Minga 1 noviembre semestre ii 2013 (issu) by Jhohan Oporto

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Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013

Medio de comunicación de CITAL Año 1, número 1, segundo semestre de 2013 Zacatecas – México

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Medio de comunicación de CITAL Año 1, número 1, segundo semestre de 2013 Zacatecas – México

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Minga, año 1, número 1, segundo semestre de 2013, es el medio de comunicación de la Comunidad de Investigación para la Transformación de América Latina (CITAL). CITAL es un colectivo de estudiantes del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El contenido de los artículos es responsabilidad del o los autores que lo firman. No compromete la posición de CITAL y sus miembros. Domicilio: Privada Carnicería 309 - 4 Interior 4, Colonia Centro, Zacatecas, Zacatecas. Número telefónico: 044 - 492 132 1577. Código postal: 98000. Representante: Jan Lust. Dirección en la web: http://comunidad-cital.blogspot.mx/ Contacto: estudios.del.desarrollo.g4@gmail.com Los créditos editoriales de este número corresponden a: Jan Lust y Jhohan Oporto. Maquetación: Jhohan Oporto. Créditos posters: pg. 23 Berni, “Manifestación” (1934); pg. 39 Fernando Vidal, “Las manos de la protesta” (2013), composición a partir de fragmentos de distintas obras de Oswaldo Guayasamín; pg. 59 Cecilio Guzmán de Rojas, “Cristo de Aymara” (1939); pg. 78 Mario Carreño, “Cortadores de cañas” (1943); pg. 96 Roberto Montenegro, “Síntesis” (1939); pg. 114 David Alfaro Siqueiros, “Nuestra imagen actual” (1947); pg. 136 Pedro Melinao, “Viajeros morales” (2010); pg. 146 Anónimo, “Lucha de mujeres mapuches” (2013). Reserva de derechos: (en trámite) ISSN: (en trámite)

Edición digital. Noviembre de 2013.

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Índice Editorial a manera de presentación [6] 1. Documentos de debate [9] El papel del intelectual en la transformación de América Latina: una propuesta de Manifiesto para CITAL Jan Lust y Jhohan Oporto [11] ¿Qué es Sociedad Civil? Mariana Alejandra García Rivas [25] 2. América Latina [41] Bolivia: Vivir Bien en América Latina: del Imperialismo al socialismo Jhohan Oporto [43] Colombia: Neoliberalismo a la colombiana o el desarrollo excluyente y precario Kyla Sankey [61] México: Extractivismo y estado neoliberal en México Francisco García González [79] México: Comunidad campesina y Sustentables” en el estado de Chiapas Reyna Catalina Pérez Alcázar [97]

“Ciudades

Rurales

Perú: Hacia una estrategia revolucionaria de desarrollo Jan Lust [115] 3. Coyuntura [137] Colombia: Y la calle volvió a hablar ¿Qué nos dijo? Diofanto Arce Tovar [139] Convocatoria al número 2, primer semestre de 2014 [147] Sobre los autores que colaboran en la Minga 1 [149]

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Editorial, a manera de presentación: En coherencia con la búsqueda de formas alternativas de pensar, hacer y vivir América Latina, a contracorriente de lo convencional dominante, resulta necesario construir medios alternativos de comunicación para socializar análisis, interpretación y explicación de nuestro presente y futuro sin olvidar nuestra historia. En tal sentido, Minga se constituye en instrumento de comunicación de la Comunidad de Investigación para la Transformación de América Latina (CITAL). Con base en la comunión de valores, sentido reflexivo y crítico y ganas por contribuir en las tareas por el cambio de nuestra realidad, la comunidad se ha organizado a partir de la iniciativa de un grupo de miembros de la cuarta generación del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. El sentido asumido por la CITAL para minga nos remite al trabajo colectivo y solidario para la consecución de un fin social. En línea con la construcción de un mundo solidario y libre de explotación y opresión, los objetivos y principios que nos guían inicialmente en esta minga por el continente y su gente, se enuncian de la siguiente manera: El objetivo general es: •

Desarrollar y divulgar la investigación social científica desde una perspectiva crítica y holística para aportar a la transformación social, económica y política de América Latina.

El objetivo general de CITAL se desdobla en los siguientes objetivos específicos: •

•

Producir y divulgar trabajos de investigación para fortalecer los procesos de transformación social, política y económica en América Latina. Conducir la investigación holística que integre teoría y práctica y supere visiones reduccionistas o esencialistas sobre el desarrollo y el cambio social. Contribuir con trabajos de investigación en eventos donde participen actores sociales y académicos

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•

comprometidos con la transformación social y económica. Apoyar a otras redes e iniciativas de investigación que tengan una orientación compatible con los objetivos de CITAL.

CITAL adopta los siguientes principios para regir el conjunto de sus actividades: •

•

Compromiso solidario con los procesos de transformación social, económica, política y cultural de América Latina. Trabajo colaborativo de investigación y divulgación en el marco del conocimiento crítico, la reciprocidad y complementariedad disciplinaria. Relacionamiento en base al respeto mutuo, la reflexión abierta, la relación dialógica, la crítica creativa y solidaria. Conducción de las investigaciones en el marco de la honestidad académica y la integridad personal.

El primer número de esta iniciativa ha sido organizado en tres secciones. La primera contiene dos trabajos y se denomina Documentos para el debate. El primer artículo consiste en una propuesta de manifiesto para los miembros de CITAL y nuestros lectores. El trabajo plantea una serie de reflexiones críticas sobre el papel del intelectual latinoamericano en el contexto actual de cambios por los que atraviesa el mundo y particularmente América Latina. El segundo trabajo contiene un análisis sobre el concepto sociedad civil y su sentido ambiguo en los ámbitos de la teoría y la política. La segunda sección ha sido denominada América Latina y contiene cinco trabajos de análisis. El primer trabajo propone a partir de la experiencia continental y boliviana del siglo XXI una reflexión sobre la construcción de la alternativa socialista de desarrollo vinculada al proyecto del Vivir Bien. El segundo trabajo concentra su análisis en Colombia y los cambios estructurales socioeconómicos de las dos últimas décadas que derivan en un modelo de acumulación excluyente y precario. El tercer trabajo analiza el papel del Estado mexicano en las actividades mineras en el periodo 1982-2010 y una aproximación actual al tema en el contexto del Pacto por México. El cuarto trabajo se ubica en México y se enfoca en la relación entre las comunidades campesinas de Chiapas y el proyecto de desarrollo local: Ciudades Rurales

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Sustentables, en el período 2006-2012. El quinto trabajo de esta sección trata la posibilidad de cambio de la estructura económica actual del Perú en los límites del desarrollo capitalista actual y la primacía del neoliberalismo. La tercera y última sección se denomina Coyuntura y contiene un artículo de la actualidad colombiana en relación a la protesta social como medio de comunicación de la inconformidad de la población respecto del modelo de desarrollo neoliberal. Para finalizar esta presentación, es importante remarcar el concepto de minga, como una tarea colectiva y solidaria, y apuntalarla como un esfuerzo consciente por la urgencia de nuestro presente. En tal sentido, consideramos que este es solo el inicio de un proceso, que tiene como mira la multiplicación, no solo de sujetos militantes del cambio, sino de construcción de pensamiento, sentimiento y acción plenos de amor por América Latina. Quizá radique ahí cierta pasión por la que puedan filtrarse desencuentros pero ¿Qué sería del cambio sin la prueba y el error apasionados de quién se empeña consciente por el cambio? De eso hablamos aquí, hoy. Un saludo fraternal latinoamericano. Los editores del Minga Nro. 1, octubre de 2013.

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1. Documentos de debate

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El papel del intelectual en la transformación de América Latina: una propuesta de manifiesto para CITAL Jan Lust y Jhohan Oporto

I. El mundo capitalista En la mayoría de los países del mundo el modo de producción dominante es capitalista. Este modo de producción se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la extracción de la plusvalía de los productores directos. La relación entre los propietarios de los medios de producción y los que solamente tienen su fuerza de trabajo por vender es además una relación de explotación también una relación de opresión y de dominación. Dominación económica, social, política e ideológica, ya que la articulación de estos elementos confiere al modo de producción capitalista un carácter de sistema de organización social (general y específico). Es decir que el modo de producción capitalista en su relación con las condiciones particulares de determinada formación social despliega un conjunto de condiciones específicas de organización y desarrollo socioeconómico en cada país del mundo sin perder su carácter general de dominación. La dominancia del modo de producción capitalista no significa que no puedan existir otros modos de producción en una sociedad. Estos modos de producción solamente pueden mantenerse porque, subsumidos a la lógica del capital, son funcionales al modo de producción dominante y a su sistema de organización social. Por eso consideramos que, en el caso de América Latina (AL), las diferentes formas de producción en países como Bolivia, Ecuador y el Perú con grandes comunidades indígenas dueñas de una cosmovisión, diferente a la occidental donde el modo de producción

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capitalista se enraizó primero, son “aceptados” porque son políticamente y económicamente útiles a la reproducción de la dominación del modo de producción capitalista. La necesidad de los capitalistas individuales de acumular capital para mantenerse a pie en la feroz competencia con otros capitalistas tiene consecuencias sobre los productores directos y la estructura política y económica mundial. En primera instancia, la necesidad de acumular capital obliga a aumentar la explotación de los productores directos, produciendo más plusvalía, absoluta y relativa. En segundo lugar, el aumento de la explotación genera problemas de la realización de la plusvalía y por consecuencia la transformación de la plusvalía en capital: las mercancías no encuentran suficiente demanda para realizar su valor. Por ello urge a los capitalistas el ampliar sus mercados y crear nuevos mercados. En tercera instancia, el hecho de que la tendencia de la tasa de ganancia tiende a bajar incentiva a los capitalistas a buscar continuamente nuevos lugares donde invertir y crear nuevas fuentes de inversión. En cuarta instancia, previendo el desdoblamiento espacio temporal, de extensión e intensidad de la organización de la producción y de los mercados, los capitalistas despliegan un conjunto de transformaciones políticas, jurídicas e ideológicas en la organización social, favorables a la producción y reproducción de la dominación del sistema capitalista también a través de la organización de la distribución y el consumo de las mercancías. La competencia entre los capitalistas individuales ha creado la necesidad de establecer una entidad que vela por los intereses de los capitalistas en conjunto: el estado capitalista. Este estado es por una parte la consecuencia de las contradicciones entre las clases y dentro de clases; entre las fracciones de las clases y, por otra parte, un instrumento en las manos de la clase dominante. Si bien es cierto que los administradores de los intereses de los capitalistas a nivel nacional, regional y también local no necesariamente son propietarios de los medios de producción, sin embargo, su papel en el proceso de la producción y reproducción del capitalismo los hace parte de esta clase social. La función del estado capitalista es asegurar la reproducción del modo de producción capitalista. Por ejemplo, las recurrentes crisis económicas causadas por la sobreproducción conllevan a que el estado capitalista busque maneras de asegurar la demanda interna de un país o trata de

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facilitar que sus capitalistas tengan la posibilidad de expandir sus mercados. Los tratados de libre comercio son otro ejemplo de mecanismos que los estados capitalistas usan para el beneficio de sus capitalistas. En el caso de los países a la periferia del sistema capitalista, es decir los países capitalistas dependientes, estos acuerdos comerciales son impuestos por el imperialismo en concordancia con los intereses de las burguesías locales. La dominancia del modo de producción capitalista conlleva a la dominación de su forma de distribución, es decir, el mercado. El mercado no es un instrumento neutral de distribución sino que es instrumento sumamente útil para la consolidación de un sistema basado en la explotación de un ser humano por otro. Dado que se intercambian mercancías, cosas, la realidad de lo que realmente se intercambia ─fuerza de trabajo─ se mistifica. En otras palabras, consideramos que el mercado y la mercancía es una “fuente” de alineación del ser humano y que se debería buscar y crear otras formas de distribución.

Vietnam, 8 de junio de 1972, Kim Phuc sería inmortalizada en una fotografía por Nick Ut después de haber sido abrazada por un ataque estadounidense con napalm. En la imagen, “Napalm”, una ilustración de Banksy sobre la famosa fotografía.

Nosotros contemplamos que el análisis del modo de producción capitalista es una herramienta clave para entender el desarrollo mundial. Lo que hoy se denomina como globalización y en el pasado imperialismo cabe dentro de este análisis. Las guerras que han surgido en el siglo pasado y en este nuevo milenio y los bloques económicos y comerciales que han emergido y siguen emergiendo, responden, en general, políticamente y económicamente, a la

Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 lógica de la necesidad de acumular capital. De ello se desprenden: la búsqueda de lugares y fuentes de inversión para los capitalistas; la defensa de los intereses económicos y políticos de los capitalistas; y, hoy en día más visible, de asegurar la apropiación y la libre disponibilidad de los recursos naturales en todo la planeta para los capitalistas. Nosotros defendemos la tesis de que los capitalistas no tienen patria. Por el hecho de que su modus operandi es el mismo en todo el mundo, consideramos que en lo fundamental no existen diferencias entre los capitalistas de enlaces económicos y políticos entre los poderosos de, por ejemplo, AL y los Estados Unidos (EU). Lo único en que se diferencian los capitalistas de estas áreas geográficas es su capitalización y el poder político, económico y militar de su país de “origen”. Nosotros vemos el imperialismo o en lenguaje moderno, globalización, no solamente como un “producto” del capitalismo en sí, y, “principalmente” promovido por los capitalistas del “Norte” sino también como “herramienta” para el beneficio de los capitalistas nacionales en países capitalistas en la periferia del sistema capitalista mundial. No consideramos a los capitalistas en los países dependientes solo como sucursales del capital transnacional sino como benefactores y cómplices, junto con su estado, de la explotación y opresión de los pueblos. Sin embargo, no cerramos nuestros ojos al hecho de que hay por un lado una relación de dominación entre los países en el “Norte” y los países capitalistas dependientes y, por otro lado, entre el capital transnacional y el capital “nacional”.

II. América Latina En tiempos de aguda crisis global, AL se ha convertido en escenario fértil para pensar y construir vías alternativas al sistema capitalista y por tanto de desarrollo. Frente a algo más de tres décadas de dominio del mercado y la globalización, sobre todo financiera, orquestada por el imperialismo estadounidense y aliados, y su programa de ajustes estructurales en la economía regional de AL, estados como Venezuela, Ecuador y Bolivia e iniciativas de bloques de integración continental como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), surgen reconstituidos políticamente por el apoyo de fuerzas sociales

http://www.flickr.com/photos/3im10/6109909733/

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http://www.infolatam.com/2011/03/21/obama-ofrecera-a-americalatina-un-trato-de-igual-a-igual-y-colaboracion-economica/

de cambio. Fuerzas de las que, a pesar de su composición heterogénea, emana al unísono el objetivo de exigir mejores condiciones de vida. Ligado a estas condiciones, el resurgimiento de la lucha antiimperialista en la primera década del siglo XXI ha supuesto para AL en su conjunto la revisión de las relaciones políticas, económicas y militares con los EU. Unos países las revisan para consolidar su vinculación con el sistema capitalista de manera frontal a la usanza de republiquetas (Perú, México) o de manera más disimulada pero sin esconder su favor a la vinculación estratégica mediada por intereses comerciales (Brasil, Chile), y otros países las revisan con la idea de ejercitar soberanía y autodeterminación nacional y regional (Venezuela, Ecuador, Bolivia) para la organización de un nuevo sistema societal y por tanto un desarrollo organizado desde y para adentro. A pesar de su efervescente vigencia, ésta última tendencia encarnada por gobiernos progresistas se enfrenta a la historia continental reciente, aquella que desde mediados del siglo XX configuró progresiva y sistemáticamente a AL como una base geopolítica afín al proyecto estratégico de desarrollo capitalista de los países del “Norte”, y particularmente de EU. Es a partir de dicha base que, desde entonces al presente, se han y están orquestándose al amparo de la dominación y opresión económica, política y militar, iniciativas contrarias a la soberanía de las naciones y a la integración regional, por tanto a la liberación de los pueblos y del continente. De la “Alianza para el progreso” a la “Alianza del Pacífico”, los intereses de EU se han dirigido a consolidar el dominio y sometimiento de los gobiernos del continente a los intereses del capital transnacional. Primero por la vía de coerción económica y política definida por las instituciones internacionales de desarrollo vinculadas al Imperio, segundo, por la vía de persuasión del uso de la fuerza por la expansión de bases militares en países aliados del continente, o, tercero, a través de golpes contra gobiernos democráticos (los más recientes, Honduras y Paraguay). En este contexto, ya por la posición a favor o contraria al Imperio, AL juega para sí y para el mundo en el presente su futuro de persistencia o cambio de su papel histórico como “patio trasero” de EU y el capital transnacional. La cuestión fundamental pasa por asumirse como fuente abundante de fuerza de trabajo (o ejercito de reserva) y depósito particular

Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 de recursos naturales: energía, materias primas y alimentos principalmente, funcionales al Imperio y su ejército de empresas transnacionales de rapiña, o asumir que tales potenciales son base e instrumento de la construcción del proyecto societal y de desarrollo alternativo. De superación del modo de producción y el sistema capitalista en sí. En tal sentido la lucha por soberanía y liberación en sentido nacional y regional no se restringe a la recuperación del mercado interno sino que supone la recuperación y ejercicio de autodeterminación sobre el territorio nacional y regional y con ello los recursos naturales y el trabajo que en él se emplazan y que fueron, al influjo de las políticas neoliberales, subastadas y apropiadas por el capital transnacional. Recuperarlas para subvertir las condiciones estructurales de inequidad y desigualdad social, de dominación y opresión entre el imperialismo del “Norte” y AL y entre el capital transnacional y el “nacional”. Consideramos a partir de lo apuntado, que esta tarea histórica requiere de implicación militante comprometida con el proceso de construcción del otro mundo posible, de la AL, de y para el pueblo latinoamericano. Para ello es necesario ejercitar una crítica social científica del proceso en dos dimensiones de nuestra realidad: i) crítica del capitalismo en su persistente forma neoliberal y su proceso de ajustes en la particularidad de condiciones continental y de sus naciones componentes; y ii) una crítica solidaria de los proyectos progresistas del continente para mantener y fortalecer la dirección histórica del cambio y la transformación social. Ambas tareas deben de abordar la realidad concreta del continente, pues solo en su comprensión profunda se encuentran las raíces para la transformación de las estructuras económicas, políticas e ideológicas que lo subsumen, dominan, oprimen y reproducen el status quo de la injusticia y la desigualdad social entre los miembros del mismo pueblo.

III. La educación en América Latina La educación, primaria, secundaria y superior, no puede considerarse ajena al modo de producción capitalista. Sería muy extraño ver que el estado capitalista permita una educación que genere las bases para su superación. Por ello y en general, los distintos niveles de la educación en el mundo capitalista son funcionales al desarrollo del mismo sistema.

http://www.militant-blog.org/?p=9426

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En tal sentido, no nos extraña que nosotros mismos seamos producto de tal sistema y que nuestro pensamiento esté infectado por su ideología. Sin embargo, no significa que seamos adherentes al sistema capitalista y/o que solamente buscamos cambios en su forma de operar, por el contrario, somos conscientes de que el capitalismo, a través de la educación, genera no solamente su propia reproducción sino también las claves y bases para su superación. Desde la introducción del neoliberalismo en AL en las décadas de 1980 y 1990, los sistemas educativos han sido reformados sucesivamente para que sean más útiles y “eficientes” a la reproducción y el desarrollo capitalista en nuestros países. Instituciones, programas curriculares, e infraestructuras educativas se han desplegado desde esta lógica hacia la generación de pensamiento único, genérico y descontextualizado de realidades concretas, desarrollo de conocimiento, habilidades, valores sintetizados en competencias dirigidas a la inserción de los sujetos al mercado laboral prefigurado por las demandas de los capitalistas nacionales y transnacionales, por tanto funcionales a la organización pro-capitalista del trabajo. El surgimiento de una gran cantidad de instituciones privadas de educación a nivel primario, secundario y universitario está íntimamente relacionado con las necesidades del capital de encontrar nuevas fuentes de inversión y validar y sostener su programa político e ideológico. En este sentido, descartamos el pretexto de los gobiernos de turno de nuestros países que no tienen suficientes recursos financieros para cubrir las necesidades educativas de la ciudadanía y, por eso, recurren a las instituciones privadas para llenar este vacío. Consideramos que tal pretexto encubre el servilismo a su condición de clase por tanto a los intereses del capital “nacional” y transnacional. En tal sentido, consideramos que de manera voluntaria y consciente ese fue y es uno de los pretextos para no incrementar el presupuesto de educación, mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje e implementar en todas las instituciones de educación pública una gestión académica que apunta al desarrollo de educadores y educandos y, por lo tanto, al desarrollo del país en servicio de la mayorías. Para las instituciones privadas de educación el educando es una fuente de ingreso y no una pieza clave para el desarrollo de la sociedad.

