Primera época
Los fraudes de un brasilero El empresario brasilero Vladimir Martins quiso apropiarse de 27 mil hectáreas con documentos falsos de asentamientos ilegales posteriores a 1996.
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Nº 3 Edición especial
La Paz, agosto de 2008
Ex Prefecto se adueña de 74 mil hectáreas
Asaltan 85 mil hectáreas de tierra fiscal
La familia de Fernando Romero Pantoja mostró papeles de 9 mil ha. y pretende adueñarse de 74 mil ha. Presentó documentos clonados, expedientes de propiedades “voladoras” y papeles de predios “no identificables geográficamente”.
Una red de traficantes integrada por comunarios, autoridades municipales y ex funcionarios del INRA Beni firmaron un “Convenio de Cooperación” para lotearse 85 mil hectáreas.
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El malquerido Estado “andinocentrista” y el desarrollo de Santa Cruz Después de la revolución nacionalista de 1952, el Estado centralista hizo un esfuerzo monumental para desarrollar la agroindustria e incubó deliberadamente en Santa Cruz una burguesía productiva como pivote del desarrollo capitalista en Bolivia. Los hijos y nietos de esos empresarios que prosperaron y se enriquecieron con fondos y ayudas del Estado nacionalista, dictador y neoliberal, ahora quieren independizarse.
Los comandantes del movimiento autonomista intentan instalar en Santa Cruz un gobierno departamental con estatus de republiqueta y sobre todo con legislación agraria propia. Exasperan la “Nación Camba” con las arengas independentistas más radicales algunas familias de inmigrantes que salieron de la pobreza a la sombra del Estado “andinocentrista”. Dirigentes cívicos, líderes empresariales y connotados intelectuales cruceños reclaman el reconocimiento de un gobierno autónomo de Santa Cruz con plenas facultades ejecutivas, legislativas y jurídicas, fundamentalmente, porque se sienten “defraudados” por el Estado “burocrático y andinocentrista” que marginó y abandonó a su región. Según la burguesía agroindustrial, los “intelectuales orgánicos” y el eficiente aparato mediático local, Santa Cruz es el departamento más pujante y desarrollado de Bolivia porque los hijos de la “cultura camba” son emprendedores y laboriosos. El despreciable centralismo “altoperuano”, “colla”, “indio” y “feo” es culpable de casi todos los males nacionales y regionales, pregonan el presidente del Comité Cívico Branco Marinkovic, el director de Autonomías de la Prefectura Carlos Dabdoub, el asesor legal Juan Carlos Urenda, el alcalde Percy Fernández, el ex alcalde Sergio Antelo y la historiadora Paula Peña, entre otros cuadros del autonomismo cruceño. Como buenos liberales con “visión occidental”, odian el “comunismo indígena” de Evo Morales y quieren una democracia representativa de libre mercado que proteja la propiedad privada individual por sobre todas las cosas, incluidos el bienestar y los derechos de la colectividad. El Estado en Santa Cruz Por recomendación del gobierno de Estados Unidos, la victoriosa revolución de 1952 encabezada por indios y obreros
“collas” patrocinó el desarrollo agroindustrial y la “marcha al oriente” como una de las principales políticas económicas del Estado boliviano. 1
latifundios “de engorde” y comenzaron a recibir créditos del BID y de la CAF para desmontar áreas y ampliar de manera irrestricta los cultivos de soya.5
La reforma agraria nacionalista dejó intactas las viejas haciendas y regaló enormes predios a los allegados del régimen con la esperanza de que los antiguos y los nuevos latifundios se conviertan pronto en “empresas agrícolas” prod uctivas. Además de dotar tierras y mano de obra de colonizadores “collas”, el Estado invirtió en complejos agroindustriales, maquinaria, carreteras y vías férreas, y repartió créditos de fomento entre empresarios agropecuarios, principalmente del departamento de Santa Cruz. 2
Entre 1953 y 2002 se distribuyeron casi 36 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz: 73 por ciento de la tierra fue para medianos y grandes empresarios, y 6% para pequeños productores. El reparto fue particularmente intenso en los períodos 1974-1978 (20,7% de la tierra) y 19891993 (16,2%). Un informe preliminar del INRA indica que en todo el país menos de 4 mil personas se beneficiaron con dobles, triples, cuádruples y hasta con cinco o más dotaciones. La mayoría de las dotaciones múltiples ilegales se concretó en el departamento de Santa Cruz.
