la Sétima Dirección Territorial Policial Lima”, indicó a IDL-SC el coronel Tuse, quien recién tiene 25 años de servicio y un año como coronel. “Me sorprende que me hayan pasado al retiro por renovación. Soy el sexto de mi promoción por orden de mérito y el año pasado había ingresado al INAEP”, agregó Tuse. Pero mientras algunos fueron “invitados” al retiro, otros fueron colocados en áreas claves. El general Dalmacio Zambrano Risco, fue cuestionado por su participación en la frustrada compra de material antimotín para la Policía durante la gestión del ex ministro aprista Luis Alva Castro. Zambrano, que en ese entonces ocupaba el cargo de director de Logística, fue sacado del cargo por incurrir en irregularidades. Ahora ha sido nombrado jefe de la dirección de Recursos Humanos de la PNP. Otro es el coronel Marino Farías Gálvez, quien ha sido asignado como jefe de la División de Investigación y Control de Insumos Químicos Fiscalizados. Farías, quien reingresó a la Policía en 2005, ha sido investigado por presuntos actos de corrupción. Fuentes de IDL-SC indicaron que el general Hidalgo “no lo quiere en su entorno y pedirá su cambio de colocación”. Será el segundo presente griego a la Dirandro, en el nivel de coroneles. Como se recordará, la Dirección General de la Policía estimó conveniente nombrar al notorio coronel José Antonio Miranda Acero como jefe de la División de tráfico ilícito de drogas en la Dinandro. Solo la denuncia periodística de esa nada explicable decisión parece haberla parado, pero no antes de que Miranda Acero, hiciera una conferencia de prensa uniforma| 31 |
do en el estudio de su abogado, en la que atac贸 a Hidalgo. Todo indica que Miranda Acero cont贸 con la anuencia del ministro o, por lo menos, del director general para realizar la conferencia. 驴Meritocracia? Hay un tufo de purga y de venganza en estos procesos en los que el m茅rito y la capacidad no tienen peso alguno. Publicado el 31 de enero del 2009
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Capítulo 5
Los legajos fantasmas1 A un mes y medio del pase a retiro “por renovación” de 162 oficiales, entre coroneles, comandantes y mayores de la PNP, IDL-SC tuvo acceso a documentos de la Fiscalía y actas del Consejo de Calificación, que revelan faltas administrativas y posible abuso de autoridad por parte de los altos mandos policiales. En esta ocasión, varios casos de “renovación” se asemejan, más bien, a una purga. Los últimos días de diciembre pasado, el Consejo de Calificación, presidido por el director general de la PNP, Mauro Remicio, e integrado por los generales PNP José Armando Sánchez, Luis Henríquez, Teddy Bartra y Carlos Esaine, se reunió para “evaluar” los legajos personales de cada oficial, requisito fundamental para decidir, en función de la trayectoria, quienes serían pasados a la situación de retiro para “renovar” la institución.2 ¿Se reunieron realmente para evaluar la trayectoria profesional de cada coronel o no? Las indagaciones de la 14 Fiscalía Provincial Penal de Lima demuestran que no se examinó ningún legajo en esa reunión porque, simplemente, 1 2
http://seguridadidl.org.pe/destacados/2009/16-02/los-legajos-fantasmas.htm Ver acta: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/16-02/acta.htm | 33 |
nadie los movió de su archivo. El jueves 29 de enero, a las 12 y 30, el titular de dicha fiscalía, Enrique Miranda, acudió a la Dirección de Recursos Humanos (Dirrehum) y constató que los legajos personales de los oficiales “invitados” al retiro no habían sido trasladados en ninguna de las fechas del proceso desde dicha dependencia al Mininter, donde el Consejo de Calificación se reunió. “Se verifica los registros (de los cuadernos de mesa de partes) desde el 15 de diciembre de 2008 hasta el último registro que es el 26 de enero de 2009, no encontrándose información de requerimientos de legajos de la Alta Dirección ni de “Comisión de Calificación”… sin encontrarse ningún oficio referido a los requerimientos de legajos por la Alta Dirección o Comisión de Calificación”, refiere el acta de la Fiscalía a la que tuvo acceso IDL-SC.3 En diálogo con IDL-SC, el secretario del Consejo de Calificación y ex director de la Dirrehum, general PNP Teddy Bartra, reconoció que el Consejo nunca revisó los legajos personales de los oficiales, conforme lo afirman las 162 actas que él y los otros generales firmaron. “No se van a cargar tres mil legajos. Yo llevé la información suficiente para evaluar en mi computadora. Todo lo que contiene el legajo está en la base de datos”, sostuvo Bartra, quien afirmó que “sí se evaluó la información necesaria”. Pero no los legajos, como sostienen explícitamente cada una de las actas. Si no se revisaron los legajos y tampoco se tomaron como referencia las Hojas de Información Básica de Oficiales (Hibo) – apenas un resumen de la trayectoria de cada policía-, ¿bajo que criterios se tomaron decisiones tan importantes y decisivas? Por lo pronto, el general PNP Luis Henríquez; director de la Inspectoría; el general PNP José Armando Sánchez; director del Estado Mayor y el general PNP Carlos Esaine, director ejecutivo de Operaciones Policiales de 3 | 34 |
Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/16-02/acta-fiscal.htm
la PNP deberán rendir una manifestación ante el fiscal para explicarlo, este miércoles 18. IDL-SC pudo conocer que tanto Remicio como Bartra no asistieron a las dos primeras citaciones del 30 de enero y el 12 de febrero. Todos ellos están siendo investigados por los presuntos delitos de falsedad genérica, abuso de autoridad y omisión funcional. Han sido denunciados por 28 coroneles que fueron pasados al retiro. ¿Hay alguna investigación interna en el ministerio del Interior, sobre un caso que parece muy serio? Si bien la Inspectoría General de la PNP no puede iniciar una investigación, dado que su director está implicado en el caso, lo debería hacer la Oficina de Asuntos Internos del ministerio del Interior. IDL-SC se comunicó con el jefe de dicha unidad, el general PNP (r) Julio Salas, y manifestó que “no he recibido ninguna disposición del ministro para iniciar una investigación. La otra opción es que la investigación la esté haciendo el director general”. Al parecer, Salas no reparó en que esta posibilidad invalidaría la investigación debido a que Remicio también está investigado por la Fiscalía. Hasta el cierre de esta edición IDL-SC intentó comunicarse con el director general de la PNP, pero no obtuvo respuesta. Publicado el 16 de febrero del 2009
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Capítulo 6
Veinte años después...1 Si hay algún aspecto en el que eclosiona la patología policial es en los procesos de ascenso. Sin embargo, un evento reciente marcó nuevos records en ese ámbito que a veces se hace esperpéntico y otras surreal… El 19 de febrero, la noche antes de dejar el cargo de ministro del Interior, Remigio Hernani firmó su última resolución ministerial. Hernani otorgó el ascenso por acción distinguida al secretario privado del director general de la Policía, Mauro Remicio, el ahora coronel PNP Roberto Morante Barreno, por un hecho presuntamente ocurrido no hace uno ni dos, sino nada menos que ¡veinte años! La resolución ministerial señala que el 24 de noviembre de 1989, el entonces capitán Morante tuvo un enfrentamiento con presuntos subversivos cuando integraba la seguridad personal del director de Inteligencia del ministerio del Interior, general PNP (r) Edgar Luque. “Fueron embestidos e interceptados por dos vehículos, que se encontraban ocupados por personas desconocidas, portando armas de fuego, las cuales fueron utilizadas en su contra, produciéndose un ataque por lo que suscitó un intercambio de disparos. Como consecuencia del atentado perpetrado 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/14-04/veinte-anos-despues.htm | 37 |
el Teniente fue herido por proyectil de arma de fuego teniendo una fractura en el fémur derecho, no descartándose que los atacantes sean delincuentes subversivos”, señala la resolución.2 IDL-SC consultó a altos oficiales de seguridad del ministerio del Interior de entonces y ninguno recuerda que el hecho se haya producido, ni menos que subversivos hayan atentado contra el que era en ese tiempo director general de Inteligencia del Mininter, tal como lo señala la resolución. Todos concordaron con que lo habrían sabido si hubiera habido atentado, y más de uno tildó como “falso” el incidente. La resolución concluye que “el citado Oficial Superior ha excedido el normal cumplimiento del deber, llegando inclusive a exponer hasta su propia vida, lo cual servirá de ejemplo y estímulo para que todo personal de la Policía Nacional del Perú cumpla la misión en forma eficiente”. Morante, uno de los hombres de mayor confianza del director general de la Policía, general PNP Mauro Remicio, ha tenido una trayectoria caracterizada por un estancamiento en los grados policiales; pero a partir de 2008 su carrera tuvo un meteórico despegue. Luego de once años como mayor, mientras ocupaba el cargo de secretario privado de Remicio en Estado Mayor, ascendió a comandante con una bonificación de 15 por ciento de puntaje, y trece meses después obtuvo el grado de coronel. Al ser consultado por IDL-SC, el director general de la Policía indicó que para el ascenso de su secretario privado se habían cumplido “todos los requisitos”. “Esto ha pasado por asesoría jurídica, ha cumplido un proceso, no es porque yo decida de la noche a la mañana. Hemos hecho un proceso, inclusive la asesora jurídica (del ministerio del Interior) ha dado el visto bueno”. Contradictoriamente, al ser consultado sobre otros casos pendientes de ascenso por acción distinguida como el de los oficiales que participaron en el operativo Volcán y que ya tienen el “visto bueno” del área de asesoría 2 | 38 |
Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/14-04/RM-0155-2009.htm
jurídica, Remicio manifestó que “se están estudiando los casos. Todo tiene su tiempo”. ¿No es acaso este ascenso a todas luces irregular? IDL-SC intentó comunicarse con la asesora jurídica del Mininter, María Elena Juscamaita, pero ésta se negó a dar declaraciones. IDL-SC consultó con fuentes con conocimiento de causa y señalaron que “el ascenso de Morante es ilegal”. “El único mecanismo para que el secretario de Remicio haya podido ser ascendido por acción distinguida era la vía judicial porque ya han pasado veinte años”, aseguraron las fuentes. Por lo pronto, dado que el general Luque Freyre ya murió, ¿Dónde está el atestado policial que certifique que ocurrió el enfrentamiento narrado en la resolución ministerial? ¿En qué libro de ocurrencias de qué Comisaría quedó registrado el incidente? ¿Alguien puede dar fe de un informe de la Dircote sobre el caso? ¿Qué fiscal intervino? ¿Por qué ni el ministro de entonces ni sus sucesores otorgaron el ascenso? Que no pasen veinte años para saberlo. Publicado el 14 de abril del 2009
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Capítulo 7
Cambio ministerial ¿Cirugía o bótox en Córpac?1 Hasta hoy, martes 24, en el ministerio del Interior ha cambiado el ministro pero muy poco más. En el cuarto piso de Córpac, la ausencia de Remigio Hernani es casi tan elocuente como la presencia de Mercedes Cabanillas. Sucede que en política a veces son necesarios ciertos rituales de exorcismo cuando se va una personalidad particularmente fuerte de un cargo público. En este caso, nadie parece haber sentido la necesidad. Los posibles cambios que Cabanillas piensa llevar a cabo incluyen, a lo que se ve, muy pocos de personal. Por lo pronto, no tiene todavía un viceministro. El aún en funciones Danilo Guevara ha sido designado como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI.2 Según una fuente con comprobado conocimiento de causa, Cabanillas no será quien elija al viceministro. “El presidente lo va a nombrar” dice la fuente.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/23-02/cirugia-o-botox-en-corpac.htm Ver ‘Inteligencias e Investigaciones’ en la columna Las Palabras, en Caretas 2066, del 19 de febrero del 2009. | 41 |
¿Quién va a ser el elegido? De acuerdo con personas cercanas al presidente de la República, el candidato con mejores opciones para el puesto es Rubén Rodríguez Rabanal, un coronel retirado de la Policía (ex Guardia Civil), con una larga cercanía al APRA y larga experiencia tanto operativa como administrativa. Si se confirma su nombramiento, Rodríguez Rabanal tendrá cualquier cosa menos un trabajo fácil. Se lo puede decir Danilo Guevara, que tuvo que enfrentar la hostilidad de dos ministros a quienes también les fue impuesto el viceministro. Con el carácter más bien despótico de Cabanillas hacia sus subordinados, el viceministerio no será precisamente un Shangri La laboral. Si Danilo Guevara se va a los inciertos campos de la llamada “inteligencia estratégica”, quien parece que se queda es el actual director general de la PNP, general Mauro Remicio, uno de los más consumados sobrevivientes institucionales en la historia de la Policía. El secreto de Remicio para haber sobrevivido al ex director general de la PNP, Octavio Salazar y luego al ex ministro Remigio Hernani, parece haber sido la de pintarse a sí mismo en la pared. Frente a Cabanillas, con quien tiene, a lo que parece, una antigua y cercana amistad, no se espera mayor variación en su estilo. Según fuentes consultadas por IDL-SC, Remicio permanecería en el cargo hasta mayo de este año, cuando debe pasar al retiro, luego de una de las carreras más prolongadas en su institución (gracias a la llamada “ley Remicio”, que le dio varios años adicionales en el servicio activo). Los otros altos funcionarios del ministerio: el secretario general Samuel Torres, la asesora jurídica María Elena Juscamaita, el director de Gobierno Interior, Víctor López Orihuela permanecerán, según parece, en sus puestos. El nombramiento de la misma Mercedes Cabanillas parece haber obedecido más a razones de orden político general que al manejo del sector Interior. De hecho, de acuerdo con lo que ha podido saber IDL-SC, Alan García decidió al final entre dos candidatos que representaban opciones claramente diferentes: el ex ministro del Interior y actual jefe de Devida, | 42 |
Rómulo Pizarro, y Cabanillas. La elección de esta última obedeció, sin duda, a darle primacía a la filiación partidaria por encima del conocimiento del sector. Pese a haber servido en las comisiones de Defensa e Inteligencia en el Congreso, el conocimiento de Cabanillas sobre los problemas del sector es, por decir lo menos, somero. Además, no trae un equipo propio, dado que su carácter autoritario ha supuesto un alto grado de desgaste entre sus colaboradores. Dadas esas características, ¿qué sucedería si no resulta una buena ministra? Una situación más bien complicada, porque, como dice una fuente aprista, “ella es una política fogueada, una alta dirigente que no puede ser desbancada con facilidad”. En cualquier caso, lo más probable es que Cabanillas permanezca en el cargo hasta cerca de julio del año entrante, cuando debería renunciar si es que quiere (y casi seguro que querrá) ser candidata en las elecciones del 2011. ¿Cambios posibles en este escenario? Los hay. Por ejemplo, si hubiera una crisis de gabinete y Yehude Simon dejara el premierato, Cabanillas sería probablemente la próxima primera ministra. De nuevo, hasta julio de 2010. Entre tanto, Cabanillas ha pasado buena parte de sus jornadas ministeriales escuchando las exposiciones de los principales jefes de las direcciones policiales y ministeriales. El lunes 23 por la mañana escuchó la exposición del jefe de la Dinandro, general PNP Miguel Hidalgo. Este había sido considerado un candidato de fuerza para asumir la dirección general de la PNP con la nueva ministra, pero todo indica que deberá seguir por los meses siguientes al comando de las batallas psicotrópicas en el país. Este martes 24, Cabanillas escuchará la exposición de los jefes policiales de las zonas en emergencia, del Huallaga y el VRAE. El primero es particularmente importante porque se encuentra bajo el comando de la PNP | 43 |
y porque, después de varios meses de logros continuados, parece haber un serio retroceso en la eficacia policial junto con el desmembramiento del notable equipo de la Dircote que actuó en 2007 y 2008. En diciembre pasado, IDL-SC predijo, en su informe “Futurología ministerial”,3 la pronta salida del entonces ministro Hernani. En ese mismo artículo, basado en el análisis y no en la clarividencia, IDL-SC enfatizó lo azarosa que es la futurología política en cualquier parte y especialmente en el Perú. El inicio de la gestión de Cabanillas, por lo pronto, exige por parte de la sociedad civil, un análisis minucioso y una observación exhaustiva. Publicado el 24 de febrero del 2009
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/22-12/futurologia-ministerial.htm
Capítulo 8
Inminentes cambios en el comando policial1 Dos olas sucesivas de cambio, una mediana y la otra grande, afectarán este mes a la Policía. Correr esas olas es una actividad de alto riesgo y ansiedad. Varios intentarán correr las rompientes y eludir los arrecifes institucionales, pero solo uno o dos lo lograrán. El primer cambio será gatillado por la inminente salida del teniente general PNP Carlos Esaine de la Inspectoría General de la Policía, la tercera posición en el orden jerárquico de la PNP. Esaine, quien reemplazó al general PNP Luis Henríquez (el que a su vez fue separado de su cargo en abril pasado por el escándalo del gasolinazo), duró muy poco tiempo en esa posición. De acuerdo con la información oficiosa, Esaine pidió licencia primero y su pase al retiro después, para tratarse una enfermedad. Según fuentes menos oficiosas pero enteradas, que piden enfáticamente reserva, Esaine habría tenido una estentórea disputa con la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, respecto de cómo investigar algunos de los escándalos recientes en la PNP, en especial el del envío al VRAE de 120 fu1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/08-05/inminentes-cambios-en-elcomando-policial.htm | 45 |
siles y miles de balas como una encomienda no protegida en dos autobuses de la empresa Palomino. Esaine no habría aceptado los términos con los que Cabanillas le increpaba, las voces habrían subido de tono y terminado con una salida airada de Esaine. IDL-SC intentó confirmar esta versión tanto con Esaine, a quien no fue posible contactar, como con Cabanillas. IDL-SC dejó tres mensajes a la ministra con su secretaria y un asesor, pero aquella decidió no contestar. El hecho es que el general Esaine ha pedido su pase al retiro y tanto la PNP como el ministerio del Interior preparan la sucesión en el crucial cargo de inspector general. De acuerdo con fuentes bien informadas, las autoridades de Córpac habrían decidido nombrar al general PNP Miguel Hidalgo, actual jefe de la Dirección Antidrogas de la PNP como nuevo Inspector y, en consecuencia, número tres de la Policía. De hecho, ya se habría notificado a Hidalgo y los altos mandos de la Dinandro para que preparen la sucesión en la policía antidrogas. Las resoluciones aceptando la petición de pase al retiro de Esaine y el nombramiento de Hidalgo serían publicadas la próxima semana. Esa es la ola mediana. La ola grande viene dos semanas después, a fin de mes, cuando, según la información de IDL-SC, el actual director general de la PNP, general de policía Mauro Remicio, debe pasar al retiro por límite de edad. El 29 de mayo, Remicio cumplirá 62 años y, de acuerdo con el régimen legal vigente, tiene que pasar al retiro. Eso significaría un segundo y más trascendente reordenamiento de jerarquías policiales. El nombramiento de un nuevo director general –que en sí representa una decisión cuya importancia es difícil exagerar– supone una larga cadena de cambios, reasignaciones, nombramientos y pases al retiro. | 46 |
Los dos candidatos con mayor posibilidad de suceder a Remicio son los generales PNP José Armando Sánchez Farfán, actual jefe de Estado Mayor; y Miguel Hidalgo. Si Hidalgo fuera nombrado inspector general la próxima semana, existe la posibilidad de que dos semanas y media después sea nominado como el nuevo director general, lo que representaría un grado de agitación institucional (nada excita tanto a las instituciones verticales como los ascensos, comandos y nombramientos) que alguna gente del gobierno estima poco conveniente. Por eso, se habría planteado postergar el relevo en Inspectoría hasta fin de mes, a fin de hacer un solo cambio. No se conoce si ello ha sido aceptado o no por Mercedes Cabanillas. Aunque, por supuesto, aquí no solo interesa su opinión sino también la del premier Yehude Simon y, sobre todo, la del presidente Alan García. ¿Cómo reacciona cada uno de ellos ante el inminente cambio en la PNP? Hasta donde se sabe, de diferente manera. Mercedes Cabanillas, que tiene una relación cercana con Remicio, no se sentirá, sin ninguna duda, tan cómoda con el nuevo director como con aquél. El carácter imperioso de Cabanillas es contrapunteado con el más bien sumiso de Remicio, lo cual ha garantizado hasta ahora un cierto tipo de armonía funcional. Remicio, que dejó que el anterior ministro del Interior, Remigio Hernani, actuara como el director de facto de la PNP, parece haber procedido de la misma manera con Cabanillas. De hecho, según fuentes altamente confiables, los tres últimos incidentes decibélicos en el despacho de Córpac tuvieron a Remicio como un testigo silencioso de los do de pecho de Cabanillas (sazonados, de acuerdo con esas fuentes, con ajos y también cebollas de sabor nacional). | 47 |
Fueron tres gritaderas mayores, en las últimas semanas. Una al jefe de Seguridad del Estado, general PNP Germán Romero. Este habría aguantado en estoico silencio. La segunda, habría sido al general PNP Henríquez, quien habría protestado al sentirse “afectado en su honor” por la manera en que fue removido de su puesto, debido al escándalo del robo de combustible. La tercera habría sido con el general Esaine, a quien Cabanillas le habría increpado no hacer lo suficiente para investigar las incompetencias y corruptelas policiales. A tenor de las fuentes, Esaine habría contestado pico a pico, pero sin cebollería, antes de dar la media vuelta y abandonar el despacho. Luego vino la solicitud de pase al retiro. (No hay duda, de paso, que la autoridad de la ministra o el ministro debe ser clara y definida en el sector. Pero el modo de ejercer el mando es crucial. Hay una relación inversa, a ese nivel, entre los decibeles y la autoridad, que Cabanillas parece no haber comprendido). Retornando a la pregunta principal: ¿Con qué nuevo director general se sentirá cómoda Cabanillas? Difícil decirlo, porque la obediencia de Remicio sentó estándares difíciles de superar. Supuso una renuncia al liderazgo, que pocos oficiales con aptitudes de comando querrán imitar. El que tiene mayores probabilidades para suceder a Remicio no es Sánchez Farfán sino Hidalgo. El general Hidalgo cuenta con la especial simpatía del presidente Alan García. “Sin duda Hidalgo es el preferido por el presidente” dice una fuente con amplio conocimiento del tema. Y no es de sorprender. El hasta ahora jefe de la Dinandro ha realizado varias operaciones especialmente encargadas por el presidente, la más importante de las cuales fue la identificación y captura de los chuponeadores en el escándalo de los petroaudios. La eficacia con que Hidalgo y los policías de la Dinandro capturaron a los veteranos marinos espías, mostró una gran destreza profesional | 48 |
y a la vez fortaleció considerablemente al presidente García. Si algo tendrá que temer Cabanillas es el que haya una relación frecuente y directa entre García e Hidalgo. Todo indica que esa perspectiva no le será muy agradable, pero también que tendrá que poner la mejor cara posible al tiempo que le toque. Yehude Simon también tendría clara preferencia por Hidalgo. Dada esa circunstancia, queda por ver si habrá un cambio la próxima semana en Inspectoría, o se esperará hasta fin de mes para hacer todos los cambios juntos. De director general para abajo. La otra pregunta pendiente es quién sucederá a Hidalgo en el comando de la Dinandro. Aunque esa posición es muy apetecida, IDL-SC recibió el trascendido que habría solo dos candidatos con buenas posibilidades. Uno es el general PNP Edwin Palomino, ex jefe policial del Alto Huallaga. Palomino tuvo un buen desempeño en ese difícil puesto. El otro es el general PNP Teddy Bartra, a quien Hidalgo habría propuesto como su sucesor. Este será, entonces, un mes de alta ansiedad policial, al cabo del cual la PNP emergerá con nuevos jefes y, ojalá, con una mejor capacidad funcional. De repente hasta Cabanillas deja por un tiempo su vocación de soprano. Publicado el 08 de mayo del 2009
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II. Casos de corrupci贸n en la PNP
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Capítulo 9
El hospital enfermo1 La vida del Policía es tensa y frecuentemente peligrosa. Durante sus años de servicio, rondará, permanente, la posibilidad del trauma; e invariablemente sufrirá los efectos del estrés. Por eso, si algo es importante en este trabajo de peligro y desgaste, es un eficaz servicio de salud. Sin embargo, el desabastecido y mal administrado Hospital de Policía no es una solución sino un riesgo, que burla y defrauda diariamente el derecho de cientos de policías a recuperar la salud perdida. Jueves 2 de octubre, cinco y cincuenta de la mañana. La sala de espera de la unidad de hemodiálisis del hospital de la PNP recibe uno a uno a los pacientes del turno de las seis de la mañana que llegan con insumos químicos, instrumental médico y hasta productos de limpieza para desinfectar las máquinas de diálisis- que bordean alrededor de 200 soles por sesión-, porque desde enero de este año el hospital les ha comunicado, a través de distintos medios, que no hay medicinas y que si quieren atenderse tienen que adquirirlas ellos mismos. “Es el colmo. El hospital no nos da ningún medicamento. Realmente indignante. Si no llevamos las medicinas no nos atienden. Cuando he preguntado en dos oportunidades a los encargados del hospital qué estaba 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/24-10/el-hospital-enfermo.htm | 53 |
pasando, la respuesta fue siempre la misma: no hay presupuesto”, relató a IDL-SC el coronel PNP (r) Víctor Cancino, quien desde hace cinco meses se ha visto obligado a dializarse tres veces por semana a causa de una insuficiencia renal. Para Cancino, quien tuvo una participación notable en el equipo policial que investigó el sonado caso “Villa Coca” y que culminó con la captura del narcotraficante Reynaldo Rodríguez, ‘El Padrino’, el responsable del desabastecimiento era el entonces director general de la PNP, Octavio Salazar. “Este hospital es una calamidad. Nos están alargando la agonía y el responsable es el director general de la Policía. Después de servir 33 años a mi institución ahora me obliga a comprar medicinas cuando estas deben ser gratuitas”, enfatizó Cancino, uno de los 133 pacientes de la unidad de diálisis.2 Ciertamente, en una de las puertas de ingreso dicho departamento médico se puede ver un comunicado del hospital que señala que “la falta de medicinas no es responsabilidad del área de nefrología”3 ¿De quién entonces? En diálogo con IDL-SC, el director del hospital, Lucas Navarro, sostuvo que el desabastecimiento de medicamentos no es responsabilidad suya. “La compra de medicinas no depende de mí, por lo tanto no soy responsable del desabastecimiento. Yo solo hago los pedidos. Yo tengo mi trabajo y cumplo con él”, dijo Navarro. Sin embargo, no precisó cuál era la naturaleza de dicho trabajo. IDL-SC recorrió las farmacias del hospital y pudo comprobar que el 80 por ciento de los anaqueles estaban vacíos. Prueba de ellos son las recetas con anotaciones de “no hay stock” que tienen los centenares de pacientes que transitan a diario por los pasillos del centro médico.4
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Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/24-10/medicinas.htm Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=GSu4sltX9bQ Ver receta: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/24-10/receta.htm
Tampoco hay reactivos ni jeringas en el laboratorio. Lo cual impide realizar los análisis de rutina. La encargada de turno indicó que aún no estaba programada una nueva compra. “Nunca hay nada. Yo recibo alrededor de 300 soles de pensión mensual y no me alcanza para el tratamiento de diálisis (alrededor de 2 mil soles mensuales). A veces no puedo venir por falta de dinero. Tengo miedo de morir por este olvido, esta negligencia de la Policía Nacional”, sostiene un oficial de la PNP en retiro que pidió mantener su nombre en reserva “para evitar las represalias de los médicos”. Otra de las pacientes que también estaba en la misma sala refirió que “hace tres semanas se murió un paciente por negligencia médica. Aquí tenemos que estar alertas. Uno no sabe si va a salir vivo”. El cierre de esta edición coincidió con las últimas horas de la gestión de Octavio Salazar como director general de la Policía. IDL-SC hizo intentó repetidamente entrevistarlo, pero tanto él como el director de la Dirección de Salud de la PNP (Dirsal), Víctor Lovera se negaron a dar declaraciones sobre el tema. La Dirección de Informaciones de la Policía (Dinfo), dirigida por el coronel PNP Demetrio Pérez Vargas, indicó a IDL-SC que no serían posibles las entrevistas por las agendas recargadas de ambos generales. Esto a pesar de que se solicitaron con dos semanas de anticipación. Asimismo, esta oficina se negó a dar información pública sobre el prosupuesto con el que cuenta el Fospoli y por qué se han ejecutado solo tres compras de las 300 programadas para este año. Informes acusatorios Hay muchas irregularidades en el Fospoli, que cuenta con un presupuesto de 140 millones de soles. En mayo de este año, la Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal Óscar Zevallos, realizó una intervención en los almacenes del hospital central de la PNP, donde se incautaron medicinas vencidas e instrumental médico falsificado. Días después, Zevallos abrió una investigación. | 55 |
IDL-SC pudo conocer, a través de fuentes de la Fiscalía, que el informe de dicha investigación estará concluido este viernes y que los alrededor de 16 funcionarios que participaron directamente en la adquisición de medicinas en mal estado serían denunciados por los delitos contra la salud pública, colusión y cohecho. En tanto, la Contraloría General de la República remitió hace dos semanas al despacho de Zevallos su informe sobre el caso. En dicho documento, el órgano de control señala que “en los ambiente del almacén central del Fospoli, se han identificado medicinas que ya habían expirado, no siendo retiradas, ni dadas de baja…asimismo, se presentan inadecuadas prácticas de almacenamiento, debido a que sus ambientes no cuentan con una adecuada ventilación, el espacio para maniobrar las medicinas son estrechos, deficiente iluminación, aunado a ello, los productos vencidos (que fueron entregados a los pacientes) antes citados presentaban humedad y hongos en las cajas que los contiene”, refiere el documento al que tuvo acceso IDL-SC.5 Además, señala que habría tres millones 167 mil soles en perjuicio económico del Fospoli y le recomienda a la Fiscalía que tome acciones legales contra los funcionarios implicados. Mientras tanto, las horas de espera se hacen interminables para los policías enfermos que a diario tienen que lidiar con la negligencia y el abandono de su institución. Publicado el 24 de octubre del 2008
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Ver conclusiones del informe: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/24-10/conclusiones.htm
Capítulo 10
Sanidad Policial
Robar hasta el ozono1 Si hay algo que necesita desinfección física y moral es la Sanidad Policial. Escasez o carencia de medicamentos, tratamiento de pésima calidad, desabastecimientos intencionales: esa es la indignante realidad que ya IDL-SC describió en un primer reportaje sobre ese sector.2 Ahora, una investigación llevada a cabo por la Inspectoría General de la PNP revela otro caso de robo sistemático a los pacientes, la institución y el país: 35 policías que trabajan en dependencias de la dirección de Salud han participado tanto en la elaboración de historias clínicas falsas en el Hospital Augusto B. Leguía como en la sobrevaloración de los costos del tratamiento de ozonoterapia por alrededor de 300 mil soles. La investigación, que se inició el 18 abril de este año y que culminó el 28 de agosto con el informe A/D Nº 300-2008-IGPNP-DIRIAD/EQ.09, reveló que el Fospoli, en ese entonces presidido por el general Víctor Lovera, 1 2
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/12-11/robar-hasta-el-ozono.htm Ver “El hospital enfermo”: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/24-10/el-hospital-enfermo.htm | 57 |
contrató los servicios de la empresa Oxigen Vital SAC para que los pacientes que sufrieran de dolencias de tipo circulatoria, reumática y oncológicas se atendieran en los consultorio de dicha empresa. Este tratamiento médico poco conocido fue ofrecido como terapia para el reumatismo, pero resultó una vitamina para la cutra. El Fospoli pagó a Oxigen Vital SAC 280 soles por sesión, cuando esta empresa cobra 80 soles de manera particular, según indicó a IDL-SC Nicolás Tello, trabajador de la compañía. Curiosamente, Oxigen Vital SAC está ubicada al interior de la clínica de cirugía estética Morillas, en Surco. Sólo cuenta con un consultorio que al ingreso dice “cámara hiperbárica” y no el nombre de la empresa. Tiene además dos camillas, dos cámaras hiperbáricas y un equipo médico argentino para llevar a cabo el tratamiento de ozonoterapia en un espacio reducido. Hasta el cierre de esta edición, IDL-SC intentó comunicarse con el gerente general de la empresa, Saturnino Pachas Pachas, pero no obtuvo respuesta. Se ha determinado, además, que el Fospoli no realizó ninguna cotización con otras empresas que prestan el mismo servicio. Es así que las sesiones de ozonoterapia realizadas en el transcurso del año pasado, entre otros, a pacientes inexistentes, originaron una sobrevaloración de 214 mil 300 soles. IDL-SC buscó compañías que ofertan el mismo servicio y encontró que la empresa Ozonomédica cobra 45 por sesión, la mitad de lo establecido por Oxigen Vital SAC.3 Asimismo, Inspectoría averiguó que de las 29 fichas médicas de pacientes que se atendieron en Oxigen Vital SAC, 25 eran falsas. Ciertamente, funcionarios de algunas dependencias de sanidad participaron en la fabricación de expedientes de juntas médicas donde se consignaron nombres de policías en actividad y en retiro que nunca se atendieron en el Hospital Augusto B. Leguía. 3 | 58 |
Ver proforma: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/12-11/proforma.htm
“Han falsificado mi firma. Yo no conozco a ningún médico del hospital B. Leguía, ni ese diagnóstico. Me siento sorprendido. No conozco ese hospital ni esa empresa. Yo jamás he ido a un tratamiento de ozonoterapia. No sé cómo aparezco en esas fichas médicas. Nunca he ido al hospital. Es más, cuando me he atendido ha sido en el hospital central de la policía para operarme de los meniscos”, relató el SOB PNP Juan Antonio Checa Gonzales, actual miembro de la seguridad del Comité de Damas de la Policía, quien fue llamado por la Inspectoría para que rinda su manifestación.4 De salida El martes 9 de setiembre, el inspector general de la PNP, Luis Henríquez, entregó su informe al Tribunal Administrativo Territorial de Lima. También lo remitió a la Dirección Contra la Corrupción y a la Fiscalía, para que denuncie penalmente a los policías implicados en el caso.5 En ese sentido, la Inspectoría ha encontrado como principales responsables al ex director del Hospital B. Leguía, coronel Méd. PNP Armando Nelson Monar, por la elaboración de 25 expedientes con información falsa, con nombres de pacientes que no acudieron a ninguna consulta y que no adolecían las enfermedades señaladas en los diagnósticos; al coronel Méd. Fernando Matos por fabricar con documentos falsos dos expedientes médicos; al coronel Méd. PNP Jaime Cusihuamán por firmar actas de junta médica para dar el tratamiento de ozonoterapia a pacientes inexistentes; y al coronel Méd. Juan José Luyo por suscribir tres actas de junta médica a nombre de supuestos pacientes. (Ver facsímil)6 (Ver facsímil)7 Las responsabilidades administrativas también alcanzan al cuestionado director de la dirección de Salud; general PNP Víctor Lovera, y al presidente del directorio del Fospoli, general PNP Carlos Mateo.8 4 5 6 7 8
Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/12-11/029.htm Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/12-11/007.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/12-11/013.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/12-11/014.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/12-11/012.htm | 59 |
Al ser consultado por IDL-SC, el general Lovera manifestó que “desconozco el caso y que la Inspectoría me haya incluido en este informe. La Inspectoría nunca me ha llamado para que dé mi declaración”. La versión del director de Salud resulta contradictoria dado que entre julio de 2007 y enero de este año firmó seis comprobantes de pago por sesiones de ozonoterapia que nunca se realizaron. Lo cierto es que el ahora director de Salud ya ha sido investigado por la Inspectoría y el Ministerio Público por la compra de medicinas vencidas para el Hospital Central de la PNP. Por su parte, el general Carlos Mateo en diálogo con IDL-SC, sostuvo que es inocente y que en la Inspectoría le quieren hacer “una maldad” para desprestigiarlo. “Aquí hay una paradoja. Me han encontrado faltas administrativas cuando yo he sido el que ha hecho la denuncia del caso. Yo ingresé al directorio de Fospoli en abril y el 17 de ese mes me llegó una denuncia anónima sobre el caso de ozonoterapia. Ese mismo día comuniqué a la Inspectoría, al director general y al ex ministro del Interior (mediante el oficio Nº 0013-2008)”, sostuvo Mateo, quien también tiene a su cargo la Dirección de Telemática de la PNP. Al ser consultado sobre por qué firmó nueve cheques de pago a Oxigen Vital SAC si ya tenía conocimiento del caso, Mateo dijo que “cuando asumí la dirección encontré 580 expedientes y los firmé porque tenían la revisión de todos los responsables. Yo no tenía ninguna orden de que esa empresa estaba mal. Simplemente había un anónimo y yo lo denuncié para que lo investiguen. No podía dejar de firmar porque los pagos a terceros se tienen que pagar en el tiempo reglamentado, si no viene moras”, y añadió: “No había manera de dejar de pagar. No puedo detener los pagos porque me enjuician.”. Mientras tanto, fuentes confiables de IDL-SC indicaron que siete de los 35 policías implicados serían dados de baja: Crnel. Méd. PNP Armando Nelson Mongar, Crnel. Méd PNP José Julián Quispe, Crnel. Méd. PNP Fernando Matos, crnel. Méd. PNP Carlos Trujillo, crnel. Méd. PNP Leonardo Susnabar, cmdte. S. PNP Jorge Alberto Melgar, y el mayor S. PNP Carlos Amoros Gutiérrez. | 60 |
Denuncia fiscal El lunes 10 de noviembre la Segunda Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal Óscar Zevallos, entregó al Poder Judicial (PJ) el informe referido al vencimiento de medicinas en el hospital central de la Policía. Fuentes de la Fiscalía informaron a IDL-SC que once policías han sido denunciados ante el PJ, entre ellos, el director de la Dirección de Salud de la PNP, Víctor Lovera, por omisión funcional. Por ese mismo delito están otros seis ex miembros del directorio del Fospoli: Victor Hugo Guerrero, Juan Antonio Zegarra, Jorge Maximiliano Alvarado, Luis Alberto Del Águila, Augusto Carlos Saldarriága y Jorge Francisco Del Carpio Krugger. Asimismo, el ex gerente ejecutivo del Fospoli, Oscar Roberto Rivera; y el ex jefe de Logística, Miguel Ángel la Serna, han sido denunciados por ser coautores en el delito de negociación incompatible. También figuran los ex miembros del comité de logística, Lissie Revoredo y Mateo Oruro por haber incurrido en el delito antes mencionado. Debe señalarse que el informe incluye una serie de recomendaciones, entre ellas, la de plantear una reorganización del Fospoli, así como realizar las compras de medicinas de manera corporativa. “Los directores no están preparados para administrar, por eso es necesario que busquen gerentes y sobre el servicio, que lo tercerizen”, refirió una fuente. Publicado el 12 de noviembre del 2008
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Capítulo 11
Cuestión de circulinas1 ¿Recuerdan los reiterados escándalos y las prórrogas sin fin en la compra de patrulleros? ¿La adquisición frustrada de Mazzetti y la de Alva Castro? Al final, recordarán también, Alva Castro compró 698 patrulleros a través de un proceso dirigido por la controvertida Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), ahorrándose la fiscalización de Consucode y, también, la de la Contraloría durante el proceso. La razón que se dio para estos atajos fue la de la urgencia. Todos y cada uno de estos patrulleros se necesitaban para dar seguridad a nuestras calles peligrosas y nuestras amenazantes carreteras. Pero resulta, como descubrió IDL-SC, que 114 patrulleros están varados hace cinco meses y medio, a la intemperie, en un campo deportivo de la Policía en el Rímac. Es decir, el 17% de la flota adquirida bajo mecanismos de emergencia se deteriora sin haberse movido una sola cuadra hasta el día de hoy. ¿Sobran patrulleros? No parece ser el caso. De hecho, varias municipalidades han pedido reiteradamente vehículos, sin ser atendidas. Y mientras tanto, las lozas deportivas del cuartel Los Cibeles en el Rímac han servido de almacén de envejecimiento acelerado para 84 Nissan Almera, 17 Nissan Frontier y 13 camionetas Toyota Hilux. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/15-11/cuestion-de-circulinas.htm | 63 |
¿La razón? A lo que parece, una cuestión de circulinas. Según indicó a IDL-SC el director de Logística de la PNP, general Arturo Dávila, los patrulleros no se mueven porque no cuentan con circulinas, las pequeñas luces giratorias en el techo del vehículo. “Es cierto que están estacionados ahí, pero es porque no cuentan con las circulinas que se necesitan para patrullar. Estas debieron de llegar el tres de noviembre, porque se amplió el plazo de entrega, pero ya venció”, sostuvo Dávila. ¿O sea que porque no llegó la circulina se paraliza toda una flota? ¿Qué hubiera pasado con el gerente de Logística de una empresa privada que hubiera parado todos sus vehículos por la falta de un accesorio menor? Seguramente estaría pagando avisos clasificados en la sección Se Busca Empleo. Dávila, de paso, indicó que los vehículos van a ser utilizados durante la APEC y luego, cuando se instalen las circulinas, serán distribuidos. Además, ante el pedido urgente de patrulleros de algunos municipios, el ministro Remigio Hernani ha entregado recientemente 22 vehículos sin circulinas a los distritos de Jesús María (12) y Lince (10). Las municipalidades tendrán que comprar las suyas hasta que el Mininter se las entregue. Pero si el ministerio del Interior tiene problemas en comprar circulinas, no tiene ningún problema en comprar más patrulleros. En efecto, el ministerio del Interior está en proceso de compra de 938 patrulleros y 267 motocicletas (este último ya concluyó). El proceso, que no se hizo público, se realiza de nuevo a través de la UNOPS. Extrañamente, la compra de motocicletas no figura en el portal de dicho organismo. El jueves 30 de octubre de este año, con la orden de compra 08-113432, se adquirieron 267 motocicletas Honda, que le han costado al Estado 4 millones 574 mil 530 soles. Así, Honda se adjudicó la venta: | 64 |
• 20 motos Honda CBX de 750 cc, por un monto total de 791 mil 800 soles (39 mil 590 soles por unidad). • 137 motos a todo terreno marca Honda, por un monto total de 2 millones 683 mil 830 soles (19 mil 590 soles por unidad). • 110 motocicletas Pistera de 250 cc, por un monto total de un millón 98 mil 900 soles (9 mil 990 soles). Es importante mencionar que las 20 motos Honda CBX ya fueron entregadas a la PNP y las restantes serán entregadas en abril próximo. ¿Cuántos vehículos? Viendo cómo se trata a los vehículos nuevos, una pregunta inevitable al director de Logística era saber cuántos vehículos operativos y cuántos inoperativos tiene la Policía. Pero el general Dávila se negó a dar la información. “No voy a dar esa información, no quiero darla. Considero que es información reservada. Si se sabe se puede poner en peligro la seguridad ciudadana”, manifestó Dávila. ¿Tantos vehículos inoperativos tiene el director de Logística? IDL-SC solicitó la misma información a la Dirección de Información de la PNP (Dinfo) pero tampoco obtuvo respuesta. Los patrulleros y motos que llegaron en junio fueron distribuidos de la siguiente manera: • Huancavelica
5 camionetas 4 x 4 10 camionetas 4 x 2 10 motos
• Cajamarca
20 camionetas 4 x 2
• La Libertad
15 camionetas 4 x 2 15 autos 20 motos | 65 |
• Ica
10 camionetas 4 x 2 10 autos 10 motos
• Cusco
5 camionetas 4 x 4 15 camionetas 4 x 2 10 motos
• Arequipa
15 camionetas 4 x 2 15 autos
• Lambayeque
15 camionetas 4 x 2 10 autos 15 motos
• Dirincri
10 autos
• Sétima Dirtepol Lima
159 camionetas 4 x 2 116 autos
• Tacna
10 camionetas 4 x 2 5 autos 10 motos
• Seguridad de penales
2 camionetas 4 x 2
• Dinandro
2 camionetas 4 x 2
• Dinoes
10 camionetas 4 x 2
• Vrae
3 camionetas 4 x 4
• Lima provincias (Huacho)
20 camionetas 4 x 2
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• Ancash
20 camionetas 4 x 2 10 motos
• Tumbes
10 camionetas 4 x 2 10 motos
• Piura
20 camionetas 4 x 2 5 autos 10 motos
• Puno
20 camionetas 4 x 2
• Ayacucho
10 camionetas 4 x 2 20 motos
• Dirin
1 camioneta 4 x 2
• Huanuco
10 camionetas 4 x 4 10 motos.
