Caracterización del régimen I. Contextualización gobierno Juan Manuel Santos: Para lograr comprender lo que significa y cómo funciona el gobierno de Juan Manuel Santos, debemos partir de presentar elementos que nos permitan ubicar, éste en un contexto tanto nacional como internacional. Así, resulta de gran importancia comprender el panorama político que dejaron los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe, y a la vez es necesario para el análisis, el entendimiento del panorama internacional marcado por la crisis económica mundial. De igual manera no se puede dejar de lado advertir quien es Juan Manuel Santos y su procedencia de clase.
El panorama político que deja Uribe presenta características profundas debido no solo al largo periodo de gobierno, sino a la vez por la radicalidad de este. Este horizonte se comprende en un primer lugar entendiendo la proveniencia de Uribe como parte de un sector de clase, es decir como terrateniente y en este sentido parte de un sector que surge ligado lógicas precapitalistas que se mantienen en el campo colombiano. Sin embargo, no se puede perder de vista que este sector de clase presenta relaciones estrechas con el paramilitarismo colombiano, ya que estos últimos defienden el proyecto de este sector al proteger la estructura de tenencia de tierra que beneficia a los terratenientes; así como comparten la perspectiva política y económica. El caso de Uribe es aún más claro en la relación que existe entre este sector de clase y el paramilitarismo, al ser Uribe patrocinador de las denominadas “Convivir” que pretendían legalizar, institucionalizar y financiar las prácticas paramilitares. Los elementos anteriores nos permiten comprender lo que significó el gobierno Uribe Vélez, al estar marcado por sus relaciones con estos grupos ilegales, de los cuales hacia parte, y como forma de mantener el predominio de sistema que impera en el campo. Así estos 8 años implicaron una ilegalización de las acciones del Estado que conllevaron al derrumbamiento de las instituciones del Estado Liberal burgués. Si bien es de aclarar que la ilegalidad y la corrupción no han sido practicas exclusivas del anterior gobierno, resulta evidente que durante éste, se profundizó el uso de estos medios. En este sentido uno de los interrogantes cruciales es el para qué recurrir a estos métodos: hoy en día vemos que los “logros” de Uribe fueron: generar un control en términos territoriales; una coacción política de la población, y a partir de esta, crear los cimientos económicos para la profundización de un modelo capitalista particular - caracterizado por la primarización y la financiarización de la economía, una economía anclada en los principios del neoliberalismo. En ese sentido se tiene que el uso indiscriminado de la violencia por parte del gobierno –y en paralelo del paramilitarismo- bajo el discurso de la guerra antiterrorista, no alcanza su objetivo aparente de derrotar las guerrillas, aunque sí permite la consolidación del control territorial favorable a un modelo de producción. Así vemos como se limpiaron los campos para que empresas multinacionales lo ocuparan, impulsando proyectos como los de palma africana o minero - energéticos. De tal manera la violencia es utilizada como base de lo que Uribe denomino
la “confianza inversionista” que busca mantener la posesión de las tierras en manos del capital, en su mayoría extranjero. De este modo se tiene que los procesos de agudización de la guerra, supuestamente contra insurgente, pusieron los cimientos para consolidar a Colombia frente al mercado internacional como espacio de explotación de tierras, extracción minera y especulación financiera. Sin embargo, lo anterior no se logra exclusivamente a través del uso de la violencia, sino que junto a este la corrupción permite que las políticas del gobierno impulsen la conformación del modelo de acumulación, como lo fué Agro Ingreso Seguro que llevó a profundizar la desigualdad en términos de tenencia de la tierra y subsidió a grandes terratenientes, incluso con fines electorales. Asimismo la coacción política lograda a través de estos mismos medios violentos tiene el fin similar de consolidación económica, en tanto busca generan una visión homogénea del camino que debe tomar el país en diversos aspectos, pero principalmente en lo económico y lo político. Así el gobierno Uribe logro que gran parte de la población se adhiriera a un proyecto neoliberal, en el cual a la par del fortalecimiento de la presencia de empresas extranjeras en el país, se consolida el desmonte de los derechos sociales, como lo son la salud y la educación. En este sentido uno de los hechos más dicientes fue el de la salud en tanto se consolido la mercantilización de esta, a través del sistema sustentado en las EPS, agudizada mediante la corrupción; esta situación de la salud se profundiza con la reforma adelantada por el gobierno actual, demagógicamente justificada en la incapacidad del modelo para garantizar el acceso a la mercancía salud; decimos demagógico pues no se leen las causas estructurales del problema asumiendo que la