División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades Licenciatura en Derecho
Asignatura: Usos de la Tecnología en la Enseñanza del Derecho
Prof.: Josefina De la Cruz Izquierdo
Alumnos: Claudia Berenice Cornelio Hernández Jesús Felipe Flores Hernández Ever Alejandro Domínguez Eddy Joshua González León
Turno: Matutino Edificio: A
Grupo: 4 “D Aula : 17
Ciclo escolar: Febrero – Agosto 2016
Villahermosa centro, Tabasco, abril 2016
DESAPARICIÓN FORZADA Casos de desaparición forzada
Sumario: I. Introducción. II. Caso Rosendo Radilla Pacheco. III. Casos de desaparición forzada (la marina). IV. Caso Ayotzinapa. V. Desapariciones forzadas perpetradas por miembros de la policía local y Federal. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.
Introducción:
Este documento se desarrolla por la asignatura de usos de la tecnología en la enseñanza del derecho impartida en la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSYH), en la licenciatura en derecho por la profesora Josefina de la Cruz Izquierdo. En este análisis sobre el tema de desaparición forzada se toman como eje principal los casos que existen sobre este evento, dado a que estos son muy extensos los registrados ante las autoridades y aun los denunciados a un medio público pero que no llegaron ante una instancia de investigación por parte del la autoridad competente, por lo cual estaremos hablando de los casos más específicos y renombrados por di-
ferentes medios, así como en los que intervienen instituciones internacionales como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conociendo de estos casos para realizar observaciones a las autoridades locales y competentes que conocen en su momento de las denuncias interpuestas por los familiares o personas allegadas ala persona de la cual se desconoce su paradero, ubicación, estas reciben la solicitud de ayuda antes esta institución por la observación de la falta de una solución a su peti-
ción para conocer, saber, de la ubicación o el estado de la persona por la cual existe cierta denuncia.
Este organismo interviene dado a que en nuestro articulo 1 de la constitución en su primer párrafo señala que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. Así como también redacta esta misma Constitución en su artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para
su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;…. Y por ultimo señalar el artículo 133 de esta misma constitución. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebre por el Presidente de la Repú-
blica , con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión…., es por tal motivo que en la mayoría de los casos registrados su intervención se sustenta en esta máxima norma mexicana que es nuestra Constitución.
Los casos de desaparición forzada, con el paso del tiempo no se han disminuido, incrementan.
por
el
contrario,
se
Cada día son casos
nuevos, cada vez más vistosos. En la sociedad no es algo oculto, debido
que hay muchos testigos que han presenciado el momento de la captura, ya sea, porque lo vivieron, siento un familiar el capturado al que nunca más volvieron a ver, o simplemente han sido oidores de muchos casos que
comúnmente se habla en la sociedad que implican un caso de desaparición forzada,
a
jurídicamente.
como
se
le
conoce
6
En
la
desaparición
forzada
se
contempla
la
participación
de
personajes que hacen de este fenómeno algo indignante para la
sociedad, desde el primer caso hasta los actuales, no se ve con claridad debido a que no hay respuestas, son casos sin resolver; solo se puede obtener documentación, registros, a lo mucho fotos y videos que no resuelven nada y peor aún; en estos hechos es de saberse que en muchos esta la participación del estado o gobierno, muchas veces directa o indirectamente, siendo participes elementos que deberían
salvaguardar los Derechos, las personas, la vida, sin embargo no es así, claro ésta que hay encubrimiento con lo que es difícil lidiar con un sistema tan corrompido.
Casos de Desaparicion Forzada
La Desaparición forzada es un fenómeno en nuestro país a partir de los años 70 se empieza a escuchar constantemente de personas "desaparecidas" , principalmente en el Estado de Guerrero, donde los movimientos insurgentes tuvieron mucha fuerza en
esa década. Familiares y amigos de la gente que "desapareció" en esos años aún desconocen su paradero y hoy reclaman justicia. En los últimos años, a pesar del esfuerzo mundial para erradicar este tipo de prácticas y de los documentos nacionales e internacionales que se han creado, en México se sigue practicando la desaparición forzada. Bajo muchos rubros que van desde la lucha contra la guerrilla o el narcotráfico hasta la delincuencia común se tienen reportes de desapariciones. Según Amnistía Internacio-
nal en 1996 desaparecieron veinte personas y no se registró progreso alguno en la investigación de centenares de desapariciones de activistas políticos en los años anteriores. Si bien es cierto existe un programa de Presuntos Desaparecidos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ésta ha demostrado su ineficiencia para erradicar e in-
cluso para disminuir la práctica de las desapariciones. En México fue una práctica de represión implementada para combatir a grupos disidentes, volviéndose recurrente durante el periodo de la llamada “Guerra Sucia” en los años setenta. Sin embargo, fue hasta noviembre de 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexi-
cano por graves violaciones a derechos humanos durante ese periodo, asentando el primer antecedente de desaparición de personas que contó con la participación del Estado.
