celac by EMBAJADA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA

Editorial Una ventana de la CELAC en Europa

a Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la Federación de Rusia, con la participación de las misiones diplomáticas pertenecientes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), da inicio a la publicación de la revista digital “Temas de la CELAC”, la cual surge como una iniciativa comunicacional que busca promover los esfuerzos integracionistas que se vienen desarrollando en la región. Desde los tiempos de la lucha por la independencia a principios del siglo XIX, la unidad de los países de América Latina y El Caribe, ha sido un tema permanente en la agenda política de nuestras naciones. Basta recordar los esfuerzos realizados por el Libertador Simón B o l í v a r, p a r a e s t a b l e c e r e l p r o y e c t o integracionista de la Gran Colombia (1819-1830), así como la organización del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, que propugnaba la creación de una Confederación de Naciones Hispanoamericanas, considerados estos proyectos como las primeras experiencias de unidad de las nacientes repúblicas. Tanto ayer como hoy, los diferentes esfuerzos de unidad desarrollados en la región se han encontrado con serios obstáculos, presiones y una fuerte resistencia por parte de sectores que propugnan la atomización de las voluntades e intereses nacionales de los países latinoamericanos y caribeños, vulnerado así el derecho que les asiste de construir un destino común, basado en el desarrollo y el bienestar de los pueblos. No obstante, los sueños de los héroes forjadores de la independencia de América Latina

y El Caribe, se han comenzado a ver 185 años después, con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en diciembre del año 2011. Por primera vez, los países latinoamericanos y caribeños han comenzado a dar respuestas de manera conjunta a los grandes desafíos que plantea la realidad del mundo de hoy, debido a que no es solamente la CELAC la que conjuga estos esfuerzos unitarios, sino también otros mecanismos de integración como la UNASUR, ALBA, PETROCARIBE, SICA, entre otros, los cuales coadyuvan desde el enfoque subregional al fortalecimiento de la unidad de nuestros países. La revista digital “Temas de la CELAC”, es una publicación en la que participan diversas misiones diplomáticas latinoamericanas y caribeñas acreditadas ante la Federación de Rusia, así como expertos en diversas temáticas, cuyos escritos tienen la intención de dar a conocer a los distinguidos lectores, las posiciones oficiales de los países latinoamericanos y caribeños sobre asuntos de carácter nacional que están relacionados con el acontecer regional; así como las opiniones de especialistas sobre temas de actualidad que tienen un impacto en nuestros países y en la cooperación e integración de la región. Con la publicación de los cuatro escritos contenidos en esta primera edición, la revista digital “Temas de la CELAC”, inicia su labor de divulgación y se constituye en una ventana de América Latina y El Caribe hacía el mundo.

Hugo José García Hernández Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Federación de Rusia

EN ESTE NÚMERO:

Malvinas: Las resoluciones de las Naciones Unidas que el Reino Unido no quiere escuchar Por: Juan Carlos Kreckler Embajador de la República Argentina en la Federación de Rusia

El proceso de integración regional y los Pueblos indígenas originarios de Bolivia Por: Maria Luisa Ramos Urzagaste Embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia Sistema de Integracion Centroamericano Por:Luis Molina Cuadra Embajador de la República de Nicaragua en la Federación de Rusia La Integración Energética de América Latina y El Caribe: Por: Hoglys Martínez Núñez Ministro Consejero para Asuntos Energéticos de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO

Elaborado por: Juan Carlos Kreckler Embajador de la República Argentina en la Federación de Rusia

Licenciado en Filosofía y Letras. Ingresó al Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 1972. Ha representado a la República Argentina como Embajador en Austria y Dinamarca y ocupó también el cargo de Director Nacional de Ceremonial de la Cancillería Argentina.

“Malvinas: Las resoluciones de las Naciones Unidas que el Reino Unido no quiere escuchar”

l 3 de enero de 1833, una fuerza naval británica expulsó a las legítimas autoridades y a la población argentina de las Islas Malvinas, e implantó posteriormente en ellas a un grupo de colonos británicos. Un acto de agresión no provocado, en el marco de la política expansionista desarrollada globalmente por el Imperio Británico en el siglo XIX. El acto de fuerza de 1833, llevado a cabo en tiempo de paz, sin que mediara comunicación ni declaración previa alguna de parte de un gobierno amigo de la República Argentina, fue inmediatamente rechazado y protestado. En efecto, tal usurpación se produjo en momentos en que el Reino Unido ya había reconocido y establecido relaciones con la Argentina, país que ocupaba pública, continua y pacíficamente esas islas desde los inicios del proceso de su independencia en 1810 en su condición de heredera de España. Esa acción colonial británica, que atentó contra la

integridad territorial argentina, fue protestada por la Argentina a pocos días de haberse producido la usurpación y desde entonces -enero de 1833 y en forma ininterrumpida hasta nuestros días- ha exigido la restitución de los territorios usurpados. Esta política argentina se ha mantenido invariable en los últimos 179 años. La "Cuestión de las Islas Malvinas" es la denominación acuñada en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para designar a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que se inició con el acto de fuerza de 1833. Los reclamos argentinos han trascendido el ámbito bilateral incluso desde antes de crearse la ONU. Ya en la Conferencia de San Francisco la Argentina reservaba su posición al respecto y posteriormente a través de la Resolución 2065 (XX) del día 16 de