• Amazonas
10 camionetas 4 x 4 12 motos
• Apurímac
10 camionetas 4 x 2 10 motos
• Moquegua
10 camionetas 4 x 2 4 autos 15 motos
• Pasco
8 camionetas 4 x 4 2 camionetas 4 x 2 4 autos 13 motos | 67 |
• Junín
20 camionetas 4 x 2 4 autos 10 motos
• San Martín
8 camionetas 4 x 4 2 camionetas 4 x 2
• Ucayali
7 camionetas 4x 4 3 camionetas 4 x 2
• Loreto y Madre de Dios (pendientes) Publicado el 15 de noviembre del 2008
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Capítulo 12
Memo gasolinero1 En las fuerzas de seguridad, la corrupción huele a gasolina. A fines del 2006 se inició la investigación sobre la corrupción gasolinera en el Ejército, que ha involucrado a varios de sus más altos mandos de entonces, y cuya etapa fiscal hasta ahora no culmina. Este año reventó el escándalo de la gasolina en la Policía Nacional. Los datos hasta ahora revelados son apenas una parte de lo que se ha investigado, lo cual a su vez es posible que comprenda solo una fracción del proceso de corrupción en ese ámbito. IDL-SC detalla a continuación a cuánto asciende el robo hasta ahora conocido de combustible en los grifos que abastecen a la PNP; las irregularidades en los contratos de la Policía con los grifos; las extrañas actuaciones de la Inspectoría; así como las investigaciones realizadas hasta hoy por el Ministerio Público y la Contraloría. • Según el informe de Contraloría ‘Distribución y Uso de Combustible en la VII Dirección Territorial PNP Lima-Callao’, al que IDL-SC tuvo acceso, entre enero de 2006 y marzo de 2007, hubo un robo de 48 mil 701 galones de combustible valorizados en 555 mil 396 soles, como 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/16-04/memo-gasolinero.htm | 69 |
resultado de la falsificación de firmas en 364 planillas de abastecimiento de siete de los 22 grifos que abastecen a la Policía en Lima y Callao. • Estos son: Santa Margherita SAC (17 mil 41 galones), INBISECSA (4 mil 518 galones), Janedus Trading (3 mil 615galones), Los jardines (5 mil 34 galones), Diana (4 mil galones), Servicento Surquillo (3 mil 139 galones); y Tacna (11 mil 345 galones). • Al ser consultado por IDL-SC, Eduardo Caprile, gerente general de Santa Margherita SAC, Centauro II y Centauro III (ahora Janedus Trading SAC), dijo que no conocía el informe de la Contraloría y que la suplantación de firmas debe tener una explicación. “Las firmas (falsas) no significan robo de combustible. Que la persona que recepcionó el combustible no era la idónea, no lo puedo comprobar. Yo siempre se lo he dicho a la Policía: ustedes no me dan ningún medio con esa tarjetita (Tarjeta de Abastecimiento de Combustible (TAC)) para comprobar si son o no son”, aseguró. • Durante el periodo antes mencionado, la Policía adquirió casi nueve millones de galones de combustible valorizados en poco más de 95 millones de soles para abastecer a 4 mil 322 vehículos de la VII Dirtepol. • La PNP le pagó a los 22 grifos un total de 475 mil 663 galones por su servicio, equivalentes a 5 millones 331 mil 869 soles. Esto a pesar que desde setiembre de 2004, la Dirección General de la PNP dio la directiva Nº 04-41-2004-DGPNP/DIRLOG, que señala que el pago a los grifos debe ser en dinero, y no en especie. Asimismo, señala que los contratos deben estar registrados en el SIAF-SP. • “El pago efectuado en combustible, esto es, en especie, no está previsto en las normas legales vigentes, en materia de tesorería y presupuesto”, refiere el informe del órgano de control. • El trabajo de los auditores de la Contraloría para determinar a cuánto ascendía el robo de combustible fue dificultado por el hecho que los | 70 |
odómetros de 4 mil 322 vehículos, es decir, el 36 por ciento de la flota vehicular, estaban inoperativos. Dado que es muy poco probable que un porcentaje tan alto de odómetros se malogre en forma espontánea, todo indica que fueron saboteados intencionalmente. • Las irregularidades reportadas por la Contraloría se dieron durante la gestión de tres ministros del Interior: Rómulo Pizarro, Pilar Mazzetti y Luis Alva Castro. Los jefes de Logística de la PNP en ese lapso fueron los generales PNP Víctor Gandolfo y Dalmacio Zambrano. • Si bien Alva Castro firmó un convenio el 15 de abril de 2008 con PetroPerú para que se encargue del abastecimiento de combustible, este jamás se ejecutó. LAC tampoco convocó a una licitación para que nuevas estaciones de servicios suministren combustible a la flota vehicular con una nueva modalidad de pago. • El 29 de marzo de 2008, una inspección a uno de los 22 grifos que abastecen a los vehículos de la PNP en Lima y Callao puso en evidencia irregularidades en el suministro de combustible. Con el tiempo, esa acción también revelaría la negligencia del entonces inspector general de la Policía, Luis Henríquez, para postergar casi un año la investigación al grifo. Contrariamente, Henríquez ordenó con gran rapidez que se investigue administrativamente al coronel que realizó la intervención. • Dicho oficial, el coronel PNP José Trinidad Muñoz, en ese entonces inspector de la Direcciones Especializadas de la Inspectoría de la PNP, llevó a cabo una inspección los días 29, 30 y 31 de marzo al grifo Santa Margherita SAC, ubicado en la cuadra 26 de la Av. Venezuela. Trinidad reportó al inspector general, a través del informe Nº 125-2008-IGPNP-IDE-SEC, irregularidades en el abastecimiento de 294 de los 585 vehículos asignados a esta estación. • El informe refiere que el 31 de marzo, veinte de los 52 vehículos que usan petróleo figuraban falsamente como abastecidos en las planillas. Lo mismo ocurrió con 225 de los 481 autos que usan gasolina de 90 octanos y la mitad de autos que se surten gasolina de 84 octanos. También | 71 |
se evidenció la suplantación de firmas en dichas planillas. (Ver informe Nº 125)2 (Ver planillas)3 • La estación Santa Margherita SAC pertenece al Grupo Centauro Grifos SRL, que agrupa a los grifos Centauro II y Centauro III (ahora Janedus Trading SAC). Concentra el 17 por ciento de la asignación y administración del combustible a nivel de la VII Dirección Territorial Policial. • Entre 2006 y 2007, la Policía le entregó a la estación Santa Margherita SAC alrededor de un millón y medio de galones de combustible para suministrar a cerca de 600 vehículos. Por este servicio le pagó en especie con 78 mil 323 galones de combustible, equivalentes a 876 mil 813 soles. • Los vehículos que diariamente se abastecen en dicho grifo pertenecen a la VII Dirtepol, Dirgen, Inspectoría, Dircote, Dirincri, Dirlog, Seguridad del Estado, Dirección de la Policía de Tránsito, Dirección de Bienestar, Dirección de Economía y Finanzas; y Dirección Recursos Humanos. • Denunciar este caso, le costó al coronel Trinidad una investigación administrativa disciplinaria y su posterior pase al retiro por renovación. El 30 de diciembre, el entonces jefe de la dirección de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría (Diriad), general PNP Benigno Pinto, presentó el informe A/D Nº 493-2008-IG.PNP/DIRIADEQ.06, que concluyó que Trinidad cometió abuso de autoridad al acudir sin autorización superior al grifo. • Ocho meses antes, el miércoles 16 de abril de 2008, la asesora jurídica de la Inspectoría, comandante PNP Simona Jaramillo, remitió al general Henríquez el informe jurídico Nº 003-2008-IG-PNP/SP. “El Oficial Superior PNP [Trinidad] efectuó acciones que si bien están prescritas en la ley, era necesario contar con la autorización superior escrita y expresa, pues las acciones de “Inspección” no se encuentran dentro de su ámbito funcional establecido en el Manual de organización y Funcio2 3 | 72 |
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/16-04/informe125.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/16-04/planilla.htm
nes del Departamento de Inspectoría de la Direcciones Especializadas (…) las acciones llevadas a cabo el 31 de marzo y los días anteriores, tuvo como resultado la Apropiación indebida de documentos privados (Planillas de abastecimiento) por parte del Crnl. PNP José Trinidad Muñoz”, refiere el documento.4 • Al margen de si la inspección llevada a cabo por el coronel Trinidad se realizó de acuerdo al reglamento, lo cierto es que había irregularidades que merecían ser corroboradas por la Inspectoría. Sin embargo, Henríquez tardó diez meses en abrir una investigación. Recién el 31 de diciembre pasado, emitió el memorándum 054 al general Pinto Huanqui para que un equipo de la Diriad inicie las pesquisas al grifo Santa Margherita SAC. • Henríquez, quien debió realizar una investigación exhaustiva para determinar qué jefes de unidades estuvieron directamente implicados en el robo de combustible, se ocupó, más bien, de recibir en su despacho a personajes como Fidel Sánchez Alayo, integrante del clan Sánchez Paredes, que está siendo investigado por la Dinandro.5 • El lunes 5 de enero, el coronel PNP Roster Rojo, jefe del equipo 12 de investigaciones de la Diriad, abrió la investigación a la estación Santa Margherita SAC. • Hasta donde IDL-SC pudo conocer, solo se han recabado las manifestaciones de poco más de 20 policías y en los próximos días citará al gerente general del grifo Santa Margherita SAC, Eduardo Caprile Carbajal. • En diálogo con IDL-SC, Caprile indicó que si se había dado irregularidades en el abastecimiento de combustible, eso no era su responsabilidad. “Nosotros dependemos de empleados y de policías. La debilidad del sistema es creada por la propia institución que la genera. ¿Quién ha diseñado el sistema? Yo soy un negocio que doy créditos, si ustedes quieren vienen con su sistema. Si su sistema es malo, no es culpa mía. A 4 5
Ver informe: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/16-04/informe-legal-003.htm Ver “La mano que mueve el serrucho”: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/12-11/la-mano-que-mueve-el-serrucho.htm | 73 |
mí me dicen: atienda usted a este señor que viene con su tarjeta que es el capitán tal y si el señor me dices eso, yo le creo”, manifestó Caprile. • Las irregularidades en el abastecimiento de combustible en la estación Santa Margherita SAC no ha sido el único caso reportado por el coronel Trinidad a la Inspectoría. En mayo de 2007, Trinidad, en ese entonces jefe del equipo Nº 5 de la División de Inspecciones de la Inspectoría, realizó una intervención al grifo Centauro II, ubicado en la Av. Bolognesi Nº 989, en Barranco, de propiedad de Eduardo Caprile. • Trinidad elaboró el informe Nº 029-2007-IGPNP/DICG-DIVINSP. SEC, que en sus conclusiones refiere que se falsificaron firmas en las planillas de control de abastecimiento y que 28 de los 131 vehículos asignados a esta estación ya figuraban como abastecidos sin haber ido siquiera al grifo. • A mediados de febrero de este año, el coronel Trinidad, ya pasado al retiro, denunció al general Luis Henríquez y a Eduardo Caprile ante la Segunda Fiscalía Anticorrupción, que poco antes había iniciado una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Edgar Núñez. • El 20 de febrero, el fiscal Óscar Zevallos, entonces titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, solicitó al Juzgado Penal de turno una autorización para intervenir los 22 grifos que abastecen a la PNP en Lima y Callao. El pedido fue declarado improcedente. Sin embargo, el 23 de marzo, la Primera Sala Penal Especial de Lima dio luz verde al allanamiento. • El viernes 3 de abril, la Segunda Fiscalía Anticorrupción, ahora al mando del fiscal Demetrio Díaz, realizó incursiones inopinadas a 16 de los 22 grifos. Veinticuatro fiscales se encargaron de intervenir las estaciones de servicio e incautaron documentos, libros contables, planillas, discos duros y memorias USB. • Una de las intervenciones estuvo al mando de la fiscal adjunta Maritza Pajuelo. A las dos de la tarde, Pajuelo inspeccionó el grifo The Friends, ubicado en la Av. República de Panamá. Pajuelo incautó nueve libros de | 74 |
abastecimiento de combustible de los vehículos asignados a la C.PNP Lince y trece libros de abastecimiento de combustible de la C.PNP Apolo. Más tarde, intervino el grifo INBISECSAC ubicado en la Av. Tomás Valle e incautó planillas de abastecimiento de 2001 a la fecha. • Fuentes confiables de IDL-SC indicaron que la documentación incautada por el Ministerio Público aún permanece lacrada. A partir del próximo lunes, serán citados el ex inspector general de la Policía, general PNP, Luis Henríquez; el director de la PNP, Mauro Remicio; el ex director de Logística, Arturo Dávila; así como los jefes de las unidades policiales que abastecen en los grifos donde se han detectado irregularidades. • El miércoles 8 de abril, la ministra Mercedes Cabanillas decidió separar del cargo al inspector general, Luis Henríquez. Pasadas las 10 de la noche, luego de la difusión de un informe de América Noticias sobre el caso, Cabanillas se comunicó con el general Henríquez y le informó que sería relevado hasta que culminen las investigaciones que la oficina de Asuntos Internos del Mininter, a cargo del general PNP (r) Julio Salas, inició el 18 de febrero pasado. • El viernes 10 de abril, el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Direop), general PNP Carlos Esaine, fue nombrado inspector general, en reemplazo de Luis Henríquez, que fue asignado a Estado Mayor. • El general Henríquez, en diálogo con IDL-SC, negó estar implicado en el robo de combustible y dijo estar “cumpliendo disposiciones de la ministra”. “Yo estoy tranquilo. Hasta el momento no he sido citado por ninguna instancia”, sostuvo Henríquez. • El martes 24 de marzo, el coronel Trinidad presentó a la oficina de Asuntos Internos un informe con 300 folios en el que explica con detalle la modalidad de robo de combustible en el grifo Santa Margherita SAC. • Un mes antes, la Contraloría General de la República remitió a Cabanillas y al Ministerio Público un informe sobre la distribución y almacenamiento de combustible en la VII Dirtepol, entre 2006 y 2007. | 75 |
• Dicho documento se sumó a la investigación que el fiscal Óscar Zevallos inició el año pasado sobre el transporte, almacenamiento y distribución de combustible a los vehículos de la PNP durante 2008 y lo que va de 2009. Ahora, el fiscal Demetrio Díaz está a cargo de las investigaciones. • El asunto tiene larga data. Los contratos suscritos en 2001 entre la Dirección de Logística de la Policía (Dirlog) y los 22 grifos vencieron el 31 de marzo del año siguiente. Nunca se renovaron. Los grifos continuaron brindando su servicio en las mismas condiciones establecidas en las cláusulas de los convenios celebrados en abril de 2001, al margen de las leyes de contratación vigentes.6 • A pocas semanas de haber asumido el cargo, Mercedes Cabanillas anunció que PetroPerú se hará cargo de la dotación de combustible a partir de abril. Sin embargo, Petroperú ha incumplido con los plazos, según indicó Cabanillas en una reciente presentación a la comisión de Defensa del Congreso. • Mientras tanto, los 22 grifos particulares continúan abasteciendo a los autos de la PNP. El uno de marzo, con Cabanillas como ministra, se suscribió un contrato con las estaciones de servicio aduciendo un “desabastecimiento inminente”. El convenio estará vigente hasta el 27 de mayo de este año. • La quinta cláusula del documento establece que la forma de pago es en efectivo, tal como lo exigen las leyes de contrataciones vigentes. “El pago se realizará en forma mensual y depositado a la Corriente de acuerdo al Código de Cuenta Interbancaria (CCI) una vez efectuado el servicio y adjuntando el acta de conformidad por la División de Combustible de la Dirección de Logística PNP, en un plazo máximo de diez días hábiles”.7 • Sin embargo, IDL-SC pudo conocer que la Policía continúa pagando a los grifos con combustible, contrariamente a lo estipulado en el contrato. • Eduardo Caprile indicó a IDL-SC que la Policía no ha cambiado la modalidad de pago. “Nos siguen pagando en combustible”, aseveró. Publicado el 16 de abril del 2009 6 7 | 76 |
Ver contrato: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/16-04/contrato-concesionario.htm Ver contrato: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/16-04/contrato-contratista.htm
Las adquisiciones de Alva Castro
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Capítulo 13
Subasta sin subasta1 Si hay algo que marca el proceso de adquisición de patrulleros en la gestión de Alva Castro en el Ministerio del Interior fue su peculiar subasta inversa. Se trató de una subasta con un solo postor. Parece una contradicción de términos, pero ocurrió exactamente así. A la hora de empezar la puja hacia abajo, de ver quién rebaja más su precio (que de eso se trata la subasta inversa), no hubo entre quiénes hacerla, porque solo resultó calificado un postor. Es decir, fue una subasta sin subasta2. Si algo se esperaba ahorrar en la puja, eso no ocurrió. Esa fue la primera sorpresa. La segunda fue el ganador. Se trata de un consorcio virtualmente desconocido dentro del comercio automotor peruano, formado por Daewoo International Corporation y Gun Supply SAC., que representó a dos marcas chinas: Geely, para autos de tipo Sedán; y Huanghai, para las camionetas 4x2 y 4x4. 1 2
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/26-07/texto.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/26-07/cuadro_comparativo.pdf | 79 |
Daewoo International Corporation es un trader, una compañía dedicada al comercio, (no el hoy quebrado consorcio automotor coreano) y Gun Supply3 es una empresa dedicada a la venta de armas individuales, municiones y entrenamiento en tiro. Su representante, Jorge Mendoza, es además dirigente del IPSC (International Practical Shooting Confederation) y versátil hombre de negocios en asuntos vinculados con seguridad. El año 2005 Mendoza participó en la selección y entrenamiento de 200 peruanos contratados por la compañía privada Triple Canopy para servir como guardias de seguridad en Irak. En el entrenamiento se utilizaron instalaciones del Ejército, lo cual provocó indignación en varios sectores. “Nosotros no contratamos mercenarios” dijo entonces Mendoza en una entrevista con el corresponsal de IPS, sin especificar con claridad qué entiende por mercenario. Ahora, en la compra de los patrulleros, resultó que el consorcio formado por una comercial y un vendedor de armas y servicios conexos se adjudicó la venta de 698 patrulleros (entre autos sedán y camionetas 4x2 y 4x4) por un monto de 36 millones 780 mil 346 soles (más de 11,6 millones de dólares). Y lo hizo sin tener que competir con nadie. ¿Qué pasó con las marcas representadas en el Perú, con experiencia local, repuestos y talleres? Ninguna se presentó. Ningún representante de las marcas de autos que circulan por Lima estuvo en la subasta sin subasta. Teniendo en cuenta que los autos se venden de uno en uno y que aquí existía la posibilidad de vender casi 700 unidades, uno se pregunta, ¿qué pasó? IDL-SC intentó entrevistar sobre el tema a varios de los representantes de las principales marcas. Por lo menos hasta ayer, la mayoría parecía estar en terapia de silencio. “No sé qué pasó” dice un experto en asuntos automotrices, que intervino en el proceso, “se invitó a asociaciones y representantes de marcas a que intervinieran, pero solo dos se presentaron”. 3 | 80 |
http://www.gunsupply.net
Antes, doce empresas habían retirado las bases del concurso, pero solo los dos mencionados formalizaron su presentación. Ambas representaban a marcas de autos chinas. La segunda, Cojapan EIRL, asociada con un transportista peruano, fue descalificada a último momento, por no contar con Registro Nacional de Proveedores. Así, el postor único se adjudicó la siguiente venta: • 16 autos sedán de “tipo 1”, por un total de 636 mil 432 soles. • 229 autos sedán “tipo 2”, por un total de 8 millones 879 mil 933 soles. • 40 camionetas de doble cabina, “tipo 1” 4x4, por un total de 2 millones 791 mil 080 soles. • 18 camionetas de doble cabina “tipo 2”, 4x4, por un total de un millón 255 mil 986 soles. • 395 camionetas de doble cabina, 4x2, por un total de 23 millones 216 mil 915 soles. El total de la venta es de: 36 millones 780 mil 346 soles. En cuanto a precio unitario: • Cada sedán “tipo 1” vale 39 mil 777 soles (U.S. $12,627, al cambio actual). • Cada sedán “tipo 2” vale 38 mil 777 soles ($12,310) • Cada camioneta de doble cabina, “tipo 1” 4x4, vale 69 mil 777 soles ($22,151). • Cada camioneta de doble cabina, “tipo 2” 4x4, vale 69 mil 777 soles ($22,151). • Cada camioneta de doble cabina, “tipo 1” 4x4, vale 58 mil 777 soles ($18,659). El diario Perú 21 hizo notar que el sedán Geely CK, el único disponible en el mercado local, importado por la compañía que representa a la Suzuki y la Chevrolet en Lima, cuesta U.S. $11,690 por unidad, es decir, considerablemente menos que el precio de los sedanes adjudicados a Daewoo/ Gun Supply. | 81 |
¿Por qué un auto que se vende al por menor cuesta considerablemente menos que los 245 autos vendidos al ministerio del Interior en un solo acto? Teniendo en cuenta además que esos autos se venden sin ningún equipamiento policial. “Están calatos”, como lo expresó una fuente con conocimiento de causa. “No se puede comparar una cosa con la otra” dijo una asistente de Jorge Mendoza, cuando IDL-SC intentó entrevistar a éste. “Es como comparar un Yaris con un Corolla… son dos autos diferentes”. No se pudo, pese a varias llamadas, contactar a Mendoza. Pero si aquí en Lima se sabe bien qué es un Yaris y qué es un Corolla, ¿qué se sabe sobre la marca Geely de autos y sobre la Huanghai de camionetas? No mucho. En Lima, apenas se vende un modelo de Geely y no se conoce a la Huanghai. Pero, una búsqueda rápida y algunas entrevistas a conocedores del tema automovilístico han permitido averiguar algunos detalles: • Según una nota firmada en septiembre de 2006, por Ann Job en la publicación especializada Robb Report, sobre el ingreso de autos chinos al mercado estadounidense, el primer auto chino en exhibirse en Estados Unidos fue precisamente el Geely. Ello se dio en el North American International Auto Show, en enero de 2006. La periodista describe al Geely como “un auto japonés de hace 15 años… con asientos que se sienten baratos… y un diseño utilitario que no va a conmover a los usuarios estadounidenses”. • En esa feria automotriz, mejor conocida como el Detroit Auto Show, estuvieron presentes Shufu Li, el principal ejecutivo de la automotriz Geely, y John Harmer, el jefe de la futura operación en Estados Unidos. En una concurrida conferencia de prensa reconocieron que: a) el modelo CK 2006 no cumple con regulaciones ambientales y de seguridad de Estados Unidos, y que la compañía esperaba alcanzarlos dentro de los siguientes 18 meses, b) que esa generación de sedán CK era la tercera y que solo la quinta entraría al mercado gringo. | 82 |
• Según un cable de la AP, que cubrió la misma conferencia de prensa, Harmer reveló que el Geely ya se vendía en Ucrania, Yugoslavia y el Medio Oriente, y que esperaban ingresar al mercado europeo antes que al estadounidense. El nombre, Geely significa “buena suerte” en chino, y quizá esa sea la razón por la que ofrecen precios terminados en el cabalístico “777”. La compañía fue fundada en 1986, en la provincia de Zheijang, dedicada inicialmente a fabricar bicicletas y refrigeradoras. Su principal ejecutivo, Li, es hijo de un campesino, un self made man. La compañía tiene ahora la capacidad de fabricar 200 mil vehículos y otros tantos motores al año. Es decir, una empresa mediana. Sus trabajadores ganan solamente $3.50 por hora. • Según la publicación especializada, The Truth about Cars, Toyota demandó a Geely el 2002 por piratear su logo. Sin embargo, un juez chino rechazó la demanda. El autor de la nota, Justin Berkowitz indicó que esa actitud de permitir la piratería automotriz representaba “un peligro claro y presente y una advertencia de lo que va a venir”. De las camionetas Huanghai se sabe mucho menos, dado que no se venden en el Perú y no hay información de que estén todavía circulando en el hemisferio. La compañía se presenta como un grupo propiedad del Estado chino, fundada en 1952, especializada en la fabricación de autobuses. En efecto, a mediados de los 80, llegaron algunas docenas de autobuses de esa marca, que no funcionaron bien y que fueron sacados de circulación. En esas condiciones, ¿tiene sentido comprar vehículos de marcas emergentes, que no alcanzan aún el estándar tecnológico de las establecidas, que no tienen la red de representantes y repuestos, y que van a ser sometidos a las brutales condiciones del trabajo policial? ¿Qué tipo de asesoramiento técnico tuvo el ministro Alva Castro? Aparentemente, sí tuvo dos asesores de buen nivel. Uno es Edwin Derteano y el otro un boliviano, José Rassmusen, enviado por la Naciones Unidas. Derteano es una persona con amplio conocimiento del tema. ¿Qué pasó entonces? | 83 |
“Lo que pasa es que no se presentaron las marcas que debían presentarse” dice una fuente con conocimiento del proceso, “Pese a todo, se trató de darle protecciones en las especificaciones, pero Consucode le quitó muchas… en una subasta inversa, vas por el precio antes que por la calidad”. ¿Subasta de un solo postor? “Así es” admite la fuente, “al final solo quedó uno”. Pero, ¿qué sentido tiene el ahorro si no se logra la calidad y la garantía necesaria de mantenimiento? “Las protecciones que han quedado” dice la fuente “es que debe haber una garantía de fábrica no menor de 3 años y una red de por lo menos 3 concesionarios con talleres de mantenimiento”. ¿Dónde están los talleres de Gun Supply? Fue imposible entrevistar a Mendoza para conocer su respuesta. El problema bien puede estar en el proceso mismo de la subasta inversa. Según un ex alto funcionario de Consucode, “la operación en sí es preocupante (…) es la primera vez que este gobierno aplica la modalidad de subasta invertida para este tipo de adquisiciones (…) la subasta inversa está considerada para bienes uniformes… que deben características iguales. Por ejemplo, se usa para adquirir papel Bond, A4. En este caso se puede competir por el mejor precio. (…) Pero la composición va a diferir de un vehículo a otro. Uno de más calidad, va a tener más precio. Entre un Toyota hecho en Japón y un Daewoo (sic) hecho en China, uno definitivamente se inclina por el Toyota, por eso es que uno no puede inclinarse por el más barato (…) Los autos de la PNP deben tener larga vida y ser de excelente calidad. (…) La gran pregunta es, ¿Por qué en este caso Consucode aceptó? (…) Se podría estar abriendo una caja de Pandora”. Esa fue una consideración que ni el ministro Alva Castro ni el presidente Alan García tuvieron presente al defender el proceso e indicar que el Estado había “ahorrado” 11 millones de soles, que se podrán utilizar en “programas sociales”, según dijo el mandatario. Alva Castro, en cambio, destinó esos 11 millones para adquirir otros 209 autos, “en el breve plazo”. | 84 |
Lo que no queda claro es en qué plazo se pondrán de acuerdo el presidente y su ministro. IDL-SC intentó entrevistar a Alva Castro sobre el tema. No fue posible hablar con él. ¿De dónde salen los supuestos 11 millones de soles de ahorro? Supuestamente, de la diferencia entre el valor referencial y el precio adjudicado. Pero el único criterio válido de ahorro en cuanto a la compra es compararla con el precio de mercado; y el criterio final es determinar si se ha comprado un buen vehículo o no. Los gringos llaman un “lemon”, un limón, a aquellos autos que resultan una pesadilla de mantenimiento y que tienen nula confiabilidad. Comprarlos baratos no los hace menos cítricos. Y en este caso, las preguntas que no tienen todavía respuesta son las que inquieren sobre la calidad del vehículo, su confiabilidad, resistencia, repuestos y mantenimiento. Mientras eso no quede respondido con claridad, Alva Castro se mantendrá a la cola de Mazzetti en cuanto a la adquisición de patrulleros. En todo caso, una reunión entre los ganadores de la singular subasta y el ministerio del Interior, programada para el jueves 26 por la mañana, fue suspendida hasta después de Fiestas Patrias. Trataremos de informar oportunamente sobre los resultados de dicha reunión. Publicado el 26 de julio del 2007
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Capítulo 14
Patrulleros chinos: lo que dice García1 Contra lo que predijo una fuente “familiarizada con el pensamiento de Jorge del Castillo”, como la identificó IDL-SC en su entrega del 3 de agosto, el presidente Alan García sí salió a referirse nuevamente a la cuestionada operación de compra de 698 patrulleros organizada por el ministro del Interior, Luis Alva Castro. “La compra (de los patrulleros) fue transparente. Confío plenamente en Luis Alva Castro” dijo García en Chilca, que queda a unos 70 kilómetros de la oficina del primer ministro Del Castillo. García hizo énfasis en la buena calidad de los productos chinos. Es más, dijo que “hay que ser tonto” para afirmar que no tienen calidad. Pero además, recalcó que en el caso de los patrulleros, éstos cuentan con tecnología japonesa y coreana. Así parece ser el caso. Como lo ha informado IDL-SC en el 2002, Toyota le entabló juicio a la firma Geely en China, por violar su propiedad intelectual. “Algunos zapatean” añadió el presidente, “ya que se acostumbraron a tener un mercado cautivo en el Perú y a imponernos los precios que les da la gana”. García sugirió con esta declaración, que el Perú habría logrado un 1
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ahorro notable al comprarle a la Geely y no a alguno de los representantes de marcas acreditadas en el Perú. Sin embargo, tal como demostró el informe de IDL-SC del 26 de julio, el precio al que se han comprado los vehículos no representó una compra ventajosa en cuanto a precio ni un ahorro para el Estado. Así por ejemplo, las camionetas de doble cabina Huanghai fueron vendidas a $22,151 y $18,659 cada una, en su versión 4x4 y 4x2 respectivamente, sin ningún equipamiento. Comparativamente, el gobierno regional del Callao adquirió 50 camionetas Nissan de doble cabina a $18,050 cada una. De manera que, aún sin tener en cuenta la diferencia de calidad y soporte técnico, las camionetas chinas de Huanghai salieron más caras que la Nissan. Parece que no le informaron de esto al presidente antes de que este se lanzara a hablar. Taller de barrio Al taller mecánico de Carlos Aservi, en Barranco, se ingresa por un corredor estrecho, por el que caben apenas un par de autos. Ya adentro, el espacio se hace más amplio, como el que tiene un taller de barrio. Lo que hace digno de atención ahora a este taller es que es uno de los dos nombrados por el consorcio Gun Supply-Daewoo International Corporation para proporcionar mantenimiento en Lima a la flota de 698 vehículos chinos que compraría el ministerio del Interior si la cuestionada subasta de un solo postor sigue adelante. El tercer taller se encuentra en Chimbote. El taller brinda servicio básico de mantenimiento y mecánica a diversas marcas de autos, pero, según lo reconoce su dueño, Carlos Aservi, jamás | 88 |
ha tocado un auto de fabricación china. Tampoco ha servido a una flota de dimensiones siquiera cercanas a la de 698 patrulleros. Las paredes necesitan pintura, pero Aservi, un ex mecánico de autos de carrera, no ve razón para apresurarse. Está dispuesto, dice, a invertir en mejorar el taller y la infraestructura, contratar personal, a condición de que las conversaciones con Jorge Mendoza lleguen a algo concreto: “Si hay fiesta yo me cambio… ¿cómo me voy a vestir bonito si ni siquiera sé que hay fiesta?” pregunta Aservi. Hasta el momento, agrega, las conversaciones con Jorge Mendoza “son solo eso”. Publicado el 08 de agosto del 2007
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Capítulo 15
Entretelones de una compra abortada1 El jefe de gabinetes de asesores, José Abramovitz, anunció a la prensa que se declaró “desierta” la compra de 698 patrulleros de fabricación china al consorcio Daewoo Internacional- Gun Supply porque no fue a la firma del contrato, fijado por ley para el 15 de agosto pasado, día fatal porque coincidió con el terremoto que sacudió Pisco, Ica y Chincha. “Por ese motivo, la ley establece que la buena pro se da por no otorgada y se declara desierto el proceso, considerando que no había otro postor”, dijo Abramovitz, al tiempo que negó haya existido un boicot ante la compra y que “es indispensable que presenten las fianzas bancarias y los poderes. Les aseguro que no van a presentar nada porque no los tienen”. Así de esta abrupta manera, fue cancelada la licitación de patrulleros “más transparente de la historia”, a decir del ministro del Interior, Luis Alva Castro. El representante legal del consorcio, Jorge Mendoza dijo a IDL-SC que “lo afirmado por Abramovitz es absolutamente falso” y que mientras por un lado el gobierno apoyaba la compra por otra, los asesores de Alva Castro conjuraban un complot contra la firma del contrato. 1
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Mendoza recuerda que desde el primero de agosto, los miembros del Consejo de asesores del Ministerio del Interior les empezaron a pedir una serie de documentos que no estaban fijados en el contrato, como si lo estaban la “garantía de fiel cumplimiento” que ascendía a 3.6 millones de soles y la “garantía adicional por el monto diferencial de su propuesta de conformidad” que ascendía a 2.7 millones de soles. Asegura que nunca le pidieron la tercera garantía por “prestaciones accesorias” que ascendía aproximadamente a 100.000 dólares. Luego, el 9 de agosto les llegó un segundo requerimiento donde les pidieron documentos adicionales como la carta de representación de las fábricas chinas por Daewoo Internacional, legalizados por el país de origen y consularmente, trámite que demora más de 20 días, y que, según Mendoza, no es exigido por la ley. “Es un requisito imposible de cumplir y ahí empezamos a preocuparnos. Mientras el discurso oficial es una cosa, nos piden otra cosa, por ello, mandamos una carta notarial diciendo que no podemos cumplir este punto”, indica. Poco después, los miembros de Gun Supply se enteraron que Nelly Rodríguez Cuzcano le envió un correo electrónico al presidente de Daewoo Internacional. En el correo electrónico, al que tuvo acceso IDL-SC Rodríguez Cuzcano le informa al CEO de Daewoo International, Kyuman que tras una reunión con los representantes del Consorcio, el 8 de agosto, han quedado pendientes los siguientes señalamientos: 1. Comunicación de la fecha cierta en que llegaran los vehículos de muestra. 2. Respuesta a nuestro oficio de pedido de información y documentación Desde ayer estoy tratando de coordinar con la Srta. y con el Sr. Mendoza y no he podido coordinar. La información no me ha llegado hasta ahora. | 92 |
Por otro lado, a propuesta del Consorcio se acordó que elaboraríamos un proyecto de contrato incluyendo la cláusula sobre la entrega de las muestras, lo cual está listo para que lo revisen. Agradeceré se atienda lo indicado a la brevedad y si desea sírvase comunicar conmigo para poder informarle al respecto y sobre las otras opciones. Saludos,
El mismo día en que se presento el ministro Luis Alva Castro en el Congreso a defender la compra de los patrulleros, el consorcio envió una carta notarial al Ministerio del Interior reclamando por la “actitud impropia” de la Secretaria General del Ministerio del Interior de enviar un correo electrónico a Kyuman. El día 15, en el que se supone se iba a suscribir el contrato, les llegó una carta del Ministerio del Interior a las 4.15 de la tarde a los de Gun Supply, donde se reiteraban los requerimientos para la firma del contrato con 12 cláusulas distintas a lo estipulado den el contrato. Mendoza refiere que tras las consultas con sus abogados, le aconsejaron que no firme porque el contrato es totalmente distinto y que se intentó “submarinear” (sic) la tercera fianza, “cuyo monto es el 10 por ciento del valor referencial de las prestaciones accesorias” y que está fijado por la directiva No. 012-2002 del CONSUCODE. Luego y “ahí entramos en pánico”, “las prestaciones accesorias deben ser valorizadas independientemente de los autos, y “nos dimos cuenta que ya no puedes firmar el contrato, todo es nulo”. Ayer, 23 de agosto, “retiramos nuestra oferta y a las 12 le enviamos la carta notarial al Ministerio del Interior”, dice Mendoza.
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Reuniones entre Interior y Consorcio Durante la primera reunión, que se realizó el 8 de agosto, asistió Mendoza, su esposa Denise Nassar y los asesores Abramovitz, Nelly Rodríguez Cuzcano, César Cabrera y Gayoso. De acuerdo a Mendoza, en esa cita, los asesores de Alva Castro buscaron seguir la línea de lo que declara Alva Castro en el programa dominical “Cuarto Poder”, en el que afirma que no se firmara el contrato hasta que se revisen las muestras, y que por ende, se encargue de traer cuatro muestras. A partir de allí, dice Mendoza, “les enviamos una comunicación”, diciéndoles que “no nos pueden exigir exigir certificación para firmar el contrato”, sin embargo, ofrecieron traer el primer vehículo culminado el ensamblaje en 30 días. En una segunda cita en el Ministerio del Interior, a la que no asistió Rodríguez Cuzcano, Mendoza le reclamó al asesor Gayoso sobre el correo electrónico al CEO de Daewoo International, y éste le respondió, dice Mendoza, “bueno que muchos funcionarios jalan agua para su molino.... la desautoriza y anuncia que va a solucionar el problema”. Allí discutieron, afirma Mendoza, el tema de plazos, y cuándo iban a llegar los patrulleros desde Shangai; y hasta se discutió que lo trajeran por avión pero los funcionarios del aeropuerto limeño desestimaron por razones técnicas la idea; “así como”, refiere Mendoza, “quién iba a pagar el traslado de los 4 patrulleros y allí me niego a pagar; y Gayoso me increpa porque no pago si voy a recibir 11 millones de dólares”. En la segunda cita, ya los tratos eran cada vez más fríos, dice Mendoza “y se me pregunta por qué estoy reteniendo la documentación y les respondo que no lo vamos a entregar hasta que tengamos algo en claro, y ellos me tranquilizan falsamente y me dicen ‘prepara tu lapicero’”. La última reunión fue el 20 de agosto, en el directorio al lado de la oficina del Ministro del Interior, Luis Alva Castro; “nos hacen esperar con mi esposa” cuenta Mendoza “en una sala donde figuran los retratos de los an| 94 |
tiguos Ministros del Interior y al entrar estaba César Cabrera, Alva Castro y Abramovitz”. Tras un monosilábico saludo de Alva Castro, Cabrera es el que habla y dice que había muchas trabas para la compra, Abramovitz incluso mencionó que no se firmó y que el tema lo iban a declarar desierto, “que Consucode nos iba a clavar una sanción benigna mejor llevemos la fiesta en paz para que se presenten en una próxima licitación”. ¿Por qué denuncian ser víctimas de un complot? “Porque ellos al imponer la tercera fianza buscaban perjudicarnos como empresa, hasta el 20 de agosto” responde Mendoza, “en la noche estábamos dispuestos a gestionarla, hasta que nuestros abogados nos alertan que iba a implicar una serie de requerimientos adicionales en el rubro económico de nuestra parte, y que no aceptemos 12 cambios que se imponen al contrato”. El gerente legal de Gun Supply añade que tras la declaración de desierta, ellos como empresa “somos un chivo expiatorio, los fusibles para que no se vuelva a hacer el mecanismo de subasta inversa que es rechazado por las empresas automotrices en el país”. En forma parecida a otras empresas que participaron en la licitación anterior, Mendoza sostiene que “dependiendo de la respuesta del ministerio (del Interior) a su apelación a la decisión, actuaremos en los planes legales y judiciales”. Lo que menos le faltará al ministerio en las semanas y meses que vienen, a lo que se ve, son juicios y arbitrajes. Publicado el 24 de agosto del 2007
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Capítulo 16
Discordias en Córpac1 La anulación de la compra de patrulleros chinos2 por el ministerio del Interior, produjo una marejada de acusaciones y réplicas entre el consorcio desembarcado: Daewoo-Gun Supply y las autoridades del ministerio del Interior. Lo que hasta muy pocos días había sido un frente común del ministerio y el consorcio, defendiendo la muy criticada operación, se convirtió de un momento al otro en un intercambio de versiones contrapuestas y adjetivos descalificadores. El consorcio Daewoo-Gun Supply tuvo como principal portavoz a Denise Nossar, de Gun Supply. Ella, y Jorge Mendoza, salieron en cuanto medio quiso entrevistarlos, con una versión que no cambió. Según ellos, el ministerio del Interior les hizo trampa. En resumen, Nossar y Mendoza sostienen que el ministerio del Interior les cambió las reglas de juego en forma radical, incluyendo doce cambios de, según ellos, casi imposible cumplimiento3. 1 2 3
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/29-08/texto.htm Ver ‘Subasta sin subasta’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/26-07/texto.htm Ver ‘Entretelones de una compra abortada’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/24-08/texto2.htm | 97 |
Además, los ejecutivos de Daewoo-Gun Supply mencionan una reunión en particular, el 22 de agosto, en la que se les habría buscado presionar indebidamente, según sostienen. En la reunión, en una sala del cuarto piso adyacente al despacho del ministro, participaron el propio Alva Castro, el jefe del comité de asesores, José Abramowitz, Nossar y Mendoza y alguien que no parecía tener un papel claro ahí, el economista y ejecutivo de Yanacocha, César Humberto Cabrera. Cabrera es uno de los miembros del Comité Consultivo del ministro del Interior (otros son: Raúl Vargas, de RPP; Enrique Bernales, de la CAJ; Rómulo Pizarro, de Devida; y Jaime Cáceres, de la Confiep). El objetivo de ese grupo es aconsejar individual o colectivamente al ministro cuando este lo solicite. Según uno de sus miembros, el Comité se reunió dos veces, una de las cuales fue para instalarse. Como se ve, es un grupo de actividad más bien letárgica. ¿Qué hacía entonces Cabrera en una reunión de carácter claramente ejecutivo? Según el propio Cabrera, estuvo ahí para aconsejar al ministro. Según Nossar, en cambio, él llevó la batuta de la reunión y les pidió que se retiraran por propia voluntad del proceso. “bueno pues, retírense y en 10 meses CONSUCODE los sancionará, y les clavará una sanción benigna”, sostiene Nossar que dijo Cabrera, añadiendo, siempre según la versión, que después de ese tiempo podrían presentarse de nuevo en las licitaciones del ministerio. Cabrera negó a IDL-SC haber dicho eso. “Mal podría pedirle que se retire si el proceso ya había terminado y la subasta ya había sido declarada desierta”, dijo el ejecutivo de Yanacocha. En cuanto a la razón de su presencia, dijo tener una “antigua amistad” con Alva Castro. El asesor de Alva Castro, José Abramowitz, ratificó lo dicho por Cabrera y calificó las versiones de Mendoza y Nossar como “absolutamente falsas”. Revisando un detallado ayuda memoria, Abramowitz buscó desmontar las acusaciones de los ejecutivos del consorcio Daewoo-Gun Supply4. 4 | 98 |
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/29-08/comunicado.doc
¿Qué va a suceder ahora? Según Abramowitz, Mendoza y Nossar pueden apelar ante Consucode, pero hay un plazo de ocho días para hacerlo, que está por terminar. Después de eso, solo les queda la vía judicial. Al cierre de esta nota, no estaba claro si Daewoo-Gun Supply iba a optar por alguna de esas dos vías o por la más simple de la resignación. Al margen del desenlace de ese proceso –que por lo pronto ha suscitado la increíble idea de alquilar autos (no está claro si de Avis, Herz, Budget, Rent-a-Car o alguna firma local) para que sirvan mientras tanto de patrulleros para la Policía-, lo cierto es que en Córpac hay ahora un ambiente inocultable de gran tensión y de discordia. El miércoles por la tarde, por ejemplo, circuló intensamente el rumor, originado, al parecer, en fuentes apristas, que Alva Castro había renunciado y que Alan García le había aceptado la renuncia. Una alta fuente ministerial, que no es independiente, dijo a IDL-SC que el ministro del Interior no había participado en los dos últimos consejos de ministro. Sin embargo, el hecho es que el miércoles 29, Alva Castro estuvo en Cañete, acompañado, entre otros, por el jefe de la Séptima Región de la PNP, general Octavio Salazar. Pero todo indica que mientras permanezca en el Interior, la gestión de Alva Castro va a estar signada por la controversia. Publicado el 29 de agosto del 2007
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Capítulo 17
Los argumentos de Alva Castro1 El ministro del Interior Luis Alva Castro resaltó hoy una vez más en la Comisión de Defensa que la abortada compra de los 698 patrulleros fue un proceso “claro, transparente y limpio” y que incluso se excedieron los procedimientos para exigir el cumplimiento de la ley. “El proceso de subasta inversa de los patrulleros fue realizado cumpliendo con todas las disposiciones legales aplicables y en forma transparente, no habiendo recibido objeción alguna en este aspecto”, explicó impertérrito el también dirigente aprista. Para Alva Castro, que contó con el apoyo de su compañera Mercedes Cabanillas, flamante presidenta de la Comisión de Defensa, el fallido procedimiento en el que participó un solo postor promovió “la participación de los gremios, empresas e interesados, a través de sus sugerencias en la elaboración de las fichas técnicas, evita la subjetividad de la evaluación de la propuesta técnica que puede prestarse a posibles irregularidades o direccionamientos a determinados proveedores”.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/05-09/texto.htm | 101 |
Los vacios de Alva Castro El ministro del Interior no fue preguntado ni explicó porque hasta ahora no se ha publicado en el diario oficial “El Peruano”, la resolución directoral que declara desierto el proceso de adquisición de patrulleros, ya que hasta ahora solo han presentado una carta notarial que le llegó al consorcio Daewoo-Gun Supply. Mañana, vence el plazo para que el consorcio desembarcado de la compra presente la apelación al proceso, pero si es que no se publica la resolución directoral de modo oficial, no se puede apelar a la medida tomada recién el 23 de agosto, cuando ya había pasado más de una semana de la no firma del contrato por el consorcio. Alva Castro tampoco pudo explicar las sospechas que les surgieron a sus asesores a partir del 1ro. De agosto sobre Daewoo-Gun Supply y que derivaron en 12 cambios al contrato y el pedido de una tercera garantía sobre el mantenimiento de los patrulleros. ¿Dónde está Consucode? Desde que se declaró desierto el proceso de compra de patrulleros, el pasado 23 de agosto; el jefe de Consucode, Luis Torricelli ha brillado por su ausencia y no ha dicho esta boca es mía en un proceso en el que han dejado pasar más de una irregularidad. La portavoz del consorcio, Denise Nossar, dijo a IDL-SC que en una de las reuniones que sostuvieron con Alva Castro y sus asesores, éste le dijo literalmente: “Torricelli vino en la mañana para reunirse con nosotros y me dijo que igual no iba a dejar pasar la compra porque ustedes tienen dos procesos en Consucode”. Yo le respondí, refiere Nossar, “señor ministro, somos la parte agraviada” y relató los dos procesos de venta de municiones al Despacho presidencial durante el gobierno de Alejandro Toledo y al ministerio del Interior. | 102 |
“Hasta ahora el Estado siempre me ha agraviado”, explicó, al tiempo que señaló no “tienen en claro qué medida tomaran contra el ministerio del Interior”. “No podemos apelar porque no hay resolución directoral, y todo lo que señala Alva Castro es falso porque teníamos la carta fianza de 2 millones 50 mil dólares como consta en el documento de Scotiabank2, desde el 1ro. de agosto”, relata. La egresada de ADEX relata que conoció al gerente de Gun Supply, Jorge Mendoza durante los intensos cursos de bailes folclóricos que los llevaron a bailar por diversas capitales europeas durante 10 años y que en el 2002 ganaron el campeonato de marinera trujillana en la categoría de adultos. “Competir en la subasta inversa es como competir en el Campeonato de marinera norteña, donde tienes que bailar bien desde el primer día para acumular puntos; en este caso, se empieza a competir desde que presentas los precios, solo los tres mejores entran a la puja, nosotros preferimos recortar la utilidad para poder ganar”, refirió. Para Nossar, la “resbalosa” que tuvieron que afrontar en el reciente proceso no la amilanará para seguir vendiéndole al Estado, “pienso que finalmente Consucode nos va a dar la razón, porque el ministerio del Interior ha incurrido en torpezas tales como pedirnos el 16 que firmemos el contrato con fecha del 15 de agosto”. Las preguntas que debe contestar Consucode - ¿Qué criterios se siguieron para elaborar la ficha técnica de los patrulleros? - ¿Los cambios en el contrato se pueden realizar después de que se entrega la buena pro?
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- ¿La garantía adicional que me piden es legal o no? - ¿De qué manera se calcula el monto de 3 millones 667 mil soles para el mantenimiento de los patrulleros y el 10 por ciento del mismo que dictaminaría la tercera garantía? - Si en el Poder Judicial, se ha anulado el proceso de la compra de las computadoras porque no están los dos valores (el valor referencial del bien y el valor del mantenimiento), ¿Porque en este caso, se mantiene en pie el proceso? Publicado el 05 de septiembre del 2007
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Capítulo 18
Lo que argumenta Consucode1 Hoy viernes, al no haber impugnación del consorcio Gun Supply-Daewoo a la declaratoria como “desierto” del proceso de la compra de los 698 patrulleros por parte del Ministerio del Interior, Consucode consideró que la medida quedaba consentida y que, en consecuencia, el controvertido proceso era definitivamente anulado. De acuerdo con los funcionarios de Consucode consultados por IDL-SC, entre los cuales su secretario general, Héctor Inga, “no era necesario” publicar la carta notarial que declara desierto el proceso en la gaceta oficial sino que bastaba hacerlo en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y compras del Estado (SEACE) para cumplir con las formalidades de ley. Eso se hizo, no se impugnó, y, por ende, hoy terminó el asunto en lo que concierne al Estado.2 ¿Por qué no impugnó Gun Supply-Daewoo? La portavoz del consorcio, Denise Nossar, señaló previamente a IDL-SC que no impugnó ante el Tribunal de Consucode porque la declaración del proceso como desierto no fue publicada en el diario oficial “El Peruano”. Consucode, como se ha visto, no lo considera necesario. 1 2
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/07-09/texto2.htm http://tinyurl.com/y9769a6 | 105 |
Ahora, más bien, Gun Supply enfrenta el prospecto de ser sancionada. En entrevista con IDL-SC, el secretario general de Consucode, Hector Inga, sostuvo que el no haberse presentado a firmar el contrato ni presentar los documentos requeridos “será una causal de sanción frente al Tribunal de Consucode”. Gun Supply tiene ya dos procesos denominados “sancionadores” en el Tribunal de Consucode. Uno por no cumplir presuntamente con un contrato de venta de municiones con el Ministerio del Interior; y otro por resolución de contrato con el Instituto Penitenciario (INPE). Las sanciones pueden ir desde un impedimento de 2 años para venderle al Estado, hasta una suspensión indefinida en caso de reincidencia. ¿Cuál fue la responsabilidad de Consucode en esta extraña comedia de equivocaciones que fue la subasta inversa de los patrulleros chinos? Menos de lo que parece, sostiene Inga. Según él, Consucode interviene principalmente en la elaboración de la ficha técnica, “Una entidad, un gremio, cualquiera de ellos puede solicitar comprar cualquier bien ante el Estado, Consucode publica en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y compras del Estado por 8 días útiles sus sugerencias y pedidos de precisión para elaborar la ficha técnica del bien”, resaltó Inga. Los dirigentes de Consucode continúan defendiendo la subasta inversa como un mecanismo apropiado de compra de vehículos motorizados por parte del Estado. El subdirector de Subasta Inversa, Álvaro Torrico, sostuvo que la subasta inversa sí sirve para comprar autos a los que llamó “vehículos motorizados estandarizados”. Afirmó que la misma ficha técnica ha servido para 15 procesos de compra de patrulleros en las regiones de Cuzco, Tacna; en Miraflores y el puerto del Callao. Y si consideran bueno el mecanismo de la subasta inversa para automóviles, ¿qué pasó, según Consucode, con los patrulleros chinos? Según Inga, hubo 12 cambios en el contrato que el ministerio del Interior presentó al consorcio luego de la adjudicación, incluida la tercera garantía para el mantenimiento de los patrulleros, que ascendía a 367 mil soles (el 10 por | 106 |
ciento de 3,6 millones de soles, cifra calculada al ojo por los funcionarios de Interior). Inga sostiene que el artículo 36 de Consucode “permite que se puedan hacer ajustes al contrato”, si se constatan omisiones importantes en el proceso previo. Dichas omisiones son responsabilidad del comité especial que organizó el ministerio del Interior para la compra de patrulleros. El secretario general de Consucode, reconoce que en este caso el texto de las bases es “muy genérico en el tema de garantía y que no se haya señalado que hubiese precisión en las reglas del proveedor”. Por parecidas razones, añade Inga, el Tribunal de Consucode canceló la compra de 3 mil 300 computadoras para el Poder Judicial adjudicadas por subasta inversa, a inicios de este mes. Más allá de la responsabilidad funcional de los miembros del comité especial del ministerio del Interior, la responsabilidad política por sus errores recae en el ministro Alva Castro, a quien hasta ahora el carnet de Alfonso Ugarte le ha servido como casco y escudo para mantenerse, aunque precariamente, en el cargo. Publicado el 07 de septiembre del 2007
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Capítulo 19
La compra tutelada1 Los detalles de la adquisición de patrulleros Han pasado 35 días desde que el ministro del Interior, Luis Alva Castro, anunció que –luego de dos intentos que terminaron en escándalos públicos–, había concluido el proceso de adquisición de patrulleros para la Policía Nacional. Fue, como se sabe, un proceso tutelado. El Ministerio del Interior, en reconocimiento implícito a su incapacidad de administrar el proceso, se lo encargó a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) –que depende del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que fue la que culminó el proceso. Desde entonces, un velo informativo ha impedido saber el número exacto de vehículos comprados, su precio y los detalles del proceso de compra. Ni el Ministerio del Interior ni la UNOPS y menos las empresas ganadoras, han revelado ninguna información. No se sabía casi nada; y donde debía haber transparencia imperaba la opacidad. Hasta ahora. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-04/nota1.htm | 109 |
IDL-SC ha podido recabar información acerca de esta adquisición y puede revelar –en calidad de exclusiva– que la cifra que el Estado pagará a las empresas Nissan Maquinarias y Mitsui Automotriz por la compra de 698 vehículos para la Policía Nacional es de 13 millones 399 mil 366 dólares. Así, Nissan se adjudicó la siguiente venta: • 245 autos Nissan modelo Almera (16 tipo sedán más 229 tipo sedán Policial), por un monto total de 3 millones 844 mil 340 dólares. • 58 camionetas Nissan modelo Frontier doble cabina 4x4, por un monto total de 1 millón 456 mil 30 dólares. Mientras que Mitsui Automotriz se adjudicó la venta de 395 camionetas Toyota modelo Hilux doble cabina 4x2, por un monto total de 8 millones 098 mil 995 dólares. En cuanto al precio unitario: • Cada una de las camionetas Nissan doble cabina 4x4 tiene un precio de 25 mil 103 dólares (lo que vendría a ser 68 mil 282 soles, al cambio actual). • Cada camioneta Toyota doble cabina 4x2 tiene un precio de 20 mil 503 dólares (55 mil 768 soles, al cambio actual). • En cuanto a los automóviles Nissan, los documentos a los que accedió IDL-SC no diferencian el precio entre los tipo sedán y los tipo sedán policial. Si dividimos el costo total –3 millones 844 mil 340 dólares– entre el número de unidades –245–, el precio promedio de estos vehículos es de 15 mil 691 dólares (42 mil 680 soles, al cambio actual). Todo esto significa que en este tercer intento, el Ministerio del Interior dotará de 698 unidades a la Policía para el patrullaje de las calles desembolsando 36 millones 446 mil 003 soles. En la abortada compra de patrulleros chinos, la cifra que se iba a pagar al desconocido consorcio formado por Daewoo International Corporation y Gun Supply SAC –por el mismo número de vehículos– era de 36 millones 780 mil 346 soles. Es decir, se ha logrado un ahorro de 334 mil soles y se ha conseguido comprar marcas acreditadas y extensamente atendidas con talleres y repuestos, lo que no era | 110 |
el caso de los automóviles Geely y las camionetas Huanghai cuya adquisición tanto defendió Alva Castro. Lo que el ministro del Interior y el Gobierno no pudieron lograr, lo tuvo que hacer un organismo internacional. Sin embargo, cabe anotar que –como adelantó, en su momento, IDLSC2– la gestión del PNUD/UNOPS no es gratuita. UNOPS suele cobrar una suma que equivale al 3.5% del costo total del proceso. Solo este hecho debería demandar la mayor transparencia informativa sobre la compra, cosa que no ha sucedido. En los próximos días, IDL-SC informará sobre algunos hechos que podrían constituir anomalías en este proceso. Publicado el 04 de abril del 2008 El lunes 7 de abril del 2008, el entonces ministro del Interior, Luis Alva Castro, no quiso responder a la prensa sobre la adquisición de los 698 nuevos patrulleros que le compró el PNUD –con dinero público, por cierto- luego de que el ministerio que dirige fracasara en hacerlo. Si bien el PNUD/UNOPS realizó la compra con recursos del tesoro público, para ser aplicada en el Perú, su condición de organismo multinacional le permitió eludir la mayoría de exigencias para todo proceso de compra pública. Lo que no pudo eludir del todo fue la intervención de la Contraloría General de la República, aunque intentó hacerlo. Cuando la CGR pidió participar en la veeduría del proceso, la UNOPS la autorizó a estar presente únicamente en la apertura pública de propuestas (realizada el lunes 21 de enero del 2008), pero indicó a los contralores que “para
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efectos de preservar la reserva y confidencialidad no era posible la participación de la Contraloría General en la etapa de la calificación de propuestas”. Luego del proceso de compra, la CGR remitió un oficio a UNOPS y al Ministerio del Interior dando cuenta de los hechos detectados por la Contraloría, que “puedan afectar la transparencia, la probidad o el cumplimiento de la norma correspondiente”. De acuerdo con la CGR, no existían mecanismos que respalden al Ministerio del Interior en caso de incumplimiento de la Garantía Técnica. Así mismo, la CGR alertó que al ser una licitación realizada bajo normas de UNOPS, el contrato que surgiese de la licitación pública internacional no estaría comprendido dentro del marco legal de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y, en consecuencia, no resultaría posible que el Tribunal de Consucode pueda hacer efectiva una sanción contra los proveedores que incumplan el contrato.
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Capítulo 20
Llevan a arbitraje a Alva Castro por anulada compra de 50 camiones portatropas1 2 El ministro del Interior, Luis Alva Castro suma una nueva controversia a sus múltiples problemas. Sucede que la empresa israelí International Security and Defence Systems Ltd. (ISDS), ganadora de la licitación para la compra de 50 camiones portatropa, reclama el incumplimiento del contrato, firmado a inicios de año, por parte del ministerio del Interior. El monto del contrato fue de 17 millones 479 mil soles. ISDS reclama un “grave daño económico” causado “por la decisión política del ministerio del Interior de desconocer obligaciones asumidas”. IDL-SC buscó entrevistar al jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, José Abramovitz, que tuvo una participación importante en este asunto, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible hablar con él pese a múltiples llamadas hechas a su despacho.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/14-09/texto.htm Gustavo Gorriti, director de IDL-SC, considera necesario informar que conoce a Leo Gleser, presidente de ISDS, desde hace más de 35 años, a través de la práctica del Judo. En consecuencia, Gorriti se ha inhibido de participar en la investigación de este caso y la redacción de esta nota, que ha estado a cargo de Paola Ugaz. | 113 |
La historia comenzó en noviembre del año pasado, cuando la empresa ISDSInternational Security and Defence Systems LTD recibió la invitación del ministerio del Interior, entonces a cargo de Pilar Mazzetti, para enviar cotizaciones para la compra de 50 camiones portatropa. Este proceso de compra se realizó dentro del llamado shock de inversiones, en el cual hubo también la cuestionada y luego anulada compra de patrulleros Hyundai Tucson. El proceso de selección abreviado tuvo el No. 008-2006-IN-OGA y fue normado por el Decreto de Urgencia No. 024-20063. El acto público de apertura de sobres se realizó el 21 de diciembre de 2006 en el Ministerio del Interior. Se presentaron 6 empresas: • • • •
Uro Vehículos Especiales, de España. Griffin Incorporated, de Estados Unidos. ISDS. Tractocamiones EIRL, de Estados Unidos, cuya propuesta no fue admitida por no presentar su inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores. • Automotores Gildemeister Perú SAC, cuya propuesta tampoco fue admitida por no presentar una declaración jurada que se solicitaba en las bases. • Dive Import (Mercedes Benz), que finalmente no entregó su propuesta al comité de selección. Es decir, de las seis compañías que se presentaron, tres calificaron: Uro, ISDS y Griffin Incorporated. La oferta de ISDS resultó ganadora al ofrecer el 70 por ciento del valor referencial de los camiones portatropa, que era el mínimo que permitía la ley. Ninguna de las otras empresas postulantes impugnó el proceso de adquisición ni de adjudicación de los camiones portatropa. ISDS trabajo su propuesta con los técnicos de la fábrica Automotive Industries y de sus contrapartes peruanas, con el fin de elaborar un vehículo adecuado para el país, según fuentes vinculadas con la empresa.
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El 28 de diciembre pasado, el Ministerio del Interior le confirmo a ISDS el “consentimiento de la buena pro” al no haberse interpuesto recurso impugnatorio y les invitó a acudir a la sede de Córpac a inicios de enero, para entregar la documentación requerida y firmar el contrato. El 4 de enero, ISDS entregó los documentos. El 8 de enero, su gerente, Saul Mishkin firmó el contrato con los funcionarios de la Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Ministerio. El 9 entregó las cartas fianzas requeridas: las garantías de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de la propuesta, que ascendía a 3 millones 600 mil soles, que representa el 21 por ciento del valor total de la adjudicación. Inmediatamente después, se firmó el contrato, luego del cual el ministerio debería suscribir una carta de crédito, que se efectiviza cuando se cumplen los requisitos contractuales. Además, se le entregó a ISDS, el certificado de usuario final por parte del Ministerio del Interior para el inicio de la fabricación y la exportación de los camiones portatropas. Pero entonces se desató el primer escándalo de la compra de patrulleros, la salida de Mazzetti y el ingreso de Alva Castro al ministerio del Interior. El nuevo ministro congeló el proceso y poco después hizo saber a ISDS que pensaba anularlo. Los ejecutivos de ISDS trataron de reunirse con los nuevos inquilinos de Córpac. Pero recién a mediados de mayo lograron hacerlo. La reunión fue encabezada por el jefe del Gabinete de Asesores, José Abramovitz, quien les indicó que “el motivo de la reunión era para pedirnos que anuláramos el contrato de mutuo acuerdo” según una fuente relacionada con ISDS. Abramovitz dijo que había irregularidades. Los de ISDS pidieron, según afirman las fuentes, que las indique. En lugar de hacerlo, siempre según las fuentes, Abramovitz sostuvo que “mira, no las tengo” pero, señalando el expediente, agregó “pero lo vamos a encontrar”. | 115 |
Como queda escrito líneas arriba, IDL-SC trató reiteradas veces de entrevistar a Abramovitz, sin éxito. Tras esa reunión, el gerente Mishkin recibió una citación de la policía anticorrupción, donde se le informaba que era investigado por la licitación de los portatropas. Entonces, el presidente de ISDS, Leo Gleser sostuvo una cita con Abramovitz, en la que éste, siempre según fuentes vinculadas con ISDS, le pidió “rescindir” el contrato. Gleser tuvo otra reunión, esta vez con el ministro Alva Castro y José Abramovitz. El ministro Alva le habría dicho a Gleser, de acuerdo con las fuentes, que “no podía seguir con ese contrato por que esto era un tema político”. El dueño de ISDS le pidió a Alva Castro honrar el contrato dado que, dijo, ha cumplido con todos los requerimientos legales y técnicos. Añadió que le es imposible retirarse “porque se ha fabricado el 85 por ciento de los camiones portatropas”. La reunión terminó sin acuerdo alguno. El 19 de julio, el Ministerio del Interior le envió a ISDS una carta notarial (005-2007-IN/0509) en la que se adjunta la resolución ministerial 04882007IN/01014 donde se declara nulo el contrato. Se afirma que el representante legal, Mishkin no estuvo en Perú cuando se firmó el contrato; que ISDS concertó el precio con Leviatán Co.; que hubo vicios en la conformación del Comité especial, el estudio de mercado, entre otros cargos. También se ordenó al Procurador del Ministerio del Interior que realice las investigaciones y denuncias correspondientes contra los funcionarios de ISDS.
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ISDS respondió encomendando a sus abogados la vía judicial. El primer paso ha sido pedir el proceso de arbitraje ante Consucode. El tribunal arbitral ya se ha instalado. Lo preside Gonzalo García Calderón y también lo integran Carlos Alayza B. y Oswaldo Hundskpof. Son varios millones de soles los que están en juego. Publicado el 14 de septiembre del 2007
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Capítulo 21
El náufrago de Córpac1
Entre purgas tardías, bajo el peso de evidencias incriminatorias, el ministro que ya fue y no lo sabe. Luis Alva Castro sobrevivió la moción de censura en el Congreso. Pero imaginamos que no festeja. Porque recibir 51 votos en contra y solo 30 a favor, junto con 10 quejosas abstenciones de los fujimoristas, que dejaron saber que le perdonaban la vida a regañadientes, no deja bien parado a ningún ministro. Si eso viene después de una semi-purga en el ministerio, que implícitamente reconoce la validez de los cuestionamientos que el ministro negó todos estos meses, la viabilidad de Alva Castro para seguir al frente de una cartera tan difícil como la del Interior es virtualmente nula. Horas antes de la votación, el ministerio anunció que Nelly Rodríguez Cuzcano, la hasta entonces poderosa secretaria general del ministerio, había renunciado al cargo. Esa sí fue una noticia importante. En tanto Alva Castro ha sido un ministro más bien ausente, a quien se veía poco en su despacho; y dado que el viceministro Danilo Guevara estaba, en palabras 1
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de funcionarios veteranos “pintado en la pared”, ante la desconfianza de LAC, que lo consideraba persona de confianza del premier del Castillo, Rodríguez Cuzcano se convirtió en la persona que mandaba en el ministerio. Y lo hacía saber. Según todas las fuentes consultadas, Rodríguez Cuzcano fue la persona que estuvo detrás de las abortadas compras de patrulleros chinos y de pertrechos antimotines. Qué fue lo que pasó Nuevos datos que IDL-SC ha podido recabar sobre el intento de compra de pertrechos antimotines permiten reconstruir un proceso más que anormal. Según testimonios recogidos por funcionarios del Estado, fue la Secretaría General la que ordenó todas las acciones para exonerar la compra del proceso de licitación, saltarse varias otras normas y darle la buena pro a Combined System INC. Por ejemplo, el coronel Armando Mendoza García, jefe de la División de Abastecimiento de la Dirección de Logística de la PNP, ha revelado que se le ordenó hacer y aprobar un estudio de mercado que declaró como proveedor único a Combined System, en un solo día, el 18 de julio. Mendoza no protestó ni observó ni murmuró. Obedeció. Convocado a la Secretaría General el 18 de julio, Mendoza recibió la orden de hacer el vertiginoso estudio de mercado y se puso a trabajar desde las oficinas de la secretaría general del Ministerio. Solicitó, vía correo electrónico, cotizaciones a ocho empresas. Sólo cuatro respondieron, tres intermediarios –Aerojet Inc, Infinite Trading Corp– y la fabricante Combined Systems. El mismo 18 de julio, funcionarios de la Secretaría General, de Nelly Rodríguez, le ordenaron emitir además un informe para gestionar la exoneración de proceso de selección por la causal de “desabastecimiento inminente”. Él así lo hizo, con el informe 13-2007-Dirlog-PNP-Divaba-Jef. | 120 |
Paralelamente, siguiendo una tercera instrucción, Mendoza solicitó al director de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Estado Mayor General de la PNP la partida para la compra. A la vez, se hacían también las gestiones a nivel del ministerio. Según se ha podido conocer, el mismo 18 de julio, Gonzalo Matta Paredes, director de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Administración (OGA), mediante el informe DP 357, le preguntó al jefe de esta oficina, Niamey Balcázar Ramos, si tenía dinero en el presupuesto para la compra del material antimotines. Éste no tardó en responder –a través del oficio 1749-2007, dirigido a la secretaria general– que, en efecto, existían los recursos económicos suficientes para ese efecto. Rodríguez Cuzcano tenía para entonces ya en sus manos el pedido del general Dalmacio Zambrano Risco, jefe de Logística de la PNP, informándole sobre la “urgente necesidad” de adquirir el material y pidiéndole que la compra fuera exonerada del proceso de licitación. Es decir, recursos de la PNP y de la OGA del ministerio del Interior fueron movilizados simultáneamente ese día –junto con los “estudios de mercado” y los diagnósticos de desabastecimiento- para arreglar la compra. En la misma fecha, la directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, María Elena Juscamaita, le indicó a Nelly Rodríguez que era posible declarar el “desabastecimiento inminente” de pertrechos antimotines. Solo de esta forma se justificaba la compra directa exonerada de licitación. ¿Había “desabastecimiento inminente”? Todo indica que no. En julio de 2006, el entonces director general de la PNP, general Luis Montoya ordenó “hacer un censo” de las existencias de material antimotines. Encargó la misión al entonces director ejecutivo de Operaciones Policiales, general PNP Luis Vizcarra. Este ordenó una verificación del “stock” a todas las direcciones territoriales de la PNP a nivel nacional. El resultado: Había 70 mil bombas lacrimógenas (entre proyectiles para escopetas lanzagranadas y bombas de mano). Según Montoya, “todas estaban operativas”. | 121 |
Fue ese informe el que sirvió de base para decidir no efectuar compras de pertrechos antimotines en ese momento. Ciertamente que entre julio de 2006 y julio de 2007, se reventaron algunos cientos de bombas lacrimógenas. Pero todo indica que su reemplazo, o incluso el incremento de la existencia, se podía hacer sin ningún apuro mediante un proceso regular, es decir, competitivo, de compras. Funcionarios con experiencia en acciones de control, indican que el solo plazo para la entrega del material, de 120 días, era más largo que el que tomaría una compra normal. Según esos funcionarios, dicho plazo desmiente por sí mismo la “urgente necesidad” de paliar en forma inmediata una supuestamente apremiante situación de desabastecimiento. Los mismos funcionarios indican que el monto por el que se intentó hacer la compra es desproporcionadamente alto para una situación de emergencia. “Si vas a hacer una compra de emergencia, compras para un mes, no para un año. Para los once meses restantes, licitas”, dice uno de esos funcionarios. Sin embargo, se movilizó todos los resortes del ministerio para justificar y ejecutar una adquisición directa y excepcional, por 10 millones 305 mil 920 soles. Es decir, algo más de 3 millones de dólares al cambio actual. ¿Y cuánto se iba a ahorrar con esa compra súper exonerada? Todo indica que se iba, más bien, a pagar sobreprecio. Como se sabe, Alva Castro y sus funcionarios indicaron que no se podía comparar los pertrechos de Combined System con los de otras compañías, por haber diferencias de calidad entre ellas. ¿Pero qué tal comparar a Combined System con sí misma? Eso es lo que han hecho algunas autoridades reguladoras, según ha podido averiguar IDL-SC. Dichas autoridades compararon los precios de venta de Combined System para las agencias estatales en Estados Unidos con los precios referenciales | 122 |
de las bases del Ministerio del Interior para los mismos tres tipos de municiones2. Además Combined System hace un descuento del 30% por venta al por mayor. Las cifras son contundentes. Es decir que, en el mejor de los casos, se pagaba un sobreprecio del 30% sobre el monto de 10 millones de soles. No se necesita ser ni un matemático ni un gran detective para saber lo que eso significa. Pese a la evidente irregularidad de todo el proceso, la Secretaría General presionó al máximo para culminarlo en algunas horas. Toda la documentación terminó de reunirse a las 6 de la tarde del 19 de julio. Tres horas antes, a las 3.13 p.m. el Mininter solicitó la inscripción de la firma Combined System INC como proveedor de bienes al Estado sin representante legal en el Perú, pese a que tenía uno. La funcionaria del ministerio que apuró la inscripción fue Paola Cartolín Romero, que actuó con la autorización y aval de Nelly Rodríguez Cuzcano, ante funcionarios de Consucode a los que se les paseó el alma. Ese mismo 19 de julio, funcionarios de la Secretaría General del ministerio, entre quienes estaban Pedro León Nieto, Ernesto Vilela y la misma Paola Cartolín, otorgaron la buena pro a Combined System. El coronel Mendoza, después de obedecer todas las instrucciones que se le dieron, se retiró a las 6 de la tarde, pensando que la buena pro se daría el día siguiente. En la mañana del 20 de julio se dio con la sorpresa que ya la compra estaba adjudicada. Durante el acto de dar la buena pro no estuvo presente ningún funcionario de la Dirección de Logística de la Policía, salvo un digitador oficial. ¿Por qué fueron tan obsecuentes el general PNP Dalmacio Zambrano y el coronel PNP Armando Mendoza? Según se ha podido saber, ambos señalan haber recibido orden de sus superiores de ponerse a disposición de la Secretaría General, ya que el proceso sería llevado a cabo por ese despacho.