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IV. El papel de la universidad en la sociedad capitalista Desde su aparición en el viejo continente hace más de mil años, las funciones de la universidad: conservación, transmisión, difusión, producción y aplicación del conocimiento (métodos, técnicas, tecnologías) se han ajustado a las demandas sociales de determinados modos de producción y del desarrollo de distintas formaciones sociales. La institucionalización del carácter utilitario del conocimiento, por medio de la universidad, ha tenido desde entonces un papel económico, político e ideológico de influencia directa en la reproducción y el desarrollo de la sociedad. Sin embargo de esta caracterización básica, producto del ascenso y consolidación de la dominación del sistema capitalista en los últimos 200 años, las universidades se han constituido en instituciones de socialización de trabajo especializado y valores funcionales a la universalización de los intereses del capital, de la dominación en lo económico, político e ideológico.

Las reformas de la educación de AL en la faceta neoliberal del capitalismo, durante las últimas décadas han promovido una serie de líneas entre las que podemos señalar: i) privatización de la universidad, y con ello la competitividad entre instituciones públicas y privadas; ii)

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adecuación de los programas curriculares de las universidades públicas a las demandas de los capitalistas en oposición a las demandas sociales, en tal sentido se sobrevaloran los conocimientos, habilidades, valores de las disciplinas relacionados al funcionamiento de la empresa, en franco detrimento de las ciencias sociales y humanísticas; iii) la organización de la universidad pública se adecua a la manera de una empresa cuyo objetivo es la competitividad, y donde se extiende un nuevo léxico de “excelencia”, “eficiencia”, “evaluación continua”, “acreditación externa”; iv) conscientemente se promueve la fragmentación del proceso de producción de conocimientos, habilidades y valores, con la aspiración de profundizar la división del trabajo, entre explotadores y explotados, de opresores y oprimidos; v) en la dimensión del proceso de enseñanzaaprendizaje, se promueve la educación positivista y bancaria que restringe la reflexión sobre la pertinencia y significación de lo que se enseña y aprende, es decir que se aboga por la repetición y el pragmatismo individualista en oposición a la dialógica educador-educando-educando funcional al desarrollo de la competencia crítica y creativa; vi) al influjo de la competencia, la evaluación de los resultados de la educación pierde su carácter cualitativo dando paso a la “cifra”, así por ejemplo, una forma importante para encontrar ventaja es a través de los resultados de egresados con trabajo, o por ejemplo, otra forma de ventaja competitiva se refiere a la reducción de horas/aula o años/carrera en función del mercado y sin contar con los efectos en la demanda social; vii) el producto social de la universidad, en tanto profesional formado y conocimiento producido tiene un impacto social inversamente proporcional en la educación pública y en la privada, mientras que el producto de la universidad pública tiene un escaso impacto en la esfera social de lo público y su institucionalidad, el producto de la universidad privada tiende a una mayor articulación a la esfera de lo privado empresarial y al nivel de la “gerencia” del estado capitalista. La privatización de la educación superior ha generado una situación que ha puesto a la educación pública en segundo lugar al interior de muchos países de AL. Es decir, los egresados de las instituciones públicas son considerados en el mercado laboral como educandos de segunda categoría. Con la expansión de la “ola de acreditaciones”, la no adscripción a un sistema continental puede provocar la misma situación en la escala de países, es decir profesionales

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de tal país ocupan una segunda categoría. Aunque no estamos en contra de procesos de acreditación en sí, es decir, que las universidades se sometan a una evaluación drástica, sino que dado que estos procesos son generados por la necesidad del capital para obtener una fuerza laboral y su movilidad por el continente de acuerdo a sus intereses, rechazamos en forma general estos procesos, en la mayoría de los casos dirigidos por empresas privadas pero también ampliamente validados por las instituciones públicas inundadas por la ideología neoliberal. Otro fenómeno contemporáneo en la educación superior en AL se da a partir de los múltiples y populares rankings del sistema de universidades que se encargan de patentar las líneas apuntadas arriba en el marco del principio de competitividad, de premio y sanción por aparecer o no en la lista, “más arriba o más abajo”. Así en respuesta a los rankings y sus índices se consuman acciones institucionales de reforma no para mejorar las condiciones de la educación (investigación, interacción y extensión social, convenios interinstitucionales) sino para la reafirmación de la competitividad y la rentabilización del puesto más alto. En oposición a los síntomas de una educación superior mediada por los intereses del capital y la ideología neoliberal que lo sustenta surge la necesidad de repensar en el objetivo de la universidad latinoamericana. En tal sentido, consideramos que la vía de una pedagogía crítica nos permitiría educar a los sujetos para la vida, una vida consciente de la realidad en que se inscriba y comprometida con el cambio de condiciones para el bienestar de la comunidad. Así, la pedagogía crítica aplicada a la universidad será concebida como un proyecto político que identifique en el proceso formativo profesional las relaciones entre el conocimiento (conservación, transmisión, difusión, producción y aplicación) y los intereses del capital, su poder y su proyecto social, económico, político e ideológico. A partir de ello, la universidad se constituiría en un instrumento de formación de profesionales cuyo desarrollo en conocimientos, habilidades y valores se erija en los principios de liberación de los pueblos, apertura a la comunidad, promoción de una praxis dinámica y compleja, reflexiva y dialógica, crítica y creativa, y por tanto útil a la construcción de una organización societal y de desarrollo alternativos al sistema capitalista.

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V. El papel del intelectual en la transformación de América Latina El intelectual en la sociedad capitalista, en general, no es nada más que un obrero que hace un trabajo mental, abstracto. Las universidades son fábricas de conocimiento y “productores” de trabajadores mentales cuyos conocimientos, habilidades y valores serán puestos al servicio del capital, transnacional y “nacional”. El intelectual en la fábrica de conocimiento, aunque muchas veces es considerado como un sabio, trabaja, en general, al servicio del sistema capitalista y específicamente para sus empleadores. Éstos pueden ser los funcionarios del estado capitalista encargados de la educación o los capitalistas que se mueven en el ámbito de la educación privada. Por esta razón, existe una distancia abismal entre los intelectuales y el pueblo. Para el intelectual individualista de la sociedad capitalista el pueblo no es nada más que un objeto de estudio, un objeto posible de fragmentarse en fenómenos para descubrir las leyes en que se funda su movimiento y constitución histórica (de lucha y resistencia contra el capital, ser rearticulado a imagen, semejanza y funcionalidad del desarrollo capitalista. Tan preocupado en sus tareas de investigación, el intelectual asalariado del sistema capitalista, lleva al extremo el individualismo en su papel de educador en el proceso de formación universitaria, promoviendo que su relación con el educando no sea más que una copia de la división de clases, o sea, de una relación entre capitalista y obrero o de un latifundista y un campesino. Sabemos que este juicio sobre los intelectuales es duro y siempre hay casos que no corresponden a esta realidad. Sin embargo, en el seno de la institucionalidad capitalista, el hecho de que hasta ahora hayan intelectuales de izquierda en la educación, es una muestra de la seguridad y confianza del sistema en sí mismo. Estos intelectuales no hacen daño al sistema, sino más bien, su presencia, en el caso de la educación superior, tiene una función política e ideológica para validar el dominio del sistema, mostrando que existen opiniones divergentes pero subsumidas a las relaciones sociales del sistema capitalista. De la labor militante que vinculaba aulas con la calle en procesos de lucha por “otro mundo” durante las décadas de 1960 y 1970, en las tres décadas siguientes, bajo una máscara ideológica de autonomía de pensamiento, varios

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grupos intelectuales en AL se han acomodado progresivamente a las condiciones impuestas por el sistema capitalista. Este acomodo de ciertas facciones de la intelectualidad latinoamericana, en grupos de élite, se ha conformado en asumir la producción de conocimiento que es política, ideológica y socialmente funcional a la conservación de las relaciones de explotación, dominación y opresión del sistema. Esta intelectualidad reformista pseudo-progresista y de un añejo y delirante discurso izquierdista, además, se ha encargado de servir a los intereses del capital, regulando cual “válvulas” la reflexión de las fuerzas de cambio (del pueblo y los jóvenes intelectuales) sobre la lucha de clases y el proyecto revolucionario para nuestras naciones y nuestro continente, y de esta manera, ampliando y conteniendo en nuestros pueblos los niveles de tolerancia a la injusticia, desigualdad, pobreza, violencia, entre otras problemáticas estructurales. Nosotros proponemos la necesidad de romper con esta situación. Aunque somos conscientes de que tenemos limitaciones al estar inmersos en el contexto de una educación dirigida por las necesidades de los capitalistas, sin embargo, consideramos como deber el intento. Pensamos que el intelectual que está al lado del pueblo debe considerarse como objeto y sujeto del estudio. Es decir que, tiene que participar activamente en todos los procesos de la lucha para la transformación social. En tal sentido, no vamos a estudiar los sujetos de cambio tomando distancia, sino que nosotros mismos nos convertimos en sujetos del proceso de cambio. Estamos conscientes que en el presente y en el futuro produciremos trabajos que, en última instancia, sirvan a las necesidades del capital. Sin embargo, esta limitación no debe ser la excusa para no elaborar trabajo científico y desarrollar actividades en servicio del pueblo. Por esta razón, nos planteamos el reto de convertirnos en intelectuales del pueblo. En tal sentido, nuestro trabajo intelectual a través de la investigación busca que en la reflexión y el análisis de nuestra condición como sujetos y objetos de la historia, no solo sirva al desarrollo de nuestra individualidad, sino, se convierta en instrumento colectivo de acción transformadora de nuestra América Latina.

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¿Qué es sociedad civil? Mariana Alejandra García Rivas

Resumen En el presente documento se aborda el debate sobre ¿Qué es sociedad civil?, para ello se hace un seguimiento del término desde Aristóteles hasta autores contemporáneos que han abordado la temática. El sentido del mismo es evidenciar la mutación y/o ambigüedad del concepto no sólo en el tiempo sino bajo diversas posturas políticas y teóricas, de tal manera que no se puede hablar de una sola sociedad civil o más bien la cuestión de quienes hacen la sociedad civil. Así, la presente discusión versa sobre dos preguntas: ¿Qué es sociedad civil? y ¿Quiénes son sociedad civil?, cerrando el documento en ¿Por qué seguir usando un concepto ambiguo y genérico cuando la sociedad que participa o se resiste no lo es?

Palabras Claves: Sociedad civil, Movimientos sociales, ONG, clase social.

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Introducción Cuando se lee “sociedad civil” para la mayoría de los teóricos es confuso el concepto. Es un concepto que no se define por sí mismo, no se tiene claro a qué se refiere por sociedad civil; cada autor tiene su propio argumento al respecto y sirve a alguna corriente teórica e ideológica. La pregunta es ¿Cómo un concepto que fue elaborado en la época del iluminismo en un contexto y una lupa tan alejada de la época actual ha podido sobrevivir y sigue en uso?, y lo que es “mejor” sirve a diversos amos que pueden ser contrarios entre ellos. ¿Cómo ha podido perdurar y seguir usándose el concepto “sociedad civil” cuando no posee una definición clara y concreta? O sea, es un concepto definido, pero a la vez indefinido que muta en el tiempo y en los diversos contextos teóricos y espaciales que se aplica. De ahí que la cuestión principal del ensayo es saber ¿qué es sociedad civil? ¿Los movimientos sociales contestatarios a las prácticas capitalistas son sociedad civil? ¿O quiénes son sociedad civil? ¿Por qué seguir usando el concepto sociedad civil al ser ambiguo? La “sociedad civil”, es un concepto considerado ambiguo por la mayoría de los autores, ya que “la ambigüedad del concepto proviene de su significado mutable a lo largo del tiempo…” (Kaldor, 2005: 32). Sin embargo se utiliza en diversas visiones del desarrollo (como el desarrollo alternativo) y se ve a la sociedad civil como agente del desarrollo en aquellas líneas donde la participación social es importante para generarlo. Sin embargo hay diversos tipos de participación o movilización social y desde luego esto interfiere en la ideología o corriente teórica a la que se esté refiriendo. De ahí la importancia de abordar el tema de la sociedad civil y su vinculo con la participación para generar otros mundos y/u otros desarrollos. El presente ensayo se compone de 4 secciones: i) orígenes de “sociedad civil”, persigue el hilo de donde procede el término y concepto de sociedad civil; ii) ¿Qué es sociedad civil?, señala diversas definiciones del concepto, sobre todo se trata de contraponer las visiones de Kaldor, Veltmeyer y Houtart; iii) ¿Quiénes son la sociedad civil?, se desarrolla a partir de las visiones de Kaldor, Veltmeyer y Houtart sobre las concepciones y como a partir de ahí cambian los protagonistas de la sociedad civil; y iv) reflexiones finales.

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Orígenes de “sociedad civil” El término sociedad civil aparece como tal en la época de la Ilustración y los pensadores de entonces la definían como una “sociedad de derecho y comunidad política, un orden pacífico basado en el consentimiento implícito o explícito de los individuos, una zona de “civilidad”. La civilidad se define no sólo como sociedad de buenas maneras o sociedad educada, sino como una situación en laque se ha minimizado la violencia como manera de organizar las relaciones sociales… La sociedad civil no se diferencia del Estado, sino de las sociedades no civiles – el estado de naturaleza o imperios absolutistas- y de la guerra” (Kaldor, 2005: 20). La génesis del concepto de “sociedad civil”, como nos lo especifica Kaldor, era para diferenciar lo civilizado de lo incivilizado, un término generado en una cuna de clase dominante, aristócrata; pero “No había una distinción…entre sociedad civil y Estado” (ibíd.: 33). Sin embargo, Aristóteles, siglos atrás, habla de la polis que es el espacio donde el ser humano/individuo (zoon politikón) asociado en comunidad puede aplicar el logos para una “vida justa” y así conseguir el vivir bien y la felicidad. Esta visión de Aristóteles, puede sonar, tal vez, “romántica” o en todo caso “ideal” pero no por ello podemos omitir teóricamente la iniciación de lo que ahora llamamos “sociedad civil”. Aristóteles habla que el ser humano, en solitario, no posee una fuerza suficiente como la obtendría en la asociación de los “zoon politikón”; y más que una asociación, es una comunidad que forman estos animales políticos (polis). Animales políticos que se reúnen para defender lo “justo”, concepto que muta de acuerdo al contexto económico, político, social, cultural, jurídico, etc., de acuerdo a la construcción social que se le da al concepto. Esto nos lleva a otra polémica, que no podemos entrar sobre ¿qué es lo justo? En la época del Estado moderno la sociedad civil era “sinónimo de sociedad culta… La sociedad civil se asociaba y se caracterizaba por constituciones republicadas, era una forma de autoridad política que desplazaban las monarquías absolutistas” (ibíd.: 34). La sociedad civil se entendía como el freno hacia el poder absolutista que podía generar un Estado, por medio de instituciones y constituciones, por medio de éstas se creía que se controlaba al Estado. Pero aun así no queda claro quiénes eran los que ejercían ese control hacia el Estado. ¿Quiénes en el siglo XVII tenían el poder de

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regulador y juez hacia el ejercicio del Estado? ¿Toda la ciudadanía o alguna clase en específico? Por su parte Jonh Locke, bajo la misma línea, hace hincapié en los “derechos individuales” (libertad, propiedad privada, derecho a la felicidad, etc.), vistos como derechos humanos. El Estado debe velar por éstos derechos y respetarlos. El parlamento es el espacio donde el “pueblo” alza la voz y propone lo que quiere que el Estado haga para su “felicidad”, además, es el espacio donde se generan las leyes, que tanto los gobernantes como los gobernados tienen que respetar. Locke más que centrarse en los derechos comunales o en sociedad habla de derechos individuales, hace una diferenciación entre lo público y privado, y en lo individual y lo colectivo. Para Locke la sociedad civil se forja en el “parlamento”, es su espacio de acción política, pero volvemos a lo mismo ¿Quiénes eran el pueblo? ¿Quiénes tenían derechos? Entonces ¿Quiénes eran la sociedad civil? Para Kaldor el aporte de Locke es importante al influir su discurso en los economistas escoceses, como Adam Smith, quien rescata la “propiedad privada” como un derecho humano y que va en progreso de la “civilidad”. “…Adam Smith y Adam Ferguson, que sostenían que la llegada de la sociedad comercial creó el tipo de individuos que constituían la condición necesaria para la sociedad civil. Los mercados, las clases sociales, la ley civil y las organizaciones para el bienestar formaban parte de la sociedad civil” (ibíd.: 21). Smith veía a la sociedad civil como la base del desarrollo de una economía de mercado (ibíd.). Houtart (2003), añade, la sociedad civil, según Smith, era todo lo que estaba construido socialmente, incluyendo al mercado y el Estado. Smith entiende a la sociedad civil en el terreno de lo privado, haciendo una distinción entre lo público (Estado) y lo privado (mercado, clases sociales, familia, etc.). De ahí que Smith y por ende todos sus seguidores, vean a la sociedad civil, lo que Kaldor llama, “sociedad burguesa”. Tal vez se puede decir que en ese contexto histórico la clase burguesa, eran considerados “ciudadanos”, los que tenían derechos, voz y voto. Esa sociedad burguesa era vista como la sociedad civil, de ahí que la definición se acote más que a lo político a lo económico, definiendo a una clase social. Las “masas” no importaban ni contaban como ciudadanos, y posiblemente no eran vistos como hombres y mujeres civilizados, de ahí que no fueran parte de la “sociedad

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civilizada”; que poseían no sólo educación y buenos modales sino propiedad privada, de ahí que no requirieran derechos. Esta visión economicista también influyo a Hegel, Marx y a los pensadores del S. XIX, quienes situaban a la sociedad civil “en el centro de la vida pública, entre el Estado y la familia. Era un fenómeno histórico vinculado a la aparición del capitalismo” (Kaldor, 2005: 21). Para Marx la sociedad civil estaba integrada o representaba a la clase burguesa que dominaba al Estado para generar sus intereses particulares. Houtart señala que Marx define a la sociedad civil “como el conjunto de las relaciones sociales, condicionadas por las relaciones económicas.” (2003: 288). Por su parte Hegel hablaba de un “Estado moderno como mediador, como expresión de la reconciliación de las tensiones en la sociedad civil” (Kaldor, 2005: 35). Hegel, según señala Kaldor, veía a la sociedad civil como un punto intermedio de poder o de ejercer el poder entre el individuo y el Estado. Pero para ejercer ese poder se asociaban los individuos para ser “reguladores” del aparato del Estado. En el siglo XIX, Tocqueville habla de las “asociaciones activas” para el ejercicio de la libertad y la igualdad, dichas asociaciones las extrae de su análisis del sistema político y social en Estados Unidos. Sin embargo Kaldor apunta o direcciona el discurso de Tocqueville hacia asociaciones de “voluntarios activos” para controlar el poder del Estado. Pero, el discurso de Tocqueville, se direcciona asociaciones que hacen lo que el Estado ha dejado de hacer, lo que hoy llamamos fundaciones y ONG. Esto se clarifica en una nota a píe de página cuando Kaldor señala el discurso del francés: “Los americanos de todas las edades, de todas las condiciones, de todas las mentalidades forman asociaciones constantemente…No sólo forman asociaciones comerciales e industriales de las que todos forman parte, sino de otras mil clases: religiosas, morales, serias…se asocian para dar fiestas, fundar seminarios, construir albergues, edificar iglesias, distribuir libros, enviar misiones a las antípodas; de esa manera crean hospitales, prisiones y escuelas.” (Tocqueville 1835, citado por Kaldor, 2005: 213).