La naciente burguesía agroindustrial cruceña, fruto del mayor esfuerzo estatal de la historia republicana para diversificar la economía nacional e integrar al país, se enriqueció aún más en las dictaduras con los excedentes de las exportaciones de gas y petróleo.3 La elite regional ganó influencia política y económica, al tiempo que acumuló créditos y tierras en la dictadura militar de Hugo Banzer (1971-1978). El régimen terminó condonando 60 millones de dólares a menos de mil productores de algodón y soya que dilapidaron sus créditos en automóviles, viajes, mansiones, proyectos mineros y concesiones forestales. El empresariado agroindustrial tuvo la oportunidad de importar bienes de capital con ayuda del Estado a comienzos de los 80, cuando estalló la hiperinflación. Desde mediados de esa década, el Estado neoliberal invirtió millones de dólares y aprobó decenas de políticas públicas para fortalecer al empresariado agroexportador. 4 La reforma agraria de mercado de 1996 aceleró la titulación, el registro y el catastro de propiedades para dar “seguridad jurídica” y atraer “inversiones”. Los que se apoderaron de tierras fértiles entre fines de los 70 y mediados de los 80 “legalizaron” sus
Los exportadores de soya y girasol continuaron ganando millones en los últimos años con las subvenciones del despreciado Estado centralista. Cuando el precio del barril de petróleo trepó hasta los 100 dólares los agroindustriales de Santa Cruz acaparaban más de 100 millones de dólares de los 250 millones de dólares de subvención estatal al diesel, estimó el ministro de Hacienda Luis Arce. Los gobiernos nacionalistas, los regímenes de facto y los neoliberales que controlaron Estado “burocrático y andinocentrista” en los últimos 50 años relegaron y abandonaron a las grandes mayorías del departamento de Santa Cruz, pero jamás descuidaron a un minúsculo grupo empresarial.
Notas: (1) En el marco del tratado de cooperación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos, una misión norteamericana presidida por Mervin Bohan propuso en 1942 una agresiva y activa intervención del Estado en el desarrollo agroindustrial de Bolivia a través de la
Nº 3 Edición Especial Primera época Publicación de la Unidad de Comunicación del INRA y del Viceministerio de Tierras Fotografías: Archivo INRA
La Paz, agosto de 2008
vertebración caminera; la modificación de políticas impositivas sobre la tierra, la redistribución de tierras y la ocupación de espacios geográficos insuficientemente habitados. (2) El Estado construyó las carreteras La Paz – Cochabamba – Santa Cruz y los caminos Santa Cruz – Buena Vista – Puerto Grether (1.000 kilómetros). Se tendieron líneas férreas entre Santa Cruz y Argentina (531 kilómetros) y entre Santa Cruz y Brasil (615 kilómetros). El núcleo inicial de la inversión agroindustrial en el oriente fue el ingenio azucarero Guabirá en el norte cruceño. La Corporación Boliviana de Fomento (CBF) amplió el ingenio La Esperanza, construyó el ingenio La Bélgica y la planta azucarera San Aurelio. Se estima que entre 1955 y 1983 el Banco Agrícola Boliviano (BAB) repartió créditos por 12 mil millones de pesos bolivianos, 44 por ciento a favor de productores de Santa Cruz. Otros estiman que el agro cruceño recibió el 42% de los créditos agrícolas distribuidos entre 1955 y 1969 que ascendieron a 21,8 millones de dólares. A partir de 1967, los grandes propietarios algodoneros comenzaron a recibir financiamiento del Banco del Estado. En los años 90, familias de latifundistas como los Petricevic obtenían auto préstamos del Banco Unión (del cual eran los mayores accionistas) hipotecando sus latifundios “de engorde”. El Banco Unión quebró y el Estado tuvo que asumir las millonarias deudas. (3)Entre 1970 y 1974 la participación de Santa Cruz en las exportaciones nacionales aumentó de 7% a 37%. (4) Devolución de impuestos a los exportadores, subsidios indirectos , la ley de Inversiones de 1990; proyectos financiados por USAID, el proyecto de las Tierras Bajas del Este costeado por el Banco Mundial. El Estado negoció un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para que los agroindustriales de Santa Cruz exporten soya con preferencias arancelarias. (5) Entre 1953 y 2002 se distribuyeron casi 36 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz: 73 por ciento de la tierra fue para medianos y grandes empresarios, y 6% para pequeños productores. El reparto fue particularmente intenso en los períodos 19741978 (20,7% de la tierra) y 1989-1993 (16,2%).
