Habemus división de Poderes

recalcó que su labor ha sido fundamental para mejorar la seguridad de más de 17 millones de mexiquenses. Se dio a conocer también el incremento de 9 por ciento del presupuesto de seguridad pública, y que en el Presupuesto estatal de Egresos se estableció, por primera vez, una previsión especial para fortalecer el equipamiento en materia de seguridad pública municipal, y por lo cual, los ayuntamientos que han cumplido con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con los Acuerdos del Consejo Nacional y el Consejo Estatal de Seguridad, obtendrán recursos de forma equitativa. Se compartió que en el Estado de México fue creada la Policía de Género, que derivado de 47 mil visitas domiciliarias ha generado más de 2 mil 700 carpetas de investigación, y contribuido a emitir más de 2 mil 500 órdenes de protección.

MARCO ANTONIO FLORES***

Nuevamente suena la alarma por la pretensión de instaurar el populismo autoritario al no respetar la división de Poderes, que es uno de los pilares del régimen republicano y federal que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los mexicanos estamos en alerta por las inéditas agresiones del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial con declaraciones que muestran supina ignorancia jurídica o perversos propósitos políticos y ambiciones de poder.

Al mismo tiempo, ante la calumnia y la diatriba, los mexicanos debemos estar tranquilos, porque contamos con un Poder Judicial que hace valer su misión de salvaguardar la Carta Magna.

Politólogos y constitucionalistas han alertado de una ruptura que lesiona la división de Poderes y puede abonar más a la polarización entre los ciudadanos. También se advierte que el Presidente Andrés Manuel López Obrador construye una narrativa de conspiración que utilizará como estrategia política en los comicios federales de 2024.

En medio de las agresiones, habrá que reconocer que en el Poder Judicial existe liderazgo y unión al interior del máximo tribunal del país.

La ministra presidente Norma Piña ha mostrado, serenidad, mano firme y dignidad para sortear los embates.

Las agresiones y declaraciones del Presidente López Obrador y de prominentes líderes de su gobierno, cuestionando la autonomía e integridad del Poder Judicial, revive la sospecha de un plan para desmantelar y reestructurar todo el PJF. Falta que les alcancen los comicios presidenciales de 2024 para obtener mayorías calificadas en el Poder Legislativo.

La obvia aversión personal del Primer Mandatario contra la ministra presidenta de la SCJN se evidenció desde el pasado 5 de febrero, cuando en Querétaro, la ministra Piña no se mostró sumisa y aduladora con la presencia del Ejecutivo federal. Ello le valió a la ministra presidenta que los “simpatizantes” del Presidente, durante el mitin del 18 de marzo, al grito de “¡Vendida!” y “¡Fuera Piña!” prendieran fuego a una figura con el rostro de Norma Piña.

Quizá si pudiera, López Obrador obligaría a renunciar a la presidenta de la SCJN, como ocurrió en el siglo XIX cuando en 1882, el presidente de la SCJN, Ignacio Luis Vallarta Ogazón, fue obligado a renunciar por el Mandatario Manuel González y el gobernador de Oaxaca, Porfirio Díaz, pues lo consideraron un enemigo peligroso, un obstáculo para sus ambiciones y un gran estorbo en su afán de controlar las decisiones del Poder Judicial.

Este suceso sirvió de “laboratorio de ensayo” para la posterior reelección del mandato presidencial de Porfirio Díaz.

Acontecimientos recientes en el Poder Judicial federal parecen haber cimbrado y puesto a prueba su misión, solidez y autonomía.

Existe un plantón en las afueras de la SCJN, desde hace más de un mes con un discurso de odio y llenos de groserías y agresiones contra la ministra presidenta y la SCJN, que son propias de un grupo de “porros” vándalos, alentados y patrocinados por la 4T.

Antes, el Presidente López Obrador agredió a los ministros que votaron contra el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El 9 de mayo, el Presidente arremetió nuevamente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por echar abajo el Plan B de la Reforma Electoral, al asegurar en tono molesto y agresivo que: “no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido”, luego de que el pleno de la SCJN invalidó con 9 votos contra 2 la primera parte del plan B.

AMLO dio a conocer que ahora pondrá en marcha el Plan C de la Reforma Electoral para que pueda continuar la Cuarta Transformación. Explicó que dicho plan consiste en lograr -en 2024- la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (334 curules) para que las reformas constitucionales que envíe sean aprobadas.

El Ejecutivo federal amenazó con cambiar la forma en la que se eligen a los ministros de la SCJN para que deje de existir el “intervencionismo faccioso”; será el pueblo quien elija a los ministros, agregó.

Se trata de actitudes pendencieras, el enfrentamiento de López Obrador con la SCJN con sus agresivas declaraciones. Lo sucedido el 18 de marzo, al incendiar una efigie de la ministra Norma Piña y el escandaloso y grosero plantón frente a la SCJN, para presionar sus resoluciones, son producto de un discurso de odio y obedecen más a un temperamento incendiario y de confrontación. Parece el de un peleonero de barrio o, más bien, de un “porro” estudiantil. Las circunstancias que vivió en la UNAM el Presidente López Obrador no fueron desafortunadas para despegar su carrera política, por el contrario, durante su larga estancia en el campus universitario desarrolló muchas de las habilidades y prácticas que le permitieron alcanzar la Presidencia.