situación obedece a hechos externos y no inherentes a la configuración misma del sistema de salud colomnbiano. Sin embargo los métodos utilizados en el gobierno Uribe para lograr lo expuesto, han generado una crisis política en tanto se ha corroído y deslegitimado el regimén político, haciendo que el Estado se vuelva insostenible en el futuro. En primer lugar se tiene que tras el gobierno Uribe el país presenta una desinstitucionalización ya que por un lado se generó una desestabilidad entre las tres ramas del poder del Estado, al generar una fuerte adhesión e influencia de la rama ejecutiva sobre las otras dos ramas del Estado. El poder legislativo se encuentra deslegitimado por el alto grado de corrupción que permeó el congreso a través de la cooptación evidenció por parte del paramilitarismo. La justicia se ve desvalorada debido al discurso acusador que sobre esta pusó el ex presidente. Por otro lado, la mayoría del gabinete de gobierno se vió permeado por los escándalos de corrupción que evidenciaron los profundos vicios que se presentaron durante los 8 años de gobierno, dejando así una desconfianza en el sistema de poder; este hecho es una evidencia del maridaje del gobierno con el paramilitarismo y la mafia nacional. Por otro lado la insostenibilidad del Estado se da en tanto resulta inviable que se responda a un gobierno cuando sus instituciones se encuentran en gran medida deslegitimadas; es decir, cuando la clase política se ha evidenciado en su sanguinaria y rapaz desnudez. Sin embargo se podría considerar que la coacción a través de la violencia podría permitir un margen de acción del gobierno sobre la población – dominación -, pero como se ha visto, cada vez resultaba más inadmisible continuar
con el empleo de la violencia como se venía utilizando y además ello implicaba que de manera progresiva era necesario aumentar la coacción a la población. Lo anterior nos presenta las circunstancias en las que el gobierno de Álvaro Uribe le deja a Santos el Estado colombiano, y sobre las que este último debe comenzar a plantear su gobierno. Frente al panorama internacional, el eje fundamental es la crisis del capital que se ha venido presentando desde el 2008, que ha implicado grandes debates a nivel mundial sobre la capacidad del sistema capitalista para enfrentar esta situación. Un primer aspecto de interés frente a esta es el quebranto que ha sufrido Estados Unidos como gran potencia mundial. Así, debemos recordar que esta crisis comienza debido a la expansión desmedida de la financiarización que género un desequilibrio en el sistema de créditos. Esto como consecuencia de la gran ilusión generada por los créditos, principalmente entorno al sector inmobiliario, que se expandieron descontroladamente, sin lo que el sistema financiero denomina la “evaluación de riesgos” y solo respondiendo a las ansias de una mayor acumulación de capital. Este factor no surge de la noche a la mañana y se presenta como un proceso de agudización al interior del sistema financiero estadounidense, debido a que quienes han adquirido créditos no han tenido los medios para pagarlos, teniendo como consecuencia la falta de liquidez de entidades crediticias y junto a esto se da la quiebra de estas últimas. De esta forma comienza a tambalear la estabilidad del sistema económico capitalista. Sin embargo los problemas de la economía de Estados Unidos no perjudican únicamente a este país, sino que esta inestabilidad comienza a expandirse. Esto no resulta inconcebible en tanto se lee que la economía mundial se liga a EE.UU. a través de las bolsas financieras y aún más debido al predominio del dólar como moneda de comercio internacional. De esta manera el mercado mundial, las bolsas más importantes del mundo y cada país comienzan a evidenciar inconvenientes en su sistema económico. Aun así es importante resaltar que la manifestación de la crisis económica en Europa y otros países no se da únicamente en referencia de la situación norteamericana, además de ello, comienzan a aflorar las distintas contradicciones que ha generado el capitalismo en los últimos tiempos. De tal manera que el gran aumento de las necesidades energéticas de las grandes potencias y de las potencias emergentes ha generado el aumento en los precios del petróleo. Este aumento se ve reflejado en los aumentos de costos de producción y con estos se incrementan los precios de los bienes, principalmente de los alimentos, que aumentan a la par. Es por esto que se comienza a ver una inflación de grandes proporciones en la mayoría de los países, comenzando por los denominados “desarrollados”. De esta forma se tiene que los países que se ven afectados por la crisis no son algunos pocos, sino que la contracción económica que se presenta tiene como principal característica el ser una recesión de carácter mundial. Partiendo de esta característica se tiene que la caída del sistema financiero no es una situación momentánea, sino que representa una crisis del sistema capitalista y su modelo de producción en su conjunto. En este sentido se presenta la necesidad -para el capital- de replantear la manera en la que se articula el mercado internacional, y junto a esta, el papel que juegan los países subdesarrollados a nivel mundial. Teniendo como base que parte de la crisis económica se ha