diciembre de 1965 la Asamblea General de la ONU expresaba el reconocimiento de la comunidad internacional en cuanto a que la Cuestión de las Islas Malvinas constituye una situación colonial "especial y particular" que involucra una disputa de soberanía entre los dos países que debe ser resuelta entre ellos a la mayor brevedad posible. Posteriormente, y en el mismo sentido, la Asamblea General adoptó las resoluciones 3169 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25. Por su parte, el Comité de Descolonización de la ONU se pronuncia anualmente en el mismo sentido. En el marco del proceso de descolonización de las Naciones Unidas y luego de la adopción por la Asamblea General de la Resolución 2065 (XX) el gobierno nacional invitó formalmente al del Reino Unido a iniciar las negociaciones recomendadas por la comunidad internacional para la solución de la disputa de soberanía. El gobierno británico modificó su posición y por

primera vez se avino a llevar a cabo negociaciones bilaterales, un proceso que se extendió hasta 1982. Durante ese período, ambos países analizaron varias hipótesis de solución de la disputa, no pudiendo arribar a un acuerdo debido a actitudes evasivas y contradictorias por parte del gobierno británico, pese a los reiterados esfuerzos realizados por la Argentina y reconocidos por la Asamblea General. En este sentido, en un nuevo intento por impulsar las negociaciones conforme los numerosos llamamientos de la comunidad internacional, a principios de 1982 el gobierno argentino propuso conformar una comisión permanente que se reuniría mensualmente durante un año con el objeto de resolver la disputa de soberanía. En febrero de ese año tuvo lugar en Nueva York una reunión para considerar esa propuesta. Aunque en el comunicado conjunto se reafirmó la voluntad de las dos partes de hallar una solución negociada a la controversia de soberanía, el Reino Unido no llegó a dar una respuesta a la propuesta argentina. Ante las señales contradictorias del gobierno británico, el gobierno argentino decidió emitir a principios de marzo un comunicado haciendo público el carácter de las negociaciones y exhortando al Reino Unido a aceptar la última propuesta argentina. En ese estado de cosas se produjeron los hechos que llevaron al conflicto armado, sin que volvieran a reanudarse las negociaciones bilaterales sobre soberanía, situación que se mantiene hasta el presente debido a la negativa británica. El conflicto de 1982 en modo alguno alteró la naturaleza o la caracterización de la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, como

lo ha reconocido la comunidad internacional en las numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de la ONU adoptadas con posterioridad al conflicto bélico. A pesar de este criterio homogéneo sostenido por la comunidad internacional en el período posterior al conflicto, el Reino Unido continúa negándose a reanudar las negociaciones sobre soberanía con la República Argentina que quedaron interrumpidas en febrero de 1982. Así como antes del conflicto el tema estuvo sobre la mesa de negociaciones, en un primer momento posterior a la contienda la actitud británica fue la de sostener que la disputa de soberanía había cesado. Más tarde, el discurso británico cambió y ahora, desconociendo el carácter bilateral de la disputa de soberanía e invocando la autodeterminación inaplicable al caso y reiteradamente rechazada por las Naciones Unidas en esta cuestión- se niega a negociar la solución de la controversia, pretendiendo supeditarla a la decisión de sus nacionales en las islas. La ilegítima ocupación colonial británica, que dura ya 179 años, se ve agravada por un provocativo y continuado desprecio al derecho internacional manifestado por la persistente renuencia del Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre soberanía conforme al mandato vigente de las Naciones Unidas. Esta ilegitimidad resulta agudizada por la presencia de la base militar establecida en el Atlántico Sur, invocando falsas necesidades de defensa, así como por el constante desarrollo de ilegítimas actividades unilaterales en la zona disputada. Estas actividades son contrarias a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General

de las Naciones Unidas e incluyen la expoliación, contraria al derecho internacional, de los recursos naturales renovables y no renovables del área, y la realización de ejercicios militares, incluso el lanzamiento de misiles desde las Islas Malvinas. Sin argumentos jurídicos que respalden su posición, el gobierno británico recurre al principio de autodeterminación de los pueblos porque le resulta funcional para dos aspectos claves de la disputa: a) intentar legitimar la ocupación de Malvinas y b) desoír la insistente convocatoria de la ONU a negociar una solución a la cuestión. La ONU y la Argentina respaldan activamente el principio de autodeterminación. Lo que olvidan referenciar los ingleses es que este principio no es aplicable a la Cuestión de las Islas Malvinas porque como lo reconoce las Naciones Unidas se trata de población implantada, conforme lo indicado en resoluciones de la Asamblea General desde 1965 y lo expresado todos los años por el Comité Especial de Descolonización. En efecto, otro elemento fundamental para tener en cuenta en el análisis de la cuestión es que Londres, luego de tomar las islas por la fuerza, inició una política de colonización cons is tente en implantar población británica en Malvinas e impedir sistemáticamente el asentamiento de habitantes nacidos en el territorio continental argentino. Por todo esto la pretensión británica de condicionar su obligación de reanudar las negociaciones de soberanía con la Argentina a la aplicación del principio de autodeterminación, carece de fundamento, siendo inclusive contradictoria con los antecedentes de otras disputas territoriales que