Director: Juan Carlos Rojas C. Editores: Franco Grandi M./UPIC-Tierra Coordinador: Juan de Dios Fernández Diseño y diagramación: Miguel Aguilar T.
En tres casos se hallaron documentos falsos, documentos duplicados y expedientes agrarios de propiedades que no existen
Empresario brasilero, un ex prefecto del MNR y traficantes de tierra se adueñan de 187 mil hectáreas en Beni La familia del ex senador del MNR y ex prefecto de Beni Fernando Romero Pantoja, el empresario brasilero Vladimir Martins y granjeros menonitas pretenden apropiarse fraudulentamente de tres extensas áreas de tierra fiscal que abarcan un área total de más de 187 mil hectáreas en las provincias Cercado, Mamoré, Marbán e Iténez del departamento de Beni. Están implicados en el fraude ex funcionarios del INRA, un alcalde y empresas privadas.
La familia Romero Pantoja demanda 74 mil hectáreas de tierra en los Polígonos 122-147-128 del departamento de Beni; Martins reclama 27 mil hectáreas en el Polígono 139, y comunidades que trafican con tierras solicitan 85 mil hectáreas en el Polígono 106. El Viceministerio de Tierras revisó y analizó jurídica y técnicamente los antecedentes agrarios y los procesos de saneamiento de las tres solicitudes, además de los trámites de saneamiento de propiedades colindantes y también varias imágenes satelitales multitemporales de toda la zona.
Ex funcionarios del INRA negligentes socaparon la ilegalidad y “construyeron” procedimientos de acaparamiento en beneficio de los solicitantes, en algunos casos sin siquiera haber visitado los predios. Fueron cómplices del monumental fraude agrario empresas privadas dedicadas al saneamiento de tierra. En los registros documentales de los tres trámites se hallaron fotocopias sin valor legal, documentos duplicados o viciados de nulidad, documentos falsos, expedientes agrarios de propiedades que no existen, y hasta expedientes de propiedades inubicables o situadas a varios kilómetros de distancia del área demandada. Los interesados modificaron una y otra vez la forma, ubicación y extensión de las áreas solicitadas. Las empresas contratadas para sanear y verificar la Función Económica Social (FES) de las propiedades hicieron su trabajo en una oficina y no en campo como manda la ley.
Foto: Archivo INRA
La minuciosa investigación concluye que Romero, Martins y las comunidades solicitan el reconocimiento de derechos de extensos asentamientos en tierra fiscal posteriores a 1996. La Ley INRA 1715 estableció como regla de oro que todo asentamiento posterior a su promulgación en octubre de 1996 es ilegal y pasible al desalojo con la fuerza pública.
Expediente
Propiedades “voladoras”
Los acaparadores suelen respaldar sus solicitudes de tierra con expedientes de propiedades situadas a varios kilómetros de distancia del área demandada. La modificación de coordenadas de ubicación geográfica de estas propiedades “voladoras” es un delito frecuente en los fraudes agrarios.
Predios fantasmas
Algunos terratenientes presentan antecedentes agrarios de propiedades que no figuran en los archivos del antiguo Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) o que fueron declaradas “no identificables geográficamente”.
Fincas clonadas
Para agrandar sus propiedades, algunos presentan documentos duplicados de un mismo predio o “expedientes gemelos” que se diferencian sólo por su número de registro en Derechos Reales. También se han visto predios con doble titularidad.
Martins armó un latifundio de 27 mil hectáreas con documentos falsos Entre los años 2000 y 2004, el empresario Vladimir Martins intentó de manera recurrente introducir en la base de datos del INRA antecedentes de propiedades fantasmas, y con la complicidad de algunos funcionarios de la Dirección Nacional del INRA pudo iniciar algunos trámites. El 1 de junio de 2004 Martins solicitó la priorización del saneamiento de las propiedades El Tigre, Villa Olga y Villa Elsa de una superficie de 15 mil hectáreas. Un mes después, el 4 de julio de 2004, Walter Ali Parada pidió la ampliación del área añadiendo antecedentes de los predios El Esfuerzo, Lagarto Tuerto, San Pedro y Santa María de una superficie aproximada de 21 mil hectáreas.
