Primera época
La iglesia y los “esclavos” guaraní "Busco 'esclavo' en el diccionario y encuentro la segunda acepción: “sometido rigurosa o fuertemente a alguien o algo”. Es la que aquí podría corresponder. Es la que aquí podría corresponder. Se usa también en Naciones Unidas, al referirse a “formas modernas de esclavitud” Escribe: Xavier Albó
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Nº 2
La Paz, agosto de 2008
Hacendados barajan la separación de Bolivia.
Branko, el hombre de los "Títulos" viciados.
El Viceministro de Tierras, Alejandro Almaráz, denuncia que grandes latifundistas están dispuestos a todo con tal de mantener sus privilegios .
El actual presidente del Comité Cívico Pro-Santa Cruz se apropió de tierra que no era suya, dejando sin agua a comunidades indígenas.
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La repartija de la tierra en Bolivia
Tierra para quien la trabaja
El ex presidente Hugo Banzer Suárez distribuyó, cual si se tratara de su propio feudo, entre sus familiares, amigos ricos, cortesanos y bufones, casi el 20% de la tierra en Bolivia (109.858.100 de hectáreas), en sólo 4 de los 7 años del régimen dictatorial que encabezó entre 1971 y 1978. Visto desde otro ángulo, el ex dictador entregó a gratuidad poco más de un tercio (17.4 millones de hectáreas) de la superficie dotada entre 1953 y 1993, es decir 57 millones de hectáreas. La torta distribuida por Banzer fue principalmente en Santa Cruz, y accesoriamente, en Beni y Pando.
Es una cruel paradoja de la historia el hecho de que Bolivia sea tan extensa, tan poco poblada y sin embargo falte tierra para quien quiera cultivarla. La explicación es sencilla: un pequeño grupo de personas acapara tierras sin utilizarlas. El proceso de saneamiento busca entregar títulos a aquellas personas que demuestren efectivamente que están haciendo un uso de esa tierra cumpliendo una función económico social. El proceso avanzó muy lentamente durante los gobiernos neoliberales pues muchos de los ministros y dirigentes de los partidos de gobierno se ocuparon más de sí mismos que de sanear la tierra. A partir de la llegada al gobierno de Evo Morales y Alvaro García Linera en enero de 2006, la entrega de títulos aumentó notablemente al punto de que Pando ya está saneado al 100 %. El más norteño de los departamentos de la República es un ejemplo. Ahí hubo familias como los Hecker que pidieron se les dotara de 290 mil hectáreas, pero sólo pudieron demostrar que menos del 1 % de esa tierra que decían les pertenecía cumplía una función económico social.
No se trató de un reparto, sino, como en festín, de una repartija, al que mejor cante y baile. Entre 1953, cuando se aplicó la primera reforma agraria en Bolivia, y 1993, cuando se intenta, con requiebros y miradas de soslayo reencaminar la reforma agraria tras 40 años a media máquina, con éxito mudable en el occidente andino del país, donde cede el régimen hacendal, y en el oriente boliviano, donde termina de establecerse un sistema privado liberal, lo más parecido a la hacienda medieval post oscurantismo- 759.436 se erigieron en beneficiarios de la tierra en Bolivia, entre propietarios individuales y colectivos. Pocos, muy pocos se quedaron con las más ubérrimas tierras en el oriente y la Amazonia bolivianos. Otro golpe demoledor sufrió el sistema agrario boliviano nacional durante la administración de Jaime Paz Zamora que, segundo en el escalafón y apenas detrás de Banzer, entregó, nomás hace 15 años, 13,6 millones de hectáreas (23.7% del total asignado en 40 años de reforma agraria) en un proceso de dotación tanto o
más irregular que el régimen banzerista. En los 40 años del lapso 1953-93 se evidenció un fomento preferencial a la mediana propiedad y a la empresa agropecuaria, enclavadas en zonas relativamente despobladas en desmedro de la pequeña propiedad, la propiedad colectiva y el solar campesino, librados, estos últimos, a su suerte. Al ministro de Educación de Paz, Zamora, Edim Céspedes, que en medio de la repartija se había dotado, él mismo y a unos amigos brasileños suyos, 100.000 hectáreas, varias veces la mancha urbana de la ciudad de Santa Cruz, se debe que el Estado puso freno al descaro y a la entrega indiscriminada y discrecional de tierras y en 2006 el presidente indígena Evo Morales toma el toro de la dotación de tierras por las astas y regulariza la situación, pese a una oposición cívico empresarial dispuesta a todo por no entregar un milímetro de sus privilegios. Bajo los cánones de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, la administración Morales se propone entregar hasta el año 2011 el 20 % de la tierra cultivable en Bolivia, primordialmente a las comunidades de bolivianos menos beneficiadas por la política agraria desde 1953. Y a contrapelo del pasado reciente, como ninguna otra administración boliviana lo ha hecho, la mujer será objeto focal de esta política. Como muestra un botón: por vía del Instituto Nacional de Reforma Agraria, la administración Morales emitió, solo en 2007, 4.395 documentos agrarios sobre una superficie de 129.608 hectáreas en favor de 10.973 mujeres que representa el 68% de la población beneficiada, y en 2006 se emitieron 4.395 títulos y certificados sobre una superficie 166.354 hectáreas para 8.760 beneficiarias.
Lo es también porque el Estado ha tenido el buen tino de mantener 1,6 millones de hectáreas de este departamento como tierra fiscal que es área protegida, concesión forestal o reserva forestal. La administración del presidente Morales ha saneado en poco menos dos años el 54% de la tierra en Pando. El restante 46% responde a trámites de titulación en gestiones anteriores desde la puesta en vigor de la ley INRA. Por supuesto que los grandes hacendados, muchos de ellos parientes o amigos de los gobernantes neoliberales y de las dictaduras militares entre 1964 y 1982, no se han quedado con las manos cruzadas. Las movilizaciones de la llamada “media luna” se explican en gran medida porque se afectaron sus intereses. Mas el INRA continuará trabajando. Queda todavía un largo trecho por recorrer, pero debe quedar total confianza del pueblo boliviano de que este proceso continuará pues una justa distribución de tierras garantiza paz social y desarrollo sustentable.
Nº 2 Primera época Esta publicación es una producción de la Unidad de Comunicación del INRA Redacción: - Unidad de Comunicación Social - INRA - Unidad de Promoción de Pueblos Indígenas (Viceministerio de Tierras) Fotografías: Archivo INRA
La Paz, agosto de 2008
Director: Juan Carlos Rojas C. Editor: Franco Grandi M. Coordinador: Juan de Dios Fernández Diseño y diagramación: Miguel Aguilar T.
Albó hace un recuento histórico del calvario guaraní vivido desde la Matanza de Kuruyuki hasta la última huasqueada en abril pasado en Alto Parapetí, en pleno siglo XXI.
La iglesia y los "esclavos" guaraní
Xavier Albó
Una frase del Sr. Cardenal ha causado revuelo durante toda la semana. “Se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos… Que nos muestren la verdad, que nos digan dónde los encontramos”. Era una alusión al lenguaje con que se habla no sólo ahora sino también desde antes para referirse a la dependencia que siguen teniendo demasiados guaraníes “empatronados” en algunas haciendas del Chaco. Después Mons. Terrazas comentó que su frase había sido descontextualizada por los medios. Efectivamente, el contexto central de la homilía, que yo mismo escuché por la red ERBOL era el Buen Pastor, que cuida a sus ovejas y muere por ellas, a diferencia de los mercenarios.
Les acongoja la conciencia de que todo ello suceda tan cerca del terrible Kuruyuki de 1892. A mí me recuerda también Huacareta 1957 y me hace temer el mismo (no) resultado.
Busco “esclavo” en el diccionario y encuentro la segunda acepción: “sometido rigurosa o fuertemente a alguien o algo”. Es la que aquí podría corresponder. Se usa también en Naciones Unidas, al referirse a “formas modernas de esclavitud”, en la Iglesia universal y en la boliviana. Por ejemplo en su tan oportuna Carta Pastoral de 2000: La Tierra, Madre fecunda para todos, al hablar de otra situación comparable de “empatronados” en el otro extremo del país, nuestro Cardenal y todo los obispos del país afirman: “son formas disfrazadas de esclavitud” (nº 36).