involucraron a los ingleses, en cuanto desde la metrópoli se tomaron las decisiones sin consulta alguna a los habitantes de las colonias, como ocurriera para los casos de Hong Kong o Diego García. Apelar a la autodeterminación, es, en definitiva, una excusa para no negociar. Con tal renuencia, el Reino Unido pretende eludir la obligación de resolver pacíficamente las disputas internacionales que pesa sobre todos los miembros de la ONU. La condición del Reino Unido de Miembro Permanente del Consejo de Seguridad no lo exime de sus obligaciones internacionales, más aún, tal condición -y los privilegios que conlleva- le demanda una responsabilidad especial como garante de la paz y seguridad internacionales. Precisamente, no está de más señalar que de los 16 casos de colonialismo en el mundo que continúan bajo la consideración del Comité Especial, 10 involucran al Reino Unido, incluyendo la Cuestión de las Islas Malvinas. El Gobierno argentino implementa una política de Estado respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas, privilegiando la búsqueda de la reanudación de las negociaciones de soberanía y el cumplimiento de los entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía con el Reino Unido referidos a aspectos prácticos del Atlántico Sur aún en vigor, manifestando su disposición a entrar en otros nuevos que sean del interés argentino y contribuyan a generar las condiciones para la reanudación de las negociaciones de soberanía. En este marco, cabe destacar que la existencia de un Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión de las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados de la Nación. Ello

constituye una prueba concreta de la existencia de una política de Estado en torno de los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La creación del Observatorio Parlamentario es una muestra clave de la importancia que todos los sectores de la vida institucional argentina asignan a este tema tan caro al sentimiento nacional. El Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner está trabajando intensamente en el campo diplomático para poder retomar las conversaciones con Gran Bretaña sobre la soberanía de las islas de acuerdo a las múltiples Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el mandato de su Comité Especial de Descolonización, que instan a las dos partes -la Argentina y Gran Bretaña- a proseguir las negociaciones con el fin de encontrar una solución pacífica a la disputa. Además de las Naciones Unidas, muchas otras organizaciones internacionales como MERCOSUR, UNASUR, CELAC, OEA y Cumbres Iberoamericanas apoyan la causa argentina y también los países de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (que comprenden a la Argentina, el Brasil, el Uruguay y 21 países africanos ribereños desde Sudáfrica hasta Senegal). El respaldo de la comunidad internacional también se ve reflejado en múltiples Declaraciones Presidenciales Bilaterales con la Argentina, que promueven la reanudación de las negociaciones. En el caso de la Federación de Rusia, en la Declaración Conjunta firmada en el año 2008 -cuando la Presidenta argentina visitó Moscú- y en el año

2010 -en oportunidad de la visita del Presidente Medvedev a Buenos Aires-, ambos Jefes de Estado se pronunciaron a favor de que la Argentina y el Reino Unido encuentren "a la mayor brevedad posible una solución pacífica y negociada de la controversia sobre soberanía conforme a los mandatos de las Naciones Unidas". La causa de la República Argentina encuentra apoyo en toda América Latina, que desea un mundo libre de colonialismo y no quiere que se militarice el Atlántico Sur. La región desea vivir en paz y en plena convivencia y armonía con todos los países del mundo. En este contexto de apoyo regional, cabe mencionar la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 3 de diciembre de 2011, donde las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe reiteraron su más firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y el permanente interés de los países de la región en que los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar -a la mayor brevedad posible- una solución pacífica y definitiva a dicha disputa. To d a l a r e g i ó n d e s t a c ó l a permanente actitud constructiva y disposición del Gobierno argentino para alcanzar, por la vía de las negociaciones, una solución pacífica y definitiva a esta anacrónica situación colonial en suelo americano. La República Argentina reitera

ante las organizaciones internacionales y otros foros regionales y birregionales y ante la comunidad internacional en general, el llamado al Reino Unido a reflexionar sobre su renuencia a cumplir con los múltiples llamamientos de la comunidad

internacional a restablecer las negociaciones de soberanía de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas así como la permanente disposición argentina a tal efecto. Al mismo tiempo, el Gobierno argentino reafirma el respeto por el modo de vida de los

Mapa Bicontinental de la República Argentina Fuente: Instituto Geográfico Nacional de l a República Argentina

Distancia desde los archipiélagos en disputa al Reino Unido: más de 12.000km

isleños garantizado en la Constitución Nacional y el compromiso argentino con la consideración de sus intereses, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas.