AMLO podría haber tenido el mejor curso “propedeútico” para ingresar a la política nacional.

Con casi tres lustros de lidiar con “porros”, controlar y manipular grupos estudiantiles, la Universidad le permitió graduarse para llegar a las “big leaguers” de la política nacional.

Los adversarios “neoliberales” del Presidente Andrés Manuel López Obrador afirman que la larga estancia en la UNAM como “seudoestudiante” permite afirmar que vivió, o al menos aprendió las prácticas del porrismo en el sentido de controlar, golpear, anular, debilitar o, en su defecto, exterminar movimientos contrarios a sus intereses.

Que nadie se diga sorprendido: El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo sentenció desde el 6 de septiembre de 2006, “¡Al diablo con sus instituciones!”, después de que el IFE lo declaró perdedor de la elección presidencial, cuando sus seguidores tenían tomado Paseo de la Reforma en plantón total como protesta.

La destrucción de las instituciones parece irreversible. Es de sobra conocida su actitud, atacar y tratar de destruir a organismos autónomos como el INE, Banxico, ASF, Cofece, INAI, CNDH, CRE, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

La destrucción abarca todos los ámbitos de la vida pública. Hay van otros ejemplos: La administración pública con 25 mil servidores publicos experimentados, cesados; mandos medios y superiores especializados oblligados a renunciar por la drástica baja de sus sueldos. El sistema de salud Insabi, destruido con el encarecimiento de los servicios y medicamentos.

La educación en retroceso, con la supresión del INEE y con ello la posibilidad de evaluar al magisterio y al sistema educativo nacional. La vulneración del Estado de Derecho, con la violación de leyes y sentencias judiciales.

Los ejemplos están a la orden del día en materia electoral, las “corcholatas” violando las leyes electorales con su descarada campaña que iniciaron hace 13 meses.

Violaciones en materia de adquisiciones, incluso en materia penal, con las consignas políticas en las acusaciones contra adversarios. “No me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”. Los esfuerzos de periodistas, intelectuales y ciudadanos por circular artículos, videos, declaraciones, memes, tuits y evidencias contra los escándalos y pésimos resultados del gobierno de la 4T parecen no tener ningún efecto para corregir el rumbo.

Estamos obligados a procurar, al menos en nuestro entorno, un mundo cada vez menos ignorante, con un pueblo de capacidad autocrítica que sea gobernado por líderes con autoridad moral y que defiendan los valores más importantes: la libertad, la justicia, la honestidad, la igualdad y los derechos humanos.

Parece una moda que presidentes de América Latina se enfrenten con el Poder Judicial. Señaladamente se trata de los líderes populistas de izquierda con rasgos autoritarios o dictatoriales. Tal es el caso de Colombia y Argentina. El caso más célebre es el de Perú, en el que la Suprema Corte de Justicia enfrentó con firmeza y argumentos al presidente Castillo, cuando quiso disolver el Congreso y ahora se encuentra preso por sentencia del propio Poder Judicial.

Es diferente el caso de Israel, donde también se conoció la intención del primer ministro Netanyahu de reformar y mermar al Poder Judicial. El primer ministro israelí con más años en el cargo siempre defendió un sistema judicial independiente y una Corte capaz de bloquear las legislaciones más extremas de los políticos. Sin embargo, su opinión cambió al convertirse en un acusado penal, pues enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza.

Su juicio por corrupción está en curso en el Tribunal de Jerusalén desde mayo de 2020 y no se hace difícil ligarlo a esta revisión judicial que lo beneficiaría si se controlan los jueces que presiden su caso; si se controlan los magistrados del Supremo; o, finalmente, se fuerza al sistema a negociar un acuerdo de culpabilidad.

En el caso de México, se trata de un intento más de destruir las instituciones construidas por el pueblo mexicano durante los últimos dos siglos.

El Presidente de la República, descalificando a la SCJN y violando la ley a diario, pidiendo desde el púlpito de Palacio Nacional el voto en favor de su partido.

Nunca antes nadie se había atrevido a tratar de destruir nuestro régimen constitucional y nuestro sistema democrático, sustentados en la división de Poderes. Este régimen que ha permitido tres alternancias en el Poder Ejecutivo. La primera del año 2000, la segunda del año 2012 y la tercera de 2018, por la cual llegó al poder el Presidente López Obrador. Ciertamente la SCJN y el Poder Judicial en su conjunto deben introducir mejoras y avances tan necesarios y urgentes desde hace décadas. Sin embargo, no es por el procedimiento o mecanismo “Insabi” (destrúyase lo existente y luego averiguamos) como los mexicanos alcanzaremos una eficiente impartición de justicia, que contribuya de manera definitiva a un auténtico Estado de Derecho. Millones de mexicanos mantenemos el anhelo y la esperanza de que se logre.

***Académico y consultor