El Sr. Cardenal añadía “No nos dejemos llenar la cabeza sólo con zumbidos de odios y rencores” y lo ejemplificaba con lo de “esclavos”. ¿Podrá, deberá aplicarse y explicitarse esa advertencia, con la influyente voz del pastor, también frente a quienes “llenan con zumbidos la cabeza” de esos bloqueadores para que teman que les quitarán todas sus tierras?, ¿frente a los poderosos y tan notoriamente sesgados medios de comunicación de Santa Cruz, su propia diócesis? Tal vez ayudaría también a quitar trancas y tejer puentes.
Que las hubo y las hay en el Chaco es indudable. Algunos hitos telegráficos: 1892. Matanza de Kuruyuki, con casi 1000 muertos. Sigue un incremento brutal de haciendas con peones cautivos. 1957. La Reforma Agraria recién intenta entrar en Huacareta. Sus impulsores son emboscados y asesinados por los patrones. Son encarcelados pero salen a los diez meses por ser del MNR. La Reforma se hace allí al revés, consolidando las haciendas. 1982. El libro Caciques y Patrones de Kevin “Benito” Healy difunde en detalle el sistema de servidumbre que allí persiste. Ya no le dejan volver a la zona. 1992. Centenario de Kuruyuki. Asiste el presidente Jaime Paz. Miles de guaranís le exigen tierras; él les da material escolar. El obispo de Cuevo sí recoge el reto y, como buen pastor, en cuatro años logra comprar 8.397 hectáreas en que rescata y libera a 193 familias. 1996. Seis años de movilizaciones indígenas han logrado introducir la Ley INRA de Goni la figura de territorios indígenas (TCO). Pero frena compra de fincas no saneadas 1997. Los guaraní inician varios trámites de TCO, incluido el de Alto Parapetí. 2005. La oficina andina de la OIT dictamina: “el caso del Chaco es el más dramático de trabajo forzoso en la región andina”; estima que hay de 5 a 7.000 afectados.
2008, 16 abril. Mons. Terrazas, ya mejor informado, acuerda con el Gobierno que la Iglesia participe en el grupo ampliado de verificación del alcance de esas servidumbres forzosas. Habrá que ser cauteloso, pues en Alto Parapetí, donde la APG ha identificado 7 comunidades “cautivas” con 229 familias, ya 88 de sus empatronados han sido “forzados” a salir: antes de que llegue la comisión muchos empatronados deberían emigrar y muchas vacas ajenas deberían inmigrar…
2007, noviembre. Rodolfo Stavenhagen, relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas en misión oficial a Bolivia logra, a pesar de sus 80 años, llegar hasta la zona de conflicto y reitera firmemente la denuncia. 2008, 13 abril. Homilía del Buen Pastor. Al atardecer, la caravana del equipo de Reforma Agraria, acompañado de un grupo de guaraníes, intenta sin protección policial ir a Itakuatía en Alto Parapetí para una reunión de la APG que dé inicio al saneamiento, que incluye
verificar si existe o no esa servidumbre forzosa (lo que pedía el Cardenal). Al acercarse a Cuevo, escabullen el bloqueo convocado por ganaderos y autoridades locales, pero más allá caen en una emboscada que los apedrea, inutiliza varios vehículos y persigue con perros y palos a los que huían por el monte. Entre otros, una joven es capturada y mantenida amarrada y humillada en un poste de la plaza en plena lluvia hasta que unas señoras –bendito sea Dios– la sueltan. Los más de 40 heridos son todos del mismo bando y casi todos guaraní.
*Xavier Albó es jesuita, antropólogo e investigador de CIPCA. Publicado por Bolpress el 21 de abril de 2008
La CIDH constata la situación de servidumbre que sufre el pueblo guaraní La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Bolivia del 9 al 13 de junio a fin de recabar información sobre la situación de un alto número de familias del pueblo indígena guaraní conocidas como comunidades cautivas que continúan padeciendo una situación de servidumbre análoga a la esclavitud en la zona del Chaco Boliviano, departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. La delegación de la CIDH estuvo encabezada por la Comisionada Luz Patricia Mejía en su calidad de Relatora para Bolivia y por el Comisionado Víctor Abramovich en su calidad de Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, informó el CIDH en una rueda de prensa realizada en la ciudad de La Paz el 13 de junio. Según el boletín del CIDH, durante la visita, la Comisión recabó información y testimonios que constatan la continuidad de la problemática de la servidumbre por deuda y trabajo forzoso en el Chaco boliviano, asi como el agravamiento de la situación del pueblo guaraní en esta región desde la última visita de la CIDH en noviembre de 2006. “La delegación observa que la situación de servidumbre y trabajo forzoso en la que viven las familias del pueblo guaraní es una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas y comunidades campesinas en Bolivia”, explica el comunicado. “La Comisión reconoce los esfuerzos desplegados por el Estado para atender esta problemática y constató que el Estado boliviano ha intentado llevar a cabo el saneamiento de tierras en cumplimiento de las leyes 1715 de 1996 y 3545 de 2006, ambas referidas a un proceso de reforma agraria. Sin embargo, la aplicación de estas leyes enfrenta obstáculos por parte de diversos sectores políticos y económicos que se resisten a la implementación de la ley en la región afectada. Esto ha generado incluso hechos de violencia que resultaron en personas gravemente heridas y episodios de secuestros y torturas. La CIDH condena las violaciones graves a los derechos humanos que se cometen contra los miembros del pueblo guaraní y la obstaculización que particulares realizan contra la implementación de las políticas públicas. Estos hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados. La Comisión reitera la obligación del Estado de implementar la normativa vigente en materia de reforma agraria. En este aspecto, la CIDH insta al Estado a garantizar la implementación efectiva de estas leyes, teniendo en cuenta la particular relación de los pueblos indígenas con la tierra y en consecuencia, en el proceso de titulación, dé prioridad al reconocimiento de sus tierras y territorios ancestrales”.
El gobierno de Evo Morales con la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria busca transformar la injusta distribución de tierras dejada en herencia por los gobiernos neoliberales y de la partidocracia.
El estado de la propiedad de la tierra en Bolivia Han transcurrido 55 años desde el lanzamiento de la reforma agraria en Ucureña el 2 de agosto de 1953. Con la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria el gobierno del presidente Evo Morales busca transformar la vieja estructura agraria a través de un proceso de saneamiento equitativo, participativo y democrático. Bajo el principio de la redistribución equitativa de la tierra, el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), viene promoviendo la implementación de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria con el objetivo de transformar la injusta concentración de la propiedad agraria en pocas manos y redistribuirla entre quienes la trabajan.
fundamental la transformación de la estructura agraria a través de la política de tierras orientada a transformar la tenencia y acceso a la tierra con equidad y con la participación democrática y activa de los actores agrarios: pueblos indígenas y originarios, propietarios individuales y empresarios que cumplen la función económico social. En esta labor se consideran la implementación de mecanismos orientados a superar la pobreza en las poblaciones rurales, como paso previo a la producción en función del uso de suelo con el componente de valor agregado.
Para nadie es desconocido que en los últimos 50 años del siglo XX, dirigentes políticos, grupos de poder y un rosario extenso de privilegiados recibieron del Estado en calidad de dotación gratuita predios agrarios de hasta 50 mil hectáreas de tierras productivas en el oriente, mientras que pequeños productores, indígenas, campesinos en occidente obtuvieron pequeñas parcelas rurales improductivas. Misión incumplida Los gobiernos neoliberales incumplieron a cabalidad el mandato de la Ley 1715 del Servicio Nacional de la Reforma Agraria de regularizar y perfeccionar el derecho de la propiedad agraria en un plazo de diez años, por el periodo de 1996 y 2005. Los datos consolidados del INRA dan cuenta que en ese tiempo la cobertura del proceso para el saneamiento de 106,3 millones de hectáreas, alcanzó un registro de tierra saneada de 32,8 millones de hectáreas (31%), en proceso de saneamiento 15,5 millones de
Resultados de reconducción agraria
hectáreas (15%) y una superficie sin sanear de 58,3 millones de hectáreas (55%) con una inversión de 87 millones de dólares, que en promedio significa 10 dólares por hectárea. A estas cifras se suman los criterios de atención a las demandas de la población del área rural por las variables de la clasificación de propiedad agraria expresadas en la titulación. En nueve años de la “segunda reforma agraria” los gobiernos anteriores consolidaron la propiedad agraria de una superficie titulada de 9,2 millones de hectáreas,
quedando pendiente la titulación de 97,5 millones de hectáreas, que representa el 91 por ciento del total de la superficie objeto de saneamiento, y la vigencia plena de la concentración de la propiedad agraria en pocas manos. La Revolución Agraria Ante la urgencia de dar un giro a la historia de la Reforma Agraria en Bolivia, el gobierno de la Revolución Democrática y Cultural del presidente Evo Morales determinó como pilar
En sólo dos años y medio de gestión, el gobierno del Presidente Morales puso un alto a la concentración de la propiedad agraria, aceleró el saneamiento y comenzó con el proceso de redistribución de tierras fiscales en beneficio de pueblos indígenas y comunidades campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, al tiempo que revirtió predios para democratizar la tenencia de la tierra. De las 14,7 millones de hectáreas de tierra que se sanearon en dos años y medio de gestión, una superficie de nueve millones de hectáreas es de propiedad colectiva comunitaria; 577 mil hectáreas corresponden a pequeñas propiedades y 888 mil hectáreas a medianas y grandes empresas. El gobierno tituló en dos años de gestión 14,7 millones de hectáreas: 3,3 millones en 2006; 7,1 millones en 2007 y 4,3
Una Reforma Agraria Integral La reforma agraria integral que se lleva adelante en Bolivia no solo se centra en la distribución de tierras entre campesinos e indígenas, sino que también fortalece la agregación comunitaria y empodera la economía de pequeños productores.
beneficiario, el gobierno enriquece la nuevas dotaciones comunitarias con proyectos y programas productivos para la consolidación de empresas comunitarias rurales agro ecológicas en La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija.