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Elaborado por: Maria Luisa Ramos Urzagaste Embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en la Federación de Rusia

Ingeniera agrónoma con maestría en Socio-Economía Ambiental. Estudió ruso e Ingeniería Zootecnista en la Universidad de la Amistad de los Pueblo Patricio Lumumba (Moscú-Rusia). Concluyó sus estudios de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional Agraria (UNA) en ManaguaNicaragua.

El proceso de integración regional y los pueblos indígenas originarios de Bolivia

lo largo de nuestra historia republicana, se intentó hacernos creer que la única forma de “integración” era aquella referida al hipócritamente titulado “libre comercio”, y que para medir el “grado de integración” bastaba ver la balanza comercial, sin importar la forma en que se obtuvo y las consecuencias de ese comercio, ya que lo importante era satisfacer las estadísticas del sistema capitalista. Si bien es cierto que el comercio es un importante signo de la relación bilateral o multilateral, el concepto de “integración” abarca muchos otros aspectos como el cultural, educativo, diálogo intercultural, construcción de infraestructura que permita una comunicación más fluida y un comercio en términos mutuamente beneficiosos, que ante todo respete el derecho de cada país a su soberanía y autodeterminación. Hubo corrientes, y aun las hay,

de quienes creían que ésta idea era más bien utópica, muy lejana, y que se perfilaba mas como “una simple aspiración” y muchos optaron por el “pragmatismo” y sumarse a las corrientes que pregonaban que para integrarse había que firmar un ALCA (área de libre comercio de las Américas), TLCs (tratados de libre comercio), que para definirlas brevemente, son una forma descarada de anexión de países enteros a economías mas poderosas, hacia donde fluyen sus recursos en condiciones de absoluta desventaja. Por otro lado, hubo otra corriente, que persistió en su idea de que “otra forma de integración es posible” y ahora vemos realizadas una serie de aspiraciones. Por supuesto que esos resultados no son una casualidad, ya que el fundamento de ello es una larga historia de resistencia y persistencia de pueblos organizados y sus líderes, quienes gestaron ese nuevo modelo de integración en Latinoamérica.

En América Latina y el Caribe existen varios espacios de integración, y todos se complementan, por razones obvias, no vamos a detenernos a analizar cada uno de ellos, sino a mostrar algunos aspectos, de lo que en mi criterio es un excelente ejemplo de lo que entendemos por “integración”, en su concepto profundo, solidario, de cooperación entre los pueblos y naciones, respetuoso de la soberanía de cada país y su derecho a la autodeterminación. Bolivia es miembro del ALBA-TCP desde abril de 2006, por decisión de su pueblo, bajo el liderazgo del Presidente Evo M o r a l e s Ay m a . L o s p i l a r e s fundamentales del nuevo enfoque de integración que implementa Bolivia, se encuentran detallados en su nueva Constitución Política del Estado adoptada el año 2009. Para entender en que consiste este modelo, damos algunas breves referencias de los resultados del ALBA-TCP hasta

hoy: En el marco del ALBA-TCP, hasta la fecha, se han dado 50 millones de atenciones médicas gratuitas. Los bolivianos reciben atención médica que incluye medicamentos, operaciones de la vista, sin las cuales muchos de ellos hubiesen muerto o estarían en estado de discapacidad. La población indígena-originaria ha sido la más beneficiada con estas atenciones. Se realizaron más de 600 mil operaciones de la vista, bajo el programa “operación milagro”. Este último punto es digno de recalcar, pues detrás de ello prevalece el juicio solidario, frente al concepto del “costo-beneficio monetario” capitalista, que habría dejado de lado a esas amplias masas, pues no reportan beneficios financieros y muchos menos “aportan” a la “balanza comercial”. Por su parte, el Programa de Alfabetización ha permitido que mas de un millón de bolivianos y bolivianas, que en tiempos de gobiernos neoliberales no tenían el acceso a la educación, ahora gracias al ALBA-TCP y en especial de Cuba y Venezuela, se declaró a Bolivia territorio libre de analfabetismo en el año 2008, con el programa cubano de alfabetización llamado “yo si puedo”, que ahora tiene continuidad, con nuevos cursos de

superación en el programa “yo si puedo seguir”. Es importante destacar que en este marco educativo, sucedió paralelamente un interesante y valioso dialogo intercultural, pues muchos de los maestros aprendieron el idioma quechua, aymará, guaraní, entre otros. Finalmente y para ser justa, respondiendo al título de ésta nota: ¿Cuál es el aporte de los pueblos indígena-originarios de Bolivia a todo este modelo de integración? Voy a referir apenas a 3 ejemplos de los muchos que podríamos indicar: Los movimientos sociales bolivianos nos hemos nutrido de los pueblos indígena-originarios, especialmente de su visión solidaria, colectiva, anteponiendo lo “colectivo” frente al “yo” individualista. Cuando en los Tratados de “libre comercio” que pregona el modelo capitalista, se intenta mercantilizar todo, colocando un precio a todo, los pueblos originarios indígenas nos enseñan que son distintos conceptos el “precio” y el “valor”. Existe “valor ético, valor espiritual, valor histórico”, que no pueden ni deben ser monetarizado, es decir, no todo se compra y vende, como pretende el modelo actual dominante.

