ii. Desplazamiento forzado

La problemática del desplazamiento interno en la entidad es una constante que va adquiriendo tintes complejos que articulan la presencia del crimen organizado, como ocurrió con el desplazamiento de personas de Pantelhó en junio del 2021.

Infancia Cuentaen México Chiapas (GN) y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que su principal acción es la detención y deportación. Omitiendo la información sobre la solicitud de asilo que tienen como derecho o la posibilidad de regular estancia si han sido víctimas de un delito en México (CDH, 2020). Durante las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica, las niñas, niños y adolescentes no acompañados que fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) fueron llevados al centro de detención S. XXI para realizar el Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM) de ingreso, registro y posterior deportación. Algunos de ellos y ellas quedaron en detención migratoria en instalaciones del INM o en albergues de puertas cerradas del DIF. Se detectó la ausencia e inacción total de la Procuraduría a las Niñas, Niños y Adolescentes en Chiapas, así como de los SIPINNAS federal y local. Esto constituyó una violación al principio de no detención migratoria sin excepciones a la infancia (Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, 2019). Por otro lado, según el Boletín estadístico anual 20152020 del Instituto Nacional de Migración, en 2020 fueron repatriados desde Estados Unidos a Chiapas 1,286 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años (1,034 hombres y 256 mujeres). Este hecho adquiere relevancia cuando se compara que en 2016, la cantidad de repatriados de Chiapas entre 0 y 17 años fue de 609. Es decir, en cuatro años la cantidad de repatriados provenientes de Chiapas se duplicó, lo que enmarca una necesidad de la población de migrar con el objetivo de encontrar mejores condiciones de vida o encontrarse con sus familiares, entre otros motivos. Según datos del 2008 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 69.7% de las personas menores de 17 años que se vieron obligadas a migrar lo hicieron por oportunidades laborales; el 7.9% lo hizo para reencontrarse con familiares; el 5.9% lo hizo por motivos de estudio; y el porcentaje restante tuvo como motivos la violencia familiar, el maltrato y el tráfico de drogas (CIESAS -ECOSUR- UNICEF, 2016). Alrededor del tema migratorio, se encuentra la armonización de leyes para la mayor protección integral de niñas, niños y adolescentes con independencia de su condición migratoria. La reforma para la armonización de la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la Ley General de las niñas, niños y adolescentes es un logro a una preocupación derivada de varias organizaciones que trabajan el tema migratorio en Chiapas, así como redes nacionales. Se espera que el marco jurídico armonizado conceptualice claramente la diferencia de niña, niño o adolescentes acompañado, no acompañado y separado; anule la no privación de la libertad o no detención a cualquier persona menor de 18 años por su condición migratoria; potencialice la responsabilidad al DIF de vigilar y proteger que las niñas, niños y adolescentes, sin importar su condición migratoria y que cuente con centros de asistencia social y espacios no vinculados a las estaciones migratorias, ponderando en todo momento que la infancia es un sujeto titular de derechos y no un problema de seguridad.

Chiapas es de los pocos estados con un saldo neto migratorio en población indígena negativo; es decir, se tiende a la expulsión de la población indígena de sus lugares de origen. A pesar de ello, en 2015, sólo el 1% de la población indígena había nacido en otra entidad, lo que muestra que la migración es meramente de carácter interno (CDI, 2015). Esta situación es consecuencia, entre otros procesos, de los desplazamientos de comunidades indígenas causadas por diversos enfrentamientos y conflictos internos. Por ejemplo, el ocurrido en 2017, donde niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores de origen tsotsil fueron desplazados debido a una disputa limítrofe de varias décadas entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, que desató una serie de ataques por parte de un grupo armado que buscaba atemorizar a los habitantes y los forzó a abandonar sus hogares (UNICEF, 2017). El gobierno estatal reconoció en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, la presencia de alrededor de 3,500 niñas, niños y adolescentes desplazados de los municipios