Fortalecer las capacidades de gestión económica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales según la aptitud de la tierra en las nuevas comunidades es una tarea fundamental de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
Las nuevas comunidades instaladas en tierras fiscales accederán a servicios básicos y contemplarán actividades para el manejo sostenible de áreas forestales, recuperación de suelos y defensa de pueblos indígenas vulnerables.
que representan a 8 nacionalidades indígenas) ya cuenta con proyectos demostrativos para mejorar las capacidades de los recursos humanos (organizacional, productivo y administrativo); para el manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales priorizando el consumo interno y la redistribución equitativa del ingreso; para conservar la biodiversidad, recuperar saberes y conocimientos locales y material genético del bosque; para optimizar la explotación de recursos naturales con valor agregado y fomentar la producción orgánica y ecológica.
Los proyectos A diferencia de los programas agrarios de 1953 y de 1996 que dotaban tierra pero abandonaban a su suerte al
El 15 por ciento de las TCO tituladas en tierras bajas (8 de 53
Se elaboraron proyectos demostrativos de forestería comunitaria en TCOs buscando la
autodeterminación de las comunidades y la autogestión de sus recursos naturales En tierras altas se construyen redes interinstitucionales en 83 TCO tituladas a partir de 17 microcuencas como estrategia para la recuperación de suelos y sistemas tradicionales de producción agropecuaria. El reforzamiento del control social en el aprovechamiento de los recursos naturales disminuye las extracciones forestales ilegales y la ocupación de las tierras por terceros. La forma más efectiva de cuidar el medio ambiente es que la comunidad, en calidad de custodio, proteja las riquezas naturales.
millones hasta junio de 2008, 14,7 millones de hectáreas en total que representa un promedio de 5,8 millones de hectáreas al año. Mientras que en el período 1996-2005 los gobiernos anteriores titularon 9,3 milones de hectáreas a un ritmo promedio de un millón de hectáreas por año. Saneamiento en beneficio de la población En el neoliberalismo, el demandante de tierras recibía su título de propiedad luego de un trámite de saneamiento de más de 200 pasos que demoraba 10 años o más. El saneamiento era un millonario negocio: el Estado gastó aproximadamente 85 millones de dólares entre 1996 y 2005, para sanear 9,3 millones de hectáreas, cifra que representa el 75% del gasto total de 113 millones de dólares invertidos por el INRA a la fecha En el gobierno de Evo Morales el saneamiento es un trámite transparente que se resuelve en cuestión de meses. En los primeros dos años y seis meses el Estado gastó 28.6 millones de dólares, dato que representa el 25% del monto total invertido por el INRA hasta la fecha Las cifras del saneamiento de la tierra demuestran que la política agraria del gobierno no es “antiempresarial”. En la década neoliberal (1996-2005) se saneó aproximadamente 1,2 millones de hectáreas de medianas y grandes empresas agropecuarias. En dos años y medio de gestión se sanearon 888 mil hectáreas categorizadas como medianas y grandes empresas. La tierra fiscal distribuida Entre 1996 y 2005 se distribuyó 36.815 hectáreas de tierras fiscales, es decir 3.681 hectáreas por año en promedio. En el período 2006 - 2007, el gobierno de Evo Morales distribuyó 697.882 hectáreas a campesinos en los departamentos de La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija, es decir 350 mil hectáreas por año. El actual gobierno redistribuyó a campesinos 200 veces más tierra en dos años que los regímenes anteriores en toda una década, es decir el 95% de las 734.697 hectáreas de tierra fiscal
distribuidas en el período 1996-2007. El gobierno cumple con los discriminados El gobierno nacional reconoce la libre determinación y autogobierno de los pueblos indígenas, como manda el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007. Bolivia fue el primer país del mundo en convertir en Ley de la República dicha Declaración. Los pueblos indígenas han logrado el reconocimiento institucional de su civilización comunitaria en la nueva Constitución Política del Estado. El Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario reconoce por primera vez a las instituciones indígenas como factores inherentes a la identidad nacional. El gobierno consolidó territorios indígenas a través del saneamiento y la titulación de TCOs, y con la emisión de siete certificaciones de Registro de Identidad del Pueblo Indígena u Originario (RIPIO) y cuatro informes de Necesidades y Uso del Espacio Territorial (INUET), incorporados en el Reglamento de la Ley 3535. Los resultados habrían sido mejores si los terratenientes y ganaderos no hubieran saboteado el proceso como ocurrió en la provincia Cordillera y otras regiones de Santa Cruz. La reforma agraria inconclusa En el periodo de 1953-1993 de la reforma agraria nacionalista, dictadores y neoliberales distribuyeron 57,3 millones de hectáreas. De esta superficie consolidaron 39,2 millones de hectáreas de tierra a favor de medianos y grandes empresarios que representan el 18,5 por ciento de la población beneficiada en este proceso. En cambio, campesinos y pequeños agricultores poseían una superficie de 4,8 millones de hectáreas (8% de la superficie dotada), para el 35 por ciento de la población beneficiaria. Los datos del INRA dan cuenta que 17 mil empresas que representan el 2,2% de los beneficiarios, quedaron bajo dominio de 23 millones de hectáreas, el 40 por ciento de la tierra distribuida.
Distribución de tierras en marcha El gobierno distribuye tierras fiscales con la participación de comunidades y sindicatos y respetando sus estructuras orgánicas, a diferencia de los verticales programas de distribución y asentamientos humanos de la década del 70 del siglo pasado. El control y la participación de mujeres indígenas en procesos de saneamiento de TCOs en el marco de las CITCO como instancias de planificación, evaluación y seguimiento se incrementan de forma progresiva. La equidad de mujeres y hombres en el proceso de saneamiento está reconocida en el Reglamento de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. El “Plan Nacional de Distribución de Tierras Fiscales y Asentamientos Comunitarios” ordena la redistribución y permite controlar y disminuir el riesgo de dotación a traficantes que no tienen necesidades legítimas. . El Registro Único Nacional de Tierras Fiscales actualizado constantemente transparenta la información catastral y facilita la ubicación e identificación de tierras aptas para distribución. El Registro Único Nacional de Beneficiarios garantiza la distribución ordenada, transparente y pública. En la lucha contra el acaparamiento ilegal de tierras, el gobierno analizó e investigó 170 carpetas de saneamiento, identificando irregularidades y delitos. Se han tomado acciones en la vía administrativa y/o judicial para precautelar la seguridad jurídica de la propiedad agraria y evitar la mercantilización de la tierra. Destacan los procesos penales iniciados en los casos Laguna Corazón y Yasminka. Con estas acciones legales, se prevé recuperar aproximadamente 126 mil hectáreas de tierras fiscales para redistribuirlas entre pueblos indígenas y comunidades campesinas. El Estado recuperó la confianza de la sociedad civil, lo que ha permitido reducir el número de conflictos por la tierra. Estado y sociedad sellaron una alianza contra el latifundio, y por la equidad, la inclusión indígena, el desarrollo rural y el fortalecimiento de las capacidades de gestión comunitaria en asentamientos humanos y Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Bolivia: estado de la titulación de tierras por gestiones de gobierno
85,1 millones de $us. invertidos
9,3 millones de hectáreas tituladas
GESTIONES ANTERIORES
28,6 millones de $us. invertidos
14,7 millones de hectáreas tituladas
GESTIÓN EVO MORALES
Fuente: INRA
En el departamento norteño quedaban r concentración de tierra en pocas manos y un pueblo fantasma en Cachuela Esper
Pando es declarado saneado en Bolivia y
La reforma agraria de 1953 puso en manos de pro ciento del territorio del departamento de Pando, mien apenas el 0,4 por ciento de la tierra. Concluido el sa al 42 por ciento de las tierras, en tanto que propieda forestales administran el 26 por ciento de la superfic El departamento de Pando, la tierra amazónica de la quina, la goma y la castaña, ha sido declarado por el gobierno de Evo Morales como el primer territorio saneado en Bolivia. A dos años de vigencia de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y a 55 años de la reforma agraria nacionalista iniciada en 1953, autoridades del Poder Ejecutivo y representantes locales situaron este 2 de agosto el último bulón en Pando, una placa metálica que simboliza la conclusión del saneamiento de las 6,3 millones de hectáreas del territorio departamental.