Cuando los actuales esquemas mercantilizadores de los TLC´s buscan la apropiación del conocimiento tradicional, por otro lado, los pueblos indígenas nos enseñan que el conocimiento tradicional, por ejemplo en el uso de plantas medicinales, persistió durante siglos, transmitido de generación en generación, como derecho colectivo y sin afanes de lucro. Existen muchos ejemplos de robo de conocimientos indígenas por parte de universidades de países mal llamados “desarrollados”, que actuando como en la época de la colonia, ejercen diariamente la piratería en nuestros bosques, patentan conocimientos y sustancias obtenidas de nuestros bosques y luego se lucran con ellos, como si hubiesen sido “inventores o creadores” de esas sustancias o materias que la naturaleza posee. Un rasgo destacado del sistema mercantilista es el intento permanente de privatizar la biodiversidad, pues ven a la naturaleza como una fuente de dinero y lucro. Ven a la tierra como un conjunto de recursos a los cuales hay que acceder y apropiarse. Los pueblos originarios, llaman a la tierra “Madre Tierra”, un sistema vivo, al que hay que aprender a amar y a respetar, pues al fin y al cabo los humanos somos apenas pasajeros en su inmensa historia, donde existen otros seres vivos con derecho a existir tanto como nosotros tenemos derecho a la vida. Estos son apenas algunos ejemplos del aporte de los pueblos indígenas no solo de Bolivia sino del mundo, que muestran que existen otras formas de integración, y que podemos vivir en armonía no solo entre los humanos sino también con la naturaleza. Una pregunta que a menudo se nos hace, es si creemos en la globalización, y la respuesta es: sí, creemos en la globalización, pero la globalización de la solidaridad, de la cooperación y del respeto mutuo!

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Por: Luis Alberto Molina Cuadra Embajador de la República de Nicaragua en la Federación de Rusia

Obtuvo el título de Licenciatura y Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de Kiev. En el año 1988 ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Durante su carrera ha realizado diversos cursos de especialización en materia económica internacional en Italia, Francia y Suecia.

ISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANO

l Sistema de Integración Centroamericano (SICA), es una de las expresiones integracionistas más notables de los países que componen el istmo del centro de nuestra América. Es el resultado de muchos años de esfuerzos políticos y negociaciones para tratar de llegar a ese loable, noble, pero aun no totalmente alcanzado anhelo centroamericanista de una integración plena en todos los ámbitos que estos procesos demandan. El surgimiento del SICA y su debido fortalecimiento, es un paso más en esa dirección. El SICA integrado originalmente por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, adhiriéndose posteriormente Belice como miembro, el 27 de Diciembre del año 200, se puede definir como un mecanismo regional destinado a la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. La existencia jurídica de SICA o, dicho en otras palabras, el nacimiento formal de este sistema se remonta hace poco menos de 21 años, con la adopción o firma, el 13 de Diciembre de 1991, del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), acto jurídico que mejor se conoce como el

Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó la Carta de la ODECA. El Protocolo de Tegucigalpa, no obstante, entró en funcionamiento el 01 de febrero de 1993, es decir poco más de un año después de su adopción. Se podría afirmar que el SICA y todo lo que este sistema entraña en la actualidad, encuentra su génesis en dos elementos fundamentales que sin duda se derivan uno del otro. Uno de carácter eminentemente histórico y otro de carácter propiamente operacional o práctico. Por una parte, las muestras palpables que la historia de la Región Centroamericana pone a nuestra disposición en torno a los viejos y profundos anhelos de integración de nuestros países, se han manifestado a lo largo y ancho de muchísimas décadas, sin dejar de encontrar en este camino una amplia gama de obstáculos y dificultades que en muchas ocasiones han retrasado o estancado este largo proceso. En este marco de ideas, vale la pena destacar algunos hechos que la antes mencionada historia de nuestros países centroamericanos ha recogido y nos muestra con claridad. Entre julio de 1823 y noviembre de 1824, a escaso tiempo de la emancipación centroamericana, tuvo lugar la primera expresión de

integración regional. Esta figura se denominó Provincias Unidas del Centro de América, que de hecho, en su efímera vida fungió como una sola unidad política o un solo Estado aglutinador de nuestra región. Esto deja claro que una vez independizadas de España – y quizá de mucho antes-, entre las jóvenes provincias se agitaba el anhelo de la integración y el sueño de la Gran Patria Centroamericana. No obstante, la desaparición de la figura de las Provincias Unidas del Centro de América, fue quizá un hecho histórico necesario para dar paso a otro de mayor solidez en aquellos años en la búsqueda de esa unidad regional, ya que durante el mismo 1824, fue adoptada la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Esta segunda figura de una Centroamérica unida, rigió hasta la disolución de la República Federal en el año . De igual manera, es menester dedicarle un espacio al destacado personaje centroamericano José Francisco Morazán Quezada, hondureño de nacimiento, centroamericano de corazón, quien llegó a dominar la escena política y militar de la región entre 1827 y 1842. José Francisco Morazán Quezada, ha sido reconocido como un gran pensador y visionario. Intentó