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Hasta ahí, no hay nada que decir. Pero las disposiciones que recibieron de la Secretaría General eran tan evidentemente irregulares y los comprometía a ellos en forma tan clara que resulta poco explicable su docilidad. Es más, terminaron comprometiendo a su institución. Según funcionarios fiscalizadores, la operación de adquisición no fue realizada por el órgano designado en la Resolución Ministerial que autorizó la medida de exoneración, que era la OGA del Ministerio, sino que ésta encargó a la Dirección de Logística realizar la compra. Ahora, en el intento final por salvar el cargo, Alva Castro termina haciendo lo que hizo antes Mazzetti en su agonía burocrática: entregar las cabezas de su personal de confianza, empezando por Rodríguez Cuzcano. Se desconoce todavía si los funcionarios que la acompañaron y que participaron directamente en las compras se irán con ella. Entre ellos están Pedro León Nieto y Hugo Ernesto Vilela Consuelo. En cuanto a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio del Interior, se conoció ayer que también renunció su director, Niamey Jorge Balcázar Ramos, el 19 de setiembre. Su intervención fue decisiva en la compra de municiones, ya que fue su despacho el que dio el visto bueno para el desembolso de los US$ 3 millones 220 mil. No se sabe si han salido también Gonzalo Matta Paredes, director de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Administración (OGA), y la directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, María Elena Juscamaita, que participaron activamente en la compra de municiones. A nivel policial, el general Dalmacio Zambrano fue removido de la Dirección de Logística de la PNP y cambiado a la equivalente Dirección de Bienestar. En su reemplazo ha sido nombrado el general Arturo Augusto Dávila Vega, quien se venía desempeñando en la función ahora asumida por Zambrano. Mientras tanto, el jefe de la División de Abastecimiento de la Dirección de Logística coronel Armando Mendoza García pasará a ocupar la jefatura de la División de Educación de la Dirección de Bienestar. | 124 |
También han sido cambiados de colocación: el coronel PNP Alfonso Ríos Ríos, ex director ejecutivo de Administración, y el coronel Genaro Doroteo Alvear, jefe de la división de Armamento de la Dirección de Logística PNP. Todavía permanecen en sus puestos el ministro, el viceministro y el jefe de gabinete de asesores del ministerio del Interior. Diez millones en diez minutos 22:58 del 19-7-07: Se cuelgan las bases de la compra exonerada. 23:00 del 19-7-07: Se publica el aviso de convocatoria. 23:08 del 19-7-07: Se informa que la buena pro es consentida. Publicado el 10 de octubre del 2007
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III. Casos de negligencia en la PNP
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Capítulo 22
Muerte en Aramburú1 Lo que pareció ser un arresto casi rutinario a un burrier en el aeropuerto, terminó en una tragedia dentro del local central de la Dirandro. Fue un caso de indudable negligencia, que echa sombras sobre los procedimientos operativos de la unidad y enseña, otra vez, las consecuencias de la falta de entrenamiento policial en aspectos tan esenciales como la conducción de detenidos y el manejo y cuidado de las armas de fuego por parte de los efectivos policiales. Cerca de la medianoche del 18 de febrero, el personal de la Dirandro en el aeropuerto Jorge Chávez intervino a un joven pasajero mexicano, Juan Carlos Torres Ibarra, que buscaba embarcarse en el vuelo de la compañía LAN. En la maleta le encontraron más de 13 kilos de cocaína. Fue arrestado de inmediato. A las cuatro de la mañana, de acuerdo con lo que IDL-SC ha averiguado, Torres Ibarra fue conducido al local central de la Dirandro por los suboficiales Elver Uriarte, Héctor Oria y Wilian Ramos. El detenido, aparentemente, estaba esposado, con las manos adelante.
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Al llegar al local de la Dirandro, en la avenida Aramburu, y entrar al hall de ingreso, Torres Ibarra le arrebató al suboficial Oria la pistola (una Beretta de número G-25518Z, según ha averiguado IDL-SC) y le disparó casi a quemarropa al hombro izquierdo. Luego, de acuerdo con la versión policial, se metió a un cuarto contiguo al hall y se suicidó con un disparo en la sien izquierda. El caso es investigado ahora por la Dirincri, al mando del general PNP Walter Rivera. Hay, por lo pronto, algunas cosas extrañas, que debería aclarar. Como, para empezar, la facilidad con la que un detenido con las manos esposadas pudo arrebatar la pistola al suboficial Oria. De otro lado, el dispararse en la sien izquierda teniendo las manos esposadas solo resulta fácil para un zurdo. ¿Era ese el caso de Torres Ibarra? Asumiendo (aunque debe ser investigada a fondo) que la versión policial dada por el coronel PNP César Cortijo es la correcta, el trágico incidente de la Dirandro revela una vez más la abismal falta de entrenamiento de la PNP en acciones policiales básicas. Falta de entrenamiento y de disciplina en la supervisión de procedimientos, que termina costando vidas, de civiles y de policías. Lo peor es que estas tragedias son totalmente evitables, si se sigue los procedimientos básicos en esas situaciones y se tiene un personal adecuadamente entrenado. En este caso, ¿Cómo le fue tan fácil al detenido arrebatar un arma grande y más bien aparatosa como la Beretta 92F? La única respuesta posible es que Oria debe haber llevado el arma en el cinto sin funda, o en una de desenfunde rápido. Además, es obvio que se descuidó, marchando adelante del detenido, sin ninguna precaución. Eso es un flagrante descuido de las más elementales normas de seguridad policial. No ha sido el único caso. El 26 de diciembre de 2007, un argentino, Cristóbal Arias Farías, detenido en la comisaría de San Isidro, arrebató el arma a un suboficial, lo mató y luego se suicidó. ¿Hubo una revisión total de procedimientos de la policía después de eso? Todo indica que no.
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La retención del arma de fuego, para evitar que sea arrebatada, es uno de los aspectos esenciales en el entrenamiento policial2 en cualquier fuerza de ese tipo medianamente competente. En el Perú, además, existe un manual de procedimientos de arresto y conducción de detenidos (Manual de derechos humanos aplicado a la función policial), publicado por la Cruz Roja y el ministerio del Interior en mayo de 2006,3 que es detallado y preciso. El problema es que las técnicas y procedimientos de arresto, así como las de tiro y retención de arma de fuego, necesitan ser entrenadas, practicadas y supervisadas, para ser efectivas. Y nada de esto ocurre en la Policía, pese a que se trata del manejo de instrumentos letales, que pueden ocasionar tragedias, como ha sido el caso. A comienzos de 2007, un policía antisecuestros perdió la vida en Chincha cuando a un colega suyo, que viajaba en el asiento de atrás de la misma camioneta, se le disparó accidentalmente el fusil AKM que, contra todas las normas de seguridad, llevaba con bala en boca y, aparentemente, sin seguro.4 En esa ocasión, un experto entrevistado reveló que la PNP, salvo contadas unidades como el SUAT o la Dinoes, no practica nunca tiro. Eso no solo garantiza una total falta de eficiencia policial, sino convierte a muchos policías en peligros para sí mismos y la comunidad. Hasta hace poco, por lo menos los oficiales podían practicar tiro durante sus exámenes de ascenso, pero esa exigencia fue eliminada el año pasado.5
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Ver fotos: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/20-02/fotos.htm Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/20-02/facsimil.htm Ver “La trágica falta de entrenamiento”: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/09-05/texto1.htm Ver “Inflación de coroneles”: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/08-11/texto1.htm | 131 |
Lo extraño es que el alto mando de la PNP parece no darle mayor importancia al entrenamiento en esa elemental habilidad. Por ejemplo, en una reciente entrevista en El Comercio, el nuevo director general, general PNP Octavio Salazar dijo que en las unidades operativas se practica tiro “dos veces al año”. Eso, según diversas fuentes con conocimiento de causa, no es cierto. “No se practica ni una vez por año” dijo una de ellas. Pero aunque lo fuera, entrenarse en tiro y en seguridad en el manejo de armamento dos veces por año es totalmente insuficiente. ¿Por qué no se entrena más? Hasta hace poco, la respuesta era que por falta de recursos. Pero eso no parece ser más el caso. Por ejemplo, en la misma entrevista, el general Salazar habla de “invertir 300 millones de dólares” en 20 proyectos de inversión. De otro lado, hoy, 20 de febrero, fue publicada en El Peruano, la RM 0962008-IN, en la que se exonera del proceso de selección la ejecución del plan de publicidad de la PNP. Es un presupuesto de 6 millones 273 mil 251 soles, solo para publicidad e imagen. ¿Es eso más importante que entrenar y mantener hábiles en sus funciones más elementales a los policías? Al parecer, hacerlo no interesa. Imaginen una escuela de medicina que gastara una buena parte de su presupuesto en propaganda e imagen y casi nada en entrenar a sus cirujanos en el manejo del bisturí y tendrán una idea de lo que ocurre ahora con la PNP. Publicado el 20 de febrero del 2008
Capítulo 23
Muerte de un Burrier1 Faltando cinco horas para su muerte, el mexicano Juan Carlos Torres Ibarra, llegó el 18 de febrero al aeropuerto Jorge Chávez. Tenía un pasaporte casi nuevo, obtenido pocos días antes de su salida de México al Perú.2 El vuelo de la aerolínea LAN que lo llevaría a México DF, salía veinte minutos después de la medianoche.3 El joven culiaqueño llegó poco antes de las 11 de la noche. Pasaporte nuevo y maletas nuevas, que al ser chequeadas por LAN fueron etiquetadas como prioritarias. El pasaje era de la clase Business. La Dirandro del aeropuerto también lo vio prioritario. Esa noche la Policía antidrogas del aeropuerto había estado particularmente activa, y la pesca cotidiana de burriers parecía alta. Todo indica que el mexicano correspondía al perfil de las mulas que caen cada noche con sus alijos de drogas. A las 11.20 de la noche del 18 de febrero, la PNP detuvo a Torres Ibarra.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/28-02/nota1.htm Ver pasaporte: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/28-02/pasaporte.jpg Ver pasaje: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/28-02/pasaje.jpg | 133 |
Éste fue llevado a la lúgubre salita del aeropuerto limeño donde todos los policías que allí trabajan se han acostumbrado a ver los rostros de la angustia, la desesperación de quienes acaban de ser arrestados y vislumbran un negro futuro entre rejas en un país foráneo. El mexicano también parecía devastado.4 Luego, siguió el repetido procedimiento de abrir y rasgar las maletas, para encontrar la droga, sacarla y pesarla en una balanza electrónica ante la mirada de angustia del detenido.5 Era un día más para los policías antidrogas que trabajan en el aeropuerto, y Juan Carlos Torres Ibarra, otro burrier más de la desechable infantería del narcotráfico. Como se puede apreciar, el trámite del descubrimiento y pesaje de la droga, así como el primer interrogatorio al mexicano, tienen un tono de muy repetida rutina. Tal se puede apreciar en el vídeo obtenido en exclusiva por IDL-SC.6 Pero esta vez la historia tuvo un desenlace trágico. Aunque ninguno de los gestos ni acciones en el video o las fotos permiten suponer lo que va a pasar. Acabados los trámites en la dependencia del aeropuerto, su jefe, el coronel PNP Jaime Montes, ordenó que Torres Ibarra sea trasladado del aeropuerto al Instituto de Medicina Legal (IML), que queda en el centro de Lima; y que de ahí fuera remitido a la dirección de Criminalística, situada en la avenida Aramburu, donde antes funcionaba la Escuela de la PIP, para que le realicen diversos exámenes. (Ver documento 1)7 (Ver documento 2).8 Torres Ibarra llegó al centro, conducido por tres suboficiales de la PNP, quienes también llevaban las maletas incautadas, y fue examinado en el Instituto de Medicina Legal. A las 3.39 de la mañana, el IML expidió un 4 5 6 7 8 | 134 |
Ver foto: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/28-02/IMG_1366.jpg Ver foto: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/28-02/IMG_1380.jpg Ver vídeo: http://www.archive.org/download/VideoEnElAeropuerto/VIDEOMEXICANOok.flv http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/28-02/torres%20553.jpg http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/28-02/torres%20554.jpg
certificado médico que indicó que el burrier mexicano no presentaba lesiones. (Ver documento)9 De ahí, Torres Ibarra fue llevado a la dirección de Criminalística, donde le hicieron un examen aparentemente breve. El trayecto de Criminalística al local de la Dirandro, es muy corto, de apenas dos cuadras. Aproximadamente a las 4 de la mañana, Torres Ibarra llegó con sus tres custodios a las instalaciones de la Dirandro en el cruce de Aramburu con la calles Los Cisnes. A esa hora, el vestíbulo de la Dirandro estaba virtualmente a oscuras. En la puerta había un solo centinela. Luego de todas las estaciones intermedias, diversos indicios apuntan a que la vigilancia de los custodios se había relajado y que confiaban en la docilidad de su más bien pequeño detenido. Ingresaron con el SO Héctor Oria caminando adelante del mexicano y cargando con ambas manos las dos maletas del mexicano. Atrás iban los suboficiales Elver Uriarte y Wilian Ramos. Oria llevaba su pistola Beretta 92F apretada por la correa del pantalón en la parte de atrás de la espalda. En ese momento, el burrier mexicano empujó a Oria, mientras le arrebataba el arma. Oria volteó y parece que intentó convencer a Torres Ibarra que le devuelva el arma. Este le disparó. El balazo atravesó el hombro de Oria, de abajo hacia arriba (debido a que el mexicano era más bajo) y se incrustó en una pared. Los otros dos custodios -Uriarte y Ramos- corrieron buscando un parapeto, luego de ver caer ensangrentado a Oria. El guardia de la parte delantera del edificio policial también se parapetó al escuchar los gritos y el disparo. ¿Qué pasó entonces? “Los muertos hablan”, dice un veterano policía de Homicidios. Parece que luego del primer disparo, la pistola no eyectó bien el casquillo, porque Torres Ibarra se movió hacia la parte derecha del vestíbulo de la Dirandro (que ya estaba del todo desierto, excepto por él y Oria, que trataba de arrastrarse a un lugar protegido), y se sentó en una banca 9
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larga de madera, mientras rastrillaba la pistola. Aparentemente, hasta tres balas fueron eyectadas sin dispararse, en ese proceso. Y de inmediato, casi sin solución de continuidad, se escuchó otro disparo, el que causó la muerte de Torres Ibarra. ¿Fue un suicidio? A primera vista, la escena del crimen mostraba al joven fallecido en una posición difícil de imaginar por autoeliminación. (Ver como apareció el cadáver. Imagen 110. Imagen 211. Imagen 312). En este grupo de documentos se puede ver la descripción de la escena del crimen y el informe balístico-forense, donde se habla de solo dos casquillos de bala. (Imagen 113. Imagen 214. Imagen 315. Imagen 416. Imagen 517). Si el ingreso de los custodios y su detenido a la Dirandro había sido una cadena de negligencias y descuidos, que tuvo el peor resultado posible, la reacción del comando de la unidad, en cambio, fue inmediata. El general Miguel Hidalgo, director de la Dirandro, que llegó muy poco después de ser despertado con la noticia, ordenó que los 3 custodios de Torres Ibarra y los siete centinelas del edificio de Aramburu y Los Cisnes pasaran de inmediato por exámenes ectoscópicos, toxicológicos y de dosaje etílico. El levantamiento del cadáver, una vez hechas las comprobaciones de la escena del crimen, y con presencia fiscal, lo realizó el médico adscrito al Instituto de Medicina Legal, Luis Gonzales Saldaña junto con el Fiscal de turno, Luis Jorge Bayetto. Al hacer el levantamiento del cadáver, Gonzales Saldaña señaló que la bala ingresó por el “orificio de entrada en la región temporo occipital izquierda, orificio de salida en región temporo occipital derecha”. 10 11 12 13 14 15 16 17 | 136 |
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Este sorprendente error del médico forense dio lugar a toda suerte de interpretaciones y conjeturas. Fue exactamente al revés. La bala ingresó por el lado derecho de la cabeza y salió por el izquierdo. Al respecto, el director del Instituto de Medicina Legal, Luis Bromley dijo a IDL-SC que “lo que pasa es que en la información inicial hay muchas contradicciones por eso es que la investigación se hace de manera reservada. El hecho es que esta información inicial se había hecho un tiro en la sien (región fronto temporal) izquierda y que la bala había salido por la derecha. Después se dice de que la bala salió por otro lado”. “Lo que hemos encontrado es un proyectil de arma de fuego la región occipital, y entre la región frontal y temporal hay una enorme diferencia. En esa acta fiscal tiene que haber la participación de un medico, estoy investigando las contradicciones entre la información del levantamiento y el reporte de la necropsia que son categóricos”, agregó sin referirse en ningún momento del error del médico legista, Luis Gonzales. Para resumir lo que Bromley no llega a decir: el dictamen del levantamiento de cadáver es completa y sorprendentemente erróneo. Como es obvio, la necropsia del cadáver en la Morgue Central de Lima contradijo el documento del Instituto de Medicina Legal y empezaron las dudas, que han envuelto por días al Comando de la Dirandro. Lo que hasta está en claro es lo siguiente: Todos los policías, empezando por los tres custodios, pasaron de inmediato por el examen de absorción atómica. El resultado, en todos los casos, fue negativo. Es decir, no dispararon (Ver exámenes: 118, 219, 320, 421, 522). 18 19 20 21 22
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• Al cadáver del mexicano también le hicieron el examen de absorción atómica. Y ahí hay un resultado clave: La mano derecha del burrier dio positivo, en trazas de bario, antimonio y plomo. Pero, la mano izquierda virtualmente no presenta trazas que indiquen cercanía a un disparo. (Ver examen).23 • Eso solo puede indicar una cosa: Torres Ibarra no estaba esposado cuando ingreso a la Dirandro. Es por ello que, con un solo empujón de la mano izquierda pudo arrebatar con la derecha el arma del SO Oria, que estaba colocado en la parte de atrás entre su pantalón y la correa. Que tuviera la mano libre explica con más facilidad el rastrillaje posterior y la posición de la pistola en contacto con la cabeza al momento de lo que parece ser, de acuerdo con las evidencias, un suicidio. • Lo probable, y que deberá ser investigado, es que luego del suicidio, los policías que lo custodiaban le colocaron las esposas, tratando de encubrir su negligencia y asustados por la sanción ante la gravedad de lo sucedido. Pero también, las evidencias apuntan a que se produjo un suicidio. IDLSC ha obtenido los exámenes de absorción atómica de todos los implicados. Ellas muestran que el único de los examinados que disparó, con una mano, fue el burrier mexicano. El evento ha remecido a la Dirandro, cuyo comando ha dispuesto una revisión de los procedimientos y la supervisión de intervenciones y traslado de detenidos. Hay que decir que su reacción fue pronta y eficaz. Lo que marcha, más bien, lentamente, es la investigación de la Dirincri. Su jefe el general PNP Walter Rivera, anunció una larga investigación, repitiendo a los medios que, “todos son sospechosos, hasta determinar la realidad de los hechos”. La frase es más verdadera de lo que uno se imagina. Publicado el 28 de febrero del 2008 23 | 138 |
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Capítulo 24
Revólveres en el camposanto1 En la tarde del miércoles pasado, los 137 policías, incluyendo 40 efectivos de la Dinoes, que retomaron el control de Celendín, después de los disturbios antipoliciales del día 4 de marzo, encontraron hallazgos inesperados en la ciudad. En el cementerio de Celendín, hallaron tres revólveres entre las lápidas. (Los números de las armas: 16D4998, D-915825, 16D4988) En un descampado de la calle Lourdes encontraron un teclado Lenovo, una máquina de escribir Olivetti y hasta un tampón de la “Oficina Provincial de Inteligencia”. El descampado de la calle Lourdes contenía más sorpresas: Un fusil HKG3, dos revólveres Smith & Wesson .357, una cacerina de pistola Beretta y otra de fusil AKM, cargada; 50 balas .357 y 48 de calibre 9 mm. Y otras 20 balas de fusil de calibre 7.62 x 51. Los hallazgos en el barrio El Milagro fueron de telecomunicaciones. La policía encontró ahí tres radios portátiles Motorola (números PRO-5150 Nº 672TZYG924, PRO-5150 Nº 672TZYG925, HT-1000 Nº 402AWUF638Z). 1
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También en la calle del barrio Augusto Gil la Policía encontró objetos interesantes: un fusil AKM (801613) y un revólver Smith & Wesson (D-618638). ¿Qué pasó? No es que a un Papa Noel armero o balístico se le hubiera volteado el trineo en Celendín. Las armas y municiones encontradas en el cementerio, descampados y calles solitarias, fueron obviamente dejadas ahí por las personas que tomaron la comisaría de la PNP el día 4, luego de la muerte de un detenido en sus calabozos. La policía dijo que se trataba de un suicidio. La gente obviamente no lo creyó y marchó sobre la dependencia policial, la rodeó, la tomó y la saqueó. Los policías de la comisaría huyeron en desbandada. El escape de los policías fue tan desordenado, de sálvese quien pueda, que dejaron abandonadas en la dependencia policial todas las armas cortas y largas, abastecidas con munición, que cayeron en manos de los pobladores. Estos, con buen discernimiento, parecen haberse percatado, luego de la indignación inicial, del delito que significaba quedarse con las armas de la Policía, y decidido en consecuencia abandonarlas en los lugares donde fueron encontradas por los refuerzos policiales que llegaron al día siguiente. Este hecho, luego de varios casos de mal uso, manejo y control de las armas de fuego por la Policía, que IDL-SC ha expuesto y descrito en entregas anteriores, ilustra además –en la dimensión bochornosa del evento- las graves deficiencias de entrenamiento, disciplina e integridad profesional que, en un número plural de casos, padece la Policía. Este es uno de los problemas centrales de la organización policial y, por ende, de la seguridad ciudadana: los pésimos niveles de entrenamiento en la acción propiamente policial, desde las técnicas de arresto hasta el manejo de armas, y la pobre disciplina y mando que los acompaña. Una dotación de policías que suscita las iras de una ciudad entera y que, luego, huye en desbandada abandonando a su suerte las armas entregadas por la nación, es | 140 |
una manifestaciĂłn patente de que lo primero que debe recobrarse o lograrse en la PolicĂa es el entrenamiento, pericia, integridad, disciplina y orgullo profesional. Eso, claro estĂĄ, necesita liderazgo. Publicado el 07 de marzo del 2008
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Capítulo 25
Epidemia de accidentes1 El escenario es desoladoramente familiar: una persecución policial a delincuentes en fuga. Pueden ser, y son, peligrosos. Un policía desenfunda el arma de reglamento, rastrilla… suena un disparo, hay un herido…no es un delincuente sino otro policía, que iba adelante. Eso sucedió, otra vez, el 9 de marzo, esta vez en Piura, cuando tres policías al mando del alférez Luis Guerrero Córdova arrancaron una persecución en su patrullero KE-0335 a un grupo de cuatro delincuentes que fugaban en un auto Tico. En medio de la carrera, el chofer del patrullero, el Técnico de Segunda Jhon Villanueva tuvo que dar un frenazo para evitar un choque. Entonces se escuchó un disparo. El movimiento brusco hizo que el Técnico de Tercera, Yomar Palacios, disparara accidentalmente su pistola Beretta, que sin duda empuñaba con el dedo en el gatillo. La bala atravesó la zona lumbar izquierda del técnico Villanueva, que iba delante de Palacios. Seriamente herido, Villanueva fue internado en el hospital Cayetano Heredia, de Castilla. Así, otra acción policial normal terminó en forma que pudo haber sido trágica por otro accidente más debido al desconocimiento fundamental de muchos policías sobre cómo portar y manejar armas de fuego. 1
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De hecho, este caso pareciera configurar una virtual epidemia de accidentes y confirmar que, con los inexistentes niveles de preparación y entrenamiento en portar, manipular y usar las armas de fuego, un porcentaje alto de policías terminan siendo peligros para sí mismos y quienes los rodean. Las deficiencias de entrenamiento y su trágica cosecha ya han sido expuestas en anteriores entregas de IDL- SC, especialmente en las recientes ‘Revólveres en el camposanto’2 y ‘Muerte de un burrier’3. Pero la situación actual ya bordea niveles de escándalo. Hasta que el ministerio del Interior y el comando policial no asuman la responsabilidad básica de obligar a un entrenamiento continuo en el manejo apropiado de las armas de fuego, y de proporcionar los medios necesarios para eso; la sociedad, y la propia Policía estarán mucho más seguros si solo se autoriza a portar armas de fuego a aquellos policías que estén certificadamente preparados para hacerlo. Ello significaría, quizá, que incluso pocos generales pudieran portar una pistola, puesto que, muy reveladoramente, han eliminado el requisito del examen de tiro como condición para el ascenso. Pero si se quiere parar esta epidemia de accidentes policiales tan inútiles como trágicos, solo queda una elección sobre qué hacer con las armas de fuego: o se entrenan bien en su uso o no las portan. Publicado el 14 de marzo del 2008
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Capítulo 26
Fuego amigo1 Una epidemia silenciosa ataca a la Policía Nacional. Sucede que un alto porcentaje de los policías heridos o muertos por bala, lo han sido por el llamado fuego amigo, es decir, por disparos efectuados por otro policía. Son hechos doblemente trágicos por ser accidentales, y tienen una razón de fondo: la criminal negligencia de los mandos policiales en la instrucción en el manejo del armamento, incluyendo las prácticas de tiro. No faltan ejemplos de las trágicas negligencias. En abril del año pasado, por ejemplo, durante un curso para periodistas en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), semanas previas a la cumbre ALC-UE, se hizo una demostración de “rescate de dignatarios”. En medio de la demostración, el suboficial PNP Enrique Arenas colgó en la parte posterior de un camión una ametralladora pesada Browning, para trasladarla a una posición de tiro. Pero colgó el arma rastrillada. Cuando el vehículo avanzó, algo activó el mecanismo de disparo, y el arma soltó un rafagazo. Una bala atravesó el cráneo del conductor, el suboficial PNP Wilfredo Chávez y lo mató en el acto. En este caso, las más básicas medidas de seguridad en el manejo de armamento fueron incumplidas. ¿Fue totalmente culpable el suboficial Arenas, o lo fue en gran medida la inexistencia del entrenamiento que repitiera y 1
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reforzara hasta convertir en reflejos condicionados las acciones de seguridad en la manipulación de armas? El manejo de armas de fuego es inherentemente peligroso y las posibilidades de accidente son muy reales. Por eso, en el ancho mundo, las fuerzas policiales con niveles adecuados de profesionalidad ponen un gran empeño en el entrenamiento integral de sus agentes en ese aspecto. Por alguna razón, que ningún policía explica satisfactoriamente, existe una negligencia tradicional en los mandos policiales peruanos en cuanto al entrenamiento y la preparación en las tácticas y procedimientos que pueden salvar o perder las vidas de otros, y la propia también. Por eso, los accidentes se suceden. El cinco de junio pasado, por ejemplo, el más extremo descuido provocó una extraña tragedia. El suboficial de tercera PNP Pablo Poma, recién egresado de la Escuela de Suboficiales de Puente Piedra, mató accidentalmente a dos policías de la Jefatura Distrital de Los Olivos, con un solo disparo. Según la versión oficial de la Policía cuando los tres efectivos estaban en su dormitorio - luego de terminar su servicio- Poma disparó accidentalmente su revólver Smith & Wesson de calibre 38 especial. La bala atravesó los cuerpos de los suboficiales Ronny Francia y Miguel Quispe y mató a los dos. El dos de febrero de este año, en un enfrentamiento entre pandilleros y la Policía en Breña, el suboficial PNP Daniel Salas murió por un balazo en el ojo, que había sido disparado por el arma de un compañero. Todos los expertos y conocedores del tema consultados por IDL-SC coinciden en que este tipo de accidentes solo suceden a personas que no tienen nociones ni entrenamiento básico en el uso de armamento. De hecho, ese nivel de impericia hace que gran parte de los policías se conviertan en un peligro para sí mismos y la sociedad en el momento en que empuñan un arma. ¿Cuánto practican y cómo se entrenan los policías en el manejo de armas? En algunos casos, sobre todo ahora, pasan por la Escuela, salen de ella, ascienden varias veces de grado, sin haber disparado un solo tiro de entrenamiento en el polígono. | 146 |
Al ser consultado por IDL-SC, el jefe de la dirección de Educación y Doctrina, general PNP Basilio Meza, explicó que si no se realizan las prácticas de tiro reglamentarias es porque no hay municiones. “Solo tenemos municiones de reserva. Actualmente no se realizan prácticas de tiro. Estamos esperando que nos asignen el presupuesto para poder comprar municiones y hacer las prácticas correspondientes. Es más, hemos pedido una ampliación de presupuesto y estamos a la espera”, sostuvo Meza. Si se hiciera un cálculo rápido, podría decirse que en promedio un policía realiza menos de nueve prácticas de tiro obligatorias en toda su carrera policial. Y si se tiene en cuenta que en cada entrenamiento un efectivo dispara poco más de seis balas, resulta que en una carrera de 35 años, la mayor parte de los policías apenas habrá disparado, en práctica, una caja de 50 balas. Y eso, si el general Meza consigue el presupuesto. Pero a esto se le suma que durante la gestión del ex director general de la PNP, Octavio Salazar, se eliminó como requisito obligatorio el examen de tiro para los exámenes de ascenso. La actitud de los mandos policiales siempre ha sido la de negar el problema sin hacer nada por resolverlo. Un ejemplo, son las respuestas que, para este reportaje, dio el jefe de la dirección de Recursos Humanos, general PNP Dalmacio Zambrano. Este sostuvo, increíblemente, que “no hay información de cuántas muertes se han dado por fuego amigo”. Zambrano considera que los accidentes “son casos raros y aislados”. A pesar de ser obligatorio realizar tres prácticas de tiro en las escuelas de suboficiales y seis en la de oficiales, en muchos casos, los alumnos no practican ni una vez, especialmente en las escuelas de provincias. ¿Cuál es el nivel aceptable de preparación que debería tener un policía de servicio básico? Los especialistas consultados por IDL-SC señalaron que el mínimo de de entrenamiento para que un policía use su arma con seguridad y destreza elemental es de seis veces al año. | 147 |
Según indicó uno de los expertos, cada dos meses los efectivos deberían realizar un programa de adiestramiento que comprenda reglas básicas de seguridad, prácticas de tiro y tácticas de confrontación armada. ¿Es tan caro ese programa básico de entrenamiento? En lo absoluto. Como se ve, aparte de todos los ejercicios complementarios, cada policía debería disparar 300 balas por año en entrenamiento. Si consideramos que son alrededor de 50 mil los efectivos que resguardan diariamente el orden público se necesitaría un presupuesto de no más de 15 millones de soles. ¿Cuántas vidas de policías, cuántas de ciudadanos se salvarían con esta modestísima inversión? Otros casos: 1. El 15 de enero de 2008, la suboficial PNP Marilyn Díaz mató al comandante PNP Álex Arteaga, cuando se le escapó un tiro a su revólver, en Bellavista. Díaz no tenía experiencia en el manejo de armas de fuego. 2. El nueve de marzo de 2008, en Piura, tres policías persiguieron un grupo de delincuentes que fugaba en un vehículo. En medio de la carrera, el chofer del patrullero, el suboficial PNP Jhon Villanueva frenó para evitar un choque, lo que hizo que se le disparara accidentalmente la pistola Beretta al técnico de tercera, Yomar Palacios. La bala mató a Villanueva. 3. El 19 de febrero de 2008, el burrier mexicano Juan Carlos Torres Ibarra logró - con las manos esposadas- arrebatarle el arma al suboficial PNP Héctor Oria, quien lo había detenido y trasladado a la DINANDRO, pero quien sabía muy poco sobre conducción de detenidos o retención del arma. Torres hirió a Oria en el hombro izquierdo y minutos después se suicidó. 4. El 19 de diciembre de 2007, en Huarmey, una empresaria falleció de un balazo de fusil AKM en el corazón. Los balazos se escaparon a un miembro de la policía de carreteras durante una intervención. Publicado el 10 de febrero del 2009 | 148 |
Capítulo 27
La encomienda1 El viernes uno de mayo, los agentes de la Policía antidrogas pensaron que habían hecho el hallazgo del año. A la altura del peaje Socos, en Huamanga, en la bodega de un ómnibus de la empresa de transportes Palomino encontraron 14 paquetes con 120 fusiles AKM, 12 cajas de madera con municiones para fusil AKM cal 7.62 x 39, cuatro costales con 300 cacerinas, cien baquetas para fusil AKM, y accesorios de limpieza para las armas. Todo hacía suponer que habían interceptado un gigantesco envío de una red de tráfico de armas para abastecer a Sendero Luminoso en el VRAE. Jamás imaginaron que este embarque de 120 fusiles y 42 mil 458 municiones había sido despachado por la propia Policía. Pero era así. Los altos mandos del Frente Policial del VRAE habían decidido enviar su armamento por una de las carreteras más inseguras del país donde no solo SL-VRAE intercepta y embosca, sino donde con gran frecuencia se producen asaltos de delincuentes comunes. Los primeros resultados de la investigación iniciada por la Inspectoría General de la Policía han revelado datos e informaciones que apuntan la grave posibilidad de que el envío del armamento por encomienda, sin ningún resguardo policial, no haya sido solo un grave descuido, sino a un posible caso de corrupción. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/05-05/la-encomienda.htm | 149 |
IDL-SC tuvo acceso a documentos que dan cuenta que no fue un vehículo de la empresa Palomino como se conocía hasta ahora, sino dos los que transportaron las armas y municiones con destino a Huamanga. El primero, de placa VG-9468, llevaba 120 fusiles, 30 mil municiones y accesorios de limpieza para el armamento. El segundo, de placa VG-9869, llevaba ocho cajas de madera con municiones para fusil AKM. El Frente Policial del Vrae pagó 600 soles por la encomienda. Si bien el ex jefe del Frente Policial del Vrae, general PNP Percy Rivera Paiva, ha señalado que no conocía del envío de armas porque estaba de vacaciones, documentos a los que IDL-SC tuvo acceso sugieren lo contrario. Según el informe Nº 56 -2009-DIRLOG-PNP/DIVARM-sec, en marzo de este año, el director general de la Policía, general PNP Mauro Remicio, aprobó “el requerimiento de material de guerra para el Frente Policial del VRAE”. Días previos al envío del armamento al VRAE, este “fue revisado por personal de la Divarm Dirlog PNP y posteriormente por el capitán PNP Josefino Quispe, quien se encuentra a cargo del Servicio de Armamento con Pecosa Nº 1022009 del 24ABR2009, en presencia del Señor General PNP Percy Rivera Paiva, jefe del Frente Policial del Vrae. También se le hizo entrega de las municiones, las cuales fueron embarcadas en una camioneta Policial, marca Nissan, color blanco, doble cabina, a cargo del FP Vrae”, refiere el documento. Pero quizá lo más sorprendente es que el general Rivera, contrariamente a lo que ha señalado hasta la fecha, comunicó a la División de Armas de la Dirección de Logística que el traslado del armamento se haría con apoyo del Grupo Aéreo Nº8 de la FAP. “El Capitán MA PNP Juan Polo Alva, Jefe del Almacén 1A, 1B, 1C de la Divarm Dirlog PNP, solicitó al señor general PNP Percy Rivera Paiva y al capitán MA PNP Josefino Quispe Mosquera, sobre el medio de transporte del material afectado, quienes hicieron conocer que el mismo se haría con apoyo del Grupo Aéreo Nº 8 de la FAP y que nosotros no nos preocupáramos”, refiere el informe policial.2 2 | 150 |
Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/05-05/informe-56-2009.htm
En diálogo con IDL-SC, Rivera indicó que “es falso que haya recepcionado el armamento. Nunca dije que las armas iban a ser enviadas por el grupo aéreo número ocho. Yo estoy de vacaciones en Arequipa y no sabía que iban a llevar armamento a la zona del VRAE. Durante mi gestión no se ha hecho ningún requerimiento de armas. Todo esto es responsabilidad del encargado administrativo” Sin embargo, el viernes uno de mayo la Inspectoría General de la Policía solicitó al Tribunal Administrativo Disciplinario, a cargo del general PNP Enrique Medri, la separación temporal del cargo del general Rivera y del comandante PNP Raúl Casiano Jares, jefe de Administración del Frente Policial del Vrae. “El Cmdte PNP Raúl Casiano Jares jefe de Administración del Frente Policial Vrae, no habría establecido las medidas de seguridad del caso en el traslado de CIENTO VEINTE (120) fusiles AKM, TREINTA MIL (30.000) Cartuchos para AKM y demás accesorios afectados al FF.PP Vrae por la Dirlog-PNP, comisión para la que fue destinado, enviándolos como carga (…) sin contar con la custodia policial”, refiere el informe Nº 026-2009IGPNP-DIRIAD.3 Lo increíble del caso es que, según fuentes altamente confiables de IDL-SC, algunos jefes policiales se han quejado del operativo policial que condujo al hallazgo del armamento, y han culpado al jefe de la Dinandro, general PNP Miguel Hidalgo por “dañar la carrera de colegas”. En muchos ejércitos y policías del mundo, una negligencia de ese calibre, que coloca tal cantidad de armamento al alcance de SL, sería considerada alta traición, con todos los agravantes. Publicado el 06 de mayo del 2009
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Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/05-05/informe-026-2009.htm | 151 |
IV. Manejo de conflictos sociales en el ministerio del Interior
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Capítulo 28
El Jiu-jitsu policial1
La eficacia opuesta a la brutalidad. En exclusivo, la historia de cómo se planificó y ejecutó el ejemplar operativo policial de desalojo de Santa Anita El desalojo del mercado Santa Anita representó un gran riesgo operativo para la Policía Nacional y uno político no menor para el Gobierno. Las posibilidades de un desenlace cruento, con un saldo de víctimas mortales, eran muy altas. Sin embargo, el impecable operativo de desalojo llevado a cabo en corto tiempo y sin ninguna víctima por la Policía, se ha constituido ya en un modelo del uso preciso y eficaz de la fuerza pública en una democracia. ¿Qué diferencia un operativo exitoso y sin víctimas de otro brutal y finalmente fallido? Calidad profesional, planeamiento meticuloso, entrenamiento y claridad en el objetivo. Que en este caso no era solamente el desalojo de Santa Anita sino el ejecutarlo con los métodos propios de la Policía de un país democrático. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/08-06/santa_anita.htm | 155 |
¿Cómo se hizo? IDL entrevistó al general PNP Octavio Salazar, jefe del operativo y a varios de sus principales colaboradores. Aquí, los detalles inéditos y el testimonio exclusivo del planeamiento y ejecución del operativo. Fueron 3,900 los policías movilizados el pasado 28 de mayo para la ejecución del operativo “Imperio de la ley” en el mercado Santa Anita. El número abrumador de policías fue una de las condiciones necesarias para evitar el uso irracional de la fuerza. Junto con eso, una inteligencia precisa, un ablandamiento psicológico prolongado y una estrategia que hiciera innecesario el uso o la amenaza de la fuerza letal, logró poner fin a la ilegal toma del terreno de 82 hectáreas. Hasta entonces, todos los intentos por lograrlo habían sido neutralizados por los invasores, dirigidos por los traficantes de terrenos Herminio Porras y Fernandino Nieto. Ambos parecen haber supuesto que iban a imponerse otra vez. (Vea a Nieto y Porras en Santa Anita antes del desalojo).2 Los policías sabían que dentro del mercado, los líderes de la invasión se preparaban a resistir el desalojo usando, entre otras cosas, a niños como escudos. Además de estar protegidos por las paredes del mercado, tenían armas de todo tipo: 6 escopetas, bombas molotov, armas hechizas, huaracas, palos de escoba con “miguelitos” en las puntas, baldes de gasolina mezcladas con kilos de ají, bombardas de pólvora negra, entre otras. Según el general Octavio Salazar, para el éxito del operativo “fue vital el ablandamiento psicológico”, que consistió entre otras cosas, en el sobrevuelo de helicópteros, el lanzamiento de volantes con mensajes claros de advertencia. (Vea cómo el sobrevuelo de helicópteros dio también información precisa sobre el interior del mercado)3; y los falsos anuncios del inicio del operativo que poco a poco fue minando el ánimo de los de que estaban adentro.
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“No es lo mismo estar afuera y estar preparado para entrar en cualquier momento, que esperar adentro a que entren, la presión psicológica es mayor para los encerrados y nosotros teníamos varias estrategias”, refiere el experimentado policía desde su oficina en la Prefectura de Lima. Es en esas oficinas, sobre todo en la sala de directorio adyacente al despacho de Salazar, donde se llevó a cabo el planeamiento en detalle de las acciones. (Vea el momento en el que la Policía le da los ajustes finales al plan de desalojo).4 Dos días antes del operativo se instalaron 5 parlantes musicales de gran tamaño en el que pasaban música de fiesta para que no escuchen los movimientos que realizaban los policías fuera del recinto. “Nuestro objetivo era que no haya víctimas y por eso teníamos varias estrategias para entrar, al final se optó por la retaguardia y dejarles la vanguardia para que salgan los invasores”, agregó. Para Salazar, fue un momento “complicado” cuando los estudiantes de la Universidad La Cantuta acudieron a apoyar a los pobladores que vivían en el mercado Santa Anita, impasse que fue superado gracias a la declaración de emergencia del distrito que decretó el gobierno y que permitió cercar el terreno de 82 hectáreas e impedir el ingreso de manifestantes. “Del saque, -los líderes de la toma de la protesta- querían tener muertos”, refiere Salazar frente a la maqueta de madera elaborada para las largas reuniones de planificación realizadas en la sala de directorio de la 7ma. Jefatura Policial de Lima. “No entramos por la vanguardia porque en las puertas 7 y 8 habían puesto bombas molotov y bombas hechas de combustible. La policía tenía adentro gente de inteligencia que se comunicaban con nosotros a través de celulares”, señaló. Aparte de la planificación del operativo, se realizaron tres masivos ensayos en la planta de La Atarjea de Lima, lo que permitió 4
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que los policías se puedan mover por la zona como si estuvieran “con los ojos vendados”. Si bien los recursos de la policía son escasos, entre ellos abunda el ingenio a la hora de hacer un operativo de estas características en las cuales, aprovecharon hasta el programa “Google Earth” para utilizar las fotos satelitales del mercado, como plantilla para las maquetas en las que se diseñó la operación. Todo plan, por meticuloso y practicado que sea, tiene un elemento de incertidumbre. Horas antes del inicio del operativo, Salazar y su Estado Mayor dejaron los mapas y se abrazaron en una ceremonia que tuvo de arenga y de oración (Vea a los oficiales PN en oración junto con el general Salazar).5 En el día del operativo, minutos antes de que éste empezara, el ministro del Interior, Luis Alva Castro llegó al lugar para desearle suerte a Salazar y sus oficiales. “¡Señuelo, acción!”, fue la frase que dio Salazar a las 8 de la mañana del 28 de mayo, una vez que la secretaria del Juez Carlos Córdova leyó la orden de desalojo en presencia de la Fiscalía y Defensoría. De inmediato, el comando formado por los “robocops” y la caballería hizo un amago de ingreso detrás de dos cargadores frontales que hacían la finta de ingresar por la puerta principal del mercado, mientras que por las dos puertas traseras se entraba rompiendo las paredes que rodeaban las puertas con un cargador frontal y los portatropas blindados “Kaspir”, de Sudáfrica. (Vea el momento del ingreso de la Policía a Santa Anita).6 Detrás de los blindados hubo un masivo ingreso de los policías por las dos puertas derribadas a la vez. Novecientos policías entraron en pocos minutos al mercado. Eran de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y 5 6 | 158 |
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Dirección de Operativos Especiales (DINOES), protegidos los de adelante por un escudo construido para la ocasión con un agujero en el medio- que avanzan en ángulo recto, formando una especie de falange, explica Salazar. (Vea el avance de la Policía dentro del mercado y la consolidación del avance).7 Apenas se juntaron los dos contingentes policiales, empezó el avance por cada una de las calles del mercado. Los policías progresaron rápidamente, protegidos por los blindados y por sus escudos, sin otra arma que la vara de reglamento. Pero la organización, la masividad y simultaneidad del avance fueron suficientes para lograr un veloz e incruento desalojo. Los invasores fueron empujados y salieron por los boquetes que luego abrió la Policía por la parte delantera del mercado. (Vea cuando la policía abre la puerta delantera)8 Las únicas armas letales durante el operativo estaban fuera del mercado Santa Anita: se ubicó una decena de francotiradores en lugares altos para controlar cualquier ataque a los policías y además se tuvo un sistema de vídeos que permitía controlar lo que sucedía a la distancia. El sistema de salud con el que contaban los policías estaba compuesto por 15 ambulancias. En el hospital Manuel Voto Bernales se instaló una oficina de la Dirección de Criminalística para sacar huellas de los niños que se rescataran, pero no hubo necesidad de utilizarlo. También se colocaron diversos extintores en el área de aduanas porque había un riesgo de un posible incendio, así como en el mercado mayorista ubicado al frente del mercado Santa Anita, donde había propietarios dispuestos a “quebrar” el operativo con un incendio. “Los atestados son buenazos”, asevera el jefe policial al responder si los dirigentes de la toma de Santa Anita podrán ser juzgados con la severidad de sus faltas cometidas. 7 8
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Todos los detenidos fueron al Fundo Barbadillo donde se instaló el puesto de comando donde había un pool de fiscales y 22 computadoras desde se centralizó la información de inteligencia a través de la Oficina Regional de Inteligencia (ORI). Fernandino Nieto, sin embargo, logró escabullirse entre la masa de comerciantes que evacuó el mercado. “La clave fue la masificación del personal que participó y la sorpresa”, manifiesta el chiclayano Salazar. Aunque luego de casi todos los casos de confrontación puede repetirse el dicho aquel que “la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana”, en este caso no hay dudas sobre la autoría en la ejecución y los principios que inspiraron este plan de éxito inobjetable. Lo más importante es que demostró, en una forma que no solo es relevante para el Perú sino para Latinoamérica, que la ley puede ejercerse e imponerse con una rotunda eficacia que tiene entre sus componentes mayores el respeto a los derechos humanos y la defensa práctica de la legalidad democrática. Publicado el 08 de junio del 2007
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Capítulo 29
El terremoto Cómo fracasó el mando de la Policía1 Ha pasado una semana desde el terremoto que asoló Pisco y llevó una tremenda destrucción al resto del sur medio. Aunque las tareas básicas, de reparto de víveres, frazadas, albergues y organización de orden público todavía continúan, ha transcurrido ya un plazo suficiente como para poder analizar la reacción del Gobierno ante la emergencia, y en especial en términos de orden público y seguridad ciudadana, que es lo que aquí primariamente nos concierne. Empecemos por el final. Al examinar las acciones de la Policía Nacional en las horas y los primeros días que siguieron al desastre, no se puede llegar a otra conclusión que el desempeño de la PNP estuvo muy por debajo de lo que las extremas circunstancias demandaban. No es una conclusión a la que hubiéramos querido llegar –sobre todo teniendo en cuenta, como le consta a IDLSC, el número de policías que trabajó con gran empeño y sin reparar ni en horarios ni en fatigas, durante esos días-, pero los hechos son concluyentes. Dos son las acciones fundamentales en las que la Policía falló clamorosamente en esos días: 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/22-08/texto.htm | 161 |
1. Asegurar el tránsito de la ayuda por la dañada, pero no cortada, carretera Panamericana. Medidas prontas y enérgicas hubieran hecho posible un tráfico continuo de ayuda por la carretera. Sin embargo, no se tomó, durante días, ninguna acción mínimamente importante para descongestionar el monumental cuello de botella que todo tipo de tráfico vehicular ocasionó en la zona de Jahuey y en el puente Huamaní. De haberse tomado esas medidas elementales, cientos de camiones hubieran podido llevar ayuda en corto tiempo, la carretera hubiera sido la principal vía de auxilio, en lugar del costoso y menos eficaz puente aéreo, que hubiera podido asignarse a funciones mucho más específicas. Tuvimos en los hechos un bloqueo carretero ocasionado por la incompetencia policial. ¿Se libra la ministra de Transportes de toda crítica? Ciertamente no. A IDLSC le consta que Verónica Zavala hizo por lo menos un intento el viernes para desatorar la carretera, pero su intento no tuvo ninguna autoridad y ella parece haber sido incapaz de imponerse. 2. El despliegue tímido, lento y del todo insuficiente de la fuerza policial necesaria para mantener el orden mínimo en lugares donde todos los servicios públicos habían colapsado y donde era de esperarse que la anarquía consiguiente provocara saqueos, asaltos y descontrol social. Expertos policiales de primer nivel, consultados por IDL-SC, opinaron que el número de refuerzos policiales mínimamente necesario para la zona del seísmo en forma inmediata era de 3 mil a 5 mil policías. Solo para el desalojo del mercado de Santa Anita, por ejemplo, se emplearon más de mil 500 policías. Sin embargo, hasta dos días después del terremoto, solo 529 policías (67 oficiales, 448 suboficiales y 14 especialistas) habían sido destacados a la zona asolada. En medio de esa insuficiencia, el director general de la Policía, general PNP David Rodríguez Segeu se dedicó a repartir personalmente agua, frazadas y prédica junto al no menos ineficaz ministro Luis Alva Castro, en lugar de comandar un esfuerzo que requería toda la energía institucional. Sin embargo, en medio de esa incompetencia estratégica, hay esfuerzos que resaltar. La Dirección Aérea de la Policía Nacional trabajó arduamente desde el día del desastre. El jueves 16 la PNP realizó 10 vuelos de Antonov, sin contar los múltiples de helicópteros. Durante las primeras horas, el aporte de la PNP fue fundamental para sostener el puente aéreo. | 162 |
Aunque no corresponde estrictamente al área de IDL-SC examinar la acción de las fuerzas militares ni la del gobierno en su conjunto, en el manejo de la emergencia, es necesario, en este contexto, puntualizar por lo menos lo siguiente: a) que la Fuerza Armada demostró incapacidad de respuesta rápida ante la emergencia, y; b) que el Gobierno exhibió una culpable mezquindad al no haber utilizado el avión presidencial que sirvió hasta el fin del régimen de Toledo. Este avión estaba totalmente operativo, en condiciones de volar las 24 horas, de transportar más de 60 personas por vuelo, además de la carga, y de efectuar varios vuelos por día. Dentro de esas condiciones, las operaciones policiales se realizaron de la siguiente manera: El jueves 16 en la mañana llegó a Pisco el general PNP Juan Álvarez Manrique, director ejecutivo de operaciones policiales, a quien se encargó el comando operativo. No tenía un plan sino un esbozo de la situación, con base en información de las direcciones de inteligencia, de logística y de personal de la Policía Nacional, y los primeros reportes de los medios de comunicación. Una vez en Pisco, Alvarez solicitó al director general de la Policía, David Rodríguez Segeu, un refuerzo de 500 policías para las zonas afectadas, y le dijo que en su opinión iba a ser necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas. La seguridad interna se organizó en tres sectores: Ica a cargo del general Alberto Jordán Bringnole (Jefe de la Región Callao) en Chincha el general Pedro Moreno Ruidias (Dirección de Seguridad Pública), y en Pisco el general Héctor Paz Valencia (IX Región Policial). Todos ellos bajo el mando del general Álvarez Manrique. En los siguientes días, sin haber ganado en ningún momento la iniciativa, fueron llegando más refuerzos policiales, buena parte de los cuales quedó concentrado en el centro de las principales ciudades afectadas. Al cierre de esta nota, en Cañete se encuentran 657 efectivos de la VII Región Policial; en Pisco, 372 efectivos (DINOES, VII Región Policial, XI Región Po| 163 |
licial, DIRANDRO, Sanidad Policial y Policía de Carretera); en Chincha, 270 policías de DINOES, VII RPNP, DIRANDRO, DIRINCRI, y Policía de carreteras, mientras que en Ica se encuentran 390 efectivos (DINOES, IX Región, XI Región, DIRINCRI, Sanidad Policial y policía de Tránsito). La ausencia de la Policía obligó a los vecinos de muchos barrios a organizarse como pudieron, para defenderse de los delincuentes. Los vecinos se organizaron para el patrullaje nocturno (varias zonas continúan sin luz ni agua). Se construyeron barricadas en las calles y los vecinos pernoctaron alrededor de fogatas, que les proporcionaron luz y protección del frío. Así: - IDL- SC tuvo conocimiento que en la calle San Carlos, a unas cuadras del centro de la ciudad de Ica, recién el sábado se despejaron las barricadas que los vecinos habían colocado para protegerse en las noches. Un alto jefe policial reconoció que el patrullaje de la policía recién se ha incrementado desde el fin de semana, por lo menos en Ica. - En los distritos de Tate y Antanama (a unos 10 minutos de la ciudad), sin embargo, aún la población se encuentra movilizada y armada con palos y machetes. Incluso en varias de sus calles continúan barricadas, hechas con ramas de huarango. La misma situación se dio en Parcona, en donde grupos de delincuentes armados se movilizaron en autos. La gente se organizó en base a las 23 juntas vecinales que existen en esta provincia. Parcona tiene 12 distritos, y 12 comisarías, de las cuales 4 están destruidas (Guadalupe, San Juan Bautista, Pachacútec, Subtanjalla). - En Chincha el panorama no es distinto. Hasta el domingo no se notó presencia policial y, además, la poca ayuda para los afectados se repartió desordenadamente. - Pisco tampoco fue la excepción. En el sector de Túpac Amaru recién el viernes 17 de agosto llegaron 19 efectivos de la DINOES, y 20 solda| 164 |
dos del Ejército. Hasta ese momento la seguridad estaba a cargo de las familias que se organizaron en rondas de patrullaje. ¿Era factible una movilización rápida de la Policía? Según un ex alto mando de la PNP, lo era plenamente. “De acuerdo con el plan de doble asignación, se saca gente de todas las unidades y se los pone a disposición del operativo. Eso fue lo que se hizo en Santa Anita”. Finalmente, la doble asignación se realizó, pero tarde y poco. ¿Era posible transportar tanto policía en poco tiempo? “La PNP tiene más de siete mil vehículos operativos, hay transportes como para mandar a los policías” dice el ex alto jefe policial. Hay 3,619 camionetas, 331 vehículos pesados y 438 portatropas. Una fracción de eso era suficiente para llevar los policías hasta Cañete, Chincha, Pisco e Ica. ¿Qué pasó, entonces? “En el comando de hoy, casi todos son inútiles”, dice la calificada fuente policial. En medio de la pasividad policial, quien sí exhibió dinamismo fue el siempre mediático jefe de la VII región, general Octavio Salazar, quien desde el mismo día utilizó medios heterodoxos para responder a la emergencia. Minutos después del seísmo, y ante la caída de las líneas telefónicas, Salazar fue a RPP y la convirtió en su centro de comando. La radioemisora recibía llamadas y pedidos de ayuda desde diferentes zonas de Lima, y del país, a los que Salazar respondía, desde cabina, con órdenes a las unidades policiales. Fue un modo singular de enfrentar una situación en la que su institución, en conjunto, fracasó. Publicado el 22 de agosto del 2007
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Capítulo 30
‘Moqueguazo’ Rendiciones y desbandes1 Los hechos ya son conocidos, sus causas no. La derrota y desbande de cientos de policías en Moquegua mientras su general al mando era capturado en circunstancias humillantes, es un hecho que no tiene precedentes conocidos. Es cierto que el conflicto se solucionó finalmente sin que se produjeran muertes, pero el efecto corrosivo del desplome policial en Moquegua tendrá probables repercusiones en otras situaciones de crisis social. IDL-SC presenta ahora un conjunto de hechos no conocidos o poco conocidos, que pueden ayudar a explicar o poner en perspectiva lo que sucedió. Antes de hacerlo, es necesario decir que, al margen de las causas y circunstancias de la masiva protesta en Moquegua, lo que sucedió el 16 de junio ha sido profundamente nocivo para la gobernabilidad democrática en el Perú. Cuando la Policía es desbandada y humillada por civiles iracundos, el concepto mismo del Estado como expresión de un contrato social democrático es puesto en cuestión. El monopolio estatal en el uso legal de la fuerza resulta abrogado, así sea momentáneamente; por fortuna, sin víctimas mortales en este caso, pero el precedente puede dar pie a episodios peores. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/20-06/moquegua.htm | 167 |
La cadena de desaciertos que hizo crisis en el puente Montalvo, se inició en la pésima previsión y manejo de conflictos sociales de este Gobierno, que ha desbaratado los comités de crisis y la unidad de conflictos que antes tuvo el Ministerio del Interior y luego la oficina del primer ministro; y que además demuestra un mal uso reiterado de la inteligencia que sí tiene2; que suele iniciar los conflictos con una necia arrogancia para después terminar haciendo todo lo que dijeron que no harían. IDL-SC se va a centrar exclusivamente en lo que concierne a la acción y desempeño policiales, teniendo como referencia las medidas, decisiones y sobre todo, indecisiones y desaciertos del ministro Alva Castro. Tomamos como premisa que los lectores de este informe tienen ya una información por lo menos básica sobre lo que sucedió, y por eso habrá solo un mínimo de trasfondo en la descripción puntual de los hechos. El comando.- En este caso de decapitación de comando, es importante conocer cuál era la relación entre los jefes policiales. El general Alberto Jordán, jefe de la XI Región Policial, de Arequipa, fue el encargado del despeje y desbloqueo de la carretera en Moquegua. Jordán proviene del código uno, es decir, de la ex Guardia Civil, mientras que el director general de la PNP, general Octavio Salazar, es un código 3, de la ex Guardia Republicana3. Al margen de las competencias intra institucionales, la relación personal entre ambos generales, desde que Jordán era jefe policial del Callao y Salazar de Lima, no parece haber sido de lo mejor. De hecho, pese a que el presidente regional del Callao, Alex Kouri, pidió que Jordán permanezca en el Callao, Salazar, que acababa de asumir la dirección general, lo destinó a Arequipa, que, hay que decirlo, no es un mal destino. Pese a haber sido jefe del SUAT (Sub Unidad de Acciones Tácticas) en una ocasión, Jordán no era conocido como un policía particularmente operati2 3
Ver ‘Crónica de incomunicaciones’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/20-07/texto.htm Ver ‘La hegemonía de los repuchos’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/07-09/texto.htm
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vo. Su habilidad más saltante parece haber sido la de relaciones públicas e interinstitucionales. Tuvo varias responsabilidades de prensa e informaciones a lo largo de su carrera. Planteado el conflicto en Moquegua, Jordán recibió la orden de hacerse cargo de las operaciones de desalojo. La secuencia de hechos fue la siguiente: • El 15 de junio recibió una orden telefónica del director general de la PNP para “desbloquear la CPS (carretera panamericana sur) en los puntos críticos que permanecen bloqueados desde hace siete días”. La orden describía4 el número de policías que viajarían a Moquegua para participar en el desalojo (300 Dinoes y 400 Use Lima). Se le indicaba que se contaría con dos aviones Antonov de la Policía, dos aviones de la FAP (un Hércules y un Boeing) y un avión de 20 pasajeros del EP para el transporte. Se le ordenaba también, bajo responsabilidad, que el personal policial “no llevara armas de fuego, ni de puño, ni armas largas, ni escopeta”. • La misma orden, que la Policía no llevara armas de fuego, le había sido comunicada verbalmente a Jordán poco antes por el ministro del Interior Luis Alva Castro, según declaró Jordán a IDL-SC. • Al final, las unidades policiales que Jordán tuvo bajo sus órdenes fueron las siguientes: - 12 oficiales y 195 suboficiales de la Diroes, de Lima, bajo el mando de los coroneles Martínez y Vidal; - 5 oficiales y 292 suboficiales de la USE de Lima. Esta unidad llegó a Tacna y se trasladó por tierra a Moquegua; - 7 oficiales y 98 suboficiales de la USE de la XI Dirección Territorial de Arequipa, que fueron puestos como reserva táctica; - 3 oficiales y 50 suboficiales de la Dirtepol Puno; - 3 oficiales y 100 suboficiales de la USE Arequipa, al mando del comandante Jorge Briones.