Las “asociaciones activas” de Tocqueville, hoy día se les llama fundaciones y ONG, también son parte de lo que se define actualmente sociedad civil y que en el S. XIX no eran concebidas como tal. Sin embargo hoy día en la versión neoliberal del concepto “la sociedad civil surge de la vida asociativa – un tercer sector sin ánimo de lucro y de

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voluntariado- que no sólo limita el poder del Estado, sino que realmente proporciona un sustituto a muchas de sus funciones. Así, las asociaciones de voluntarios y de beneficencia desarrollan funciones en el campo del bienestar, que el Estado ya no puede permitirse realizar.”(ibíd.: 22). Esta mirada la sociedad civil pertenece a lo privado pero su campo de acción es en lo público, genera bienes y servicios públicos. Estas ONG, fundaciones o “asociaciones activas” son creadas por la clase pudiente/dominante y operada por clases medias para los “más necesitados”. Para Antonio Gramsci la sociedad civil, según Pereyra (1988), es una organización sociopolítica, “remite a instituciones y organismos superestructurales no integrantes del aparato estatal strictu sensu...[es un] complejo institucional donde se organiza el enfrentamiento ideológico y político de las clases sociales” (Pereyra, 1988: 53). Gramsci empieza un debate de sociedad civil pero en la trinchera de lo político, donde también lo veía Aristóteles. Dejando a un lado el enfoque económico que le dieron Smith, Hegel y Marx. Gramsci ve a la sociedad civil como algo inseparable al Estado y está constituida por “instituciones que circunscriben a individuos que están destinadas a producir un consenso: es decir, los aparatos ideológicos tales como la escuela, los medios de comunicación, las instituciones religiosas, etc.” (Houtart, 2003: 288). Para Kaldor (2005), Gramsci ve que la “acción política” no es ejercida a partir de relaciones económicas, sino a partir de su “interpretación”, trayendo al centro del discurso la ideología y la cultura. Para Gramsci sociedad civil no era un concepto estático o definido en cuanto a quienes la conformaban y bajo qué objetivo y en qué forma reaccionaban. Mutaba según el tipo de relaciones dadas entre sociedad civil y sociedad política, coerción-consenso y hegemonía-dominación; que se desarrollan en una sociedad, de acuerdo a ideología y cultura que se da en un determinado territorio, que la alberga. La visión política y cultural-social de Gramsci de la sociedad civil aporta a la visión económica de Marx. Ya que lo económico no puede entenderse sin lo político y viceversa, y la acción social no puede desvincularse de lo que la influye a organizarse.

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¿Qué es sociedad civil? El término de sociedad civil no nace en una visión aristotélica, pero Aristóteles nos da perspectiva en la época contemporánea del “ideal” de lo que podría ser entendido como sociedad civil. Sin embargo el concepto, como tal, nace en la cuna “liberal” y acobijada y desarrollada más en una visión economicista que política. Es con Gramsci que se retoma la esfera política del término. Aun así la “sociedad civil” ha seguido generando debates sobre el entendimiento y/o definición de la misma. De ahí que en la época contemporánea tenemos a teóricos que siguen quitándole y añadiendo palabras a la definición, pero el término no ha mutado, siempre ha sido “sociedad civil”. Kaldor, señala que “en el caso contemporáneo, el término tiende a referirse a los movimientos sociales, asociaciones, ONG o entidades sin ánimo de lucro” (Kaldor, 2005: 38). Para Kaldor (2005) el aporte de Habermas es que el concepto de sociedad civil ha mutado dejando de ser sociedad burguesa de la línea liberal. Habermas dice que: “la sociedad civil se compone de asociaciones (estructuras comunicativas, cultura, personalidad, opinión pública), organizaciones y movimientos surgidos de forma más o menos espontánea que recogen la resonancia que las problemáticas que la sociedad encuentran en los ámbitos de la vida privada, la condensan y elevándole, por así decir, el volumen o su voz, la transmiten al espacio de la opinión pública – política.” (2001: 447).

Aunque pareciera que para Habermas el punto que le intriga de la sociedad civil es la comunicación política, lo que Aristóteles llama el “logos”. Además Habermas desliga a la sociedad civil del Estado y de lo económico. Por su parte Cohen y Arato, influenciados por el discurso de Habermas, definen a la sociedad civil: “[…] como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por formas de autoconstitución y automovilización. Se institucionaliza y generaliza mediante las leyes, especialmente los derechos objetivos, [en tanto que son producto de su intervención en su formación y

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transformación] que estabilizan la diferenciación social” (Cohen y Arato 2000:8, citado por García, 2001: 243). Para Cohen y Arato lo que provoca la constitución de la sociedad civil son las utopías, de ahí que vean a los movimientos sociales, o más que los movimientos en sí, la acción colectiva como aquella fuerza capaz de generar nuevas realidades. Piensan a la sociedad civil como “un espacio público independiente del Estado y la economía donde se produzcan y reproduzcan los discursos, y que funcione como su principal crítico, regular y observador.” (García, 2001: 243). Para ellos la sociedad civil debe ser autónoma pero no por eso podemos verla como una isla cuando las dinámicas del Estado, el mercado, lo cultural, lo social…, la afecta y la lleva a ser desmovilizada o movilizada. En la definición de Cohen y Arato, integran "la familia" al concepto de sociedad civil, donde, la movilización o la acción colectiva, deja de ser un espacio y tiempo propio de lo masculino y entra no sólo la mujer sino los demás integrantes de la familia sin importar las brechas generacionales. Dando entrada a la explicación de lo que se conocen como los “nuevos movimientos sociales”, que han dejado de ser sindicales para ser conformado por diversos sectores, grupos y clases de la sociedad. Por su parte, Kaldor, define a la sociedad civil "como el medio a través del que se negocian y reproducen uno o muchos contratos sociales entre individuos, tanto hombres como mujeres, y los centros políticos y económicos de poder... [el] contrato social... [es] un resultado institucional surgido del acuerdo...pero no sólo implica negociación, sino también la existencia de un diálogo público..." (2005: 66-67), aclara que el contrato social más que una forma legal es un contrato en términos políticos. Para la mayoría de los autores la concepción de la sociedad civil está mediada o vinculada con un “espacio” determinado por un tiempo (contexto). Sin embargo para Kaldor la sociedad civil es un “medio” de negociación, un medio que está vinculado con lo político y económico. El discurso de Kaldor está guiado por una visión de la sociedad civil como un ente regulador del Estado -influenciada por la visión de de Locke y Hegel, pero con una visión y discurso contemporáneo- viéndolo como una forma de autoridad política y ella cree importante desterrar ésta “fuerza política” del espacio-territorio para poderlo globalizar. Sin embargo no es necesario, el planeta tierra también es un territorio.

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Sacar o desterrar a una sociedad civil de un territorio es como quitarle el alma, la identidad. El territorio, aunque nos límite, es importante. Porque pone apellido, da pistas para entender el por qué de una acción/movilización. La acción colectiva tiene raíces, historia y está arraigada en cada uno de esos individuos que la conforman. Pero que están enraizados en un territorio, que es el espacio donde nacen utopías, identidades, ideologías, creencias, etc. Aspectos que pueden sonar insignificantes en la acción colectiva y en la fuerza (política, económica, social) que pueden generar; pero que determinan la cohesión, operatividad, y logos de movilizaciones, asociaciones, agrupaciones, etc. Houtart, por su lado, define a la sociedad civil como “el escenario de las luchas sociales y, por tanto, de la definición de las finalidades colectivas” (2003: 288). La definición de Houtart (2003) está vinculada a una visión marxista del término, para él es importante la implicación de las relaciones sociales tanto en lo económico como lo político para poder entender la conformación de la sociedad civil. Veltmeyer, señala “Más en general, la sociedad civil incluye a todo tipo de organizaciones sociales que se encuentran entre la familia y el Estado, un aparato compuesto por un conjunto de instituciones, tales como los gobiernos, el poder judicial, el poder legislativo, las fuerzas armadas y cualquier otra institución utilizada para proyectar el poder, para determinar quién obtiene qué en la sociedad ("la asignación autorizada de los recursos productivos de la sociedad ")” (2008:230). Esta definición nace a partir de un análisis global que hace de las diferentes visiones que identifica de la sociedad civil. La definición, puntualiza una cohesión social organizada, encuentro de fuerzas de poder y la negociación. Además de estar influenciada por el Marxismo (MarxGramsci). Para Veltmeyer la sociedad civil se mueve en el espacio público, sin embargo para el autor el concepto de sociedad civil es ambiguo y difícil de conciliar entre las diversas posturas. De ahí a que invite a que cada persona que use el término lo defina, o más que definir, señale claramente el grupo, clase o sector social al que se refieren.

¿Quiénes son la sociedad civil? Al tener diversas definiciones de “sociedad civil”, donde en todas se enmarcan diversas características e influencias

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teóricas. Es importante identificar quiénes son la sociedad civil. En el inicio del concepto la sociedad civil era representada por la sociedad burguesa. Ahora en una época globalizada los rostros de la sociedad civil se hacen diferentes ante las diversas demandas/objetivos/metas que tienen. Incluso se diferencian entre estas organizaciones. Veltmeyer, señala que la definición del concepto de sociedad civil no es el único problema sino también identificar los tipos de organización que la integran. Señala que toma cuatro formas fundamentales: “i) asociaciones o asociativas (Compartiendo un objetivo organizacional), ii) las comunidades o de base comunitaria (unidas por vínculos sociales y una cultura de la solidaridad, un sentimiento compartido de pertenencia), iii) basados en clases organizaciones (definida por una búsqueda del interés de clase o poder político), y iv) redes (informales o relaciones formales, sociales horizontales en forma)” (Veltmeyer, 2008: 230).

Mientras que para Kaldor (2005), la sociedad civil está compuesta por: i) los nuevos y viejos movimientos sociales; ii) ONG´s (que son de diversos tipos: ONG del norte (relaciones globales), ONG del sur (arraigadas al entorno local), ONG abogacía (brindan servicios como intermediarios frente a un problema político o económico), ONG prestación de servicios (brinda asistencia social), ONG solidaria (expresar solidaridad frente a grupos vulnerables), ONG ayuda mutua (beneficio mutuo de los miembros)); iii) redes cívicas; iv) nuevos movimientos nacionalistas; y v) nuevo movimiento anticapitalista. Houtart habla de tres orientaciones que ha tomado el concepto de sociedad civil y es a partir de ahí que logra desmarañar las diversas agrupaciones que refieren a la sociedad civil de acuerdo a diferentes orientaciones. Por un lado la concepción burguesa que ve a la sociedad civil como “desarrollo de las potencialidades del individuo y, en consecuencia, es el espacio para el ejercicio de las libertades…” (Houtart, 2003: 288-289). Para el autor es importante señalar que esta postura hace de la sociedad civil un instrumento para beneficiar y proteger sus intereses. Guiado con la idea de Gramsci de los aparatos ideológicos, Houtart señala que el impulsor de esta sociedad civil son las empresas y los intereses privados, que a su vez dominan al Estado. Tal como lo señala Marx. Para él las organizaciones

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que conforman la sociedad civil son los aparatos ideológicos y las organizaciones voluntarias dirigidas a la caridad. Al respecto Kaldor también hace una caracterización de los diversos enfoques que toma a la sociedad civil como bandera. Bajo la línea burguesa que plantea Houtart ella señala la concepción de Marx de la sociedad civil. Pero su argumento no está profundizado, como lo hace Houtart, que logra fusionar la visión de Marx con la de Gramsci. Por su parte Veltmeyer habla de una visión de la sociedad civil como “proyecto de cooperación internacional para el desarrollo…”, que es lo más acercado a lo que plantea Houtart, aunque éste último se centra en la empresa que ayuda a potencializar o empoderar al individuo para beneficio de una clase. Sin embargo, Veltmeyer ve como el generador de esto a los organismos internacionales (BM, FMI, ONU) y el objetivo de empoderamiento es que sirvan de agentes del proyecto de desarrollo de esas instituciones y desde luego de las clases dominantes que las mantienen. La segunda concepción que pesca Houtart, es la “ingenua”, “la sociedad civil está compuesta por organizaciones generadas por grupos sociales, generalmente frágiles, dentro de las sociedades actuales, tales como las ONG´. Es una especie de tercer sector, paralelo al Estado, autónomo y susceptible de jugar el rol de contrapeso. En pocas palabras, se trata de la organización de los ciudadanos y de todos aquellos que deseen el bien y que pretenden cambiar las cosas en este mundo de injusticias.” (Houtart, 2003: 290). Bajo esta misma línea de tercer sector que sirve de contrapeso al Estado injusto o neoliberal, Kaldor le llama “versión neoliberal”, mientras que Veltmeyer la concibe “liberal”. Los tres autores se refieren a lo mismo, bajo sus diferentes lentes. Esta concepción permite que dichas organizaciones sociales hagan denuncias o generen los bienes y/o servicios que el Estado ha dejado de proporcionar. Pero no constituyen un cambio en la dinámica, que les permita resolver sus demandas y problemáticas de raíz. De alguna manera solapan al Estado neoliberal y a la sociedad burguesa. Se vuelven en paliativo por la falta de conciencia de clase, y a la par sirven de carnada para ser los intermediarios entre las agencias del proyecto de desarrollo y los grupos/sociedades vulnerables. La tercera concepción de Houtart, es la “analítica y popular de la sociedad civil”:

Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 “la palabra analítica significa, en este caso, una lectura de la sociedad civil en términos de relaciones sociales, lo que de por sí ya constituye un acto político…esta concepción reconoce que la sociedad es el lugar donde se construyen las desigualdades sociales y que existen en su seno instituciones y organizaciones que representan intereses de clases divergentes… [Existe] una sociedad civil de abajo, la cual es expresión de los grupos sociales desfavorecidos u oprimidos, que se van dando cuenta de ello poco a poco y descubren las causas de su situación” (2003: 291-292).

Bajo la misma lupa es lo que Veltmeyer denomina como una visión “sociológica de la relación Estado-sociedad y las ideas de Antonio Gramsci”. Que encierra una visión radical y contra-hegemónica. Ve la sociedad Civil como “diversas formas de resistencia popular a las políticas gubernamentales…” (Veltmeyer, 2008:229). Mientras Kaldor (2005) bajo esta dirección pero con un lente borroso, habla de “la versión activista”. La dificultad en el concepto de Kaldor es que no sólo mete a ese saco a los movimientos sociales radicales sino también a ONG´s. Organizaciones que son radicales discursivamente y en el espacio de las ONG, pero buscan reformar el sistema actual; que sería el lado del concepto que choca con lo propuesto por Veltmeyer y Houtart. Kaldor (2005) propone dos visiones más de la sociedad civil: i) “societas civils”, que es la versión original del concepto, donde no hay una diferenciación entre el Estado y se ve como “sociedad de derecho y comunidad política, un orden pacifico… una zona de ‘civilidad’” (2005: 20); y ii) la versión posmoderna, donde se le crítica al concepto de eurocéntrico y señalan las identidades como condición previa de la sociedad civil.

Reflexiones finales El problema del concepto de sociedad civil posee distintas vertientes o mejor dicho, posee diversas raíces y fines de acuerdo a la concepción en la que se maneja. Esto complica la definición del concepto y de ahí su ambigüedad. Pero sobre todo, es impresionante, como para las posturas teóricas y disciplinarias siempre ha sido importante la diferenciación de “sus” conceptos, ya fuera cambiándoles de nombre o añadiendo y quitando palabras a los términos. Sin embargo en el concepto de sociedad civil, no ha ocurrido eso, ¿por

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qué? Aún cuando en cada posicionamiento la definición o concepción muta. No sólo cambia en el tiempo, sino en diversos espacios que se dan en un mismo tiempo. Al inicio de la concepción de la sociedad civil se ve como una diferenciación entre lo civilizado y lo incivilizado y para Kaldor es importante destacar lo “incivilizado” como la guerra y lo “civilizado” en un entorno de paz. Pero lo “civilizado” y lo “incivilizado” también hace una escala en la diferenciación de clase y de raza, e incluso permite etiquetar el “ambiente” en el que se pueda dar la confrontación de las “demandas” que pueda tener la sociedad civil, desacreditando movilizaciones y/o luchas sociales. Es ahí cuando se cuestiona el origen de ese primer entendimiento de sociedad civil y que sigue influyendo en las visiones liberales (Veltmeyer, 2008) y sociedad burguesa (Houtart, 2003). Esa sociedad burguesa ha sido vista como la sociedad civil, bajo esas concepciones, y de ahí que sea una definición dada a partir de relaciones de poder económico, definiendo a las clases sociales pudientes/dominantes. Mientras que los politólogos, sociólogos y filósofos, recurren más a la visión no sólo de Gramsci sino de Aristóteles (aunque no lo mencionen), polis. Una visión que se mueve en la esfera política –algunos autores la fusionan con la económica- implicando las relaciones de poder que se dan en un espacio y contexto determinado. La sociedad civil no es sólo una clase social, sino que son las clases, grupos, etc. sociales. Que se cohesionan y se confrontan por el logos (en sus distintas versiones) en el espacio de lo público, para poder mitigar o radicalizar su realidad. Como se ha visto para los autores la sociedad civil se mueve entre el Estado y la sociedad (en sus diferentes dimensiones), entre el Estado y el mercado, entre El Estado y la familia, lo público y privado. Pero no hay una sola receta ni una sola definición de sociedad civil. Esa gran diversidad de definiciones del concepto y sus ambigüedades no sólo deviene de diferentes concepciones o visiones, sino que responde al desarrollo en diversas disciplinas como: la ciencia política, derecho, economía, filosofía política, sociología, otras, y también responde al manoseo de diversas corrientes ideológicas y de clase. Incluso, dentro de los estudios y críticas del desarrollo, se toma el concepto para explicar la “participación social” que requieren algunas perspectivas del desarrollo: desarrollo local, desarrollo comunitario, ecodesarrollo, desarrollo rural,

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desarrollo alternativo, etc. Es difícil conceptualizar y reconceptualizar un término que ha sido muy “manoseado” por diferentes tiempos y espacios. Y la finalidad del concepto es que se defina por sí mismo y no que sea indeterminado e inconsistente. ¿Por qué seguirlo usando para señalar una visión especifica cuando su definición es todo y nada? ¿Por qué no definir un concepto general que sea capaz de articular sus diferentes variaciones y empezar a institucionalizar las distintas caras que puede tener la sociedad civil? Desde las posturas radicales del desarrollo, que abogan por un postcapitalismo o socialismo del S. XXI, se tendría que dejar de usar sociedad civil y conformar otro que haga diferenciación del concepto. Recordando, que para Marx, la sociedad civil es algo propio al capitalismo, no tendría cabida éste concepto en una sociedad postcapitalista. De alguna manera, sociedad civil para Marx implica propiedad privada, individualismo. Sí retomamos lo colectivo y la comunidad, tendríamos que hablar de otro tipo de sociedad que no puede ser equiparable o sinónimo de sociedad civil, con todo y los aportes contemporáneos que ha sufrido el término. Tendríamos que estar hablando de una sociedad generada en el desarrollo humano y la democracia participativa que entiende Marx. Y que de alguna manera, aunque con sus versiones y particularidades propias, la están tratando de desarrollar los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y, con sus críticas respectivas, Cuba.

Bibliografía García, Verónica (2001), “Reseña de ‘Sociedad civil y teoría política’ de Jean Cohen y Andrew Arato”, Signos filosóficos, México DF, núm. 005. Habermas, Jürgen (2001), Facticidad y validez, Madrid, Trotta. Houtart, François (2003), “La dimensión social”, en Samir Amin y François Houtart (eds.), Globalización de las resistencias. El estado de las luchas 2003, Barcelona, Icaria/Antrazyt/Caritas española. Kaldor, Mary (2005), La sociedad Civil global. Una respuesta a la guerra, Barcelona, Tusquets Editores. Pereyra, Carlos (1988), “Gramsci: Estado y sociedad civil”, en Cuadernos políticos, México D.F, 1988, núm. 54/55. Veltmeyer, Henry (2008), “Civil Society and Local Development”, en INTERAÇÕES, Campo Grande, v. 9, n. 2.

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2. América Latina

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Bolivia: Vivir Bien en América Latina: del imperialismo al socialismo Jhohan Oporto

Resumen Ante el crónico suceder de crisis y rearticulaciones del proyecto imperialista de desarrollo capitalista a nivel global, la reconstitución del valor de la cultura de la vida surge como una necesidad que se extiende desde los eslabones más débiles de la cadena de opresión en las comunidades y la lucha revolucionaria en el campo y las ciudades, al sur del continente americano. La denominada experiencia “postneoliberal” de América Latina, en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia afianza la búsqueda de alternativas de desarrollo fuera del capitalismo. En tal marco, el transitar de la retórica revolucionaria hacia la construcción viable de un horizonte societal alternativo aparece ligado a una agencia colectiva en las escalas nacional y continental. Se trataría entonces de un proceso de resignificación del sentido complejo y multidimensional del desarrollo soportado en el aprovechamiento racional de los potenciales sociales y naturales del continente. Así, la integración de cosmovisiones comunitarias y revolucionarias se direccionaría hacia la construcción de una nueva sociedad del Vivir Bien, donde la convivencia humana se despliegue en la relación solidaria entre los seres humanos y en simbiosis con la naturaleza, en condiciones de plena igualdad y libertad.

Palabras Clave: Desarrollo, imperialismo, revolución cultural, socialismo, Vivir Bien.