sentido alrededor de la producción de materia prima, el planteamiento que se hace para los países subdesarrollados – entre ellos Colombia- es profundizar su función como productores de estas, es decir acentuar su producción agrícola para exportación y poniéndole como fuente para la extracción minera. Lo cual implica para Colombia profundizar en la primarización de su economía, y con ello implementar la financiarización del aparato productivo nacional. El último aspecto que resulta de gran importancia para comprender las implicaciones del gobierno de Santos es comprender a que clase pertenece y por esto mismo que intereses representa. Históricamente tanto la familia Santos como la familia Calderón han sido de tradición liberal y de amplia influencia dentro de este partido. También Santos formó parte de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia representándola ante la Organización Internacional del Café. Su vida política presenta cargos de importancia como el haber sido ministro de comercio exterior del gobierno de Cesar Gaviria, siendo parte del impulso a la apertura económica uno de los pasos más fuertes que ha dado el país hacia la política neoliberal. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue ministro de hacienda y en el segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe ejerció como ministro de defensa, donde fue parte importante de la política de seguridad democrática, lo cual le implico un gran reconocimiento entre la población del país que apoyaba esta política y desde donde se implementó el terrorismo de Estado, evidenciado en hechos como los mal llamados falsos positivos. Lo anterior demuestra que Juan Manuel Santos hace parte de la burguesía que ha dominado en Colombia; como economista ha sido promotor de las políticas neoliberales que afianzan el poder de esta. La amplia experiencia en cargos de administración pública de Santos le permite ser un buen entendedor del funcionamiento del Estado y los retos a la hora de gobernar. Esta visión de Santos nos permite diferenciarlo de Álvaro Uribe en tanto este último hace parte de una lumpen burguesía que como facción de clase se cimenta en la tenencia de la tierra, en contraposición a la tradición burguesa de la cual el actual presidente representa al sector financiero hecho expresado en las medidas fiscales y los esquemas de política pública para beneficio de ese sector. Del mismo modo se puede encontrar una diferencia fundamental en tanto a su relacionamiento con el paramilitarismo ya que si bien Uribe tenía un vínculo estrecho con este, como parte del mismo y en el Poder como representante de los intereses de la mafia paramilitar colombiana; Santos, como la burguesía nacional, no tiene escrúpulos en pactar con estos sectores para el mantenimiento del poder, y la concentración de propiedad, es decir el paramilitarismo es el sector de clase de Uribe, mientras que para Santos representa un aliado en la consecución de sus fines estratégicos y políticos. Lo dicho anteriormente nos lleva a una reflexión particular y es la necesidad histórica para el capitalismo de un gobernante como Santos. Como se dijo antes el gobierno Uribe permitió generar los cimientos para un proyecto económico especifico en el que se hace énfasis en la trascendencia del campo y que cobra importancia con la crisis del capital, ya que la salida que se plantea para esta es el reforzar a los países subdesarrollo como fuente de materias primas a bajos costos para la industria internacional y el fortalecimiento de sus sectores financieros. Sin embargo para lograr mantener una estabilidad tanto para el mercado como para el Estado resulta relevante, en un
proyecto neoliberal, solventar las fisuras del bloque dominante que causo el gobierno de Uribe. Es este punto en donde cobra peso un personaje como Santos más apegado a la institucionalidad burguesa – más sutil, pero no menos cruel - y con la experiencia para dirigir un Estado que proyecta la consolidación de la clase dominante y la profundización del neoliberlaismo en Colombia. II. Caracterización del Gobierno Santos La polarización y represión que caracterizo al gobierno de Uribe, durante sus dos periodos, más los cambios en el lenguaje y la presentación de los proyectos de Gobierno, ha conllevado la confusión por parte de la sociedad, y de sectores políticos de izquierda y derecha, lo cual implica como sugiere Estrada que: “La caracterización del gobierno de Santos se ha constituido en un aspecto central del momento actual de la lucha de clases en el país.” (Estrada, 2011). Antes de iniciar un recorrido por las diferentes características del gobierno Santos, consideramos necesario establecer en términos analíticos unas precisiones para enmarcar y comprender la praxis política del gobierno actual. Buscamos llegar a establecer la relación entre la profundización de un modelo económico que primariza la economía y fortalece al