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Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/20-06/orden.htm | 169 |
• Es decir, había 30 oficiales y 735 suboficiales para las acciones directas de desalojo. Un número sin duda considerable cuando se trata de una fuerza disciplinada y organizada. • En cuanto al armamento y otros medios, disponían de los siguiente: - Cada policía llevaba cuatro granadas lacrimógenas; - Cada escopetero (con escopeta para lanzar solo bombas lacrimógenas), llevaba 12 granadas. - Las granadas en su gran mayoría pertenecían a un lote prestado por la Policía de Ecuador. Parecen haber sido excepcionalmente malas. “Soltaban el gas como la lámpara de Aladino”, dice Jordán. La mayor parte de los policías agotó sus granadas rápidamente. - Además, los policías estaban equipados con las varas de goma y los escudos. Las primeras no pudieron competir en absoluto con los largos garrotes que llevó una nutrida tropa de “reservistas”, que atacó agresivamente a la Policía. - En términos de entrenamiento en formaciones de aproximación, choque y técnicas de confrontación, la preparación de los Policías era, al decir de varias fuentes calificadas, más que deficiente, virtualmente inexistente. La clamorosa falta de entrenamiento, que hasta ahora se ha hecho particularmente evidente en los accidentes y el mal uso de armas de fuego, se evidenció aquí en el ámbito del control de disturbios.5 - Otra deficiencia crucial del contingente policial estuvo dada en las comunicaciones. En efecto, no había comunicación radial entre ninguno de los policías que operaban. Solo se podían comunicar individualmente entre sí a través del celular, si sabían los números de sus colegas. Entonces, cuando hubo que dar órdenes colectivas instantáneas, no existió capacidad de hacerlo. - Es decir, que pese a su número, el contingente policial estaba mal equipado, dependiendo casi exclusivamente de una dotación exigua de granadas lacrimógenas que resultaron deficientes; sin entrenamiento, además, y sin comunicaciones. 5
Ver ‘La siembra y la cosecha’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/06-06/la-siembra-y-la-cosecha.htm
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- Respecto a las armas de fuego, una fuente cercana al director general de la PNP, Octavio Salazar, indica que la Diroes sí tuvo una reserva armada, y que gracias a eso se pudo retirar en orden. Hay quienes disputan este aserto. • El 15 de junio, el jefe de operaciones policiales de la PNP, general Julio Vergara, dirigió una orden telefónica a Jordán,6 en la que aprobaba la orden de operaciones, “Restablecimiento del orden público Moquegua 2008” que debía ejecutarse en el proverbial “Día D a horas H”, “previa coordinación” de Jordán con el propio Vergara. • En la misma fecha, el propio Vergara remitió otra orden indicando que Jordán, por “disposición del señor general PNP director de la Policía Nacional del Perú” debía formar una “fuerza de reserva de control territorial sur” de mil hombres. Ordenaba, para ese efecto, que el jefe policial de Cuzco, por ejemplo, pusiera a disposición a 50 efectivos del grupo “Kallpas”, como refuerzo adicional. Extrañamente, Vergara ordenaba replicar “el dispositivo que se formuló y ejecutó para la ‘V Cumbre ALCUE 2008’, sin explicar qué tenía que ver lo uno con lo otro. Lo visto hace evidente que el Gobierno en su conjunto había dispuesto el desbloqueo a la fuerza en Moquegua y había comprometido no solo recursos de la PNP sino de la Fuerza Armada, para el transporte, en ese empeño. • Jordán estableció su puesto de mando en Moquegua. El plan de desbloqueo debía ejecutarse a las 3 de la mañana del día 16 de junio. Hacia la medianoche, ya estaba en posición un buen número de policías. • Jordán, que quería evitar víctimas, había tratado de lograr un desalojo pacífico y parte de los dirigentes había pedido más tiempo. Luego, hacia las dos de la mañana, Jordán parece haber constatado que iba a enfrentar una oposición mucho más dura que la prevista. Se comunicó con el general Octavio Salazar para decirle que era mejor esperar. “Tienes que hacerlo esta noche” le habría contestado Salazar. “Yo dije, no puedo, 6
Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/20-06/orden2.htm | 171 |
tengo que dialogar” indica Jordán. Y se fue a dialogar, dando órdenes que no se actuara en la hora prevista y que, especialmente, no se detonaran granadas lacrimógenas. • En la parroquia, junto con el cura Martín Ayala, a las 8 de la mañana, le comunicaron que unidades de la Policía habían contravenido sus órdenes e iniciado acciones. El comandante Jorge Briones le indicó que la disposición había sido ejecutada por el coronel Vidal, jefe del contingente Dinoes, después, según le dijo, de haber recibido una llamada de la dirección general de Lima. Mientras tanto, durante la mañana, había crecido muchísimo el número y la agresividad de los manifestantes. • Fuentes cercanas al general Octavio Salazar niegan que él haya dado esa orden. Indican que el coronel Vidal tuvo que actuar al verse rodeado por los manifestantes, para lograr la retirada. Además, dice la misma fuente al general Jordán, “nadie lo envió a dialogar sino a desalojar”. • A partir de ese momento, el desenlace devino rápidamente colapso. Mientras Jordán marchaba con 40 policías que, luego de tratar de refugiarse en la cima de una colina, fueron rodeados y prontamente reducidos, pese a los llamados de Jordán pidiendo ser rescatado por el helicóptero policial, los otros contingentes policiales retrocedieron, algunos con cierto orden y otros sin guardar la formación. La movilización de miles de personas, barrió con la presencia policial. • Luego que se supo que Jordán había sido hecho prisionero por los manifestantes, se perdió toda línea de comando, se anuló la comunicación y la retirada se convirtió en varios casos en un desbande. • El contingente Diroes fue hecho retroceder por casi 20 kilómetros. Se retiraron con un cierto orden, igual que alguna de las unidades USE. Eso no sucedió con todos. • De acuerdo con un informe de la Policía de ese mismo día, un grupo de 180 policías huyó hacia Arequipa, perseguidos por cerca de dos mil manifestantes. | 172 |
• A las 8 y 20 de la noche, un grupo de 56 Dinoes llegó en retirada a Tacna, a bordo de un camión particular. Dieciséis policías estaban heridos. Entre tanto, Jordán y los otros policías pasaron del peligro y la humillación a quedar presos mientras se discutía y negociaba en Lima el fin del conflicto. Esos son los hechos. Las lecciones son múltiples. Tuvo que desencadenarse una crisis tan peligrosa para que el gobierno decidiera hacer lo que debió hacer desde el principio: discutir el problema y negociar una solución justa. Pero en lo que concierne a la acción de la Policía y del Ministerio del Interior, las lecciones son claras, directas y dramáticas. Aunque las fuentes cercanas al general Octavio Salazar indican que la operación fracasó “por la captura de Jordán”, lo cierto es que el desenlace reveló clamorosas fallas de entrenamiento, organización, línea de comando, equipamiento, comunicaciones y disciplina: es decir, lo que define a una fuerza organizada. Una policía en desbandada es lo que menos conviene a una sociedad democrática, especialmente en la circunstancia actual en Latinoamérica. Hacer frente a esa situación potencialmente muy grave, es un asunto que no solo es de gobierno sino de Estado. Hay que tener un ministro del Interior competente, sin más; y hay que hacer los esfuerzos de fondo y no de cosmética y publicidad, para tener una Policía disciplinada, entrenada, equipada y, sobre todo, bien dirigida. Publicado el 20 de junio del 2008
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Capítulo 31
El ‘Moqueguazo’: la investigación confidencial1 El ‘Moqueguazo’, esa debacle policial sin precedentes que acaeció el mes de junio, continúa revelando, meses después, datos e informaciones sorprendentes sobre las responsabilidades de ese desastre operativo. Ahora, la investigación de Inspectoría General de la PNP ha arrojado detalles y nombres de alto octanaje que parecen haber desatado un esfuerzo por ocultar sus resultados. Aquí, IDL-SC les explica por qué. Como se sabe, el jefe policial que tuvo a su cargo las operaciones, general PNP Alberto Jordán, quien fuera tomado preso por los manifestantes, fue inicialmente sindicado como el responsable de la derrota policial. Jordán se ha defendido indicando, entre otras cosas, que se lo quiere convertir en cabeza de turco y que, en el peor de los casos, la responsabilidad es compartida. La magnitud de ese revés policial demandó una investigación a fondo de la Inspectoría de la PNP, a cargo del general PNP Luís Henríquez. Esta comenzó poco después de los sucesos en el puente Montalvo,2 y se tomó las declaraciones de decenas de policías en Arequipa, Cusco, Lima; además de recabar las órdenes de operaciones.3 1 2 3
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/26-09/el-moqueguazo.htm Ver ‘Rendiciones y desbandes’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/20-06/moquegua.htm Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/26-09/orden.htm | 175 |
Aunque la investigación no concluye formalmente todavía, ya Inspectoría ha determinado que no podrá interrogar a uno de los jefes policiales. ¿La razón? Se trata de que dicho policía tiene un grado más alto que el jefe de Inspectoría. En efecto, las manifestaciones de los policías habrían coincidido en que buena parte de la responsabilidad por lo que ocurrió recae en el jefe de Operaciones Policiales, general PNP Julio Vergara; y también en el director general de la PNP, Octavio Salazar. En los primeros días de este mes, el inspector general de la Policía, Luís Henríquez, dirigió un oficio al director de la PNP, Octavio Salazar. El documento indicaba que como resultado de las investigaciones realizadas en su despacho sobre el ‘Moqueguazo’, se había determinado que tanto el propio Salazar como Vergara compartían responsabilidades por el fracaso del operativo policial en el puente Montalvo. En el oficio, el general Henríquez señalaba que debía inhibirse de continuar con la investigación puesto que no podría hacerlo con oficiales de mayor graduación que la suya. En el mismo documento le comunicó a Salazar que el informe iba a ser derivado a la oficina de Asuntos Internos del ministerio del Interior, dirigida ahora por el aprista Carlos Alberto Chávez Pereda. Tres semanas después, el jueves 25 de setiembre, Henríquez le entregó personalmente el informe a Chávez, según diversas fuentes consultadas por IDL-SC. El documento contiene informes policiales y también recopila los testimonios de todos los generales y oficiales de las distintas unidades que participaron en el operativo. De acuerdo con ellos, la orden para lanzar granadas lacrimógenas sobre el puente Montalvo, que no lograron otra cosa que enardecer a la gente, fue dada por Salazar. En ese sentido, las declaraciones de los policías –recabadas por el general PNP Benigno Pinto, director de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría- han puesto en evidencia las fallas de inteligencia, comunicaciones y línea de comando que tuvo como desenlace la captura del general Jordán, ex jefe de la XI Región Policial de Arequipa, y un gran | 176 |
número de policías durante el paro. Días después del humillante episodio, Jordán fue separado de su cargo de jefe de región y adscrito al Estado Mayor de la PNP. El titular del Interior, Luis Alva Castro, recién tomó conocimiento del caso ayer. Según indicaron fuentes de IDL-SC, el inspector general comunicó personalmente a LAC sobre las investigaciones. Asimismo, Henríquez le habría pedido una audiencia para exponerle el método y resultado de las pesquisas. Hasta el viernes por la noche, el ministro no había contestado. Entre tanto, fuentes de Inspectoría refieren que la relación de Henríquez con Salazar se ha resquebrajado por este informe. Dentro de la Policía, se ha buscado limitar al máximo el acceso a la investigación. Como al interior de la PNP nadie puede investigar a Salazar por razones de jerarquía, le corresponde a la oficina de Asuntos Internos del Ministerio continuar haciéndolo. ¿Lo hará? Su jefe, Carlos Alberto Chávez, es uno de los hombres de confianza del ministro del Interior. Fue regidor durante la gestión del aprista José Murgia como alcalde de Trujillo. Más tarde, en abril de 2007, Alva Castro lo habría traído desde Trujillo para designarlo como director de esa oficina clave del Mininter. La presunción de responsabilidad por parte de Salazar y Vergara demuestra que meses después de haber acaecido, las consecuencias del ‘Moqueguazo’ retumban traumáticamente dentro de la PNP. Dada la implicancia del caso, es muy importante que esta investigación sea abierta y transparente. No hay ningún asunto de seguridad que lo impida y, por lo contrario, se trata de prevenir que los graves errores de entonces vuelvan a suceder. Publicado el 26 de septiembre del 2008
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Capítulo 32
La sombra del ‘Moqueguazo’1 Conforme pasan los días, el panorama parece complicarse para el director general de la PNP, Octavio Salazar. No solo por el respaldo dado por el premier al ministro del Interior, Remigio Hernani, sino debido a que este lunes 27 la oficina de Asuntos Internos del ministerio del Interior entregará su informe sobre el caso del ‘Moqueguazo’, como extensión de la investigación realizada por la Inspectoría General de la PNP. Dicha investigación encontró responsabilidad en Salazar por el fracaso del operativo policial en el puente Montalvo. “Estamos culminando la investigación. El 27 de octubre entregaremos nuestro informe al ministro Hernani porque se vence el plazo. En ella se determinarán las responsabilidades administrativas y disciplinarias, si las hubieran”, indicó a IDL-SC el jefe de la oficina de Asuntos Internos, Carlos Alberto Chávez Pereda. Asuntos Internos recién inició su investigación hace poco más de dos semanas. Esto a pesar de que el informe de Inspectoría fue remitido a su despacho el mes pasado. ¿La razón? La demora del ex ministro del Interior, Luis Alva Castro, en autorizar a Chávez para que inicie las pesquisas.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/22-10/la-sombra-del-moqueguazo.htm | 179 |
Debe señalarse, además, que en dos oportunidades IDL-SC le preguntó a LAC sobre el tema, pero este respondió: “No existe ningún informe de Inspectoría sobre el ‘Moqueguazo’. Eso es mentira. El general Salazar no tiene nada que ver en el asunto”. Sin embargo, pocos días antes de dejar su despacho del cuarto piso de Córpac dio luz verde a la investigación. Pero este no ha sido el único obstáculo en la investigación que Inspectoría realizó sobre el ‘Moqueguazo’, y que ha encontrado responsabilidad, entre otros, en el general PNP Julio Vergara, jefe de Operaciones Policiales; el general PNP (r) Jorge Cárdenas, ex director de la Digimin; y el general PNP Alberto Jordán, ex jefe de la XI Región Policial de Arequipa. Tal como había revelado IDL-SC,2 el inspector general de la PNP, Luis Henríquez Palacios, remitió a Salazar el 4 de setiembre un oficio en el que señalaba que se inhibía de continuar con la investigación- sustentada en tres mil folios que incluyen las manifestaciones de más de un centenar de policías, además de órdenes policiales-, debido a que Salazar tenía mayor jerarquía. Junto con este oficio, Henríquez le entregó copia de su informe. Pero en lo que parece un intento por detener el curso de las investigaciones, el viernes 19 de setiembre, el general Octavio Salazar envió el memorándum N001-2008-DIRGEN-PNP/SP-A al general Henríquez. En dicho documento, el director de la PNP le ordena que su despacho culmine con la investigación y que por tal motivo le devolvía la copia del informe que tenía en su poder. Según fuentes confidenciales de IDL-SC, durante un encuentro posterior a la entrega del memorándum, Salazar le dijo a Henríquez: ¿Vas a investigar a tu general? No fue sino hasta el jueves 2 de octubre cuando el inspector general le envió un nuevo oficio a Salazar. “Tengo el honor de dirigirme a Ud., a fin de remitir adjunto al presente informe indicado en el Asunto (argumentos 2
Ver ‘El ‘Moqueguazo’: la investigación confidencial’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/26-09/el-moqueguazo.htm
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por los que se traslada la investigación a Asuntos Internos), cuyo contenido se encuentra relacionado a la imposibilidad Legal de cumplimiento a la orden… para continuar con las investigaciones administrativas disciplinarias en torno a la fallida intervención policial realizada el 16JUN08 en el Puente Montalvo-Moquegua… elevo nuevamente los actuados a su despacho (informe del ‘Moqueguazo’) a fin de que se digne remitir a la instancia superior correspondiente”, dice el documento al que tuvo acceso IDL-SC.3 Junto con el oficio, Henríquez envió nuevamente la copia del informe sobre el ‘Moqueguazo’ –que Salazar había devuelto- y un documento de dos páginas con los nombres de los presuntos responsables del fallido operativo y las razones legales por las cuales debía ser Asuntos Internos la oficina que tome sus descargos y culmine con el informe. Hasta el cierre de esta edición, IDL-SC buscó una entrevista con el director general de la Policía, pero no obtuvo respuesta. Por lo pronto, IDL-SC pudo conocer que el general PNP Julio Vergara, en su manifestación oral a la Inspectoría, sostuvo que Salazar dio todas las órdenes durante el operativo y que él solo las retransmitió. Esta versión coincide con la gran mayoría de policías que fueron entrevistados por la misma oficina. ¿Qué pasará con Salazar? Solo queda esperar si Asuntos Internos recomendará en su informe final una sanción administrativa o si sus desencuentros con el ministro Remigio Hernani apuran el desenlace. Publicado el 22 de octubre del 2008
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Ver facsímil: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/22-10/oficio.htm | 181 |
Capítulo 33
Testimonio de sobrevivientes1 Preludio.- El jueves nueve de abril, más de mil indígenas tomaron las instalaciones de la subestación petrolera N°6 del Oleoducto Noriente Peruano y secuestraron a los policías que resguardaban la base. Los nativos les hicieron entregar sus armas. También les prohibieron salir de la base. La PNP aceptó las condiciones. Un alto dirigente indígena confirmó a IDLSC esta versión, y aunque prefirió usar el término “retener”, indicó que hicieron un pacto con los policías mientras durara la huelga. El 31 de mayo, treinta y ocho policías de la Diroes relevaron a los policías rehenes. Llegaron en helicópteros y los nativos, luego de poner cierta resistencia, decidieron que se haría el relevo vía aérea. Uno de los sobrevivientes de la subestación petrolera, el suboficial PNP J. A. narró a IDL-SC que “nosotros llegamos y la estación estaba tomada. Vimos a los nativos pintados y algunos encapuchados. Llegamos en helicóptero y nos rodearon. Entrábamos de cuatro en cuatro. (El comandante PNP Miguel) Montenegro era el jefe. Nos dijo que no podíamos abandonar las instalaciones. Tampoco podíamos usar nuestras armas (fusiles AKM y pistolas), hablar con los nativos e ir a su comunidad”. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/11-06/testimonio-de-sobrevivientes.htm | 183 |
Cinco días después, alrededor de las nueve y treinta de la mañana, el apu (líder de la comunidad) -que sostenía reuniones periódicas con el comandante- entró a las instalaciones con centenares de personas. Eran alrededor de dos mil indígenas. “El comandante dio la orden de no hacer nada. Subieron a un muro al interior de la subestación y comenzaron a arengar en su lengua. No entendíamos nada. De pronto, unos nativos empujaron al comandante. Nos rodearon y nos apuntaron con sus lanzas a la altura del cuello. Nos obligaron a entregar nuestras armas. Ellos habían escuchado que en la Curva del Diablo habían matado a nativos. A algunos policías les arrojaron algo a los ojos que los encegueció.”, sostuvo J.A, quien luego de una hora y media fue trasladado en un camión, junto con los otros 37 policías, hasta un taller cerca de los pozos petroleros. “Ahí nos quitaron los borceguíes y las medias. Nos amarraron las manos con alambres y pasadores. Los nativos tenían gasolina y uno de ellos pidió fósforos. Nos querían quemar vivos. Algunos decían: tus hermanos han matado a mis paisanos y por eso van a morir”, agregó el suboficial. Luego, los indígenas separaron a los policías en dos grupos. Los primeros 18 fueron llevados al monte y los 20 restantes se quedaron encerrados en el taller bajo el cuidado de un grupo de indígenas. “Cada policía estaba custodiado por un nativo. Nos sientan y ellos siguen conversando en su lengua. Luego escucho unos gritos desgarradores de uno de mis colegas rogando que no lo maten. Vimos por un instante como le clavaban lanzas en el cuerpo y escuchamos unos disparos”, relató J.A., quien de inmediato comenzó a correr para salvar su vida. “Me aventé a una loma de seis metros. Cuando salté, un nativo que venía siguiéndome me tiró una lanza y se clavó en mi espalda. Pasé la noche en el monte”, agregó el suboficial, quien escapó junto con el suboficial PNP L.T. “Tuve que esconderme en el monte. Al día siguiente vi un helicóptero del Ejército y pedía ayuda”, dijo. Afortunadamente, no todos corrieron la misma suerte. El otro grupo de policías, que permanecía en un taller, logró escapar debido a que “los líderes nativos no se ponían de acuerdo, por eso no los mataron. Llegó un nativo evangélico y los liberó porque no estaba de acuerdo con las ejecuciones”, indicó L.T. | 184 |
Ya desde su convalecencia en la habitación 140 Hospital de la Policía, el suboficial J.A. sostuvo que los altos mandos policiales cometieron una grave negligencia al haberlos enviado a custodiar las subestación donde había policías secuestrados y sin alertarlos, además, sobre el operativo en la Curva del Diablo. “Nos expusieron a la muerte. Hubo una mala planificación. Tratamos de dialogar, pero los nativos no nos entendían y sucedió lo indeseable. El comandante (Miguel) Montenegro trató de informar lo que pasaba pero no teníamos línea en nuestros celulares. No teníamos equipos satelitales. Debimos haberlos tenido”, refirió el suboficial. En agosto pasado, los policías que custodiaban la subestación también estuvieron secuestrados durante dos semanas por los nativos. Pero la pésima inteligencia y la mala planificación del comando policial no solo se circunscribió a la subestación Nº6, sino también al operativo en la Curva del Diablo. El suboficial PNP M.R. llegó el miércoles tres de junio a Bagua con el general PNP Luis Muguruza, jefe de la Diroes.Partió a las cinco de la mañana hacia la colina de la Curva del Diablo. “Al mando de comandante Del Carpio, salimos sesenta efectivos. Nos dijeron que debíamos tomar altura para resguardar a un grupo que iba a venir. A las 6y30 estábamos en la cima. Nos vieron tres indígenas y al rato llegaron más de mil nativos y nos rodearon. Tenían trapos en la cabeza, portaban avellanas (explosivos caseros), piedras y lanzas. Nosotros teníamos equipos, cascos, chalecos, varas y gas lacrimógenos, fusiles AKM y pistolas”, indicó M.R.. “Aguantamos un buen rato, pero nos acorralaron cerca de una pendiente. De pronto me dispararon con un fusil AKM y me explosionó en el brazo izquierdo. Tuve que comenzar a disparar para que no me maten. Los nativos tenían una muy buena estrategia, tenían todo planeado. Estábamos sorprendidos porque a nosotros nos mandaron a ese lugar diciéndonos que íbamos a hacer un desalojo. La estrategia que utilizamos fue inapropiada. Debimos haber llevado otro equipo y tener otra planificación en el ataque. No teníamos cómo comunicarnos. No teníamos radio. Nuestra gente moría y no podíamos pedir auxilio”, agregó el suboficial. Publicado el 11 de junio del 2009 | 185 |
Capítulo 34
El horror1 Normalmente, IDL-SC no publica material gráfico con un alto contenido de crudeza, ni tampoco testimonios extensos de fuentes no identificadas. Estos suelen ser insumos para reportajes contrastados, verificados y contextualizados. Pero la terrible circunstancia de la muerte de, hasta ahora, 25 policías, nos lleva a hacer una excepción, dado el gran valor informativo de las fotos y testimonios que IDL-SC ha recibido. En primer lugar, el testimonio que IDL-SC reproduce literalmente (salvo correcciones en la puntuación, para facilitar su lectura, y la eliminación de una frase en la que se acusa a un general de alcohólico), ha sido compilado por algunas fuentes policiales que han estado en contacto directo con los policías sobrevivientes y en el rescate de cadáveres. IDL-SC ha recibido otros testimonios con un sentido y contenido virtualmente idéntico. La información de este testimonio es trágica, estremecedoramente cierta y explica –al desnudar gravísimas incompetencias, abusos y cobardías– las sinrazones que llevaron a tanta muerte inútil, que pudo haberse evitado. La mayor parte de las fotos corresponde al momento en el que fueron encontrados los cadáveres de los policías asesinados en la subestación Nº 6 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/11-06/el-horror.htm | 187 |
del Oleoducto del Nororiente. Véase cómo estaban maniatados e indefensos. Las imágenes son de mucha crudeza, y las personas sensibles no debieran verlas. Creemos, sin embargo, qué conocer bajo qué horrorosas circunstancias murieron estos policías, ayudará a evitar otras tragedias similares en el futuro; y a definir y determinar responsabilidades en el presente. A continuación, el testimonio del que hacemos mención líneas arriba. LA VERDAD DE UNA DESGRACIA SALDRA A LA LUZ ES INCONCEBIBLE COMO UNA OPERACIÓN POLICIAL, QUE SUPUESTAMENTE ESTABA PLANIFICADA PUEDA TERMINAR EN UNA DESGRACIA TERRIBLE. ¿DONDE ESTUVO EL PLANEAMIENTO, LAINFORMACION, LA INTELIGENCIA, LOS MEDIOS LOGISTICOS, QUE SE NECESITABA PARA LLEVAR A CABO UNA OPERACIÓN POLICIAL? PUES NO LO HABIA: ESTABAN CONFIADOS EN QUE TODO SE IBA A SOLUCIONAR PACIFICAMENTE A TRAVES DEL DIALOGO DENUESTRAS AUTORIDADES POLITICAS. ES POR ESO QUE EN LA ESTACION 6DE BOMBEO DE PETROPERU, DONDE SE ENCONTRABAN 38 POLICIAS AL MANDO DEL COMANDANTE PNP MIGUEL MONTENEGRO, QUIENES DIAS ANTES HABIAN EFECTUADO EL RELEVO CON OTRO GRUPO DE IGUAL NUMERO DE EFECTIVOS POLICIALES AL MANDO DE UN MAYOR PNP, LOS CUALES YA PRACTICAMENTE ESTABAN DE REHENES EN ESE LUGAR, TAL ES ASI QUE EL DIA QUE LLEGAN EN EL HELICOPTERO LOS POLICIAS AL MANDO DEL COMANDANTE MONTENEGRO, NO QUIEREN RELEVAR EN ESA FORMA PORQUE LAS ARMAS TENIAN QUE PERMANECER GUARDADAS SEGÚN EL CONVENIO FIRMADO CON LOS NATIVOS DIAS ANTES POR EL MAYOR PNP SALIENTE. ESTASARMAS TENIAN QUE PERMANECER GUARDADAS EN UN AMBIENTE DONDE LAS LLAVES LAS TENIA EL APU (JEFE DE LA TRIBU) PERO EL GENERAL MUGURUZA ORDENO QUE DE TODAS MANERAS RELEVARA AL MAYOR, QUE TODO ESTABA BAJO CONTROL, Y CUANDO BAJAN DEL HE| 188 |
LICOPTERO PARA ENTRAR A LA BASE SON REVISADOS POR LOS NATIVOS PARA VER SI PORTABAN ARMAS. ES MAS, DIAS ANTES HABIAN JUGADO FULBITO CON LOS NATIVOS PORQUE HABIAN ENTABLADO UNA CAMARADERIA CON ELLOS. HABIA UN PACTO DE POR MEDIODE NO AGRESION Y ESO LO SABIA EL COMANDO DE LA POLICIA Y LAS AUTORIDADES POLITICAS. LOS POLICIAS PERMANECIAN EN EL PATIO O AMBIENTES DE LA ESTACION 6 SIN PODER SALIR DE LA BASE, SE ALIMENTABAN DE LA COMIDA QUE EL APU DISPONÍA, YA QUE LOS NATIVOS LOS SUPERABAN EN NUMERO, ALREDEDOR DE QUINIENTOS NATIVOS RODEABAN LA ESTACION 6, ES DECIR ESTABAN PRACTICAMENTE DE REHENES O CON ARRESTO DOMICILIARIO COMO SE QUIERA DENOMINAR DESDE HACE VARIOS DIAS. ES ASI QUE EL DIA JUEVES, CUANDO EN EL CONGRESO SE FRUSTRAN LAS CONVERSACIONES, O SEA NO HABIA SOLUCION A LOS PROBLEMAS INDIGENAS, SE AGRAVA LA COSA: 57 DIAS DE MECIDAS A ESA GENTE QUE BUSCABA QUE COMER POR TENER BLOQUEADAS LAS CARRETERAS, ENTONCES EN HORAS DE LA NOCHE LA DINOES RECIBE LA ORDEN DE LIMA DE DESBLOQUEAR LAS CARRETRAS, PERO COMO HABIAMOS MENCIONADO LINEAS ARRIBA NO HUBO UN PLANEAMIENTO, SIMPLEMENTE UNA IMPROVISACION DE UN GENERAL DE LA DINOES QUE DESCONOCIA LO QUE PASABA Y LLEVA ANUESTROS POLICIAS A UNA MUERTE ANUNCIADA. TAMBIEN ES SABIDO QUE EN LA NOCHE DEL DIA JUEVES LA MINISTRA ESTABA EN LA CENTRAL DE OPERACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA (CEOPOL) DANDO ORDENES AL CORONEL DE ESA OFICINA SOBRE EL DESBLOQUEO DEL DIA SIGUIENTE Y PREGUNTABA POR EL MANUAL DEL USO DE LAS ARMAS DE PERDIGONES ES DECIR ELLA YA TENIA LA DISPOSICION DE QUE ESTE OPERATIVO SE REALICE SI O SI, ES POR ESO SU PREOCUPACION POR TENER QUE BAJAR DESDE SU OFICINA DEL CUARTO PISO HASTA EL TERCER| 189 |
CER PISO CEOPOL LO QUE NUNCA SE HA VISTO, TAL ES ASI QUE EL PERSONAL QUE LABORA ALLI ESTABA SORPRENDIDO PARECIA LA DIRECTORA GENERAL DE LA POLICIA, PORQUE VALGAN VERDADES LA CULPA TIENE EL PRESIDENTE POR COLOCAR GENTE INCOMPETENTE EN LOS CARGOS COMO ES EL CASO DEL MINISTRO HERNANI , EL GENERAL REMICIO Y AHORA EL GENERAL SANCHEZ FARFAN. ESTA MINISTRA HA APROVECHADO LA INCOMPETENCIA DE ESTAS PERSONAS PARA HACER LO QUE LE DA LA GANA CONLA POLICIA, NUNCA SE HA VISTO ESTO: GRITA A LOS GENERALES, LES DICE EN SU CARA INCOMPETENTES Y NADIE LE DICE NADA PORQUE SEGURAMENTE CON EL NUEVO REGIMEN DISCIPLINARIO LES DA DE BAJA EN CINCO DIAS. PERO A LA HORA DE LAS RESPOSABILIDADES SE LAVA LAS MANOS COMO PILATOS Y EN EL CONGRESO DICE QUE ELLA SOLAMENTE ES LA MINISTRA Y QUE LAS ESTRATEGIAS NO LAS CONOCE, QUE ESO LO HACE LA POLICIA, QUE ELLA NO SABE DISPARAR, NO CONOCE DE GAS LACRIMOGENO, ETC. Y ESOS GENERALES DE RODILLAS, FARFAN Y URIBE, ASUMEN UNA RESPONSABILIDAD PARA SALVARLA A ESTA MINISTRA QUE SEGURAMENTE A TRAVES DEL GOBIERNO ALGO LES HABRA OFRECIDO. SU CONCIENCIA SI ES QUE LA TIENE DEBERA REMORDERLE TODA LA VIDA POR TODO LO QUE HA HECHO CON NUESTROS HERMANOS POLICIAS MANDARLOS A UNA MATANZA. ESAS ALMITAS COMO LA RECLAMARAN, CUANTO DOLOR HABRAN SENTIDO NUESTROS HERMANOS POLICIAS ANTES DE MORIR POR CULPA DE ESTOS SINVERGUENZAS IRRESPONSABLES DE HABER ADOPTADO ESTAS MEDIDAS SIN MEDIAR LAS CONSECUENCIAS. EN HORAS DE LA NOCHEDEL DIA JUEVES 4JUN09, EL CORONEL LUCAR QUE ESTABA EN CORRAL QUEMADO CON EL GENERAL MUGURUZA, ORDENA AL COMANDANTE CARPIO –QUE RECIEN HABIA LLEGADO DE LIMA– QUE AVANCE HASTA LA CURVA DEL DIABLO Y TOME POSICION AL MANDO DE 50 EFECTIVOS POLICIALES Y EL MAYOR BAZAN,DONDE ESTABA EL PUNTO CRITICO (BLOQUEO).ESTOS SALEN A LAS 5 DE LA | 190 |
MANANA DE CORRAL QUEMADO Y LLEGAN A LA CURVA DEL DIABLO 5.30 DE LA MANANA, ENTONCES CASI OSCURO TODAVIA, EL COMANDANTE CARPIO ORDENA AL MAYOR BAZAN JUNTAMENTE CON 8 POLICIAS A TOMAR LA ALTURA PARA TENER MEJOR POSICION Y CUANDO SE ESTABAN DIRIGIENDO AL LUGAR (ALTURA) SON DIVISADOS POR DOS NATIVOS QUIENES LANZAN BOMBARDAS CON SUS ONDAS Y DESPIERTAN AL RESTO DE NATIVOS Y COMIENZAN A CERCAR A LOS POLICIAS, SEPARAN AL MAYOR Y CON SUS LANZAS HIEREN A LOS POLICIAS Y CON LAS PERDIGONERAS MATAN A LOS POLICIAS QUE HABIAN SUBIDO, EMPIEZA EL CAOS EL DESORDEN LOS POLICIAS COMIENZAN A DISPARAR A LOS NATIVOS QUE ERAN APROXIMADAMENTE UNOS MIL,ALGUNOS SE TIRAN AL BARRANCO OTROS POLICIAS HUYEN, EL COMANDANTE CARPIO NO TENIA COMUNICACIÓN CON EL OTRO CONTINGENTE QUE SE QUEDO, ES POR ESO QUE LOGRA TREPAR UNA ALTURA Y DE SU CELULAR LOGRA COMUNICARSE CON EL CORONEL MARTINEZ EN LIMAY LE PIDE QUE LOS APOYEN QUE LOS ESTABAN MASACRANDO AL PERSONAL DE LA DINOES Y QUE NO TENIAN COMUNICACIÓN CON EL GENERAL MUGRUZA. ESTE GENERAL MUGRUZA NI EL PERSONAL DE LA ESTACION 6 TENIAN CONOCIMENTO DE LO QUE ESTABA PASANDO EN LA ZONA, PERO EN LIMA SI, PORQUE EL CORONEL MARTINEZ COMUNICA AL DIRECTOR GENERAL, A LAS 6 DE LA MANANA YA TENIAN CONOCIMIENTO.EL GENERAL MUGRUZA SALE DE CORRAL QUEMADO APARENTEMENTE A LAS 6.30 DE LA MANANA LLEGA A LAS 7 DE LA MANANA ALA CURVA DEL DIABL0 ENCONTRANDO UN DRAMA DESGARRADOR POLICIAS MUERTOS, TORTURADOS YORDENAA LOS POLICIAS DISPARAR A MATARYCAPTURAR A LOS POSIBLES RESPONSABLES DE LA MATANZA DE LOS POLICAS Y RECUPERAR SUS CUERPOS. COMO EN LA ESTACION 6 LOS EFECTIVOS POLICIALES NO TENIAN CONOCIMIENTO DE LO QUE ESTABA SUCEDIENDO PORQUE NO TENIAN COMUNICACIÓN, OBSERVAN QUE A LAS 9 DE LA MANANA COMIENZAN A LLEGAR MAS NATI| 191 |
VOS Y COMIENZAN A HABLAR EN SU IDIOMA ESCUCHANDO EMISORAS LOCALESY RPP, ENTERANDOSE DE LO QUE PASABA EN LA CURVA DEL DIABLO Y LAS MUERTOS DE SUS HERMANOS INDIGENAS.CADA MINUTO QUE PASABA ERA DRAMATICO PARA LOS POLICIAS PORQUE HABIA MAS MUERTOS Y SEGUIAN LLEGANDO MAS NATIVOS QUIENES PRESIONABAN AL APU PARA MATAR A LOS POLICIAS QUIENES YA HABIAN SIDO ATADOS CON LAS MANOS HACIA ATRÁS Y LES HABIAN QUITADO LOS BORCEGUIES. COMIENZAN A SACAR A 18 POLICIAS FUERA DE LA BASE PARA MATARLOS Y CUANDO COMIENZAN A DISPARAR UNO POR UNO LOS POLICIAS COMIENZAN A CORRER EN TODAS LAS DIRECCIONES CON LA FINALIDAD DE SALVARSE ENTRE ELLOS EL COMANDANTE A QUIEN LE HABIAN HECHADO UN LIQUIDO EN LA CARA Y NO PODIA VERSE CAE Y ES ACRIBILLADO Y SU CUERPO ARRASTRADO Y DEGOLLADO. CUANDO LLEGAN A RESCATAR A LA ESTACION6 A LOS POLICIAS ENCUENTRAN ESE DESGARRADOR DRAMA, 9 POLICIAS MUERTOS Y EL RESTO ESTABAN TORTURADOS MASACRADOSPOR VENGANZA A LA MUERTE DE SUS HERMANOS NATIVOS EN LA CURVA DEL DIABLO SEGÚN HABIAN ESCUCHADO EN LA RADIO, ASI SON SUS LEYES DE ESTOS NATIVOS. AHORA NOS PREGUNTAREMOS QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE ESTA DESGRACIA, QUIEN DIO LA ORDEN DE DESBLOQUEAR LA CARRETERA, SABIENDO QUE HABIA REHENES EN LA ESTACION 6 Y QUE NO TENIAN COMUNICACIÓN PARA ALERTARLOS A FIN DE QUE TOMEN SUS MEDIDAS LA HORA DEL OPERATIVO Y PORQUE SE ENVIO SOLAMENTE A 50 EFECTIVOS AL MANDO DE UN COMANDANTE INEXPERTO HACIA EL PUNTO CRITICO (CURVA DEL DIABLO) SABIENDO QUE AHÍ NO ENTRA LA COMUNICACIÓN Y PORQUE EL GENERAL SALIO DESPUESA DARLES EL ALCANCE ES QUE SEGURAMENTE SE QUEDO DORMIDO O NO ESTABA PREPARADO PARA SABER TOMAR LAS DECISIONESANTE UNA ORDEN DE | 192 |
DESBLOQUEO, PORQUE NO SE DABAN LAS GARANTIAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL POLICIAL Y LA SITUACION ERA MUY RIESGOSA, PORQUE PARA LLEVAR A CABO ESTE TIPO DE OPERATIVOS ES SOLAMENTE CON UNA ORDEN POLITICA DE LIMA. LOS CELULARES SATELITALES RECIEN LLEGARON EL DIA SABADO A LA ZONA. AHORA EN EL CONGRESO EL GENERAL URIBE SE HACE EL HARAKIRI, PORQUE DICE QUE TODO ESTABA PLANEADO. PREGUNTENLE A LOS POLICIAS DE BAGUA SI TENIAN CONOCIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES Y ANTE ESTOS HECHOS TAMBIEN FUERON AGREDIDOS POR LAS TURBAS DE NATIVOS QUE QUERIAN VENGARSE Y LOS POLICIAS HAN TENIDO QUE DEFENDERSE USANDO SUS ARMAS. SE HA OCULTADO LA INFORMACION A FIN DE EVITAR CONOCER LA TOTAL NEGLIGENCIA DEL JEFE OPERATIVO OPROTEGER A LA MINISTRA DEL INTERIOR CUANDO EN SU CONCIENCIA ESTA LA MUERTE DE LOS POLICIAS, AHORA SACA CUERPO Y EMPLAZA A LOS GENERALES PARA QUE LO DEFIENDAN DICIENDO QUE ELLA ES LA MINISTRA Y NO CONOCE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLICIA. TOTALMENTE ERRADA PORQUEELLA SABIA LO QUE PASABA PORQUE EL DIRECTOR GENERAL LE DA CUENTA DE ESTOSHECHOS; SON CUESTIONES POLITICAS Y PARA TOMAR UNA DECISION ES SOLAMENTE POLITICA Y ADEMAS UNOS DIAS ANTES ACTUABA COMO SU FUERA LA DIRECTORA GENERAL DE LA POLICIA, GRITABA A LOS GENERALESY DECIA QUE LOS POLICIAS SON CORRUPTOS Y DEBE APLICARSELE UN REGIMEN DISCIPLINARIO DRASTICO Y DAR DE BAJA A LOS POLICIAS CONTRAVINIENDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO ES EL DEBIDO PROCESO EL DERECHO A LA DEFENSA Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 27444. HERMANOS QUE SE INVESTIGUEN ESTOS HECHOS Y SE LLEGUE A LOS VERDADEROS RESPONSABLES DE ESTA MATANZA | 193 |
DE POLICIAS Y NATIVOS PERUANOS ENTRE PERUANOS POR CULPA DE ESTE GOBIERNO QUE LO UNICO QUE BUSCA ES SATISFACCIONES PERSONALES ANTES QUE NACIONALES. AL GENERAL URIBE SEGURAMENTE LO DENUNCIARAN PENALMENTE POR GENOCIDA YA QUE EL DICE QUE ERA AUTONOMO EN SUS DECISIONES Y TENIAN UN PLANEAMIENTO, COSA QUE DA RISA ES CUANDO DICE QUE A LAS CINCO DE LA MAÑANA EMPEZABA EL OPERATIVO, Y EL IBA A LANZAR GASES LACRIMOGENOS DESDE EL HELICOPTERO Y DISPERSAR A LOS NATIVOS Y LUEGO EL GENERAL MUGURUZA TOMABA POSICION DE LA CURVA DEL DIABLO. ESTO NO HA SIDO ASI, PORQUE EL HELICOPTERO NO PUEDE DESPEGAR A ESA HORA PUESTO QUE NO TIENE VISIBILIDAD PARA OPERAR, ESO LO SABEN TODOS LOS PILOTOS ES DECIR ESTE SEÑOR HA MENTIDO AL CONGRESO Y DEBE PAGAR POR ENCUBRIR UNA MATANZA, CON LAS VIDAS DE LAS PERSONAS NO SE JUEGA. LA MINISTRA DICE QUE LA DINOES ESTABA EQUIPADA: TOTALMENTE FALSO. NO TIENE SISTEMA DE COMUNICACIÓN, PARA EMPEZAR ESE UNIFORME SE HAN COMPRADO CON SU PROPIO DINERO, PORQUE EL ESTADO NO LES DA HACE MUCHO TIEMPO. AHORA NOS PREGUNTAREMOS SI ES QUE TENIAN EL SUFICIENTE GAS LACRIMOGENO PARA LLEVAR A CABO ESTA OPERCION POR QUE LA POLICIA NO TIENEGAS SUFICIENTE Y ESO SE LE HA INFORMADO A LA MINISTRA. ESTA INFORMACION HA SIDO OBTENIDA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DINOES QUE ESTAN HARTOS DE QUE SIEMPRE LOS MANDEN COMO CORDERTITOS AL SACRIFICIO EN LAS PESIMAS CONDICIONES, TANTO EL PERSONAL QUE ESTUVO EN EL PUESTO 6, COMO LOS QUE ESTUVIERON CON EL COMANDANTE CARPIO Y CON EL GENERAL MUGURUZA. Publicado el 11 de junio del 2009 | 194 |
Capítulo 35
La llamada que no se hizo1 De acuerdo con información nueva obtenida por IDL-SC, sí hubo comunicación entre el comando policial que dirigió el operativo de desalojo en Bagua y la subestación petrolera N°6 del Oleoducto Noriente Peruano hasta tres días antes de la toma de la Curva del Diablo por parte de la PNP. IDL-SC ha podido conocer que existía un teléfono fijo en la subestación y que el comandante PNP Miguel Montenegro, en ese momento jefe policial de la estación, y el coronel Humberto Lúcar, jefe del regimiento de la Diroes, conversaron varias veces. Lúcar es uno de los policías que participó en el operativo “Volcán” que culminó con la muerte de Epifanio Espíritu Acosta, alias ‘JL’, y la captura de Richard Cahuana Yuyali, alias ‘Julián’, en el Alto Huallaga. En esa ocasión, pese a que la operación fue concebida, planeada y en gran medida ejecutada por los policías del GEIN bajo el mando del hoy general PNP Luis Valencia Hirano, jefe del Frente Policial Huallaga, se ascendió solo a Lúcar –que llegó en la parte final del operativo–, excluyendo así a los policías que hicieron la inteligencia y participaron en la ejecución del operativo. Esta injusta medida (sobre la que IDL-SC escribió en varias oportunidades Ver: “El Operativo Volcán en Cerro Azul”2 y “Los marginados y los 1 2
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/24-06/la-llamada-que-no-se-hizo.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/28-11/texto1.htm | 195 |
premiados”3) aún ha dejado resquemores profundos y es un caso objetivo en el que el factor de inteligencia y planeamiento fue menospreciado por la dirección policial y la conducción política del ministerio en el gobierno aprista. Ese desprecio por la inteligencia tuvo consecuencias nefastas el viernes cinco de junio en Bagua. De acuerdo con lo obtenido por IDL-SC, a través de varias fuentes con información directa de los hechos, el coronel Lúcar se comunicó en varias ocasiones con Montenegro. Durante su última conversación, Lúcar le informó que se iba a llevar a cabo el desalojo en la Curva del Diablo y le indicó que le avisaría sobre el día y la hora en que se desarrollaría el operativo para que pudiera tomar las previsiones del caso. Ello habría incluido la posibilidad de elaborar un plan de evacuación para replegarse al cuartel militar cercano teniendo en cuenta, además, que los 37 policías que permanecían en la subestación al mando del comandante Montenegro estaban secuestrados por los nativos desde el 31 de mayo. Pero el día de las operaciones, Lúcar no llamó a Montenegro. Los policías de la subestación Nº6 quisieron comunicarse con personal de la Dinoes para recibir información precisa, pero no tenían tarjetas con saldo suficiente como para hacer las llamadas. Algunos, se sabe ahora, escucharon a través de sus radios portátiles los incendiarios despachos de varios periodistas locales y temieron lo peor. Le pidieron con insistencia entonces, al comandante Montenegro, elaborar un plan de evacuación que consistía en armarse con fusiles AKM y salir de la estación -custodiada por más de mil 500 nativos- con la finalidad de llegar hasta el cuartel militar. Pero Montenegro aparentemente supuso que si la situación fuera difícil hubiera recibido la llamada acordada. No pensó que sus vidas corrieran peligro y escogió negociar de forma pacífica, a través del diálogo, con los nativos. Fue una decisión fatídica.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/08-08/los-marginados-y-premiados.htm
La pregunta tiene ahora una urgencia mucho mayor ¿Por qué el coronel Lúcar no llamó a Montenegro? ¿Por qué no se le alertó del peligro inminente que iban a correr los 38 policías que estaban de rehenes en la subestación? IDL-SC se contactó con Lúcar, pero este cortó la comunicación sin responder. Esta negligencia del comando policial exige una rigurosa investigación, así como un examen a fondo de la peor debacle operativa de la Policía en toda su historia. Pero todo indica que el ministerio del Interior no está interesado en esclarecer los hechos. Por lo contrario, varias acciones recientes apuntan a un concertado esfuerzo de ocultamiento. IDL-SC ha tenido acceso al texto de la resolución ministerial Nº 04082009 de ascenso por acción distinguida, del jueves 18 de junio –que aún no ha sido publicada en el diario oficial El Peruano-, en la que se busca premiar a quienes participaron en esta catástrofe policial, antes de conocer siquiera las conclusiones de la investigación más básica. En efecto, la resolución señala que: “Mediante Informe Administrativo Disciplinario Nº 003-2009-DIROES/OFAD-AEREHUM-INC del 16 de junio de 2009, se ha llegado a establecer que el 5 de junio de 2009 personal de la Policía Nacional del Perú perteneciente a la Dirección de Operaciones Especiales, Dirección Antidrogas, Dirección de Aviación Policial, III-Dirección Territorial de Policía-Chiclayo y IV-Dirección Territorial de Policía-Tarapoto pusieron en ejecución el Plan General de Operaciones Nº 08-DIREOP-PNP/EM-AFIPLO del 25 de mayo de 2009 “PARO AMAZÓNICO 2009” con la finalidad de desbloquear y restablecer el libre tránsito vehicular y peatonal del kilómetro 201 al 207 de la carretera “Fernando Belaunde Terry”, conocida como la “Curva del Diablo”, donde se encontraron apostados desde el 26 de mayo de 2009, un aproximado de MIL (1000) nativos y pobladores del lugar” “Al tratar de desbloquear dicha vía, se encontró una turba enardecida provista de hondas, avellanas, napoleones, bombas molotov, armas contun| 197 |
dentes (piedras, palos, machetes), con las que atacaron al personal policial”, refiere la resolución que tiene como respaldo los informes de Asesoría Jurídica de la Dirección de Recursos Humanos y del Consejo de Investigación para Oficiales Superiores y Oficiales de la Policía Nacional del Perú (CIOS). Ambas propuestas fueron elaboradas el mismo día. En ese sentido, el documento indica que se ascenderán por acción distinguida en la modalidad “Acción de Armas” a cinco comandantes, un mayor y cinco capitanes. A continuación la lista de ascensos: • A coronel: comandante PNP Francisco Agurto García, comandante PNP César Arredondo Ramos, comandante PNP Walter Chicana Dett, comandante PNP Luis del Carpio Sánchez, y el comandante PNP Juan Fernández Guevara. • A comandante: mayor PNP Segundo Ocampo Aguirre. • A mayor: capitán PNP José Cotillo, capitán PNP José Huayllas Salazar, capitán PNP Witman Perales Cabrejo, capitán PNP José Torres Espejo, y el capitán PNP Óscar Zea Ponce. Esto, según varias fuentes indignadas de la PNP es una manera de buscar comprar el silencio de los oficiales y suboficiales que participaron en el operativo. Sin embargo, IDL-SC pudo conocer que algunos generales en actividad se han opuesto a este ascenso por acción distinguida y han alzado su voz de protesta. En esa misma línea, el general PNP (r) Óscar Ponce de León, presidente de la asociación Los Sinchis, durante una romería por el aniversario de dicha unidad policial en el cementerio de la Policía -el sábado pasado-, dio un discurso enérgico en el que exigía la renuncia de todo el gabinete ministerial.
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“Tengamos presente siempre, que matar a un policía, representante de la ley y el orden, no solo debilita la democracia, sino que es el mismo Estado el que pierde credibilidad y autoridad ante su pueblo y a nivel internacional. Ante el sacrificio de nuestros dignos policías muertos, expreso mi dolor y descontento al gobierno del presidente (Alan) García y como la mayoría de peruanos, exijo la renuncia de todo el gabinete ministerial, como muestra de voluntad de enmienda”, sostuvo León, quien indicó a IDL-SC que “la ministra ha querido zafar cuerpo responsabilizando al comando de la PNP del operativo, cuando esa fue una orden política. Por ética, la ministra debería renunciar”. Es cierto que el principio de autoridad civil sobre las fuerzas de seguridad no debe resquebrajarse, pero esta trágica debacle, la mayor pérdida de vidas policiales en toda la historia de la Policía, no fue producto del azar sino de un conjunto de órdenes y acciones que fueron desde la inaudita torpeza hasta la negligencia criminal. Y parte fundamental del ejercicio de la autoridad civil es saber enfrentar con valor las responsabilidades del sector que se dirige. Mañana, a las 9 y 30 del día, la ministra aprista Mercedes Cabanillas deberá responder estas y otras preguntas en el Congreso. Publicado el 24 de junio del 2009
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Capítulo 36
Retratos de la muerte1 Cuarenta días después del desastroso operativo policial de desalojo de la Curva del Diablo, en el que murieron absurdamente 24 policías, IDL-SC ha recabado nuevos testimonios de sobrevivientes que aportan información reveladora sobre lo que realmente ocurrió en la subestación seis- donde diez policías fueron torturados y asesinados- y que grafica la negligencia criminal de las autoridades políticas y policiales que comandaron el operativo. Además, IDL-SC ha conseguido videos del cinco de junio, que muestran el traslado de los policías destacados en la subestación seis al lugar donde luego serían asesinados, así como imágenes que registran a uno de los helicópteros de la Policía que sobrevolaba la subestación en el mismo momento en que los efectivos sufrían los vejámenes y torturas de parte de los indígenas. El último video muestra el momento en que fue hallado el cuerpo del comandante PNP Miguel Montenegro, quien estuvo al mando de los 37 policías de la subestación. Estas imágenes son de mucha crudeza. Creemos, sin embargo, que conocer las terribles circunstancias en que murieron estos policías ayudará a determinar quiénes fueron los responsables. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/15-07/retratos-de-la-muerte.htm | 201 |
Es así que estos videos y fotografías cobran vital importancia debido a que antes de dejar el ministerio del Interior, Mercedes Cabanillas, negó que los 38 policías que arribaron el domingo 31 de mayo a la subestación seis fueran tomados como rehenes por los nativos. “No han estado de rehenes, eso se va a desmitificar”, indicó Cabanillas a IDL-SC luego de ser condecorada con la medalla ‘Corazón Policial’. El general PNP José Sánchez Farfán, hasta hoy director general de la Policía, respaldó esta versión: “No hubo rehenes en la subestación seis”. De otro lado, el jueves pasado, en su columna semanal en Caretas, Gustavo Gorriti publicó el artículo titulado “Reseña de Muertes”2. En él narra el contenido de un “documento estremecedor” elaborado por personal subalterno de la PNP, que ha reconstruido- a partir de testimonios e información de primera mano- las circunstancias en que murieron los policías. IDL-SC ha tenido acceso a dicho documento, que muestra imágenes inéditas y desgarradoras del momento en que fueron encontrados los cuerpos de los policías. Las personas sensibles no deberían verlas.3 A continuación, los testimonios de los que hacemos mención líneas arriba: Calvario.- Diez y treinta de la mañana del domingo 31 de mayo. Al mando del comandante PNP Miguel Montenegro, 37 policías arribaron a la subestación seis, ubicada en el caserío Kuzu Grande, en el distrito de Imaza, para relevar a 36 efectivos. “El comandante Montenegro fue el primero en llegar a la subestación y se reunió con el apu (Simón Wipio) y el ingeniero. En un inicio el apu no quiso dejarnos entrar, pero finalmente se hizo el cambio vía aérea”, relató a IDL-SC uno de los sobrevivientes.
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Ver artículo: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/15-07/art-car.pdf Ver documento en diapositivas: http://www.slideshare.net/idlsc/mensaje-del-personal-policial?src=embed
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“Cada policía llevaba un fusil AKM con cuatro caserinas. Algunos portábamos pistola, otros escopetas perdigoneras o lanzagas. Cuando nos relevamos no sabíamos nada del acta, ni que íbamos a ser rehenes”, añade el sobreviviente, quien refirió que “el acuerdo decía que solo podían estar armados los policías que estaban de servicio, que eran tres. El resto debía guardar las armas en sus dormitorios”. El comandante Montenegro formó cuatro escuadras. El cambio de servicio se hacía cada dos horas para cuidar las pozas petroleras. Los nativos habían cortado el agua y la electricidad. Sin embargo, los policías se las habían ingeniado para hacer conexiones clandestinas. Así estuvieron los días previos al operativo. “Nosotros sabíamos que en cualquier momento se iba a producir el desalojo. El comandante Montenegro conversó por teléfono con el coronel Humberto Lúcar (jefe del regimiento de la Diroes en Bagua) y este le dijo que iban a desalojar la Curva del Diablo. Lúcar le indicó a Montenegro que le avisaría cuándo se desarrollaría el operativo y que llegarían 40 hombres del Ejército para apoyarnos. El comandante le dijo que nos saquen rápido de ahí. Pero Lúcar nunca nos llamó”, asegura otro de los sobrevivientes.4 Todos los días, a las 9:30 de la mañana, el comandante Montenegro daba charlas de derechos humanos, pero el viernes cinco de junio las suspendió. “A las nueve de la mañana mientras repartía pilas a los policías que harían guardia esa noche, el comandante prendió el televisor y sintonizó las noticias. Ahí salía que desde las cinco de la mañana se estaba produciendo el desalojo en la Curva del Diablo”, narró otro policía. “En ese momento el comandante Montenegro ordena que nos equipemos. A los pocos minutos ya estábamos rodeados de mil 500 nativos. Nos llamaban asesinos”, indicó un sobreviviente, y agregó: “Fuimos hacia el comedor y comenzamos a agruparnos y quisimos practicar un plan de defensa, pero 4
Ver ‘La llamada que no se hizo’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/24-06/lallamada-que-no-se-hizo.htm | 203 |
el comandante nos dijo que no lo hiciéramos porque podríamos provocar a los nativos”. “A algunos colegas les arrojaron un líquido a los ojos. Los dejaron ciegos. Entonces nos agrupamos los que pudimos y el comandante decidió salir al patio para hablar con el apu y el ingeniero. Montenegro les pidió paz, pero el apu hablaba con el resto de indígenas en su dialecto. Los nativos no le hicieron caso y ordenaron a viva voz: quémenlo, mátenlo”, indicó el policía. Luego, el comandante cayó al piso “porque le clavaron una lanza en las piernas”. El apu perdió el control de la situación y también fue empujado por los nativos. “El policía que estaba en el acceso principal jaló al comandante y lo cubrió con su escudo. Los nativos siguieron llegando con sus mujeres y niños, quienes nos quitaron nuestras armas y artículos personales. En el grupo también había reservistas y encapuchados con polos del Ejército”, relató otro sobreviviente. Eran las 10:30 de la mañana. Había cuatro policías heridos. “Nos quitaron los borceguíes y nos volvieron a tirar el líquido a los ojos para que no los podamos reconocer. También nos tiraron lanzas en la cabeza. Nos llevaron a un aula de la comunidad. Les pedimos a los nativos que nos dejen llamar al médico que estaba en la subestación para que atienda a los heridos. Un policía encontró una tarjeta con saldo para el teléfono fijo. El comandante Montenegro les pidió permiso para que lo dejen llamar por teléfono. Lo dejaron salir, pero al rato regresó y nos dijo que habían cortado los cables”, agregó el sobreviviente.5 Luego, los efectivos fueron sacados del aula y traslados hasta un camión. “Nos obligaron a entrar ahí. El camión avanzó y nos llevaron hasta las pozas petroleras. Hicieron que esperemos hasta la 1y30 de la tarde”, indicó.
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Ver video en que los nativos trasladan a los policías de la subestación seis al lugar donde luego serían asesinados: http://www.youtube.com/watch?v=W4czKQCzM2o
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“Nos amarraron las manos con unos alambres y con pasadores. En ese momento escuchamos que un helicóptero de la Policía estaba sobrevolando las pozas petroleras. Inmediatamente el comandante le pidió al apu que nos saque al patio para que nos vean, pero no aceptó”, enfatizó otro sobreviviente.6 Al cabo de unos minutos, “hicieron que nos paremos y salgamos unos detrás de otro. Se quedaron veinte en el taller y los 18 restantes salimos. Nos llevaron caminando por la carretera unos diez minutos hasta una tranquera. Comenzamos a subir hacia el monte por una trocha. Cada nativo custodiaba a un policía. En ese momento volvió a pasar el helicóptero de la Policía”, agregó. “Estábamos todos sentados y algunos comenzaron a llorar. El comandante Montenegro los trató de calmar. Varios nativos comenzaron a hablar en su dialecto. Uno pidió fósforos. Querían quemarnos. Luego escuché que rastrillaron las perdigoneras y mis compañeros gritaron. Vi como le clavaban las lanzas a uno de mis colegas y comencé a correr”, contó otro policía. Mientras los 18 policías eran asesinados, los veinte restantes permanecían en el taller. “Alrededor de las seis de la tarde nos dijeron que nos iban a matar. Querían prender fuego a las pozas, pero se dieron cuenta que ellos también podían morir”, relató un sobreviviente. A las 9:30 de la noche llegó un apu evangélico e hizo que los policías rezáramos por casi una hora. “En la madrugada llegó otro nativo evangelista y dijo que las cosas se habían salido de control. Preguntamos si sabía donde estaban escondidos los fusiles. Ese nativo nos ayudó y nos llevó hasta a un escondite donde encontramos cinco fusiles y diez caserinas”, agregó el policía.