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Introducción Durante las últimas cuatro décadas, el sistema capitalista se ha desarrollado bajo los principios del libre mercado y la globalización financiera. La actual crisis socioeconómica mundial pone en evidencia no solo las limitaciones del neoliberalismo como proyecto de desarrollo capitalista sino la crisis sistémica del capitalismo mismo, en tanto modo de producción y de organización de relaciones en las sociedades contemporáneas alrededor del mundo. El profundo resquebrajamiento de las políticas neoliberales por fuerzas de cambio social en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia ha establecido a América Latina (AL) como escenario/proceso de debate y construcción de alternativas societales y de desarrollo. En la misma dirección, bloques de integración como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Comité de Estado Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), o la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) entre otros, se encuentran perfilando proyectos de rearticulación de relaciones entre el continente y el resto del mundo. Del hartazgo social frente a la política-partidaria y a la institucionalidad estatal democrática-burguesa reducida a instrumento de validación de políticas de desarrollo diseñadas por organismos internacionales y países como Estados Unidos para el beneficio del capitalismo transnacional y local, y con el objetivo de exigir mejores condiciones de vida, en Bolivia (2003) surge una agenda política de base popular que propone la recuperación de soberanía y autodeterminación política y económica. En lo inmediato, autodeterminación sobre el control de los recursos naturales y la distribución de la riqueza, y ligado a ello la asunción por el colectivo social de la necesidad de construir un sistema social alternativo al capitalista, que promueva la igualdad, la equidad y la ampliación democrática participativa de sectores indígenas campesinos históricamente excluidos. Establecida sobre estas líneas, la Nueva Constitución Política de Bolivia (2009) propone el Vivir Bien como el proyecto de horizonte civilizatorio a construir. En tal proceso, se concibe al Estado Plurinacional como actor central en la transformación social mediante la ejecución de políticas de descolonización del sistema jurídico-político, de las relaciones

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económicas y productivas, de la organización institucional y social, así como del sistema ideológico y cultural. En este escenario/proceso, se pueden advertir tres debates sobre el del proceso de cambio boliviano: i) en lo político, las vías indianista-katarista y socialista, si bien difieren en sus planteamientos conceptuales, tienen como común denominador la construcción post-capitalista de desarrollo participativo y democrático plural; ii) en lo geopolítico, el tema de la integración regional para viabilizar la alternativa post-capitalista por la vía socialista; y iii) en lo económico, la explotación e industrialización de recursos naturales (“nuevo-extractivismo”) y su implicaciones en lo socioeconómico y ambiental. En este marco contextual, el objetivo del siguiente escrito es el de caracterizar brevemente el escenario/proceso por el cual transita la construcción del denominado “socialismo del siglo XXI” como alternativa post-capitalista y el Vivir Bien en Bolivia y AL. La exposición del texto se organiza en cuatro partes. En la primera se realiza una caracterización del imperialismo y las crisis del capitalismo contemporáneo como destrucción creativa y de la posibilidad de generar alternativas en su interior. En la segunda, se caracterizan las vías para construir la propuesta alternativa del Vivir Bien en Bolivia: el “nuevo desarrollo” y el socialismo del siglo XXI. La tercera parte analiza varios tópicos prácticos y considerados necesarios para viabilizar la alternativa post-capitalista: la revolución cultural, la integración regional y la vía del extractivismo como proceso práctico de acumulación de recursos en las escalas nacional y continental. La cuarta y última parte presenta una serie de reflexiones finales a manera de conclusiones.

1. Imperialismo y Crisis La etapa actual de desarrollo del sistema capitalista, denominada por David Harvey (2004) como “nuevo imperialismo” (NI), resulta del proceso de transición del sistema liberal de Bretton Woods (1944) hacia el “nuevo orden mundial” implementado por la contrarevolución neoclásica de reestructuración del capital por las crisis de producción, de deuda y fiscal de la década de 1970. Este imperialismo contemporáneo se asocia directamente con Estados Unidos y sus intentos de imponer su voluntad sobre el mundo. Apoyado por países aliados,

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instituciones internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otras, y la articulación de su clase capitalista dominante con el capital transnacional, el NI estadounidense se basa en el diseño y ejecución de diversas estrategias políticas, económicas, culturales e ideológicas, respaldadas por su fuerza militar hábilmente dispuesta por todo el mundo en el periodo de posguerra. En el “nuevo orden mundial” proyectado por el imperialismo contemporáneo, el capitalismo de estado ha sido reemplazado por el capitalismo del mercado libre y la ideología neoliberal que lo soporta. Con la venia del proceso de neoliberalización mundial iniciado en la década de 1970, el agente principal Estado de bienestar social se repliega progresivamente de sus funciones de responsable del desarrollo. Este papel es reasignado a las “fuerzas libres” o de libre iniciativa: mercados, sector privado, sociedad civil, Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), instituciones de cooperación internacional, entre otras. En el proceso mundial de consolidación de la economía del mercado, el estado neoliberal se establece a sí como agente funcional, en lo jurídico e ideológico, a las intervenciones y restricciones regulatorias a favor de la economía de mercado (Petras, 2011), en sus sectores productivo y financiero principalmente y la relación entre las escalas nacional y transnacional. Crisis y Gran crisis Una de las características esenciales del capitalismo en el marco del NI, según Harvey, es su capacidad de ajuste ante las crisis de sobreproducción mediante el desdoblamiento espacio-temporal. Esto es su desplazamiento por el mundo en la búsqueda de ganancias en el corto plazo, reestructurando la relación capital-trabajo, innovando la tecnología, generando una nueva división internacional del trabajo, en síntesis extendiendo e intensificando la producción. Sin embargo, según Veltmeyer (2010), esta propensión natural de la estructura económica y política del capitalismo a las crisis de producción, numerosas y de corta duración en las últimas cuatro décadas posteriores a la “Era de Oro del capitalismo”, manifiestan una tendencia al estancamiento en el presente. De las tres estrategias de reestructuración del sistema para evitar el estancamiento en este periodo: i)

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reestructuración neoliberal; ii) globalización; y iii) financiarización; fue la última la que se encargó de compensar con sus ganancias la crisis de producción y ventas de fines de los 90’s (comparable con la Gran Depresión). Este cambio de la dinámica del capital, de la industria y la agricultura (sector productivo) hacia el sector financiero (sector especulativo), para mantener y aumentar las tasas de ganancia, generó una brecha profunda entre la economía real estancada y la economía financiera inflada en 2008. Esta crisis del sistema capitalista en su forma neoliberal se expande más allá el ámbito de lo geográfico mundial, de su epicentro geopolítico en Europa, Estados Unidos y Japón, o el ámbito económico financiero. Por su amenaza compleja y multidimensional a la existencia misma de la humanidad es una Gran crisis civilizatoria (Bartra, 2009a): i) económica y financiera; ii) medio ambiental; iii) energética; iv) alimentaria; v) migratoria; vi) bélica; vii) ética; y viii) política, entre otras.

2. Vivir Bien: como horizonte epocal post-colonial y post-capitalista En este contexto de crisis e incertidumbre para la vida, por un lado, la clase capitalista se empeña en buscar reformas funcionales al sistema que le permitan romper con su estancamiento y seguir reproduciendo su modelo de acumulación, de desarrollo; por otro lado y al mismo tiempo, la Gran crisis civilizatoria emplaza a toda la humanidad relegada a buscar salidas a los problemas coyunturales por caminos que paulatinamente la saquen del sistema (Bartra, 2009b) y conduzcan a la construcción de un nuevo horizonte epocal alternativo, post-capitalista. “Nuevo desarrollo” como reformismo imperialista En la lógica neoliberal de desarrollo sintetizada en el Consenso de Washington (1989), durante la década de 1980 y 1990 la transformación productiva y social del capitalismo profundizó la desigualdad, la polarización social y las crisis (Gills, 2011). En este marco, de no-crecimiento económico, pobreza, desempleo, y frente al resurgimiento amenazante de fuerzas de resistencia social que cuestionan el modelo y desestabilizan el estado neoliberal y su gobernabilidad, surge la necesidad de buscar “otro desarrollo”. Como respuesta a

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esta situación, el “Post-Consenso de Washington” define la necesidad de “traer de regreso al Estado” y de establecer un mejor balance entre Estado y Mercado por la vía de un nueva política social que garantice que las políticas pro-crecimiento de los gobiernos sean “pro-pobres”. Se trata de generar un neoliberalismo más inclusivo en términos sociales, de la “humanización del capitalismo”. Para ello se propone que el Estado se encargue de dotar condiciones de educación, salud, infraestructura y servicios a los pobres. Dicha inversión en capital social, se direcciona a que los nuevos sujetos empoderados puedan actuar por sí mismos y así conseguir su desarrollo, de convertir sus organizaciones base, con sus capacidades potenciales propias, en agencia fundamental de su desarrollo. Este “nuevo desarrollo” descentralizado y de abajo hacia arriba, aparece con múltiples facetas y acentos en ámbitos sociales y territoriales: desarrollo alternativo, desarrollo local, desarrollo comunitario, desarrollo sustentable, modos de vida, entre otros. Además promueve: la participación democrática, la libertad individual, las políticas y gestión adecuadas para el cambio progresivo de la inequidad y la exclusión, la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. En el caso de AL, bajo la etiqueta de “postneoliberales”, varios Estados con tendencias de centroizquierda (Brasil, Argentina) han asumido la vía de un “nuevo desarrollo” que se sostiene en estrategias proteccionistas del capital privado nacional y transnacional, así como la integración intracontinental de mercados como el Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para mejorar la capacidad competitiva de la zona. Este “nuevo desarrollo” pretende revertir las consecuencias del libre-comercio mediante un “capitalismo regulado” y se propone así mismo como una etapa necesaria en la construcción del socialismo. A pesar de las dinámicas sociales de las últimas décadas por mejores condiciones de vida y contra la condiciones aceleradas de deterioro ambiental, el reformismo de la institucionalidad neoliberal, que articula el NI con el Estado regulador bajo la lógica del “neo-desarrollismo dependiente”, consolida los reajustes estructurales del capitalismo y su lógica de competencia mercantil, explotación productiva y ampliación del márgenes de beneficios de los monopolios y oligopolios transnacionales en AL.

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Tendencias emancipatorias históricas y socialismo del siglo XXI

Mariategui es la expresión síntesis del pensamiento integrador del problema del indio y la lucha por el socialismo en América Latina

Esta humanización del capitalismo promovida por el NI vinculado con los Estados, instituciones de cooperación internacional, capital transnacional, sin embargo, tiene en países “post-neoliberales” como Ecuador, Venezuela y Bolivia –principalmente los últimos– una contrapropuesta de mayor radicalidad a la hora de perfilar un horizonte nuevo de vida. La construcción del “socialismo del siglo XXI”, aún con diferencias ideológicas entre países, en el escenario de crisis sistémica estructural contiene el potencial para la creación colectiva de un nuevo proyecto de sociedad y de desarrollo, alternativo al capitalismo, para la concreción de una sociedad plenamente humana, una sociedad de iguales que conduzca a un “nuevo mundo de justicia, dignidad e igualdad” (Veltmeyer, 2010). La viabilidad de este nuevo sistema social se basa en una forma de “nacionalismo de Estado” ligado a la acción política colectiva local y continental con referencias en las dinámicas sociales-comunitarias y culturales internas de los pueblos indígenas-campesinos que comparten una historia de subyugación colonial e imperialista. En tal sentido, el valor de la praxis de la solidaridad social aparece como la base prioritaria del proyecto de vida de los pueblos, “desde abajo”, para la integración regional y de frente al colonialismo interno y el NI. La acción política popular, campesina, indígena y obrera contemporánea tiene en América Latina un largo ascendente de lucha física e intelectual en la historia colonial e imperialista. Según Katz (2006), en América Latina se pueden visualizar dos tradiciones históricas antiimperialistas de emancipación continental amalgamadas una con otra: i) el nacionalismo radical, y ii) la izquierda radical. Esta amalgama incluye la rehabilitación de la cultura andina y la reivindicación de tradiciones indigenistas que fueron silenciadas durante siglos de opresión étnica y cultural. Siguiendo esta tradición histórica del continente, en la particularidad del proceso boliviano se aprecian dos tendencias de emancipación por la vía de la descolonización: i) descolonización indianista katarista, como estrategia anticolonial de resistencia y lucha por la reivindicación del movimiento indígena ante: el sistema culturalmente euro

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centrista, ideológicamente homogeneizante, económicamente de explotación irracional, políticamente excluyente, socialmente estratificado y asimétrico, y ii) descolonización socialista, como proceso liberacionista del imperialismo, primera etapa de construcción del socialismo que prioriza lo político. Ruptura con la perversa dependencia del sistema capitalista y conquista de “autodeterminación” para el desarrollo económico autónomo (Cejas, 2012). Se puede decir que el proyecto de Estado Plurinacional se asienta sobre esta amalgama de sentidos de la tradición histórica latinoamericana y boliviana. En el proceso de construcción de un nacionalismo radical de base étnica y socialista, se articula la praxis de lucha popular con el Estado con el objetivo de concretar formas nuevas de: acceso y disfrute de bienes materiales, de realización afectiva y convivencia social, más humanas y en simbiosis con la naturaleza (Madre Tierra). Así el Vivir Bien se articula como un horizonte epocal de sociedad y de desarrollo, postcolonial y post-capitalista.

3. Por una alternativa real al capitalismo El elemento central en la construcción de la sociedad del Vivir Bien que puede ser viabilizado desde las tradiciones comunitarias indígenas campesinas y las del socialismo revolucionario es la reconstitución de las relaciones simbióticas entre seres humanos y naturaleza, de una ética humanista frente a la vida. Gran parte del debate contemporáneo se ubica en las contradicciones que se producen en la relación entre concepción alternativa de desarrollo y su praxis en políticas públicas, principalmente vía continuidad del modelo extractivista aliado al capital transnacional que reproduce la explotación de seres humanos y naturaleza. Esta forma de despojo de materias primas (naturaleza y fuerza de trabajo) tiene un largo prontuario de experiencias en la historia de América Latina. Pasando por la plata y el estaño, al presente la explotación minera y de hidrocarburos junto a la producción agrícola de cultivos no tradicionales, los materias primas del territorio latinoamericano y particularmente boliviano son de importancia estratégica para el desarrollo del capitalismo del NI y las economías en procesos de asenso hegemónico como China y el sudeste asiático.

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antiimperialismo_caracas.jpg

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Frente al “nuevo desarrollo” promovido por el NI e implementado en Brasil y Argentina con gran éxito en la última década, los países que buscan viabilizar su modelo alternativo de desarrollo se han visto en la disyuntiva de sumarse a procesos de acumulación de corto plazo para implementar mejoras sociales y así construir un proceso de mayor alcance del bienestar social en el tiempo. Esta experiencia refuerza la subordinación de los proyectos alternativos al mercado, ya que plantea la vía tradicional de desarrollo capitalista que separa economía del bienestar del colectivo, siendo el último consecuencia del primero. Como reflexiona Katz (2006), si la vía capitalista del “nuevo desarrollo” fuera capaz de mejorar las condiciones de vida y fortalecer la luchas de los trabajadores por su propio proyecto, la batalla por el socialismo no tendría sentido. Es en esta vía de pragmatismo económico como desarrollo que los procesos de transformación estructural han ido perdiendo impulso político e ideológico en el debate sobre la construcción de una nueva significación del desarrollo. Por ello, resulta necesario recuperar el impulso ya no solo discursivo sobre la factibilidad de un proyecto alternativo post-capitalista sino en sentido práctico. Que asuma que la construcción de una sociedad de plena humanidad esta sujeta a un proceso multidimensional de largo plazo pero que necesita concretar condiciones económicas concretas en el presente. En tal sentido, la transición del sistema social y de desarrollo actual hacia otro alternativo debiera estar fundada en el desarrollo económico ligado a una revolución cultural, y eso en el marco de condiciones históricas presentes solo será posible a partir del aprovechamiento de los potenciales humanos y naturales internos (“extractivismo indispensable”) y un mapeo creativo para explorar lo desconocido, no solo la interior del país sino también en un sistema comunitario de integración continental con proyección mundial. Una necesaria re-visita a la Revolución Cultural cubana

Mural en algún barrio de Caracas, Venezuela.

Vista en perspectiva, la supervivencia de la Revolución cubana en un contexto histórico dominado por el poder económico, político y cultural del imperialismo estadounidense genera una serie de reflexiones sobre la experiencia de la construcción del sistema socialista en

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América Latina. Por ello, una revisita a las bases de la Revolución Cultural resulta de vital importancia para explorar y practicar la alternativa socialista. Veltmeyer (s/f) considera que dinámica Revolucionaria desde su asenso al poder en 1959 se basó en la institución de la conciencia revolucionaria a través de la participación activa del pueblo cubano en todos los ámbitos de la vida política pública. En oposición a otros intentos de construir el socialismo en el siglo XX, en que el Estado fue concebido y ejecutado como poder vertical respaldado del uso de la fuerza y la exclusión de la participación popular en la construcción de la sociedad, en Cuba la socialización y colectivización se desarrolló un sistema democrático articulado a partir de un compromiso revolucionario que se concibe solo en la consecución del bienestar de la comunidad. La Revolución Cultural por esa vía se constituye en un proceso simultáneo de deconstrucción de los valores del sistema capitalista (consumismo, hedonismo, individualismo, otros) y de construcción de una nueva sociedad por la formación de nuevos valores, bajo los preceptos éticos de: i) igualdad, como condición sustantiva compartida por todos los miembros de la sociedad en la distribución de riqueza, la educación, salud, trabajo; ii) libertad, como emancipación de las relaciones y las condiciones de dominación de clase y explotación imperialista; y iii) solidaridad, como base de las relaciones humanas y por tanto de la organización social. A pesar del bloqueo económico y político sobre Cuba, y las campañas ideológicas de desprestigio, otro de los componentes centrales de la Revolución Cultural cubana es la solidaridad internacional. Por esta vía de compromiso con la lucha de los pueblos contra la opresión y la explotación, la asistencia en salud y educación, los principales recursos humanos desarrollados en Cuba, tienen amplio reconocimiento en América Latina y otros países en vías de desarrollo, principalmente del continente África. Integración regional, el ALBA-TCP La integración regional es otro componente fundamental para viabilizar la construcción real de la alternativa societal y de desarrollo socialista en América Latina. Si bien las condiciones de las estructuras económico sociales de los países de la región son bastante heterogéneas,

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la superación de la desigualdad no parece factible sino bajo los preceptos de solidaridad, cooperación, complementariedad compartidos por varias naciones del continente. Esto frente a la fragmentación y la competencia entre países, propuesta por instrumentos como el Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) que tienen el objetivo de facilitar el flujo del capital corporativo transnacional, y promueven a su vez la profundización de la dependencia y la dominación desde la lógica neoliberal del mercado impulsada por el NI. En tal sentido, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (2001) y Tratado de Comercio de los Pueblos (2006) (ALBA-TCP), impulsados por Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, entre otros países, se plantean como objetivos la cooperación y el intercambio solidario (de productos, investigación, técnica y tecnologías, educación, salud, otros) para la construcción de un desarrollo integral emancipador y soberano, por la igualdad y la justicia social, y para la recuperación de la cultura de la vida. Esa cultura de la vida unitaria, de metabolismo social y natural simbiótico, sobre la que se erigieron los pueblos originarios de la Abya-yala (en lengua Kuna: tierra en plena madurez o tierra en eterna juventud). Hacia un extractivismo indispensable Una de las consecuencias del proyecto de desarrollo capitalista es sin duda la ruptura del metabolismo sociedadnaturaleza. La enorme reserva de recursos ecológicos del continente americano, desde la Colonia al presente ha sido objeto de la explotación irracional por la codicia del sistema. En esa lógica han desaparecido numerosas culturas y especies y en varias regiones la reproducción de la vida se está poniendo en vilo. Gudynas (2011) plantea que, si bien se puede decir que el deterioro ambiental ha sido producido por estrategias de desarrollo heredadas de gobiernos neoliberales, los gobiernos progresistas en la última década, o se puede decir también la primera década del siglo XXI, han mantenido y acentuado la presión sobre el medio ambiente a través del extractivismo de materias primas de alta cotización en el mercado global, y en la implementación de infraestructura complementaria de tal estrategia (energía, transportes).