“Es el resultado de un proceso participativo” Juan Carlos Rojas, Director Nacional del INRA “Hoy 2 de agosto, “Día del Campesino Boliviano”, “Día de la Revolución Agraria”, declaramos al departamento de Pando territorio saneado en su totalidad. Con esta medida se transforma la tenencia de tierra en pocas manos en este departamento. Este logro es una muestra que la reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria está avanzando y es una señal que este proceso debe concluir en todo el país. En Pando, los actores sociales de la región participaron activamente en todas las etapas y le dieron la dinámica y contenido al proceso de saneamiento a través de la Comisión de Conciliación, instancia que resolvió por la vía del diálogo una serie de conflictos. Ahora trabajaremos en la redistribución equitativa de tierras fiscales disponibles”.
La plaza El Carretón, ubicada en centro de Cobija, fue el escenario para el cimentado del último bulón y la declaratoria de territorio saneado. Con el cierre del saneamiento de la propiedad agraria en este departamento, la seguridad jurídica y el derecho de la propiedad agraria de la población que trabaja la tierra en esta región está consolidado, luego de un trabajo iniciado hace ocho años por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y culminado por el gobierno del presidente Evo Morales, a través de un proceso pacífico, participativo y en consenso con los actores agrarios. La distribución inequitativa La reforma agraria de 1953 anuló la gran propiedad y las concesiones gomeras-castañeras en Pando, pero a contraposición concentró las tierras en manos de privados. Esta reforma en el norte amazónico dejó pendiente la transformación de la estructura inequitativa de la tenencia de la tierra, en especial en las áreas que dejó como herencia el imperio del empresario Nicolás Suárez, quien a comienzos del siglo XX tenía bajo su dominio más de seis millones de hectáreas, casi la totalidad del territorio pandino y parte del Acre.
“La lucha fue por un pedazo de tierra para trabajar”
Antes de 1996, según datos del INRA, el 94,7 por ciento de las 6,3 millones de hectáreas del departamento de Pando estaba se concentraba en pequeñas, medianas y grandes empresas, además de concesiones forestales maderables y no maderables. Tan sólo un 0,5 por ciento de la tierra había sido tramitada por comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas. Mientras que el restante 4,8 por ciento eran tierras fiscales.
Antonio Moreno, Secretario Ejecutivo FDUTC-Pando
En un territorio con semejante concentración de tierras y bosques, cientos de familias y comunidades campesinas e indígenas eran sometidas a trabajos forzosos y sobrevivían en condición de servidumbre por deudas. Una lacra análoga a la esclavitud.
“Para nosotros los campesinos e indígenas la declaratoria a nuestro departamento de Pando como el primer territorio saneado de Bolivia es un hito histórico. De aquí para adelante consideramos que el INRA debe profundizar con más detalle el proceso de distribución 500 hectáreas de tierras por familia campesina e indígena. No debemos olvidar que este logro ha constado luchas constantes, marchas, bloqueos y persecuciones sufridas. Nuestra aspiración mayor fue tener un pedazo de tierra para trabajar y vivir dignamente. Como sector campesino ahora debemos consolidar nuestros proyectos para el procesamiento de los recursos naturales, con el objetivo de buscar un futuro mejor para nuestros hijos y las futuras generaciones”.
La nueva estructura agraria Según datos oficiales del INRA, el gobierno de la Revolución Democrática y Cultural del Gobierno del presidente Evo Morales regularizó y perfeccionó el derecho de propiedad de 2,3 millones de hectáreas, que representa el 42 por ciento de la superficie departamental a favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas. En el último mapa de la tenencia de tierras publicado por el INRA, ahora las propiedades pequeñas, medianas tiene consolidado el derecho propietario para actividades ganaderas y agrícolas sobre una superficie de 290.892 hectáreas, el 5 por ciento de la
DECLARATORIA. El 2 de agosto en Cobija, el gobi "Primer departamento de Bolivia declarado territorio superficie departamental, y las empresas y concesiones forestales el derecho de uso y aprovechamiento de recursos naturales, como la castaña y la madera, entre otros, sobre una superficie de 1,1 millones de hectáreas que representa el 21 por ciento del territorio pandino. Con la transformación de la estructura agraria en Bolivia, en el departamento de Pando los indígenas y campesinos recibirán más predios en cumplimiento de la normativa agraria, que dispone que las tierras fiscales sólo pueden ser dotadas a comunidades y pueblos indígenas, comunidades campesinas y recolectores de la castaña. Con esta nueva configuración territorial, el departamento de Pando, pionero de la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, es la única región del país y del mundo donde campesinos e indígenas acceden a 500 hectáreas de tierra por familia, además de asistencia técnica para el aprovechamiento planificado y sostenible de la tierra, el bosque, la biodiversidad y los servicios ambientales. Con proyectos productivos, inversiones para el aprovechamiento de la castaña y sobre todo con el reconocimiento del derecho propietario de millares de hectáreas distribuidas de forma equitativa, justa, democrática y participativa, se ha mejorado en poco tiempo las condiciones de vida de comunidades campesinas, pueblos indígenas y pequeños propietarios. A los empresarios que cumplen la función
residuos del imperio de Nicolás Suárez: s, barracas privadas, zafreros cautivos ranza.
o el primer territorio y libre del latifundio
opietarios individuales y concesionarios el 94,7 por ntras que campesinos y pueblos indígenas recibieron aneamiento, ahora campesinos e indígenas acceden ades pequeñas, medianas, empresas y concesiones cie. objeto de dotación a comunidades sin tierra o con tierra insuficiente. Las restantes 1,6 millones de hectáreas de tierras fiscales no pueden ser distribuidas por su calidad de áreas protegidas, concesiones forestales, tierras comunitarias de origen (TCO) y en algunos casos reservas forestales. Los actores agrarios de Pando Los pueblos indígenas Cavineño, Tacana, Chacobo, Pacahuara, Esse Ejja, Araona, Yaminagua y Machineri también se benefician con el saneamiento. En los años 90 del siglo pasado, los Esse Ejja y comunidades tacanas y cavineñas demandaron al Estado un área de 471 mil hectáreas. Los yaminahua consolidaron un espacio territorial de 25.675 hectáreas. Se identificaron como potenciales beneficiarias en trámites de Saneamiento Simple de Oficio y saneamiento de TCO a 168 comunidades campesinas afiliadas a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) y a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios de Pando (FSUTCRMP). Distintos actores de las iglesias católica y evangélica y de organizaciones no gubernamentales (ONG) impulsan y apoyan la titulación de tierras a favor de estas comunidades.