sector financiero; para lo cual se vale de la consolidación de un bloque político en la mesa de Unidad Nacional, la cual se sustenta ideológicamente en el pragmatismo de la tercera vía. Estado – Neoliberalismo – Democracia Con posterioridad a los procesos dictatoriales en el Cono Sur, y en Colombia al Frente Nacional, se dará un proceso de apertura democrática, es su sentido burgues, en Latinoamérica. Hecho que nace de procesos de concertación – caso Colombiano – y luchas sociales, cuyo resultado será el establecimiento de la reconfiguración del modo de producción a un nuevo esquema de acumulación, en el que se desmontan las otrora garantías sociales ofrecidas por el Estado (Raeuber, 2001. Houtard, 2003). Esta reestructuración conllevó a nuevas configuraciones por parte del Estado y el sistema político – régimen político - en el que se sustenta. En primer lugar, señalemos al mercado desregularizado, como espacio neutro que garantiza la asignación de recursos, la redistribución de ingresos y la libertad individual; es la idea dominante acerca del neoliberalismo en sus aspectos político- ideológicos. Hecho que implica una separación, aparente, entre las acciones y dimensiones políticas frente a las económicas. De allí que, atendiendo a esa separación, se plantee la necesidad de minimizar la intervención estatal en el desarrollo del mercado, para así no intervenir en el equilibrio y las libertades individuales; no sobra señalar el descuido de esta concepción acerca de la relación entre economía y política, ni mucho menos la incidencia, determinante, de la producción sobre las relaciones de distribución y circulación. Hechos que harían del armónico espacio social mercado, un turbulento espacio de confrontaciones, exclusiones y acumulación de capitales más que de asignación de recursos de acuerdo a la competitividad. Sin embargo, este hecho no conlleva la anulación de la acción estatal, por el contrario, el papel del Estado en este orden de cosas, es fundamental, en la medida en que desmonta, o “libera” el espacio a la incidencia del mercado, y por tanto, el capital, así como
contribuye a dirimir conflictos que permitan el “devenir” del capital: “la solución a los problemas sociales no es exclusivamente técnica o de recursos; es sobre todo política e institucional. Tanto, o más importante que el monto de los recursos destinados a lograr las metas, es adecuar la normatividad, los marcos regulatorios, los arreglos institucionales y obtener los consensos necesarios para implementar las políticas con efectividad. (…), el éxito de las políticas públicas depende de la existencia permanente de programas de evaluación del gasto que aseguren la eficiencia, eficacia y mayor impacto de las inversiones públicas. [1]”. En segundo lugar, el Estado sigue teniendo un papel fundamental como forma de dominación de clase, es decir, sigue estando anclado a las condiciones materiales de la sociedad y con ello, su naturaleza no es neutra, y su papel en la adecuación del aparato productivo – forma de producción – es fundamental y responde a los intereses de un sector de la sociedad, la clase que le administra. Ello implica que su acción no se puede desarticular del interés objetivo de clase, representado en la actualidad, en la primacía del mercado y su desregulación por parte del Estado Colombiano, hecho tangencial en las reformas adelantadas por gobiernos anteriores y en la profundización de las mismas expresada en la agenda legislativa del gobierno Santos. Ello conlleva además la necesidad del Estado como garante del desarrollo del mercado y su papel en el control del orden social, mediante la coerción legal racional – Weber – o ilegal, es decir, paraestatal: “Un crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más productiva y más innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento. Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, que garantice que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen. Una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio, con la consolidación de la Seguridad, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la Justicia.[2]” Esta readecuación del papel del Estado, en la idea de “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”[3], parte de, a la vez que refuerza, la democracia en su acepción liberal, profundizando sus limitaciones, inherentes su carácter de clase: “(...) la democracia es más que un hecho político, (…) el mercado, bajo su forma capitalista, la redujo a la gestión de un Estado consagrado fundamentalmente al servicio de la propiedad privada, restringiéndole así un espacio de acción en los otros dominios. Democracia significa entonces multipartidismo y procesos electorales”[4] . En este aspecto debemos insistir en el carácter transaccional[5] del sistema electoral colombiano, como forma de lograr consensos entre sectores de clase y además de ello, como estrategia extra – jurídica, e ilegal, de constituir hegemonía por parte de la clase dominante y con ello mantener el poder estatal; siendo además condición de acumulación mediante la corrupción ( Estrada, 2011).