transformar Centroamérica en una Nación Grande y Progresista, sobre la base de una serie de reformas liberales y revolucionarias, para la época, impulsadas por él mismo cu ando se d e se m p eñ o co m o Mandatario de la República Federal del Centro de América, en varios momentos o periodos entre 1829 y 1839. Las mencionadas reformas abarcaban importantes campos, que entre otros, incluía la educación, la libertad de prensa, la libertad de religión, la separación de la iglesia y el estado. El desarrollo de sus amplias actividades políticas granjearon para Francis c o Morazá n Queza d a , detractores poderosos. Par a d ó jicamente, fu e fusila d o exactamente seis años después de que Centro América logro independizarse del Reino de España, un día 15 de Septiembre. No se puede dejar de mencionar que el Ideario Político del General de Ho mbres Libres, August o C. Sandino, recoge entre sus tantas expresiones de carácter internacional el tema de la unidad de Centroamérica, lo que sin lugar a dudas deja muestras de que la integración de los países de la región ha ocupado el pensamiento de los más destacados personajes de nuestra historia regional. Además, en algunos casos, la ide a de la integ r ación se ha convertido en un elemento incluso de r an g o c on st ituc i o n al. Un bu e n ejemplo de ello, es que en un segmento del articulo cinco de la Constitución Política de la República de Nicaragua se lee: “Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la construcción de la Gran Patria Centroamericana”. En cuanto al segundo elemento, de carácter práctico y citado con anterioridad, la idea es referirse a todas aquellas acciones, decisiones y manifestaciones puestas en práctica por l as más al t as autoridades políticas de la región centroamericana en consonancia con las aspiraciones integracionistas, entre las que se pueden señalar: La reunión en San Salvador, de lo s Ministros d e Relacione s E x teriores de C en t ro Amé r i ca ,

celebrada el 14 de Octubre de 1951, cuyo resultado principal fue la creación de la primera Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). En los años subsiguientes, la Organización de Estados Centroamericanos jugó un papel muy dinámico y productivo en el marco del proceso de integración regional, logrando que se sometieran a procesos de discusión en las distintas esferas sociales y negociaciones en círculos gubernamentales de la región, temas tales como la unificación de las señales de tránsito, de los programas educativos, de los procesos y practicas aduaneras, de las políticas culturales y del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, así como del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana (Tegucigalpa 1958), considerándose estos últimos como sólidos y directos antecedentes del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua, el 13 de diciembre de 1960, en virtud del cual se toman importantes decisiones tales como la creación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Para reforzar y actualizar el proceso integracionista, los gobiernos centroamericanos suscribieron en Diciembre de 1962, el acuerdo en virtud del cual se le da origen a la Segunda Carta de la ODECA, hecho que tuvo lugar en la República de Panamá. Y finalmente, el 13 de diciembre de 1991, en el marco de la XI Reunión de Presidentes Centroamericanos, realizada en Tegucigalpa, Honduras, se firmó el Protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como un nuevo marco jurídico-político, diseñado para abordar todos los niveles y ámbitos de la Integración Centroamericana, tales como los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos que permitieran visualizar un desarrollo integral para la región. Este proceso de integración, sus resultados y muy probablemente los

que significa en términos de perspectivas, ha trascendido las fronteras meramente centroamericanas, capturando el interés de diversos gobiernos e instituciones a nivel de nuestro continente y más allá de éste. En septiembre del 2004, el SICA “alargó” sus fronteras al haber entrado en vigor el respectivo instrumento internacional referido al Acuerdo de Asociación entre el Sistema de integración Centroamericana y la República Dominicana. Por otro lado, el SICA registra bajo el estatus de observadores regionales a México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Brasil. De igual forma, pero bajo el estatus de observadores extraregionales registra a países tales como Australia, España, República de China (Taiwán), Alemania, Italia y Japón. De tal manera que a pesar de todas las vicisitudes por la que el proceso de integración de nuestra Centroamérica ha tenido que atravesar, se ha logrado fortalecer, ha logrado una definición estructural más solida y quizá adaptada a las cambiantes y dinámicas exigencias del mundo actual. Desde luego que esto no significa que el camino está ya recorrido. Aun hay mucho trecho que andar. Me atrevo a pensar que una aplastante mayoría de los más de 45.5 millones de personas que habitan en Centro América quisieran ver una integración de sus respectivos países, mucho más solida y con resultados mucho más profundos y tangibles que, desde luego, lleve a todas el espectro social de nuestra región, una cosecha abundante de beneficios económicos y sociales. Una integración que no de paso a ningún tipo de desmembración social, que proteja con mas y mucha mayor fuerza y certeza a todas nuestras sociedades, en especial, a las jóvenes generaciones del flagelo de las drogas, de las terribles consecuencias del crimen organizado y por supuesto que los centroamericanos seamos capaces, juntos, de dar respuestas al ineludible tema de la protección del medio ambiente, entre otras apremiantes tareas de ineludible cumplimiento.