erno a través de INRA anuncia oficialmente al saneado". económico-social (FES) se les reconoció sus derechos sobre concesiones forestales. La conclusión del saneamiento de tierras en Pando constituye un hito en la transformación de la estructura agraria del país (TEA) y al mismo tiempo un giro histórico en el proceso que se recordará como la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Estado actual de la tenencia de la tierra en Pando El departamento de Pando tiene una superficie total de 6.382.700 hectáreas. Restando manchas urbanas y cuerpos de agua, el INRA considera como superficie objeto de saneamiento 6.308.625 hectáreas. Al cierre del saneamiento, los datos consolidados del INRA dan cuenta que el gobierno tituló el 41 por ciento de la superficie objeto de saneamiento; el 58 por ciento fue declarado como área saneada y el 1 por ciento tiene dictaminado las resoluciones finales en etapa administrativa En el periodo de 2006 a 2008, el INRA tituló 1,3 millones de hectáreas a favor de propietarios individuales y colectivos (54%) en los primeros dos años y medio de gobierno de Evo Morales. En el período 1996-2005 se titularon 1,1 millones de hectáreas (46%). En materia de tierras fiscales, durante el proceso de saneamiento se identificaron 3,2 millones de hectáreas, de este total sólo dos millones de hectáreas de tierras fiscales son
Según datos de la Superintendencia Forestal de 1997, los concesionarios madereros afiliados a la Cámara Forestal de Pando cuentan con 19 contratos de aprovechamiento forestal bajo la modalidad de Concesiones Forestales, abarcando una superficie de 1,9 millones de hectáreas. La Ley 1715 dispone el saneamiento obligatorio de las concesiones. Las asociaciones de productores de castaña aglutinan a 360 socios pequeños, medianos y grandes poseedores de barracas. De este total, alrededor de 225 fueron identificados en la etapa de pericias de campo. Este sector demandó 162 barracas tradicionales que ocupan una superficie estimada de 1,7 millones de hectáreas, las cuales serán certificadas por el INRA Pando como tierras fiscales para el aprovechamiento de la castaña. En paralelo, se identificaron 38 barracas no tradicionales que suman 1,6 millones de hectáreas. Las propiedades ganaderas en Pando crían en su mayoría entre 200 y 300 cabezas de ganado, muy pocas llegan a 500 cabezas y existe una sola propiedad con 1.500 reses, según un estudio de Alberto Lavadenz Ribera que data de 1999. Datos del SENASAG de 2004 dan cuenta de la existencia de 418 establecimientos ganaderos en el departamento con 57.075 cabezas en total. El antiguo Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) habría otorgado hasta antes de 1993 a sólo 27 beneficiarios una superficie de 9.359 hectáreas para actividades ganaderas. Con el cierre del saneamiento en Pando el gobierno del presidente Morales atiende de manera justa, participativa y equitativa las demandas de todos los sectores agrarios del departamento: comunidades campesinas, pueblos indígenas, empresarios madereros y ganaderos. En justa razón, ahora la tierra amazónica de la quina, la goma y la castaña es declarado el primer territorio saneado en Bolivia, libre de la tenencia ilegal de la tierra y el latifundio.
Los beneficios del saneamiento En lo social El saneamiento de tierras ejecutado por el INRA ha favorecido a antiguos siringueros, cosechadores de castaña, trabajadores de empresas madereras y castañeras, a la población campesina de la región y a indígenas originarios dotados con TCO. En lo económico Los beneficiados con TCO y propiedades comunitarias valoran positivamente el saneamiento porque ahora tienen más posibilidades de trabajo, producción e ingresos. El saneamiento cambiará la vida de muchas familias campesinas e indígenas que se ganan la vida recolectando y pelando castaña para un barraquero privado, en una condición laboral violatoria de los derechos humanos y laborales básicos denominada empadronamiento. En lo legal El título ejecutorial da seguridad jurídica al beneficiario, aumenta el valor de su predio, y es un instrumento legal que le protege de eventuales avasallamientos. El Estado cumple su misión de proteger y regular los intereses privados, colectivos y públicos sobre la tierra a través de un proceso agrario legal, equitativo, transparente y participativo. Se pondrá en funcionamiento un sistema de catastro y registro de derechos agrarios. El INRA establece un Registro Único de Beneficiarios en concertación con actores agrarios que permita una distribución equitativa y participativa de tierras fiscales tomando en cuenta las necesidades de la población demandante que carece o posee tierra insuficiente. Se cuentan con mecanismos institucionalizados para la conciliación de conflictos agrarios y para garantizar la supervisión del cumplimiento de la función económicosocial, el derecho expectaticio de concesiones forestales y la distribución de tierras fiscales.
Viceministro de Tierras explica las causas de un riesgo inminente:
Hacendados barajan la secesión de Bolivia El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, sostiene que existe el riesgo que Bolivia se divida, peligro latente debajo de la epidermis de la política autonomista que instrumentan algunos cientos de familias dispuestas a todo por no ceder ni un milímetro de la tierra que detentan.
¿Cuál la relación del movimiento autonomista de las regiones oriental y amazónica del país con el problema agrario?
tierra y los recursos naturales renovables, especialmente los bosques, cada vez valen más. Hay un incremento cada vez más acelerado del valor económico y comercial, específicamente, de estos recursos, diría que por dos razones: primera la que ha sido más sostenidamente apreciada en las últimas tres, cuatro décadas (y) tiene que ver que con el equilibrio ecológico, la importancia que ya todos los reconocen a los bosques en el equilibrio ecológico del planeta, pero también en la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo de distintas industrias, para acceder a nuevos elementos, a nuevos recursos. Y, últimamente, este incremento en el valor económico de la tierra y los recursos no renovables está explicada, ciertamente, en la crisis alimentaria; la imposibilidad en la que ha caído la sociedad a nivel mundial de alimentarse.
Por muchos años las élites, sobre todo cruceñas, tuvieron la astucia de invisibilizar la defensa de sus intereses latifundiarios en las reivindicaciones autonómicas, demandas cívicas y centralmente de autonomía. Me acuerdo perfectamente una gran movilización, un cabildo, que hicieron frente al gobierno de Carlos Mesa con demandas bastante vagas y generales, en todo caso centradas en la aspiración de autonomía que, como venimos afirmando, es una aspiración absolutamente legítima. Las autonomías son un componente necesario en la nueva estructura de un Estado que sea más democrático. Pero lo que consiguieron no fue visible. No se veía como se veía su cabildo, su movilización y sus demandas: lo que consiguieron fue lo que se llamó el ‘paquete agrario’, un conjunto de decretos supremos con los que se truncaba toda posibilidad de redistribución de la tierra en los modestos marcos de la misma ley INRA. Eso consiguieron bajo cuerda, bajo la mesa. Lo que veía nuestro país era un conjunto de dirigentes y personas movilizadas por una causa absolutamente democrática, loable, legítima como la autonomía. Lo que no veía nuestro país es que esas personas, lo que estaban consiguiendo era perpetuar negocios oscuros, privilegios ilegítimos, en definitiva perpetuar el latifundio. Ya no les ha sido posible en estos últimos años esa astucia, esa invisibilización de sus intereses terratenientes detrás de la causa autonómica y ha tenido que, en distintos momentos, y de manera cada vez más clara, reconocerse esta identidad de medios y fines. Indudablemente el verdadero motivo, o por lo menos el principal motivo de las autonomías, no en general, de las que son postuladas por los prefectos y los comités cívicos de algunos departamentos, por las élites dominantes en estos departamentos, es mantener el latifundio. Si alguien tiene dudas todo lo que tiene que hacer es leer el estatuto del Comité Cívico y la Prefectura de Santa Cruz. A lo que nuestro gobierno ha dicho: el sentido de esos estatutos es separatista, es dejar las cosas a un paso, a un pequeño y corto paso de la secesión: es decir estos Estados autónomicos,
¿Por qué no hubo conflicto ni contradicciones cuando la ley INRA, en 1996, se puso en marcha, por qué no se erizó este país, y sí se convulsiona en la administración del presidente Evo Morales, cuando se promulga la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria en Bolivia, en 2006? entre comillas, tendrían las distancias respecto al Estado boliviano que lo ponen en la condición de otro Estado. El siguiente paso es ya, simplemente, el de la formalización, de la separación, la secesión de esas partes de Bolivia respecto a Bolivia. ¿Por qué, para qué? Para no aflojar ni un milímetro de tierra. Para no perder un ápice de los privilegios. Ese es y no otro y hoy está absolutamente claro el sentido de un proyecto
a tiros para defender tierra y territorio, de un lado y del otro? Empiezo por lo último. Tal vez algunos estén dispuestos a tirar tiros a otros para conservar la tierra porque saben que la adquirieron así. Que los hacendados del Chaco estén dispuestos a defender, entre comillas, sus tierras, a tiros es algo que tiene que ver con que las ganaron sus antecesores, su ascendencia, a tiros también, en la matanza de Kuruyuqui.