Adicional a esta restricción de la democracia al supuesto hecho de la participación fundamentalmente electoral, debemos agregar un matiz adicional, el hecho de que la democracia, o la “apertura democrática” “era (y es) necesaria para generar el consenso mínimo necesario para garantizar la implantación del modelo neoliberal y también para generar el andamiaje legal que permita contrarrestar e incluso emplear métodos violentos ante los posibles conflictos internos”[6]. Es decir, la democracia, en su manifestación actual, es funcional a la orientación económica que construye el Estado, es condición sine qua non, para legitimar dichas medidas neoliberales. Es una de las formas fundamentales de dominación y hegemonía de clase. Una última característica del Estado radica en su papel como motor ideológico, es decir, en su capacidad para legitimar y legitimarse así mismo, mediante la alienación y la manipulación semántica. Nada aclara más el carácter de clase del Estado que su relación ideológica, expresada en sus formas lingüísticas por ejemplo, con los grandes medios de comunicación. En este orden de ideas, “valores como lo justo, lo bueno, lo necesario (social), pierden sentido frente a lo competente, lo eficiente, los costos y los resultados, que a su vez se reciclan y revalorizan día a día en el mercado a través de la competencia[7]”. Este hecho, podemos reforzarlo con el papel determinante que adquiere en la actualidad el - bastante ilustrativo es ya el término – marketing político. Llegados a este punto, buscaremos desarrollar estas reflexiones a la luz del gobierno Santos. En síntesis, buscamos definir el objetivo del gobierno Santos, su carácter en términos económicos, su carácter de clase y sus planteamientos ideológicos. La Perspectiva Estratégica: De la Seguridad a la Prosperidad “Democrática” Hemos señalado como el gobierno Santos representa con respecto al gobierno Uribe una nueva etapa en tanto la necesidad por parte de la burguesía de salirle al paso a una crisis política producto de las aspiraciones y proyecciones en el poder del sector de clase representado por Uribe. Así mismo hemos delineado las implicaciones de la crisis económica en las proyecciones frente al aparato productivo nacional. Estos dos elementos constituyen el contexto en el que se entronca la presidencia de Santos. Intentaremos, por tanto, establecer la relación del proyecto de Uribe respecto al de Santos, el cual se expresa en la profundización del modelo neoliberal, el cual requiere para “insertar al país en el mercado nacional” la primarización de la economía, con un elemento adicional en el gobierno Santos, la financiarización. El gobierno Uribe trazó una ruta para la economía Nacional, el Plan Visión Colombia 20 19; en este documento plantea, grosso modo, los siguientes elementos:
La importancia central del sector educativo, entendiendo la educación como factor que aumenta la productividad, y la competitividad; ello implica la funcionalización mediantes estándares y competencias de la educación para el trabajo.
La ventaja que ofrece el País en dos aspectos, territorio y población lo que en el marco de la globalización le pone el reto de insertarse de la mejor manera al mercado “global”,
aprovechando esas dos ventajas que se convierten en atractivos para la inversión de capitales extranjeros, así como conllevan dos necesidades: ajustar el modelo productivo hacia materias primas e invertir en seguridad y consolidación estatal en el territorio nacional: “(…) es importante tener claro que Colombia sólo se beneficiará de las oportunidades de esta expansión de la economía mundial si aprovecha plenamente las condiciones, variedad y situación geográfica de su territorio, a la vez que asimila los costos que éste le genera para proveer ciertos bienes públicos como gobernabilidad y seguridad. El territorio de Colombia genera beneficios, pero también costos.”(PVC 20 19, Pp. 22).
La insistencia en que el crecimiento económico del país, implica indirectamente la redistribución del ingreso.
Toma como punto de partida la estructura de tenencia de tierra existente en el país, y la reorienta a la producción de cultivos de largo plazo para exportación. o
La necesidad de establecer una política de gestión de pobreza (Estrada, 2011), que aliviane las condiciones de extrema pobreza de un sector de la población, aquel sobre el que se focaliza la política en cuestión.