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Hoglys Martínez Núñez Ministro Consejero para Asuntos Energéticos de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.

La integración energética de América Latina y El Caribe: Un desafío estratégico para la CELAC Cabe señalar que la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960, con la participación protagónica de Venezuela; como la posterior nacionalización (inconclusa) de la industria petrolera venezolana en 1975, fueron eventos que tuvieron un impacto en la estructura petrolera mundial, ya que por vez primera los países productores defendieron sus intereses de manera conjunta y reivindicaron el papel del Estado frente al poder transnacional.

Por lo tanto, en ese momento histórico, la prioridad era recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre los recursos naturales, ya que no existían condiciones internas y externas que favorecieran algún proyecto de integración política y menos en el sector energético. Entre las décadas de los 80´ y 90´, los Estados Unidos configuraron los modelos y las estrategias a través de las cuales no solo captó y controló las reservas, producción y el comercio de los recursos

naturales de la región, principalmente el petrolero; sino que además influyó directamente en la definición de las políticas energéticas de la zona. En este período, América Latina y El Caribe se reafirmaron como periferia energética de los EEUU, contexto en el cual se inició una incipiente cooperación energética regional. En el período que comprende la década de los 80´, la región estuvo dominada política y económicamente por los Estados Unidos a través de la Doctrina Reagan, caracterizada por el neoliberalismo económico (especialmente la desregularización de los mercados financieros) y la política anti comunista, interviniendo y frenando los movimientos progresistas que surgían en América Latina y el Caribe. Es en esas circunstancias,

como surgió en 1983, el Grupo de Contadora integrado por (Colombia, México, Panamá y Venezuela), como antecedente del hoy Grupo de Río. En ese contexto, la cooperación energética entre los países de la región fue mínima, siendo el Programa de Cooperación Energética para países de Centroamérica y El Caribe (llamado Acuerdo de San José), suscrito en 1980, uno de los pocos mecanismos existentes, teniendo éste como objetivo, cubrir las necesidades petroleras de los países de esta subregión, en un escenario de conflictos. Para la década de los 90´, la geopolítica de la energía de la región se caracterizó por la fragmentación, privatización y control imperialista del sector energético regional. Este período, representó una etapa de profunda crisis económica y social, generada por la impagable deuda externa contraída por los países, la inflación desbordada y la enorme deuda social acumulada; dicha situación sentó las bases para la aplicación de la políticas de ajuste estructural recomendadas por el Consenso de Washington, lo cual se expresó en el ámbito energético en la aplicación de programas de apertura al capital privado transnacional, la idea de privatizar las industrias petroleras estatales, desregular y liberalizar el sector energético de la región, entre otras medidas. Un ejemplo de la puesta en práctica de este proyecto, fue la llamada “apertura petrolera” ejecutada en Venezuela, en detrimento de la soberanía y el

interés nacional. En ese escenario, países petroleros como Venezuela y México, competían por exportar el mayor volumen de petróleo a los Estados Unidos, y en caso de que cualquiera de estos bajara la producción, inmediatamente eran acusados por las élites políticas internas de ineficientes y de poner “en riesgo” el mercado petrolero “premium” de sus respectivos países. Además, en ese momento dichas políticas de maximización volumétrica incidieron en la caída abrupta de los precios del petróleo. Bajo este escenario, las posibilidades de cooperación o de integración energética regional fueron muy pocas, siendo la única propuesta concreta, la iniciativa liderada por los Estados Unidos en 1994, en ocasión de la I Cumbre de las Américas en el marco de la O rg a n i z a c i ó n d e E s t a d o s Americanos (OEA), al plantear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), para eliminar las barreras comerciales entre todos los países de la región, la cual tuvo su arista energética, a través de la Iniciativa Energética Hemisférica. A través de esta iniciativa, los Estados Unidos buscaban aprovechar las fragilidades políticas y económicas de la región, para consolidar una estrategia que le permitiera lograr un acceso irrestricto a los recursos naturales de América Latina y El Caribe, proponiendo incentivos para reformar los sistemas regulatorios y crear condiciones favorables a la inversión del sector privado,

reducir o eliminar barreras en toda la cadena de valor de la energía, favorecer la cooperación regional y transfronteriza, como el desarrollo de infraestructuras para la integración de mercados energéticos, y la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética. En el período 2000-2012, con el surgimiento de nuevas fuerzas políticas progresistas en América Latina, como la llegada al poder del Gobierno Bolivariano en Venezuela en el año 1998 y el establecimiento de gobiernos de igual tendencia en Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador, entre otros, sumado a la resistencia de los