" Por muchos años las élites, sobre todo cruceñas, tuvieron la astucia de invisibilizar la defensa de sus intereses latifundiarios en las reivindicaciones autonómicas"
separatista autonómico de las élites cruceñas. ¿Cuál es la relación, hoy en día, entre tierra, territorio, crisis alimentaria, inflación, biocombustibles, cambio climático; por qué están algunos bolivianos dispuestos incluso a batirse
Este territorio que hoy demandan los guaranís les fue despojado a tiros, con el único argumento de la violencia, de la prepotencia y es por ese mismo medio que ahora se pretende negar la demanda guaraní y conservar, a tiros. Pero hay otras razones, ciertamente. La
El año ’96 la situación no estaba precisamente tranquila. E ’96 llegaron 50.000 marchistas campesinos a la plaza de San Francisco, otros miles estaban en Samaipata y podían llegar cualquier momento a Cochabamba. Y esta gigantesca movilización indígenacampesina mostraba así una fuerza que resulta inusual en el período este de apogeo del neoliberalismo. Y en la Ley INRA fue la única oportunidad en la que los movimientos sociales le doblaron la mano al ultraneoliberal (Gonzalo) Sánchez de Lozada que contra viento y marea aplicó las reformas más radicales del libre mercado en nuestro país. Entre las causas y perspectivas de este momento de evidente agudización en las contradicciones políticas y sociales de nuestra sociedad, que son insoslayables, debido a que nuestro país está viviendo momentos de mucha tensión, por momentos se puede apreciar algún riesgo de que estas contradicciones evolucionen hacia situaciones de violencia, hacia escenarios realmente preocupantes y muchos círculos de opinión, desde ya la oposición, atribuyen a las ineptitudes de este gobierno esta situación, lo culpan, le reclaman por qué no pueden o no se hacen las reformas de
manera concertada, por qué no se busca el consenso. Los analistas de la derecha le están pidiendo a este gobierno, a Evo Morales lo que nunca nadie ha hecho en toda la historia de la humanidad ni en el planeta entero. ¿Cuándo se ha hecho una revolución por consenso, dónde? Y no se puede hacer por la sencilla razón de que esas transformaciones fatal e inevitablemente afectan los intereses del poder económico y político. La humanidad tiene una naturaleza tal que, por desgracia tendríamos que decir, impide que se renuncie colectivamente a intereses y privilegios como los que detentan las clases dominantes en una y otra sociedad.
" Estamos advertidos sobre la conflictividad de este tema. Sabemos que hay gente que quiere conservar las tierras como las adquirió su ascendencia, matando, a tiros, sabemos que es así " ¿Se ha podido lograr alguna vez la nacionalización del petróleo en algún país del mundo en consenso, con las empresas transnacionales? ¿Ha habido un solo caso? ¿Ha habido una revolución, alguna reforma agraria que se haga en consenso con los terratenientes?, ¿hay un caso de sectores de poder, de concentradores de la representación política que cedan ese poder y esa representación voluntariamente bajo un armonioso consenso a los sectores subalternos, marginados? ¿Hay un solo caso? He escuchado por ahí que Evo debería ser como Mandela, me parece una lectura muy equivocada, interesadamente equivoca da del proceso de liberación en Sudáfrica, donde hubo una cruenta lucha de décadas por lograr esa liberación en que el partido de Mandela en su momento acudió, incluso, a la lucha armada. Entonces están pidiendo a Evo Morales lo que nadie ha logrado en el mundo, no obstante de que este gobierno se lo propone. Aún conciente de las dificultades este gobierno ha asumido de una manera absolutamente honesta el postulado humanista de hacer la revolución sin armas y sin muertos, pacíficamente, con vigencia de las normas de la democracia representativa, con elecciones y ‘recontraelecciones’, con elecciones y referendos revocatorios convocados por el propio Presidente. En este momento, en nuestro continente vivimos un proceso del cual, afortunadamente, nuestro país es una parte muy activa de transformaciones profundas, transformaciones socioeconómicas, yo diría radicales bajo nuevo paradigma político en los cuales creo advertir una fuerte carga de humanismo con la que se pretende resolver los problemas, las limitaciones de procesos revolucionarios anteriores, un humanismo que no solamente puede preservarnos de la violencia, del odio, sino también de estructuras políticas totalitarias, como las que aquejaron al socialismo real la segunda mitad del siglo XX.
Aporte bibliográfico del INRA
Breve Historia del Reparto de Tierras en Bolivia El Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, acaba de publicar el libro: “Breve Historia del Reparto de Tierras en Bolivia”, cuyo texto es producto de una compilación de documentos relacionados con el problema secular de la propiedad y la tenencia de tierras que ha marcado a sangre y fuego la historia de Bolivia Revisando el mismo, resulta ser que el saneamiento y la titulación, puntales del proceso agrario, estuvieron sujetos a intereses económicos y políticos evidentes que, por lo general, beneficiaron a muy pocos y debilitaron la institucionalidad dispuesta para ello, en desmedro de quienes no tienen tierra o la tienen en cantidad insuficiente. El proceso agrario en Bolivia, es caracterizado por el desarrollo de dos etapas principales, cada una con propios distingos: la primera, signada por la Reforma Agraria, iniciada en 1953 y que culmina 39 años más tarde en 1992 con la intervención al Servicio Nacional de Reforma Agraria; la segunda, decenal, que transcurre desde la promulgación de la Ley INRA, en octubre de 1996, hasta noviembre de 2006, cuando se promulga la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria Modificatoria de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, llamada, por la historia y la viabilidad del país, a resolver los problemas relativos a la inequitativa distribución de la tierra y, por consiguiente, a la inseguridad jurídica.
Es a partir de entonces que, tomadas en cuenta las lecciones aprendidas, se inicia una nueva etapa que, a diferencia de las anteriores, se distingue por haber alcanzado -a diciembre del 2007- altísimos niveles de eficiencia, equidad y transparencia en la gestión institucional, pertinencia social y cultural en los procesos, consecuencia en la voluntad política y un profundo respeto por el ejercicio pleno de los derechos humanos y de los pueblos. Los documentos seleccionados para esta producción no son muchos en cantidad, empero sustentan con rigor las apreciaciones vertidas en el texto. Por todo ello es que ésta no es una obra que refleja, a secas, los resultados de una investigación; tampoco una sistematización de experiencias concretas ni una propuesta acerca de lo que en torno a la temática o a la institucionalidad agraria debiera hacerse. Es, de hecho, una compilación que pretende que la sociedad en general y quienes están directamente involucrados con la cuestión agraria, cuenten con información actualizada al respecto y consideren algunas miradas críticas y autocríticas acerca de los acontecimientos y disposiciones legales que han dado lugar a la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria en el país, uno de cuyos hitos acaba de ser plantado hace pocos días, el pasado 2 de agosto, cuando el departamento de Pando fue declarado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el primer departamento de Bolivia, donde la tierra es de quien, efectivamente, la trabaja.
El proceso de exvinculación La exvinculación empezó a partir de una Resolución del 29 de Agosto de 1825, a través de la cual, Simón Bolívar determinaba “la repartición de las tierras de comunidad entre todos los indígenas”, quienes quedarían como dueños de ellas, “asignándose más tierra al casado que al que no lo sea…” y puedan, cuando así lo dispongan, “vender o enajenarlas”. (Decretos de Bolívar, abril, 1824? (1826)). El proceso de exvinculación se intensifica en 1866, cuando el presidente Mariano Melgarejo declara “propietarios con dominio pleno” a los indígenas que poseían terrenos. Para ello tenían que “obtener del gobierno el título de su propiedad, previo pago de un monto no menor de los 20 pesos ni mayor de los 100 según la extensión y calidad del terreno que poseían”. El indígena que dentro del término de 60 días, después de notificado, no obtenía el título respectivo, era “privado del beneficio” y el terreno se enajenaba “en subasta pública previa tasación” (Decreto Supremo, marzo de 1866). Asesino colosal y reaccionario, Melgarejo, “obra sucia y fantasmal y titánica de las fuerzas de la noche, el que, fandangos macabros y fusilamientos, hizo la más brutal de las brutales dictaduras del continente y, despojando a tiros las tierras de las comunidades indígenas, sentó las bases del moderno latifundismo boliviano repartiéndolas entre sus áulicos, pendolistas, juglares y bufones”, deplora el escritor boliviano René Zavaleta Mercado (1990:37) Pocos años después, el 5 de octubre de 1874, el gobierno de Tomás Frías promulga la Ley de la Exvinculación de Tierras de Comunidad, que consolida el espíritu de las anteriores desconociendo de manera explícita la existencia jurídica de las comunidades indígenas, ayllus y semejantes, prohibiendo, además, la parcelación individualizada de las tierras comunales: >Ninguna persona o reunión de individuos podía “tomar el nombre de comunidad o ayllu, ni apersonarse en representación de éstas ante ninguna autoridad”; >Los títulos de propiedad expedidos a favor de los indígenas originarios se declararon perfectos y conferían el “pleno dominio cuando hubiese transcurrido el término de 100 días desde la publicación de esta ley”; >Las tierras que no se hallaban poseídas por los indígenas se declaran sobrantes y pertenecientes al Estado; >Ningún funcionario público podía comprar terrenos de origen ni recibirlos en usufructo o conducción en el distrito donde ejercían sus funciones, bajo pena de prevaricato (Ley de la Exvinculación, 1874). Historia de los Movimientos Campesinos en Bolivia – CENSED: 1985 Cita extractada de: Breve Historia del Reparto de Tierras en Bolivia. INRA:2008
Sepa cómo la familia del líder cívico Branco Marinkovic conquistó Yasminka y Laguna Corazón, la mágica tierra de los árboles caminantes, vacas acuáticas y haciendas voladoras
Así se hacen latifundistas, al andar Los viciados trámites de saneamiento de las haciendas Yasminka (12.587 hectáreas) y Laguna Corazón (14.364 hectáreas) en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, más grandes que las ciudades de La Paz y El Alto juntas, constituyen un caso ejemplar del sistemático asalto terrateniente en el oriente del país con la complicidad de ex autoridades del INRA, jueces y dirigentes indígenas corruptos.