Estas perspectivas, planteadas sobre un crecimiento económico sostenido, que se vió afectado por la recesión económica; son así mismo recogidas por el gobierno actual, lo que podemos establecer en el PND aprobado durante el semestre anterior. Dicho plan, implica 4 elementos: financiarización, privatización, legitimación y en consecuencia acumulación capitalista (Salazar, 2011). Las medidas tomadas por el gobierno Santos expresan una identidad estratégica con su antecesor, la transnacionalización de la economía, y su primarización, aunque aunada a su financiarización, la cual se expresa en la apertura del mercado de tierras, por medio de la ley de restitución, para garantizar un encuadre legal al despojo, sin afectar su dinámica (Estrada, 2011). Lo anterior no es contradictorio, en la medida en que la financiarización se da anclada a la producción, pese a que su naturaleza en tanto capital, sea volátil. En términos políticos, esto traduce un peso mayor del sector financiero, y por tanto un diálogo más fluido con el mercado global, que se evidencia en las medidas para garantizar la estabilidad macroeconómica, con respecto al sector terrateniente que predominaba en la época Uribe I y II. “El gobierno de Uribe fue fundamental para avanzar en la provisión de un marco jurídico institucional favorable a la transnacionalización de la economía y el alistamiento (violento) del territorio a fin de adelantar el actual modelo de reprimarización –confianza inversionista y seguridad democrática en la retórica gubernamental que ha predominado–. El crecimiento espectacular de la inversión extranjera es un buen indicador de ello.” (Estrada, 2011). Respecto a ello, el gobierno Santos intenta profundizar ese marco jurídico para profundizar tal esquema de acumulación, hecho demostrado por la ley de sostenibilidad fiscal, primer empleo, regla fiscal y la proyección de reforma a la educación, entre otras reformas. Estas medidas, expresan a su vez, la intensificación en el esquema de acumulación, lo cual evidencia el interés objetivo perseguido por
el Gobierno, así como que el contenido de su política social es de focalización de la pobreza y gestión de riesgo. De lo anterior se desprende una evidencia de que las modificaciones adelantadas en materia de gasto, legislación y garantías de derechos son actos concretos del Estado en beneficio del capital, especialmente financiero, en el marco de los lineamientos de la agenda neoliberal en Colombia. Unidad Nacional: ¿Apertura Democrática? Un segundo elemento que debemos abordar es el de las modificaciones que ha observado la el régimen político después del desmonte del Estado liberal agendado por Álvaro Uribe para adecuar, política y económicamente al país a ese modelo de acumulación que hoy Santos profundiza. En este aspecto, es claro que la línea del gobierno opta por la consolidación del estado; lo cual pasa por la recomposición orgánica de la clase gobernante. El hecho mismo de que Santos reasuma, a nombre de la burguesía nacional “histórica”, el poder del Estado de parte de Uribe, quién sentó las bases de dicho proceso, es diagnóstico de la naturaleza del Estado, hablamos de la Unidad Nacional. Posteriormente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que las distintas facciones de clase intentasen por cuenta propia asumir el poder estatal; Juan Manuel Santos, a la postre presidente de la república, lanza la idea de la Unidad Nacional, consistente en incorporar puntos de los programas de los otrora candidatos políticos; este hecho, implicó al día de hoy, la posterior distribución de cuotas burocráticas y la formalización del pacto de clase en la mesa de unidad nacional, compuesta por los partidos políticos que componen la unidad y el gobierno nacional. Este hecho permitió el fortalecimiento de la clase dominante, así como la garantía de aprobación de la agenda legislativa neoliberal, la legitimidad del régimen, basada en su correlación de fuerzas y la ficción democrática con que se arropa, además de la gobernabilidad del país, en un contexto como el que se configuraba con la salida de Uribe luego de 8 años en el poder. Los hechos han demostrado que su objetivo no era la victoria en las elecciones, es decir el electorado, sino los líderes políticos tradicionales, y los pactistas, que son en últimas quienes agencian los procesos legislativos en el congreso. La Unidad Nacional es el proceso de recomposición de la burguesía en Colombia, es el pacto que se establece luego de ser superada la crisis orgánica que alude Santos al hablar del “Estado Fallido” (PND, 2011); y que se constituye en un contexto de acumulación iniciado por los gobiernos Uribe. Sin embargo, para el desarrollo de este proceso, como señalábamos en un inicio, es pertinente la “re – institucionalización” de la dominación burguesa, lo cual pasa por la recomposición no solamente del bloque de poder, sino también por la re- legitimación del Estado. Es decir, la vuelta a la democratización del Estado colombiano: “El régimen de Santos no es ni la negación absoluta del uribismo ni su continuidad natural. Se trata de un nuevo periodo en el desarrollo del proyecto hegemónico de la gran burguesía colombiana”. (Molano, 2011). Por tanto, representa un salto cualitativo en lo estratégico, y en lo político.