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Sobre esta estrategia extractivista en Bolivia, García Linera (2012) plantea que: “actualmente, para nosotros como país es el único medio técnico del que disponemos para distribuir la riqueza material generada gracias a él (pero de manera diferente a la precedente), además, también nos permite tener las condiciones materiales, técnicas y cognitivas para transformar su base técnica y productiva.” Al respecto de este argumento, el proceso de nacionalización de empresas y recursos naturales emprendido en Bolivia desde 2006 ha generado un giro político y económico social en la concreción de mayor independencia sobre el control de la acumulación de riqueza para su redistribución.1 Sin duda, los cambios están ligados principalmente al incremento de la renta de los hidrocarburos nacionalizados de 382 millones de dólares anuales en el periodo 2000-2005 a 2.383 millones anuales promedio desde 2006 y de un total de 1.661 millones de dólares totales acumulados en el periodo 2000-2005 a 16.678 millones totales desde 2006 (HidrocarburosBolivia, 2012). Sin embargo, en la primarización de la economía vía extractivista de materias primas para la exportación (gas natural, petróleo, minerales, alimentos sin procesar, otros), y los escasos avances en la transformación productiva interna vía creación de procesos de industrialización (petroquímica, hierro, litio, otros) de las mismas materias para incrementar su valor, la independencia alcanzada por la nacionalización se relativiza por el control de los mercados y los precios internacionales. En consecuencia, estas vías generan impactos en el consumo interno como, el crecimiento de las importaciones de productos manufacturados, alimentos, energía (diesel y gasolina), bienes de capital, entre otros, que el país no produce. Para entender con mayor precisión el estado de situación del proceso de cambios en Bolivia y otros países de América Latina, Gudynas, plantea tres etapas de la estrategia extractivista: i) extractivismo depredador, desarrollo capitalista de enclave y de gran escala que no incluye costos sociales ni ambientales más bien los externaliza (pasa la responsabilidad) a las sociedades nacionales; ii) extractivismo sensato, desarrollo capitalista regulado social y ambientalmente que internaliza (se hace responsable de) sus impactos; y iii) extractivismo indispensable, alternativa al 1

Se pueden citar algunos datos al respecto: i) en lo económico, el promedio aproximado de crecimiento del PIB desde 2006 es de 4.8% (en base a La Razón 2011 y 2012) siendo en

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desarrollo capitalista que se basa en la explotación necesaria y vinculada a las cadenas económicas nacionales y regionales. En línea con este planteamiento, y dadas las limitaciones técnicas-tecnológicas y económicas financieras, la estrategia boliviana, en la actualidad, se encuentra en un proceso de acumulación por la vía técnica del extractivismo sensato para la generación de condiciones básicas materiales de la sociedad. En el mediano plazo, de manera paralela al fortalecimiento de la inversión, García Linera (2012) apunta que “se debe a la vez construir un nuevo soporte tecnológico de producción de la riqueza que vaya superando el extractivismo” vía industrialización. Aunque muchas líneas maestras del proceso de transformación productiva estaban planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, el gobierno boliviano prevé recién que en 2025 toda materia que sea vendida sería procesada y con valor agregado. Sin embargo, para ello, más allá de las grandes inversiones en mega-proyectos2 o la concreción de la retórica industrializadora será necesario recuperar la visión integral del desarrollo, en tanto articulación de lo económico con lo social, lo jurídico político e ideológico y cultural, así como su expresión en la dimensión territorial y el tiempo. Así, la estrategia extractivista se convertirá en un medio por el que el “poder político, de la movilización social capaz de encaminar los procesos productivos –extractivistas o no extractivistas– hacia la creciente comunitarización de su control operativo y de la distribución social de la riqueza generada” (ibid.) Pero dicha comunitarización no sería funcional a la construcción de la alternativa post-capitalista de producción, distribución y consumo sino se emprende una lucha regional, continental y global contra el modo de producción capitalista. De ahí que la solidaridad nacional y regional, la consecución de una conciencias histórica en la vía revolucionaria socialista, la participación de los movimientos sociales y el 2

“En el caso de los hidrocarburos, mediante la inversión en dos plantas separadoras de líquidos: una en Gran Chaco que ser. entregada el 2014, y la otra en Río Grande, a ser entregada el año 2013. Además, tenemos la planta de Urea y Amoniaco, con un costo de 843 millones de dólares, que entrar. en funcionamiento el 2015; una planta de etilenos y polietilenos a ser entregada el 2016, y otra de GTL (de conversión de gas a líquido) que deber. empezar a funcionar el 2014. En relación a la industrialización del litio, hemos dado grandes pasos. Con científicos y tecnóloga boliviana se ha entregado la producción semiindustrial de cloruro de potasio este mes de agosto, y antes de fin de año, se hará lo mismo con el carbonato de litio. Para el 2014, está planificada una gigantesca producción industrial de potasio y litio, además de las fábricas de cátodos y baterías” (García Linera, 2012:111-12).

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aprovechamiento de los recursos naturales de las que se disponen se convierten en condiciones fundamentales para materializar la sociedad nueva del Vivir Bien, de sus componentes en plenitud de sus potenciales, en igualdad y libertad.

4. Conclusiones

http://www.sfgate.com/news/article/Political-unrest-ahead-of-Boliviarecall-election-3274328.php#photo-2423926

La Gran crisis del capitalismo no debe comprenderse como el punto final del sistema, sino como un proceso doble, de oportunidades para AL y sus naciones: i) la rearticulación del capitalismo imperialista vía reformas internas a su sistema; o ii) la elaboración y puesta en práctica de vías alternativas para la constitución de un nuevo horizonte epocal de vida a través un nuevo sistema social y de desarrollo socialista, para el Vivir Bien del colectivo.

Evo Morales, su ascendencia indígena y formación sindical, sintetizan la expresión de las vías de lucha anticolonial y antiimperialista del proceso latinoamericano en el siglo XXI

El proceso de rearticulación del capitalismo imperialista, tiene en el “nuevo desarrollo” la vía para consolidar reformas institucionales y ajustes estructurales que garanticen, desde el Estado, la competencia del mercado, la explotación productiva, y la ampliación de márgenes de beneficio por el capital monopólico y oligopólico transnacional en AL. La construcción colectiva del Vivir Bien en América Latina se sostiene en la transformación del accionar económico, político, social y cultural por el trabajo conjunto y solidario en las dimensiones nacional, regional y continental, Tal construcción se direcciona hacia la reconstitución de la cultura de la vida y de una sociedad con una ética

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plenamente humana (justicia, dignidad e igualdad) y respetuosa de la naturaleza, por la vía de un proceso revolucionario cultural socialista anticolonialista y antiimperial. En correspondencia con esta línea colectiva continental, es necesario reconocer que el proceso de nacionalización que caracteriza a Bolivia, y países como Venezuela y Ecuador, tiene limitaciones para establecer transformaciones estructurales en el sector productivo. Si bien, la redistribución de recursos generados por la vía extractivista ha generado condiciones inmediatas de bienestar social, todavía falta superar el énfasis en lo económico y avanzar hacia una propuesta de desarrollo integral, en que lo ideológico y cultural permitan la construcción de una consciencia solidaria y por tanto revolucionaria. Partiendo de la comprensión de que no es posible desarrollar alternativas reales de desarrollo más humano y menos nocivo para el ambiente en la lógica del capitalismo (desposesión, explotación, destrucción, acumulación de riqueza a todo costa), la viabilidad del proceso revolucionario socialista se sostiene en la capacidad de los líderes de dichos países para que, a la par de la comunitarización de la producción y distribución de la riqueza a nivel nacional se trascienda a un proyecto de lucha regional, continental y global contra el modo de producción capitalista. En un escenario inédito de fuerzas en crisis y fuerzas reconstituidas, se trata de recuperar la tradición histórica continental de luchas por la autodeterminación. De ser dueño de las decisiones sobre el futuro, para las mayorías, en pleno ejercicio de la libertad, en igualdad y consciencia solidaria plena de justicia por el colectivo social. Y si así fuera, vivir bien.

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Colombia: Neoliberalismo a la colombiana, o el desarrollo excluyente y precario Kyla Sankey

Resumen ¿La globalización ha traído un mejoramiento para las vidas de los más pobres del mundo? Si así ha sido, en la academia todavía no se ha logrado un consenso al respeto. En este artículo examinamos el caso de la apertura económica en Colombia de las últimos dos décadas. Mientras que el discurso dominante gira alrededor de cifras rudimentarias como: crecimiento anual del PIB de 4% y una reducción de pobreza de 8,2 puntos porcentuales entre 2000 y 2009, este artículo se basa en un método de análisis alternativo que permite identificar los cambios estructurales la época de la globalización que han tenido mayor impacto socio-económico sobre las poblaciones mas vulnerables. Concluimos que la característica mas destacable del desarrollo capitalista en la era de globalización es el del despliegue de un modelo de acumulación excluyente y precaria.

Palabras Clave: Colombia, desarrollo capitalista, globalización, neoliberalismo.

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Introducción El propósito de este trabajo es el de identificar el marco teórico que permita examinar críticamente el impacto social del desarrollo del capitalismo en Colombia en la era de la “globalización”, o dicho de otra manera el crecimiento económico basado principalmente en la apertura de la economía nacional hacia el mercado global. El desarrollo del trabajo procede de la siguiente manera. Primero, empezamos con una examinación breve de los argumentos mas corrientes sobre las posibilidades de la globalización para traer “beneficios para todos” y su aplicación en Colombia. Cuestionamos las formas de medir estos beneficios, y además argumentamos que el marco teórico explicativo más común de las dinámicas de la globalización es el del desempeño de la relación entre capital y trabajo. Dentro de ese perspectiva, el desarrollo capitalista en la era de globalización puede ser contextualizado en comparación con el “desarrollismo” que precedió a la globalización, para luego entender las nuevas dinámicas del desequilibrio a favor del capital y en contra del trabajo. Este desequilibrio esta principalmente basado en el proceso de acumulación primitiva continuada y la formación de un ejercito industrial de reserva. En la segunda parte, presentamos una breve revisión de las dinámicas más dominantes de ese proceso: el desarrollo conducido por inversión extranjera directa (IED), la globalización de la agricultura, el trabajo informal indecente y precario, y la incapacidad del estado de redistribuir la riqueza. De acuerdo con estos elementos, cabe destacar que la característica mas sobresaliente de la época de globalización neoliberal es el modelo de desarrollo económico acompañado de exclusión y precariedad social, es decir, acumulación excluyente y precaria.

1. Globalización: ¿Desarrollo de qué? En Colombia, la primera década del nuevo milenio fue medular para la política de desarrollo orientado hacia afuera. Entre 2000 y 2009, Colombia no solo experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4% y un aumento de exportaciones del 2,9 al 26,6% (Banco de la República), pero además una reducción de la pobreza en todos los índices. La tasa de pobreza se bajo de 53,7 a 45,5%, y la extrema pobreza

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http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/192698-la-paztambien-se-construye-combatiendo-la-pobreza-santos

“La paz también se construye combatiendo la pobreza”: Santos

del 12.2% al 7%. En el índice de Pobreza Multidimensional (IPM) la pobreza extrema se redujo del 17,6 al 14,4, y se experimentó un aumento en el Índice de Desarrollo Humano de 0,637 a 0,685. Terminando su periodo de 8 años en la casa Presidencial, con un supuesto nivel de popularidad de 75%, Uribe hizo una gira por América Latina explicando su modelo replicable de crecimiento económico basado en la apertura hacia afuera con reducción de pobreza. ¿Se puede hacer un balance de los logros de la “globalización” basada en estas cifras de crecimiento y reducción de pobreza? En el mundo desarrollado se llevan muchos años en que ya no solo se mide el crecimiento del PIB como indicador del desarrollo socio-económico, y el basarse en los varios índices de pobreza también ha sido ampliamente criticado (Tetreault & Veltmeyer, 2012; Wade, 2003). Por ejemplo, el indicador mas común, la tasa de pobreza del BM, ha sido ampliamente criticado por sus limitaciones al no tomar en cuenta factores como la salud, vivienda, servicios y educación. En Colombia, como en muchos países, se ha mostrado que hay un gran margen de error debido a la subestimación de los costos de los gastos mínimos para mantener la salud y el bienestar, y en la forma en la que se están llevando a cabo los sondeos (FESCOL, 2010). Sin embargo, el problema de basarse en índices de pobreza para hacer un balance de los logros del desarrollo económico en Colombia tampoco se resuelve adoptando otras formas mas “comprensivas” de medir como el Índice de Desarrollo Humano, dividido en los componentes de salud, educación e ingreso, o el Índice Multidimensional de Pobreza (IPM), que mide educación, salud y nivel de vida, y que ha sido adoptado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia. Primero, estas cifras subestiman el ingreso en sus optimista de la condiciones de las clases bajas en Colombia, por ejemplo, al examinar más de cerca el IDH de Colombia, que era de 0,719 en 2012, es destacable que el IDH de componentes sin el ingreso era de 0,751, mientras que el índice de ingresos era de 0,659, es decir, estos índices otorgan demasiado peso a la capacidad de programas asistencialistas sin entender la participación de las clases bajas en el modo de producción. Además, no dan cuenta de los procesos que se están desarrollando atrás de esas cifras, por ejemplo, como veremos más adelante, el aumento de la precariedad laboral y la incorporación de más miembros de la familia (mujeres,

Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 niños) en el mercado laboral. En resumen, hacer un balance del desarrollo en Colombia basado en esas cifras constituye una mirada inexacta y superficial sin comprender las causas sistémicas. En contraste, este documento propone hacer un balance de los impactos socio-económicos de las nuevas tendencias de la economía Colombiana en la era de globalización basado en un análisis de los cambios estructurales en el modelo de desarrollo capitalista. Siguiendo la fórmula original de Marx, el desarrollo capitalista se entiende como el desarrollo de un sistema de producción basado en una relación social entre el capital y la fuerza de trabajo. Para Marx, la acumulación de capital exitosa se basa en la extracción de plusvalía relativa (mejoramiento tecnológico que aumenta la productividad de trabajo), y no la producción de plusvalía absoluta (la extensión de la jornada de trabajo o una reducción de salarios sin cambios en la condición de producción).3 La tasa de explotación depende de la capacidad de los trabajadores de participar en los beneficios de las ganancias en la productividad, lo cual es determinada fundamentalmente por la lucha de clases y el desarrollo en las relaciones entre las fuerzas sociales. En este contexto, los cambios que se efectuaron durante la “globalización”, la apertura económica de Colombia que empezó con el desmonte de aranceles en los 1980, y se extendieron con privatizaciones de empresas estales, desregulación en los flujos de capital y reformas laborales en los décadas de 1990 y 2000, se tienen que entender como una nueva etapa de la lucha entre las fuerzas del capital y el trabajo. Desde esa perspectiva del desarrollo capitalista en Colombia se pueden plantear las siguientes hipótesis: primero, que los cambios estructurales no han resultado en un modelo de acumulación renovada y sostenida a través de inversiones en la productividad; y segundo, que los golpes mas fuertes de los cambios estructurales son absorbidos por el trabajo. Precisamente para el siguiente estudio, los elementos clave que han determinado esta caracterización del desarrollo capitalista en la era de la globalización son:

Como examinamos en este ensayo, las nuevas condiciones laborales en Colombia son caracterizadas por una combinación de extracción de plusvalía relativa y absoluta, en lo que llamamos trabajo indecente y precario.

http://archivo.juventudes.org/acercarseacarlosmarx/capital

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1. Reformas en el mercado laboral basadas en el principio de mejorar las condiciones de oferta 2. La reducción de tarifas (particularmente agrícolas) 3. La privatización de empresas estatales y la reducción de la participación estatal en el mercado nacional 4. El destape de Inversión Extranjera Directa (IED) y las Corporaciones Transnacionales (CTN) 5. Política de comercio basada en el principio de ventaja comparativa 6. El gasto del excedente económico para el servicio de la deuda externa

http://gloes1.blogspot.com/2011/11/la-globalizacion-y-la-desigualdad-de.html

Este modelo de acumulación se caracteriza por la extracción de plusvalía de los trabajadores para el servicio de la deuda externa, inversiones especulativas, la compra de activos en empresas privatizadas. Las dinámicas de estos procesos se examinarán en más detalle en los siguientes secciones del documento. Por ahora, se puede destacar que la carácter más sobresaliente de estos mecanismos es el proceso de formación de un ejercito industrial de reserva, una oferta extensiva de fuerza de trabajo al nivel global que excede los requisitos del capital.4 Este proceso se puede notar en las tendencias amplificadas del mercado laboral: 1. La separación de los pequeños productores de sus medios de producción 2. La incorporación de otros grupos sociales (mujeres, niños) en el mercado laboral 3. La informalización y precarización de la fuerza de trabajo (o la subida de los micro-empresarios) Al nivel del desarrollo capitalista, este proceso es más notable de acuerdo a los siguientes factores: 1. Altas tasas de crecimiento acompañadas por un estancamiento en los salarios reales y una disminución en el empleo decente 2. Niveles de desigualdad creciente en términos de ingreso, distribución de tierra y las divergencias rurales y urbanas 3. Estagnación en la tasa de reducción de pobreza en comparación con décadas anteriores, y el 4

El otro lado de este mecanismo es la represión de la mano de obra por las fuerzas estatales y para-estatales. Una examinación de esta estrategia es mas allá del alcance de ese estudio.

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mantenimiento del mismo a niveles desmesuradamente altos por el nivel de crecimiento del país 4. Una restringida capacidad de consumo interior 5. Hambre, o en otras palabras, la perdida de la soberanía alimentaria De ahí, se puede concluir que el modelo de crecimiento económico orientado hacia fuera en Colombia se basa en una estructura donde la riqueza es generada a costo de la superexplotación, exclusión y precarización de los sectores más vulnerables de la población.

2. Desarrollo: antes y ahora Desde el año 1936 la legislación Colombiana había favorecido la intervención moderada del estado para mediar el conflicto entre capital y fuerza de trabajo e impulsar la inversión pública y una política de substitución de importaciones (ISI). Esa tendencia se evidenciaba tanto en los gobiernos liberales como en los conservadores. El sector manufacturero era el más importante de todos los sectores productivos, y alcanzó el 25% del PIB en los años 1970. Los planes de desarrollo comprendieron programas para mejorar la infraestructura económica, social y vial y fortalecer programas de educación, salud y empleo (Cárdenas et al, 1994). Como resultado de esa limitada política de disciplinar el capital, se logró una participación importante de la fuerza de trabajo en las ganancias de la productividad; entre 1955 y 1997, en el sector industrial, por ejemplo, los salarios promedios crecieron en 1,46% por año (DANE). No solo hubo un crecimiento promedio del PIB de 4% durante esa época, pero se concibió también un aumento importante en el IDH, que pasó de 0,07 en 1951 a 0,45 en 1973, y 0,72 en 1992, es decir, 0,65 puntos en 41 años (PNUD). En el contexto de este punto de comparación, el desarrollo logrado después de la apertura económica se tiene que entender como una disminución más que un logro; si el IDH era de 0,72 en 1992, por el 2012 solo había alcanzado 0,76, un aumento de 0,04 en 21 años (PNUD). Además, como veremos en más detalle abajo, hubo un estancamiento y disminución en los salarios reales de casi todos los sectores menos los financieros y servicios públicos. Finalmente, el índice de GINI de distribución de ingresos registra un

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aumento paulatino de desigualdad desde 0,546 en el 1991 hasta 0,578 en el 2009. Entonces, si el crecimiento del PIB se ha mantenido en un promedio de alrededor de 4% antes y después de la apertura, es destacable que la diferencia es que ahora la riqueza generada se traduce en beneficios muy reducidos para la clase trabajadora. En la siguiente sección, se analiza este nuevo modo de acumulación excluyente y precaria.

