1.3. Pandemia y el derecho a migrar

Estas situaciones a las que miles de personas deben enfrentarse debido a la vulnerabilidad en sus contextos comunitarios y sociales, muchas de estas se ven obligados a migrar escapando de su hogar para mitigar el impacto de un desastre convirtiéndose en la única posibilidad de sobrevivir, este nuevo escenario las ubica en situaciones doblemente vulnerables y se incrementan sus riesgos en los procesos migratorios, viéndose alejados de lograr aún más una vida digna, ya que no logran una comunidad de acogida que garantice prestación de servicios básicos, cohesión social y un bienestar individual tanto como colectivo.

1.3. Pandemia y el derecho a migrar.

Desde que la OMS declaró al covid-19 como pandemia global4 los Estados y sus sociedades se vieron obligadas a tomar medidas drásticas que limitasen la vida social, la interacción y promoviesen el aislamiento, fueron asumidas de menara particular en cada caso, según la tradición de cultura política para cada país. Para el caso de los países comprendidos en esta investigación, no existieron diferencias significativas al momento de asumir el control de la pandemia. El autoritarismo y militarización de los espacios públicos fue la constante durante todo el 2020.

Amparados en las recomendaciones de la OPS/OMS, los países de Centroamérica y México iniciaron procesos bruscos por acuartelar a sus sociedades, claro está, que en México este proceso demoró más que en los otros países, pues las decisiones por iniciar cuarentenas obligatorias no sucedieron al mismo tiempo que en los otros países.

Guatemala, Honduras y El Salvador iniciaron cuarentenas obligatorias alrededor de marzo 2020 (CRISTOSAL, 2020), cerrando las actividades presenciales del sector educación, turismo y clausurando toda actividad económica no esencial. De inmediato, se sucedieron toda una serie de debates al interior de las instituciones del Estado entre las diversas opciones políticas.

Dentro de todas las acciones de planificación y asistencia de servicios para las sociedades, fueron dejados de lado las atenciones y necesidades específicas de las

4 La declaratoria oficial sucedió el 11 de marzo de 2020, para ampliar puede consultarse: https://www.dw.com/es/oms-declara-pandemia-global-al-coronavirus/a-52726257

personas con mayores niveles de vulnerabilidad, como quienes estaban a punto de iniciar su viaje de manera irregular hacia los países de Norteamérica. El cierre total de las fronteras entre los países, dejó en el limbo a miles de personas que se encontraban en medio de su ruta migratoria hacia Estados Unidos. Amparados en la prevención de contagios por covid-19, los Estados de Centroamérica y México bloquearon el paso de las personas en medio de su ruta migratoria y a la vez, no les permitían acceder a servicios de asistencia básica para su atención, como salud y demás mecanismos de protección. Por ejemplo, en el caso costarricense, tras el cierre de sus fronteras el 18 de marzo 2020 y transcurrido un mes, se reportó el rechazo de ingreso a 5,000 personas en su frontera norte (Murillo, 2020) y cerca de 16,000 para julio del mismo año.

Honduras tomó medidas similares, incrementando el control policial y militar en sus fronteras, especialmente con Nicaragua. Tras el incremento de la presencia militar y policial se recogen reportes de violaciones a los derechos de las personas migrantes, incluidas las que estaban en refugios religiosos, centros privados y albergues comunitarios, hacia quienes se destinaron operativos de expulsión forzosa (La impaciente espera de los migrantes en Choluteca, Honduras, 2020). Después de los desalojos, muchas personas se vieron obligadas a dormir en la calle.

El Salvador también incrementó su control sobre los puntos fronterizos desde febrero 2020, creando hasta 40 centros de vigilancia sanitaria e imponiendo medidas judiciales para las personas que ingresaran al país en puntos fronterizos no autorizados. Se crearon controles sanitarios para las todas personas que ingresasen al país imponiéndoles cuarentenas cuya duración excedía los 45, 50 y hasta 60 días de confinamiento, pese a que obtuviesen respuestas negativas en sus pruebas de PCR-COVID.

Durante febrero y las primeras semanas de marzo 2020, los ingresos terrestres, marítimos y aéreos estuvieron prohibidos en los países centroamericanos. Situación que cambio rápidamente cuando la administración estadounidense comenzó a presionar para que habilitaran los aeropuertos y, pudiesen recibir los vuelos de deportados. Para el caso guatemalteco, por ejemplo, se reportó el ingreso de 5,162 personas desde Estados Unidos y 6,522 personas vía terrestre desde México. Todo esto pese a encontrarse las fronteras cerradas. (Equipo de Reflexión, Investigación y