Veremos entonces que incluso el Mismo estado ha sido participe de dicho fenómeno, pero y la ¿justicia?, Donde están nuestros derechos, de que nos sirven las leyes que nos protegen si los propios servidores públicos están detrás de este fenómeno, si bien tenemos un código penal federal que nos dice: Artículo 215-A.. - Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.
Artículo 215-B.. - A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión. Lo que nos conlleva a una pregunta ¿Cómo podemos confiar en el estado, en las leyes del estado, si estos mismos servidores públicos son participes en esto?
Desapariciones forzadas perpetradas por miembros de la policía local y Federal En 95 casos, Human Rights Watch identificó evidencias contundentes de que miem-
bros de la policía local participaron en forma directa o indirecta en desapariciones forzadas Hablemos del caso de Israel Torres Lazarín, de 21 años, trabajaba en un centro de tratamiento destinado a drogodependientes en Gómez Palacios, Durango; que el 18 de junio del 2009 él se trasladaba junto con otros cinco compañeros de trabajo para bus-
car a un paciente cuando su automóvil fue interceptado por los propios policías municipales en Matamoros, Coahuila. Entonces Torres se comunicó por radio con el director del centro de tratamiento para informarle que el grupo había sido retenido por policías afuera de una tienda de la cadena mexicana Soriana, quienes les indicaron que se trataba de una “revisión de rutina”. Posteriormente, el director contó a la madre de Torres que cuando se comunicó nuevamente por radio con Torres tres minutos después,
la policía estaba confiscando los dispositivos de radio y los teléfonos celulares de los detenidos. El director siguió insistiendo así que intentó por tercera vez comunicarse por radio, pero no hubo respuesta. El director fue directamente al sitio y habló con varias personas que trabajan en las inmediaciones, quienes le dijeron que habían visto a policías
detener el automóvil y subir a seis personas a una camioneta con la insignia de la policía municipal. Desde entonces, se desconoce el paradero de Torres y sus cinco colegas de trabajo. Claramente podemos notar que es un caso de desaparición forzada y que la policía local, quienes están para protegernos, son los cómplices y autores de este hecho que
no debe ser tolerado por la sociedad.
Otro caso que pondremos como ejemplo fue el de David Magallón y sus 3 socios de trabajo, ellos eran comerciantes de oro, hasta que un día David a las 12:45 p.m. del 30 de septiembre, envió un mensaje de texto a su esposa donde le decía que habían sido interceptados por policías en la localidad de Cárdenas, en San Luis Potosí. Poco des-
pués, David llamó a su esposa y le dijo que él y los demás habían sido detenidos y eran trasladados a la estación de policía en Cárdenas. Luego la llamada se cortó en forma abrupta. Fue entonces Cuando su esposa intentó comunicarse, ya no tuvo respuesta. Ese fue el último contacto que todas las familias tuvieron con los cuatro hombres. Hay más evidencias que apuntan a la participación de policías en la desaparición. Otro comerciante de oro de Pajacuarán—que estaba trabajando en Cárdenas con su socio en el momento en que desaparecieron los cuatro hombres—dijo a los familiares que había visto a las víctimas cuando eran interrogadas por policías el 30 de septiembre. También señaló que él y su socio habían sido robados por policías locales el mismo día que desaparecieron los hombres. Según contó, los policías les advirtieron que no les gustaban las personas de Michoacán y les dijeron que ya no regresaran.
Los familiares de las víctimas indicaron que, si bien aportaron esta información a agentes del Ministerio Público en San Luis Potosí el 17 de noviembre de 2009, estos no adoptaron medidas para localizar a los supuestos testigos.