Las haciendas Yasminka y Laguna Corazón son ilegales porque se tramitaron después de 1996, en franca violación a la Ley INRA 1715 que estableció como regla de oro que todo asentamiento posterior a su promulgación (octubre de 1996) sería considerado ilegal y pasible al desalojo con la fuerza pública.
de 35 hectáreas denominado “Once por ciento”, con el claro objetivo de justificar que el asentamiento era anterior a 1996. El caso Laguna Corazón En el enmarañado trámite de saneamiento del predio Laguna Corazón, la familia Marinkovic presentó títulos de propiedad con datos falsos y maniobró para demostrar que su posesión era anterior a 1996.
Una parte de la hacienda Yasminka se sobrepone a la tierra comunitaria de origen (TCO) del pueblo guarayo de 2,2 millones de hectáreas, inmovilizada por el INRA en julio de 1997.
El 13 de julio de 1997, Silvio Marinkovic, padre de Branco, solicitó el saneamiento de expedientes agrarios de los predios Laguna Corazón, Chuturubí y un tercero sin nombre.
El 100 por ciento de la hacienda Laguna Corazón se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Guarayos creada por decreto supremo 08660 de 1969, el cual prohíbe expresamente asentamientos humanos y la otorgación de derechos agrarios en la Reserva. 1
Laguna Corazón, un fundo rústico adquirido a Blanca Fernández viuda de Gutiérrez, tiene una extensión de 894 hectáreas, pero encierra a una laguna de 1.400 hectáreas. Podría pensarse que la propiedad tiene la forma de un anillo o una lonja de tierra en torno al espejo de agua, pero ninguno de los planos elaborados por el Instituto Geográfico Militar (IGM) y presentados por Marinkovic muestra eso. En los croquis originales de reforma agraria el predio abarca una cierta cantidad de agua, pero la familia ahora se atribuye la propiedad de toda la laguna. 3
La historia de Yasminka El 14 de octubre de 1998, los esposos Robert Jakuvek Fojs y Yasminka Catarina Marinkovic de Jakuvek (hermana de Branco Marinkovic) solicitaron al director departamental del INRA de Santa Cruz José Luis Santiestéban el saneamiento de cinco mil hectáreas de “terrenos baldíos y vírgenes” a 120 kilómetros de Ascensión de Guarayos. El 30 de noviembre de 1998, el matrimonio Jakuvek-Marinkovic demandó el saneamiento de 12.152 hectáreas a 60 kilómetros de la comunidad Santa María en el camino carretero Santa Cruz–Beni (120 kilómetros al norte de Ascensión de Guarayos, dentro del cantón Yaguarú), “en mérito a la pacífica posesión de hecho y de derecho desde 1993”. Los solicitantes adujeron que cumplían con la Función Económica Social de ley, aunque un mes antes habían reconocido que las tierras eran “baldías”, es decir que pertenecían al Estado. A pesar de la contradicción y pese a que el predio se encontraba inmovilizado por ubicarse dentro de una TCO en proceso de saneamiento, el INRA aceptó el trámite de “saneamiento simple”. En julio de 2000, técnicos del INRA evidenciaron en pericias de campo un desmonte de 100 hectáreas y alrededor de 30 vacas, pero certificaron el cumplimiento de la FES en 2.500 hectáreas, dizque por la existencia de servidumbres ecológicas. La familia tendría que haberse dado por sobre satisfecha, pero quería más.
El 21 de agosto de 2002, los JakuvekMarinkovic firmaron un “acta de conciliación” con los dirigentes guarayos Tomas Rojas Iraipi, Sigfredo Terrazas y Hildeberto Arinori, que les reconocía la FES de otras 10 mil hectáreas. De esta forma Yasminka creció de 2.558
hectáreas a 12.587 hectáreas de extensión. 2 Cuatro años después de las pericias de campo, en 2004 apareció misteriosamente en el plano de la hacienda Yasminka un antiguo predio
Marinkovic compró el predio Chuturubí de 5.521 hectáreas a Norberto “Buby” Salomón Soria, padre de René Salomón, ex director del INRA y ex gerente de la CAO, el 14 de agosto de 1996. Imágenes satelitales demuestran que en esta hacienda sin antecedentes agrarios no había ninguna intervención salvo un pequeño descampado de 100 hectáreas
Santa Cruz, la capital del latifundio En el departamento de Santa Cruz, el más extenso del país, apenas cuatro privilegiados son dueños de 803 mil hectáreas de tierra, casi la misma extensión que poseen 743 empresarios con predios de entre 1.000 y 1.500 hectáreas. La desigualdad es tal que los cuatro potentados del departamento tienen 10 veces más de tierra que 4.190 beneficiarios dueños de predios menores a una hectárea, según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En el período 1953-2002 se distribuyeron 35,9 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz. De ese total, el 52 por ciento de la tierra, es decir 18,8 millones de hectáreas, fue para un poco más de 11 mil beneficiarios, que no representan ni el 8 por ciento del total de beneficiarios (144.162). En medio siglo, los pequeños propietarios cruceños (38 por ciento de los beneficiarios) recibieron el 6 por ciento de la tierra; los medianos propietarios (15 por ciento de los beneficiarios) obtuvieron el 20 por ciento de la tierra; y las TCO indígenas (22 por ciento de los beneficiarios), el 14 por ciento de la tierra. Informes preliminares del INRA dan cuenta que 24 beneficiarios (menos de 0,1 por ciento de los beneficiarios totales) poseen haciendas de más de 20 mil hectáreas. Este reducido grupo de propietarios poseería en total más de 1,4 millones de hectáreas.
