Senado de la República CONSTANCIA JAMÁS RENUNCIAREMOS A LA LUCHA PORQUE HAYA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN Ante las temerarias sindicaciones del Presidente Álvaro Uribe Vélez de que quienes organizamos la Audiencia Pública sobre “La crisis humanitaria en los llanos orientales” somos terroristas, en mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo me permito dejar la siguiente
CONSTANCIA 1. El 22 de julio del año en curso se llevó a cabo en el municipio de La Macarena (Meta) la Audiencia Pública sobre “La crisis humanitaria en los llanos orientales”, aprobada por el Senado de la República a instancias de la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos. El evento estaba calculado para unas 500 personas pero asistieron alrededor de ochocientos campesinos provenientes de varios municipios del Meta y de los departamentos de Guaviare y Caquetá, que estuvieron acompañados de una nutrida delegación internacional integrada por seis diputados del Parlamento Europeo, parlamentarios nacionales de España, Alemania, Gran Bretaña y Portugal, sindicalistas de Gran Bretaña y representantes de distintas organizaciones de Europa y Estados Unidos, así como de los congresistas Gloria Inés Ramírez Ríos, Piedad Córdoba e Iván Cepeda, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría Regional del Meta, el ICBF, la Procuraduría General de la Nación, la Cruz Roja Internacional, la Gobernación del Meta y de ONG de derechos humanos de Colombia y el exterior.
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El objeto de la Audiencia era conocer de cerca la crisis humanitaria que se vive en los llanos orientales de Colombia, en donde la población civil sufre los rigores del conflicto interno con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos permanentes y ejecuciones extrajudiciales, en medio del desarrollo del Plan Colombia, el Plan Patriota y el Plan de Consolidación Integral de La Macarena. Los 52 testimonios rendidos en la Audiencia en forma pública y privada, confirmaron las denuncias que se han venido conociendo por parte de la Procuraduría y la Fiscalía sobre graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en particular, sobre la existencia de un cementerio ubicado en terrenos aledaños al batallón del ejército, en donde algunos de los denunciantes calculan que podría haber unos dos mil cuerpos de personas, muchas de ellas enterradas como NN, supuestamente caídas en combate, pero que en algunos casos cuyo número está por establecer, fueron víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública. 2. La difusión por los medios de comunicación de algunas de las denuncias hechas en la Audiencia, provocaron una brutal reacción del Presidente de la República, quien en un acto de homenaje a las Fuerzas Militares realizado el 25 de julio en el Fuerte Militar del mismo municipio de La Macarena afirmó que “Aquí vinieron los enemigos de la Seguridad Democrática hace pocos días a alimentar calumnias contra el Ejército de la Patria”, y que “Hoy el terrorismo, a través de voceros está proponiendo la paz para poderse refrescar y recuperarse para prolongarnos la victoria final. El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacreditar a la fuerza pública y la sindica de violación de derechos humanos. No podemos caer en las trampas del terrorismo”. Al calificar de “terroristas” a las víctimas, a los defensores de derechos humanos y a los congresistas convocantes de la Audiencia, les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando, que somos objetivo militar. No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron crímenes; no se oye un solo
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llamado a la justicia, una sola promesa de investigación; todo lo contrario, se hace una exhortación a continuar la guerra. Desde nuestro más profundo sentimiento de dolor e impotencia, queremos hacer las siguientes precisiones: 1. El desprestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia es responsabilidad única y exclusivamente de quienes, con la investidura legal y la obligación constitucional para garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos, comenten crímenes atroces, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil indefensa. 2. Nuestra labor está encaminada, únicamente a servir a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. A la población civil indefensa que sufre las consecuencias de un conflicto armado que ya lleva más de 45 años sin solución y que, contrario a lo que expresó el jefe del Estado Colombiano, está muy lejos de terminarse por la vía de la confrontación armada. 3. Nuestras denuncias buscan que las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de La Nación) adelanten una investigación exhaustiva e imparcial y determinen lo ocurrido en el cementerio de NNs de La Macarena y sancionen a los responsables de los crímenes que se hubieren cometido. 4. Consideramos de vital importancia que se integre una comisión internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las autoridades colombianas Los irresponsables y calumniosos señalamientos del Presidente Uribe contra nosotros no son nuevos. Es suficientemente sabido que quienes nos oponemos a su política guerrerista no somos otra cosa que terroristas. Sin Embargo, eso no le quita gravedad a este hecho repudiable que demuestra a las claras el odio visceral que acumula en su interior el Presidente contra quienes se atreven a cuestionar su desastrosa política y su reiterada violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
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Si el Presidente Uribe está tan seguro de que todas las actuaciones de su gobierno estuvieron ceñidas a la Constitución, a las leyes y a los principios éticos, por qué su temor a que se esclarezcan los hechos? Lo cierto es que la “parapolítica”, la “Yidispolítica”, los “falsos positivos”, las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS y de otras agencias gubernamentales, los repartos de dineros del Programa Agro Ingreso Seguro, las conspiraciones contra la Corte Suprema de Justicia y las demás actuaciones deleznables del actual gobierno, no pueden terminar con la condena de unos pocos, por lo general mandos medios, y amparar con la impunidad a los principales responsables. La justicia tiene el grave encargo de sentar precedentes para que en el futuro no se repitan hechos tan funestos. Ahí radican los desesperos del Presidente Uribe, que cree que insultando, agrediendo y calumniando va a escapar al examen de la historia y al veredicto de la Justicia. Conscientes de esta realidad, quienes no orientamos por auténticas y profundas convicciones democráticas y humanistas, jamás renunciaremos a la lucha porque se conozca la verdad, se aplique justicia contra los responsables de los crímenes y se repare convenientemente a las víctimas, sin importar cuántos riesgos tengamos que correr por nuestro empeño en ponerle fin a la arbitrariedad y abrirle camino a la paz con justicia social, a la democracia real y a una sociedad en donde todos podamos vivir en libertad y con dignidad. Responsabilizamos al gobierno nacional, en especial al Presidente Uribe, de las consecuencias que puedan derivarse para nosotros y para los demás asistentes a la Audiencia de La Macarena, por sus calumniosas e irresponsables sindicaciones. Por último, debemos reconocer que, excepto algunos incidentes menores y señalamientos infundados, el comportamiento de la Fuerza Pública durante la realización de la Audiencia sobre la “Crisis humanitaria en los llanos orientales” el pasado jueves 22 de julio en La Macarena fue respetuoso. GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS Senadora de la República por el PDA Bogotá, D.C., 27 de julio de 2010
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