II. Introducción: El transporte público local desde la perspectiva de la justicia social

RECOMENDACIONES PARA UNA FINANCIACIÓN DEL TPL SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE JUSTA

1. Fondos de emergencia oportunos, justos y suficientes para los servicios de TPL

2. Fondos de emergencia para todas las ATP y los OTP

3. Condiciones y supervisión para garantizar que los fondos de emergencia se utilizan para proteger a los trabajadores y los usuarios

4. Resistencia a la privatización; consideración de la remunicipalización y de modelos de financiación sostenibles y protección de los empleos de los trabajadores en la transición

5. Concesión sostenida de fondos por parte del

Gobierno nacional para los costos operativos, como modo de apoyar al TPL y al empleo

6. Desarrollo de modelos de financiación sostenibles y minimización de los recortes en los servicios y los empleos, en particular para los más vulnerables

7. Mantenimiento de las tarifas a niveles que promuevan el uso del TPL y apoyen a los grupos desfavorecidos

8. Priorización de la protección de los más vulnerables y equiparación y mejora de las condiciones laborales

9. Solidaridad para ofrecer apoyo monetario y alivio de la deuda a los países en desarrollo

10. Participación democrática en las decisiones económicas y en la planificación del TPL

El transporte público es la columna que vertebra las sociedades y economías modernas, ya que garantiza el acceso a los lugares de trabajo, la educación y los servicios públicos, sobre todo a las personas que no tienen acceso a un medio de transporte privado. Los países miembros de las Naciones Unidas reconocieron que el transporte público local (TPL)1 es un "servicio esencial" vital para el desarrollo sostenible, que funciona como “un requisito previo para la prestación de otros servicios y la mejora del potencial de cada persona de participar en la actividad económica”.2 En esencia, el transporte público contribuye a garantizar el derecho a la libertad de movimiento consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El transporte público es también uno de los empleadores urbanos más significativos y el principal en algunas ciudades. A nivel mundial, 7,3 millones de personas están empleadas en los servicios de transporte local estructurados y varios millones más trabajan en el transporte informal.3 El transporte público local es básico para que la gente acuda a su trabajo y vitaliza las economías locales, por lo que su impacto indirecto en el empleo es muy superior. Además, se reconoce que el cambio modal de los automóviles de propiedad privada al transporte público es el camino más eficaz, y ya disponible, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte, que en conjunto representa el 25 % del total de las emisiones relacionadas con la energía.4

A pesar de estos claros beneficios económicos,

1 En el presente documento utilizo el término "transporte público local" (TPL) para referirme a los servicios de transporte público en las zonas urbanas y la zona de cercanías circundante. UN-HABITAT hace referencia a los 'servicios de transporte urbano', pero reconoce la importancia de las conexiones con las áreas suburbanas y semirrurales, lo que hace que los términos sean en gran medida compatibles.

2 UN-HABITAT, Directrices internacionales sobre descentralización y acceso a los servicios básicos para todos, UN-HABITAT, 2008, párrafo 2; Grupo Consultivo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Transporte Sostenible, Mobilizing Sustainable Transport for Development [Movilización del transporte sostenible para el desarrollo], Naciones Unidas, 2016, 9.

3 OIT, Nota informativa sectorial de la OIT: La COVID-19 y los servicios de transporte urbano de pasajeros, septiembre de 2020