que no acreditaban un derecho propietario de más de 5 mil hectáreas. Silvio Marinkovic obtuvo el tercer predio sin nombre a través de un interdicto (juicio rápido de resultado provisional) interpuesto contra su vecino al norte de Laguna Corazón, quien jamás supo de la existencia del proceso. El juez instructor de la ciudad de Cotoca Lucas Saucedo Justiniano otorgó a Silvio Marinkovic la posesión de un área de 4.958 hectáreas. Fue un proceso totalmente irregular, primero porque se sustanció en ausencia del demandado; segundo porque Marinkovic pidió tierras ubicadas al norte y se le reconoció tierras el este; y tercero porque Saucedo no tenía competencia para conocer interdictos sobre propiedades rurales. Según el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el juicio no existió en realidad sino que se lo hizo aparecer con el propósito de acaparar más tierras alrededor de la laguna. Tres meses después de la primera solicitud de Silvio, el 15 de octubre de 1997 Radmila Jovicevic, madre de Branco, pidió el saneamiento de una cuarta propiedad, el fundo rústico denominado Soledad o Montenegro, de 1.575 hectáreas, adquirido a Warnes Cortez Asbún. A Soledad se la conoce como “la propiedad de los árboles caminantes” porque en las pruebas de posesión y cumplimiento de la FES que los Marinkovic presentaron en su solicitud de saneamiento aparecen tres fotografías de un descampado con un grupo de árboles y vacas, que son exactamente iguales a las fotografías mostradas por Silvio en el trámite de saneamiento de Laguna Corazón. Cinco años después, el 4 de septiembre de 2002, Branco Marinkovic complementó la documentación para el saneamiento de siete propiedades que abarcan una superficie total de 14.364 hectáreas: Laguna Corazón (894 ha), San Pablo (5.266 ha), Montenegro o Soledad (1.575 ha), otro San Pablo (de 1.500 ha), Santa Teresita (2.062 ha), San Gerardo (2.000 ha) y Las Liras (1.067 ha). El 18 de octubre de 2004, el empresario presentó un testimonio de fusión de propiedades en el que ya no figuran los predios Chuturubí y el obtenido mediante un interdicto irregular, y en su lugar aparecen nuevas propiedades con antecedentes agrarios que parecen auténticos: la cooperativa San Pablo, Santa Teresita y San Gerardo. Santa Teresita y San Gerardo, adquiridos después de las pericias de campo, tienen “expedientes gemelos”. Ambos llevan un número de registro en Derechos Reales correlativo, pero con un mes de diferencia entre uno y otro, lo que supondría que en ese mes nadie registró ni una sola propiedad en todo el departamento de Santa Cruz, una situación difícil de creer. Las irregularidades Luego de las pericias de campo en 2001, en el trámite de saneamiento de Laguna Corazón se cometieron dos delitos graves: se alteraron fichas catastrales y se modificaron las coordenadas de
El fraude de las "conciliaciones" Según la Ley del INRA, la FES, la base para el reconocimiento de derechos, se verifica en pericias de campo. Sin embargo, a fines de los 90 se utilizó la figura de la “conciliación entre partes” para reconocer derechos propietarios de la tierra y se admitieron documentos privados de dudosa validez como pruebas de cumplimiento de la FES. Sólo en la provincia Guarayos se firmaron 48 actas de conciliación fuera de la ley que validaron la posesión de enormes extensiones de tierras a favor de empresarios. En 2005, un “tribunal disciplinario” calculó que algunos caciques indígenas vendieron hasta 109 mil hectáreas de la TCO de Guarayos por un valor aproximado de 1,1 millones de dólares. En el caso de Yasminka, se admitieron como pruebas de cumplimiento de la FES documentos privados de carácter doméstico sin valor probatorio alguno. En el acuerdo conciliatorio se presentan como pruebas 1. “Autorización para venta” de 2.100 dosis de vacunas antiaftosa del 20 de agosto de 2002; 2. Nota de entrega N. 4495 de Veterinaria La Quinta del 1 de julio de 2002; 3. Nota de crédito N. 1036 de Servicios Veterinarios Fortaleza del 1 de julio de 2002 por 1000 dosis de vacunas; 4. Contrato de trabajo con el Ing. Evert Durán Rodríguez suscrito el 20 de agosto de 2002 para la elaboración de un Plan de Manejo Forestal en 4912 has.; 5. Nota de entrega de 2100 dosis de vacuna aftosa N. 8988 de Agroinco SRL del 20 de agosto de 2002; 6. Contrato privado de compraventa de ganado vacuno del 28 de junio de 2002 suscrito por los esposos Jakuvek Marincovic y la Empresa Laguna Corazón SA (que en ese momento Yasminka M. era co propietaria y ejecutiva de la empresa Laguna Corazón y por tanto el negocio lo hizo ella sola) y 7. Acta de Reconocimiento de la “Central Yaguarú”. ubicación geográfica de los predios, un delito recurrente en los fraudes del saneamiento conocido como “vuelo de expedientes”. No coinciden las coordenadas que aparecen en los antecedentes agrarios y en los documentos de transferencia de cuatro propiedades. En los antecedentes agrarios, Santa Teresita y San Gerardo se sitúan a 24 y 27 kilómetros de distancia de la laguna, respectivamente. Las Liras está a 27 kilómetros al norte de la laguna y San Pablo a 195 kilómetros al sur. Pero en los documentos de transferencia presentados ya no por Silvio sino por su hijo Branco las cuatro propiedades aparecen alrededor de la laguna. Los Marinkovic “cercaron” la laguna burlando la ley y las normas, pero no pudieron engañar a los satélites. Un análisis técnico realizado por el Viceministerio de Tierras a partir de fotografías satelitales confirma que alrededor de la laguna nunca hubo alguna propiedad, ni en los hechos ni en los papeles.
Imágenes satelitales de 2001 mostraban 900 hectáreas de cultivos y algo más de 600 hectáreas de pastizales en el predio Laguna Corazón. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2001 Branco Marinkovic reportó en una ficha catastral un gran hato de 3.600 cabezas de ganado, con un borrón con corrector líquido en la casilla correspondiente a la superficie ganadera de potrero, sobre el cual se reescribió la cifra “1.859” hectáreas. A solicitud del Viceministerio de Tierras, un perito del Instituto de Investigaciones Criminalísticas hizo un análisis a contraluz del documento y descubrió que debajo del borrón aparece el número 600 y pico hectáreas, un área insuficiente para criar 3.600 vacas, “salvo que las reses hayan aprendido a vivir sobre la soya o que sean acuáticas”, ironiza el viceministro Almaraz. La alteración de datos y el fraude se confirmaron a fines de 2001, cuando los Marinkovic presentaron a la Superintendencia Agraria el plan de ordenamiento predial (un informe sobre cómo se usará la tierra con categoría de
declaración jurada), en el cual reconocieron la existencia de 600 hectáreas de potreros y 900 de cultivos en el predio Laguna Corazón. Branco asegura que las tierras observadas no son suyas sino de sus hermanas. La hacienda Yasminka efectivamente es reclamada por su hermana y su cuñado, pero Laguna Corazón, que es la más valiosa, es parte importante de su patrimonio personal. Laguna Corazón originalmente fue tramitada por una sociedad anónima constituida por Silvio, Radmila y Branco. Después los padres la transfirieron a sus tres hijos, Yasminka, Tatiana y Branco, y este último pasó a controlar de 10 a 45 por ciento de las acciones de la empresa. Branco se convirtió en representante legal de la empresa en 2001, cuando se hicieron las pericias de campo y cuando se cometieron los fraudes.
(1) Branco Marinkovic taló al menos 972 hectáreas de bosque en la hacienda Laguna Corazón y fue sancionado tres veces por la Superintendencia Forestal desde el año 2000. (2) Firmaron el “acta de conciliación” Henry Escalante, abogado de los guarayos (actualmente alto funcionario de la Prefectura de Santa Cruz), Jorge Amantegui, asesor legal de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz FEGASACRUZ (hoy jefe de gabinete del prefecto Rubén Costas); la directora interina del INRA Santa Cruz Eliane Beatriz Capobianco (actual constituyente de Podemos) y Silvia Ximena Ovando Bilbao la Vieja, ex directora nacional de TCOs. Ambas autoridades violentaron la normativa al validar el mecanismo ilícito de la “conciliación” para beneficiar a los empresarios. (3 )En 2004, los Marinkovic alambraron la Laguna Corazón y le pusieron candado, pese a que el cuerpo de agua es un bien de dominio de público que no puede ser privatizado. Esta nota fue elaborada en base al reportaje “La primera acción estatal contra el latifundio” publicado por Bolpress el 22 de noviembre de 2007.
Algunas propiedades de los Marinkovik en Santa Cruz La familia Marinkovic tendría al menos nueve predios en las provincias de Guarayos, Chiquitos, Ñuflo Chávez, Sara y Obispo Santiestéban de Santa Cruz, además de Laguna Corazón y Yasminka, según los archivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Tatiana Marinkovic y Nilson Medina son dueños de Las Londras y Sudán de una extensión de 4.357 hectáreas en la provincia Guarayos. Tatiana es poseedora de Santa María de 1.914 hectáreas en Guarayos y también aparece como copropietaria de la Agropecuaria Modelo y Montenegro (junto a Elvio Luis Perrogón Toledo), de 18.433 hectáreas en Chiquitos. Yasminka Catarina Marinkovic posee los predios Los Alamos de 3.173 hectáreas y La Esmeralda de 250 hectáreas en Chiquitos Radmila Jovicevic de Marinkovic es dueña de las haciendas Las Petas I y II, de 3.132 hectáreas en Chiquitos. Silvio Marinkovic Svarcic figuraba como dueño de Perico San Antonio 1 de 7 hectáreas en la provincia Ñuflo de Chávez, y de El Alamo de 1.317 hectáreas en la provincia Sara. Adam Marinkovic Yaksic y José Masanes Sole se presentan como propietarios de la hacienda La Estacada de 250 hectáreas en la provincia Obispo Santiestéban. En total, la familia del presidente del Comité Pro Cívico de Santa Cruz poseería al menos 14.150 hectáreas, sin contar la Agropecuaria Modelo y Montenegro de 18 mil hectáreas, que es propiedad compartida, y sin tomar en cuenta a Yasminka (12.587 hectáreas) y Laguna Corazón (14.364 hectáreas).