Con papeles d Pantoja prete En el proceso de saneamiento presentaron la misma foto para tres predios
En las pericias de campo, la empresa privada de saneamiento LIMITE SRL certificó la existencia de ocho predios en el Polígono 139Martins (El Tigre, Villa Olga, Villa Elsa, Santa Martha, Bettel, Nueva Esperanza, Santa María y El Esfuerzo) de una superficie total de 27 mil hectáreas de tierra fiscal. De manera inexplicable, desaparecen del trámite los predios Lagarto Tuerto, San Pedro y Villa Elsa. Imágenes satelitales de 1992, 1996 y 2001, muestran de manera clara que en el área no existe trabajo humano, mejoras ni asentamientos anteriores a 1996. Los demandantes intentaron justificar la antigüedad de la posesión con documentos fraguados, curiosos documentos de transferencia con doble titularidad y trámites agrarios inexistentes en los registros del viejo Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA). Durante la recopilación de información en campo y el registro de datos de los predios, la empresa LIMITE SRL aceptó fotografías de mejoras y conteo de ganado vacuno fraguados, además de documentos de transferencia de dudosa legalidad. La empresa no verificó el cumplimiento de la FES con trabajos de campo, realizó el saneamiento en gabinete, generó información falsa y también cometió delitos de falsedad material en la ubicación geográfica de propiedades.
Foto presentrada para el predio: La Loma de Luis
Foto presentrada para el predio: Tanzania
Foto presentrada para el predio: Yatoba
de 9 mil ha. la familia Romero ende apropiarse de 74 mil ha. El 29 de septiembre de 2004, Fernando Romero Pantoja, Julio Romero Barea y Mirian Daysi Pantoja Ruiz de Romero solicitaron la priorización del saneamiento de los polígonos 122, 147 y 128 de una superficie de 30 mil hectáreas. Presentaron como respaldo antecedentes agrarios de cinco predios: Laguna Romero, El Rincón, El Chapaco, El Chapaco II y Bella Vista que abarcan una superficie aproximada de 10 mil hectáreas. No declararon y/o respaldaron la posesión de una superficie excedente de 21 mil hectáreas. En las pericias de campo, los Romero Pantoja ampliaron el área demandada hasta 37 mil hectáreas con la presentación de papeles de nuevas propiedades. Aparecieron documentos duplicados de un mismo predio, expedientes de propiedades situadas a 80 kilómetros distancia del área demandada (conocidos como expedientes “voladores”), e inclusive antecedentes agrarios viciados de nulidad absoluta, según un informe del antiguo Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA). Lo más llamativo es que algunos expedientes fueron declarados “no identificables geográficamente”. La empresa privada encargada del saneamiento CHTAS hizo pericias de campo y verificó la FES “en gabinete”, tomando en cuenta documentación fraguada, ya sean fotografías de mejoras, georeferenciación de mejoras, conteo de ganado vacuno y croquis prediales. El INRA incumplió normas y procedimientos para la verificación de FES, y pasó por alto la etapa de Relevamiento en Gabinete, lo que permitió utilizar expedientes “voladores”. Concluidas las pericias de campo, la empresa CHTAS certificó a favor de los Romero Pantoja una superficie de 74 mil hectáreas en los cantones San Pedro, San Ramón y El Carmen de las provincias Cercado, Mamoré e Iténez, respectivamente, es decir más del doble de lo que la familia había solicitado. CHTAS manejó documentación falsificada, aceptó documentos de transferencia de dudosa legalidad, generó información falsa y cometió el delito de falsedad material en la ubicación geográfica de propiedades. Lo más curioso es que el ex funcionario del INRA Beni Omar Vaca, en el ejercicio de funciones públicas, actuó como abogado en la transferencia de dos propiedades y posteriormente como representante legal en el saneamiento de otros dos predios. Imágenes satelitales de los años 1992, 2004 y 2006 y un análisis del Plan de Uso del Suelo permiten concluir que los predios se encuentran en áreas de uso forestal maderable, con rasgos de monte alto y con escasas áreas aptas para la ganadería extensiva. En una inspección ocular en campo realizada el 13 de febrero de 2008, el INRA Nacional confirmó la inexistencia física de dos predios del Polígono Romero Pantoja, y constató que uno de ellos es un asentamiento menonita de data reciente.
Un alcalde y comunarios se lotearon 85 mil ha. de tierra fiscal con ayuda del ex jefe del INRA Beni Una red de traficantes de tierra integrada por comunarios, autoridades municipales y representantes institucionales pretendió perfeccionar derechos individuales y colectivos de 85 mil hectáreas de tierra fiscal mediante un supuesto “Convenio de Cooperación” suscrito en agosto de 2007 por el director departamental del INRA Beni, Pablo Greminger, y el alcalde de San Javier, José Antonio Melgar.