3. Elementos claves de la economía globalizada: acumulación excluyente y precaria a. Desarrollo conducido por inversión extranjera directa (IED) Las reformas neoliberales comprendieron una serie de medidas para estimular la inversión extranjera como la liberalización comercial y financiera, la desregulación de mercados y la privatización de empresas. En la ley 45 de 1990 se levantaron las restricciones a la inversión extranjera en el sector financiero, en 1994 y 1995 se emprendió la desregulación de controles en las inversiones, en varios decretos de los años 1990 se abrieron los servicios públicos y telecomunicaciones a la inversión extranjera y la ley 226 de 1995 autorizó la venta de activos en las empresas nacionales minero-energéticos. De acuerdo con esa apertura, el porcentaje de la IED en el PIB total ha aumentado de manera importante durante la época de la globalización. Mientras el promedio entre 1980 y 1992 era del 0,9%, entre 1993 y 2004 aumentó a 2,2% y entre 2005 y 2011 aumentó a 4,2% (Banco de la República); mientras en el 2000 se invirtió USD $2.4 mil millones, en el 2009 esta cantidad se incrementó a $ 10.6 mil millones (Proinversión, 2011). La lógica de del modelo de desarrollo basado en la atracción de IED se basa en su capacidad de generar empleo de calidad, aumentar la productividad, y generar “spillovers” (transferencias de ciencia y tecnología) y “linkages” (encadenamientos hacia delante y atrás con otros sectores de la economía doméstica). Sin embargo, estos argumentos no aplicaban a una gran parte de la IED en Colombia ya que se orientaban primariamente hacia la adquisición de activos en empresas estatales que ya estaban generando empleo y ganancias. Con la ley de privatizaciones del 1995 se autorizó la venta de activos en empresas paraestatales de servicios,

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minería y bancos nacionales. La IED aumentó de USD $968 millones en 1995 a $3,112 en 1996 y 5,562 millones en 1997 (Banco de la República). Antes de ser liquidada y dividida en 3 compañías separadas, la empresa estatal de petróleo, Ecopetrol, había registrado ganancias de USD $558 millones. Por esta razón, cabe resaltar que esta IED no se puede considerar como productiva. En cuanto a la capacidad del IED de traer los beneficios antes mencionados, hay que diferenciar entre los varios tipos (CEPAL, 2008). Por ejemplo, hay inversión que busca aprovechar del mercado interno, y hay inversión que buscar exportar al costo mas bajo, lo cual ha representado la mayor parte de la IED en Colombia. En 2009, 70,2% de la IED se invirtió en el sector minero-energético. De las 20 empresas mineras mas grandes en Colombia, 16 son Multinacionales, Transnacionales o Translatinas. Como consecuencia, por cada $1 de IED que se invierte en este sector, $1.22 sale en utilidades y dividendos. Así, se conciba una fuga amplificada del excedente generado por la fuerza de trabajo. Además, este tipo de IED no conlleva transformación productiva en la forma de linkages y spillovers. Por ejemplo, 95% del carbón es extraído de minas a cielo abierto y exportado, y en el 2005 se levantaron los aranceles en las importaciones de minería, es decir, la tecnología es traída desde los países de origen. Es destacable que este sector genere poco empleo, 1% del total nacional según DANE. La segunda destinación más importante de la IED en Colombia es el sector financiero, que recibió 10,5% de la IED total en 2009 (Proinversión, 2011), lo cual no corresponde a la producción, ni genera trabajo significativo. Mientras este sector aumentó del 16,3 al 18,6% del PIB nacional entre 2000 y 2010, apenas representa el 1.2% del empleo nacional (Banco de la República, DANE). Del IED total, apenas el 8,3% se dedicó a las manufactureras y 3,6% a la construcción, los sectores que generan trabajo (Proinversión, 2011). Con frecuencia, la IED se justifica por las ganancias a través de las rentas o regalías. Empero, el régimen de impuestos implantado durante las ultimas dos décadas favorece las grandes corporaciones con la oferta extensiva de exenciones y reducciones en ganancias en rentas. La tarifa en las remesas que las CTN remiten a sus países de origen ha sido reducida desde 19% en 1992, a 7% en 1996, y finalmente en el 2006 se eliminó por completo (Valencia & Pérez, 2011). Resulta que, entre 2000 y 2010, según la Cuenta Corriente de

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la Balanza de Pagos de los recursos que ingresan y salen, se terminó con un saldo negativo de USD $35.008 millones (ibíd.). Este drenaje neto en las cuentas nacionales se recompensa con el aumento de las ventas de los recursos no renovables, como el aumento de las exportaciones del petróleo (245%), carbón (574%) y oro (2.208%); la venta de estos recursos registró ganancias de 123.840 en sus ventas en el exterior durante esa década. Así mismo, se puede notar una perdida importante de la participación de la industria en el PIB, que bajo del 25% en los años de 1970 al 12.6% en el 2010. De acuerdo con esa tendencia, el empleo generado en la industria se redujo del 25,4% del total nacional en los años de 1970 a 13% en el 2000 (DANE). Estas cifras demuestran una clara tendencia perjudicial de la IED en la economía nacional, o un proceso de “crowding out” (desplazamiento) de la inversión doméstica. La apropiación de ganancias extraordinarias de la parte de las CTN debilita el proceso de reinversión nacional, y, por lo tanto, la creación de empleo. Las políticas de incentivos del IED, por ejemplo, podrían incluir condiciones para que estas ganancias se inviertan en la producción. Empero, eso no ha sido el caso en Colombia. Así, el “clima favorable para los negocios” generado no se tradujo en un clima favorable para los trabajadores. Los incentivos en los impuesto eran indiscriminatorios, en cambio por ejemplo, a un sistema que favorece las empresas que generan empleo de alta calidad. b. La agricultura globalizada: la nueva fase de separación de productores de sus medios de producción La acumulación primitiva ha sido un aspecto continuo del proceso de colonización en Colombia. Un ciclo permanente de colonización-expropiación-migración-colonización (Sarmiento, 2012). Este proceso se agudizó con la apertura de la agricultura, los raíces de la cual son evidentes en la misión del Banco Mundial de los años 1960’s y 1970’s bajo el liderazgo del tecnócrata Lauchlin Currie. La misión concluyó con la recomendación de un modelo de acumulación basado en la agro-industria, acompañado por el “éxodo” del campesinado, quien tendría que migrar hacia la ciudad para proveer fuerza de trabajo para la industria creciente. Esta teoría entró en conflicto con el programa impulsado por los

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economistas estructuralistas de la CEPAL, quienes recomendaron una reforma agraria, en donde la modernización de la agricultura campesina podría estimular el proceso de industrialización y ampliar el mercado interior. Amenazados por la posibilidad de una reforma agraria, la oligarquía rural promovió la teoría del Banco Mundial, y, con el apoyo de subsidios del estado, varios terratenientes lograron transformarse en agro-industrialistas, y, no obstante, los que no lo hicieron se quedaron con sus tierras (Brittain, 2007). Los desmontes arancelarios están basados en el principio de ventaja comparativa, donde la liberalización de las economías conduce a la especialización en aquellas actividades que pueden producir mas fácilmente a costos relativos más bajos, que conllevará mayores ingresos, crecimiento económico, empleo y un aumento en los salarios. Sin embargo, lo que se produjo desde este principio fue la reprimarización de la economía nacional: entre 2000 y 2009 Colombia exportó USD $105.743 millones en productos tradicionales: café, petróleo, carbón y níquel, y compró USD $163.376 millones en bienes de capital e intermediarios (bienes manufactureros, maquinaria, vestimentas y químicos). Acompañando este proceso se provoca una desigualdad en la distribución de tierra de las mas altas del mundo, 0,85 en GINI, y la amplificación de la brecha entre el desarrollo rural y urbano.5 En los años 1980’s y 1990’s, con la política de desmonte arancelario en la agricultura, que redujo los aranceles de 37% a 13%, la oposición de la élite rural terminó con una “política de emergencia” de financiamiento y tarifas especiales para los productos “políticamente sensibles”, es decir, las exportaciones agroindustriales. Los pequeños productores solo lograron conseguir la tercera parte de los préstamos, mientras que los bajos impuestos de renta sobre la tierra sirvieron de refugio para las clases sobre-adineradas buscando evitar los impuestos (Richani, 2012: 60). Así mismo, no sorprende que la nueva clase emergente de narcotraficantes invirtiera el 45% de los narco-dólares en la tierra, y en cambio, solo 20% en el comercio, 15% en servicios 5

En los 13 centros metropolitanos mas importantes la tasa de pobreza se redujo de 40.3% a 30.6%, mientras que fuera de esos centros el porcentaje de pobreza apenas de redujo de 69.3% a 64.3%. En el 2002, la diferencia entre las zonas urbanas y rurales era de 29 puntos (69.3% contra 40.3%) mientras que en 2009 la diferencia era de 33.7 puntos (64.3% contra 33.7%).

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y 10% en turismo (ibíd.). Estos factores culminaron en una reducción importante de la agricultura nacional, predominada por los pequeños y medianos productores; mientras que entre 1950 y 1986, la producción agrícola había aumentado de 2,6 a 4,6 millones de hectáreas, en el 2004 se había reducido a 3,7 millones. Según un estudio del DANE del 2004, 75,6% de la tierra cultivable se usaba para la ganadería, en cambio solo el 7,2% se dedicaba a la agricultura. De la tierra agrícola, la área cultivada por productos no-permanentes como el maíz, arroz y trigo era solo el 45,9% mientras que los cultivos permanentes como palma africana, café y caña de azúcar cubrieron el 51,3% (DANE, 2004). Si estas dinámicas dan cuenta de un proceso de descampesinización, cabe destacar que esto no ha sido acompañado de un proceso de proletarización. Entre 1996 y 2004 el desempleo rural subió de 4% al 7%, y al nivel nacional, el empleo asalariado bajo del 51% al 38% en el mismo periodo (DANE), cifras que dan cuenta de un proceso de semi-proletarización en las poblaciones rurales. Así, la “globalización” de la tierra y agricultura constituyó una nueva etapa de separación de los pequeños productores de sus medios de producción, y expansión de forma masiva el ejercito industrial de reserva. Es importante señalar que esa tendencia representa un riesgo importante para la soberanía alimentaria. Para el 2011, Colombia importó casi un millón de toneladas de productos agrícolas y pecuarios, el doble de lo que exporta el sector (Banco de la República). Según la FAO (1999), entre 1990 y 2000, la dependencia de la dieta nacional a las importaciones aumentó el 15,7% al 37,4%. Situación que se resaltó durante la crisis alimentaria del 2008, cuando el precio del arroz aumentó 52% en 6 meses. Esta política se verá amplificada con la firma de la nueva TLC con los EEUU, que bajará los aranceles de 13% a 0%. c. Trabajo: informal, indecente y precario Dentro de los reformas estructurales de la apertura económica, se siguió la formula de pensamiento neoliberal en cuanto al trabajo: reducir el desempleo mejorando las condiciones de oferta en el mercado laboral; abaratar los costos de mano de obra; y flexibilizar el mercado laboral. La ley 50 del año 1990 redujo el precio del contrato laboral a través de eliminación de protecciones y beneficios, y la ley

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789 del año 2002 prolongó la jornada laboral, redujo los costos laborales y precarizó el empleo. Las tendencias en el empleo son una medida clave para entender el impacto socio-económico de los cambios estructurales durante la globalización. Pero, ¿A través de cuales cifras se puede entender las relaciones entre el modo de acumulación nacional y el trabajo? Un primer indicador es la participación de la fuerza de trabajo en la riqueza total. Como se puede destacar desde el Gráfico 1, relativo al PIB, ha habido un disminución importante en todos los salarios reales con la excepción de suministro de servicios públicos y establecimientos financieros.6 Gráfico 1: Tasas de variación anual Producto interno bruto Producto interno bruto por habitante Precios al consumidor Salario medio real

2007 7,5 6,0 5,7 -0,4

2008 2,4 0,9 7,7 -1,9

2009 0,3 -1,1 2,7 0,8

Fuente: CEPAL (2009), elaboración propia.

Esta tendencia ha sido acompañada por una subida importante en la tasa de desempleo, que subió entre 1990 y 2000 de 10,6% a 19,7%, y luego bajó en 2010 a 11.8% (Banco de la República). Esa cifra es la más alta de América Latina (CEPAL, 2011)7. Acompañando este nuevo proceso de precarización de la fuerza de trabajo se pueden notar nuevas tendencias en el mercado laboral. Primero, nuevos grupos sociales se incorporan en el mercado laboral: entre 1992 y 2000, la porción de adultos en la fuerza de trabajo subió de 62,8 a 66,2%, constituida en gran medida por la incorporación de mujeres (de 48,7 a 56,8%) (CEDLAS). Además, se conoció una subida importante en los trabajadores informales, o micro-empresarios, que en el 2009 constituyeron 61,9% de los trabajadores totales (ibíd.). Las cifras demuestran claramente un desequilibrio extremo en la relación capital-trabajo hacía el lado de trabajo. Para mejor comprender las complejidades del sistema laboral, es apropiado incorporar la noción del trabajo decente. En un estudio del instituto de investigación social, CINEP, Flórez y Correa (2010) identifica una serie de medidas que 6

Estos sectores cubren una parte baja del empleo total: 1.2% en establecimientos financieros y 0.4% en servicios públicos. 7 http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/46824/CEPAL-OIT6.pdf

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permitan entender con mas profundidad las tendencias en el trabajo decente, comprendida en términos de: 1. Oportunidades tasa de desempleo, subempleo, participación 2. Dignidad Quejas, violencia anti-sindicato, tasa de sindicalización 3. Trabajo productivo ingresos de 4 salarios mínimos o mas, capacitación 4. Equidad Desigualdades de genero en empleo, salario, informalidad 5. Seguridad de trabajo seguridad social, accidentes laborales, contratos fijos En este contexto, el estudio de las condiciones laborales en relación a las tendencias de crecimiento económico entre el 2007 y el 2008 de Bedoya y Tangarife (2010), dentro del mismo informe, es representativo. En el 2007, se alcanzó un crecimiento del PIB de 7.5% y en noviembre del mismo año la tasa de desempleo se redujo a 9.4% (de 12% en el 2006), y se experimentó un aumento paralelo en salarios. Sin embargo, argumentan, no hubo un aumento paralelo en el trabajo decente de acuerdo con ese crecimiento económico. Según el DANE, en el mismo periodo las tasa de informalidad se mantuvieron en 57%, más de la mitad de la cual era dedicada al trabajo de subsistencia; 67% de los trabajadores informales seguían en un estado de subempleo; 20.7% no contaban con seguridad social y 86,1% no contaban con fondos de pensión. De ahí, se puede concluir que un crecimiento sin precedentes en la economía no logró traducirse en la creación de trabajo decente. Además, la precariedad laboral se muestra claramente en las tendencias del 2008, cuando la tasa de crecimiento se redujo a 2,8% y el choque golpeó a los trabajadores. El de sempleo saltó a 11,3%, la proporción de trabajadores informales aumentó en 0,7% y los micro-empresas aumentaron en 4%. Entre estos 2 años, la tasa de seguridad laboral cayó en 7% y las oportunidades cayeron 10%. Dentro de esas cifras, vale la pena resaltar la diversidad entre las regiones: por ejemplo, mientras que el promedio nacional de dignidad laboral es de 36,1% (lo cual significa altos horarios de trabajo y bajas tasas de sindicalización), en 96% de los departamentos la tasa es mucho más elevada, alcanzando 49,1% en el Chocó (Bedoya y Tangarife, 2010). Además, la precariedad laboral se tiene que entender como un ciclo auto

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reproductivo: cuando los ingresos de una familia bajan, más miembros de la familia entran en el mercado laboral, lo cual, a su vez, hace subir la tasa de desempleo y mantiene los salarios a un nivel muy bajo, proceso que explica la subida en la tasa de desempleo a 11,8% otra vez en el 2009 (CEPAL, 2009). De ahí se puede concluir que en el modelo de acumulación nacional hay una ruptura muy importante entre el crecimiento económico y la creación de trabajo decente; mientras que los trabajadores no benefician de manera igualitaria de los beneficios del crecimiento económico, son los mismo trabajadores los que suportan los choques mas fuertes de las bajadas en el crecimiento. En general, las características del mercado laboral de hoy en día siguen las siguientes tendencias. Primero, el crecimiento económico trae menos oportunidades de trabajo. Además, el trabajo que se genera es cada vez más indecente, precaria y informal. El trabajo dentro de la economía formal cuenta con ingresos reducidos, y las disparidades entre los salarios por sector son mas elevados. Dentro de esas diversas dinámicas se pueden entender los varios mecanismos de super-explotación de la fuerza de trabajo. d. Incapacidad del estado de redistribuir la riqueza Para los gobiernos, la apertura económica trae beneficios para su población en la forma de trabajo y fondos para programas asistencialistas, los cuales han aumentado su porción del gasto público del 28% en 1973 al 35% en 1997 (mientras la educación bajo del 46% al 30%). Estos programas, como en Colombia el plan ANSPE o la red UNIDOS y Familias en Acción, buscan apoyar a los pobres en “arrancarse” de la pobreza a través de asistencia con educación, capacitación, e información para aprovechar las oportunidades disponibles. La presunción tras este pensamiento es que la pobreza es una situación circunstancial, los pobres son así debido a sus propias falencias; nada más aprendiendo a cambiar su forma de ser “atrasada” se puede auto-resolver el problema de la pobreza, y así, reducir la pobreza del país. Además, remplazan la capacidad del estado de disciplinar los procesos de acumulación y redistribuir la riqueza nacional a través de políticas de vivienda, salud y educación. Los impuestos en Colombia llegan a apenas 14% del PIB, muy bajos en relación a los de los “países desarrollados” que cuentan con niveles de impuestos alrededor de 45% del PIB.

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Un ejemplo muy claro es la industria minera, donde la porción de las ganancias recibida por el estado esta sujeta a la ley de austeridad fiscal. La plusvalía generada en tiempos del boom de commodities se va a ahorrar para tiempos de escasez, la protección mas eficaz contra las crisis futuros. Sin embargo, como destaca González (2011), esta experiencia no ha sido la experiencia del pasado. En los años 1990’s, se creó el Fondo de Ahorros para Estabilización del Petróleo, que tuvo el propósito de ahorrar las ganancias de la bonanza. Sin embargo, señala González (2011), “el dinero se ahorró, pero nunca se gastó; terminó dando vueltas en los mercados globales financieros”. De allí, se puede notar que el restringido gasto público no es a causa de la falta de recursos; las rentas del auge de los commodities o las pensiones se podrían usar en proyectos de infraestructura y viviendas. Sin embargo, ningún proyecto de ese tipo se concibe dentro de los planes del gobierno. La justificación para ahorrar las ganancias de las regalías es el miedo a la llamada “enfermedad holandesa”, situación en que la entrada de monedas extranjeras lleva a una revaloración artificial de la moneda local, y así daña a los otros sectores como la agricultura y la industria. Primero, hemos vistos que ese ya ha sido el caso. Cabe destacar que estos son los sectores que más crean trabajo -la industria 10 veces mas, y la agricultura 15 veces mas (Valencia & Pérez, 2011). Segundo, hay otros modelos en donde se puede aprovechar de manera sensata las rentas de exportaciones de materias primas a través de la (re)nacionalización de empresas extractivas, o renegociación de participación estatal, lo cual ha sido el caso en Venezuela, Argentina, Ecuador. En Colombia, este no es el caso; la participación del estado en la minería fue prohibida en el nuevo código minero del 2001, y la minería se efectúa con grandes TNC mineras con un sistema de exenciones de los más altos de América Latina. De acuerdo con las propuestas de la CEPAL de los años 1970’s, las reservas se pueden usar para inversión en infraestructura, como carreteras, drenaje, escuelas, ciencia y tecnología que podrían desarrollar mecanismos endógenos para aguantar los impactos de los crisis.

4. Conclusión Para concluir, según el análisis de este trabajo, los impactos socio-económicos de los cambios estructurales de la era de la

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globalización desde dos perspectivas. Primero, como un modelo de desarrollo del capitalismo nacional promovido por un modelo de acumulación sostenida, basada en la inversión productiva. En cambio, el excedente extraído es apropiado por los centros de acumulación: las grandes CTN principalmente del Norte. Segundo, la lucha entre el capital y el trabajo ha sido decidida a favor del capital; de ahí una capacidad reducida de los trabajadores de participar en las ganancias de los mejoramientos de productividad, y además la creación de plusvalía a través de modalidades de trabajo precario e indecente. Una expresión destacable de ese proceso en Colombia es la generación masiva de un ejercito de reserva industrial de pequeños productores desplazados, trabajadores informales, y la feminización de la fuerza de trabajo. En este contexto, lejos de construir un modelo capaz de proporcionar “beneficios para todos”, bajo el marco de un análisis estructural, concluimos que el modelo de desarrollo económico en el periodo de la globalización neoliberal es un modelo de acumulación excluyente y precaria.

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México: Extractivismo y Estado Neoliberal en México Francisco García González

Resumen Se analiza el rol que los gobiernos neoliberales mexicanos tuvieron entre 1982 y 2010, sobre las actividades extractivistas mineras realizadas por las corporaciones transnacionales y algunas de base nacional, haciéndose énfasis en las reformas constitucionales, impulsadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, para favorecer a dichas corporaciones. Se reflexiona sobre la coyuntura actual, de inicio del nuevo gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, en relación a la iniciativa de una Nueva Ley Minera formulada en el contexto del Pacto por México.

Palabras clave: Extractivismo, Estado neoliberal, Ley Minera, México.