Este hecho se expresa en el privilegio de la tecnocracia en la composición de su gabinete, hecho necesario para la consolidación del proyecto económico agenciado por el Estado, y que para su realización requiere de ese bloque de poder que en su característica fundamental retrae la imagen del Frente Nacional: Un Estado fuerte como forma de dominación, pero débil como forma de canalización de las demandas sociales (Munera,). Esta re – legitimación y reinstitucionalización del Estado se hace evidente en la política internacional seguida por el actual gobierno, el restablecimiento de relaciones con Venezuela y Ecuador, así como la gira por Francia y Alemania del entonces presidente electo, buscan limpiar la fachada del Estado colombiano a nivel internacional, lograr apoyos para su ingreso a la OCDE, y establecer acuerdos comerciales en la idea de insertar al país en el “mundo globalizado”, partiendo del hecho de que el país es una nación emergente, sinónimo de mercado abierto. El proceso de la Unidad Nacional, adquiere la forma de una democracia restrictiva y restringida, por cuanto es una coalición de los partidos tradicionales y las facciones de estos; la cual cuenta con un escenario paralelo al congreso – mesa de unidad nacional – en la que se definen y discuten las iniciativas a presentar y aprobar en el congreso nacional. De lo anterior, se desprende que es la Unidad Nacional el medio por el cual la burguesía logra garantizar el avance de su planteamiento estratégico, en lo económico. Es decir, es la forma de dominación para garantizar una forma de explotación; es esta le sinergia entre estos dos elementos: “Se trata de un gabinete hecho a “imagen y semejanza” de los intereses corporativos del gran capital, de un gabinete que en lo político combina personalidades que provienen de la tradición bipartidista con aquellos tecnócratas que han emergido en las últimas décadas asociados a la gestión interna de la globalización neoliberal.”(Libreros, 2011) La Sociedad Civil En este orden de ideas, cabe preguntarnos por la forma en que la Unidad Nacional y el gobierno que dirige se relaciona con la sociedad civil; en este aspecto habrá que indicar, como señalamos al hablar de la política social, que este modelo en lo económico favorece los intereses del capital transnacional y de la burguesía nacional articulada a estos. Hecho que sugiere una primera relación, una relación de explotación. Sin embargo, en el plano político, el proceso de consolidación en que se traduce la Unidad Nacional, conlleva dos aspectos frente a la sociedad en general y a los movimientos sociales en particular:
En primer lugar, mediante estrategias legislativas – sostenibilidad fiscal, ley de seguridad ciudadana –, militares y mediáticas, se busca controlar y debilitar al movimiento social y sus reivindicaciones. En este punto podemos ubicar acciones de naturaleza represiva: ley de seguridad ciudadana, señalamientos, violaciones a los DDHH; leyes de contención a los derechos sociales: ley de sostenibilidad fiscal, que aniquila la tutela y eleva a derecho la
negación de modelos de salud, educación, vivienda etc., que garanticen efectivamente una vida digna; por último, medidas estratégicas de profundización del modelo neoliberal, como lo son el PND, la reforma a la ley 30.
Un segundo elemento lo constituye la cooptación del movimiento social, en el que juega un papel importante figuras como Angelino Garzón, Navarro Wolf, el Partido Verde por mencionar algunos. La construcción de legitimidad, la ficción de democracia, mediante “acuerdos” entre el “gobierno de la unidad” y sectores sociales, organizaciones y movilizaciones, es una estrategia que busca rodear al gobierno de apoyo y con ello garantizar el poder político.
De lo anterior, se desprende que la política de cooptacióin, persecución y neutralización del movimiento social es una de las estrategias de consolidación adelantadas desde la Unidad Nacional. Un tercer elemento, que juega un papel fundamental en esta caracterización, y justamente en esa estrategia de reinstitucionalización del Estado es la construcción de legitimidad para el gobierno, y con ello, para sus objetivos; es la adscripción a la tercera vía, adscripción que encabeza al PND. Tercera Vía: Un mismo destino Una de las necesidades que requiere la apuesta del gobierno actual, la profundización del modelo neoliberal, es la consolidación de la unidad nacional, que ya hemos caracterizado en tanto sectores políticos y en relación al movimiento social; un segundo elemento, inherente al anterior, es la fortaleza y legitimidad institucional del gobierno, es allí donde adquiere vigencia para Santos, la tercera vía; supuesta superación de la contradicción entre derecha e izquierda. La tercera vía plantea, aún en el marco del capitalismo, incluso del neoliberalismo mismo, la necesidad de llenar los vacíos del modelo de mercado autorregulado, es decir, contribuir a solventar los “daños colaterales” que en la realidad implica tal orientación de la economía. En esa lógica, vuelve sobre las reformas adelantadas desde el 91 en el marco de la apertura económica, profundizándolas, en la falsa idea de contribuir al bienestar social; además de lo anterior, una segunda característica es la gestión de riesgos al sector privada; es decir, la focalización de política pública para alivianar contradicciones y fortalecer la imagen estatal, y en