Hay evidencias persuasivas de que 13 desapariciones forzadas habrían sido perpetradas por policías federales, incluidos los casos de los adolescentes Roberto Iván Hernández García y Yudith Yesenia Rueda García, ambos de 17 años. Hernández y Rueda eran novios y el 11 de marzo de 2011 se encontraban en la vivienda de la abuela de Rueda, en Monterrey, Nuevo León, cuando cerca de las 9 p.m. ingresaron varios hombres armados y encapuchados que violentaron la puerta de la casa, los ocho hombres vestían uniformes que decían “Policía Federal”, según fue relatado por la abuela y la tía de Rueda, que estaban en ese momento en la vivienda, y dijeron que buscaban a alguien llamado “Piña”. Cuando la familia contestó que no había nadie con ese nombre allí, los hombres con uniformes de policía llevaron hasta la casa a un detenido que estaba esposado y lo
llevaron hasta donde estaban Hernández y Rueda. Uno de los hombres uniformados hizo un gesto señalando a Hernández y preguntó al detenido: “¿Es él?”. “No”, contestó el hombre. Entonces uno de los uniformados le dijo a otro: “Bueno, si quieres, sácalos”. Dicho eso, los presuntos policías se llevaron por la fuerza a Hernández y Rueda de la vivienda—mientras golpeaban a Hernández y jalaban del cabello a Rueda—y los subieron en automóviles que aguardaban
afuera. Según la abuela y la tía de Rueda, había dos camionetas y un tercer vehículo con la insignia de la Policía Federal esperando afuera, además de un taxi y un automóvil sin insignias. Según indicaron, ninguno de los automóviles tenía matrícula. La abuela de Rueda dijo haber visto a otros detenidos en los automóviles de la policía federal.
Una hora después de la detención arbitraria, los familiares de Hernández y Rueda acudieron a la dependencia de la policía federal en Monterrey para preguntar si estaban retenidos allí. Los policías que los atendieron les dije-
ron: “No sabemos nada al respecto. A los detenidos no los traen acá. Vayan a la policía municipal”. Podemos notar entonces la participación que tienes los policías federales con los verdaderos autores de este delito, y como la ayuda y la justicia que la familia pedía se les negó brindándole una mala atención y negligencia. Hay muchos más casos en donde las desapariciones habían ocurrido como resultado de la cooperación entre miembros de las fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada, y Human Rights Watch encontró evidencias contundentes que prueban estos hechos. Podemos decir que en México las leyes solo son letras en un papel, porque el estado ni los servidores públi-
cos nos garantizan nuestra seguridad, sino al contrario han sido participe de estos actos delictuosos.
Desaparicion Forzada
De los casos publicados En el documento que publica Huuman
Rights que se dedica a la protección de los derechos humanos de personas en todo el mundo, menciona que son casi 250 casos de desapariciones, pero que en solo 140 de estos, apuntan que las desapariciones forzadas estarían participando ya sea directamente o indi-
rectamente la colaboración de autoridades estatales, estas serian las fuerzas encargadas de la seguridad pública llámese policía municipal, estatal, federal, ejercito mexicano, etc. Estas actuarían conjuntamente con la delincuencia organizada, ya que en la mayoría de las veces
las autoridades no realizaron ninguna medida precautoria para la investigación de los sucesos. Como ya mencionamos dado a la gran variedad de casos solo trataremos los más mencionados y conocidos por cualquier medio de
comunicación. El primer caso que se conoció por su intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009, fue el del caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, caso que los familiares después de 33 años solicita a esta institución internacional que tome conocimiento y acciones ya que ellos quieren saber so-
bre el paradero del C. Rosendo Radilla Pacheco, cuya desaparición se origina el 25 de agosto de 1974, en un reten militar, y que por ultima vez fue visto en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, Rosendo Radilla es conocido en este municipio como un querido líder social, en su trabajo por la salud y educación de su pueblo, además obtuvo el cargo de presidente municipal en este mismo municipio, lo único que la familia reclama es saber sobre su paradero o la entrega de sus restos.