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Introducción Las relaciones del extractivismo minero y el Estado en México encuentran sus raíces profundas y más remotas en la época colonial, desde el momento en el que los primeros propietarios de minas y haciendas de beneficio, protegidos por legislación indiana del Estado Regalista español, a través de “Las Leyes de los Reynos de Las Indias” y las “Ordenanzas de Minas”, (González y Moreno, 1987 y De Gamboa, 1987), deslumbrados con la riqueza aurífera y argentífera, iniciaron el saqueo en el siglo XVI que, ahora con nuevas leyes y con la protección del Estado neoliberal se profundiza en el inicio del actual siglo XXI. Es a mediados del siglo XVI cuando, con la tecnología minera traída de Europa, comienza la sangría-saqueo de minerales ricos en metales preciosos que, una vez extraídos en las haciendas de beneficio, fueron transportados en navíos trasatlánticos hacia Portugal, España e Inglaterra. También desde entonces la transformación y el deterioro del medio ambiente comienza a sufrirse, principalmente por la tala inmoderada de bosques para extraer madera que se requería para la construcción de túneles por donde se transporta el mineral y también para utilizarla como combustible para los procesos de fundición del mineral. Desde luego, la contaminación de los territorios cercanos a las haciendas de beneficio, comienzan a ser expuestos a subproductos de los procesos de amalgamación, como es el caso del mercurio, utilizado en el beneficio de la plata. Aquí el rol del estado regalista español a través de las Leyes y Ordenanzas mencionadas, fue de absoluto apoyo a los procesos extractivistas de los dueños españoles de minas y haciendas.8 Entre el siglo XVIII y finales del XIX se desarrollo un proceso extractivista marcado por la industrialización auspiciada por el Estado liberal. Particularmente, durante el siglo XIX, es cuando la actividad extractiva estuvo en manos privadas nacionales y extranjeras. Es la etapa de la revolución 8

El Estado regalista y el sistema por él aplicado en el ámbito del Derecho minero, significa, entre otros aspectos, que las minas son una “regalía” y por lo tanto son parte del patrimonio real, y para su explotación el Rey las cede y otorga a los particulares; específicamente, el sistema regalista se refiere a el dominio de las minas como bienes de propiedad exclusiva del Estado, el cual podrá otorgar a los particulares disponiendo de ella a su arbitrio, mediante el pago respectivo de los productos que genere la mina. En su carácter de titular del derecho de dominio sobre las minas, el Estado puede usar, gozar y disponer de ellas con entera libertad y así podrá venderlas, permutarlas, arrendarlas, concederlas, o explotarlas por su cuenta y riesgo. Véase: González y Moreno, 1987.

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industrial y el auge minero extractivista, a través del uso de la máquina de vapor, la sustitución de la fuerza animal y humana por la energía hidráulica e hidroeléctrica y, por otra parte, la etapa de utilización de nuevos métodos y técnicas de beneficio, basados en la lixiviación, la flotación, la cloruración y la cianuración, así como la de importantes avances en la geometría subterránea (tiros horizontales para conectar socavones así como para facilitar el desagüe de las minas). En esta época el Estado es facilitador del trabajo depredador y pillaje de las grandes compañías mineras, al favorecerlas con la modernización y construcción de sistemas ferroviarios para el rápido transporte y traslado de minerales a los centros capitalistas, principalmente a Estados Unidos y a los puertos marítimos mexicanos para el traslado del mineral extraído. A pesar de que se dio un breve pero significativo período de nacionalismo minero durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, sin embargo, posterior al mismo, surge con fuerza el moderno extractivismo asupiciado por el Estado neoliberal mexicano. Es en esta etapa cuando la tecnología minera extractivista se ha actualizado tecnológicamente, con la robotización de varios procesos de extracción, el uso de maquinaria moderna, la exploración y perforación profunda, la explotación a cielo abierto. En esta etapa, que va de 1982 hasta la actualidad, se concreta la alianza de la gran minería con los gobiernos nacionales, sean estos priistas o panistas, principalmente en la década de los noventa del siglo XX, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con una serie de reformas a la Constitución y con la publicación de una Ley Minera que favoreció a las grandes empresas mineras transnacionales. En esta historia de saqueo, el rol del Estado ha sido el de crear las condiciones y facilitar la explotación y extracción minera por parte de las empresas privadas, a cambio de recibir una parte mínima de dicha ganancia. Pro extractivismo, rentismo degradante y colaboracionismo son los elementos que resumen la relación del extractivismo y el Estado neoliberal en México. El objetivo de este ensayo es analizar la relación extractivismo y Estado neoliberal en nuestro país; además, caracterizar el inicio del actual gobierno conservador priista de Enrique Peña Nieto en relación a su iniciativa de expedición de una nueva Ley de explotación minera.

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Estado neoliberal y extractivismo en México Se ha señalado por varios autores que definir al neoliberalismo tiene sus dificultades debido a que su significado y connotaciones han cambiado en el transcurso del tiempo y su materialización en la práctica varía de acuerdo a las condiciones económicas, políticas y sociales del territorio geopolítico donde se aplica. No obstante esta dificultad, David Harvey, -uno de los teóricos marxistas actuales más importantesha planteado una breve definición: “El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad fuertes, mercados libres y libertad de comercio” (2009:6).

En una perspectiva más económica, el neoliberalismo como etapa actual del capitalismo, se caracteriza, según David Kotz, por ser una Estructura Social de Acumulación (Social Structure of Acumulation, SSA); es decir, una estructura que promueve, profundiza y garantiza la ganancia capitalista y constituye, a través de la financiarización, un marco favorable para la acumulación de capital, particularmente el capital bancario. (Kotz, 2011; Lapavitsas, 2009). Independientemente del enfoque interpretativo, sobre el neoliberalismo, el hecho es que hoy la nueva fase del capitalismo neoliberal ha encontrado, ante su crisis, un punto de fuga y solución al dimensionar su dinámica y desarrollo a nivel global, es decir la globalización neoliberal del capitalismo “…es un intento del capital por encontrar una solución a su crisis de acumulación, que se manifestó por primera vez en la década de los setenta del siglo XX, y que determina la estructura y la dinámica actuales del capitalismo en su forma neoimperial”(Petras & Veltmeyer, 2004: 77). En la estrategia de mundialización del capital a través del uso de mecanismos como la coerción militar y la acumulación por desposesión, es que surge lo que se denomina el nuevo imperialismo (Harvey, 2007); es decir, “…la estrategia política, diplomática, militar, económica y cultural orquestada por las principales potencias capitalistas

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del orbe para dominar a las clases sociales subalternas y las regiones estratégicas del mundo a fin de generar nuevos espacios de valorización y apropiación de riqueza, subsumir el mundo material de la producción y controlar los ámbitos de poder del Estado-nación” (Márquez & Delgado, 2011: 1415). En este proceso el rol del Estado es, garantizar las condiciones para que el capital transnacional se reproduzca y, sobre todo, tenga una ganancia permanente. En esa perspectiva, en nuestro país, en el caso de la minería, ese proceso, de subordinación del Estado a los intereses rentista de las compañías transnacionales extractivistas, inicia a finales del siglo XIX, cuando se utiliza explícitamente al Estado para acelerar y fomentar la acumulación capitalista en nuestro país, durante el régimen de Porfirio Díaz (Cypher, 1992), prolongándose hasta principios de la década de los ochenta del siglo XX, época en la que arranca propiamente lo que algunos autores han llamado “el primer gobierno neoliberal en México” con la presidencia de Miguel de la Madrid, para prolongarse, durante cuatro posteriores administraciones gubernamentales, hasta la de Felipe Calderón. En efecto, desde 1982 hasta la actualidad se ha venido aplicando en México el proyecto neoliberal. Recientemente, James Cypher y Raúl Delgado Wise, en su libro México a la deriva. Génesis, desempeño y crisis del Modelo Exportador de Fuerza de Trabajo, analizan la dinámica y características de los procesos de internacionalización del capital mismos que, según estos autores, giran en torno a tres dinámicas paralelas: “la expansión del comercio mundial, el crecimiento de los flujos financieros internacionales y la creación de sistemas de producción globalmente integrados y especialmente diseminados, comandados por las grandes corporaciones multinacionales” (Cypher y Delgado, 2012: 5); pero además, realizan un análisis sobre el procesos de implantación del neoliberalismo en nuestro país, desde un enfoque crítico de la teoría de la dependencia para explicar lo sucedido en México, desde el momento de inicio del neoliberalismo en el año de 1982; en este sentido, estos autores señalan que su enfoque analítico implica que “las fuerzas y los factores autónomos de México ejercen muchísimo poder sobre la mayoría de las decisiones y conjeturas cruciales sobre políticas económicas” (Ibid.: 43). Como veremos más adelante, en el caso del extractivismo minero mexicano, el enfoque y las tesis de Cypher y Delgado

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encuentran su correlato empírico, como fue el caso de la ley para la mexicanización de la minería mexicana que favoreció el capital minero local en detrimento de las empresas transnacionales. Antes de revisar en detalle lo anterior, es necesario señalar que en el marco de la búsqueda de nuevos espacios para la explotación por parte de capital transnacional, el Estado mexicano, en las últimas décadas del siglo XX, desmanteló conquistas sociales históricas (artículo 27 de la Constitución), a fin de convertirlas en oportunidades de inversión; así, renunció a su potestad sobre bienes naturales, convirtiendo su explotación en exclusiva prerrogativa de los capitales privados y, lo mismo que en otros países latinoamericanos, “se sancionaron nuevas formas jurídicas que garantizaron la protección de los derechos de las transnacionales extractivas, a la vez que se les otorgaron importantes beneficios y exenciones impositivas para fomentar su radicación y el desarrollo de megaproyectos extractivos” (Composto, 2012: 333). La forma específica en que la minería extractivista minera fue determinada por el neoliberalismo mexicano, ha sido abordada por diferentes académicos (Delgado y Del Pozo, 2002; Veltmeyer, 2012, Tetreault, s/f; López y Eslava, 2011; Ruíz, 2012) y periodismo de investigación (FernándezVega, 2012, 2013). Todos los autores coinciden en que el Estado neoliberal y las políticas públicas por el impulsadas en México, inician en 1982, sin embargo, antes de este año, se desarrolló una política estatal hacia el sector de la minería que explica las raíces del fortalecimiento y posterior connivencia neoliberal del capital minero de base nacional con el capital transnacional: la Ley de la Mexicanizac ión de la minería de 1961; en efecto, con esta Ley, se crearon “Condiciones excepcionales de protección hacia las grandes corporaciones de base nacional (a contracorriente de las políticas aperturistas y liberalizadoras implementadas en otros renglones de la economía), permitiéndoles aprovechar a su favor diversas medidas de corte neoliberal para acelerar no sólo sus procesos de concentración y centralización de capital, sino posicionarse estratégicamente y establecer un control monopólico sobre los mayores y más ricos depósitos minerales del país.” (Delgado y Del Pozo, 2002: 29). El proceso de fortalecimiento y consolidación del capital minero de base nacional se da en dos grandes etapas: la primera de 1982 a 1988, que se caracteriza por la

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implementación de varios estímulos y exenciones tributarias hacia la gran minería y la segunda de 1988 a 1996, durante la cual, se da la privatización de las reservas, unidades y plantas mineras así como la transferencia de concesiones de la pequeña a la gran minería y la adecuación, de la Ley Minera a los intereses de esta última, culminando esa reforma legislativa en 1996; así, durante aproximadamente quince años: se eliminan impuestos a la exportación, se establecen tasas diferenciales de descuento al impuesto directo a la producción minera, se implementa el sistema de depreciación acelerada de activos fijos lo que favorece a las grandes empresas mineras para colocarse a la cabeza de las innovaciones y avances tecnológicos, se inician procesos de privatización de reservas mineras nacionales, paralelamente se realizan procesos de privatización del sector paraestatal del sector minero y se realiza la gran primera reforma a la Ley Minera en 1990. Sin duda, la modificación legislativa más importante que favoreció a las empresas transnacionales mineras fue la realizada en noviembre de 1991 al artículo 27 constitucional y la ley reglamentaria correspondiente de febrero de 1992, al respecto Rubén del Pozo señala: “El 25 de septiembre de 1992 se expidió una nueva Ley Minera, la cual comienza a aplicarse el 29 de marzo de 1993, fecha en que fue emitida la reglamentación respectiva. Mediante este marco normativo no sólo se derogó en forma total el impuesto a la explotación minera (disminuyendo sensiblemente la carga fiscal de las grandes empresas (…), sino que se modificaron aspectos fundamentales relativos a la participación del capital foráneo en el sector. En los hechos, la nueva Ley hizo posible la apertura total del sector a la inversión extranjera bajo la figura-disfraz de ‘Sociedades Mexicanas’ (entidades con ninguna otra restricción a la participación del capital extranjero, que no sea la de constituirse conforme a las leyes mexicanas en la materia y establecer su domicilio fiscal en el país). Otro aspecto sobresaliente de la Ley Minera de 1993 es que amplía el plazo de las concesiones de 25 a 50 años, prorrogables por igual término” (Del Pozo, 2000: 67).

Las posteriores modificaciones y reglamentaciones a la Ley Minera impulsadas por el Estado neoliberal mexicano tuvieron como propósito proteger a la inversión extranjera y abrir las puertas al capital foráneo llevando a nuestro país a

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ser uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en el ámbito de la minería. Henry Veltmeyer ha señalado que no obstante la existencias de esa legislación leonina favorecedora de las grandes compañías mineras extranjera, estas, además, se las han ingeniado para burlar la propia ley y obtener aún más ganancias, a través de no entrega de documentación, informes falseados sobre impacto medioambiental de la explotación, el no pago o el pago simbólico por las concesiones obtenidas. (Veltmeyer, 2012) En realidad la legislación minera se adecuó para facilitar que el Estado mexicano siguiera con mayor facilidad las directrices de organismos mundiales como el Banco Mundial, Fondo Monetario internacional, Banco Interamericano de Desarrollo para incentivar y promover la inversión extranjera directa de las Empresas Transnacionales Extractivistas (ETE). Sobre el sentido y alcances de esa reformas y la adecuación de las normas constitucionales para el beneficio de las ETE, se ha señalado que en México “la reforma salinista de 1992 al artículo 27 constitucional sentó las bases para la desintegración del principio de propiedad colectiva e inalienable de la tierra (el ejido), generando un ‘mercado de la tierra’ con un impacto especialmente adverso y veloz sobre el vulnerable espacio social campesino. Salinas también se encargo de reformar la ley minera, dando carácter de utilidad pública a la exploración, explotación y beneficio de minerales, es decir, declarando el uso minero como preferente por sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del suelo. A ello se agregó la reforma a la Ley de Inversiones, permitiendo la llegada al sector minero de empresas con cien por ciento de capital extranjero. Este conjunto de reformas generó increíbles facilidades para las empresas transnacionales especializadas en la extracción de minerales, las cuales han clasificado a México como uno de los mejores destinos para invertir y lograr excesivas ganancias en breves períodos” (Ruiz, 2012) Aunado a lo anterior, la propia Ley Minera, en realidad fue pensada también para favorecer a las ETE, a manera de ejemplo, mencionemos lo referente a la duración de las concesiones mineras, sobre las cuales, el artículo 15 de dicha Ley señala: “Las concesiones mineras tendrán una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción

Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 en el Registro Público de Minería y se prorrogarán por igual término si sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación previstas en la presente Ley y los solicitan dentro de los cinco años previos al término de su vigencia” (López y Eslava, 2011: 35)

http://www.jornada.unam.mx/2011/11/14/min-riquesa.html

Los cincuenta años de concesión son fácilmente duplicados debido a que los requisitos y condiciones que la propia Ley marca son de carácter formal y alcanzable por las compañías concesionarias. Esto explica por qué, entre el año 2000 y el 2010, de un total de 195,924.800 hs. del territorio nacional fueron concesionadas 56,007,756 hs. (López y Eslava, 2001: 28) En un contexto internacional favorable, caracterizado por el incremento de la demanda de minerales a nivel de los países centrales, el aumento sostenido del precio del oro y el avance en nuevas tecnologías de extracción y beneficio de minerales, el Estado neoliberal mexicano bajo la presidencia de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, impulsó la transferencia de reservas minerales nacionales al extranjero y, paralelamente, favoreció el enriquecimiento de las ETE y dio continuidad al saqueo de la riqueza de nuestro país. La siguiente aritmética del oro y la plata, (documentada por Carlos Fernández Vega en el Suplemento Especial “La Jornada Minera” del periódico La Jornada) da cuenta de dicho saqueo, realizado en los últimos años, principalmente por empresas mineras canadienses: 1. “Alrededor del 26% del territorio nacional (52 millones de hectáreas) ha sido concesionado por el gobierno federal a consorcios mineros privados, que pagan, si lo hacen, ente 5 y 111 pesos por hectárea concesionada 2. Casi 26% de la extracción minera en México es oro (alrededor de 4 mil millones de dólares sólo en 2010), y toda ella queda en manos de particulares concesionados. 3. Sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza- extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México. 4. De 2005 a 2010, el valor de la producción minera (alrededor de 267 mil toneladas) en manos del puñado

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de corporativos privados ‘concesionados’ sumó 552 mil 422 millones de pesos, a cambio de los cuales pagaron ‘derechos’, si en realidad lo hicieron, por 6 mil 543 millones, una diferencia cercana a 85 tantos.” (Fernández, 2011, 2012). Podemos afirmar sobre lo hasta aquí expuesto, que si bien es cierto, que el modelo neoliberal en México, inicia en 1982 y, prácticamente desde este año se vislumbran algunas tendencias de las características que adquirirá la relación del Estado con el sector minero extractivista nacional e internacional a través de las desregulación del sector privado, la apertura financiera y los primeros pasos hacia la privatización del sector paraestatal mediante la “modernización del Estado”, será a partir de la presidencia priista de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y posteriormente la de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, que se expresa con nitidez una relación de subordinación y colaboración del Estado neoliberal con el capital minero extractivista transnacional en una perspectiva de apoyo absoluto a las empresas representantes de dicho capital en nuestro país. Lo que sucedió en México durante estos últimos 25 años, fue un reflejo de lo que sucedió también en otras regiones latinoamericanas en lo que se ha denominado el afianzamiento del neoliberalismo a través del “Estado nacional de competencia” como responsable de favorecer y crear los espacios y las condiciones institucionales y normativas para la acumulación del capital transnacional mediante procesos de desposesión. Sobre este proceso y otros semejantes que se realizaron al mismo tiempo en otros países latinoamericanos como Colombia y Perú, Claudia Composto de la Universidad Nacional de Quilmes ha señalado, refiriéndose a esos países, incluído México, que la experiencia de estas últimas décadas “representa una continuidad exacerbada del proyecto neoliberal y el Estado nacional de competencia, caracterizada por una recolonización políticoeconómica-territorial absolutamente descarnada de los países involucrados, la cual se expresa en la firma de tratados de libre comercio con EEUU y en las estrategias de contrainsurgencia (…) que por medio de la violencia,9 9

Esta misma autora, documenta las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno mexicano y los grupos paramilitares asociados a las transnacionales extractivas; así, en México “permanecen impunes las trágicas muertes de Francisco Quiñones en Jalisco, por su lucha contra la Minera Peña Colorada; la de Dante Valdez, maestro de Chihuahua, que denunció a la Minera Minefinders; y la de Mariano Abarca,

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http://dominiociudadano.org/2013/10/cartones-181013/

pretende desactivar las resistencias e imponer el orden social necesarios para cumplir cabalmente las disposiciones de la OMC, el BM y el FMI” (Composto, 2012: 334). En esta larga noche del neoliberalismo en México, que se ha extendido desde principios de la década de los ochenta del siglo pasado hasta la actual primera década del siglo XXI, el Estado ha actuado como garante y promotor de actividades extractivas que reafirman una larga herencia colonial que hoy permanece, en el sentido de que nuestro país continúe teniendo un rol primario exportador en la economía mundo. En estos más de cinco lustros de continuidad del Estado neoliberal la grandes empresas transnacionales extractivistas han vivido su auge, profundizándose su saqueo del oro y la plata y, paralelamente, profundizándose también la depredación, la contaminación, la muerte medioambiental y la pobreza y desaparición de las comunidades otrora dueñas de los territorios extraídos. El Estado neoliberal mexicano durante tres sexenios prisitas y dos panistas ha estado alineado con las políticas económicas definidas por el FMI, BM, OMC y los países imperialistas a través del Consenso de Washington, quien tomó como un agente de desarrollo privilegiado a la empresa privada. Por ello, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón coincidieron plenamente en reformar la Constitución y sus leyes reglamentarias para que la acumulación por desposesión, en el sector minero, encontrara en México un paraíso de inversión (nuestro país se ha convertido en un paraíso para la industria extractiva, a tal grado que existen 25,623 permisos que abarcan 51 millones de hectáreas, según datos de la propia Secretaría de Economía) que garantizaba hasta más de 80:1 de ganancia.

Perspectivas del extractivismo en México en el contexto del nuevo gobierno federal Después de las elecciones presidencial del 2010 en las que triunfo el PRI y llegó a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, 24 horas después de su toma de posesión el nuevo gobierno firmó el Pacto por México con los partidos políticos con representación en el Congreso Legislativo; en este Pacto se definió como compromiso, transformar la referente a la lucha contra el emprendimiento minero de la empresa Blackfire en Chicomuselo, Chiapas” (Composto, 2012, p. 351).

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http://www.alertaminera.net/2013/02/mexico-la-urgencia-dewirikuta.html#.Uk68fGRvzEU

minería en una industria eficiente y socialmente responsable en la que los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece. El acuerdo central para lograr lo anterior es la expedición de una Nueva ley de Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión. Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.