Comunidad Campesina Curva del Río Negro, Comunidad Campesina Nueva América, Comunidad Campesina Villa Nazaret, Puesto Nuevo, Kenia, Maraza, Los LeonesMarayau y La Ilusión, que abarcan una superficie total de 85 mil hectáreas. Llama la atención la participación directa del alcalde Melgar en este trámite irregular. La autoridad “certificó” las posesiones agrarias de algunos miembros de las comunidades campesinas Río Negro y Nueva América, y aparece como “comunario” de la Comunidad campesina Greminger no tenía competencia alguna para firmar Villa Nazareth en un trámite de 2005. dicho convenio y mucho menos para autorizar que personas ajenas al INRA y empleados de la Alcaldía de El ex director departamental del INRA Beni fue cómplice San Javier ejecuten el saneamiento de tierras en el del fraude porque permitió que la Alcaldía contrate Polígono 106, ubicado en los cantones San Javier y San personal al margen del procedimiento normal, colaboró Pedro de la provincia Cercado de Beni. en la rápida ejecución del saneamiento, elaboró de inmediato su informe técnico legal, y reconoció derechos El personal que realizó el saneamiento certificó la de asentamientos ilegales posteriores a 1996, algunos existencia de ocho predios en el Polígono 106: ficticios y otros creados por acaparadores y traficantes de
tierra que no viven en la zona. La mayoría de las propiedades no cuenta con fichas catastrales debidamente llenadas y verificadas que registren la superficie real de los terrenos, la actividad agrícola, ganadera y las mejoras que se hayan hecho. Como en los casos Romero Pantoja y Martins, el INRA midió en gabinete los predios del Polígono 106. La valoración técnico legal del contenido de las carpetas Poligonal y Prediales, el análisis de los procesos de saneamiento de áreas colindantes y datos obtenidos en entrevistas directas permiten concluir que ex funcionarios del INRA, autoridades municipales y dirigentes campesinos impulsaron la firma del Convenio de Cooperación y participaron en el saneamiento del Polígono 106 con el único objetivo de perfeccionar derechos en tierras fiscales que se habían distribuido entre ellos con antelación.
Fue incapaz de redistribuir tierra a campesinos e indígenas y profundizó la desigualdad
El fracaso de la reforma agraria de mercado Los tres monumentales fraudes agrarios descubiertos en el departamento de Beni prueban una vez más el fracaso de la reforma agraria “asistida por el mercado” que se ejecutó en Bolivia desde 1996 en el marco de la Ley de Modificación del Servicio Nacional de Reforma Agraria, más conocida como Ley INRA.
pedían por sus parcelas mucho más de lo que podían pagar los compradores, quienes carecían de asesoría técnica y jurídica. En la nueva lógica, el Estado “corrupto e ineficiente” debía actuar como un mero vigilante y regulador del mercado, y su función principal era “garantizar la seguridad de tenencia de la tierra” acelerando la titulación, registro y catastro de propiedades.
La prioridad de esta reforma impulsada por el Banco Mundial era acelerar la titulación, el registro y el catastro de propiedades para “garantizar la seguridad de tenencia de la tierra” y “atraer inversiones”. No estaba interesada en investigar fraudes ni en expropiar latifundios improductivos.
Se creía que la seguridad jurídica estimularía las inversiones y abriría las puertas del crédito. En los hechos, los planes de titulación “blanquearon” viejos latifundios ilegales y estimularon la concentración de tierras.2
La reforma agraria liberal degradó al Estado “corrupto e ineficiente” a la condición de mero vigilante del mercado de tierras, pero muy pronto el mercado y los “vigilantes”, tan o más sucios e inútiles, consolidaron los derechos de latifundistas corruptos y legalizaron el despojo de miles de hectáreas de tierra del Estado.