1Las Siete Hermanas fue la denominación acuñada por Enrico Mattei, padre de la industria petrolera moderna italiana y Presidente de ENI, para referirse al grupo de siete compañías que dominaron el negocio petrolero desde 1928 (con el Acuerdo de Achnacarry), hasta finales de la década de los 60 del Siglo XX. Las compañías fueron: Standard Oil of New Jersey (ESSO), Royal Dutch Shell, British Petroleum (BP), Standard Oil of New York (conocida luego como Mobil), Standard Oil of California (conocida como Chevron), Texaco y la Gulf Oil Corporation. 2 El Acuerdo de San José contempló el suministro por parte de ambos países de hasta 160 MBD de crudo y/o productos (80 MBD cada uno) a Centroamérica y el Caribe (Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana). Este mecanismo prevé el financiamiento a corto y largo plazo de proyectos de infraestructura que involucran bienes y servicios exportados por empresas venezolanas y mexicanas, a través de líneas de crédito generadas a partir de un porcentaje de la factura petrolera.

3 Disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma impositiva, liberalización de las tasas de interés, tasa de cambio competitiva, liberalización del comercio internacional, liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación y derechos de propiedad.

movimientos sociales, se frenó el desarrollo de los procesos de privatización en el sector energético que se apoyaban y promovían desde la Iniciativa Energética Hemisférica, la cual ya había dejado de mencionarse para la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata en 2005. En el transcurso de los últimos diez años, se han conformado y reconfigurado varios mecanismos y esquemas de integración energética en la región, los cuales en muchos casos son complementarios. En este sentido, en la actualidad existen dos modelos o estrategias de cooperación e integración energética, destacándose: El primero, impulsado por

UNASUR, PETROCARIBE, ALBA, MERCOSUR y otros bloques subregionales, que se sustenta en el rol protagónico que tienen los Estados para administrar soberanamente los recursos naturales que poseen y en el papel clave de las industrias energéticas nacionales, así como en los principios de complementariedad, solidaridad, reciprocidad, derecho de los pueblos al uso y administración de sus recursos, el establecimiento de esquemas de participaron conjunta entre las empresas nacionales de energía y la creación de mecanismos novedosos de financiamiento entre los Estados. El segundo, promovido exógenamente desde los Estados

Unidos, con su Iniciativa Energética Hemisférica en el marco de la OEA (denominada recientemente Alianza de las Américas para la Energía y el Clima), que privilegia el mercado, la competencia, la p r i v a t i z a c i ó n , l a desregularización, la liberalización, el financiamiento multilateral (FMI-BM-BID), la globalización y comercialización de los recursos naturales como cualquier mercancía o “commodities”. Lo expuesto, muestra que Latinoamérica y El Caribe están construyendo un sólido camino para fortalecer la integración energética, sobre la base de sus políticas, intereses, necesidades, potencialidades y conciencia

nacional. Asimismo, existen otras razones o factores que hoy día juegan a favor de la integración energética regional. Entre ellas: La grave crisis del actual sistema capitalista mundial, que actúa como elemento unificador más que desintegrador, ya que la región se ve en la necesidad de actuar de manera conjunta para minimizar los efectos en las economías de los países. De acuerdo con el Informe de la CEPAL para el año 2012, “la región ha mostrado un sólido crecimiento económico desde 2003, lo cual hace posible que los países de la región puedan mitigar riesgos y aprovechen las actuales oportunidades para el desarrollo… y entre 2003-2008, mostró un crecimiento anual promedio de casi 5%”.

incluyentes, construyen sólidamente una doctrina que reafirma de manera categórica el derecho soberano que tienen los Estados de administrar sus recursos naturales energéticos, la cual permitirá permitiría configurar un sistema energético regional complementario, equilibrado, que cubra las necesidades de energía en el corto, mediano y largo plazo; siendo una de las prioridades, garantizar el acceso a la energía eléctrica a 35 millones de personas, que hoy día no tienen acceso a dicho servicio, según cifras de la Agencia Internacional de Energía (a nivel mundial la cifra llega a 1.000 millones de personas). - La región muestra una gran estabilidad política, fortaleza de los sistemas

La región posee más de 335 mil millones de barriles de reservas de petróleo, y más de 301 billones de pies cúbicos de gas, situación que le otorga ventajas como suplidor de hidrocarburos en el largo plazo, respecto a otras regiones deficitarias. Se suma a esto, la enorme capacidad instalada y las potencialidades en materia hidroeléctrica existente en la región (los complejos hidroeléctricos de Itaipú en la Cuenca de la Plata y del Guri en la Cuenca del Caroní), son ejemplos concretos de esta realidad. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe, apoyados en políticas energéticas nacionalistas e

democráticos y de los bloques de integración, así como la no existencia de conflictos bélicos entre nuestros países. Es decir, América Latina y el Caribe es una “Zona de Paz”. En tal sentido, es preciso señalar que la integración energética es un reto estratégico para los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ya que a través de este mecanismo de integración se aportaría la base material del desarrollo de la estructura económica de nuestras naciones, permitiéndonos contar con la seguridad energética necesaria para el desarrollo industrial y sentar las bases para que la región sea cada día más soberana, independiente y con un peso de importancia en el sistema internacional.