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Protesta social3

Álvaro Castellanos Howell elPeriódico

Tristemente, la debilidad institucional, pero ante todo, la falta de convicción ciudadana en contar con un verdadero Estado de Derecho, han provocado que algunas políticas públicas pasen más por el castigo, que por la educación y prevención.

Un claro ejemplo es la penalización del financiamiento electoral privado. Luego de muchos años de ni siquiera estar regulado, se pasó a una punición que la propia Corte de Constitucionalidad, para algunos casos, ha considerado draconiana.

Habrá pues, a veces, irremediablemente, que recurrir a la producción de legislación penal para intentar detener el libertinaje que no se pudo evitar antes por otras formas menos dramáticas.

Pero una cosa es el uso legítimo del “ius puniendi” cuando ya no hay mejor alternativa, y otra, muy distinta, es el abuso del poder Legislativo en materia penal, con fines represivos.

Quizás la frase popular “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”, represente mejor lo que intento decir.

Nuestro flamante Congreso avanza firmemente en la aprobación del proyecto de ley con número de registro 5239, titulado “Ley Contra Actos Terroristas”.

El anteproyecto de ley en mención es extenso y contempla una cantidad considerable de nuevos delitos. Muchos de ellos quizás justificables.

3. Publicado el 23 de febrero. Disponible en https://elperiodico.com.gt/ opinion/2018/02/23/protesta-social/

Pero metidos entre ese entramado normativo, hay un par de artículos que preocupan. En la forma que están propuestas sus redacciones, podrían ser utilizadas por un régimen tirano para acallar tanto las manifestaciones públicas como la libre expresión de pensamiento.

Nada más atentatorio contra el principio de legalidad en materia penal, que utilizar tipos penales abiertos mediante redacción imprecisa.

Y es que no es para menos, pues algunos de nuestros pseudo políticos se nota que le tienen pánico a la plaza. Esos mismos que pertenecen a la vieja política. ¿Intentan amedrentar desde ya posibles luchas sociales en contra de la corrupción? Le caería bien a los diputados que creen poderse salir con la suya, leer un libro disponible en Internet, titulado ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? – Derecho Penal y libertad de expresión en América Latina, publicado por la Facultad de Derecho, de la Universidad de Palermo, Argentina.

Si llegan a tipificar los delitos que atentan contra libertades civiles, no habrá más remedio que recurrir a la Corte de Constitucionalidad. Y deducir responsabilidad penal a quien atente contra la Constitución mediante el ejercicio abusivo de sus funciones públicas.