En este caso como podemos observar la participación de las autoridades que deben ejercer el derecho a la seguridad tienen como participación en eventos como este, es por tal motivo que por la sentencia realizada por la corte Interamericana de Derecho Humanos, marco un alto alcance en la impartición de justicia, tomando conocimiento directamente el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, esto fue el parteaguas de las reformas a la Constitución Federal en materia de derechos humanos, pasando de ser el reconocimiento de los derechos humanos por las garantías individuales que otorga nuestra constitución, pero otras reformas que se realizaron conforme a este caso fueron
en relación al código de procedimientos Federal, restricción al fuero militar, medidas administrativas a cargo del Poder Judicial de la Federación Es motivo de gran preocupación por parte de la sociedad mexicana saber que el Estado es responsable de la gran mayoría de violaciones al derecho de la integridad personal, que las autoridades encargadas de la protección en materia de seguridad sea la misma
que realiza los actos de desaparición, y que el crimen organizado tenga una participación dentro de la policía local, policía federal, ejercito mexicano
CASOS DE DESAPARICÓN FORZADA (LA MARINA)
La desaparición forzada no solo se da en México, se da en todo el mundo, es un fenómeno a nivel mundial y jurídicamente se le nombra así, ya que en
este hecho hay una serie de privaciones que llevan a ser infracciones y delitos por parte de las personas capaces de realizar estas capturas. En la página de la ONU se menciona un conjunto de principios, como una definición de lo que es o
describe cuando es una desaparición forzada y es la siguiente: se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. Entendiendo esto, queda claro los aspectos de una desaparición forzada, es así como se sabe que en estos hechos delictivos participan entes gubernamentales y en este caso nos referimos a la marina. La marina es la armada de México, su fin es la defensa del país. En las investigaciones realizadas por Human Rights Watch, se documentó una serie de casos de este tipo donde se implica la marina. En esta documentación HRW describe la
manera en que los familiares vivieron tal experiencia y como estos hechos tienen cierta
que a la vista de los lectores se dice mucho y más de quienes son los responsables de este acto y las grandes falacias que hay con ello. ¿será acaso la marina participe de estos actos?, todo apunta a que efectivamente estas fuerzas armadas encargadas de cuidar al país han hecho estas labores. En los testimonios, las personas narran una serie de cuestiones que tienen un mismo patrón que hace pensar que se trata de las mismas personas, es el caso de Laredo Tamaulipas, en el que miembros de la marina interrumpieron la paz de los hogares entrando y llevándose a jóvenes y señores de sus hogares sin explicación alguna de manera violenta y acompañados de su equipo de trabajo, es decir, su armamento, unidades y sobre todo miembros que portaban sus uniformes, según los testimonios, fotos y grabaciones que se lograron tomar. En una entrevista realizada por HRW una señora narra la noche del aquel inciden-
te donde, -estas personas- dice Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez, llegaron elementos de la marina, entrando a su hogar irrumpieron, diciendo que buscaban a unos delincuentes por un reporte hecho de lo cual no llevaban consigo ninguna orden ni nada que respaldará su actuar, estos ya adentro hicieron salir de su hogar a su esposo para realizarle unas preguntas, sin embargo, luego de las preguntas se llevaron a su esposo los elementos y fue cuando ella decidió seguirlo para confrontarlos y lo único que obtuvo fue amenazas y negación por parte del convoy que ese noche vio irse.
Lo interesante de este caso, Laredo-Tamaulipas, fue que en las siguientes horas se registras la desaparición de unos cuatro hombres más, a lo que sus familiares narran una misma manera de actuar por estas personas, un
mismo modo de operar y a esta fecha son casos que no obtuvieron respuestas, desde aquel día no supieron más. En las investigaciones realizas y la documentación existente se observan pruebas de que efectivamente los testimonios de los familiares concuerdan y algunas fotografías revelan unidades con número utilizadas por el ejército de la marina.
Debido a todo esto, a las acusaciones por parte de los familiares y testigos que pudieron captar el momento exacto, la SEMAR realizo varios comunicados en los cuales se presentan una serie de irregularidades por contradicciones que no esclarecen el hecho sino solo dejan lagunas que aun dan más credibilidad a lo que pasa y sigue pasando en el país con la participación de entes gubernamentales.
No se sabe el motivo exacto por el cual se realizaron esta serie de capturas por parte de la marina, pero es sabido que no han sido las únicas veces que han actuado de tal manera en varios estados de la república mexicana, también al poco tiempo se registraron casos que acertadamente coincidían con los casos Laredo-Tamaulipas, estos fueron en estados vecinos y en entrevista con sus familiares describen el momento y todo coincide, el mismo modo de operar.
Human Rights Watch, documenta que: Las desapariciones ocurridas el 4 y 5 de junio de 2011 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, guardan notables similitudes con otras que se produjeron
en los estados vecinos de Nuevo León y Coahuila ese mismo mes. En esos casos, hay evidencias contundentes aportadas por distintas fuentes que señalan que miembros de la Marina habrían tenido participación en los sucesos, lo cual sugiere que todas estas desapariciones podrían formar parte de un operativo regional.
Con estas afirmaciones queda claro y evidente lo ocurrido, son desapariciones forzadas que no están ocultas. Es de pensar el paradero de estos individuos que nunca más volvieron, y como la marina perpetro derechos incluso violaron su misma ética. A pocos pincelazos se plasman un poco de verdad, pero, ¿Cómo luchas con aquéllos elementos que deberían procurar el bien, deberían dar protección y seguridad? ¿Cómo?, deja un mal sabor de boca, ser conocedores de estos acontecimientos
reales, y saber la frustración por parte de los familiares, esa agonía de hambre y sed de justicia donde te matan la esperanza y solo queda vivir el día a día. La organización HRW es testigo fiel de estos actos de insensibilidad, ya que con la información que recopilan se puede tener un registro de los tiempos y fechas en los cuales ocurrieron y, que hasta el día de hoy siguen siendo un ejemplo más ya que cada vez son casos nuevos, y así, se repite la historia.