En principio, el Banco Mundial justificó el despojo diciendo que sobrevivieron los eficientes 3 sobre los “menos eficientes”, pero años más tarde el organismo tuvo que reconocer que las reformas agrarias asistidas por el mercado son sólo una “herramienta adicional” a las reformas agrarias clásicas.4
En manos del mercado La Ley INRA creó las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como nuevo régimen de propiedad y reconoció que pueblos indígenas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente tienen acceso preferencial y gratuito a tierras públicas tituladas de manera colectiva. Al mismo tiempo, dejó de asignar gratuitamente tierras públicas a pedido de parte, un mecanismo que permitió a unas cuantas familias recibir gratis predios de hasta 50 mil hectáreas desde 1953. Desde entonces los particulares tienen que comprar tierras a precios de “mercado”. El neoliberalismo postulaba que el mercado democratizaría el acceso a la tierra. Con esa premisa se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Comisión Agraria Nacional, la Superintendencia Agraria y la Judicatura Agraria. Se redefinió el concepto de “función socioeconómica” de la tierra y se establecieron nuevas reglas sobre el impuesto, la reversión y la expropiación de la tierra.1
Notas:
Expropiar y redistribuir Expertos y analistas de todo el mundo coinciden en que nada es más efectivo que la redistribución de tierras expropiadas a latifundistas que no cumplen una Función Económica y Social, si se quiere realmente corregir las crecientes desigualdades en el acceso y la tenencia de la tierra en sociedades altamente inequitativas y en un contexto internacional oligopolista. Las reformas agrarias genuinas e integrales y las políticas expropiatorias del siglo XXI tienen que reconocer derechos históricos y reparar los daños ocasionados a los pueblos indígenas y a otros grupos rurales despojados. agricultura o ganadería. La tierra dejó de ser sólo “de quien la trabaja” y adquirieron nuevos derechos los propietarios que pagan impuestos, los que realizan actividades agrícolas, ganaderas, forestales, ecoturismo, investigación y trabajos de conservación de la biodiversidad en beneficio personal o de la sociedad.
La Ley INRA redujo a la mitad el impuesto a la tierra creado en la reforma impositiva de 1986 y eximió de la reversión a todos los propietarios que pagan impuestos. De esta forma, el pago puntual de tributos se convirtió en una prueba del no abandono de la tierra y en un mecanismo para asegurar el derecho propietario.
Al tiempo que se liberalizó el comercio agrícola y se desmantelaron los programas estatales de apoyo a la pequeña y mediana agricultura, la Ley INRA redujo significativamente las limitaciones para las transferencias y el arriendo de tierras, un mecanismo más barato y ágil para dar tierra a quienes no la tienen y no cuentan con capital para comprar, según el Banco Mundial.
La Ley INRA redefinió el concepto tradicional de la función social de la tierra en términos de trabajo directo en
La Ley INRA mantuvo el “solar campesino” y la “pequeña propiedad”
como propiedades inalienables e inembargables, pero abrió la posibilidad de que pequeños predios que atraigan inversiones se reclasifiquen como “medianas propiedades”. Se aceleró la mercantilización de tierras en varias zonas de Santa Cruz, en el norte de Beni y en gran parte de Pando. En casi todas las regiones donde hubo compraventa los protagonistas casi siempre fueron los mismos ganaderos y agroindustriales nacionales y extranjeros. Muy pocos demandantes participaron efectivamente en el mercado porque siempre fue difícil o imposible acceder a créditos. La reforma agraria liberal nunca pudo crear un mercado de tierras “competitivo”. Los demandantes y ofertantes concurrían al mercado en condiciones desiguales; los vendedores
(1) Los mercados de tierras rurales en Bolivia, Jorge A. Muñoz; Red de Desarrollo Agropecuario Unidad de Desarrollo Agrícola; División de Desarrollo Productivo y Empresarial, Santiago de Chile, octubre de 1999, Naciones Unidas, CEPAL-ECLAC. (2) En varios países de Sudamérica proliferaron los convenios de arrendamiento o de gestión, a través de los cuales los agricultores empobrecidos o endeudados cedieron el control de su tierra a administradores privados que sobreexplotaron el suelo. La mayoría de los pequeños productores quebraron, no pudieron pagar sus deudas y los bancos se quedaron con sus tierras y sus títulos. (3) Nueva estrategia de desarrollo rural; Junta directiva del Banco Mundial, octubre de 2002. Informe “Política de tierras para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza del Banco Mundial”, mayo de 2003. (4) El principal técnico encargado de diseñar la política de tierras del Banco Mundial, Klaus Deininger, aseguraba en el 2001 que los proyectos piloto en Colombia eran todo un éxito, pero pocos años después el BM dejó de mencionarlos. En el caso de Suráfrica el informe admite que durante los tres primeros años del programa (1994-1997) solo se transfirieron 200 mil hectáreas, siendo que la meta eran 99 millones de hectáreas correspondientes al 30% de la tierra agrícola. En enero de 2003 se suspende el Banco da Terra, programa de reforma agraria de mercado en Brasil, con el fin de investigar irregularidades y corrupción, problemas de infraestructura y capacidad de pago de los beneficiarios.