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Ver video en el que Helicóptero sobrevuela la subestación seis alrededor de la una y treinta de la tarde: http://www.youtube.com/watch?v=BhzJ8iIrTXI | 205 |
En la madrugada, los policías pidieron permiso a los nativos para ir al cuartel del Ejército Mesones Muro para pedir ayuda. El apu que estaba a cargo aceptó. “En una camioneta de la compañía petrolera fueron tres colegas armados con fusiles. Llegaron hasta el cuartel y conversaron con el comandante que estaba a cargo del cuartel (comandante EP. David García Cabreros). No quiso ayudarlos, pero un militar llamó a la estación policial siete. Contestó un cocinero y colgó el teléfono”, sostuvo. IDL-SC intentó contactarse con el comandante García para confirmar esta versión, pero no fue posible. Al día siguiente, se encontró el cuerpo del comandante PNP Miguel Montenegro. Sin embargo, su cuerpo fue entregado recién dos días después a sus deudos.7 Publicado el 15 de julio del 2009
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Ver video del hallazgo del cuerpo del comandante PNP Miguel Montenegro: http://www.youtube.com/watch?v=o1lHVOuO0IM
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Capítulo 37
El cuartel que no rescató1
La grave negligencia militar en la muerte de los diez policías en la estación seis Hasta el momento, los testimonios de los policías sobrevivientes, así como los documentos e imágenes que registraron lo ocurrido el cinco de junio en la subestación seis, han permitido conocer que no solo hubo incompetencia de las autoridades políticas y policiales que comandaron el operativo de desalojo en la Curva del Diablo. El atestado policial sobre lo ocurrido en la estación seis, al que tuvo acceso IDL-SC, también revela grave negligencia de mandos militares, que pudieron salvar vidas de policías y no lo hicieron. Alrededor de las 8y30 de la mañana del viernes cinco de junio, – cuando el operativo de desalojo en la Curva del Diablo ya había dejado varios muertos y heridos –tres dirigentes nativos llegaron al cuartel del Ejército Mesones Muro, cerca de la estación seis, y se reunieron con el comandante EP David García Cabreros, jefe del cuartel, a cargo de ochenta soldados. “Reclamaban impotentes sobre la matanza de sus hermanos y agregaban que iban a tomar acciones (…) luego dichas personas se dirigieron, al parecer, a la estación seis”, relató García en su manifestación del miércoles 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/23-07/el-cuartel-que-no-rescato.htm | 207 |
10 de junio ante la Fiscalía Provincial de Bagua, que figura en el atestado policial Nº 070-CSPNP-B/SEINCRI. Una hora más tarde, los 38 policías de la subestación seis ya habían sido rodeados por alrededor de mil 500 nativos, quienes les arrebataron sus armas y los hirieron con sus lanzas para luego trasladarlos a un aula de la comunidad.2 Pero el comandante García, a la una de la tarde, recibió más información. “Llegarían a mi despacho otras tres personas que refirieron ser dirigentes del comité de lucha, a quienes también los puedo identificar, refiriendo que venían de la estación seis”, declaró el comandante y agregó que “(los indígenas) se habían desbandado y estaban incontrolables. Parecía que estaban bajo los efectos del alcohol y que no les hacían caso (…) no garantizaban la vida de los PNP. Los policías estaban en la zona industrial de la estación seis, mientras que sus armas estaban en otro cuarto”. ¿Por qué al enterarse de esto el comandante García no envió a su tropa a la estación seis? La razón principal, según pudo conocer IDL-SC, es que había recibido órdenes superiores de que los ochenta soldados de esta base militar no salieran por ningún motivo. ¿Que no salieran por ningún motivo? ¿Ni aún para salvar la vida de los policías? Hubo una cadena increíble de descoordinaciones y falta de comunicación que será necesario investigar si pertenecen a la incompetencia o la malicia. Un día antes del operativo, el jueves cuatro a las 12y30 de la tarde, se llevó a cabo una reunión en el CCFFAA en la que participaron el general EP Francisco Contreras; la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas; el ex ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz; así como dos funcionarios de Petroperú. “Vinieron a solicitarnos apoyo y acordamos reforzar las tropas policiales de las estaciones. De Lima iban a salir 50 militares y de Chiclayo otros cien como refuerzo a las tropas policiales que estaban en la Curva del Diablo. 2
Ver ‘Retratos de la muerte’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/15-07/retratos-de-la-muerte.htm
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Ese era el plan. Una vez realizado esto, una vez ubicadas las tropas en sus lugares, recién se iba a desarrollar un operativo de desalojo”, refirió el jefe del CCFFAA, Francisco Contreras, a IDL-SC. Esa misma tarde, Contreras se comunicó con el jefe de la Región Militar del Norte, general EP Carlos Miranda, y le indicó que ordene el traslado de la tropa del cuartel Mesones Muro hacia la subestación seis. “El general me devuelve la llamada y me dice que los soldados son nativos, así que optamos por no usarlos”, sostuvo Contreras, tras señalar que “teníamos información que algunos soldados habían hecho un croquis para tomar por asaltó el cuartel y luego sacar el armamento”. Es así que Contreras ordenó que una tropa de cuarenta soldados de Chiclayo llegara a la subestación seis a las nueve de la mañana del cinco de junio. A esa hora el operativo de desalojo ya había empezado y los efectivos de la subestación ya estaban siendo torturados. Pero además, la tropa no llego a esa hora sino alrededor de las dos de la tarde. Durante la reunión en el CCFFAA, según refirió el general Contreras, no fijaron fecha para el operativo. “Nosotros no sabíamos nada, nos enteramos cuando ya estaba hecho. Me entero a las seis de la mañana y me pongo en comunicación con los generales Miranda y (Raúl) Silva (jefe de la Sexta Brigada de la Selva)”. Parece ser que también fue uno de los últimos en enterarse que los policías de la subestación seis habían sido asesinados por los indígenas. Según indicó el comandante García en su manifestación, a las cuatro de la tarde “un mestizo me informó que la turba de nativos había matado a unos cuantos policías”. ¿Qué hizo entonces García? ¿Se comunicó con el general Silva? La Fiscalía no parece haber investigado eso aún. Por lo pronto, el hecho es que García no hizo nada para rescatar a los policías con vida. “Yo no sabía lo que estaba ocurriendo (en la subestación seis). Yo no tenía conocimiento de nada, a mí no me llegó esta información. Voy a iniciar una investigación del caso porque si García sabía y no dio cuenta, tiene una gra| 209 |
ve responsabilidad. La orden es apoyar a la Policía. Si usted viene a visitarme (los nativos) y yo no puedo avisar a mi gente, lo mínimo que puedo hacer es pedir un reemplazo, está peligrando la vida”, sostuvo Contreras. IDL-SC ha obtenido el testimonio de uno de los sobrevivientes que fue encerrado junto con otros 19 policías en un taller de la zona industrial de la subestación seis por los indígenas. El policía detalla que en la madrugada del seis de junio, él junto con otros dos policías, fueron a pedir ayuda al cuartel Mesones Muro debido a que “había llegado uno de los 18 policías torturados en el monte con heridas graves”. “En ese momento decidimos ir al cuartel Mesones Muro en la camioneta de la compañía petrolera para pedir ayuda. Cuando llegamos, vimos que en el cuartel había otro policía herido de la subestación seis que logró escapar. Nos atendió el comandante que estaba a cargo del cuartel y le explicamos que teníamos un herido grave. Nos dijo que pensaba que todos estábamos muertos y que no nos iba a ayudar porque no tenía autorización de su comando”, aseguró el sobreviviente. “El colega que estaba liderando la delegación llamó desde el teléfono fijo del cuartel a la comisaría de Bagua y les contó que teníamos un herido. Pidió que lo comuniquen con el coronel (Humberto) Lúcar (jefe del regimiento policial en Bagua), pero le dijeron que estaba tomando desayuno y que pronto mandarían un equipo”, agregó el policía, quien refirió que “pasaron treinta minutos, y al escuchar que la Policía enviaría apoyo, el comandante decidió ayudarnos. Fuimos con su tropa a la zona industrial. Después de una hora recién llegó un helicóptero de la Policía”. Al ser consultado sobre las medidas que tomará, el jefe del CCFFAA indicó que esperará que concluyan las investigaciones. “El general Silva deberá responder por lo que haga o deje de hacer su unidad. El responsable del hecho es García, pero el comando que tiene control sobre García es Silva”, enfatizó Contreras.
Publicado el 23 de julio del 2009 | 210 |
Capítulo 38
¿Justicia para los deudos?1 Los deudos de los 24 policías asesinados en la Curva del Diablo y en la subestación seis se unieron no solo por el dolor de la pérdida sino para no sufrir los abusos burocráticos que, según enseña la experiencia de otros, victimizan aún en medio del duelo a los familiares de policías caídos cumpliendo su deber. IDL asumió el patrocinio de los deudos luego que un grupo de ellos, encabezados por Flor Vásquez, viuda del comandante PNP Miguel Montenegro, pidiera la asesoría de este instituto. A la vez, los cambios en Córpac dieron lugar a un cambio de actitud tanto del nuevo ministro Octavio Salazar como del nuevo director general PNP, general Miguel Hidalgo. Cuando IDL pidió una audiencia para exponer los problemas de los familiares, esta fue prontamente concedida. El martes 21 de julio, el ministro Salazar y el general Hidalgo recibieron en el despacho de aquél a los deudos de los policías y representantes de IDL. A pedido de los familiares, Antonio Salazar García, abogado del Instituto de Defensa Legal, planteó una agenda que además de contemplar las trabas burocráticas para realizar los trámites administrativos en las direcciones de Bienestar y Recursos Humanos de la PNP, incluía la atención psicológica inmediata a los policías sobrevivientes. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/24-07/justicia-para-los-deudos.htm | 211 |
El primer punto a tratar fue lo referente a las resoluciones ministeriales que hacían diferencia entre los policías asesinados en la estación seis y aquellos otros caídos en combate durante la intervención en la Curva del Diablo. Mientras que a los primeros se les consideraba como muertos en acto de servicio, a los segundos en acción de armas. “Todos han muerto en el mismo lugar, corregiremos ese tema”, refirió Salazar, quien tres día antes ya se había reunido con todos los deudos en la Dirección de Bienestar de la PNP para informar sobre los avances en las gestiones del pago de sus beneficios. Asimismo, los deudos solicitaron al titular del Interior que asuma el compromiso hecho por Cabanillas, quien pocos días después de lo ocurrido en Bagua anunció públicamente que los familiares que no contaban con una vivienda propia, tendrían acceso a un bono de 35 mil soles del programa Techo Propio, del ministerio de Vivienda, para que puedan comprar una casa. El saldo lo cubriría el Fovipol. Sin embargo, cuando los familiares iniciaron estas gestiones, los funcionarios del Fovipol les indicaron que solo otorgaban préstamos. Sobre este punto, Salazar indicó que se reunirá con “el equipo de la Dirección de Economía para buscar alguna alternativa a este tema”. “Haré todo lo posible, pero no les prometo nada”, añadió. Otro de los problemas está relacionado al decreto de urgencia Nº 066-2009, emitido por Cabanillas, donde se autoriza la entrega de una compensación extraordinaria de 55 mil soles a los deudos de Bagua. Antes de este decreto, el seguro de vida de alrededor de 22 mil soles era entregado a los deudos en función a una carta declaratoria escrita por el policía. Este decreto la invalidó. “Tenemos que respetar este decreto, pero evaluaremos caso por caso para llegar a una solución armónica”, sostuvo Salazar. De otro lado, el abogado del IDL informó a Salazar y al general Hidalgo el deseo de los familiares de participar en “la comisión de la verdad” creada por el gobierno para investigar los hechos ocurridos durante el operativo de desalojo en la Curva del Diablo. | 212 |
También solicitó atención psicológica y descanso médico para los sobrevivientes debido a que la gran mayoría aún tiene secuelas físicas, así como el reembolso de los gastos de traslado por cambio de colocación. En ese sentido, el ministro indicó que todos tendrían sesenta días de descanso además de ser sometidos a un tratamiento psicológico. Hidalgo también anunció que “a fin de mes las unidades de la Diroes contarán con psicólogos para atender a los sobrevivientes. También se reintegrará el dinero a los policías que por el cambio de colocación se habían hecho cargo de sus viáticos”, agregó Hidalgo Además, dispuso que el inspector general de la Policía, general PNP Carlos León, junto con el equipo que investiga el caso, y el jefe de la Dirincri, general PNP Félix Murga, expongan el avance de las investigaciones administrativas al comando que lideró el operativo. Durante dicha reunión, que se llevó a cabo ese mismo día en la Inspectoría, el jefe de la dirección de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría (Diriad), Mauro Medina, informó que el cinco de junio viajó el equipo de investigaciones número seis de la Diriad, al mando del coronel Germán Campero, para recabar manifestaciones y documentos. Campero refirió que el 19 de junio los generales Javier Uribe (jefe de la Dirección Territorial San Martín-Amazonas) , Luis Muguruza (jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales), y Bernabé Garavito (jefe de la Dirección Ejecutiva de Operaciones Especiales) rindieron sus manifestaciones, pero que serán interrogados nuevamente debido a que hay nueva información que contradice sus declaraciones. “Aquí se tendrán que asumir las responsabilidades. Aquí nadie ejercerá ningún tipo de presión”, sostuvo León, quien adelantó que los tres generales ya han sido cambiados de colocación. Publicado el 24 de julio del 2009 | 213 |
Capítulo 39
¿Justicia para los deudos?1 (La secuela) A dos meses de ocurrido el operativo policial de desalojo en Bagua, las autoridades del ministerio del Interior persisten en poner trabas para impedir que los deudos de los policías caídos accedan a los beneficios que les corresponden por ley. Debido a esta situación, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, se reunió ayer con los familiares de seis policías, quienes horas antes denunciaron públicamente el incumplimiento de los compromisos asumidos por el ministro del Interior, general PNP (r) Octavio Salazar, y el director general de la Policía, general PNP Miguel Hidalgo. “No me gusta que con la muerte de estas personas, que entregaron su vida al país, se trafique políticamente. Yo voy a buscarle una salida legal a esto. Porque aquí hay compromisos y se tienen que cumplir. Si (el ministro) no lo resuelve, lo asumiré como instancia. Yo veré cómo consigo resolver esto”, aseguró Velásquez Quesquén a los deudos durante una reunión llevada a cabo desde las seis y media de la tarde en la PCM.2 1 http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/07-08/justicia-para-los-deudos.htm 2 Escuchar extractos del audio de la reunión del premier con los familiares de los caídos en Bagua http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/07-08/a.mp3 | 215 |
Tal como informó IDL-SC en una anterior publicación, el 21 de julio pasado, Salazar e Hidalgo recibieron en el despacho de primero a los familiares y representantes del Instituto de Defensa Legal, quienes asumieron desde los primeros días de julio la defensa de los deudos.3 En dicho encuentro, Salazar se comprometió a emitir una nueva resolución ministerial que considerara a los policías asesinados en la subestación seis como caídos en acción de armas y no en acto de servicio, al igual que los efectivos que murieron en combate durante el operativo de desalojo en la Curva del Diablo. “Todos han muerto en el mismo lugar, corregiremos ese tema”, refirió Salazar en ese entonces, quien también se comprometió a resolver el caso de la madre del suboficial de tercera José Alberto García Guzmán (21), Rosa Amalia Guzmán García, a quien se le había negado el pago de pensión a pesar de haber acreditado ante la Dirección de Bienestar de la PNP que su hijo era el único sostén del hogar. Además, el director general de la PNP indicó que a los sobrevivientes de Bagua se les daría un descanso de sesenta días. “A fin de mes las unidades de la Diroes contarán con psicólogos para atender a los sobrevivientes. También se reintegrará el dinero a los policías que por el cambio de colocación se habían hecho cargo de sus viáticos”, aseveró Hidalgo en ese momento. Sin embargo, eso no ocurrió. Algunos de los sobrevivientes han sido enviados a comisiones y otro tanto a cubrir el servicio de vigilancia en empresas mineras. Prueba de ello es que el técnico PNP Prudencio Larico Mamani, uno de los policías que logró sobrevivir en Bagua, murió durante el ataque senderista a la comisaría de San José de Secce.
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Ver ‘¿Justicia para los deudos’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/24-07/justicia-para-los-deudos.htm
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Sobre estos puntos, que también fueron expuestos por los familiares en la PCM, Velásquez Quesquén indicó que “la idea del gobierno es cumplir en el marco de la ley con todos los compromisos asumidos. Hay algunos temas que se pueden resolver inmediatamente, (pero) lo de ustedes no es una ayuda, es un derecho”. Asimismo, aseguró que hará las gestiones necesarias con el ministro de Vivienda, Francis Allison, y el ministro Salazar para que los familiares de los policías fallecidos accedan a una vivienda propia, uno de los compromisos asumidos por la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. A pesar de lo dicho por el premier, el director general de la Policía anunció hoy -en una conferencia de prensa- que la madre del suboficial José Alberto García Guzmán no recibirá la pensión por fallecimiento. “Hay familiares a los que no les corresponde (el pago de pensión) porque el ordenamiento legal así lo establece. La señora está reclamando su pensión, y la ley dice que se le otorga la pensión al deudo del policía que fallece cuando se demuestra que ese policía era el sostén económico de esta persona. La señora García, en principio, es casada con un suboficial del Ejército, vive en la villa militar, tiene una AFP. Sin embargo, le hemos pedido que nos presente documentos que nos permitan a nosotros acceder a ello para estar en consecuencia con la ley. Si no, estaríamos haciendo mal uso de los recursos del Estado”, enfatizó Hidalgo, quien parece no recordar que durante la reunión que sostuvo con los deudos tanto él como el ministro del Interior aseguraron lo contrario. Publicado el 07 de agosto del 2009
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Capítulo 40
Promesas y mecidas1 El martes once de agosto, a las 2:30 p.m., el ministro del Interior, Octavio Salazar, y el director general de la Policía, general PNP Miguel Hidalgo, se reunieron una vez más con los deudos de los policías asesinados en Bagua para informarles sobre los avances relacionados con el pago de sus beneficios. Durante el encuentro, Salazar anunció que solo estaba pendiente el pago de la pensión a la madre del suboficial de tercera José Alberto García Guzmán (21), Rosa Amalia Guzmán García, a quien se le había negado este beneficio por estar casada con un militar en actividad, pese a haber acreditado ante la Dirección de Bienestar de la PNP que dependía económicamente de su hijo. “El tema de la pensión está solucionado. Solo hay un caso: la señora tendrá que ver la manera de cómo justificar. Nosotros no podemos disponer y ordenar las cosas porque podemos dejar sin piso a las personas que son las que firman las resoluciones”, aseguró Salazar. Cabe señalar que la semana pasada también se realizó una reunión en la PCM entre los deudos y el premier, Javier Velásquez Quesquén. Éste se comprometió a resolver el caso si Salazar no lo hacía. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/13-08/promesas-y-mecidas.htm | 219 |
Quizá lo novedoso del encuentro del martes fue el anuncio de Salazar respecto a la entrega de un bono a los deudos para que puedan tener acceso a una casa del programa Techo Propio, como resultado de un convenio suscrito entre el ministerio del Interior y el de Vivienda. A pesar de estos avances, aún hay temas pendientes como la publicación de la resolución ministerial que considerará a los efectivos muertos en la subestación petrolera seis como caídos en acción de armas y no en acto de servicio como hasta ahora. Si bien Salazar indicó que hoy iba a ser publicada dicha resolución en el diario oficial El Peruano, esto no ocurrió. Pero lo que resulta más preocupante es lo poco que ha hecho la PNP para salvaguardar la salud física y psicológica de los sobrevivientes de lo que ha sido la peor catástrofe en la historia de la Policía con el mayor número de efectivos muertos en un operativo. El 21 de julio, Salazar e Hidalgo se reunieron por segunda vez con los deudos de los policías asesinados y representantes del Instituto de Defensa Legal (IDL). La reunión se llevó a cabo en el despacho ministerial. Entonces, Hidalgo se comprometió a darles “sesenta días de descanso a los sobrevivientes para que se recuperen”. “He dispuesto que se instale un grupo de psicólogos (en la Dinoes)”, agregó Hidalgo, quien fue respaldado por el ministro Salazar: “Les daremos sesenta días para que estén con sus familias”. Pero ahora, tres semanas después, Hidalgo asegura que los sobrevivientes “no tienen derecho” a ese descanso. “Nosotros tenemos el razonamiento, la lógica y el criterio para darles facilidades, trabajos administrativos, (descansos) pasivos. ¿Por qué sesenta días no? Si yo le doy sesenta días, en la lista de revista va a aparecer como sesenta días y seguramente la ley establece que no les paguen. No podemos avasallar a la institución de esta manera. Les hemos dado las facilidades para que puedan reencontrarse con ellos mismos”. | 220 |
Pero, ¿qué es un descanso pasivo? Según la Policía, aquello que solo implique el uso de las facultades necesarias para desarrollar únicamente trabajos administrativos. Bajo esa premisa, entonces los altos mandos policiales estarían en permanente estado de descanso pasivo. IDL-SC conversó con algunos de los sobrevivientes que aún tienen secuelas físicas y refirieron haber tenido a lo sumo quince días de descanso médico antes de ser reincorporados a sus unidades. No pocos fueron enviados casi de inmediato a comisiones de servicio y otro tanto tuvo el denominado descanso pasivo. Para aquellos que pidieron su cambio de colocación a otra unidad, la situación no ha sido distinta. IDL-SC pudo conocer, por ejemplo, que uno de los sobrevivientes pidió vacaciones, pero se las negaron a pesar que le correspondían aún antes de los sucesos en Bagua. Pero para Hidalgo, “todos los sobrevivientes, vamos a decirlo así, todos nos han pedido hacer un servicio en la mina. Porque ahí pagan sus tres mil soles al mes. Ahora, uno le dice después de un ataque, descanse, recuéstese, le van a poner un psicólogo, un doctor. No, yo me voy a mi mina, no quiero descansar”. Su trayectoria indica que Hidalgo es un buen hombre. Pero parece que el cargo de director general no actúa precisamente como un estimulante ni de la consistencia ni del cociente intelectual. Por lo pronto, Hidalgo no debería desconocer ni renegar de lo que ofreció y dijo. Además, debería entender que la minucia burocrática no debe jamás impedir que un jefe vele por el bienestar de sus subordinados, especialmente de aquellos que necesitan el tiempo y los cuidados para recuperarse bien de las heridas físicas y espirituales sufridas en la nefasta jornada del cinco de junio. Publicado el 13 de agosto del 2009 | 221 |
Capítulo 41
Inteligencia para ciegos1 Ahora se sabe que los jefes policiales que dirigieron el fatídico operativo de Bagua, tuvieron conocimiento de detallados informes de inteligencia sobre la volátil situación en la estación seis. Pero que no hicieron nada por reforzar a los policías de la estación, evacuarlos o salvarlos. Desde por lo menos un mes antes de la toma de la subestación petrolera seis durante el operativo policial de desalojo en la Curva del Diablo, el jefe de la Región Policial de Amazonas, coronel PNP Francisco Giraldo, recibió diariamente reportes sobre lo que ocurría en las instalaciones y alrededores de dicha estación, así como informes de apreciación de inteligencia. El jefe policial de la subestación en ese entonces, el mayor PNP Wellington Gómez Medina, relevado el domingo 31 de mayo por el comandante PNP Miguel Montenegro, reportó cada doce horas, vía telefónica, sobre el incremento del número de nativos en la zona, así como el tipo y cantidad de armamento con el que contaban los indígenas. Según indicaron fuentes de IDL-SC, en seis oportunidades el coronel Giraldo se comunicó con el mayor Gómez para recibir sus informes. En dichas comunicaciones, según pudo conocer IDL-SC, se hacía referencia a que “a inicios de mayo habían 300 nativos y conforme pasaron las semanas 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/26-08/inteligencia-para-ciegos.htm | 223 |
resultaron ser dos mil 500. Los nativos, la mayoría ex combatientes del Cenepa, tenían escopetas, dinamita y lanzas con punta de metal”. Hasta donde IDL-SC pudo conocer, uno de los reportes indicaba que en cualquier momento los nativos tomarían la subestación seis, y que de ser así no tendrían el apoyo de los ochenta soldados que permanecían en el cuartel del Ejército Mesones Muro, a cargo del comandante EP David García Cabreros, debido a que la mayoría era de la zona. En ese sentido, el 12 de mayo, el mayor Gómez Medina envió una apreciación de inteligencia a la jefatura policial de Amazonas vía fax, desde la subestación petrolera. Esta daba cuenta que días antes un grupo de nativos intentó tomar la subestación, pero que desistieron debido a que los policías lograron disuadirlos. “Después de este suceso se pidió que se envíen refuerzos del Ejército”, indicó una fuente de IDL-SC. En vista de que en cualquier momento podrían ser atacados, los policías que permanecían en la subestación idearon un plan de seguridad, que ensayaron todos los días. “Estaban preparados para lanzar gases lacrimógenos y utilizar las perdigoneras de ser el caso. Si con ello no se lograba repeler el ataque, estaban dispuestos a disparar con sus fusiles”, relató otra fuente. Cabe señalar, además, que luego de ser relevado por el comandante Montenegro, el 31 de mayo, el mayor Gómez realizó otro informe donde señalaba todo lo antes expuesto en sus reportes orales y en el informe de apreciación de inteligencia de inicios de mes. Este también fue entregado a las oficinas pertinentes. Luego de tres meses de investigación, la Inspectoría concluyó que los generales PNP Luis Muguruza (ex jefe de la Dinoes) y Javier Uribe (ex jefe de la Región Policial de Tarapoto) sí tuvieron conocimiento de los informes de Inteligencia, pero no los tomaron en cuenta al momento de realizar el operativo. Entre tanto, el Tribunal Administrativo Disciplinario, presidido por el general PNP Bernabé Garavito, devolvió ayer el informe al jefe de la Direc| 224 |
ción de Investigaciones de la Inspectoría (Diriad), general PNP Mauro Medina, con algunas observaciones a fin de que se amplíe la investigación. El general Medina ya ha tomado los descargos tanto de Uribe como de Muguruza. El coronel Giraldo lo hará mañana y Garavito podría ser el siguiente en rendir su manifestación. Fuentes de Inspectoría indicaron que el jefe del Tribunal podría ser comprendido en las investigaciones debido a que durante el operativo de desalojo en Bagua ejercía el cargo de jefe de la Direop. De ser así, tendría que inhibirse en la investigación debido a que el tribunal que preside es la segunda instancia para resolver los casos que ve la Inspectoría. Publicado el 26 de agosto del 2009
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V. Lucha policial contra Sendero en el Huallaga
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Capítulo 42
Sendero cobra fuerza en el Alto Huallaga1 Diversos reportes y testimonios de efectivos de las fuerzas de seguridad destacados en el Alto Huallaga coinciden en señalar que, en lugar de debilitarse, Sendero Luminoso se ha fortalecido después de asimilar el golpe que significó la muerte de “Clay” (Héctor Aponte) el 19 de febrero de 2006. El fortalecimiento de Sendero en el Alto Huallaga es ya evidente en el aspecto operativo para los policías destacados en el área: los hostigamientos contra las fuerzas de seguridad son más frecuentes y más audaces. Incluso ha habido un par de incursiones senderistas contra las fuerzas policiales y los erradicadores del Corah, que, por fortuna, no tuvieron éxito, pero que ilustran un nivel de osadía de los senderistas, que no existía antes. Al caer la tarde del Día del Padre, el 17 de junio, una bomba detonó dentro de la base de Santa Lucía. La explosión se produjo en el área de acantonamiento de los erradicadores del Corah y, salvo el efecto de concusión, no produjo víctimas ni daños. Sin embargo, provocó una considerable confusión dentro de la base, donde policías y erradicadores celebraban el Día del Padre. A esa hora, un porcentaje relativamente importante de personas en la base no se encontraban en condiciones de pasar un test de alcoholemia. 1
http://seguridadidl.org.pe/destacados/2007/04-07/texto.htm | 229 |
Todo indica que la explosión tuvo como objeto distraer a los efectivos policiales para facilitar la incursión de senderistas en el lado opuesto de la base, el que da al río. Cerca de esa zona se encuentra la armería de la Base. Por fortuna, un pequeño grupo de efectivos de la DINOES, que no había participado en las celebraciones y se encontraba en el área, abrió fuego contra los senderistas y repelió el intento de ingresar a la base. Recién entonces reaccionó el grueso del contingente policial, con diversos grados de sobriedad, se ocuparon emplazamientos, y luego de nutridos disparos, fue evidente que el peligro había sido conjurado. En la zona del Corah, dentro de la Base, fue capturado un presunto senderista, que se había camuflado como erradicador. Después de un interrogatorio policial, el detenido contó los detalles del plan de ataque. “El ataque fracasó, es cierto” dijo un efectivo policial, “pero lo importante es que se hayan atrevido. Antes, cuando había solo 35 efectivos para cuidar toda la base, nunca intentaron atacar. Y ahora que hay cuatrocientos policías no tienen miedo de atacar”. Infiltracion Nocturna Un episodio que pudo tener peores consecuencias acaeció tres días después del ataque del Día del Padre. En la zona de Yanajanca, en la margen izquierda del río Huallaga, centenares de trabajadores del Corah llevan a cabo operativos de erradicación desde abril. Los erradicadores son protegidos por policías de la DIRANDRO. Por la noche, erradicadores y policías pernoctan en campamentos armados en pleno campo. Al centro duermen los obreros del Corah y los policías establecen un perímetro exterior de seguridad, donde, mientras unos duermen, otros hacen servicio de centinela. Algunos kilómetros más allá hay campamentos del Ejército y la DINOES. Esa noche pernoctaban alrededor de doscientos obreros del Corah y cien policías, que no podían resguardar todo el perímetro sino ocupaban posi| 230 |
ciones cercanas entre sí. Vale la pena indicar que estos policías no disponen de visores nocturnos o sensores de movimiento. En la madrugada, un policía que salía a hacer aguas menores, vio a una persona internándose hacia el campamento del Corah. Al darle el alto y exigirle la contraseña, el individuo huyó. Después del alerta general, los policías descubrieron que no solo había ingresado una sino dos personas, que pudieron escapar. Dejaron, sin embargo, en el lugar, una mochila con cien cartuchos de dinamita, preparados para detonar. Además del explosivo, la mochila tenía clavos, para que actuaran como metralla en la explosión. El objetivo, obviamente, era colocar la mochila en medio del campamento del Corah, donde los obreros duermen apretujados, para provocar el mayor número posible de víctimas. En este caso, la salida providencial del policía evitó el atentado. Los mismos policías que protegen a los erradicadores han visto aumentar el número de “cazabobos”, trampas explosivas que ponen los senderistas en los campos por erradicarse. Lo más importante es que los policías saben y sienten que los senderistas están siempre cerca, hostigándolos continuamente y tratando de preparar emboscadas donde sea posible. El pasado 12 de abril, durante un operativo de erradicación, se produjo la emboscada en la que murió el trabajador del Corah, Edgardo Ricota, y quedaron cinco policías heridos. Durante el largo enfrentamiento, un mando militar senderista entró en la frecuencia radial de la Policía y entabló un extraño diálogo, que luego de los insultos de rigor, entró en una especie de debate político. En determinado momento, el senderista alardeó de haberlos tenido en la mira, y haberlos “perdonado” cuando los policías se bañaban desarmados en el río Huallaga. Por las huellas de sangre que después encontraron en el monte, los policías creen que el senderista entabló el diálogo para distraerlos mientras retiraban a sus heridos, o muertos. El fortalecimiento de Sendero no se debe solamente al rechazo que provoca la erradicación forzosa en el Alto Huallaga. También viene aparejado con | 231 |
un visible deterioro en la eficacia de la acción antisubversiva de las fuerzas de seguridad, tanto en inteligencia como en el aspecto operativo. Los grupos de la DIRANDRO encargados de la protección del Corah específicamente, tienen serios problemas de entrenamiento, planeamiento y, además, desánimo. “No hemos tenido ningún entrenamiento significativo en tiro; ni hablar de entrenamiento de combate en selva, de acciones de pequeñas unidades, de enfrentamiento nocturno. Hay poquísimos visores nocturnos. Encima de eso, hace poco mandaron como refuerzos de Lima a policías de escritorio, a los que enviaron al monte con cero entrenamiento”, dice un policía de la zona. Ese grupo de policías administrativos sufrió por lo menos un accidente con arma de fuego, que le costó el dedo a uno de ellos. Además, sostienen los policías, el período de servicio sin permiso es exageradamente largo. Como consecuencia de eso, la principal diversión en los días que no están en el campo, es el alcohol. Los funcionarios de la NAS, de la Embajada de Estados Unidos, que buscan alcanzar la meta de diez mil hectáreas erradicadas este año (hasta la fecha solo han erradicado algo más de dos mil), presionan a los mandos policiales para que salgan con mucha más frecuencia de lo aconsejable. Los policías resienten la excesiva influencia de la NAS en las decisiones operativas de su alto mando. Un equipo de Seguridad Ciudadana y la revista Ideéle realizó entrevistas con policías en el Alto Huallaga, durante un reciente viaje a la zona y recogió, durante casi una semana de reportaje, detalles de primera mano sobre el curso de la llamada “guerra anti-drogas” y el de las acciones antisubversivas. Un informe completo aparecerá en el próximo número de la revista Ideéle. Publicado el 04 de julio del 2007
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Capítulo 43
El Operativo Volcán en Cerro Azul1 La pequeña batalla en el Cerro Azul del Alto Huallaga en la madrugada del martes 27 ha sido un importante revés táctico para Sendero Luminoso, que pudiera tener alcance estratégico si la Policía mantiene la iniciativa y explota las ventajas anímicas y de inteligencia logradas en ese encuentro. Un ganador colateral de este triunfo es el ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien no perdió tiempo en llegar hasta el lugar del enfrentamiento para lograr una oportunidad fotográfica que casi transpira a resurrección política. Hasta hace pocos días, LAC era el espectro del gabinete, un ministro políticamente comatoso, cuya sobrevivencia era puramente vegetativa. Su reciente activismo, que pareció una desesperada vocación por la adrenalina después de meses de catatónica incompetencia, parece estarle rindiendo frutos. Sigue cometiendo errores básicos –como indicar que el grupo desbaratado, del Huallaga, tuvo algo que ver con la emboscada en Ocobamba (todo indica que fue perpetrada por grupos bajo la esfera de influencia del VRAE), pero lo cierto es que el éxito logra que hasta los dislates se soslayen. ¿Cuáles son los hechos más importantes del Operativo Volcán? Algunos de ellos: 1
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• Guerra de veteranos: en un país de memorias cortas, un hecho muy importante es que en el Huallaga sirven algunos oficiales policiales con larguísima experiencia en la lucha contra Sendero. El más importante de todos, ciertamente, es el coronel PNP Luis Valencia Hirano, el legendario “Ingeniero” en el día de la captura de Abimael Guzmán. Valencia Hirano fue ese día el que llegó primero al cuarto donde estaba Guzmán, a quien encañonó. Fue también el que, ahogándose por la emoción, anunció por radio al jefe del GEIN, Benedicto Jiménez (“Físico” aquel día), que acababan de capturar al “Cachetón”, mientras el otro integrante de ese trío histórico, Marco Miyashiro (“Químico” ese día), terminaba de controlar la situación. De esos tres policías, sólo el “Ingeniero” Valencia Hirano permanece en actividad. Su experiencia, conocimiento del enemigo y aplicación de los métodos del GEIN, ha sido y seguramente seguirá siendo decisiva. El jefe senderista “Artemio” quien tiene a su vez una prolongada experiencia guerrillera en el Alto Huallaga, enfrenta ahora a veteranos de la Policía que tienen mayor experiencia, memoria y motivación que la suya. • La incursión sorpresiva en Cerro Azul representa un traslado exitoso de los métodos urbanos del GEIN al entorno rural.2 • La importancia de la acción estriba en que se trata de la primera vez que la Policía logra una sorpresa táctica sobre un grupo de la fuerza principal de Sendero Luminoso en el Huallaga. La cantidad y entidad de armamento en condiciones de uso inmediato –en relación al número de senderistas- indica sin margen de duda que JL estaba acompañado por un grupo de fuerza principal senderista3. Sorprender a un enemigo que había hecho de la sorpresa su ventaja comparativa, merced a su conocimiento del territorio y sus redes de informantes, significa que esta vez la Policía manejó mejor la inteligencia, los informantes y el terreno que los senderistas. Esto no había sucedido antes. 2 Versión de cómo fue la acción a través de sus participantes. http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/28-11/comando_policial.doc 3 Relación de armamento capturado, su estado de operatividad y otros pertrechos. http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/28-11/listado_armamento.doc | 234 |
• Algunos senderistas escaparon en medio de la refriega. No está claro cuántos, ni quiénes. Pudieron haber sido dirigentes importantes o solo otros combatientes. Eso posiblemente se sepa en los siguientes días. • ¿Cuán importante era JL? Se lo ha presentado como el segundo al mando del virtualmente autónomo Comité Regional del Huallaga, de Sendero Luminoso; pero todo indica que no es así. Incluso, en una exposición de estamentos especializados de la PNP, hecha poco tiempo antes de la operación, JL aparece solo como un combatiente de la Fuerza Principal.4 Sin embargo, la importancia de esta acción está fuera de toda duda. Pero dicha importancia es táctica, antes que estratégica. Un policía con conocimiento experto sobre Sendero Luminoso dijo a IDL-SC que JL “es el tercer miembro del Comité Regional Huallaga y que si lo vemos desde la importancia y el nivel que tienen el muerto y el capturado, es una operación exitosa, que merece reconocimiento, porque se conjuga la inteligencia, la paciencia y sobre todo, se explota los errores del enemigo de salir de sus madrigueras a lugares donde la policía cuenta con informantes. Ahora, de la célula de dirección del CRH, quedan dos, Artemio y Piero o Lee”. La fuente agregó que Julián, “no es el ideólogo, tiene formación política y es un antiguo militante que estuvo preso, de la línea de los acuerdistas, pero que plantea la solución política con la lucha armada”. “Es un éxito táctico, que requiere ser reconocido, pero no entrar en el triunfalismo barato de decir que el CRH está destruido, tienen un gran poder de recuperación, así lo han demostrado. JL era antiguo militante, pero un cuadro sin mayor formación ideológica y política. Su muerte se sentirá en el CRH, pero consideró que ya tienen el reemplazo de los que están saliendo de las cárceles”, dijo el experto policial. Entre las versiones apresuradas sobre el enfrentamiento, una curiosa mencionó que JL había caído por asistir a una pollada. Uno de los oficiales que participó en la operación dijo a IDL-SC que “solamente le voy a decir lo si4
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guiente: en el monte no hay polladas. Dicen que estaba en una reunión… ¿van a ir con una carga de dinamita? ¿Van a ir con todo su arsenal? Con todos sus uniformes, con su mochila de campaña, donde llevan… porque ellos andan con uniforme y se ponen otro para el combate. A una fiesta no voy a ir con toda mi columna”. Como se ve, esta operación policial marca un hito en la cantidad de armamento y material incautado y es para SL un golpe mucho más contundente que la muerte de Víctor Aponte Sinalagua, alias “Clay” en febrero de 2006. Publicado el 28 de noviembre del 2007 La exitosa operación policial en Cerro Azul no sólo significó un importante revés para Sendero Luminoso en el Huallaga sino que logró también valiosos hallazgos de inteligencia para el equipo policial que ejecutó el impecable operativo. Además de la copiosa documentación encontrada, los agentes pudieron determinar que parte de las armas confiscadas fueron sustraídas en tres emboscadas diferentes, que los senderistas ejecutaron durante los tres años anteriores, contra patrullas de las fuerzas de seguridad en el Huallaga. La Policía también descubrió en manos de los terroristas detenidos un audio grabado durante la emboscada del 14 de junio del 2007, en Tocache5. En su interrogatorio, Atilio Cahuana Yuyali, capturado durante la operación en Cerro Azul y considerado por la Dircote como el ‘ideólogo’ del Comité Regional del Huallaga, sorprendió a las autoridades con una información inesperada. Según Cahuana, también conocido como el ‘camarada Iván’, la organización de Sendero Luminoso en el Huallaga habría negociado su rendición en dos oportunidades. Una bajo el gobierno de Alejandro Toledo y la otra bajo el de Alan García. 5
Ver ‘Lo que revelan los fusiles’: http://seguridadidl.org.pe/destacados/2007/05-12/texto1.htm
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Capítulo 44
Lo que dicen las comunicaciones radiales
El operativo contra ‘Piero’1 Casi un mes antes, En la madrugada del jueves 17 de abril, dos patrullas policiales se acercaban, una en forma abierta y la otra sigilosamente al campamento en la zona del Monzón donde se encontraba el entonces lugarteniente de Artemio: ‘Piero’, junto con otros 14 senderistas armados. Sin embargo, un operativo cuidadosamente planificado, con base en inteligencia precisa, se frustró por dos accidentes de arma de fuego totalmente prevenibles. Esta vez Piero no previó la sorpresa. Él, que buscaba el descuido en los demás, para sorprenderlos, fue sorprendido en un descuido. A las 11 de la noche del domingo 18 de mayo, una patrulla del Ejército, del batallón de comandos 313, sorprendió a un grupo de cinco senderistas entre los que se encontraba el número dos de Sendero Luminoso en el Huallaga. ‘Piero’ habría sido abatido durante el enfrentamiento en Sachavaca, distrito del Monzón. Precisamente en la misma zona de dónde el número 2 de Sendero escapó hace unas semanas de un cerco de la Policía.2 1 2
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/21-05/El-cerco-a-Piero.htm Ver ‘Se escapa un disparo y ‘Piero’ escapa’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/2804/piero-escapa.htm | 237 |
Según ha podido conocer IDL-SC, ‘Piero’ (seudónimo de Juan Laguna Domínguez) había llegado hasta el caserío de Sachavaca, y se instaló en una de las chozas el domingo en la mañana. Todo indica que se trataba de una celebración. Se encontraron dos cajas de cerveza y restos de comida. ‘Piero’ llegó hasta allí sólo con cuatro miembros de su columna, que está conformada por quince personas. Aún cuando no se ha confirmado la muerte de ‘Piero’, los organismos de seguridad habrían captado dos comunicaciones radiales entre los terroristas que indicarían que este mando subversivo resultó muerto. La primera, minutos después del enfrentamiento, y la última a la una de la mañana. Según fuentes consultadas, la primera comunicación radial es la siguiente: “Júpiter está herido”. Júpiter es el nombre con que los senderistas identifican al camarada ‘Piero’. En la segunda comunicación radial se escucha: “Júpiter está muerto”. La respuesta habría sido: “Dejen el cuerpo”, seguida por una contraorden: “Súbanlo, súbanlo”. Desde el martes patrullas combinadas de la Policía y el Ejército vienen buscando el cuerpo de ‘Piero’ en el corredor que une el Monzón con Aucayacu, la que era su zona de influencia. Este operativo evidencia un conjunto de hechos que merecen ser resaltados: • La acción se enmarca dentro de una ofensiva sistemática contra Sendero llevada a cabo por la Dircote en el Huallaga, dirigida por el coronel Luis Valencia Hirano. Bajo el comando del jefe del frente policial del Huallaga, general Edwin Palomino se han dado consecutivos golpes a la organización senderista.3 • La participación del Ejército vigoriza la nueva etapa de trabajo coordinado entre el Ejército y la Policía en la lucha contra el senderismo en el Huallaga. El antecedente inmediato de labor conjunta entre las fuerzas de seguridad fue la frustrada captura de ‘Piero’ el 17 de abril.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/07-05/artemio.htm
• Se ha incautado una considerable cantidad de armamento y municiones, que indica que los senderistas que huyeron están desarmados (Ver inventario de armas y efectos capturados hecho por las autoridades en el lugar del enfrentamiento)4. Huir abandonando las armas indica cuán completa fue la sorpresa. Puede tratarse de dirigentes importantes o solo otros combatientes. Eso probablemente se conocerá en los siguientes días. Publicado el 21 de mayo del 2008
Según fuentes de la Policía y del Ministerio Público las evidencias indican que fue Artemio Silva Huamanta, conocido como el ‘Camarada Leo’ quien asesinó a Juan Laguna Domínguez, llamado también ‘Camarada Piero’, nada menos que la mano derecha del líder senderista en el Huallaga. Sin embargo, el ministerio de Defensa se ratificó en la información que diera en el sentido de que una patrulla del Ejército había sostenido un enfrentamiento con la columna de ‘Piero’, en el cual éste habría muerto. Pero el cuerpo, a pesar de una prolongada búsqueda, nunca apareció.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/21-05/lista.htm | 239 |
Capítulo 45
Detenciones arbitrarias en Aucayacu1 Con todo el lío mediático provocado por la resolución de una jueza que ordenó el ascenso de un coronel de la Policía, dos noticias producidas en el Valle del Huallaga pasaron virtualmente desapercibidas la semana pasada: la primera fue la captura de tres supuestos mandos terroristas en Aucayacu, en un aparatoso operativo de la Policía, que fue anunciada por todo lo alto por el ministro del Interior, Luis Alva Castro. La segunda fue su inmediata liberación, al comprobarse que ninguno de ellos tenía vínculos con Sendero Luminoso. Ni Alva Castro ni el director de la Policía, general Octavio Salazar han explicado qué fue lo que ocurrió. Ciertamente, el error de la Policía en estos hechos desluce la destacada labor que viene realizando el Frente Policial Huallaga, comandado por el general Edwin Palomino, y sobre el que ya hemos dado cuenta en anteriores ocasiones.2
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/13-06/detenciones-arbitrarias-en-aucayacu.htm Ver ‘Las campañas contra ‘Artemio’ en el Alto Huallaga’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/07-05/artemio.htm | 241 |
Pero también evidencia el afán de figuración del ministro del Interior para mostrar, a como dé lugar, supuestos resultados en la lucha contra el terrorismo. Y es que LAC no perdió tiempo para promocionar la última captura en la prensa. ¿Cómo fue la operación? IDL- SC ha podido conocer que el operativo estuvo a cargo de un equipo especial de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional que llegó especialmente a Tingo María. Contando con “la autorización del comando”, según las fuentes consultadas, el equipo de la DIRIN, a cargo del mayor Juan Carhuacuri Pino, y con el apoyo del personal de la Comisaría de Aucayacu, procedió a la detención de Eva Ramos Yucra, Segundo Vela Pezo y Guillermo Estrada Velásquez, bajo la acusación de ser importantes cuadros del Comité Urbano de Sendero Luminoso en Aucayacu. El 4 de junio el equipo de la DIRIN había confirmado la requisitoria de las tres personas por delito de terrorismo en el IV Juzgado Penal de Huanuco. Sin embargo, un día antes (3 de junio) la Sala Penal Nacional había levantado ya las órdenes de captura, pero en el sistema de requisitorias aún las órdenes estaban vigentes. De acuerdo a lo que pudo averiguar IDL-SC, para la operación no se escatimó el uso de todos los recursos. El Frente Policial del Huallaga movilizó el helicóptero MI-17 para trasladar a los supuestos terroristas de Aucayacu a Tingo María. Los tres detenidos fueron enmarrocados y presentados a la prensa en ambos lugares como mandos senderistas. Cada uno inclusive fue presentado con sus presuntos seudónimos. Pero eso no era cierto. Si bien a los tres se les inició un proceso por terrorismo en el 2005 al encontrarlos mencionados en una lista incautada al senderista Toribio Castañeda Quijano (conocido como ‘Pinto Pinto’) el proceso judicial y las investigaciones determinaron que no existía evidencia de su vínculo con Sendero. La primera fiscalía superior penal de Huanuco solicitó archivar del caso, y la Sala Nacional Penal aceptó el pedido. | 242 |
Existió apresuramiento y nulo trabajo de inteligencia. El equipo especial recién llegado de Lima ni siquiera coordinó o consultó sobre estos mandos con la jefatura de la DIRCOTE en el Huallaga, a cargo del coronel Luis Valencia Hirano. En especial, porque este equipo es el que ha llevado a cabo los golpes más significativos contra Sendero Luminoso. Ninguno de los detenidos figuraba en los archivos de la DIRCOTE como mandos, miembros o combatientes de ‘Artemio’. ¿Quiénes son? Guillermo Estrada es un carnicero en Aucayacu. Eva Ramos Yucra se dedica al comercio de papaya y maíz. Segundo Vela Pezo es campesino. Y, además, es teniente gobernador del Barrio San Juan (ubicado a ocho kilómetros de Aucayacu). Si bien los han dejado en libertad no ha habido para ellos ni una disculpa de parte de las autoridades. “Nos han tratado como terroristas, mostrándonos a la prensa y todo, y ni siquiera nos han pedido perdón, ni disculpas. Esto es un abuso”, dijo a IDL- SC Segundo Vela. Lamentablemente esta no ha sido la única ocasión que las fuerzas de seguridad cometen este tipo de excesos. En enero pasado, Víctor Collazos Galarza, agente municipal del caserío de Gosen, en Aucayacu, fue torturado por miembros del Ejército, mientras le preguntaban sobre el paradero de ‘Artemio’. Los pobladores acusaron rápidamente a la Policía al ver dos vehículos de la Comisaría de Aucayacu, que fueron utilizados para transportar a los militares. Aún cuando el frente policial del Huallaga salió a negar estos hechos, la población parece identificar a la Policía con estos abusos y atropellos contra la población civil. El Ejército no se ha pronunciado sobre este operativo. Asimismo, en marzo, el Ejército anunció la supuesta captura del considerado número 3 del Comité Regional del Huallaga de SL, Félix Mejía | 243 |
Atencio, conocido como el camarada ‘Mono’. En realidad el detenido era el campesino Segundo Pisco Isuiza. Las autoridades de los caseríos de Pavayacu y Magdalena desmintieron la información difundida y por la presión lo dejaron en libertad. Mientras tanto estos errores crean rechazo contra las fuerzas de seguridad y dificultan su acción. La situación en Aucayacu aún es tensa. El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Alto Huallaga (CODHAH) Segundo Jara Montejo no ha descartado denunciar a la Policía por la injusta detención. Publicado el 13 de junio del 2008
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Capítulo 46
Manuscritos en el monte1 El campamento, en la zona Azul de Magdalena a 20 kilómetros, al norte de Aucayacu, era tan precario que apenas calificaba como tal. Pero adentro, los integrantes de las patrullas policiales de la Dircote y la Dinoes del Frente Policial del Huallaga encontraron un inesperado tesoro documentario. No estaba el buscado dirigente senderista ‘Artemio’, pero sí documentos que lo retratan íntimamente, algunos de los cuales IDL-SC ha obtenido en exclusiva. Había una agenda personal –que dataría de fines de 2005- donde figuran cartas escritas por el líder senderista a su primera esposa, a sus hijos mayores, a sus padres y hermanos. Son cartas en las que abunda un inesperado componente sentimental, que, junto con mucha información personal y familiar, revela sobre la biografía del hasta ahora misterioso jefe senderista.2
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/17-11/manuscritos-en-el-monte.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/17-11/ver1.htm | 245 |
En la ‘caleta’, donde ‘Artemio’ habría estado hasta hace cerca de 15 días, se encontró también una carta de una carilla manuscrita por otro senderista que firma como “G” que data de 2005–según fuentes policiales- en la que le cuenta a ‘Artemio’ que ha sido sentenciado en dos procesos judiciales a 17 y 25 años de prisión3. La PNP descartó que se tratara de Abimael Guzmán. En el que parece ser el documento más importante, ‘Artemio’ escribe a sus padres y hermanos. Junto con la parte sentimental4 emergen datos importantes sobre su biografía. Como, por ejemplo, que es del departamento de Arequipa, que fue suboficial del Ejército y que su nombre, una vez cambiado el de pila en el registro civil, es José Flores. ‘Artemio’ menciona también las negociaciones para entregarse que habría tenido con el gobierno a principios de la presente década. Según indica, las negociaciones fracasaron. Esto coincide con la información que tiene IDL-SC. Asimismo, ‘Artemio’ critica duramente el informe de la CVR, al que acusa de estar sesgado en su contra. Los extremos, al final, siempre se encuentran.5 De acuerdo con lo informado a IDL-SC por fuentes de las fuerzas de seguridad, ‘Artemio’ se ha desplazado a la zona del alto Aspuzana, al norte de Aucayacu -a 15 kilómetros del campamento hallado por la PNP- con miras a atacar a los erradicadores de hoja de coca del Proyecto Especial de Control y Reducción de los cultivos de Coca en el Alto Huallaga (Corah). Alrededor de 150 erradicadores están desde hace un mes en esa zona, resguardada por el mismo número de policías de la Dinandro. Policías y erradicadores solo se desplazan en los helicópteros de la NAS, la Narcotics Assistance Unit, de la Embajada de Estados Unidos.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/17-11/ver2.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/17-11/ver3.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/17-11/ver4.htm
Fuentes de IDL-SC aseguran que desde hace tres meses la columna de alrededor de 15 hombres dirigida por ‘Artemio’, junto con las otras dos columnas senderistas lideradas por ‘Izula’ y ‘Rubén’ planean atacar a los erradicadores de hoja del Corah y al personal civil de la NAS. Por lo pronto, las debilitadas columnas de ‘Izula’ y de‘Rubén’ también se han desplazado hacia la zona, según fuentes del ministerio del Interior. ‘Rubén’, quien se ha convertido en el número dos de SL en el Huallaga, asumió el liderazgo de una de las columnas de SL tras el fallecimiento de ‘Piero’. Aunque este personaje es poco conocido, se sabe que estuvo preso y que mantiene una comunicación fluida con ‘Artemio’. En tanto, ‘Izula’ (cuyo nombre, según fuentes del ministerio del Interior sería Edgar Mejía) ha asumido desde hace veinte días el mando de la tercera columna de Sendero Luminoso. Esto se debe a que el dirigente anterior, ‘Jorge’, desertó luego de tomar el lugar de ‘JL’. Las tres columnas senderistas están debilitadas. Los policías de la Dircote, mantienen una presión constante sobre la columna de ‘Artemio’. Hasta ahora no se conocía con precisión cómo sentía el líder senderista este cercano seguimiento. Ahora, en sus propias palabras, lo revela.6 Publicado el 18 de noviembre del 2008
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/17-11/ver5.htm | 247 |
Capítulo 47
Confesiones de ‘Artemio’1 El excepcional documento capturado al líder senderista Durante la notable incursión policial de la semana pasada a uno de los refugios de ‘Artemio’, el jefe senderista del Alto Huallaga, se encontró un diario personal de éste y 15 agendas relacionadas con las acciones de Sendero Luminoso en el Huallaga. Las agendas tienen un excepcional valor informativo, porque son, además, archivos de correspondencia. Están ahí cartas2 a ‘Artemio’ de integrantes de SL que permanecen en prisión. Además, se encontró una receta médica3 que indicaría que, en 2006, ‘Artemio’ estuvo mal de salud. Uno de los documentos más valiosos obtenidos en la incursión de la Dircote, bajo el mando del coronel PNP Luis Valencia Hirano, fue una carta que ‘Artemio’ dirigió en septiembre de 2001 a, presuntamente, los dirigentes de Sendero Luminoso en el VRAE.