Caso Ayotzinapa Antecedente y Desarrollo de los Hechos Los estudiantes de la es-
cuela de normal ayotzinapa tenían como objetivo asistir a la conmemoración de las manifestaciones ocurridas en Tlatelolco en el 68; por lo tanto los estudiantes habían
estado
robando
combustible y secuestrando autobuses para así llevarlos a su escuela. Tras el robo de tres autobuses de
los últimos tres autobuses, los estudiantes partieron rumbo a ayotzinapa, debido a la densidad del tránsito vehicular. Esto los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF de Iguala, en el cual se celebraban los logros obtenidos bajo la dirección de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces presidente municipal José Luis Abarca Velázquez. Se dice que se planeaba lanzar en ese mismo evento la candidatura de Pineda a la alcaldía (Abarca terminaba su periodo en 2015). Alertados por el
chofer de uno de los autobuses que fueron secuestrados, la policía los comenzó a perseguir a tres cuadras de la central camionera, en un intento por impedir que la caravana se acercase al festejo. De acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense, Iñaki Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30 horas, cuando la policía logró interceptar el paso de los cuatro autobuses encaminados al norte mediante una camioneta que bloqueó su avance en la esquina de las calles
Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta, y se enfrentaron a los policías, que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él, hiriendo gravemente a Gutiérrez Solano y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo. La balacera alarmo a los estudiantes, los cuales se escondieron entre los espacios de los autobuses detenidos; otros más trataron escapar como pudieron del lugar; sin embargo la policía de iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses.
Durante el ataque varios de los estudiantes normalistas lograron comunicarse con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas, para ayudar a sus compañeros atacados en Iguala. Los estudiantes en el autobús Estrella Roja 3278 fueron alertados por celular del primer ataque ocurrido; al enfilar el vehículo hacia el lugar del incidente para auxiliar a sus compañeros atacados, el autobús quedó atascado en medio del el tránsito vehicular y localizado e interceptado por la policía. Detenido el autobús, los estudiantes fueron obligados a bajar y encañonados con armas de fuego. Confiscado el autobús sin
disparar un tiro, la policía en lugar de arrestar a los estudiantes, les permitió huir del lugar por su propio pie. El segundo convoy de estudiantes, que llegó alrededor de las 23 horas de la noche del 26, se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía, entre ellos los que bajaron del Estrella Roja 3278. Los estudiantes, acompaña-
dos por profesores, comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar a cualquier otro alumno oculto tras la balacera. Asimismo, daban entrevistas a la prensa que iba llegando por el primer ataque en contra de sus compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente y que, según testigos presenciales, disparaba ráfagas en su contra. En este ataque fallecieron dos estudiantes más; mientras que el resto huía y se ocultaba en
los cerros circundantes o en las azoteas de las casas de Iguala. Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala, en la autopista a Chilpancingo, otro grupo de policías disparó contra un autobús
que transportaba a los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. El equipo de futbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido
por la policía como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas. En este ataque perecieron tres personas.
Investigación Oficial Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías
municipales de Iguala. El 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. En ese mismo día se señaló a Abarca como el como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. Sin embargo Abarca se escudó diciendo que sus órdenes nunca fueron el atacar a los estudiantes. Después de estos hechos se intensifico la búsqueda de los estudiantes, dando con resultado el hallazgo de fosas comunes con cadáveres, que aún hoy no han sido identificados. El procurador Jesús Murillo Karam, dio un anuncio en una conferencia de prensa
en cadena nacional. Indicó que una de las personas detenidas dijeron que los estudiantes fueron asesinados después de que policías de los municipios de Iguala y Cocula los entregaran al grupo criminal «Guerreros Unidos». Sus cadáveres fueron quemados, después se depositaron los restos en bolsas y fueron arrojados en un río cercano.
El 27 de enero de 2015, la PGR notificó del avance de las investigaciones de la desaparición, aclarando que era prácticamente un hecho que el grupo Guerreros Unidos, vinculado al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había secuestrado, asesinado, incinerado y desaparecidas las cenizas en un río de los 43 normalistas.
Bibliografía
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Biblio
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UNAM:
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2012/pr/pr22.pdf
http://