segundo lugar, medidas de contención al movimiento social. En ello radica, y requiere, la fortaleza de las instituciones del Estado, y es en la práctica, una expresión más de un Estado contribuyendo al flujo del capital, recogiendo tras del mismo las vejaciones que le son inherentes, obviamente, este último hecho debe ser ideológicamente presentado de otro modo. Hechos como el cambio de lenguajes, símbolos, y formas del gobierno, hacen parte de esa campaña por re legitimar al Estado, y es un hecho que confunde a la sociedad, dándole la idea de un gobierno de cambio que en realidad representa los intereses de la población, cuando en realidad representa los intereses de su clase. Cabe señalar una redimensión en la política militar de parte del gobierno, privilegiando, bajo la idea de la inseguridad ciudadana, concentrar su estrategia militar en la inteligencia a las supuestas
”estructuras milicianas” de la insurgencia, anunciando con esto que su objetivo será la persecución del movimiento social para neutralizarlo y debilitarlo, y la cooptación de sectores sociales que puedan encontrarse en sus reivindicaciones con la insurgencia – mediante iniciativas como la ley de tierras, la cumbre por los DDHH, por ejemplo-. Este hecho demuestra que en su praxis el gobierno centra su atención en los movimientos sociales y sus reivindicaciones, sea controlándolas, neutralizándolas, o cooptándolas, como forma de solución al conflicto social y con ello a una de sus expresiones, el conflicto armado colombiano, aunque de cara a la opinión pública insiste en negarlo.Máxime en un contexto de “reingeniería de las FF AA”, es decir, de estancamiento de la estrategia militar de operaciones sostenidas en el campo; esto significa la llave de la paz que dice tener el gobierno. Esta concepción de trecera via, caracterizada además por el pragmatismo que hace, por ejemplo, de la tragedia invernal una oportunidad de despegar el sector de la construcción, se desarrolla acudiendo a la revolución pasiva, que consiste en desarrollar una suerte de doble agenda, en una lógica de zanahoria y garrote: se abre el debate público acerca de una reforma determinada, con ello se busca desgastar y neutralizar el movimiento social haciendo que concentre esfuerzos en esa medida; mientras que por otra parte, de manera silenciosa con un bajo perfil, se desarrollan y aprueban medidas estructurales para el país. Esta estrategia permite explicarnos el juego de cooptación que maneja el gobierno nacional, y un ejemplo claro de lo anterior nos lo ofrece la agenda legislativa en momentos en que se cruza una propuesta de reforma a la ley 30, el semestre pasado, y se avanza al mismo tiempo en la aprobación de la ley de sostenibilidad fiscal. Retomando lo anteriormente planteado, es el gobierno Santos un gobierno de consolidación de la clase dominante en el país, con perspectiva de agudizar un modelo económico que profundice el neoliberalismo, un gobierno cuyo sustento ideológico es la tercera vía, herramienta para dar la legitimidad y acumulación de fuerzas, y neutralizar a la oposición, de cara a sus objetivos estratégicos. No es, por tanto, tal cosa como un Uribe III, ni es tampoco el Uribismo, un sector de clase, la terrateniente, en el poder endosado por la burguesía nacional, sino un bloque político sólido, con una perspectiva mucho mayor y por tanto, un enemigo más poderoso y hábil. III. Elementos de Propuesta Ante este panorama de lo que es y representa el gobierno de Juan Manuel Santos y en especial de su proyecto de cooptación, consideramos que el movimiento social y como expresión de este, el movimiento estudiantil debe propender por:
Fortalecerse en términos organizativos y programáticos. Es por esto que resulta de gran importancia el III Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios como medio para la construcción programática del movimiento estudiantil; que permita contrarrestar al gobierno con una propuesta integral frente a la educación y que responda a los intereses del pueblo colombiano. Igualmente resulta fundamental que en el marco del Congreso se fortalezca la articulación de las distintas expresiones estudiantiles que hacen parte de la CONAP y la Marcha Patriótica, a la par que el movimiento social en conjunto debe avanzar en fortalecerse en estos dos ejes -organizativo y programático.
Consolidar su articulación a nivel nacional. De esta forma se debe encaminar el trabajo en términos de la vinculación que tienen la FEU con la CONAP y la Marcha Patriótica, con miras a fortalecer el movimiento social colombiano, buscando así que la unión de la fuerza del pueblo nos permita generar una fuerte oposición al régimen santista.
Develar la realidad del proyecto total del gobierno de Santos. Junto con el fortalecimiento del movimiento social, es deber de este evidenciar las contradicciones que se dan en el modelo de país que busca consolidar Santos a través de presentar las distintas inconformidades que persisten en el pueblo al pesar del discurso demagógico que maneja el gobierno.
Es necesario que como movimiento social nos unamos en un solo grito de protesta; que nos encontremos en nuestras reivindicaciones y avancemos en la construcción del Paro Cívico Nacional, que nos permita decir al gobierno y la clase dirigente, que el movimiento social vive, que su dignidad no se negocia; y que no se detendrá hasta construir una Nueva Colombia.