1 http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/19-11/confesiones-de-artemio.htm 2 Cartas de ‘Artemio’. http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/19-11/cartas.htm 3 Receta médica. http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/19-11/receta.htm | 249 |
Es un documento de excepcional valor, que, sin duda, fue redactado como correspondencia secreta entre los más altos dirigentes senderistas en libertad entonces. ‘Artemio’ describe con total franqueza y sin tapujos, la situación del senderismo, tal como él la veía entonces, y pasa revista al proceso que lo llevó a abandonar toda esperanza de vencer.4 En la carta, ‘Artemio’ se reconoce como el único miembro del Comité Central de Sendero Luminoso que se encontraba todavía en libertad. Con crudeza, ‘Artemio’ indica que, luego de la captura de Guzmán, “… si bien estuvimos empeñados en superar el recodo e hicimos denodados esfuerzos por lograrlo, en realidad lo que nos ha venido pasando es que en lugar de desarrollarnos hemos decrecido cuantitativa y cualitativamente”. La carta intenta describir el por qué de la derrota, ante dirigentes que parecen cuestionarlo. “¿Tenemos (un) partido sólidamente unido y cohesionado? No, ni los dirigentes que requieren las circunstancias actuales ¿pesimismo? No, simple realidad, no verlo es estar ciego, a la guerra no se juega camaradas, y no tenemos la garantía de triunfo, nuestra jefatura y la situación del Partido y la guerra hoy es otra. Sé que es muy difícil aceptar nuestra derrota….”, escribe ‘Artemio’. El documento de ‘Artemio’ describe la cadena de contrastes que siguieron a la captura de Guzmán, en septiembre de 1992, al final de la cual, en 2001, él era el único miembro del Comité Central en libertad. Y no tiene empacho en reconocer sus limitaciones. “Analizamos todo el proceso seguido desde la captura del Pdte. Gonzalo hasta diciembre (de) 2000 y concluimos que el problema principal que hemos venido adoleciendo es la falta de una dirección política”.5 Todo indica que es a partir de ese intercambio de comunicaciones que se produjo la división definitiva con los dirigentes senderistas del VRAE que habían asumido el mando luego de la captura de ‘Feliciano’. 4 5
Comparación caligráfica entre cartas de ‘Artemio’ enviadas a sus familiares y a los dirigentes senderistas. http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/19-11/graf.htm Carta. http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/19-11/carta-completa.htm
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Informaciones diversas, a las que IDL-SC ha tenido acceso en diversas circunstancias, indican que ‘Artemio’ entabló negociaciones de paz con el gobierno entonces, a través de intermediarios, pero que éstas eventualmente fracasaron. Desde entonces, el líder senderista se mantuvo alzado en armas, alejándose paulatinamente de sus anteriores objetivos nacionales, consolidándose como un cacique insurrecto que, de tanto en tanto, mandaba señales de estar dispuesto a negociar. La otra parte de su correspondencia es sentimental y melancólica, excepto cuando manda órdenes, con total sangre fría, ordenando alguno de los numerosos asesinatos perpetrados por su organización.6 En su carta, ‘Artemio’ describe, como se ha dicho, uno a uno los contrastes, las capturas de dirigentes que desmantelaron a Sendero. Virtualmente todos fueron obra del GEIN, el pequeño grupo de la DINCOTE que cambió la suerte de la guerra interna en el Perú entre comienzos de 1990 y fines de 1992. Lo que no sabía ‘Artemio’ entonces, al momento de redactar la carta, es que uno de los tres jefes históricos del GEIN, el ahora coronel PNP Luis Valencia Hirano, iba a terminar dirigiendo el esfuerzo por capturarlo a él en el Alto Huallaga. Ahora, luego de sufrir la captura o muerte de casi todos sus principales lugartenientes, ‘Artemio’, el veterano senderista, el único de los dirigentes históricos de Sendero en libertad, siente, de acuerdo con sus escritos, que aún su apurada y errante libertad en el monte puede estar a punto de terminar. En una carta a sus primeros hijos, acompañada con otras letras melancólicas de boleros7, ‘Artemio’ les dice que “…Vivo como el tigre rugiendo por las montañas mi dolor al perder sus críos y hay hombres malos que me persiguen para matarme, llevarse mi fina piel y mis carnes dejarlas para los carroñeros. ¿Eso es horrible verdad?”.8 6 7 8
Comparación de cartas. http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/19-11/dis.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/19-11/p43.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/19-11/p15.htm | 251 |
Pero mientras transcribía canciones, enviaba cartas a sus hombres con órdenes expresas de llevar a cabo asesinatos. En una misiva dirigida a ‘Alex’- el cinco de octubre del año pasado- ‘Artemio’ ordenó “aniquilar al miserable soplón conocido como ‘Gringo’ Carlos”.9 El sostenido progreso que ha logrado la Dircote en el Huallaga, en la guerra de inteligencia contra ‘Artemio’ indica que la situación de éste – pese a su indudable astucia, conocimiento del área y capacidad de maniobra- es cada vez más precaria. Esto señala también que los principios que el GEIN demostró con tanto éxito en la ciudad se adaptan también en el campo. Eso es algo que harían muy bien en estudiar quienes están ahora a cargo de las operaciones en el VRAE. Publicado el 20 de noviembre del 2008 El 21 de julio del año siguiente, un grupo de 74 policías pertenecientes al Frente Policial del Huallaga se enfrentó durante cuarenta minutos con alrededor de 18 senderistas, a pocos metros del campamento donde permanecía desde hacía algunas semanas ‘Artemio’, en la localidad de Yanajanca, en el distrito de Cholón. Los policías del Frente Policial del Huallaga incautaron tres mil volantes a favor del paro cocalero que iban a ser distribuidos en Fiestas Patrias, documentos personales de ‘Artemio’, cuadernos con el registro del servicio de guardia, un CD con información de la organización, mochilas, uniformes, armamento y medicinas.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/19-11/gringo.htm
Capítulo 48
Justicia tardía: reivindicación y retiro1 En la Policía, los logros suelen traer la marginación en lugar de los reconocimientos. Las mezquindades y rivalidades internas opacan la labor de quienes, con esfuerzo y valentía, han alcanzado éxitos notables en la lucha contra el senderismo. El coronel Luis Valencia Hirano, quien, entre muchas otras operaciones, lideró el operativo “Volcán” en el Alto Huallaga, donde fue abatido “JL” y se capturó a importantes cuadros de Sendero Luminoso, pasará al retiro en los próximos días. Hasta hace una semana, las posibilidades de ascender por acción distinguida parecían nulas. Sin embargo, esta historia ha dado un vuelco inesperado. El martes nueve de diciembre, el director general de la PNP, Mauro Remicio, ordenó la conformación de un nuevo Consejo de Investigación de Oficiales Superiores y Oficiales PNP (CIOSO) para que reevalúe si se otorgaría o no el ascenso por acción distinguida a Valencia Hirano - uno de los líderes históricos del GEIN, que capturó a Abimael Guzmán-, 16 oficiales y 72 suboficiales que participaron en el trabajo de investigación, inteligencia y en la intervención policial durante el operativo “Volcán”.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/16-12/justicia-tardia.htm | 253 |
Seis días antes, el CIOSO, en ese entonces presidido por el general José Paz Zavaleta -quien ha sido recientemente removido de la dirección de Educación y Doctrina por estar presuntamente implicado en la sustracción y venta de pruebas para el proceso de admisión a la Escuela Superior de Policías-, remitió un acta al director general de la PNP en la que señalaba que no se iba a pronunciar sobre el ascenso de Valencia y los otros policías. También devolvió el expediente del caso al general Remicio. Ya con los nuevos integrantes del CIOSO, el ministro del Interior, Remigio Hernani, convocó a una reunión el mismo día, martes, con el director general de la PNP, el comando policial y los miembros del Consejo. Invitaron al general Edwin Palomino, jefe del Frente Policial del Huallaga, para que de su informe oral sobre la operación “Volcán”. Según informaron fuentes de IDL-SC, Hernani y Remicio le sugirieron al nuevo jefe del CIOSO, general PNP Víctor Fernández- actual director de Inteligencia de la Policía- que diera luz verde a los ascensos. Todos los generales presentes asintieron. Al día siguiente, la noticia del futuro ascenso se regó en los pasillos y oficinas de las dependencias policiales. Esto generó, de inmediato, que ex miembros de las direcciones de Inteligencia de la Policía y del ministerio del Interior desfilaran por la oficina de Fernández para dar sus apreciaciones del por qué Valencia y los cerca de noventa policías no debían ser promovidos. No fue sino hasta el viernes 12 de diciembre que el ministro convocó a una nueva reunión. Esta vez en su despacho. A las ocho de la noche ingresaron a la oficina del cuarto piso de Córpac el general Remicio, y los integrantes del CIOSO, así como el coronel Valencia, el mayor Guillermo Bonilla, el comandante Luis Cuba, el comandante Óscar Arriola, y otros miembros de la Dircote. Cabe señalar que los policías del Frente Policial del Huallaga fueron llamados el mismo día para “una reunión de emergencia”. | 254 |
El encuentro se extendió tres horas. Al inicio, el general Fernández hizo una exposición al ministro sobre el desempeño de los policías que participaron en la operación “Volcán” y la evaluación sobre a quiénes sí les correspondía ser ascendidos. Más tarde, Valencia y el resto de oficiales se vieron sumidos en una suerte de interrogatorio sobre los detalles del operativo policial. Hacia el final, la reunión se volvió tensa. Sin embargo, el ministro Hernani logró revertir la situación cuando anunció que se iban a otorgar los ascensos. A las once de la noche todos los invitados salieron del despacho de Hernani. Poco rato después, el CIOSO convocó a Valencia a una nueva reunión en privado que se prolongó hasta la madrugada. Al día siguiente, el sábado trece de diciembre, el general Fernández se reunió con los integrantes del CIOSO. Deliberaron y alrededor de la seis de la tarde enviaron un acta de pronunciamiento al director general de la PNP en la que recomendaban ascender por acción distinguida a 14 oficiales y 72 suboficiales. Los pilotos que participaron en el operativo no fueron considerados. IDL-SC ha podido conocer que el ministro Hernani tiene en sus manos las resoluciones ministeriales para otorgar los ascensos por acción distinguida y solo faltaría poner su rúbrica. Fuentes cercanas a IDL-SC indicaron que el titular del Interior lo resolvería hoy y luego enviaría al presidente de la República, Alan García, la resolución del ascenso a Valencia. Publicado el 17 de diciembre del 2008
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Capítulo 49
¿Quién apaga la luz en el Frente Policial Huallaga?1 El 23 de febrero una torre de alta tensión fue derribada en Tingo María, presuntamente por Sendero Luminoso. Aucayacu, Nuevo Progreso y Tocache quedaron sin electricidad. La imagen de la torre destruida pareciera señalar una recuperación de Sendero Luminoso y a la vez un deterioro del Frente Policial Huallaga. Lo cierto es que el equipo de policías que lograra importantes avances en la lucha contra el senderismo, está siendo virtualmente desarticulado, de acuerdo con las perversas lógicas burocráticas de la PNP. Antes de la quincena de marzo se habrán marchado los oficiales que, al mando del ahora general PNP Luis Valencia Hirano- uno de los tres comandantes del GEIN que capturó a Abimael Guzmán - llevaron a cabo operativos exitosos como Volcán, Tormenta y Huracán. Con la llegada del nuevo jefe de la División de Investigación de Terrorismo Nacional, coronel PNP Eduardo Solís, “ha habido un cambio radical en la estrategia operativa desarrollada hasta el momento. No se realizan operativos y persisten las mismas limitaciones presupuestales”, según dijo 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/27-02/quien-apaga-la-luz-en-el-frentepolicial-huallaga.htm | 257 |
a IDL-SC una fuente con conocimiento de causa. Otras fuentes también informadas corroboraron esa afirmación. Según indicaron las mismas fuentes, Solís ha cambiado la mecánica de trabajo con los colaboradores eficaces y la red de informantes con la que venían trabajando los policías desde hace dos años. “Esta situación ha generado fricciones al interior del equipo porque no quiere asumir los compromisos con los colaboradores. Una de las razones es que no hay suficiente presupuesto para pagarles”, según refiere una de las fuentes. “Gran parte del grupo que llevaba dos años trabajando en la zona ha sido cambiado y otro tanto ha preferido retornar a Lima porque la situación es insostenible”, indicó otro informante. Lo cierto es que del grupo de los 17 policías que realizaron importantes capturas de líderes senderistas, solo quedan dos en la zona. En lo que va de la semana han retornado a Lima el mayor PNP Jems Puma y el mayor PNP Freddy Durand. Y antes de que culmine marzo, los mayores PNP Guillermo Bonilla y Carlos Zapata también regresarán a la capital. Con estas salidas- algunas voluntarias y otras ordenadas- se retrocederá en los avances obtenidos hasta fines de 2008 para seguirle el rastro a ‘Artemio’. ¿Contará el coronel Solís con la experiencia operativa para liderar dicha unidad policial? Según fuentes cercanas al oficial que también integró el GEIN, “Solís es un gran analista de información, pero tiene un exceso de prudencia. No tiene experiencia en operaciones”. Puede haber cambios en la situación, sin embargo. A pocos días de haber asumido el mando del ministerio del Interior, Mercedes Cabanillas nombró al general PNP Valencia Hirano como asesor de la Dirección General de la Policía. Valencia será el encargado de hacer un diagnóstico del Frente Policial Huallaga y deberá presentar, en el más breve plazo posible, un plan de trabajo para reestructurar y repotenciar dicha unidad policial. | 258 |
IDL-SC pudo conocer que entre los requerimientos que ya han sido formulados al Jefe del Frente Policial Huallaga, general PNP Ítalo Perochena, está el triplicar el número de policías en dicha unidad, uniformes camuflados, una sala de operaciones y dos ambulancias. Asimismo, un incremento significativo del presupuesto para gastos de inteligencia, operaciones, investigación, y operaciones psicológicas y sociológicas. Perochena entregará estos pedidos durante su exposición a la ministra Cabanillas mañana sábado en la Reunión de Comando Policial (Recopol). Entre tanto, IDL-SC pudo conocer que la titular del Interior anunciaría durante la Recopol el cambio en la jefatura de la Digimin. El actual jefe de la Digimin, Edy Tomasto, sería reemplazado por el ex jefe del Frente Policial Huallaga, general PNP Edwin Palomino. Publicado el 27 de febrero del 2009
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Capítulo 50
Con novedad en el Frente1 En su primera decisión de alcance estratégico, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, nombró al general PNP Luis Valencia Hirano como nuevo jefe policial del Frente Huallaga. La sorpresiva medida ministerial se dio dos meses y medio después de haber nombrado en ese puesto al general PNP Ítalo Perochena, quien ahora deberá entregar el cargo a Valencia Hirano en los próximos días. Perochena asumirá, sin embargo, una nueva dirección policial territorial, la Dirtepol Huánuco, creada específicamente como parte de la reorganización del Frente Huallaga. La designación de Valencia, pese a haberse efectuado en marzo, lo que le confiere un carácter extraordinario, es considerada por comentaristas con conocimiento de causa como una decisión audaz y positiva de la ministra Cabanillas, ante un perceptible deterioro de la situación de seguridad y de la lucha antisubversiva en el Huallaga.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/18-03/con-novedad-en-el-frente.htm | 261 |
Al nombrar a Valencia Hirano, el legendario “ingeniero” del GEIN, uno de los tres oficiales en el alto mando del pequeño grupo de policías que capturó a Abimael Guzmán, y el único de ellos que se mantiene en servicio activo, Cabanillas ha puesto al policía con mayor conocimiento y experiencia en la lucha contrasubversiva a cargo del Frente Huallaga. Hasta diciembre del año pasado, Valencia Hirano tuvo a su cargo el comando de la Dircote en el Frente Policial. Acompañado por otros veteranos del GEIN, Valencia Hirano logró infligir una sucesión de contrastes a la organización senderista comandada por “Artemio”, el también veterano dirigente senderista. El operativo más destacado fue “Volcán” en noviembre de 2007, donde se capturó a ocho senderistas y fue abatido en el enfrentamiento el dirigente “JL”. Pese a la importancia de esa acción, que coronó varias otras, los jefes que planearon y ejecutaron el operativo, no recibieron hasta ahora reconocimiento ni menos ascenso. La excepción fue la del comandante PNP Humberto Lúcar y el capitán PNP José Beltrán. El propio Valencia Hirano estuvo a punto de pasar al retiro como coronel, pese a su destacado servicio en la lucha antisenderista. Finalmente, durante la corta gestión del ex ministro Remigio Hernani, fue ascendido a general el 16 de diciembre de 2008. Muchos pensaron, sin embargo, que se trataba de un ascenso honorífico, dado que por años de servicio, le correspondía pasar al retiro.2 No obstante, cuando Mercedes Cabanillas asumió el ministerio del Interior, una de sus primeras medidas fue nombrar a Valencia como asesor de la dirección general de la PNP, para analizar el tema de la lucha antisenderista en general, especialmente en el Huallaga. A la vez, Cabanillas nombró al general PNP (r) Marco Miyashiro como su jefe del gabinete de asesores. Junto con Benedicto Jiménez, fundador de la unidad, Miyashiro, ex director general de la PNP, fue uno de los jefes 2
Ver: ‘Justicia tardía: reivindicación y retiro’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/16-12/justicia-tardia.htm
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del GEIN, mientras que Valencia Hirano tenía a su cargo la coordinación de las acciones en el campo. De tal manera que Cabanillas se rodeó con la mejor capacidad experta de la Policía en la lucha contra Sendero, exceptuando, por supuesto, a Benedicto Jiménez. La modificatoria de la Ley Nº 28857, la semana pasada, que extiende por tres años más el servicio activo, hizo posible para Cabanillas nombrar a Valencia Hirano como nuevo jefe del Frente Huallaga. Todo indica que Cabanillas aguardó la modificatoria de esa norma para llevar a cabo un nombramiento probablemente decidido hace varias semanas. Para Valencia, el veterano policía, asumir el comando del Frente Policial representa un serio desafío. Ya no tendrá solo a su cargo la lucha contra Sendero sino todos los problemas de seguridad ciudadana y, parcialmente, de lucha contra el narcotráfico, en un valle en el que ha habido un rápido deterioro en todos los frentes, que amenaza con hacer perder los logros anteriormente obtenidos.3 Valencia, hasta diciembre pasado, tuvo a su cargo el comando de la Dircote en el Frente Huallaga. Uno de los primeros problemas que deberá resolver Valencia Hirano es el armar una estructura eficiente y funcional de los oficiales que actuarán bajo su comando. IDL-SC ha podido saber que muchos de sus antiguos colaboradores, especialmente los que trabajaron en el operativo “Volcán”, se sienten desanimados luego de un trabajo intenso que no ha sido reconocido. Como se recordará, IDL-SC escribió en su momento que esos oficiales merecían el reconocimiento institucional a sus señalados logros. Aparte de eso, el Frente padece de problemas logísticos elementales, fruto de la obvia incompetencia funcional de los altos niveles de la Policía para la logística operativa. Por ejemplo, pese a ser una región en la que se pro3
Ver: ‘¿Quién apaga la luz en el Frente Policial Huallaga?’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/27-02/quien-apaga-la-luz-en-elfrentepolicial-huallaga.htm | 263 |
ducen constantemente enfrentamientos armados, no hay un solo médico policial especializado en el tratamiento de emergencia de heridas de bala. El año pasado en por lo menos dos casos murieron policías por no haber tenido una atención a tiempo. Eso es escandaloso. Además, cosas tan elementales como equipos de comunicación que puedan funcionar en cualquier lugar, viáticos, pagos a colaboradores e informantes, han sido totalmente descuidados, muy especialmente en los últimos meses. Ahora, con el nuevo jefe del Frente Policial Huallaga, la situación puede revertirse y mejorar. Se trata, sin duda, de una buena decisión ministerial. Publicado el 18 de marzo del 2009
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VI. Narcotrรกfico
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Capítulo 51
Las paradojas de la erradicación
El lado cocalero de la vida1 Los trabajadores del CORAH, y la Policía que resguarda sus operativos, saben muy bien lo difícil que es erradicar cultivos de hoja de coca en Yanajanca (Cholón, provincia de Marañón, Huánuco). En abril del año pasado, uno de ellos murió luego de recibir un disparo de un francotirador que se encontraba camuflado en el monte. En la misma ocasión cinco policías fueron heridos de bala. También en Yanajanca, dos meses después, cuatro del CORAH resultaron heridos luego de la explosión de minas ocultas entre las plantaciones, los llamados ‘cazabobos’. En esa zona, al final del año y después de mucho esfuerzo, se eliminaron 2 mil 500 hectáreas de hoja de coca, la cuarta parte de todas las hectáreas erradicadas en el Valle del Huallaga en el 2007, las que llegaron a 11 mil 056. Pero actualmente, cuando han transcurrido apenas cuatro meses del 2008, los cocaleros de Yanajanca ya han resembrado 500 hectáreas.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/14-05/el-lado-cocalero-de-la-vida.htm | 267 |
¿La erradicación está sirviendo para reducir la superficie cocalera? Aun cuando se logre alcanzar la meta de erradicación a fin de año, con tal nivel de resiembra no habrá certeza de que habrá menos hectáreas plantadas con coca que al principio. Además, a qué costo. Menos de un año después de que culminara la erradicación en Yanajanca, el CORAH tendrá que regresar a esa zona y movilizar, otra vez, ingentes recursos: 200 trabajadores, resguardados por contingentes de 100 policías, y además, en el perímetro, equipos de la DIROES y el Ejército. Cuando el CORAH llevó a cabo la erradicación allí, el hostigamiento de Sendero Luminoso fue permanente. De hecho, ahora no será diferente. La situación, incluso, puede agravarse aun más para los trabajadores del CORAH y las fuerzas de seguridad que los resguardan. El CORAH planea ingresar próximamente a Aucayacu. En ninguna otra zona del Huallaga como en aquella se evidencia la presencia de ‘Artemio’, quien actúa como una suerte de juez de paz y mantiene una red de colaboradores en la mayoría de los caseríos del distrito. Ciertamente, la resistencia que el CORAH encontró en Yanajanca quizá no signifique demasiado frente a la actitud abiertamente hostil que sufrirá en Aucayacu. Sin embargo, ingresar a Aucayacu no será tan peligroso como entrar en el Monzón. El Monzón es literalmente territorio virgen de las labores de erradicación. De todas las zonas cocaleras del Valle del Huallaga, es la única en la que no se ha erradicado jamás, en los 25 años en los que el CORAH viene realizando esta tarea. Según estimaciones de las Naciones Unidas, el 2007 se cultivaban allí 11 mil 240 hectáreas de hoja de coca. Para el jefe del CORAH, el general (r) Juan Zárate Gambini, la razón principal de no erradicar en el Monzón es que allí no crece nada más que hoja de coca debido a que los terrenos están degradados y en muy mal estado a causa, precisamente, del permanente cultivo de cocales. | 268 |
¿Es la única razón? Sí, pero existen otros factores. Dentro de la estrategia erradicatoria, la elección de las zonas a intervenir pasa por evaluar las condiciones de seguridad que existen. En el caso del Monzón casi todos sus 20 mil habitantes se dedican al cultivo de hoja de coca. En el VRAE, pese a las 15 mil 813 hectáreas que existen, tampoco se ha erradicado y la economía depende de la coca. Es claro que los erradicadores que traten de ingresar se encontrarán con una férrea y violenta resistencia social. Y las autoridades no cuentan con el personal y los recursos suficientes para enfrentar una misión de estas proporciones. Eso parece saberlo el general Zárate a la hora de planificar las operaciones de erradicación. Proveniente de la Guardia Civil, Zárate fue un oficial con una sobresaliente trayectoria y experiencia operativa. Durante el gobierno aprista dirigió el Escuadrón Cóndor, una unidad táctica de operaciones que asestó duros golpes a las organizaciones de narcotráfico de la época. De hecho, gran parte de esta experiencia ha sido llevada a los operativos del CORAH. Pero, por más respeto que suscite su trabajo y dedicación, es inevitable no reconocer las fallas de la estrategia antidrogas basada prioritariamente en la erradicación. Atacar a la base social del narcotráfico, a los campesinos cocaleros, no solo es ineficaz sino contraproducente. ¿De quiénes estamos hablando? Luego de un sinuoso y empedrado camino de dos horas se llega al centro poblado Cachicoto, la puerta de ingreso al Monzón. Aun cuando no ocupa un cargo público, quien gobierna allí es Eduardo Ticerán, mientras que en el Monzón lo hace Iburcio Morales, desde la Alcaldía del distrito. Ticerán se ha convertido en sucesor de Morales al frente de la Cenacop, una de las dos organizaciones nacionales de cocaleros (la otra es la Conpaccp, cuyas figuras visibles son Nancy Obregón y Nelson Palomino). La Cenacop es considerado el más radical de ambos movimientos.2 2
Ver cuadro de ambas organizaciones y sus federaciones agremiadas: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/14-05/agremiaciones.htm | 269 |
Aun cuando su consigna continúa siendo “coca o muerte”, ahora Ticerán divide su tiempo entre afinar el llamado Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Huallaga –que busca el saneamiento de las zonas cocaleras, como una de las alternativas a la dependencia casi absoluta a la hoja de coca–; y atender la modesta panadería que tiene con su esposa, y que es el sustento para sus cuatro hijas. Porque de eso se trata, de sobrevivir. El agricultor cocalero: agricultor pobre Arturo Chávez es uno de los regidores de Cachicoto. En su parcela tiene cultivos de hoja de coca, cacao y café. No sabe de discursos políticos. Lo único que sabe es que debe mantener a su familia. Y si no fuera por la hoja de coca sus hijas no podrían estudiar en Tingo María. Así de sencillo, dice que es el tema. Él sabe bien que la hoja de coca que cosecha se destina al narcotráfico. “El fruto del cacao es de mala calidad. A las justas y puede venderse. No hay viveros, no hay control de plagas, ¿Qué puede hacerse?”, pregunta. “Tal vez se puede intentar con yuca, porque donde crece hoja de coca también crece yuca”. En todo el Monzón no existe una sola oficina del Ministerio de Agricultura. Según Chávez, a Cachicoto nunca ha llegado ayuda técnica para mejorar sus cultivos. También es cierto que la comunidad tampoco ha buscado esta ayuda ni ha tratado de asociarse con otros agricultores. La de Paulino Salas es una historia muy parecida. Cuando lo entrevistamos, estaba en pleno proceso de recolección de café. Al igual que Arturo Chávez, en su chacra combina los cultivos de coca, cacao y café. Pero mientras los primeros se pueden cosechar cuatro veces al año, durante ese mismo tiempo el café y el cacao solo producen una vez. Para Salas, como para la mayoría de agricultores a pequeña escala de Cachicoto, el valor más preciado de su cocal es el de ser su caja chica. Nada más. Sin embargo, este viejo campesino también fustiga los gastos cada vez mayores que requiere cultivar el sembrío de coca, que luce enfermo. Dice que | 270 |
es cada vez más difícil y costosa la cosecha, primero debido al alto precio de los insecticidas y, también, a causa de que debe contratar peones para la cosecha. Su ganancia –asegura– es muy reducida. Historias como las de Paulino Salas y Arturo Chávez demuestran los dilemas de la estrategia de lucha contra las drogas. ¿Es la erradicación la mejor estrategia en la llamada guerra antidrogas?, o ¿los efectos colaterales son mayores que los golpes efectivos al negocio del narcotráfico? Carencia de alternativas En Uchiza y Tocache la situación no es muy diferente de la que se vive en Cachicoto. La coca es el medio de subsistencia básico pero la mayoría de los campesinos comparten sus chacras con cultivos de hoja de coca, yuca y cacao. En Uchiza, el alcalde Segundo Núñez afirma que coca es casi inexistente en su distrito. Pero lo que no dice es que los cocales se han concentrado en las partes altas de Uchiza. En Tocache, mientras tanto, las zonas cocaleras estás esparcidas en todo el distrito pero en reducidos espacios. El denominador común, por lo menos en el centro poblado Limón (a las afueras de la ciudad) son los cocales moribundos. Uno de ellos pertenece a Justo Sevillano. Cultiva, junto con su coca, productos como la yuca y el cacao, pero el suelo está tan degradado que apenas puede cosecharlos. Dos meses antes, la escasa coca que tenía fue erradicada. Con más desesperación que convicción, Sevillano intentó, entonces, resembrar hoja de coca pero, previsiblemente, no pudo obtener absolutamente nada. Sevillano muestra los documentos que –según él– certifican que le vende a Enaco (Empresa Nacional de la Coca) y que le daría legalidad a sus cultivos. Sin embargo, él mismo reconoce que los recibos pertenecen al dueño anterior de su chacra. | 271 |
Al lado de sus languidecientes cultivos contrasta la abundante palma aceitera de su vecina. La diferencia, entre ambas chacras, es definitivamente la inversión. Mientras tanto, Justiniano, con signos evidentes de desnutrición, parece solo encontrar un responsable: la erradicación. Rechazo y resentimiento. Ese es el efecto más visible que ha provocado la erradicación en los campesinos. Sin sustitutos viables que aseguren su subsistencia, cultivar hoja de coca, en estas tierras de miseria, parece ser inevitable. El rechazo y el rencor son los sentimientos que empujan a miles de estos peruanos a manifestarse con violencia y a unirse a los gremios que hacen pública su voz de protesta. Mientras no haya una redefinición de la política antidrogas, la erradicación continuará implacablemente. Y el círculo de pobreza y resentimiento seguirá girando. Publicado el 14 de mayo del 2008
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Capítulo 52
Narcotráfico en el Huallaga: De las ‘firmas’ a las pymes1 El Alto Huallaga ha cambiado y el narcotráfico también. En el pasado no lejano, (en los 80 y hasta por lo menos 1992) cuando en el Alto Huallaga se plantaban no menos de 60 mil hectáreas de rústica coca, que requería un mínimo de cuidado, el narcotráfico se organizaba así: • En el valle solo se procesaba la hoja de coca en pasta básica de cocaína. Era poco común transformarla en pasta básica lavada y mucho menos todavía el procesarla en clorhidrato de cocaína. • La pasta básica se exportaba a Colombia por aire. Cada día despegaban decenas de avionetas de otros tantos aeropuertos –algunos muy precarios- hacia Colombia. Era un verdadero puente aéreo que duró muchos años, hasta 1995. • En cada distrito había señores de la droga: notorios y visibles compradores que adquirían la hoja y la pasta a través de una red propia de ‘traqueteros’. Muchos de estos medianos y grandes narcotraficantes locales (con apelativos tales como ‘el Vampiro’, ‘el Ministro’ o ‘el Vaticano’), habían aceptado el dominio senderista y pagaban cupos por cada em1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/30-05/nota.htm | 273 |
barque. Otros, como ‘el Vaticano’, combatían a Sendero en alianza con las fuerzas de seguridad del Estado. • Había altísimos niveles de violencia y letalidad. A la vez, el flujo de dinero mantenía la vida acelerada y los enormes contrastes de una economía en boom febril. La realidad actual es la siguiente: • En el Alto Huallaga hay ahora alrededor de 17 mil hectáreas. Es decir, 40 mil hectáreas menos que en 1992.2 • De otro lado, ya nadie exporta pasta básica de cocaína. Ahora se exporta por lo menos la pasta lavada o, con mucha frecuencia, el clorhidrato de cocaína. El procesamiento de la droga se ha simplificado y extendido. Los actuales laboratorios de cocaína son mucho más simples y rústicos que los del pasado, pero logran elaborar la droga en múltiples lugares dentro del Huallaga. El resultado es un mayor valor agregado y menor peso que exportar.3 • Ya no hay las grandes ‘firmas’ ni los señores locales de la droga, sino pequeños y medianos acopiadores: las pymes del narcotráfico. Como dice un observador: “el narcotráfico se ha gamarrizado en el Perú”. Eso, por supuesto, sin ninguna ofensa a la industria textil. • Del puente aéreo del pasado, quedan apenas los recuerdos. Ahora, las rutas de salida son casi todas terrestres: carreteras y caminos de herradura. Buena parte de este comercio se realiza en caravanas de arrieros apenas diferentes a las de la Colonia. De hecho, viejas rutas arrieras han vuelto a utilizarse. Es un transporte mucho más lento, pero continuo (ver las diferentes rutas en los mapas uno4, dos5 y tres6). 2 3 4 5 6
Ver gráfico comparativo: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/30-05/superficie-coca-AH.ppt Ver la proporción de insumos químicos que se usa ahora para producir PBC, PB Lavada y Cocaína: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/30-05/insumos1.ppt http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/30-05/rutas123.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/30-05/rutas45.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/30-05/ruta6.htm
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• El costo y los riesgos del transporte se reflejan en los precios diferenciales del clorhidrato de cocaína. En el Alto Huallaga cuesta US$800 el kilo, mientras que su precio de puerto en la Costa es de US$1,200 a 1,300 por kilo. • Aunque el peso específico de Sendero ha disminuido mucho en el Alto Huallaga, su relación con el narcotráfico es menos ambigua que en el pasado. ‘Artemio’ no solo cobra cupos de protección a las pymes locales del narcotráfico, sino que posee, de acuerdo con información de fuente acreditada, sus propios fundos cocaleros y hasta sus propias pozas de maceración.7 • De otro lado, si bien el Alto Huallaga procesa ahora cocaína en lugar de la mera pasta básica de antaño, los niveles de producción globales han disminuido marcadamente. No solo por la radical disminución del hectareaje de coca, sino por la caída de la productividad de las plantas. Buena parte de los cocales ahora son plantaciones enfermas, cuya producción decae a las pocas cosechas y que requieren mucho mayor gasto de producción que en el pasado.8 ¿Cuáles son los nuevos rostros del narcotráfico en el Alto Huallaga? De acuerdo con fuentes policiales y de inteligencia antidrogas, buena parte de los narcotraficantes más importantes del Huallaga han estado y están basados en el Monzón –donde no hay presencia policial-. Algunas de las personas identificadas y ya requisitoriadas o capturadas por la Policía son las siguientes: • Carlos Rodríguez Castillo, cuyo sobrenombre es ‘Papujo’; basado en Palo de Acero y a cargo de una organización mediana de acopiadores y procesadores. Fue arrestado el miércoles 14 de mayo en Cachicoto. • Josafat Rubina Torres. Su sobrenombre es ‘Severo’; basado en Cachicoto. Su organización es, aparentemente, de las más grandes, con acopia7 8
Ver fotos: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/30-05/FOTOS.HTM Ver los valores comparativos del mercado de drogas entre 1992 y 2006: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/30-05/valor-mercado-drogas-AH.ppt | 275 |
dores, procesadores y transportistas de la droga. ‘Severo’ fue arrestado en febrero de este año. • Hernán Tapia Trujillo. Conocido como `Rambo’, aunque no tenga parecido a Stallone. Los miembros de su organización, más bien mediana son igualmente conocidos como ‘rambos’. Basado en Monzón. Fue detenido en enero de este año, junto con sus hermanos Rudy y Mario Tapia Trujillo. • Hay otros traficantes hasta ahora conocidos solamente por sus apelativos, como ‘Loro’, ‘Chamo’ y ‘Chinchay’. La mayoría está libre. Todos los narcotraficantes del Monzón, hasta donde se sabe, pagan cupos de protección a ‘Artemio’ quien a veces también resuelve diferencias entre ellos.9 Este mapa imperfecto de pequeñas y medianas empresas del narcotráfico en la zona de Monzón (muchas de ellas integradas, como en el VRAE, por clanes familiares), es evidentemente incompleto y solo muestra una parte de los protagonistas y los procedimientos del narcotráfico en el Alto Huallaga. Además, no están ahí los traficantes de insumos químicos, cuyo negocio es casi tan lucrativo (y ciertamente menos peligroso) que el del narcotráfico en sí. Lo mucho que resta por saber reclama una mayor investigación. Publicado el 30 de mayo del 2008
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Ver la relación de organizaciones de narcotráfico: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/30-05/cabecillas.htm
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Capítulo 53
Familias
Los clanes de la droga en el Huallaga1 En la edición pasada, IDL-SC presentó un diagnóstico de la situación actual del narcotráfico en el Alto Huallaga,2 donde pequeños y medianos empresarios de la droga han reemplazado a los grandes traficantes locales de ayer. Un detallado informe de la Policía Antidrogas confirma el diagnóstico de IDL-SC y describe pormenorizadamente las 12 organizaciones identificadas a la fecha por la Policía, que se dedican al narcotráfico en el Huallaga. Los jefes de cuatro de estas organizaciones ya han sido capturados mientras que todos los ocho restantes están con orden de captura. De acuerdo con el informe de la Dirandro, los grupos que operan en el Huallaga son los siguientes:
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/nota.htm Ver “De las ‘firmas’ a las pymes”: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/30-05/nota.htm | 277 |
• El que dirige ‘Chinchay’, seudónimo de Wilder Venancio Castañeda. Según la policía, se trata de una de las más importantes organizaciones de narcotráfico en el valle del Monzón.3 El destino de la droga de ‘Chinchay’ es Estados Unidos. El 29 de junio del 2007 la Policía halló en el centro poblado de Castillo Grande, en Tingo María, un cargamento de 9 toneladas de insumos químicos que estaban destinados a esta organización. • La organización de ‘Lucho Flores’ está también basada en el Valle del Monzón. Está dirigida por dos hermanos: Canuto Flores Guillén, conocido como ‘Lucho Flores’ y Atler Flores Guillén, cuyo seudónimo es ‘Chamo’. Ambos son hijos de Piélago Flores, ex alcalde del Monzón. Los hermanos don Canuto y don Atler son propietarios de la empresa de Transportes Santa Peregrina (hoy Transportes Marañón). Según la Policía la organización de ‘Lucho Flores’ traslada la droga del Monzón hacía la región de Tacna, con destino a Chile.4 • El grupo de ‘Loro’, dirigido por los hermanos William, ‘Loro’, y Mauricio, ‘Duro’, Neyra Moreno. Según la DINANDRO, esta organización acopia droga del Monzón y el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE). De acuerdo con la misma información, ambos se han asentado en Lima y administran su organización desde la capital.5 • El grupo de ‘Los Pañacos’ también opera en el Monzón y su líder es conocido como “El Don”. La Policía ha podido identificar únicamente a su lugarteniente: Teobaldo Villanueva Retis (‘Pañaco’). Existe una orden de captura vigente contra ‘Pañaco’, quien hasta ahora ha eludido el arresto.6 3 4 5 6
Ver detalles organización ‘Chinchay’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/Chinchay.htm Ver detalles organización ‘Lucho Flores’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/Lucho-Flores.htm Ver detalles organización ‘Loro’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/Loro.htm Ver detalles organización ‘Los Pañacos’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/panacos.htm
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• La organización de ‘Los malambos’ es dirigida por Peter Toribio Alegría, también conocido como ‘Malambo’. El centro de operaciones de esta organización se encuentra en las zonas de José Crespo y Castillo (Aucayacu) y Ramal de Aspuzana. Para la Policía, ‘Los Malambos’ también pagan cupos a Sendero Luminoso.7 • En el Huallaga opera también el grupo de “Ivicho”. La Policía no ha logrado determinar su identidad, pero ha podido rastrear que posee una empresa de transporte en la ciudad de Tingo María. Como la mayoría de organizaciones, está basada en el Valle del Monzón.8 • Otro grupo de traficantes es conocido como ‘Los Panchos’ o ‘Chalis’. Está asentado en el Valle del Monzón (Huánuco) y en la localidad de Huipoca (Ucayali). Actualmente el grupo está dirigido por dos hermanos: Pedro Zevallos Cuenca, conocido con los apelativos de ‘Payaso’, ‘Vaquero’ o ‘Playboy’; y William Zevallos Cuenca, conocido como ‘Pacho’. Inicialmente, la organización estuvo liderada por Tonel Zevallos Cuenca (‘Chalis’) y Grower Zevallos Cuenca (‘Chichihua’), quienes hoy se encuentran detenidos al estar comprendidos en el proceso que se le sigue por narcotráfico a los Sánchez Paredes. En 1995, de acuerdo con la Policía, la organización de los ‘Pachos o Chalis’ transportó mediante su empresa Líneas Aéreas Peruanas S.A (LAPSA) gran cantidad de droga desde Palmapampa (Ayacucho) para abastecer a la organización de los hermanos López Paredes. Por este mismo caso hay orden de captura contra Pedro Zevallos Cuenca. El destino de la droga que esta organización acopia tiene como destino Ecuador y Colombia a través de Tumbes. Y también llega a Colombia a través de Iquitos y Leticia, utilizando ríos y carreteras.9 7 8 9
Ver detalles organización ‘Los Malambos’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/Malambos.htm Ver detalles organización ‘Ivicho’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/Ivicho.htm Ver detalles organización ‘Los Panchos’ o ‘Chalis’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/Pachos-o-chalis.htm | 279 |
• También en el Monzón trabaja, según la Policía, la organización de Nelson Neira Jaimes. Conocido como “Runa Mula”, Neira Jaimes es el gerente de la empresa de transportes “Brisas del Monzón” y ex presidente del Club de Fútbol “León de Huánuco”. Según la Policía Antidrogas, su organización está integrada por miembros de su familia. De acuerdo a la misma información son parte de la firma los conocidos con el apelativo de ‘Pashco’,‘Don Juan’, ‘Shiuri’, ‘Maracas’, ‘Chilcano’, ‘Juancho’, que están en proceso de investigación e identificación.10 El 5 de enero del 2007, la Policía Antidrogas decomisó 150 kilos de cocaína que, de acuerdo a las investigaciones, pertenecían a la organización de ‘Runa Mula’. Ahí se detuvo a los hermanos Marco y Claver Acosta Rodríguez, dueños de la empresa de transporte “Bahía Continental”. A Nelson Neira Jaimes y a los miembros de su organización también se les acusa del delito de financiamiento de actividades terroristas. En el grupo de narcotraficantes capturados figuran: • Josafat Rubina Torres, conocido como ‘Severo’ o ‘Loco’. Pese a la captura del jefe, su organización sigue operando en el valle del Monzón. Según la PNP, desde el Monzón este grupo organiza el envío de grandes cantidades de droga al sur del país, con puertos de salida en Arequipa y Tacna, y en algunos casos Puno. El destino final es Estados Unidos.11 De acuerdo con la información policial, la organización de Severo ha financiado las actividades de Sendero Luminoso en la zona del Alto Huallaga, “se acreditó que es uno de los principales financistas de Sendero Luminoso en la zona, con quienes coordinó y financió el asesinato de 4 personas y dos efectivos de la Policía”. Estas muertes fueron las de Jorge Jara Jara, (21 de marzo del 2005), Toñito Pacaya Pulido, (05 de agosto del 2005), Manuel y Solano 10 11
Ver detalles organización ‘Runa Mula’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/runa-mula.htm Ver detalles organización ‘Severo’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/severo.htm
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Meléndez Gómez (20 de enero del2006), y de los policías: SO1 Máximo Paico Dextre y el SO3 Meljid Sedano Chávez el 17 de febrero del 2006. El 22 de febrero último, luego de una cuidadosa operación, ‘Severo’ fue capturado en la localidad El Encuentro - Distrito del Monzón. • Otro grupo importante es el de ‘Papujo’, seudónimo de Carlos Rodríguez Castillo. Su organización está formado por: Salvador Raymundo Amaya, cuyo apelativo es ‘Shanti’, Clavel y Silverio Lino Simón (cuyos apelativos son ‘Clavel’ y ‘Muelas’ respectivamente), Pedro Espinoza Huerto (‘Copón’), Juan Carlos Rojas Niño (Muca), Rafael Roque Romero, Lucio Manayay, entre otros.12 Las investigaciones policiales han determinado que ‘Papujo’ gestionó el asesinato de Oriol Melgarejo Acosta, en noviembre del 2005 en Palo de Ácero, por robar una carga de droga de su grupo. El asesinato, según la Policía, fue ejecutado por el grupo de ‘Artemio’, quien envío a César Bonifacio Santiago, con el seudónimo de ‘Carlos’ o ‘Negrillo’, para encargarse de la ejecución. ‘Papujo’ fue capturado el 14 de mayo último en Cachicoto. • También en el Valle del Monzón está basada la firma de ’Los Rambos’, liderada por Hernán Tapia Trujillo, cuyo apelativo es precisamente ‘Rambo’. Según el reporte policial, esta organización está integrada por sus hermanos Iván Tapia Trujillo (‘Chuclus’) y Rudy Tapia Trujillo (‘Rudy’) y son propietarios de la empresa de transportes “Brisas del Monzón”. La firma de ‘Los Rambos’ ha realizado el envío de grandes cantidades de droga al norte del país con destino final a los Estados Unidos.13
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Ver detalles organización ‘Papujo’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/papujo.htm Ver detalles organización ‘Los Rambos’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/rambo.htm | 281 |
El 5 de enero del 2007 la Policía decomisó 150 kilos de cocaína en la ciudad de Huanuco, cuando estaba a punto de ser despachada a Lima mediante un ómnibus de la empresa “Bahía Continental”, de propiedad de Sabino y Claver Acosta Rodríguez. La droga decomisada pertenecía a ‘Los Rambos’. Posteriormente, en el decomiso de 9 toneladas de insumos químicos en Castillo Grande la Policía determinó que gran parte del cargamento sería destinado para la organización de ‘Los Rambos’. En una operación simultánea en Los Olivos (Lima), el Callao, y en la ciudad de Huanuco fueron detenidos ‘Rambo’, su hermano Mario Tapia Trujillo y Rudy Tapia Trujillo respectivamente, el 25 de enero del 2008. • La última organización detectada por la Policía es la conocida como ‘Los Machado’, y está conformada por los hermanos Paulino Machado Modesto, conocido como ‘Diecicocho’, y Darío Machado Modesto, cuyo seudónimo es ‘Seúl’.14 El 13 de agosto del 2007, en el operativo ‘Volcán’ los hermanos Paulino y Darío Machado Modesto fueron capturados a la vez en Huánuco y el poblado de Palo Wimba – Monzón. La Policía sindica a todas estas organizaciones como financistas de Sendero Luminoso (la facción de ‘Artemio’). Lo que sucede es que todas pagan cupos de protección al grupo senderista y queda por determinar en cada caso si lo hacen por conveniencia, por coacción o por una combinación de ambos factores. Publicado el 04 de junio del 2008
14 Ver detalles organización ‘Los Machado’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-06/Machado.htm | 282 |
VII. Otros Casos
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Capítulo 54
El Caso ‘Diana Arévalo’ El “lugar del crimen” La violación o intento de violación de Diana Arévalo se habría producido, según acusó ella, entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de setiembre, en el 2173 de Huáscar, en Jesús María. Arévalo está vinculada con un local en San Borja que concerta citas de sus representadas con clientes masculinos de cierta solvencia. Según la versión 1.1 de Arévalo, grabada con cámara escondida, ella llegó invitada por una amiga. En el lugar, vio al ex presidente Alejandro Toledo además de otra gente. Hablaron de política y aparentemente otros temas. Bebió, según dice, medianamente. Luego, cuando fue al baño, Toledo la habría seguido e intentado propasarse, bajándose el pantalón y esgrimiendo una botella en forma no precisada. Ante esa demostración de intenciones, Arévalo habría salido enérgicamente del baño, propinado un empujón a Carlos Zegarra, asesor de Toledo, le habría arrebatado su teléfono celular y salido casi escapando de la oficina de Pollack, pese a los pedidos de su no identificada amiga. Habría tomado el taxi cerca e ido a denunciar el hecho en la comisaría de Orrantia, donde habría sido maltratada. En algún momento de la madrugada, habría sonado el expropiado teléfono de Zegarra y Adam Pollack le habría dicho, según su versión, “¡Déjate de cojudeces, puta!”. Finalmente, de alguna manera no explicada, el teléfono le habría sido devuelto a Zegarra. | 285 |
¿Estuvo Adam Pollack en su oficina esa noche? Todo indica que no. El suegro de Pollack fue operado el 18 y éste regresó relativamente temprano a su casa. Pollack vive en Casuarinas, a la que se puede ingresar o de la que se puede salir por solo una puerta a partir de las 8:30 de la noche. Todo ingreso o salida es filmado en la garita de vigilancia por más de una cámara, que anota fecha y hora. Aquí les damos la foto del ingreso del vehículo de Pollack a Las Casuarinas1. La esposa de Pollack, Mariana, confirma en todos sus términos la versión de aquel. ¿Pudo éste haber salido después? Habría sido fotografiado. ¿Pudo haber salido en otro vehículo? Su esposa lo niega, y no solo eso, hay más. IDL-SC ha podido establecer que el entonces jefe de la escolta de Toledo, mayor PNP Juan Ruiz presentó un informe escrito a Seguridad del Estado, dependencia en la que trabaja, indicando cada una de las acciones y movimientos de la escolta que acompañó a Toledo el día 18 y la noche del 18 al 19. Ahí se indica que el ex presidente no se movió de su casa de Camacho y que durmió ahí custodiado por su turno de seguridad, de cuatro policías. Cada uno de ellos firmó independientemente una corroboración de la reseña de Ruiz. Si, como todo indica, ni Toledo ni Pollack ni Zegarra participaron o siquiera estuvieron presentes en el lugar de la presunta orgía, ¿estuvo o no estuvo Diana Arévalo en la oficina de Pollack en Huáscar 2173 en la noche del 18? Todo indica que no. Según Arévalo, ella arrebató el celular y salió casi huyendo de esa oficina. Eso, según ha averiguado IDL-SC, es imposible. Pesquisa de orgías. (La secuela)2 IDL-SC ha continuado investigando el caso y aunque no ha logrado todavía responder a todas las preguntas que plantea la pesquisa, si tiene algunas novedades. Los policías de la comisaría de Orrantia del Mar investigados por Inspectoría de la PNP por el caso, son cuatro: el mayor PNP Carlos Villacorta, el capitán PNP Guido Feria, el alférez PNP Marco Sullca y el suboficial PNP Rubén Chávez. 1 2 | 286 |
Ver fotos: http://seguridadidl.org.pe/destacados/2007/17-10/polack1.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/19-10/texto1.htm
Tres de ellos tienen el mismo abogado defensor. Se trata de Edmundo Inga Garay, abogado de Feria, Sullca y Chávez. El abogado Inga es conocido, según él mismo indica, como defensor de causas difíciles. Entre sus asesorados han estado o están el sutepista Robert Huaynalaya, los imputados por el asesinato del alcalde de Ilave y el dirigente cocalero Nelson Palomino. Otro notorio cliente de Inga Garay es Antauro Humala. Lo interesante en este caso es que el congresista que hizo la denuncia contra Toledo es Gustavo Espinoza, la persona más cercana a Antauro Humala en el Congreso, propiciador de una amnistía en beneficio de éste. El defensor congresal, además, está perfectamente al tanto de la actividad del defensor legal en este caso. Es decir, que dos personas que colaboran en un caso notorio y sumamente contencioso de la vida política, están vinculados tanto con el testimonio de Diana Arévalo como con el de los policías que la recibieron en la comisaría de Orrantia. Pese a esa coincidencia, Inga Garay sostuvo que en la investigación a sus defendidos, “hay una mala interpretación de la ley, le quieren tirar la quincha al más débil”. Dio, además, lo que calificó como una “primicia” a IDL-SC: “la primicia que les tengo –dijo- es que la chica además de estar ebria, le sangraba la nariz, es decir que había ingerido substancias prohibidas por la ley”. Otro detalle de posible importancia en las confusas versiones de lo que acaeció en la comisaría de Orrantia en la madrugada del 19 de setiembre, es que la madre de Diana Arévalo no fue la primera en llegar a verla. Antes de ella llegó su amiga Roxana Salazar Vásquez, que se identificó con el DNI 09746808. Salazar llegó en una camioneta Honda verde petróleo de placa TGM 178 y señaló que su domicilio se ubicaba en la avenida Aviación 2340- departamento 405. Ella dio lo que se da en llamar “sus generales de ley”, y luego de decir que su amiga “siempre arma escándalos cuando toma”, se retiró de la Comisaría. Después llegó la madre de Arévalo, que logró persuadir a los | 287 |
policías de que la dejen ir con ella, sin pasar por ningún examen ni aguardar la llegada del fiscal. Esa omisión, y el no poder explicar por qué ingresaron la incompleta denuncia en el cuaderno de “ocurrencias reservadas” es lo que tiene a los policías bajo investigación, con una alta probabilidad de ser dados de baja. El hecho es que la investigación policial, y la fiscal, se distinguen hasta ahora por una excepcional lentitud y, en el caso de la Policía, un vehemente apego a lo formal. Esto contrasta, sin duda, con la velocidad con que la misma policía resuelve casos mucho más complejos pero donde figuran –directamente y en el trasfondo- otros personajes. El testimonio de los escoltas del ex presidente Toledo, por ejemplo, ha sido puesto bajo una estricta reserva, pese a que puede servir en forma decisiva para aclarar las imputaciones de Arévalo. IDL-SC se comunicó con el jefe de Seguridad del Estado, general PNP, Mauro Remicio, y luego con el propio director general de la PNP, general David Rodríguez Segeu para pedir a ambos el contenido de las declaraciones de los escoltas. La respuesta fue negativa, bajo la justificación de que el caso se encuentra ya bajo la investigación del fiscal César del Pino. Sin embargo, del Pino indicó el viernes 19 a IDL-SC, que no le había llegado ninguna declaración ni documento de Seguridad del Estado. Del Pino, de paso, un fiscal con 44 años de servicio, no parecía tener mayor apuro en profundizar la investigación. Dijo a IDLSC que si Arévalo no ratifica su denuncia, no habría caso. Sin embargo, IDL-SC ha podido obtener parte de la declaración del mayor PNP Juan Ruiz, jefe de la escolta de Toledo. Tanto Ruiz, como otros tres policías de la escolta, fueron llamados a Seguridad del Estado un día después de la denuncia pública de Espinoza. Los efectivos están obligados a hacer un “parte diario de servicio” antes que pasen 24 horas de éste. El parte diario del 18 al 19 había hecho constar que la noche pasó “sin novedad”. Después de la denuncia, Remicio los llamó para “ampliar el parte”.
