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Análisis de coyuntura

¿Hasta dónde y hasta cuándo?

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En este espacio de Revista Análisis de la Realidad Nacional, quincena tras quincena, hemos venido siguiendo el pulso a las tensiones políticas e institucionales que brindan color y contenido a la crisis nacional. La segunda quincena de abril estuvo particularmente cargada de rumores y especulaciones que presagiaban algún tipo de ruptura en el precario equilibrio de fuerzas entre dos polos claramente en pugna: el gobierno que encabeza el presidente Jimmy Morales y todos los aliados que ha logrado reunir en su lucha contra el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, quien personifica al otro polo de la contienda.

Sin embargo, el súbito fallecimiento de Álvaro Arzú Irigoyen –el alcalde capitalino que se puso al frente, más que al lado, de la lucha contra la CICIG– introduce una inesperada variable que, por lo pronto, alarga por unos días más la “calma chicha”, a la cual nos hemos referido en análisis anteriores.

Destape, guerra de palabras y rumores

La tensa calma observada en la primera quincena de abril se vio interrumpida por la presentación, el 19 de ese mes, de un “segundo evento” en la investigación de financiamiento electoral ilícito al ahora gobernante partido FCN-Nación, durante la campaña política de 2015 y a resultas de

la cual salió vencedora la fórmula presidencial integrada por Morales y el actual vicepresidente Jafet Cabrera. Las revelaciones, realizadas por Velásquez y la aún Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, alcanzan nuevamente al presidente Morales quien, en el momento de las conversaciones con líderes empresariales para canalizar recursos a su campaña, era el secretario general del referido partido.

Si bien lo presentado por CICIG-MP se encuentra encarrilado en un proceso judicial abierto contra los financistas confesos –como es público, un grupo de ellos compareció ante la prensa la noche del mismo 19 de abril haciendo un inédito mea culpa– la reacción presidencial tuvo altas dosis hepáticas: el viernes 20 se difundió el vídeo con el discurso pronunciado por Morales ante público militar y su familia, en el cual apeló a sus conocidos argumentos anti Velásquez, negó haber recibido dinero de los empresarios (a quienes echó en cara haber tenido esa práctica en procesos electorales anteriores) y amenazó con “investigar” a funcionarios de CICIG que, a juicio del mandatario, habrían tenido expresiones de irrespeto a la Constitución Política de la República.

Aún no se habían aplacado los comentarios por el destape de CICIG-MP y por la reacción presidencial, cuando desde el lado gubernamental se echó más leña al fuego con la difusión de un vídeo con el cual –según la narración de una voz en off– se demostraría el “abuso de autoridad” de elementos del MP durante un allanamiento realizado a las oficinas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la presidencia de la República en noviembre de 2016. Publicado en las redes sociales del presidente Morales, el vídeo había sido difundido durante el fin de semana por un controvertido “tuitero”, usualmente identificado entre los activistas anti CICIG, lo cual añadió elementos de suspicacia respecto de las intenciones presidenciales. Con el agregado agravante de que, durante la misma semana de la “filtración” del vídeo, desde las esferas gubernamentales se dijo que el asunto era objeto de tratamiento en el seno del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), pues se estaría ante una situación en la cual podría estar “en riesgo” la seguridad de la nación.

El poco cuidadoso –por decirlo con cautela– uso de la figura institucional del CNS, se vio atizado por otros roces entre el gobierno y la CICIG, particularmente vía el Ministerio de Gobernación, dándose lugar a que se propalaran todo tipo de rumores: entre ellos que el Ejecutivo preparaba la declaración de algún tipo de estado de excepción y la utilización elementos castrenses para expulsar por la fuerza a Velásquez, todo lo cual sería avalado por una conveniente mayoría parlamentaria, que tendría a su cargo “desconocer” o “denunciar” el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, por medio del cual se creó el ente investigador internacional. Tanta aprehensión había en el ambiente, que hasta la decisión gubernamental de otorgar descanso a los empleados públicos el 30 de abril –para hacer un fin de semana largo unido con el asueto del 1 de mayo– se quiso ver como parte del presunto plan presidencial de dar un “golpe de fuerza” ante la situación creada.

La preparación “psicológica” y de “opinión pública” para respaldar esa presunta acción anti CICIG, tendría entre sus recursos mayores –también– la realización en Estados Unidos de una audiencia de la Comisión de Helsinki (oficialmente llamada Comisión sobre Cooperación de Seguridad con Europa) en la cual se ventilaría, el 27 de abril, la presunta manipulación de la CICIG por el gobierno de la Federación Rusa, para perseguir y condenar en Guatemala al empresario Igor Bitkov –presunto opositor del presidente Vladimir Putin– y a su familia. La “novela de los Bitkov”, como llamó el caso un diario guatemalteco, tuvo como ribete la anulación de la sentencia condenatoria, por parte de la Corte de Constitucionalidad, según se dio a conocer el 26 de abril.

El factor humano

Fuera porque los rumores sobre una eventual medida de fuerza gubernamental tuviesen fundamento y estuviesen orquestados o en conexión con la audiencia en Washington sobre el caso Bitkov, o porque no se tratase más que de una lucha contra molinos de viento desde el campo de los actores pro CICIG, lo cierto es que un factor humano imprevisible vino a poner pausa

al curso de los acontecimiento, cualquier que este fuera: el viernes 27 de abril por la tarde se produjo el fallecimiento de Álvaro Arzú Irigoyen.

Más allá de la desproporcionada cobertura mediática, especialmente de la TV abierta (aliada histórica del alcalde capitalino) para encomiar la trayectoria política del fallecido, expresiones del gobernante durante las honras fúnebres y del presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, mueven a pensar que en el campo gubernamental los ánimos no se han atemperado. Morales reivindicó la “soberanía de Guatemala”, ante una comunidad internacional mayoritariamente decantada en respaldo de la CICIG, en tanto que Arzú Escobar, dijo que continuará “la guerra” iniciada por su padre en la última etapa de su vida (la lucha contra la CICIG) y “la vamos a ganar, te lo prometo”. Es muy temprano para especular de qué manera concreta se hará sentir la ausencia de Arzú Irigoyen, pero diversos analistas concuerdan en que con el fallecimiento del alcalde capitalino, el presidente Morales pierde uno de sus más sólidos soportes políticos. También se apunta a la durabilidad de la alianza forjada por el propio Arzú Irigoyen para llevar a la presidencia a Arzú Escobar, tanto más si se tiene en cuenta que “el segundo evento” relativo al financiamiento electoral ilícito al FCN-Nación, llevó ya a la Fiscalía de Delitos Electorales a formalizar la solicitud de cancelación del registro legal al partido de gobierno.

El inesperado deceso de Álvaro Arzú Irigoyen abrió un compás de espera cuya prolongación, es previsible, difícilmente puede prolongarse más allá de los simbólicos nueve días de duelo religioso. ¿Hasta dónde y hasta cuándo se mantendrá la pausa? Esa es la pregunta del momento.