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El mayor Ruiz declaró entonces que el “servicio”, que retornó ese día a la casa de Toledo en Camacho a “las 20:45” permaneció “hasta las 08:00 horas del día siguiente, no registrándose novedades de importancia”3. Los otros tres policías – dos de los cuales son Juan Zumba y Juan Castañedaratificaron por escrito y bajo firma el testimonio de Ruiz. IDL-SC continuará investigando el caso. Publicado el 19 de octubre del 2007
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Capítulo 55
Pesquisa de orgías III1 A estas alturas de la investigación, se ha podido aclarar lo siguiente: - Adam Pollack ha mostrado pruebas gráficas y testimoniales que estuvo en su casa en Casuarinas durante las horas en que se le imputa haber estado en Jesús María con Diana Arévalo; - El ex presidente Toledo cuenta con el testimonio de por lo menos cuatro policías de Seguridad del Estado, en los que se indica que durmió en su casa de Camacho entre el 18 y el 19 de septiembre; - Carlos Zegarra ha demostrado que su teléfono no hizo ni recibió ninguna llamada entre las 10 de la noche del 18 de septiembre y las 7:30 de la mañana del 19 de septiembre; - Ha quedado demostrado que es imposible abrir directamente la puerta exterior de la oficina de Adam Pollack en Jesús María. La única forma de hacerlo es desde adentro, mediante un botón eléctrico. Todo esto lleva suponer que es imposible que se haya producido una reunión -orgiástica o monacal- en la oficina de Pollack en las horas y el día que acusó Diana Arévalo. 1
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Quedan las siguientes posibilidades: • Pasó algo, pero en otro sitio y con otras personas; • Se trata de una delusión paranoica; • La acusación es parte de una patraña. Hasta ahora, IDL-SC se ha concentrado en investigar qué sucedió (o no sucedió) en la oficina de Pollack. Ahora, es necesario averiguar qué pasó en el otro local de importancia en este evento: la Comisaría de Orrantia. Al seguir los hechos, hay un primer detalle que llama la atención. Como IDL-SC ha establecido, Diana Arévalo tomó el taxi manejado por José Silva en la esquina de Huáscar con Olaechea, a unos 20 metros de la oficina de Pollack. La información de Silva es que Arévalo le pidió ir a San Borja. El taxi enrumbó por la avenida Prescott en dirección a la Javier Prado. Sin embargo, al llegar a la intersección con esta avenida, en lugar de doblar a la izquierda, para ir a San Borja, dobló a la derecha, en dirección a la Salaverry. Pocas cuadras más abajo, en la intersección con los Eucaliptos, Silva pidió la intervención del Serenazgo. ¿Por qué cambió de dirección? Ello no está explicado en ningún documento ni de la Policía ni del Serenazgo de San Isidro. De la intersección de Javier Prado con los Eucaliptos, el taxi que transportaba a Diana Arévalo prosiguió a la Comisaría de Orrantia del Mar, escoltada por una “luciérnaga” del serenazgo de San Isidro. Era poco más de la una y treinta de la mañana. En la comisaría de Orrantia del Mar, se encontraba al mando el capitán PNP Guido Feria. También estaban el alférez PNP Marco Antonio Sullca, arequipeño, de 25 años; y el SOT2 (Suboficial técnico de segunda) PNP Rubén Chávez, quien según diversos testimonios es el más experimentado del grupo en el manejo de ocurrencias policiales. Chávez, sin embargo, se encontraba “en 150”, es decir, dormido. | 292 |
Al entrar a la Comisaría Diana Arévalo se desplomó, sin hacerse daño, y fue levantada por los miembros de serenazgo. Entonces se acercaron el capitán Feria y el alférez Sullca, que encontraron a una mujer alterada, que gritaba y hacía llamadas desde su celular. (La versión que inicialmente dio el congresista Gustavo Espinoza a la revista Caretas fue que ese celular es el que Arévalo habría arrebatado a Carlos Zegarra al salir corriendo de la oficina de Pollack. Sin embargo, cuando IDL-SC hizo público que Zegarra había pedido a la empresa de telefonía Claro el registro de sus llamadas ese día, Espinoza cambió de versión e indicó, en el programa periodístico La Hora N, que eso era un invento de Caretas. A IDL-SC le consta que Espinoza falta a la verdad en este aspecto). El técnico Rubén Chávez se despertó mientras el policía Fredy Reyes Alarcón, un policía de Seguridad del Estado que en su día de franco trabajaba para el Serenazgo de San Isidro, hacía el parte de Serenazgo.2 Antes que Reyes Alarcón termine de hacer el parte, Chávez y Ronald Ubilluz, supervisor del Serenazgo de San Isidro salieron en un auto del Serenazgo hacia Jesús María, a la oficina de Pollack, para hacer lo que llamaron una “Inspección Técnica Policial (ITP)” del inmueble. Dicha inspección supuso tocar el timbre durante 15 minutos y hacer ulular la sirena. La oficina estaba a oscuras y nadie salió ni contestó. Chávez y Ubilluz concluyeron que no había nadie en la casa y regresaron a Orrantia. Entre tanto, había llegado la amiga de Diana Arévalo, Roxana Salazar. La recibieron Feria y Sullca. Salazar conversó con Arévalo, y según varias fuentes le dijo a los policías: “Ya la revisé, no la han violado. Ella es dama de compañía” antes de retirarse. Según todos los policías de la Comisaría de Orrantia3 que estuvieron presentes esa noche, Arévalo no recibió ninguna llamada, más bien era ella la que llamó varias veces. 2 3
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Además, Arévalo continuaba diciendo: “yo no quiero nada, quiero que me traigan a Toledo que ha estado en esa casa, y a su amigo Polay”, repetía, por ratos colérica, Diana Arévalo, al tiempo que se negaba a pasar cualquier examen. Ahí algunos de los policías le preguntaron en broma: “Pero ¿Polay no está en cana?”. Sin embargo, a esas alturas, el capitán Feria decidió llamar al comisario, el mayor PNP Carlo Villacorta, con el celular del alférez Sullca. El mayor Villacorta ordenó inicialmente que se actúe “conforme a ley”. Chávez se sentó entonces a hacer los oficios para remitir a Arévalo a que se hiciera los exámenes de medicina legal. Pero antes de media hora hubo una llamada de Villacorta al celular de Sullca. Ahí, aquél cambió las órdenes y dijo “manéjalo con pinzas”. Villacorta dijo a sus subordinados que Toledo estaba metido y Arévalo se había llevado un celular. Los policías de la Comisaría le informaron que Arévalo se quería ir. Villacorta les habría dicho “que se vaya”, según fuentes coincidentes de la Policía. Esa segunda llamada duró casi media hora. Entonces sucedió algo extraño. El capitán PNP Feria la acompañó hasta la esquina con Salaverry. Ahí paró un taxi, le quitó los documentos al taxista y le pidió que pasee a Arévalo por un rato, haciéndole prometer que la regresaría a la Comisaría de Orrantia del Mar. El taxista recibió 30 soles por la carrera de algo más de una hora. Mientras Arévalo estaba en ese extraño paseo, el mayor PNP Villacorta llegó a su Comisaría. No solo él, también la madre de Arévalo arribó y no encontró a su hija. Esta regresó poco después y entonces su madre, después de reprocharle por tener “drogas y alcohol en el cuerpo”, según le habían informado los policías, pidió llevársela a casa. A esas alturas, ya había acaecido otro hecho significativo. Quizá el más importante. | 294 |
El mayor PNP Carlo Villacorta recibió en su casa la llamada del coronel PNP José Antonio Miranda Acero, quien le habría informado sobre el caso. Luego de eso, Villacorta llamó al celular de Sullca en la conversación referida líneas arriba, en la que les pidió que “manejen la situación con pinzas”. Después de eso, según el personal de la comisaría de Orrantia, Villacorta se comunicó con el coronel PNP Jorge De la Piedra, jefe de la distrital de San Isidro, y le comunicó el incidente. De la Piedra negó a IDL-SC haber recibido esa llamada. ¿Cómo se enteró el coronel PNP Miranda Acero de lo que había sucedido? Eso no está claro todavía. Lo que IDL-SC sabe a estas alturas es que Miranda Acero es un coronel del “código 2” (exPIP), que trabaja en el laboratorio de la Dirección de Criminalística (DIRINCRI) en la avenida Aramburú, luego de una carrera en la que no le ha faltado notoriedad. Miranda Acero es un sobrino lejano del que fuera jefe de la Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio del Interior, general EP (r) Oscar Villanueva Vidal, el militar conocido como “el cajero de Montesinos”, que se suicidó en 2002cuando era investigado por acusaciones de corrupción. Villanueva hizo entrar a Miranda Acero a la OGA en 1997. Cuando Villanueva Vidal se suicidó en 2002, dejó una carta en la que maldecía a Miranda Acero, afirmaba haberle dado grandes cantidades de dinero, haber sido chantajeado por él y terminaba escribiéndole: “nunca te perdonaré que he llorado noches enteras en soledad maldiciendo el día en que te acerqué a mi entorno. Ojalá Dios quiera que algún día no pagues tú y tu familia, la maldad con que me afectaste”. IDL-SC buscó a Miranda Acero en su oficina en la avenida Aramburu. Al preguntarle por su llamada al mayor Villacorta, Miranda negó haberla hecho. A su turno, cuando IDL-SC preguntó al mayor PNP Villacorta por esa llamada, éste contestó que “Todas mis llamadas han sido policiales”. Vi| 295 |
llacorta se negó a declarar más, indicando que “todo forma parte de la investigación. No puedo decir nada, porque se ha demostrado que todo ha sido una patraña. Como yo ya sé todo ha sido una patraña. Todo está en investigación. No puedo hablar nada”. Lo cierto es que de todos los policías que estuvieron en servicio esa noche, Villacorta es quien la está pasando mejor. Después de la medida cautelar que lo separó de la comisaría mientras duran las lentísimas investigaciones de Inspectoría, Villacorta ha sido destacado a la distrital de San Isidro, mientras Feria, Sullca y Chávez4 han sido enviados a San Luis, San Miguel y Breña. Las llamadas de Villacorta a los tres han sido diarias, reiterándoles que “no les pasará nada” y que en los próximos días, el fiscal César del Pino cerrará el caso. Antes que lo cierre, debería hacer algunas preguntas. Una de ellas es: ¿cómo se informó Miranda Acero del incidente? Publicado el 24 de octubre del 2007
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Capítulo 56
Pesquisa de orgías IV1 El jueves 24 de octubre, IDL-SC publicó la tercera entrega de su investigación sobre la acusación en contra del ex presidente de la República, Alejandro Toledo, de haber intentado violar (versión 1) o propasarse (versión 1.1) con la hoy célebre Diana Arévalo entre la noche del 18 de septiembre y la madrugada del 19 de septiembre. En esa entrega salió a la luz por primera vez un personaje que ha resultado central en el develamiento de este sórdido misterio. Se trata del coronel PNP José Antonio Miranda Acero, un policía con un notorio historial. Miranda Acero, como se recuerda, llamó al comisario de Orrantia, mayor PNP Carlo Villacorta, en la madrugada del 19 de septiembre, para pedirle – según dijo éste a sus subordinados- que “trate con pinzas” el caso, lo que, en efecto, sucedió. Las “pinzas”, por cierto, resultaron ser tan sépticas e ilegales, que hicieron posible el escándalo dos semanas después, han destruido virtualmente las carreras de cuatro policías de esa comisaría y puesto bajo peligro funcional a una serie de otros jefes policiales. Además, por cierto, de haber logrado el objetivo inmediato de manchar al ex jefe de Estado. 1
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En su investigación IDL-SC ha podido, sin embargo, probar hasta el momento que la acusación de Diana Arévalo, de que Alejandro Toledo había intentado violarla (versión 1) o propasarse (versión 1.1) en compañía por lo menos de Adam Pollack y Carlos Zegarra, en la noche del 18 de septiembre, en el número 2173 de Huáscar, en Jesús María, es falsa. Para ser más precisos: el presunto hecho no pudo ocurrir ni en el lugar ni en la hora ni con las personas que han sido acusadas. La denuncia es específica en cuanto a todo lo anterior, y en todo miente. Las entregas anteriores, especialmente la I y la II escudriñaron puntual y minuciosamente cada uno de los detalles y personajes de la denuncia, contrastaron y corroboraron todas las versiones relevantes, que permiten establecer sin ninguna duda que, en cuanto a lugar, hora y protagonistas, la acusación miente. Hay cosas, sin embargo, que son verdad: • Diana Arévalo tomó el taxi a 20 metros de la oficina de Adam Pollack, en la madrugada del 19 de septiembre; • Hizo la acusación muy poco tiempo después en la comisaría de Orrantia, donde señaló falsamente la dirección, hora y personajes mencionados; • El coronel PNP José Antonio Miranda Acero llamó al comisario Villacorta, sabiendo ya que Diana Arévalo estaba en la comisaría de Orrantia, sin haber estado presente en ningún momento ni etapa previa del presunto escándalo. ¿Cómo supo lo que había pasado? Así, IDL-SC lanzó al coronel PNP Miranda Acero a la luz pública en forma que éste no pudo soslayar. Antes de publicar el 24 de octubre, IDL-SC buscó al coronel Miranda Acero en su oficina de la Dirincri, en la avenida Aramburú y desde el primer momento fue evidente que su relación con la verdad era sumamente conflictiva. Cuando se le preguntó si había llamado al comisario Villacorta, dijo: “No. Es mentira, ¿quién lo ha dicho? Qué raro, esa versión”. Luego, él hizo varias preguntas a su vez: “¿Usted cree que no existió nada? ¿Que alguien | 298 |
va a armar todo esto? ¿Quién se tomaría ese trabajo? ¿Quién le cree al ex presidente?” En el segundo intento de entrevista a Miranda Acero, el 30 de octubre, seis días después de la publicación de IDL-SC, éste afirmó no conocer al congresista Gustavo Espinoza y no tener ningún vínculo con él. El día siguiente, no obstante, la revista Caretas publicó la transcripción de parte de conversaciones grabadas entre el congresista Espinoza y el coronel Miranda Acero. IDL-SC contactó ese mismo día a Miranda y éste contestó en esa ocasión que sí conocía a Espinoza y que hablaba con él todo el tiempo. Respecto de la grabación, parte de la cual fue colgada en internet en la dirección de Caretas en la Red, Miranda Acero dijo que “habrá que escucharlo y ver si es mi voz”. IDL-SC ha tenido acceso a diferentes audios que registran la voz del coronel PNP Miranda Acero y considera que es él quien habla con el congresista Espinoza en los audios publicados por Caretas. El mismo día que apareció Caretas, el diario La Razón, con notorias conexiones con Vladimiro Montesinos y la corrupta organización que éste encabezó, publicó en la página 4 una nota que empezaba así: “Dos audios con el chuponeo de una conversación entre el congresista Gustavo Espinoza y el coronel PNP José Antonio Miranda Acero, que una revista local se apresta a difundir en las próximas horas…”. La fuente de las grabaciones es el congresista Gustavo Espinoza, el único fuera de Caretas que sabía se iba a publicar la nota y que aparentemente decidió tratar de perjudicar la sorpresa de la publicación sacando la información un día antes en La Razón, sin saber que excepcionalmente Caretas iba a salir esa semana el día miércoles y no el jueves. La grabación de las conversaciones entre Espinoza y Miranda Acero fue inmediatamente tomada por dos diarios muy afines entre sí: La Razón y Expreso, para buscar insuflar nueva vida a las acusaciones contra Toledo. | 299 |
Así, ambos diarios dijeron lo siguiente: • El titular de La Razón el miércoles 31 de noviembre fue “Chuponeo confirma presión de Toledo para ocultar denuncia de violación sexual a Diana”2. Hay un colgado: “Se trata de una conversación entre coronel PNP y congresista Espinoza”, y un recuadro: “Captor de terroristas” en el que adscriben hazañas policiales a Miranda Acero, como las capturas de Osmán Morote, Edmundo Cox Beuzeville y Perciles Sánchez, entre otros. • El día siguiente, el 1 de noviembre, Expreso le dedicó la portada3 y la página 5 al tema, bajo el mismo concepto: un artículo principal: “La verdad se abre paso”4 en donde indicaban, con mayor precisión de fechas que la que informan los audios, que la conversación entre Miranda y Espinoza “probaba” las acusaciones de Diana Arévalo; y un recuadro, bajo el título “Papelón del IDL” en el que repetían los presuntos logros heroicos de Miranda Acero y señalaban que merecía ser ascendido a general, cargo que no había logrado solo por la oposición de “caviares y toledistas”. • Ese mismo día, La Razón, en la página 55, publica esencialmente lo mismo que Expreso, bajo el título de “audios revelan que Pollack llevó a las mujeres a la juerga de Toledo”. La novedad, en ambos casos, es que se implica a generales no identificados de la Policía (mediante un recuadro en La Razón y dentro del artículo en Expreso), de haber conspirado para ayudar a Toledo. Esta última acusación, o insinuación más bien, resulta lógica de hacerse en el mes de noviembre, cuando se deciden los ascensos y los pases al retiro, que normalmente desatan una hemorragia de anónimos acusatorios. Miranda Acero, de paso, se presenta por cuarta vez al ascenso para general, y el documento que circula para apoyar dicho ascenso, no requiere un psicoanalista para verificar su ansiedad.6 2 3 4 5 6 | 300 |
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/03-11/la_razon_chuponeo.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/03-11/expreso_toledo.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/03-11/expreso.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/03-11/la_razon_audios_revelan.htm http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/03-11/hv_jose_miranda.htm
¿Qué de nuevo tienen los audios de las conversaciones entre Miranda Acero y Espinoza? Lo siguiente: • Miranda Acero afirma que quien lo llama y le informa sobre la presunta violación o acoso es el ex policía, primo, guardaespaldas y allegado del ex presidente Toledo, José Ballarte. Según Miranda, la llamada se produjo a las 2 de la mañana del 19 de septiembre, desde “el privado, cuñao”; • Miranda Acero acepta haber llamado a Villacorta, “yo, huevón, he contestado normal y aparte cuando he llamado al mayor lo he llamado así, abierto”. • Según Miranda, Ballarte le habría dicho que se habría producido el incidente en “Jesús María, pero no me dijo la dirección, por tanto hay dos jermas y una de ellas se ha salido como loca llevándose el celular de Carlos Zegarra”. • Miranda afirma, en la conversación, que Adam Pollack fue quien llevó a las damas de compañía: “Pollack, es este, el que le ha puesto a esas cojudas”. • Miranda sostiene que Toledo lo convocó a su casa de Camacho a las 5:40 p.m. del 4 de octubre, para ayudarlo a tapar el escándalo. Afirma que en esa reunión estuvieron los abogados de Toledo, Alejandro Tudela Chopitea y Víctor Pérez Liendo, además de Carlos Zegarra y José Ballarte, aparte del propio Toledo. Agrega Miranda que en esa reunión Toledo llamó, entre otros, al general PNP Octavio Salazar, jefe de la VII Región. • Miranda se burla de Toledo y su círculo, “ellos ni sospechan de que yo estoy (ininteligible), me tienen como amigo, tú eres mi pata, por eso te he contado todo, somos cuñados”. IDL-SC tiene en su poder todos los audios grabados por Espinoza, solo una parte de los cuales ha sido hecha pública. De un primer análisis de dichos audios, IDL-SC ha sacado en limpio lo siguiente: • Por lo menos una parte importante de la conversación entre Espinoza y Miranda Acero fue grabada el 4 de octubre. Miranda Acero no solo refiere haber concurrido a una reunión ese día en la casa de Toledo (como también lo consigna Expreso explícitamente)7 sino menciona otros eventos que tuvieron lugar el 4, como una entrevista de Espinoza en CPN con Alberto Ku King. Se hace mención también a un reportaje de la Ventana Indiscreta emitido el 3 de octubre y se dice que se lo vio el día anterior. 7
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• El audio se grabó un día después que Espinoza saliera a hacer la denuncia pública en el Congreso. De manera que no sirvió como información a Espinoza. Todo indica que ambos, y algunos terceros, habían conversado y deliberado sobre el tema antes. • El punto de articulación entre Miranda Acero y el entorno de Toledo parece haber sido José Ballarte. A estas alturas, IDL-SC no está en condiciones de describir con precisión el tipo de relación entre Ballarte y Miranda Acero. Ambos, sin embargo, son paisanos, ancashinos y provienen los dos de la ex Policía de Investigaciones del Perú (PIP). IDLSC sabe que Toledo y gente de su entorno conocen a Miranda Acero, lo que fue utilizado por éste para dar credibilidad a la acusación. ¿Cuál es la verdad de los hechos tras la imputación de Miranda Acero? • El 4 de octubre, Miranda Acero incluyó en la imputación a Toledo, Pollack, Zegarra y Ballarte. Su guión es el mismo de la acusación inicial de Espinoza el 3 de octubre. • Sin embargo, el 18 de octubre, IDL-SC examinó en detalle los presupuestos de la imputación y demostró que era falsa en cuanto a hora, lugar y personajes. Es decir, en cuanto a todo. • Miranda Acero afirma haber estado con Toledo en su casa de Camacho el 4 de octubre, reunido con éste, Tudela, Pérez Liendo, Zegarra y Ballarte. • IDL-SC ha examinado en detalle la agenda de Toledo ese día y el anterior. El 4 de octubre Toledo almorzó, desde la 1 p.m. hasta las 4 p.m. con el embajador de Estados Unidos, Peter Michael McKinley en la Residencia de la Embajada estadounidense. Pasadas las 4 de la tarde tuvo una reunión breve con sus abogados, Tudela y Pérez Liendo. Recibió además a un visitante ligado a un arte concreto. Luego, preparó por una hora el discurso que iba a dar ese día en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), en homenaje a Fernando Belaunde Terry. A las 6:35 de la tarde salió de Camacho a la USIL, con Javier Reátegui y Carlos Zegarra. Llegó a las 7 p.m. Terminó la conferencia y demás intervenciones pasadas las 9 de la noche. Él y su grupo eludieron el acoso de la prensa y terminaron con una cena tardía en el chifa Omei. Estuvieron también, entre otros, Javier Reátegui, Carlos Ferrero y Marcial Ayaipoma. Adam Pollack estuvo, pero se retiró temprano. | 302 |
• Miranda sostiene haber visto a Toledo junto con los abogados. Eso debiera haber sido entonces entre las 4:30 p.m. y 5:30 p.m. del 4 de octubre. IDL-SC contactó tanto a Tudela como a Pérez Liendo, y el testimonio de ambos es inequívoco. “Desmiento categórica, indubitablemente que esa persona (Miranda Acero) haya estado presente en una reunión en casa del presidente Toledo o fuera de ella en la que se haya tratado o se haya discutido el tema de la presunta violación. ¡Jamás he estado reunido en la casa del presidente con esta persona para tratar este tema!”, dice Tudela Chopitea. • Pérez Liendo es igualmente enfático: “Puedo asegurar que nunca he estado reunido con él y menos que haya estado presente en cualquier reunión de trabajo en la casa de Toledo. Nunca lo he visto ahí”. • Tanto Tudela Chopitea como Pérez Liendo aceptan “tener referencia” o “haber visto” a Miranda, pero nada más. Personas familiarizadas con el pensamiento del ex presidente sostienen que Miranda Acero buscó a Toledo para pedirle que interceda a favor de su ascenso. Las mismas fuentes admiten que es posible que “conozca a Pepe (Ballarte) y haya infiltrado nuestro entorno”. • La infiltración, que parece haberse producido, le da verosimilitud a algunos detalles de la imputación, pero, al fin, todo indica que dichos detalles no fueron lo suficientemente trabajados y dejaron muchos vacíos, quizá confiados en la ineptitud del entorno de Toledo y su legendaria incapacidad de autodefensa, pero que no resistieron una investigación mínimamente prolija. A estas alturas, es obvio que Miranda Acero desempeñó la tarea del tradicional infiltrado y agente provocador, según lo reconoce él mismo en sus audios. Que su presencia no haya suscitado timbres de alarma en el entorno de Toledo dice mucho sobre la incompetencia de aquél. Porque, a diferencia de lo que sostienen los recuadros propagandísticos de La Razón y Expreso, al examinar la trayectoria de Miranda Acero, uno se sorprende de cómo pudo haber llegado a coronel, o a capitán para tal caso. Su vinculación con el “cajero de Montesinos”, el general EP Óscar Villanueva Vidal, y con la viuda de éste, Ruth Díaz, prima de Alberto Venero, no es cosa de broma. Como se sabe, Villanueva se suicidó el 2004, pero | 303 |
dejó cartas que expusieron una relación con Miranda Acero, que tenía todos los visos de ser culpable. (Ver carta de Villanueva Vidal hoja18, hoja29, hoja310 y hoja411). Pese a dicha carta, IDL-SC tiene información fidedigna que la relación de Miranda Acero con la familia de Villanueva Vidal continuó después del suicidio de éste. Y que terminó mal. ¿Por qué Miranda Acero no fue investigado a fondo por el fuero anticorrupción? Porque el fiscal Jorge Luis Cortez manejó negligentemente el caso. ¿Y qué hay del presunto captor de Osmán Morote, Cox Beuzeville y otros? IDL-SC contactó con varios veteranos del Delta 8, de la Dircote y con los dos creadores y ex jefes del GEIN, general (r) PNP Marco Miyashiro y coronel (r) PNP Benedicto Jiménez. El testimonio de todos es concordante y concluyente: El jefe del Delta 8 fue el hoy coronel PNP Luis Valencia Hirano (el mismo que años después fue el primero en encañonar a Abimael Guzmán, en su condición de legendario jefe y operativo del GEIN). Fue él quien capturó, con los otros miembros de su Delta – cerca de 18 personas- a Osmán Morote. Según varios miembros de ese Delta, Miranda Acero llegó en su auto dos horas antes de la operación, “se acopló, no hizo nada y se llevó la gloria”. Un ex jefe suyo lo define como “un oportunista, peleonero y soberbio”. En resumidas cuentas: ninguno de los grandes jefes policiales que fueron decisivos en la lucha contra el senderismo guarda ninguna buena impresión de Miranda Acero. Por lo contrario. ¿Y qué respecto de Gustavo Espinoza? Describir su trayectoria requiere una edición especial de IDL-SC. Por lo pronto, está claro que más que una trayectoria, se trata de un prontuario. Uno de esos casos que demuestra lo increíblemente vulnerable que es el sistema político peruano a la infiltración del delito en las esferas del poder. 8 9 10 11 | 304 |
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Ahora bien, esta imputación que tiene todos los indicios de ser una patraña, ¿pudo haber sido construida solamente por Miranda Acero y Espinoza? IDL-SC supone que no. Más bien, sabe que no. Por lo pronto, IDL-SC conoce que el congresista Gustavo Espinoza discutió los detalles de su denuncia antes del 3 de octubre, cuando la hizo pública, con por lo menos dos funcionarios del Congreso, ambos apristas: Rodolfo Reyna y Omar Lacunza. Reyna es un abogado que está adscrito a la presidencia del Congreso y es asesor de Mercedes Cabanillas. Omar Lacunza asesora a la Célula Parlamentaria Aprista. Según lo que IDL-SC sabe, uno de los funcionarios consideró que era inadecuado y antisistémico sacar ese tipo de desinformación, pero su posición no tuvo éxito. Toda desinformación mínimamente exitosa debe tener elementos de verdad o verosimilitud. En este caso, buena parte de la historia se cuelga de la imagen pública y hasta la caricatura que hay de Toledo y su entorno. También del conocimiento de las actividades del ex presidente por parte de Seguridad del Estado y quienes, como Miranda Acero, parecen haber infiltrado parcialmente dicho entorno. El testimonio de José Ballarte, para revelar cuán cercana ha sido su relación con Miranda Acero, resulta fundamental. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos que se hizo por ubicarlo, fue imposible para IDL-SC hablar con Ballarte. La buena noticia es que el fiscal del caso, César del Pino se ha entusiasmado con la posibilidad de revelar sus misterios y prepara, con toda la fuerza de la ley, una sucesión de diligencias investigativas. IDL-SC ya ha colaborado con el fiscal haciéndole llegar información relevante sobre el caso. Ver carta de la congresista Mercedes Cabanillas12 Publicado el 03 de noviembre del 2007 12
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/03-11/carta_idl.doc | 305 |
Luego de su breve y misterioso protagonismo como denunciante de un supuesto intento de violación por parte del ex presidente Alejandro Toledo, Diana Arévalo desapareció del escenario público. Solo fue grabada en una ocasión con cámara escondida, por una persona que acompañó al congresista Gustavo Espinoza y fue ubicada por la prensa haciendo gestiones para obtener un pasaporte. Luego de eso, no se la vio más hasta el día 28 de noviembre, cuando a las 4:30 de la madrugada, un patrullero de la comisaría de Apolo (La Victoria), alertado telefónicamente por los vecinos, la recogió en la cuadra 3 de la avenida Principal, donde, según una versión, hacía escándalo en la vía pública y, según otra, porque estaba tirada en la pista. Los policías la llevaron al hospital Dos de Mayo donde, según una fuente le hicieron un lavado gástrico por excesiva ingesta de alcohol y donde, según otra, hizo un escándalo que imposibilitó darle ayuda médica. Finalmente, la denuncia de supuesta violación contra el ex mandatario formulada por el congresista Gustavo Espinoza, convertido desde entonces en un especialista en el tema, fue archivada por la fiscalía que dirige Cesar del Pino. Después del escándalo, el archivamiento por falta de diligencias y pruebas, fue la salida indolente que puede haber dejado medio satisfechos a tirios y troyanos, pero que no cumplió en lo absoluto con el objetivo de aclarar el hecho o la patraña. El fiscal no citó a protagonistas claves, ni siquiera llegó a pedir la relación de números telefónicos que hubieran desenredado la maraña de funcionarios que estuvieron detrás de la denuncia contra Toledo. Así, los principales embarradores y embarrados retornaron a sus actividades sin que haya habido ninguna consecuencia para nadie, por lo menos desde el punto de vista de la actuación fiscal. Alguien que se las arregló para salir indemne y quizá hasta favorecido, fue el coronel PNP José Antonio Miranda Acero. En la investigación de los policías que participaron de una u otra manera en el caso de la presunta violación, la Inspectoría dejó libre de polvo y paja a este oficial, quien si bien no ascendió a general como aspiraba hacía tres años atrás, logró un premio que no era precisamente de consuelo. El coronel fue nombrado Jefe de la División de Investigaciones de Delitos contra la Administración Pública y Delitos Financieros, nada menos, de la Policía Fiscal. | 306 |
Capítulo 57
El Caso de los Sánchez Paredes La mano que mueve el serrucho1
¿Qué otro lugar quedaba para acusar a los policías anti droga que investigan al clan Sánchez Paredes? Nada menos que la propia Policía. Así, como suena. Lea y verá. La familia Sánchez Paredes ha sido investigada y procesada por narcotráfico en diversas ocasiones a lo largo de treinta años. Todo un decanato, a su manera. Hasta ahora, la familia ha logrado salir bien librada de los procesos judiciales. Fuera de ellos, los conflictos han tenido más de una vez desenlaces luctuosos. El patriarca, Perciles Sánchez Paredes fue asesinado en Trujillo, en 1991; y otro Sánchez Paredes, Segundo Simón, fue asesinado en México en un evento que permitió descubrir un laboratorio para la elaboración de cocaína, en el mismo lugar, el “Rancho Luna”, en el que fue muerto. Ha habido otras muertes, de cuya autoría se ha acusado a prominentes miembros de la familia. Como la del ex alcalde de Santiago de Chuco, Eberth Rojas. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/12-11/la-mano-que-mueve-el-serrucho.htm | 307 |
Sin embargo, los numerosos sobrevivientes de la familia continuaron acumulando fuerza económica, caballos de paso e inmunidad hasta hace pocos años. Desde abril de 2007, una serie de investigaciones realizadas por el periodista Américo Zambrano en la revista Caretas describieron en detalle la singular trayectoria de esta familia. La serie ganó el primer premio del concurso latinoamericano de periodismo de investigación IPYS-TILAC este año. A la vez, la apacible situación policial y judicial de los Sánchez Paredes empezó a cambiar sustantivamente a partir de este año. El 14 de enero, la Dirección Antidrogas de la PNP inició una investigación abierta a los Sánchez Paredes por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, por disposición del Ministerio Público. No son buenos tiempos para los grandes capos (o los acusados de serlo) peruanos del narcotráfico. Fernando Zevallos está ahora recluido en la prisión de Piedras Gordas; y el alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, está preso bajo la acusación de enriquecimiento ilícito por lavado de activos provenientes del narcotráfico. La razón de esos contrastes es la calidad del equipo que lidera la lucha contra las drogas. La procuradora Sonia Medina, de un lado, y algunos fiscales especializados en el enfrentamiento al crimen organizado, del otro, han colaborado estrechamente con un comando policial anti-drogas que ha logrado resultados sin precedentes en esa lucha. La DINANDRO, bajo el comando del general PNP Miguel Hidalgo y con el coronel PNP Carlos Morán en el ámbito de la inteligencia policial anti-drogas, ha logrado niveles inéditos de eficiencia en los últimos dos o tres años. Parte de eso han sido las investigaciones que terminaron con el encarcelamiento de Zevallos y Valdez. Los Sánchez Paredes vieron el peligro, sobre todo después de la exposición sobre crimen organizado que hizo el general Hidalgo en Palacio de Gobierno el 21 de enero de este año. La exposición, hecha ante el presidente | 308 |
García y el entonces ministro del Interior Alva Castro, fue transmitida por canal 7. Ahí, Hidalgo informó sobre la investigación por lavado de activos iniciada a los Sánchez Paredes y recibió un firme respaldo presidencial. Los Sánchez Paredes iniciaron entonces una ofensiva judicial, con recursos de Habeas Corpus ante cinco juzgados penales de Lima (los 42º, 43º, 48º, 49º y 50º), afirmando que la investigación policial no era imparcial sino prejuiciada. Las demandas fueron declaradas infundadas por todos los juzgados. La apelación fue desestimada por dos salas penales y finalmente el propio Tribunal Constitucional ya declaró improcedente una de las demandas. Pero los Sánchez Paredes demandaron al general Hidalgo hasta en un Centro de Conciliación (el “SOS Legal Perú”), pidiendo una indemnización de 500 mil dólares. El intento ha sido rechazado. ¿Qué otro lugar quedaba para acusar a los policías que investigan al clan familiar? Nada menos que la propia Policía. Así, como suena. El miércoles 22 de octubre a las nueve de la mañana, el inspector general de la PNP, Luis Henríquez, recibió en su despacho a Fidel Sánchez Alayo, quien presentó formal y personalmente una denuncia contra el jefe de la DINANDRO, Miguel Hidalgo, y policías de la misma dirección por supuesto “abuso de autoridad”. También presentó una queja debido a que -según refirió Sánchez- sus empresas se habían visto perjudicadas económicamente a raíz de las investigaciones que está llevando a cabo la DINANDRO. Sánchez Alayo llegó al despacho de Henríquez junto con Carlos Caro y Raúl Canelo, ambos abogados de Sánchez Alayo, quien además está siendo investigado por traficar terrenos en Asia. La reunión duró alrededor de 15 minutos. En dicho encuentro, Henríquez se comprometió a evaluar la denuncia y tomar acciones si se determinaba alguna falta administrativa de parte de alguno de los policías, incluido Hidalgo. | 309 |
¿Y qué pasó luego con la denuncia? El inspector general de la PNP, Luis Henríquez, reconoció a IDL-SC que “los primeros días de octubre ingresó una denuncia de Fidel Sánchez Alayo (contra Miguel Hidalgo y otros policías de la Dinandro) por conducto regular, por mesa de partes. A los pocos días derivé la denuncia a la oficina del general Pinto. Actualmente el caso lo está investigando uno de los equipos especiales del general Pinto”. Pero IDL-SC fue a mesa de partes el jueves 6 de noviembre y comprobó que no había registrada ninguna denuncia de Sánchez Alayo o cualquier otro miembro del clan Sánchez Paredes. De otro lado, el general PNP Benigno Pinto, director de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría, dijo a IDL-SC que no le ha llegado ninguna denuncia contra los policías de la DINANDRO. “Yo he visto que el expediente está en el despacho del general. Hasta el viernes pasado a mi despacho no había llegado la denuncia. Hasta este momento no he asignado a ningún equipo de investigación para que vea el tema”, refirió Pinto. Henríquez ha insistido en su versión. ¿Por qué esas contradicciones y ese secreto? De acuerdo con lo que IDL-SC ha podido saber, ni Hidalgo ni Morán han sido notificados de la denuncia. Quizá sin saberlo, los Sánchez Paredes lograron un efecto de catálisis institucional. No es un secreto que el nuevo ministro del Interior, Remigio Hernani (un ex código 2), no quiere a Hidalgo (un ex código 3). Hace poco, por ejemplo, luego de la visita del embajador de Estados Unidos y los nuevos jefes de la NAS y la DEA al nuevo ministro, el encargado de la DEA pidió una reunión conjunta a Hernani para examinar la cooperación policial con la contraparte peruana, la DINANDRO. En la reunión, acaecida la semana pasada en el despacho ministerial, Hidalgo fue desinvitado. La DINANDRO tuvo que ser representada por el coronel Morán. | 310 |
Así, los rumores de una pronta salida de Hidalgo empezaron a cundir dentro de la PNP. En esa circunstancia los Sánchez Paredes habrían presentado esa denuncia curiosamente acogida pero mantenida en forma semi clandestina dentro de Inspectoría. Pero es posible que los rumores sobre Hidalgo queden solo en eso. Según ha podido saber IDL-SC, el presidente García telefoneó al premier Simon durante su vuelo de regreso desde Ecuador hace pocos días, para decirle que Hidalgo se quedaba en su puesto de director anti drogas. La orden fue prontamente comunicada al ministro Hernani. IDL-SC continuará informando sobre el proceso de esa denuncia que tuvo tan extraña acogida y tan culposo proceso dentro de Inspectoría de la PNP. Publicado el 12 de noviembre del 2008
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Capítulo 58
¿Investigación secreta?1 El secreto dentro de la Inspectoría General de la Policía en torno a la denuncia presentada por Fidel Sánchez Alayo- en una reunión privada con el inspector de la PNP- en contra del general Miguel Hidalgo, jefe de la Dinandro, por las investigaciones por presunto lavado de activos que éste realiza en las propiedades del clan Sánchez Paredes (al que pertenece Sánchez Alayo) se hace más oscuro y sospechoso conforme pasan las semanas. Permanecen, sobre todo, las incógnitas de por qué la denuncia no está registrada en mesa de partes de Inspectoría y quiénes están llevando a cabo las pesquisas en la dirección policial. El inspector general, Luis Henríquez, indicó hace dos semanas a IDL-SC2 que la denuncia había ingresado por mesa de partes y que un equipo de trabajo de la dirección de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría, liderada por el general PNP Benigno Pinto, se estaba haciendo cargo de las pesquisas desde las primeras semanas de octubre. Esta versión fue refutada por el propio Pinto, quien sostuvo que a su despacho no había llegado nada.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/25-11/investigacion-secreta.htm Ver ‘La mano que mueve el serrucho’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/12-11/la-mano-que-mueve-el-serrucho.htm | 313 |
¿Quién de los dos no dice la verdad? Parece que no lo sabe ni el jefe de la Policía. En efecto, el lunes 17 de noviembre, el director general de la PNP, general Mauro Remicio, envió un oficio a Henríquez para que éste le informe sobre el estado de la investigación a Hidalgo. Entrevistado por IDL-SC, el general Remicio confirmó la existencia de la denuncia de los Sánchez Paredes contra Hidalgo y sostuvo que “está en proceso de investigación. Al término de ésta vamos a informar los resultados”. Los próximos días serán decisivos para Henríquez, pues deberá rendir cuentas al director general sobre los resultados preliminares de la investigación administrativa y disciplinaria a la que ha sido sometido el jefe de la Dinandro, tras la denuncia de sus investigados por nada menos que lavado de activos. Lo cierto es que ninguno de los equipos de trabajo al mando del general Pinto -según informaron fuentes confiables de la Policía- está investigando a Hidalgo. Entonces, ¿por qué Henríquez sostiene lo contrario? ¿Es acaso que la Inspectoría ha iniciado una investigación clandestina? ¿Con qué criterios? IDL-SC quiso conversar con el inspector general a raíz de estas notorias contradicciones, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, el general Benigno Pinto se negó a dar declaraciones sobre el tema. Así, en lo que ambos oficiales aparentemente coinciden es en permanecer en silencio sobre un proceso de investigación que parece muy poco transparente. Que el objetivo de esa investigación sea el más importante policía antidrogas del país, convierte este caso en sospechoso y preocupante. Aclaración La compañía minera San Simón, en la que Fidel Sánchez Alayo es importante ejecutivo, envió una carta notarial a IDL-SC exigiendo que se haga una rectificación por la nota publicada el miércoles 12 de noviembre titulada La mano que mueve el serrucho. | 314 |
La carta, firmada por Ángel Luis Rodríguez, presunto representante legal de la minera, sostiene que “la publicación falsamente señala que sería Fidel Ernesto Sánchez Alayo quien ingresó de manera formal y personalmente una denuncia en contra de dicha persona (el general PNP Miguel Hidalgo)”.3 A ver, el hecho de reunirse en privado con el inspector de la Policía en su despacho, llevar a dos abogados y entregar copia de la denuncia contra el jefe de la Dinandro al general Luis Henríquez, acaso, ¿no constituye una presentación personal y formal de la denuncia? ¿Entiende el idioma castellano el abogado Rodríguez? Según él, ¿quién presentó la denuncia? ¿Gasparín? Tanto Raúl Canelo como Carlos Caro, ambos abogados de Fidel Sánchez, han confirmado a IDL-SC que el miércoles 22 de octubre a las nueve de la mañana acompañaron a su patrocinado al despacho del inspector de la PNP para quejarse de la investigación del general Hidalgo y otros policías de la Dinandro. Es más, Carlos Caro indicó que Fidel Sánchez, durante el encuentro, entregó al inspector copia de las quejas. En su carta, el abogado Rodríguez dice: “La queja presentada en contra del Gnral PNP Manuel (Miguel) Hidalgo, ha sido ingresada por compañía minera San Simón, y no por ninguna persona natural en particular”. Veamos, Rodríguez, ¿quién llevó el documento y lo presentó? ¿No se llamaba Fidel y se apellidaba Sánchez Alayo? ¿No tiene, abogado, sentido del ridículo? Para hacerle esas y otras preguntas, como obtener, por ejemplo, el cargo de la denuncia presentada a nombre de la compañía minera IDL-SC intentó comunicarse con Ángel Luis Rodríguez desde el lunes -día en que llegó la carta- pero éste nunca quiso contestar. Publicado el 26 de noviembre del 2008 3
Ver carta: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/25-11/carta.htm | 315 |
Capítulo 59
Caso Rodríguez Silva La cocaína en el café y las cintas en la caja fuerte1 El cargamento de 240 sacos de café a punto de ser exportado llamó la atención de los funcionarios de Aduanas y activó los mecanismos de vigilancia. Es que la empresa, Cayma Trading SAC, exportaba café con frecuencia desde el puerto del Callao. Pero esta vez se disponía a hacerlo por Paita. Otra cosa que gatilló los mecanismos de alarma de Aduanas fue que los exportadores intentaran llevar la mercadería al puerto casi a último minuto, muy cerca del momento de zarpe de la nave. Eso suele ser una manera de evitar controles. De forma que, el 17 de marzo, cuando los exportadores se aprestaron a llevar las 16 toneladas de café del Terminal de Almacenamiento de Paita, al puerto de embarque, se hizo pasar todo el cargamento a través de la inspección de un escáner de última tecnología –el IonScan 400B-, capaz de hacer un análisis molecular de la sustancia revisada. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/27-03/la-cocaina-en-el-cafe-y-las-cintasen-la-caja-fuerte.htm | 317 |
El escáner dio rojo para una parte importante del cargamento. Los oficiales de aduanas, sin embargo, acompañaron el cargamento hasta el puerto y ahí, con la presencia de la Divandro (División antidrogas de la PNP) y la Fiscalía Antidrogas de Piura, procedieron a abrir el container que llevaba la carga, para revisarla saco por saco. El resultado fue que 27 de los 240 sacos estaban “contaminados”, de acuerdo con la jerga de Aduanas. Eso quiere decir, que en lugar de llevar café, contenían cocaína: 68.6 kilos de Pasta Básica Lavada. La Dirandro (Dirección Nacional Antidrogas), se movió con rapidez y llevó a cabo varios arrestos, bajo las órdenes de la Fiscalía especializada en tráfico ilícito de drogas. La supuesta exportación de café iba destinada a Rotterdam, en Holanda, a la empresa LCB-BV representada por el holandés Max Paap. La identidad del exportador sí que fue una sorpresa: el dueño y gerente general de Cayma Trading SAC era nada menos que el coronel EP (r) Luis Rodríguez Silva. ¿Les suena el nombre? Es probable que no. Pero para los enterados, vaya que suena. El coronel EP (r) Rodríguez Silva fue edecán del ahora juzgado ex gobernante Alberto Fujimori, durante tres años, y otros dos como jefe de seguridad de Palacio, según informó Caretas en abril de 2001. Luego, fue agregado militar en Chile, donde permaneció tres años. A su retorno, pasó a trabajar en el SIN, bajo las órdenes directas de Montesinos. No solo eso, cuando la dictadura fujimorista entró en resquebrajamiento terminal, y se produjo el ambiguo y ambivalente enfrentamiento entre Montesinos y Fujimori, Rodríguez Silva fue designado jefe del SIN una vez que Fujimori despidió al último de los jefes-testaferros, Humberto Rozas Bonuccelli. Una de las acciones que aparentemente Fujimori le ordenó a Rodríguez Silva fue la de capturar a Montesinos cuando éste retornó de Panamá. | 318 |
Sin embargo, de acuerdo con un informe que el periodista Jerónimo Centurión publicó en abril de 2004, Montesinos se comunicó por teléfono con Rodríguez Silva, a casa de éste durante el día en el que las acciones de búsqueda eran más arduas. También lo llamó al SIN. Entre los dos existía una comunicación no solo fluida sino locuaz. De acuerdo con ese informe, entre 1999 y 2000, Montesinos llamó 239 veces a la casa de Rodríguez Silva. Dos días antes de fugar en el velero Karisma, Montesinos habló 12 veces con el SIN y “la última llamada que recibió ese día provino, nuevamente, desde la casa de Luis Rodríguez Silva”, según el informe de Centurión. Luego, al caer el gobierno de Fujimori, Rodríguez Silva continuó al frente del SIN. Todo indica que fue él quien dirigió la mudanza, ocultamiento y, en algunos casos, destrucción de equipos e información. Fue él también quien entregó el cascarón del SIN a la comisión del gobierno de Paniagua que llegó a recibirlo. “Era su hijo de Montesinos [sic]” dice un militar con conocimiento de causa, utilizando el término que en jerga militar señala una relación de mentor o padrino con un oficial de menor grado. Arequipeño, artillero y en inteligencia, como Montesinos, Rodríguez Silva gozó obviamente de la confianza de aquél. Sin embargo, extrañamente, este oficial logró salir de las pantallas de radar sobre la mafia de Montesinos, y apenas fue investigado. Ahora, nueve años después de la caída del fujimorato, la Policía llegó a la casa de Rodríguez Silva en La Encantada, de Villa, pero por el caso de tráfico de drogas. Al hacer el registro de la residencia, que tiene más de mil metros cuadrados y una piscina, la Policía, junto con el fiscal Alejandro Camargo, de la Cuarta Fiscalía de Criminalidad Organizada, encontraron una caja de seguridad de marca Ofitecmer. El propio Rodríguez Silva la abrió, a pedido del fiscal y los policías. | 319 |
Adentro, no encontraron nada que tuviera interés para la investigación sobre narcóticos, pero sí mucho del mayor interés posible para la investigación sobre la mafia de Montesinos. Entre otras cosas, se encontró lo siguiente: • Un anillado con el título: Servicio de Inteligencia Nacional- Información presupuestal y contable del SIN al 30 Sept. 2000. El anillado contenía: • El cierre de caja y banco del SIN al 30-9-00. • Las remuneraciones y bonificaciones percibidas por Vladimiro Montesinos entre el 1 de enero de 1992 y el 30 de septiembre de 2000. • El estado de ejecución del presupuesto del SIN al 30 de septiembre de 2000. Pero lo más importante que se encontró fueron una serie de cintas para almacenamiento masivo de datos. Se trataba de 18 cintas que contienen los backups o copias de la información más importante del SIN el año dos mil. Las cintas, Maxell e Imation, eran el mecanismo preferido de almacenamiento masivo de datos hacia el año dos mil. Rodríguez Silva indicó que se trataba de documentación del SIN “antes de tomar el cargo de dicha jefatura”. Como no era, aparentemente, material relacionado con la investigación sobre drogas, los funcionarios intervinientes cerraron y lacraron el contenido, aunque, increíblemente, lo dejaron bajo la custodia de la esposa de Rodríguez Silva. Eso fue el 18 de marzo. El 19 lo llevaron a la Dinandro. El plazo del juez para la investigación fue de apenas siete días. Y ver el material incautado significaba obtener el equipo y el software para hacerlo. Los detectives aparentemente, no tuvieron tiempo de realizarlo por lo que, hasta ahora, la información guardada en esas cintas no ha sido revelada, pese a la inmensa importancia que pudiera tener. Se encuentran ahora en el despacho del juez Segismundo León. En cuanto a la investigación sobre drogas, Rodríguez Silva adujo haber sido engañado por la persona – Artemio Huaqui- que contrató los servicios | 320 |
de su compañía para la exportación del supuesto café. El relato, que es un libreto de sorprendente ingenuidad en un profesional de inteligencia (aunque a veces es cierto que en casa de herrero…), aparentemente persuadió al fiscal de crimen organizado, Iván Quispe, quien determinó su libertad el 24 o 25 de marzo. Las investigaciones, sin embargo, continúan, a cargo del juez León. En cuanto al narcotráfico, ahora hay un solo detenido, Huaqui. En lo referente a información de inteligencia, las 18 cintas de backup aun permanecen en silencio cibernético, sin revelar ningún secreto, y en peligro de perderse. IDL-SC, que continuará informando sobre el caso, intentó contactar por teléfono al coronel (r) Rodríguez Silva. No se pudo hablar con él. Publicado el 27 de marzo del 2009
Tres días después, el lunes 30 de marzo, el procurador anticorrupción Pedro Gamarra envió un oficio a la Fiscalía anticorrupción de turno, en el que pidió que el Ministerio Público inicie una investigación sobre el material impreso y, sobre todo, el electrónico encontrado en la casa de Rodríguez Silva. El juez Segismundo León, que tiene a su cargo el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, envió el paquete informativo encontrado en la caja fuerte (las cintas y el impreso) a la Quinta Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, en ese entonces a cargo del fiscal Marco Antonio Ruggiero. En esa misma fiscalía hay una investigación archivada contra Rodríguez Silva, por falsificación de documentos, peculado y falsedad genérica. Al revelarse su contenido y teniendo en cuenta las implicancias que éste suponga, podría reabrirse dicha investigación.
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Capítulo 60
Las cintas en la caja de zapatos1 Una inesperada llamada de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, interrumpió la tranquilidad en el despacho del fiscal Marco Antonio Ruggiero. Eran las dos de la tarde del jueves 28 de mayo y el tono de la fiscal hizo que el titular de la Quinta Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios se levantara raudamente de su escritorio con una, en él, inusitada diligencia. Hacía dos meses que Ruggiero tenía en su poder 18 cintas con la información más importante del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del año dos mil. Estas fueron encontradas a inicios de marzo en la caja fuerte del último jefe del SIN en el momento de la caída del fujimorato, coronel EP (r) Luis Rodríguez Silva, durante el allanamiento a su lujosa residencia por un caso de tráfico de drogas en el que estuvo implicada su empresa exportadora de café, Cayma Trading SAC.2 Pero el recorrido que han tenido estas cintas desde su incautación ha sido por lo menos negligente y además altamente sospechoso. Cuando fueron encontradas en la casa del también ex-edecán de Fujimori, al no estar vincu1 2
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/03-07/las-cintas-en-la-caja-de-zapatos.htm Ver ‘La cocaína en el café y las cintas en la caja fuerte’: http://www.seguridadidl.org.pe/ destacados/2009/27-03/la-cocaina-en-el-cafe-y-las-cintas-en-la-caja-fuerte.htm | 323 |
ladas al caso de drogas, el fiscal Alejandro Camargo, de la Cuarta Fiscalía de Criminalidad Organizada, decidió lacrar lo hallado y dejarlo un día bajo la custodia, nada menos que de la esposa de Rodríguez Silva, Helga Garzón. Lo increíble es que para lacrar las cintas utilizaron una caja de zapatos -marca Bruno Ferrini- que fue sellada con cinta de embalaje. Según expertos en el tema consultados por IDL-SC, con este tipo de lacrado bastaba pasar un imán sobre la caja para estropear los backups. Cuando el fiscal Ruggiero recibió las cintas, el 30 de marzo, se apresuró en remitir el material a la División de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía (Dircocor). Junto con los backups, también fueron entregados otros documentos hallados en la caja fuerte de marca Ofitecmer de Rodríguez Silva: un anillado con información presupuestal y contable del SIN (cierre de caja y banco al 30 de setiembre de 2000), las remuneraciones y bonificaciones percibidas por Montesinos entre el uno de enero de 1992 y el 30 de septiembre de 2000; y el estado de ejecución del presupuesto del SIN al 30 de septiembre de 2000. Apenas fueron remitidos los documentos y las cintas a la Dircocor -en la caja de zapatos-, el mayor PNP Holger Obando, jefe de investigaciones de la División de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública de la Dircocor, dispuso que nada menos que un oficial de bajo rango, el alférez PNP Joe León Rivera, estuviera a cargo de las pesquisas. El miércoles ocho de abril, a las 9:30 de la mañana, se deslacró el material a pesar de que la Policía no contaba con los equipos y el software para visionarlo. En la diligencia estuvieron el fiscal Ruggiero, un representante de la Procuraduría Anticorrupción, y el investigado Rodríguez Silva, acompañado de su abogado David Isidoro. En los rótulos de las cintas figuraban los nombres de las direcciones del SIN seguidas por la fecha y un monto de dinero asignado a dichas unidades. A pesar del valor informativo de los rótulos, fuentes de IDL-SC indicaron que los policías que estuvieron a cargo de redactar el acta de des| 324 |
lacrado se resistían a consignar esa información. Pero ante la insistencia de la representante de la Procuraduría Anticorrupción, los policías tuvieron que tomar nota al detalle.3 Lo extraño, además, es que la Policía no volvió a lacrar el material electrónico hasta tener los equipos necesarios para revisarlo. Las cintas pasaron a manos del alférez León Rivera, el instructor que hasta ese entonces estaba a cargo de la investigación. “Yo soy el responsable de las cintas, que están guardadas en una bóveda”, indicó León, antes de que Ruggiero pidiera el material por mandato de la fiscal Echaíz. De acuerdo con información obtenida por IDL-SC, la Dircocor envió en mayo oficios al despacho de Ruggiero indicando que la Policía no contaba con los equipos necesarios para visionar las cintas y añadió una lista de posibles dependencias del Estado que pudieran tenerlos. Según pudo conocer IDL-SC, Ruggiero no hizo el menor esfuerzo para conseguirlos. Es que así que el jueves 28 de mayo, cuando la fiscal de la Nación supo que las cintas corrían riesgo, llamó a Ruggiero y le ordenó que retornaran inmediatamente a su despacho. Además, Echaíz le pidió que busque los equipos adecuados para que los backups fueran visionados. Según fuentes altamente confiables de IDL-SC, Echaíz habría calificado como “un exceso de confianza” que Ruggiero dejara en manos de la Policía un material de vital importancia sobre la red de corrupción de Montesinos. Sobresaltado por la llamada de atención de la fiscal de la Nación, al día siguiente a las 8:30 de la mañana, Ruggiero dispuso que el fiscal adjunto, Juan Manuel Pilares, recogiera el material. A las 11:42, luego de dos meses, Ruggiero tenía nuevamente las cintas en su poder. Como el fiscal no hacía nada, IDL-SC buscó y encontró una empresa experta en recuperación de datos que contaba con los equipos y el software necesario para visionar las cintas. 3
Ver acta: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/03-07/acta-de-deslacrado.htm | 325 |
El viernes 29 de mayo, IDL-SC buscó al fiscal Ruggiero en su despacho y le proporcionó la información. Es más, lo acompañó a la empresa ubicada en Wilson, a solo unos minutos de las oficinas del Ministerio Público. Cabe mencionar que al salir, Ruggiero dejó las cintas sobre su escritorio sin tomar ninguna medida de seguridad. Cuando IDL-SC le preguntó por qué no las guardaba en un lugar seguro bajo llave, el fiscal indicó que en su despacho “no pasaba nada”. Luego, Ruggiero, quien estuvo acompañado del fiscal Pilares, conversó con el representante de la empresa que refirió que sí contaban con los equipos necesarios para extraer la información contenida en los backups. Es así que pactaron una reunión para la semana siguiente. Según pudo conocer IDL-SC, durante esa reunión – en el despacho de Ruggiero- el represente de la empresa le indicó que podían trasladar los equipos al Ministerio Público para descargar ahí la información de los backups y que ese proceso demoraría de uno a cuatro días. Ruggiero dijo que lo llamaría. El servicio costaría 800 dólares. Ha pasado más de un mes y las cintas siguen en la caja de zapatos sin poder saber cuál es su contenido. ¿Por qué Ruggiero no hizo nada? IDL-SC buscó a Ruggiero y le preguntó por qué a la fecha no habían visionado las cintas, pero se negó a responder. Todo indica que la manera altamente negligente con que Ruggiero está llevando el caso pone en peligro las cintas, que permitirían conocer sobre la red de corrupción que Vladimiro Montesinos manejó al interior del SIN. En ese sentido, las afirmaciones que Rodríguez Silva dio durante su manifestación a la Fiscalía el miércoles 22 de abril -a la que IDL-SC tuvo acceso- confirman que los backups contienen información presupuestal de todas las direcciones del SIN antes de su desactivación. Al ser consultado sobre por qué solicitó la entrega de cintas backup a las distintas entidades del SIN, Rodríguez Silva sostuvo que “era para resguardar el patrimonio del Servicio de Inteligencia Nacional en vista de que | 326 |
estaba en desactivación y había opiniones de funcionarios del Estado que solicitaban se les entregue computadoras, muebles, etc, pensando que la palabra desactivación era igual a desaparición”. “Cuando procedo a relevarme y dejar el SIN, materialmente era imposible llevarme un estado de relevo de cada dirección que conformaba el SIN, por ello es que se ordenó que se haga un backup de todo lo que disponía el SIN y cada director me entrega lo que tenía en su dirección (…) Esas cintas me fueron entregadas lacradas por cada director y así se mantuvieron durante estos últimos nueve años y únicamente fueron abiertas por personal policial de la Dinandro”, dijo Rodríguez Silva, quien refirió que las siglas N6W (que aparecen en algunos documentos) correspondían a su clave. “No lo he revisado (el contenido de las cintas) porque no he tenido la necesidad, ni ha existido algún reclamo posterior de quienes me siguieron en el cargo de jefe del SIN”, sostuvo el ex-edecán de Fujimori, quien añadió que “la información que allí se guarda es la misma información que se dejó en todo el sistema informático del Servicio de Inteligencia cuando se hizo cargo el nuevo jefe nombrado por el ex presidente Paniagua”. Sin embargo, en la gestión de Rodríguez Silva tuvo lugar buena parte de la mudanza, ocultamiento y destrucción de información durante la desactivación del SIN –ordenada por Fujimori- para entregar, luego, el cascarón de esta dependencia a la comisión que creó el gobierno de Valentín Paniagua. Publicado el 03 de julio del 2009
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Capítulo 61
Neonazis en Lima Visita a neonazis1 En el Perú no faltan conflictos. Lo vemos ahora y lo seguiremos viendo a lo largo del año. Nuestra democracia, como el tráfico de la ciudad, es ruidosa, pugnaz, polémica. Nuestra nación es un encuentro de todas las sangres que a veces se acerca al hervor. ¿Todas las sangres? Aunque sea difícil de creer, hay en el país quienes alucinan una agenda de pureza racial directamente inspirada en el hitlerismo. Son pocos, pero los mueve un ánimo agresivo. Detestan la democracia, admiran a Hitler, Himmler y Heydrich; reclutan porque necesitan gente, pero no aceptan afroperuanos ni chinos, porque para tanto no les da. Son SS de closet por lo general, pero cada cierto tiempo salen a Cieneguilla a disparar y mezclar la disfunción psíquica con, por ahora, fantasías de violencia. Uno de los movimientos más viejos en esa área gris de psiquiatría y criminología, es el Movimiento Nacional Socialista Peruano, la agrupación neonazi más antigua del país, que cuenta con alrededor de cien adeptos en 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/26-05/visita-a-neonazis.htm | 329 |
Lima y poco más de cincuenta en provincias. Junto con él está uno de los movimientos neonazis más extremos en el país: el Movimiento Nacional Socialista Despierta Perú (MNSDP). ¿Cuán peligrosos son? Aparte de las armas con que algunos de sus miembros gustan fotografiarse, por ahora concentran su reclutamiento en algunas universidades de Lima y de provincias, sobre todo en el Norte, y se dedican a hacer pintas, ocasionalmente protegidos por algunos perros pitbull. Estos grupos, sin embargo, no son solo expresión de una patología nacional, sino constituyen parte de una red internacional que busca ahora crecer y avanzar. Así, uno de los principales dirigentes neonazis latinoamericanos, el argentino Marcos Ghío, arribará al Perú este sábado 30 de mayo. Ghío -miembro del Partido Nuevo Orden Social Patriótico (PNOSP), uno de los movimientos neonazis de Argentina, y director del periódico extremista El Fortín- llega bajo la cubierta de participar en un seminario presuntamente académico. Según el cronograma de las conferencias- organizada por los neonazis locales-, Cusco será el punto de partida para la gira “académica” que incluirá Lima, Trujillo, Guayaquil, Colombia y Venezuela. Ghío sostendrá reuniones de coordinación y planeamiento con los líderes de los movimientos neonazis durante su visita. IDL-SC pudo conocer que Ghío daría sus “conferencias” en la Universidad César Vallejo (UCV) y la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). A esos eventos se ha invitado también a intelectuales que ni sospechan con qué individuo indeseable van a compartir el panel. Publicado el 26 de mayo del 2009 | 330 |
IDL-SC pudo saber que el Instituto Nacional de Cultura (INC) del Cusco, a cargo del arquitecto Jorge Miguel Zegarra, dio luz verde para que -del 1 al 3 de junio- se llevase a cabo el Simposio Andino de Estudios Tradicionales 2009, que programaba como único expositor al nacional-socialista argentino. Este se iba a realizar en la Casa Garcilaso. Ghío, quien fue invitado “formalmente” por el Centro de Estudios Tradicionales Cusco-Perú para dictar el ciclo de conferencias sobre la obra del pensador ultrafascista italiano Julius Évola, había sido presentado como “el traductor más importante de habla hispana de Évola y autor de numerosas publicaciones sobre la Tradición”. Dos meses después, el 31 viernes de julio, IDL-SC dio a conocer que integrantes del MNSDP hicieron pintas en el frontis de la Asociación Cultural ‘Búho Rojo’, ubicada en el histórico distrito de Pueblo Libre.
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Capítulo 62
Caso Luis Alberto Salgado La purga de García1
¿Qué razones llevaron al Presidente a ordenar la destitución del más alto funcionario del Gobierno en derechos humanos? A las 7:30 de la noche del jueves 13, en ruta a su casa, Luis Alberto Salgado recibió una llamada de la ministra de Justicia, Rosario Fernández. La ministra le dijo que tenía un encargo importante que darle en forma inmediata. Que debía ser en forma personal. En su despacho. A las 8 de la noche, Salgado estaba ya en la oficina de la ministra Fernández. Aunque no sea una persona con mucha figuración pública, Salgado era uno de los funcionarios más importantes de este Gobierno y uno de los militantes con mayor prestigio en el partido aprista. No solo era secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos; y encargado de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, sino además representante del Estado peruano ante la Corte Interamericana de San José en el caso Castro Castro. Ahí, como se sabe, el Perú pide una reinterpretación y reconsideración de la sentencia previa. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/14-03/nota3.htm | 333 |
La ministra no perdió tiempo en preámbulos. Le dijo a Salgado que “lamentaba ser portadora de un mensaje del presidente (Alan García)”. El encargo del presidente era el de destituir de inmediato a Salgado de la Secretaría Ejecutiva. “Ante esto”, dice Salgado, “preferí hacer mi renuncia”. Pocas horas después, con la especial eficacia del gobierno aprista en estos menesteres, las dos renuncias de Salgado eran publicadas en el diario oficial.2 La destitución disfrazada de renuncia, por terminante imposición presidencial, fue un hecho serio, que seguramente crecerá en gravedad en los próximos días. Salgado no es solo un alto funcionario del gobierno sino un veterano y respetado militante y dirigente aprista de vieja cepa que, además, tiene una trayectoria poco común en su Partido, la de experto en derechos humanos. Ha servido en misiones de las Naciones Unidas en Camboya, Mozambique y Guatemala. Era, sin duda, la persona mejor calificada dentro del Gobierno para llevar el caso en la Corte de San José. ¿Cuál fue entonces la razón? La ministra le dijo que eso se debía a “una situación que había acontecido ese día”. Según Salgado, “lo que alcancé a entender es que eso fue por lo que salió publicado en Caretas por el caso Ivcher”. En efecto, la edición 2018 de Caretas, del 13 de marzo, tiene un artículo, “Ivcher perdió el juicio”, donde reseña el severo revés judicial que ha sufrido Baruch Ivcher cuando, el 5 de marzo, la Tercera Sala Civil de Lima declaró la improcedencia de una demanda presentada por Ivcher para no pagar 54 millones de soles que adeuda Frecuencia Latina a la SUNAT.
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Ver las resoluciones en El Peruano: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/14-03/resolucion_ministerial1.jpg
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Como se sabe, Ivcher había conseguido anteriormente que el Estado peruano le pague 20 millones de soles como indemnización personal por los inconvenientes que sufrió en los años (a partir de 1997) que se opuso a Fujimori y Montesinos. La Corte de San José había determinado que se le pagaran 70 mil dólares, pero un arbitraje inexplicablemente consentido por el Estado elevó luego la cifra a 20 millones de soles. Hay que recordar que ninguna otra persona de las que enfrentaron al fujimorato y sostuvieron consecuencias mucho peores ha recibido siquiera una fracción de esa compensación. El artículo de Caretas informa que ante la posibilidad de que Ivcher hubiera engañado a la Corte de San José al haber falseado datos sobre su nacionalidad, “el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que preside Luis Alberto Salgado, se interesó en el caso. Salgado, de hecho, ya había advertido de la tramoya fiscal urdida por el empresario”. Esas líneas son, de acuerdo con toda la evidencia disponible, las que impulsaron a García a ordenar a su sumisa ministra que bote de inmediato a Salgado. El incidente es, por supuesto, muy revelador. Aparte de arrogancias y arbitrariedades presidenciales, que no son nuevas, ello parece indicar que Alan García, presidente del Perú, apoya el intento de Baruch Ivcher, de no pagar la deuda tributaria de 54 millones de soles a la SUNAT. Esa campaña, la de Ivcher, combina acciones legales con presiones “periodísticas” y, a lo que ahora se ve, ayudas palaciegas. Había informaciones de que el secretario de la presidencia Luis Nava hacía gestiones en ese sentido, sobre todo en el ámbito aplicable del ministerio del Interior, pero no se sabía si lo hacía por iniciativa propia o por orden presidencial. Ahora se conoce más. La acción presidencial representa también un ataque directo a la revista Caretas, que ha llevado a cabo una campaña de investigación y denuncia sobre los intentos de Ivcher de hacerse pagar decenas de millones de soles (20 de los cuales ya han sido embolsillados) por sus presuntos sacrificios en favor de la democracia. Con ese gesto, García demuestra una posición que, como presidente de la República, está obligado a explicar. | 335 |
La posición presidencial es todavía más delicada si se tiene presente que Ivcher ha entablado una demanda contra Caretas, también por varias decenas de millones de dólares, que tiene como objetivo principal silenciar la cobertura de la revista. El anterior en hacer algo parecido, a comienzos del régimen de Fujimori, fue Vladimiro Montesinos. Extrañamente, según fuentes dignas de crédito, el estudio de abogados que maneja la demanda de Ivcher contra Caretas, es el de José Ugaz. Cosas extrañas se ven en este país, pero quien debe una explicación clara es el presidente García. Salgado, por su parte, indica que, “no me considero víctima… he considerado que si eso me hace incompatible con el compañero presidente, que sea así”. Publicado el 14 de marzo del 2008
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Capítulo 63
Salgado: “El Presidente me sacó”1 El pasado viernes 14, IDL-SC dio a conocer la noticia sobre la separación de Luis Alberto Salgado –por orden, según declaró Salgado, del presidente de la República, Alan García– de la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y de la presidencia de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. El motivo de la destitución, a la que se le dio la cosmética de renuncia, fue, de acuerdo con lo que entendió Salgado de la explicación de la ministra de Justicia Rosario Fernández, “…por lo que salió publicado en Caretas por el caso Ivcher”. En efecto, como informó IDL-SC,2 “la edición 2018 de Caretas, del 13 de marzo, tiene un artículo, “Ivcher perdió el juicio”, donde reseña el severo revés judicial que ha sufrido Baruch Ivcher cuando, el 5 de marzo, la Tercera Sala Civil de Lima declaró la improcedencia de una demanda presentada por Ivcher para no pagar 54 millones de soles que adeuda Frecuencia Latina a la SUNAT”.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/19-03/nota1.htm Ver ‘La purga de García’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/14-03/nota3.htm | 337 |
En su edición de hoy, miércoles 19 de marzo, Caretas reseña el incidente, su trasfondo y consecuencias. En un recuadro, la revista reporta una versión de Palacio, (obviamente dada, transmitida o autorizada por el propio García), en donde se afirma que “era falso que el Presidente hubiera pedido a la Doctora Fernández que diera de baja a Salgado y menos que Ivcher ejerciera alguna influencia especial”. Caretas hace constar, sin embargo, que todos sus intentos por entrevistar sobre el tema a la ministra Fernández, sea en forma directa o a través de su jefe de prensa, Jaime Chincha, no recibieron respuesta alguna, pese a que la ministra se dio el tiempo para salir a los mercados a chequear precios de productos de primera necesidad y reportarlos luego en la televisión. Era claro que Rosario Fernández ha preferido mantener distancia de un ingrato papel que, de acuerdo con el testimonio de Salgado, le fue impuesto por el presidente García. IDL-SC ubicó a Salgado en Estados Unidos y le hizo la siguiente entrevista por correo electrónico. Señor Salgado: ¿Le habló alguna vez el presidente García sobre el caso Ivcher, le pidió que haga o deje de hacer algo? El 4 de febrero recibí una llamada telefónica del presidente García expresando su preocupación por el envío, por el agente del Estado para el caso Ivcher, Iván Bazán, de unos documentos a la Corte de San José. Era la información con la denuncia de la revista Caretas y, además, copia de un documento oficial emitido por la cancillería polaca en Varsovia y remitido a su consulado en Lima, el cual a su vez había sido enviado a mi oficina en la Secretaría Ejecutiva del Consejo nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. El presidente no me pidió expresamente algo, pero sí expresó su mortificación por lo sucedido, indicando que el agente Bazán ya no gozaba de su confianza. Le informé al presidente que el agente Bazán, quien además era funcionario en la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, había actuado con mi conocimiento y autorización, por creer que ese era el deber de todo funcionario responsable, habiendo de por medio además grandes sumas de dinero del fisco y existiendo un juicio (acción de amparo) entablado por el señor Ivcher contra la SUNAT y el MEF. El presidente me recordó que el señor Ivcher había sido víctima de la dictadura de Alber| 338 |
to Fujimori y le contesté que eso estaba fuera de discusión y que no era el tema de lo que se trataba con la Corte de San José. ¿Habló usted sobre el tema con algún otro alto dirigente aprista o del gobierno? Con el congresista Mauricio Mulder, a comienzos de febrero, a pedido de él. Se acercó a mi oficina a expresar su preocupación sobre lo que ocurría. No me pidió nada al respecto. Fue muy prudente pero sí me manifestó que había un riesgo que con ello los Winter recuperaran el control del Canal 2. El viernes 7 de marzo me reuní, a pedido mío, con el premier Jorge del Castillo, a fin de solicitarle me explicara el motivo de la cancelación de mi viaje a Washington DC con motivo del 131 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana. El presidente del Consejo de Ministros me manifestó que la ministra Rosario Fernández había suscrito la Resolución Suprema autoritativa [del viaje], igual que él [Jorge del Castillo]; pero que el presidente Alan García estaba muy mortificado por el asunto con Baruch Ivcher y disgustado por los pasos que había tomado la Secretaría Ejecutiva del CNDH en ese caso. ¿Se reafirma usted en que la ministra le dijo que salía del cargo por disposición expresa del presidente García? Me reafirmo. El gobierno ha deslizado la idea de que usted salió por el caso Cantoral. ¿Qué tiene que responder al respecto? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Con ello se trata de cuestionar implícitamente mi competencia profesional y ello no lo acepto. Para comenzar, yo no he sido agente del Estado en ese caso, el agente es el abogado Ángel Marín. La sentencia sobre el caso Cantoral se produjo en julio del 2007 y el Grupo de Coordinación y Consulta, que lo integran la jefa de Gabinete del MINJUS [ministerio de Justicia], el director general de Derechos Humanos de la Cancillería y el suscrito, propusimos a la [entonces] ministra | 339 |
Zavala (y la ministra aceptó) la presentación de una consulta a la Corte sobre qué ocurriría si el proceso judicial en sede nacional llegaba a una conclusión distinta de la Corte de San José, es decir que no hubieran sido agentes del Estado los que dieron muerte a los señores Saúl Cantoral y Consuelo García. La Corte de San José le contestó a dicho escrito señalando que era inadmisible el pedido, pues ello no estaba contemplado en la Convención Americana de DD.HH. El propósito de dicho escrito era hacer notar ante la Corte de San José la imperfección del sistema interamericano y la necesidad de corregirlo en aras de la rigurosidad y seriedad del sistema de defensa de los derechos humanos. Publicado el 19 de marzo del 2008
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Capítulo 64
Privatización de penales Prisiones con fines de lucro1 La iniciativa, lanzada por la ministra de Justicia, Rosario Fernández, de promover la privatización de los penales en el país, causó un debate que, en lo que concierne a la ministra, solo se podía admitir un tipo de opinión: a favor. El primero en enterarse de las reglas ministeriales fue el hasta el viernes pasado presidente del INPE, general PNP (r) Gustavo Carrión. Este veterano oficial, con una larga experiencia en el manejo de prisiones, opinó en contra de la privatización. Poco después, el viernes 1 de febrero, Carrión recibió una llamada de la ministra Fernández. “Me llamó y cuestionó el hecho de que haya dicho cosas contrarias a las que ella estaba diciendo sobre la privatización de los penales. Le dije que había que tomar con mucho cuidado el tema de la privatización y no hacer de ello un dogma. La ministra respondió que estaba en otra línea y que, entonces, era preferible dar por agotada la designación. Le dije que no había ningún problema y que ella tenía todo el derecho de tener el margen 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/08-02/nota1.htm | 341 |
de maniobra para llevar a cabo las reformas que tiene previstas. Al cabo de veinte minutos de haber terminado la conversación, le envié mi carta de renuncia por fax”.2 Sin embargo, esa noche el ministerio de Justicia sacó un comunicado dando por concluidas las funciones de Carrión. Varios medios de prensa, cuyo primer contacto en el ministerio es el funcionario Jaime Chincha, presentaron el cese como una destitución. Un día antes se había hecho pública la lista de los miembros de la comisión encargada de evaluar el posible proceso de privatización de los penales. Varios de los nombres en esa comisión hacían tan previsibles sus recomendaciones, como si se les consultara el estilo de corte de cabello a los hare krishnas. En efecto, el presidente de la comisión es Gonzalo Prialé y uno de sus miembros destacados, es Fritz Du Bois. Tanto el uno como el otro, ya que hablamos de hare krishnas, tienen a la privatización como mantra para toda hora, lugar y uso. En el caso de Du Bois, que trabaja como periodista en El Comercio, parece que no hubo mayor preocupación por el conflicto de intereses que representa esta comisión con la labor periodística. De acuerdo con lo que IDL-SC ha averiguado, hubo hasta ahora tres reuniones de cuerpo presente y varias virtuales, bajo la premisa, como dijo uno de los participantes, de “buscar alternativas para tercerizar”. El aspecto penitenciario es una de las partes más importantes en el proceso de seguridad pública. Si no funciona bien, los efectos se sentirán en todos los ámbitos de la seguridad: el policial, fiscal, judicial, y sobre todo en la calle. Suele ser, sin embargo, uno de los menos analizados y de los más olvidados en la gestión pública, excepto cuando algún motín carcelario o alguna tragedia humana vinculada con el encierro, lo ponen brevemente en la atención pública. ¿Significa eso que la privatización de las prisiones es la solución automática frente a la desidia estatal? No necesariamente. Pero, para tener una opinión 2
Ver carta: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/08-02/carta_gustavo_carrion.htm
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informada sobre el tema, conviene repasar los datos fundamentales y frecuentemente paradójicos de la realidad carcelaria peruana. En el Perú, hay 41 mil 546 presos, según datos del INPE en diciembre pasado. De ellos, 38 mil 666 son hombres y 2 mil 880, mujeres. De los presos, 27 mil 568 están en proceso y solo 13 mil 978 sentenciados. Las cárceles peruanas, como se sabe, son notoriamente hacinadas. La peor es Lurigancho, cuya capacidad es de 3 mil 204 presos, que alberga malamente a cerca de diez mil (9 mil 597). El narcotráfico es la causa del encierro de una cuarta parte de la población penal (10 mil 472 presos, de los cuales solo 3 mil 368 tienen sentencia). Una cantidad ligeramente mayor de personas está presa por robo agravado (11 mil 632 personas) de las cuales, apenas 2 mil 825 están sentenciadas. Sin embargo, el Perú tiene una población penitenciaria relativamente baja en relación con la de otros países. Así por ejemplo, Chile tiene 72 mil 316 presos, en un país de cerca de 17 millones de habitantes. Comparativamente, más del doble de los que tiene el Perú. Brasil, con una población penal de 331 mil 457 presos, tiene algo más de 188 presos por cien mil habitantes. Estados Unidos tiene a una parte nada desdeñable de su población bajo rejas. Dos millones 245 mil personas estaban en prisión en junio del 2006. De otro lado, Venezuela, que tiene una población penal comparativamente baja, (19 mil 758 en una nación de algo más de 27 millones de habitantes) padece de uno de los peores índices de criminalidad e inseguridad ciudadana en el hemisferio. “La realidad es que hay más gente que tendría que estar presa y hay gente presa que debe salir”, dice un funcionario de penales con larga experiencia en el tema, “en diez años tendremos una población penal de 68 mil personas y necesitaremos por lo menos 7 penales más y 20 mil plazas adicionales en todo el país”. | 343 |
¿Habrá que privatizar esos penales y los existentes para solucionar sus problemas? Veamos. El objetivo de la empresa privada en el manejo de prisiones es la ganancia por el cuidado de los presos. Su cliente solo puede ser el Estado. Y así, la única ventaja comparativa de la empresa privada es su posible eficacia con mayor ahorro. Pero, si el Estado le paga a la empresa privada lo que ahora da, por ejemplo, al INPE para la alimentación de cada preso, ni Bill Gates podría gerenciarlo. Actualmente, el INPE dispone de 3 soles 50 para la alimentación diaria de cada preso. ¿Qué empresa podría alimentar aceptablemente a los presos y a la vez ganar con esos precios? Por supuesto que ninguna. La única solución sería la de cobrar más. Eso fue lo que pasó en Chile donde, según Carrión el costo del mantenimiento por preso, después de la privatización parcial de algunos penales, subió de once dólares a treinta y cinco dólares por día. Si la privatización supondrá, con seguridad, un mayor costo por el mantenimiento de cada preso, ¿por qué no examinar la alternativa de aumentar el presupuesto del INPE en cantidades comparables? Al fin y al cabo, la experiencia demuestra que las entidades estatales que disponen de los medios adecuados (Sunat, SBS, por ejemplo), funcionan con eficiencia. Administrar prisiones con fines de lucro supone potenciales conflictos de interés, además del factor moral. “Me parece perverso” dice Carrión “que se pretenda comercializar la pérdida de libertad de las personas cuando es una responsabilidad del Estado reprimir, primero, y luego resocializar”. El tema, claramente, requiere un mayor debate, en el que participará IDL-SC. Publicado el 08 de febrero del 2008
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Capítulo 65
Prisiones con fines de lucro (II)1 Es posible que sea el propio presidente Alan García quien en corto plazo anuncie la solución que supuestamente ha encontrado el Gobierno para el problema carcelario en el país. No se necesita gran imaginación para adivinarla, y se expresa en una sola palabra: privatización. Es decir, el encierro convertido en negocio. Esa es, por lo menos, la conclusión principal de la llamada “comisión Prialé” (por el economista y ferviente privatizador, Gonzalo Prialé), que fue convocada por la ministra de Justicia Rosario Fernández con un objetivo predeterminado: ver la forma de privatizar los penales. La decisión fue tan manifiesta que, cuando el entonces presidente del INPE, general PNP (r) Gustavo Carrión planteó algunas objeciones de principio y otras prácticas a la idea, fue obligado a renunciar. De acuerdo con lo que IDL- SC ha averiguado, hubo alrededor de seis reuniones en la que participaron todos los integrantes de la comisión, (Gonzalo Prialé, Fritz Du Bois, Silvia Astete, José Piccini, Ada Constantino, Leonardo Caparrós, Juan Boria y Hugo Morote) y otras en las que solo tomó parte el núcleo operativo del grupo. Entre quienes no dejaron 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/14-03/nota2.htm | 345 |
de participar en la elaboración del documento estuvieron José Piccini, un empresario constructor, Hugo Morote, un experto en concesiones y privatizaciones, y, por supuesto, el jefe del grupo, Gonzalo Prialé. El documento final desestimó, según fuentes dignas de crédito consultadas por IDL-SC, cualquier alternativa intermedia y se concentró en proponer una privatización plena. En efecto, según recomienda la comisión, los empresarios privados participarían en el financiamiento, el diseño y la construcción de las cárceles; y también en toda su administración y funcionamiento, durante un período de 20 años (después el Estado podría convoca a una nueva licitación). Es decir, ganar en la construcción del penal y luego tener una ganancia por cada recluso. El estudio de la comisión propone que se construya seis nuevos penales privados en los próximos tres años. Si bien la ministra Fernández dijo en RPP que los nuevos centros penitenciarios costarían entre 12 y 15 millones de soles, esa apreciación fue errónea. Según expertos en asuntos penitenciarios, la cifra real de cada obra ascendería a 50 millones de soles. El penal de Piedras Gordas II, que estará terminado a fines de este año, ha costado 48 millones de soles al Estado. Viejos Intereses Una de las cosas que sin duda no se discutió en esa comisión, fue el concepto de conflicto de intereses. Como se indicó, por ejemplo, en la entrega anterior2 sobre el tema, Fritz Du Bois trabaja en El Comercio; José Piccini es un constructor; Hugo Morote es un abogado especializado en concesiones. El único que mencionó en algún momento el tema, fue Morote, quien habría indicado, según fuentes con conocimiento de causa, que él participará asesorando a sus clientes en el proceso de privatización y que desde el 2002 hay empresarios interesados en invertir en este atractivo negocio.
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Ver ‘Prisiones con fines de lucro’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/08-02/nota1.htm
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“Dijo que su participación sería solo a título personal y la cosa quedó allí”, comentó la fuente. ¿Dónde está el negocio en hacer cárceles y encerrar presos? En que se tiene un mercado literalmente cautivo y una ganancia asegurada. El Estado paga y cada cuota asegura la inversión y la ganancia. La idea de privatizar las cárceles peruanas no es nueva. En el 2002, durante la gestión de Fausto Alvarado, se formó una comisión para elaborar un plan nacional de tratamiento penitenciario, la que, entre otras recomendaciones, propuso la privatización plena de las cárceles. Incluso, se contrató a una consultora estadounidense para preparar “un diagnóstico del sistema penitenciario nacional y asesoría para el otorgamiento en concesión de nuevos establecimientos penitenciarios”. El documento elaborado por la consultora ha sido el principal referente de la Comisión Prialé a la hora de redactar su informe. ¿Cuáles serían los costos de la privatización? De acuerdo con la comisión privatizadora, el costo de cada interno escalaría a un monto que iría entre los US$ 13 y los US$17 por día. Esta cifra suma los US$ 6 correspondientes a la amortización del costo de infraestructura (la construcción del penal), y los US$ 7 del costo diario de cada interno. El monto total sería pagado por el Estado en un período de 20 años. Actualmente, cada interno le cuesta tres soles cincuenta (US$ 1.25 al cambio actual) en alimentación al Estado. Según el ex jefe del INPE Wilfredo Pedraza, hay dos atractivos márgenes de ganancia para los privados. El primero es el interés que se gana por la amortización de la deuda a largo plazo contraída por el Estado para pagar la construcción del penal. El segundo está en la propia administración del centro penitenciario. “En los penales existe una habitabilidad que nunca baja del 85%, cuyo costo debe ser cubierto por el Estado. Los riesgos para los privados son nulos”, explicó. | 347 |
Según fuentes consultadas, la comisión habría recomendado que la construcción de los penales sea a través de fondos de endeudamiento. Es decir que el MEF separe capacidad de endeudamiento para esta tarea durante los próximos tres años. Con esos costos, ¿cuál es la ventaja de la privatización? ¿no representa una cierta obscenidad que un grupo de ciudadanos lucre del cautiverio de otros? Si se entiende que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza para imponer la ley de la república, ¿no debe entenderse también que una tarea finalmente tan ingrata como el privar de libertad a otras personas deba ser también responsabilidad exclusiva del Estado? Menos mal que no hay pena de muerte en el país, porque sino ya habría lobbies que buscarían privatizar las ejecuciones. IDL-SC intentó entrevistar a la ministra de Justicia mediante repetidas solicitudes a través de su jefe de prensa, Jaime Chincha. Fernández indicó estar muy ocupada, pero ofreció una entrevista con su viceministro Erasmo Reyna, quien no demoró en cancelarla. ¿La Panacea? Al margen de los reparos morales, ¿cuán eficaz será la privatización en mejorar las condiciones de los 41 mil 546 presos del país? Convendría ver a los vecinos y saber que en Chile, que ha iniciado recientemente el proceso de concesión, se han escuchado ya severos cuestionamientos. El Estado chileno tiene planeado privatizar 10 penales. Hoy sólo tiene cuatro en manos privadas y en todos ellos el costo diario de mantener a un interno asciende a US$ 35. En las cárceles públicas, el costo es de US$ 11. Según FLACSO y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (Informe sobre Derechos Humanos y condiciones carcelarias del 2007), se han presentado problemas en el cumplimiento de los plazos de construcción e implementación en la concesión de los penales, | 348 |
y el gobierno chileno no ha podido imponerse a las compañías para que los resuelvan. Ambas instituciones también tienen serias dudas de que los objetivos de resocialización y rehabilitación se estén alcanzando (Ver link del informe).3 El Gobierno se compara con frecuencia con Chile en términos competitivos y busca aprovechar sus experiencias. Tampoco le haría mal aprender de sus errores. Publicado el 14 de marzo del 2008
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Ver informe: http://www.udp.cl/derecho/derechoshumanos/informesddhh/informe_07/condiciones_ carcelarias.pdf | 349 |
VIII. Actividades mรกs destacadas de IDL-SC (2007-2009)
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Introducción
Desde su creación, IDL-SC ha organizado diversos talleres y seminarios tanto en espacios rurales como urbanos no sólo para identificar las principales causas de la inseguridad ciudadana, sino para brindar a la población herramientas que le permitan revertir esa situación. Para ello, en cada uno de estos esfuerzos se buscó la participación de todos los actores involucrados. En ese sentido, IDL-SC suscribió convenios con los gobiernos locales y regionales bajo la premisa de que la seguridad no sólo es responsabilidad de las autoridades, sino además de la propia ciudadanía que debe ser gestora de su desarrollo. Uno de los trabajos más significativos fue el que se llevó a cabo con las Rondas de Bambamarca, en Cajamarca, quienes son asesoradas desde 2003 por IDL-SC. El objetivo fue capacitarlas en el tipo de tecnologías de desarrollo rural que tuvieron gran éxito en el Cusco, planteadas en el proyecto Sierra Productiva, a cargo del economista Carlos Paredes. La palabra quechua que describe buena parte de esta estrategia es ‘Yachachiq’ (el que sabe y enseña). En ese sentido, IDL-SC llevó a cabo una pasantía en la que ronderos de Bambamarca viajaron al Cusco para encontrarse con los campesinos conocedores de las nuevas tecnologías intermedias, que enseñan a sus propios paisanos en el campo y así logran extender horizontalmente, con rapidez y eficacia, el alcance de esas tecnologías que han tenido gran éxito. Otro de los trabajos de gran importancia realizados este año por IDL-SC, fue la elaboración del diagnóstico y plan de seguridad ciudadana para el populoso distrito de Villa El Salvador. | 353 |
Capítulo 66
Sellan convenio rondas campesinas, IDL y gobierno regional de Cajamarca1 El viernes 15, la Central Única de Rondas Campesinas de la provincia de Hualgayoc, el gobierno regional de Cajamarca y el Instituto de Defensa Legal suscribieron en la Casa Rondera en Bambamarca, un convenio dirigido a fortalecer la capacidad de la organización ronderil para enfrentar los nuevos desafíos que ésta confronta en Cajamarca. Suscribieron el convenio el presidente de la región de Cajamarca, Jesús Coronel; el presidente de la organización ronderil de Hualgayoc-Bambamarca, José Victoriano Cruzado; y el director del Área de Seguridad Ciudadana de IDL, Gustavo Gorriti. La necesidad central que llevó a acordar y firmar el convenio, fue expresada por Wílder Sánchez, presentador de la reunión y uno de los más veteranos y prestigiados dirigentes ronderos. Sánchez recordó que el primer desafío histórico de las Rondas fue luchar contra el abigeato y la delincuencia en general, empresa que culminó, luego de sostenidas luchas y fuertes dificultades en, como dijo Sánchez, “un 99% de éxito”. La segunda etapa, subrayó, fue enfrentar el hostigamiento de las diversas burocracias, especialmente las judiciales, que intentaron socavar el proceso de la organización 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/15-02/nota1.htm | 355 |
ronderil. En ese aspecto, puntualizó Sánchez, también se logró una notable medida de éxito. Ahora, dijo Sánchez, una vez consolidada, luego de 35 años de labor, la continuidad y el crecimiento de las rondas, surgía la necesidad de fortalecer en esa organización democrática y participativa por excelencia, la capacidad de ayudar al desarrollo y el progreso autosostenible de su región. El convenio busca darles los instrumentos de conocimiento y la capacidad de gestión, fiscalización y negociación con el Estado y los actores privados con quienes deban interactuar. Tanto Gustavo Gorriti, de IDL, como Jesús Coronel, presidente del gobierno regional, subrayaron en sus intervenciones que todos los procesos exitosos de desarrollo, en cualquier país, tuvieron como factor común el haber contado con sólidas organizaciones de la sociedad civil, que participaron activamente en el planeamiento, fiscalización, regulación e iniciativa de las acciones de desarrollo. Por esa razón, coincidieron ambos expositores, las rondas campesinas representan una fundamental fortaleza de la sociedad civil para el desarrollo de Cajamarca. Gorriti indicó que no debería considerarse esa firma como la culminación de un esfuerzo sino apenas como el inicio de un proceso complejo, que requerirá seguimiento, evaluación y un trabajo continuo e integrado para lograr los fines que propone. En el contexto actual de Cajamarca, señaló, con sus fuertes ingresos y su terca pobreza, y con el conflicto campo-mina, resulta fundamental dotar de mayor fuerza, conocimiento y capacidad de negociación a la organización ronderil. Coronel, por su lado, enfatizó la necesidad de las autoridades regionales de mantener un contacto permanente y directo con las bases sociales, especialmente las ronderiles, y practicar en forma constante una política de rendición de cuentas, de información abierta y de explicación sobre las principales acciones de gobierno y de gasto. Explicó las cantidades y los criterios con los que se busca invertir los fondos del canon minero en Cajamarca. Se comprometió a hacer un gobierno que haga participar a las bases en las principales decisiones de la región. | 356 |
José Victoriano Cruzado, el presidente rondero, remarcó la continuidad del vínculo de su organización con IDL, iniciado en 2003, la nueva etapa que representa este convenio, y lo significativo de la presencia, el compromiso y la participación en el acuerdo tripartito del gobierno regional de Cajamarca. Cruzado hizo énfasis en el compromiso rondero con los derechos humanos, fortalecidos por su democracia interna y por la larga vinculación con organizaciones como IDL. La firma del convenio culminó una actuación en la que estuvieron presentes casi todos los dirigentes de las bases ronderiles de Hualgayoc, las principales autoridades regionales y los jefes de la PNP de Bambamarca. Publicado el 15 de febrero del 2008
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Capítulo 67
Policía comunitaria: nueva filosofía para luchar contra la inseguridad1 La Municipalidad de Los Olivos y el Instituto de Defensa Legal realizaron el pasado 20 de abril, en el Palacio de La Juventud del distrito, el I Seminario Taller “Policía Comunitaria y Reestructuración de la VII DITERPOL-LIMA “DISTRITALIZACION DE LA POLICIA”. El evento estuvo dirigido a policías, serenos, funcionarios municipales, integrantes de los comités distritales de seguridad ciudadana de Comas, San Martín de Porras, Independencia y Los Olivos. Gustavo Gorriti, director del área de Seguridad Ciudadana del IDL, inauguró el evento con una ponencia sobre los aportes de su institución en la lucha contra la delincuencia. Luego el señor Felipe Castillo Alfaro, alcalde de Los Olivos, expuso acerca de los avances de la seguridad ciudadana en el distrito y explicó el convenio que se firmará con el ministerio del Interior. Por su parte el general José Bernardo Monje, agregado Policial de la Embajada de España habló sobre el cambio de paradigma institucional que se está logrando en la policía española conjuntamente con la ciudadanía. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/24-04/texto1.htm | 359 |
El coronel Eduardo Arteta Izarnótegui expuso las experiencias positivas que se estaban logrando en alianza con el gobierno regional del Callao. Dentro de las cuales destacó dos medidas importantes: El contar con una central telefónica propia y la reconstrucción de la comisaría de Pachacutec. Con la primera medida se consiguió hacer más dinámica la comunicación de la policía distrital con el vecino (con el antiguo sistema se demoraba más de una hora). La reconstrucción de la comisaría era una necesidad imperiosa ya que el anterior local no contaba con las condiciones mínimas para atender a los vecinos ni para desenvolver una efectiva actividad policial. El mayor PNP Julio Díaz Zulueta compartió la exitosa experiencia de las comisarías de Huacho, Chiclayo y Tarapoto. Actualmente realizan un trabajo conjunto con la población, pero cuando se inició la gestión existía un divorcio entre la comunidad y la delegación policial. El comisario tuvo que presentarse a cada uno de los vecinos y pedirle que le ayudaran en su gestión. La respuesta fue positiva: la policía y la ciudadanía empezaron a caminar de la mano. Los vecinos fiscalizaban la labor policial, controlaban la gasolina y los servicios de patrullaje. Las juntas vecinales fueron fortaleciéndose cada vez más y ahora se están preparando para poder disminuir los índices delincuenciales de la zona. La participación vecinal no podía estar ausente en el evento. Susano Enciso, presidente de las Juntas Vecinales de la Victoria en Chiclayo contó como se recuperó la avenida La Floral. Destacó la importancia vecinal y llamó la atención sobre la necesidad de contar con comisarios comprometidos con su comunidad. Susano, recordó que nadie podía circular por La Floral ya que era dominio de delincuentes, drogadictos y alcohólicos pero gracias a la organización de las Juntas Vecinales y el apoyo de la Policía lograron limpiar la zona. Donde antes solo había 3 empresas, ahora hay más de 50 talleres productivos y en muchos de ellos vienen trabajando ex delincuentes ahora reformados.
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Las Conclusiones finales fueron: • Fortalecer la integración de los vecinos organizados a nivel distrital, promoviendo una activa participación en los comités distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec). • Hacer extensivo el modelo de Policía Comunitaria a nivel de Lima Metropolitana desarrollando charlas informativas sobre el nuevo papel que debe cumplir la Policía en la lucha contra la delincuencia. • Pedir a la Policía Nacional más claridad sobre el proceso de distritalización y explicar detalladamente a los vecinos cuáles son las oportunidades que presenta el plan. Publicado el 24 de abril del 2007
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Capítulo 68
Lecciones de seguridad en San Ramón1 El 27 de junio se desarrolló el primer seminario taller sobre seguridad ciudadana en la selva central de Junín, organizado por la Municipalidad de San Ramón y el IDL, en el que participaron diversas autoridades locales, representantes de la policía y la iglesia de San Ramón. Participaron también las juntas vecinales de las provincias de Junín, Satipo, Villa Rica y de los distritos de Oxapampa, Tarma, Yaulic Chanchamayo, Perene, San Luis de Shuaro, Yauyos, Vitoc, Palpa, San Pedro de Cajas, Río Negro. El evento se realizó con el objetivo de exponer experiencias exitosas en seguridad ciudadana a fin de identificar las enseñanzas válidas para la zona. Por parte de IDL asistieron Nancy Mejía y Gustavo Gorriti. También estuvo Victoria Wigodzky, encargada de programas para Latinoamérica del Open Society Institute. El coronel PNP, Eduardo Arteta Izarnótegui, director nacional de la Policía de Carreteras, fue el primer expositor de la jornada. Arteta destacó la importancia de trabajar en seguridad preventiva entre los más jóvenes y en la necesidad de enfrentar el problema de la inseguridad de manera multisectorial. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-07/san-ramon.htm | 363 |
“El problema tenemos que atacarlo en forma conjunta. Eso significa que los sectores educación, salud, deben también unir esfuerzos para resolverlo”, dijo Arteta. Arteta relató su experiencia como jefe policial de la Región Callao, una zona con altos índices de robos y con una agresiva presencia de pandillas. La primera etapa, dijo Arteta, fue organizar a los vecinos, en cuadrantes, estableciendo así un sistema de información directo que funcionaba paralelamente a un equipo de inteligencia policial que recogía información de primera mano. El siguiente paso a este diagnóstico fue la puesta en marcha de acciones concretas junto con las autoridades municipales y el Ministerio Público como el cierre de bares clandestinos, billares y centros de prostitución ilegales. El comandante PNP Julio Díaz Zulueta, por su parte, relató las exitosas iniciativas de trabajo conjunto con las comunidad que realizó cuando fue comisario de La Victoria (en Chiclayo), de Tarapoto, y actualmente como Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana de la Región Lima. Destacó la importancia de organizar a la comunidad y la necesidad de fortalecer y capacitar permanentemente a las juntas vecinales. “Hay que atenderlos bien, el comisario es el jefe por lo tanto tiene que dar el ejemplo, tiene que dar su teléfono para la atención inmediatamente. Todas las autoridades y los vecinos tienen que salir a las calles a no permitir que siga creciendo la delincuencia”, remarcó Díaz Zulueta. José Portugal Ayesta, representante de la oficina de seguridad de la municipalidad de Barranco explicó la importancia del serenazgo, sus funciones y la relación que tienen que tener con la comunidad. “Lo que necesita el ciudadano es una atención de primera del equipo de serenazgo de su municipalidad. Por ello es importante hacer una buena selección del sereno, capacitarlo y definir claramente sus funciones” indicó Portugal. Gustavo Gorriti, por su parte, hizo un análisis general del evento y enfatizó la importancia del liderazgo municipal, y específicamente de los alcaldes, en las tareas de seguridad ciudadana. | 364 |
También indicó que la preparación y capacitación constante de las juntas vecinales deben ir aparejado con una permanente fiscalización de las autoridades y de sus resultados en enfrentar el delito y la inseguridad. “Lograr niveles adecuados de seguridad ciudadana es una de las necesidades centrales para fortalecer el sistema democrático y las libertades que a todos nos benefician y protegen. Y en esta tarea es imprescindible un decidido liderazgo de los alcaldes”, dijo Gorriti. Durante el taller los líderes de las juntas vecinales participaron activamente con preguntas y comentarios; y aprovecharon para intercambiar las experiencias y los problemas que afrontan. Los policías que participaron también del taller se comprometieron públicamente a trabajar más estrechamente con sus comunidades. Publicado el 04 de julio del 2008
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Capítulo 69
Noche de ronda1 Hasta hace un mes, ‘La Barreta’ un conocido barrio de Huacho, era feudo de delincuentes y drogadictos. “Aquí ha corrido bala, cuchillo. Ha corrido de todo, ha sido tierra de nadie. No podíamos vivir tranquilos”, dice Berta Paredes, de 82 años, cuarenta y dos de los cuales ha vivido en el barrio. Medianoche del miércoles 2 de julio. En el local comunal de la urbanización Leoncio Prado, conocido como ‘La Barreta’, se reúnen 35 personas luciendo las vistosas casacas que identifican en Huacho a las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Es una historia corta pero notable. Armados de silbatos y, de palos, Berta y sus vecinos, se organizaron y emprendieron la tarea de recuperar el vecindario para sus habitantes. En mayo se realizaron las primeras reuniones de capacitación, que inicialmente tuvieron poca convocatoria entre los vecinos, pero poco a poco se logró una mayor adhesión. Hoy la junta vecinal está formada por 62 personas que organizan el patrullaje en las 5 manzanas de la urbanización.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/04-07/huacho.htm | 367 |
Junto con doña Berta está Rodolfo La Rosa, coordinador de la junta vecinal de Leoncio Prado, que mañana, 5 de julio, cumple un mes de creada. “Nosotros nos sacrificamos para que nuestros hijos vivan en tranquilidad y sin violencia. Queremos que sean algo en la vida”, dice el dirigente vecinal, entre el aplauso de los vecinos. Hay muchas mujeres y un porcentaje alto de vecinos de la segunda edad y tres cuartos, o de la llamada tercera edad. A primera vista no parecen un grupo humano particularmente intimidante para delincuentes avezados o hasta primarios. Pero el número, la organización y el método adecuado han significado toda la diferencia. Además, por supuesto, de la estrecha coordinación con las autoridades. El apoyo que les ha brindado la secretaria regional de seguridad ciudadana del Gobierno Regional de Lima, a cargo del comandante PNP Julio Díaz Zulueta ha sido fundamental. Como se recordará, Díaz Zulueta logró anteriormente éxitos notables en la lucha contra la delincuencia como comisario de Cruz Blanca. Por ello, fue distinguido como el mejor comisario en el Perú el año de 2003. Ahora, ya como comandante y secretario técnico en seguridad ciudadana, Díaz Zulueta no sólo impulsó el trabajo de formación de las juntas sino gestionó la ayuda y participación del personal de la Comisaría, y en especial de la oficina de participación ciudadana de la Comisaría que jefatura el capitán PNP Johny Bernal. Una de las primeras acciones que hizo posible el inicio del trabajo de la junta vecinal fue un operativo de la policía para capturar a los que vendían drogas en el barrio. Se capturó así a 12 personas, 8 de los cuales ya salieron libres, dice resignada una vecina del lugar. La tarea no ha sido fácil. Si bien los vecinos contaban con el renovado respaldo policial se encontraron con una fuerte resistencia, vinieron las amenazas y los ataques de los delincuentes. Lejos de amilanarse ellos continuaron con sus rondas y patrullajes y lograron que más vecinos se unan a la junta vecinal. Historias similares se han vivido, y sufrido también, en las juntas vecinales del pasaje Hualmay, de la Urbanización 18 de octubre y el distrito de Man| 368 |
zanares en Huacho a quienes IDL- SC visitó el jueves durante un recorrido nocturno para conocer en el lugar cómo se han organizado estos vecinos contra la delincuencia y la inseguridad. La comitiva que visitó a estas juntas vecinales estuvo formada también por Sonia Arce, Gerente General del Gobierno Regional de Lima, y Luis Castillo Polo, gerente de recursos naturales y medio ambiente de la Región. Hualmay fue el primer punto del recorrido. Muy cerca al centro de Huacho, el antes conocido como el pasaje de ‘Los borregos’ era sinónimo de delincuencia. Ello cambió gracias a la organización de la junta vecinal y al trabajo coordinado con la Policía. Así como en la urbanización Leoncio Prado, el inicio del patrullaje de los vecinos se dio luego de que una operación policial ingresará al Pasaje. Durante la intervención se cerraron casas donde se vendía drogas, y otras viviendas que funcionaban como prostíbulos y cantinas clandestinas. Luego, empezó a trabajar la junta vecinal. Se organizaron así en 9 equipos para vigilar igual número de cuadrantes. Su coordinador Roger Carranza asegura: “No podemos decir que se ha erradicado la delincuencia pero hemos avanzado mucho. Los robos han bajado y estamos más tranquilos. Nos sentimos más seguros”. Ciertamente, aún persisten algunos problemas como la presencia de una cantina que están en una de las calles principales del lugar, que es ocasionalmente foco de violencia. El siguiente punto en la visita fue la urbanización 18 de octubre en donde el enfrentamiento entre pandillas ha sido uno de los mayores problemas. Contando con una fuerza organizada de vecinos y con apoyo policial empezaron a trabajar en marzo del 2008. Hoy, la junta vecinal está formada por 35 vecinos que recorren 5 zonas del barrio desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Una vecina reconoce que están recién empezando pero el entusiasmo y la iniciativa no decaen. Si bien el patrullaje es únicamente nocturno ya están planificando realizarlo durante el día para tratar de desalojar a los que venden droga en las inmediaciones del colegio principal de la zona. | 369 |
Manzanares, en la zona del cono sur este, fue el último punto de la jornada. De difícil acceso, Manzanares es una barriada asentada en uno de los cerros que rodean Huacho y que cuenta con una privilegiada vista de la ciudad. Hasta hace poco carecía de los servicios básicos y aún algunas zonas no cuentan con luz y agua. Pero a pesar de sus difíciles condiciones de vida se trata de una comunidad vital y pujante. Cerca de treinta personas, dirigentes de las 15 asociaciones de viviendas y de otras etapas de Manzanares, nos esperaban. Juan Bardales, coordinador de Manzanares, relató cómo se conformaron sus juntas vecinales. Primero, recibieron capacitación del propio comandante Julio Díaz Zuloeta en cinco talleres. Luego vino la organización de las juntas en tres niveles: la subcordinación de la junta vecinal, los coordinadores de manzanas o cuadrantes y los vecinos vigilantes. Según cuenta Bardales las juntas vecinales de Manzanares están formadas por 180 personas. El coordinador zonal de Nueva Generación Julio Grimaldo Herrera dice orgulloso: “Nosotros salimos a patrullar mientras nuestros hijos duermen. La única satisfacción que tenemos es que ellos vivan en un ambiente seguro y sin violencia”. Publicado el 04 de julio del 2008
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Capítulo 70
Velada en Villa El Salvador1 Son las siete de la noche del viernes cinco de setiembre. El auditorio del centro deportivo del grupo II A del sector seis, de Villa El Salvador, recibe a alrededor de 150 líderes de juntas vecinales de seguridad ciudadana, autoridades municipales, personal de serenazgo y de la Policía Nacional. En ese evento, el primer conversatorio sobre seguridad ciudadana en Villa El Salvador, el equipo del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL-SC) expone sobre las estrategias para impulsar el plan de seguridad ciudadana y describe experiencias exitosas en otros distritos. El comandante PNP, Julio Díaz Zulueta, condecorado como mejor comisario del Perú en 2003, cuando estuvo al mando de la comisaría de Cruz Blanca (Huacho), sostuvo que la figura del policía comunitario es indispensable para que la comunidad se sienta acompañada y resguardada. “Hay que resolver los problemas de la población. El policía comunitario tiene que cambiar de actitud. Debe ser transparente y eficiente”, puntualizó el también secretario técnico de seguridad ciudadana del Gobierno Regional de Lima y expositor de IDL-SC.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/05-11/velada-en-villa-el-salvador.htm | 371 |
“Estamos haciendo un patrullaje intensivo junto con los clubes de madres y algunas juntas vecinales. De esa manera hemos logrado reducir en un 30 por ciento el pandillaje con respecto al año pasado en todo el distrito”, aseguró el coronel Eduardo Mallma, jefe distrital de la policía en Villa El Salvador. Sin embargo, para Quintiliano Olivas, coordinador de las juntas vecinales de Villa El Salvador, “si bien ha disminuido el pandillaje en algunas urbanizaciones, nos sentimos desprotegidos cuando patrullamos porque el serenazgo es amenazado por las pandillas y la Policía no toma cartas en el asunto. Su deficiente labor ha permitido que los microcomercializadores de droga sigan operando a pesar de que ya les hemos informado quiénes son y dónde venden”, relató Olivas, quien vive desde hace 24 años en este distrito. Lo cierto es que el trabajo de las 900 juntas vecinales de la mano con las fuerzas del orden – a marchas y contramarchas- ha logrado reducir parcialmentela inseguridad ciudadana en la zona. Sin embargo, no ha sido suficiente para erradicar las 17 pandillas que aún están arraigadas en Villa El Salvador. La razón, según señala José Ignacio Mantecón ‘Chiqui’, párroco de El Agustino y expositor de IDL-SC, es la “ausencia de programas educativos y laborales para generar oportunidades a los jóvenes que quieren dejar las pandillas”. “Hasta hace poco más de 12 años, El Agustino era considerado uno de los distritos más peligrosos de la capital. Había 36 pandillas y ahora no hay ninguna. Mediante charlas, encuentros deportivos y con la creación de asociaciones hemos logrado que cambien su estilo de vida”, asegura el padre ‘Chiqui’, quien llevará a cabo un campamento entre los pandilleros de las barras de la ‘U’ y Alianza Lima de Villa El Salvador. “Este en encuentro se realizará junto con la policía y el alcalde (Jaime Zea) a raíz de este conversatorio”, concluyó. Publicado el 05 de noviembre del 2008
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Capítulo 71
En Villa El Salvador, juntas vecinales y pandillas1 El martes 4 de noviembre IDL-SC realizó el segundo conversatorio sobre seguridad ciudadana en Villa El Salvador. El objetivo fue discutir el incremento del pandillaje en el distrito. “Ningún fin de semana se puede estar fuera a partir de las once de la noche”, relató una integrante de las juntas vecinales de la zona de Las Lomas. El encuentro, que se centró en narrar experiencias exitosas en otros distritos para reducir el pandillaje, contó con la ponencia de Carolina Moreno, psicóloga de CEDRO; José Ignacio Mantecón ‘Chiqui’, párroco de El Agustino; el comandante PNP Daniel Yauri, comisario de El Agustino; y Quintiliano Olivas, coordinador general de las juntas vecinales Durante el conversatorio, el padre ‘Chiqui’ sostuvo que el 98 por ciento de las pandillas consume algún tipo de droga. “Por falta de afecto, estos jóvenes buscan pertenecer a un grupo que los acoja y en el que se vean identificado”, dijo.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/05-11/en-villa-el-salvador-juntasvecinales-y-pandillas.htm | 373 |
Por su parte, Carolina Moreno dijo que “los integrantes (de las pandillas), en su mayoría, provienen de hogares monoparentales donde la tasa de abandono y violencia es alta. Tienen un horizonte muy cerrado, solo es su barrio, las drogas, los robos y enfrentamientos, ese es su mundo”. De otro lado, Moisés Maquijano, ex coordinador de una de las juntas vecinales, sostuvo que el trabajo de la PNP es insuficiente. “No hay respaldo de la policía. Tenemos la disposición, pero no nos dan la oportunidad de actuar porque no se nos brinda siquiera un vehículo para transportarnos”. Ciertamente, gran porcentaje de los vecinos considera que la ausencia de herramientas para combatir el pandillaje se debe al programa de distritalización –impulsado por el ex director de la PNP Octavio Salazar- que ha modificado la distribución de patrulleros en las comisarías, así como la presencia de efectivos policiales por zona. “No hay ni patrulleros, ni presencia suficiente por parte de los policías”, sostuvo Juana Macaluku, integrante de una de las juntas vecinales de la zona de Oasis desde el 2003. Sin embargo, el nombramiento del nuevo comisario, comandante PNP Rafael Peláez, ha generado expectativas sobre las estrategias de seguridad ciudadana que regirán en su gestión. “Se ha comprometido a trabajar con la comunidad. Tiene iniciativa de diálogo, lo que demuestra que trabajará de la mano con las juntas vecinales”, manifestó un vecino. Para el comisario de El Agustino, la seguridad ciudadana debe ser un trabajo concertado entre la Policía, las autoridades distritales y la ciudadanía, bajo la dirección del alcalde. “Para prevenir la inseguridad se debe trabajar mediante acciones políticas, estrategias y actividades preventivas”, aseveró Yauri, quien indicó que en el distrito existe el primer módulo de atención especializada de justicia en la comisaría en toda América Latina. Publicado el 05 de noviembre del 2008
Capítulo 72
El campo, las rondas, la mina1 En Bambamarca y en casi todos los distritos de la provincia de Hualgayoc, en Cajamarca, la relación entre el campo y la mina suele oscilar entre el conflicto y la suspicacia. A la vez, hay grandes asimetrías en esa relación: pobreza y escasez de recursos en el campo, abundancia de capitales y recursos por parte de la mina. Esa asimetría impregna la relación entre ambos actores y es un factor no solo de sospecha sino de desventaja para los campesinos y agricultores, cuando negocian con la mina. IDL-SC, que suscribió un convenio tripartito de capacitación con los ronderos de Bambamarca y el gobierno regional de Cajamarca, determinó desde el principio que uno de los aspectos centrales de dicha capacitación a los dirigentes ronderos, debía ser el elevar sustantivamente su conocimiento sobre la minería en el Perú, y específicamente en Cajamarca, con especial énfasis en el conocimiento práctico dirigido a mejorar su capacidad de negociar con la mina, para defender mejor sus posiciones y reducir o eliminar la asimetría en las negociaciones.
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http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/05-11/el-campo-las-rondas-la-mina.htm | 375 |
Como primer paso hacia ese objetivo, IDL-SC llevó el 13 de setiembre a Bambamarca a dos prestigiosos especialistas en el tema minero e industrias extractivas en general. José de Echave, responsable del Programa de Minería y Comunidades de Cooperación, y Carlos Monge, investigador de DESCO, han estudiado y examinado las operaciones mineras y su relación con las comunidades de las zonas. Asimismo, han seguido de cerca los casos de negociación entre agricultores y empresarios mineros; tanto los relativamente exitosos como los fallidos. Su conocimiento y experiencia fueron brindados a una nutrida concurrencia de dirigentes en el segundo curso de la escuela de líderes ronderos de Bambamarca. La exposición de de Echave abrió los ojos a los ronderos respecto de su propia realidad. Uno de los gráficos que más los impactó fue la expansión territorial de la minería en su provincia. De Echave indicó que según el mapa de concesiones del distrito de Bambamarca -elaborado por Ingemmet-, el 84,2% de las tierras han sido dadas en concesión. Para De Echave, el aumento de las concesiones ha ido acompañado de “un marco legal que ha favorecido a las compañías mineras y recortado los derechos de los pobladores”. A partir de la problemática expuesta en la sede municipal, Carlos Monge, describió algunos escenarios de negociación entre representantes de mineras y pobladores que han resultado favorables para estos últimos. “Con la minera Antamina (que opera en Áncash) se negoció empleo para los pobladores de la zona. Lo mismo ocurrió con Tintaya y Cerro Verde que se han visto obligadas a asumir inversiones sociales y productivas locales”, puntualizó. A su turno, Wílder Sánchez, dirigente de la Central Única de Rondas de Bambamarca, manifestó que a raíz de la masiva presencia minera “hemos vista la necesidad de informarnos y organizarnos para velar por muestras tierras… Estamos muy preocupados, queremos estar en la capacidad de asumir los roles de liderazgo. Por eso son indispensables las capacitaciones con expertos en el tema”, dijo. | 376 |
Por su parte, Gustavo Gorriti, director de IDL-SC, sostuvo que, junto con la organización, la mejor herramienta para defender los derechos de los agricultores ronderos y del pueblo de Hualgayoc en general, es el conocimiento. Saber desde la operación de la minería, el detalle de los problemas ambientales, la escala económica y las ganancias de la explotación, los acuerdos y salvaguardas logrados en otras regiones y otros países: este conocimiento se convierte en una poderosa arma de negociación y defensa de derechos. Publicado el 05 de noviembre del 2008
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Capítulo 73
Ronderos y Yachachiq1 ¿Qué tiene que ver la crianza de cuyes con la seguridad ciudadana? Más de lo que pareciera a primera vista. Si el crimen, el delito resultan principalmente un impuesto oneroso a la pobreza, uno de los requisitos para empezar a salir de ella y desarrollarse es mejorar sustantivamente la seguridad ciudadana. Sin embargo, la seguridad no es suficiente para lograr el desarrollo. Eso lo saben bien los dirigentes e integrantes de las Rondas Campesinas de Bambamarca, en Cajamarca. Entre los primeros en organizarse para hacer frente al abigeato en su provincia, los ronderos de Bambamarca hicieron frente exitosamente a lo largo de varios años a esa y otras amenazas, mediante la fuerza de la acción conjunta de los campesinos organizados. El logro de la seguridad colectiva ha sido el testimonio evidente de la fuerza de su organización. Ahora, las rondas ya no enfrentan grandes problemas de seguridad. Pero hay otros no menos importantes: la difícil relación con las compañías mineras en el departamento; la persistente pobreza. Aquí, la organización ronderil afronta nuevos desafíos, ante los cuales su fuerza y disciplina necesitan sumar el conocimiento adecuado en cada caso. 1
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/07-04/ronderos-y-yachachiq.htm | 379 |
IDL-SC, que colabora con las Rondas de Bambamarca desde 2003, ha asesorado a estas recientemente –en el marco de un convenio en el que también participa el Gobierno Regional de Cajamarca- en el tema minero2. Ahora, el miércoles 18 y jueves 19 de marzo, IDL-SC realizó la cuarta escuela de líderes ronderos, cuyo objetivo fue capacitarlos en el tipo de tecnologías de desarrollo rural que tuvieron gran éxito en el lugar donde primero se aplicaron: el Cusco. Y para hacerlo, IDL-SC llevó como expositor al creador del proyecto Sierra Productiva, Carlos Paredes, presidente del Instituto para una Alternativa Agraria. Quizá el nombre de Paredes es menos conocido que la palabra quechua que describe buena parte de su estrategia: Los Yachachiq, es decir, los campesinos conocedores de las nuevas tecnologías intermedias, que enseñan a sus propios paisanos en el campo y así logran extender horizontalmente, con rapidez y eficacia el alcance de esas reformas. La estrategia Yachachiq de Paredes surgió en 1994 como respuesta a la crisis alimentaria que produjo el “fujishock” en el campo. Lo hizo a través de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, y la experiencia, basada en sus propios recursos y mejorada paulatinamente, resultó tan exitosa en los lugares donde se ha aplicado, que su modelo es considerado ahora por muchos como la forma más viable de lograr el desarrollo rural en la Sierra. En sus exposiciones en Bambamarca, realizadas tanto en el auditorio de la municipalidad como en el campo, ante un auditorio profundamente interesado, Paredes indicó que el proyecto se basaba en 18 innovaciones tecnológicas integradas y desarrolladas en tres etapas.3 “Con 18 innovaciones tecnológicas muy sencillas, cuyo costo global no llega a 10 mil soles por familia, sería posible liberar estructuralmente de la pobreza a todos los campesinos del país”, aseguró Paredes, tras señalar que la experiencia se puede iniciar por grupos de 10 familias con una inversión no mayor de mil 2 3
Ver ‘El campo, las rondas, la mina’: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/05-11/el-campo-las-rondas-la-mina.htm http://www.slideshare.net/idlsc/18-tecnologas-en-3-aos?src=embed
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300 soles. “El monto inicial sería cubierto por el gobierno regional o provincial, y las familias tendrán que aportar la mano de obra”, agregó. Asimismo, sostuvo que es indispensable “mejorar y flexibilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para que los gobiernos regionales, municipales y entidades afines puedan financiar pequeños proyectos de riego tecnificado y otras innovaciones tecnológicas productivas”. El objetivo- según expuso Paredes a los ronderos- es lograr el desarrollo de las comunidades de agricultores, diversificando, potenciando e integrando la producción en forma tal que no solo permita mejorar sustantivamente la alimentación y la salud de las familias campesinas, sino dejar excedentes para el mercado donde antes había solo una economía de precaria subsistencia. “La democratización de la economía junto a los nuevos conocimientos y la implementación de tecnologías deben convertirse en fuentes generadoras de riqueza traducidas en mejor alimentación”, añadió Paredes. Su exposición tuvo un efecto profundamente motivador entre los dirigentes ronderos. Eladio Huamán, representante de las rondas campesinas y regidor de Bambamarca, sostuvo que la seguridad ciudadana debe estar acompañada de una mejor calidad de vida. “Es fundamental saber cómo mejorar la producción en el campo y capacitarnos en nuevas técnicas”, dijo. IDL-SC en coordinación con el gobierno regional de Cajamarca organizará una pasantía colectiva en la que un grupo de 20 ronderos de Bambamarca viajará al Cusco para apreciar, a lo largo de varios días de visitas a comunidades exitosas, el modelo de desarrollo agrícola implementado por Paredes, para adaptarlo luego de retornar a sus comunidades. Simple, fácil de replicar, creativo, de poco costo y pronto efecto, el modelo de tecnología intermedia rural puesto en práctica por Carlos Paredes y los Yachachiq, promete ser una eficaz iniciativa de desarrollo rural tanto para los herederos de Huáscar en el Cusco, como para los de Atahualpa en Cajamarca. Publicado el 07 de abril del 2009 | 381 |
Capítulo 74
Pandillas de Los Olivos1 El reciente Estudio Situacional de violencia juvenil en Lima y Callao elaborado por la Dirección de Investigación y Desarrollo de la oficina de Asuntos Internos de la PNP, indica que entre 2007 y 2008 se registraron cerca de 251 delitos cometidos por pandillas juveniles solo en el distrito de Los Olivos. La percepción es que el problema empeora. “Me preocupa el crecimiento de las pandillas y que estén integradas por chicos cada vez más jóvenes, los integrantes son ahora niños de 10 y 11 años”, señala Nancy Torrel, subdirectora del centro educativo 2024, del asentamiento humano Los Olivos de Pro, quien narra los últimos enfrentamientos entre ‘Los Deltas’ y ‘Los Terribles de Enrique Milla’ a pocos metros de la entrada principal del colegio. Eso fue el motivo principal para que, mediante un trabajo coordinado entre la municipalidad de Los Olivos, la comisaría de Pro y el área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL-SC), el viernes 27 de marzo se llevara a cabo, en el colegio 2024, una charla que promueva mecanismos prácticos de seguridad ciudadana que involucren a las autoridades ediles y a las juntas vecinales. 1
http://seguridadidl.org.pe/destacados/2009/08-04/pandillas-de-los-olivos.htm | 383 |
Los ponentes invitados al evento fueron el padre José Ignacio Mantecón, conocido como “Chiqui”, quien narró su exitosa experiencia en el distrito de El Agustino, y Aarón Verona, abogado del IDL, quien detalló la importancia de contar con un juzgado de paz letrado en comisarías. La convocatoria logró reunir tanto a vecinos como autoridades de diversa índole. Compartieron escenario Felipe Castillo, alcalde del distrito; Alfredo Castañeda, secretario de cultura y deporte del programa municipal de vivienda y confraternidad; Gigi Rosales, líder estudiantil; comandante PNP Manuel Lozada, comisario de Pro, entre otros. “Chiqui” demostró que mediante un diálogo persistente y continuo con los jóvenes, los logros pueden llegar a ser verdaderamente satisfactorios. “Cuando empecé habían más de 36 pandillas violentas y los enfrentamientos eran tremendos, ahora podemos decir que ya no hay pandillas en El Agustino”, afirmó orgulloso el fundador de la agrupación Martin Luther King. El sacerdote de El Agustino detalló que el punto de partida es acercarse a los jóvenes para dialogar con ellos y conocer por qué integran pandillas. “Les preguntamos sobre sus necesidades con el objetivo de proponer un camino distinto. Quienes eran pandilleros ahora conforman grupos juveniles que trabajaban a favor de su comunidad”. Consideró fundamental que “para enfrentar la violencia tenemos que trabajar todos juntos: la policía, la municipalidad, los empresarios y los vecinos. Tenemos que elaborar proyectos que no sean de momento sino de largo plazo, abrir espacios, canalizar convenios con otras instituciones que nos provean de un mercado laboral para los muchachos.” Por esa razón enfatizó lo siguiente: “si ya hemos logrado reincorporarlos a la sociedad, ahora nos toca darles empleo y continuar trabajando con los demás fortaleciendo en ellos el deporte como medida preventiva”, agregó el padre, quien reveló haber recibido una comunicación por parte del Real Madrid, equipo europeo que patrocinará la construcción de una escuela de fútbol en El Agustino. Tras la experiencia del padre “Chiqui”, el tema de las penas alternativas, por su índole práctica, no podía quedar pendiente. | 384 |
Aarón Verona, abogado del IDL, comentó a los asistentes sobre los buenos resultados obtenidos del funcionamiento de jueces de paz letrados en las comisarías. Verona indicó que para combatir a las pandillas no solo es necesario comunicar las necesidades y hacer las solicitudes respectivas, sino también conocer acerca del funcionamiento de la justicia que muchas veces resulta tediosa y hasta infructuosa. Por esta razón, Verona detalló que “para instalarse un juzgado de paz en comisaría se necesita un espacio específico que podría ser habilitado, en lo que a logística e infraestructura refiere, por la municipalidad.” Además, el abogado demostró que mediante juzgados de paz los procesos resultan favorables no solo por su rapidez, sino también por la eficacia de las sanciones que dictaminan. “Es más eficiente llevar a cabo las penas alternativas de servicio a la comunidad, las cuales son jornadas de trabajo que bien podrían realizarse en beneficio de la sociedad”, señaló el abogado y agregó que “las entidades receptoras –de aquellos sentenciados que paguen penas- son la Municipalidad, los colegios, las parroquias; instituciones que solicitarán una ficha al INPE en donde se consignen los datos del sentenciado con la finalidad de mantener un registro de aquellos sentenciados que designe el juez”. Para describir los esfuerzos en curso en el distrito, IDL-SC conversó con Clarita Vargas, una de las nueve promotoras del Programa de Seguridad Ciudadana de Los Olivos. “Nos dedicamos básicamente a recorrer la calles para dialogar con las pandillas, (...) presentarles una propuesta que replantee esa familiarización con la violencia que ellos tienen”, indicó Vargas, quien desde este año coordina actividades en la comisaría de Laura Caller, una de las tres jefaturas policiales del distrito. La situación actual se revela precaria, como lo señala Vargas, quien detalla que si bien “en sus inicios el programa de seguridad contó con un número significativo de brigadistas, es decir, vecinos que brindaban cuatro horas diarias para los trabajos de patrullaje y diálogo con los jóvenes. Ahora el programa solo cuenta con comités vecinales, es decir, grupos de personas que se reúnen una vez por semana para conversar sobre las dificultades en materia de seguridad que atraviesa el distrito. Esto es un buen apoyo, pero no es suficiente”, indicó la promotora. Publicado el 08 de abril del 2009 | 385 |
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