Pueblo Wixárica y su territorio sagrado Wirikuta amenazados por la minera canadiense First Majestic Silver

Sobre esta iniciativa, ya se han dado varios posicionamientos, la del propio Gobierno y, desde una postura crítica la de académicos progresistas de izquierda junto con Organizaciones No Gubernamentales y grupos medioambientalistas. Aparentemente, el Gobierno propone una reforma a la actual Ley Minera en la que los ejes principales sean: una nueva fórmula fiscal para las concesiones mineras, la sustentabilidad de la minería, respeto a las comunidades cercanas al sitio de explotación y, desde luego, como principalísimo, la seguridad jurídica a los inversores. Por su parte, el proyecto alternativo de reforma

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http://www.jornada.unam.mx/2013/04/20/cam-mineras.html

minera desde la academia y colectivos sociales, proponen el veto absoluto a la minería a tajo a cielo abierto, un esquema de regalías sobre la producción de metales y medidas explícitas de remediación ambiental. (Red Mexicana de Afectados por la Minería, Tajo abierto contra legislación minera en México. Marzo 21, 2013). Particularmente, organizaciones no gubernamentales y académicos han elaborado una propuesta ciudadana de reforma a la ley minera, la cual plantea eliminar el carácter de utilidad pública que tiene la extracción de minerales, la defensa del territorio, la biodiversidad y los derechos humanos, la defensa del agua, la prohibición de la minería a cielo abierto para metales preciosos, la regulación y vigilancia de la industria minera, el diseño de un nuevo esquema fiscal que detenga la transferencia de riqueza al exterior. De hecho el artículo que más preocupa de la Ley Minera a estas organizaciones, es el sexto, porque habla que la minería es del dominio público, cuando dicen esto señalan que las empresas hacen una labor en beneficio de la sociedad, cosa que es falsa. En ese mismo artículo se menciona la expropiación de cualquier terreno a favor de una empresa, esto es ilegal y es uno de los artículos que se requiere remover, es lo referente al agua, la ley minera habla que cuando existe un yacimiento de agua las minas tienen preponderancia en el uso más allá de las poblaciones u otras actividades económicas. También ya se han dado otros posicionamientos, contrarios a la nueva Ley Minera, pero desde el sector privado, sobre estos posicionamientos, Carlos Fernández Vega, a principios del 2013, escribía: “la siempre adelantada Cámara Minera de México (la cara pública de los barones del sector) desde antes pintó su raya, y en su informe 2012 advierte lo siguiente: ‘se preparó un estudio sobre la imposición de un eventual derecho a la producción minera considerando todos los elementos: objeto, no objeto, exenciones, sujetos, base, momento de causación, acreditamiento, tasa, declaración, época de pago, deducción, estímulos fiscales y vigencia y se concluyó la inviabilidad de tal derecho. Paralelamente se estudió otro esquema basado en las regalías mineras vigentes en Perú y Chile, concluyéndose igualmente su inviabilidad en México…” En otras palabras, la respuesta adelantada de la Camimex a la eventual promulgación de una nueva ley minera promovida por el Pacto por México es igual y de la misma dimensión a la que

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dio el Consejo mexicano de Hombres de Negocios a la ‘reforma fiscal de gran calado’: si saben contar, no cuenten con nosotros” (La Jornada 06/02/2013). En este contexto de posicionamientos a la nueva ley de minería, la Comisión Especial de Minería del Poder Legislativo, manifestó su decisión de revisar el régimen para el otorgamiento de concesiones mineras. Así, al instalarse la Comisión Especial de Minería, los diputados integrantes se manifestaron por revisar el régimen para el otorgamiento de concesiones mineras ya que, advirtieron, afectan social y ambientalmente a las comunidades. Señalaron que a pesar del importante impacto económico que significa para las regiones, existen comunidades que están en desacuerdo por las políticas de las empresas mineras, lo que ha ocasionado conflictos y hasta agresiones.10 En la actualidad, todavía no se conoce la postura pública de las empresas transnacionales extractivistas sobre la iniciativa del Pacto por México en torno a la nueva Ley de Minería; en todo caso, es un hecho que se avecina una 10

Las posturas de cada partido, en voz de sus representantes comisionados fueron las siguientes: “El presidente de la Comisión, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) mencionó que desde 2006 México se ha convertido en el principal receptor de inversiones de América Latina y el cuarto a nivel mundial en materia de minería y en 2012 hubo inversiones por un total de 5 mil 100 millones de dólares. Sin embargo, dijo que entre los pendientes que deben estar atendidos en este rubro están los de la seguridad social para los trabajadores y el régimen de concesiones. ‘Le tendremos especial atención a cada caso y serán atendidos con responsabilidad por la Comisión’, sostuvo. En su turno, el diputado Adolfo Bonilla Gómez (PRI) se pronunció en favor de velar por los pequeños mineros y no sólo las grandes empresas. ‘Debemos buscar como emparentar la bonanza minera con el desarrollo de las comunidades’, expresó. El diputado del PRD, Trinidad Secundino Morales Vargas, afirmó que no se otorgan las mismas condiciones a mineras sociales que las que se dan para empresas extranjeras. ‘Hay indígenas que son expulsados de su tierra, que es rica, y no reciben un solo peso, la destrucción de centros ceremoniales, como es el caso de San Luis Potosí, así como la de bosques’, alertó el legislador. Por Nueva Alianza, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays sugirió que dentro del plan de trabajo se incluya una agenda conjunta con representantes mineros. La diputada Judit Magdalena Guerrero López, del PVEM, pidió dejar atrás los temas partidistas para darles voz a las comunidades en donde existe actividad minera. ‘Tenemos que ver la generación y calidad de empleo, así como el uso y tratamiento de agua por parte de las empresas mineras’. El diputado del PT, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, mencionó que en Veracruz, Oaxaca y Puebla existen comunidades en resistencia contra empresas mineras las cuales, añadió, dañan el medio ambiente. En este sentido, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD) planteó el que la Comisión atienda los conflictos sociales provocados por esta actividad la cual, subrayó, tiene un impacto ambiental negativo. De igual forma, el diputado de la misma fracción parlamentaria, Mario Rafael Méndez Martínez, alertó que los conflictos sociales ocasionados por esta actividad han derivado en diversos asesinatos en el estado de Oaxaca. El diputado Erick Marte Rivera Villanueva (PAN) pidió que la Comisión que ponga especial atención a la pequeña minería. ‘Comparto la preocupación social, sin apartarnos de la visión de desarrollo, lo que requiere modificar algunos aspectos de la Ley Minera y el otorgamiento de recursos del fideicomiso de Fomento Minero” (Boletín LXII Legislatura, 2013).

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profunda discusión y posicionamientos políticos que, resueltos en el primer semestre del 2014, permitirán identificar con nitidez sí, con la nueva ley Minera estamos en una perspectiva nacionalista sobre la riqueza del subsuelo de nuestro país o bien, estaremos en los inicios de un nuevo modelo extractivista impulsado por el estado post neoliberal mexicano, en beneficio del capital transnacional.

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Conclusiones Durante las tres últimas décadas de gobiernos neoliberales en México (1982-2011) las actividades extractivas mineras de las empresas transnacionales y algunas nacionales han sido promovidas, protegidas y fortalecidas mediante reformas constitucionales impulsadas por el propio Estado mexicano. A diferencia de otros Estados nacionales en América Latina que, ante el extractivismo han actuado contradictoriamente (ya que en el discurso se autodefinen como antiextractivistas y defensores del medio ambiente pero en la práctica impulsan proyectos extractivistas), en el caso de México, el Estado neoliberal, en su discurso y práctica ha sido un aliado sistemático de las grandes corporaciones mineras extranjeras que operan en nuestro país. Aparentemente el nuevo gobierno mexicano, en un afán de legitimación, ha abierto una coyuntura para promulgar una nueva Ley de Minería, coyuntura que puede ser aprovechada para, entre otros aspectos, definir con claridad los nuevos roles del Estado y sus relaciones con las empresas transnacionales así como en la apropiación y distribución de la renta extractiva, la protección del medio ambiente, la gestión del territorio y la garantía de derecho de consulta de las comunidades; particularmente, sobre los mecanismos e instrumentos institucionales para garantizar beneficios locales reales a las localidades donde se da el proceso extractivista. En todo caso, desde las organizaciones ciudadanas y de la academia progresista se debe buscar articular esfuerzos para plantear alternativas a la reforma minera impulsada por el Estado mexicano; alternativas que se basen en un enfoque que, como lo ha señalado recientemente el investigador Juan Carlos Ruiz Guadalajara de El Colegio de San Luis, en la eliminación del carácter de utilidad pública que tiene el proceso extractivista de minerales y también: “en la recuperación del principio del bien común, la preservación

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del patrimonio, la defensa del territorio, la biodiversidad y los derechos humanos; la defensa del agua, la prohibición de la minería a cielo abierto para metales preciosos; el acceso efectivo a la justicia ambiental; la estricta regulación y vigilancia de la industria minera; el diseño de un nuevo esquema fiscal que detenga la transferencia de riqueza al exterior” (Ruiz, 2013). El papel de la academia progresista y las organizaciones no gubernamentales como la REMA, entre otras, en este proceso de discusión es esencial, toda vez que, los partidos políticos representados en la Comisión Especial de Minería de la LXII legislatura, de acuerdo a su posicionamiento inicial, expresa una idea muy limitada del problema de fondo del extractivismo minero y, por el contrario, se busca impulsar una “reforma de forma” para que todo continúe igual.

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México: Comunidad campesina y “Ciudades Rurales Sustentables” en el estado de Chiapas Reyna Catalina Pérez Alcázar

Resumen Por sus altos índices, Chiapas ocupa el segundo lugar de marginación a nivel nacional, primer lugar con población hablante de una lengua indígena, 99.13% de localidades menores a 2499 habitantes, y es considerado por el gobierno como unos de los estados con mayores atrasos sociales y económicos. En este ensayo se presenta la relación existente entre las comunidades campesinas de Chiapas y uno de los proyectos de desarrollo local que se estableció durante el período 2006-2012: la construcción de las Ciudades Rurales Sustentables. La reflexión busca en primer lugar conocer las principales características de las comunidades campesinas de Chiapas, y en segundo lugar esbozar el programa con el que el Gobierno pretendía resolver el problema de la dispersión y marginación de la población campesina, teniendo como resultados: ciudades abandonadas y afirmando el papel de Chiapas como un laboratorio para la aplicación de programas sociales.

Palabras clave: Comunidad campesina, desarrollo, estado, Ciudades Rurales Sustentables, Chiapas.

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Introducción El estado de Chiapas se localiza al sureste de México. Colinda al norte con los estados de Tabasco y Veracruz, al sur con el Océano Pacífico, al este con la República de Guatemala y al oeste con el estado de Oaxaca. Cuenta con una superficie total de 74,415.0 kilómetros cuadrados, y una población total de 4, 796,580.0 habitantes11. Chiapas había sido un estado “desconocido” hasta el 1º de enero de 1994. De manera sorprendente con el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); los focos de atención; tanto del gobierno, la prensa, como de la sociedad civil, se concentraron para el sur de México. Para Dávila (et al., 2002: 206) el movimiento armado hizo evidente la gravedad de los problemas socioeconómicos que se presentaban en el estado. Claro esta que este autor especifica que Chiapas ha sido y es un estado con un atraso significativo comparado con los estados del centro y norte del país, y su atraso va más allá «del necesario aumento en el gasto social, se requería de un replanteamiento profundo de la política de desarrollo regional del país», y ese desarrollo estaría basado en la construcción de mejores vías de comunicación; para generar un vínculo entre el sur-centro-norte, proveer recursos a la población a través de programas para “reducir la pobreza”, y además promover las inversiones privadas. Después del movimiento armado el gobierno mexicano en los tres niveles; federal, estatal y municipal, ha centrado su atención en promover programas sociales que proporcionen a los campesinos de Chiapas servicios básicos: salud, educación y vivienda. A partir de 1994 los programas sociales que han llegado a Chiapas para apoyar a la población han sido: el Programa de Empleo Temporal (PET), el Programa de Educación, Salud y Alimentación 12 (PROGRESA ), el Programa de Ampliación de Cobertura de Salud (PAC13), los Programas Compensatorios de Educación y el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33 (Dávila et al., 2002: 236), entre otros, enfocados al campo chiapaneco; Programa de Apoyos directos al Campo (PROCAMPO), Programa de Estímulos a la 11

Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010. Hoy llamado Oportunidades. 13 Hoy llamado Seguro Popular. 12

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Producción Ganadera (PROGAN14), Apoyos a Productores de Café, etc. Algunos de estos programas han cambiado de nombre, otros han desaparecido15, y unos más han sido reformulados. Para este ensayo se pretende analizar la relación existente entre las comunidades campesinas y uno de los proyectos de desarrollo local que se estableció durante el período 2006-2012 en Chiapas; la construcción de “Ciudades Rurales Sustentables”, que tiene sus bases fundamentales en la ideología de un Chiapas que vive en el atraso, que tiene comunidades en extrema pobreza, grupos marginados, grupos indígenas, relaciones de producción con bajos rendimientos, sin servicios básicos, y además comunidades campesinas que requieren del apoyo y dependencia del gobierno para subsistir. No obstante, tal cual pasó en muchas partes de nuestro país a partir de la integración súbita al modelo económico neoliberal, los campesinos han tenido que replantear su posición en este planeta, regido ahora por empresas transnacionales. Para los campesinos de Chiapas el cambio no ha sido tan grande en ese sentido, ya que desde hace siglos han sido explotados por Patrones, Hacendados, Finqueros y una de las diferencias de ahora, es que el gobierno y el mercado los quiere incorporar a las masas consumidoras. Se les ha dicho que tener casas de materiales tradicionales (madera, paja, tierra), usar medicina milenaria, no tener energía eléctrica, no tener artículos electrodomésticos sofisticados, y otros beneficios citadinos, es signo de pobreza, marginación y rezago social, lo equivalente al atraso. Ante eso, en este ensayo se considera que el proyecto de las Ciudades Rurales Sustentables con el que el gobierno pretende “ayudar” y sacar del atraso a las comunidades campesinas es solamente un estrategia para conducirlos a la lógica capitalista de mercado y consumo. Por lo cual se plantea la siguiente interrogante ¿es la lógica de los proyectos de desarrollo adecuada para entender el funcionamiento de las comunidades campesinas en Chiapas? Para tratar de responder a esa pregunta el ensayo se divide en tres secciones. En la primera se presentan las 14

Hoy conocido como El Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola o nuevo PROGAN. 15 Como la iniciativa de crear un corredor comercial, llamado Plan Puebla Panamá para conectar el norte-centro y sur de México a través de carreteras, proyectos comerciales y de inversión privada.

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principales características de las comunidades campesinas en Chiapas, tomando como base de referencia las características de los campesinos realizada por Shanin (1979); de acuerdo a la relación con la tierra, la unidad familiar campesina, la ocupación y la estructura de la comunidad, considerando que hoy en día las comunidades campesinas están vinculadas de alguna manera al mercado y no son cerradas. En el segundo apartado se muestra información sobre la relación entre Estado y comunidades campesinas a través del proyecto social de “Ciudades Rurales” implementado en comunidades campesinas, considerando que el programa de las CRS pretendía concentrar localidades dispersas y proporcionarles a las familias servicios básicos, así como, una “mayor prosperidad social y económica”, sin tomar en cuenta las necesidades de la población beneficiada. Finalmente en la última parte se presentan las conclusiones.

1. Las comunidades campesinas en Chiapas 1.1. Población Hasta el 2010; Chiapas tenía 119 municipios distribuidos en 15 regiones16 socioeconómicas, conformadas por 20,047.0 localidades17; de las cuales 19,873.0; tenían de 01 a 2,499 habitantes. De manera que el 99.13% de las localidades concentraba a 2, 459,382.0 chiapanecos, representando al 51.27% del total poblacional de Chiapas (INEGI: 2010). En la Figura No.1; se presentan los datos de los últimos tres censos poblacionales (2000, 2005, 2010) en Chiapas. Aproximadamente el 99% de las localidades chiapanecas han estado y están dentro del ámbito rural18. 16

Región I. Metropolitana, Región II. Valles Zoque, Región III. Mezcalapa, Región IV. De los Llanos, Región V. Altos Tsotsil-Tseltal, Región VI. Frailesca, Región VII. De Los Bosques, Región VIII. Norte, Región IX. Istmo-Costa, Región X. Soconusco, Región XI. Sierra Mariscal, Región XII. Selva Lacandona, Región XIII. Maya, Región XIV. Tulijá Tseltal Chol, Región XV. Meseta Comiteca Tropical. 17 En el 2011 se crean 3 municipios más, en total ahora existen 122 municipios en el Estado de Chiapas. 18 El INEGI clasifica y cuantifica zonas rurales a partir de 4 criterios: 1) demográfico; localidades menores a 2500 habitantes, o ampliada cuando consideran a menos de 5000 habitantes, 2) Político administrativo; que la localidad sea o no cabecera municipal, pero que no sea considerada villa o ciudad, 3) económico; que la localidad no sea considerada como zona industrial, comercial, etc., y 4) De infraestructura y equipamiento básico: disposición de carreteras y servicios básicos (INEGI, 2005-b).

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Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 Figura No. : Porcentaje de localidades por volumen de población en Chiapas

100% 100% 99%

0.09

0.11

0.13

0.65

0.66

0.74

99.26

99.23

99.13

99% 2000 Menos de 2 500

2005 2 500 a 14 999

2010 15 000 y más

Fuente: Elaborado en base a datos del INEGI (2011). Tamaño de localidades por entidad federativa; 2000, 2005, 2010.

La población de Chiapas, es además, una de las más ricas y variadas en cuestión de grupos étnicos, costumbres y tradiciones. Tiene grupos poblacionales de las etnias Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal. Hay al menos; 1,495, 880.0 jefes de hogares (o su cónyuge) que hablan una lengua indígena y 421, 358.0 chiapanecos no hablan español o castellano19, a nivel nacional Chipas es el estado que ocupa el primer lugar con población hablante de una lengua indígena. 1.2. Características Los campesinos no podrían definirse como un grupo cerrado de producción o como un conjunto de sujetos con las mismas características sino más bien son un grupo heterogéneo que posee su propio modo de vida; en donde interactúan elementos naturales, físicos, sociales, humanos, financieros, costumbres y tradiciones que los hacen tener una lógica de reproducción diferente a la población que habita en zonas urbanas. Los campesinos chiapanecos pueden verse hoy con las características peculiares que Shanin describía en los años de 1970, de acuerdo a la relación con la tierra, el funcionamiento de su unidad y su comunidad campesina, las relaciones que se establecen dentro de ellas y además con el mercado: a) La relación con la tierra; la unidad familiar campesina (UFC) tiende a satisfacer primeramente 19 Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010, en: www.inegi.org.mx

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las necesidades del individuo, de la familia, y en un segundo término las de la sociedad. Esto hace que el campesino tenga cierta independencia de otros productores y del mercado (Shanin, 1979: 216) Para Esteva (1984: 144-46) la relación campesino–tierra esta expresada en el espacio que le permite al campesino materializar su actividad productiva, y no es considerada como un medio de producción que le genere una ganancia desde el punto de vista de la acumulación capitalista. Los campesinos aparecen como comuneros, ejidatarios, colonos, o pequeños propietarios, de acuerdo a la tenencia de la tierra que posean. Dependen fundamentalmente de su fuerza de trabajo para vivir y reproducirse y su “vínculo con la tierra constituye un mecanismo de pertenencia a una estructura socioeconómica que es condición estable de supervivencia: la comunidad rural”. Los campesinos chiapanecos tienen como principal actividad la agricultura20; con cultivos como; café21, maíz y frijol, más algunas verduras que nacen en el predio. Sus actividades se centran en la producción de productos agrícolas para satisfacer las necesidades y el funcionamiento de la UFC y, después de cubrir esas necesidades con la cantidad requerida, el resto se destina al mercado. Sobre esto, Ploeg (2010: 57) considera que: «la agricultura campesina se basa principalmente, pero no exclusivamente, en un flujo relativamente autónomo de recursos producidos y reproducidos dentro de la propia unidad agrícola». Un ejemplo de agricultura campesina son los campesinos de la comunidad indígena tzeltal de “Aguacatenango” en Chiapas; tienen en promedio 2 ha de terreno para la siembra de maíz y frijol de temporal, su rendimiento de producción aproximado es de 2.1 toneladas por hectárea. El 60% de su producción es destinada para alimentación de los integrantes de la UFC, semillas para el siguiente ciclo de producción, alimentación de los animales

Chiapas con el sector primario contribuye con el 4.39% del PIB nacional. Tiene una superficie sembrada de 1, 414,517.0 hectáreas que representa el 6.44% de la superficie nacional. Los principales cultivos agrícolas por superficie sembrada son el maíz grano (698, 305.52 ha), café cereza (convencional y orgánico con 255, 285.19 ha), frijol (116.044.85 ha), entre otros más como pastos, palma africana, caña de azúcar, mango. 21 Producto destinado principalmente al mercado. En Chiapas se encuentran productores pequeños, medianos y grandes.

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de la unidad, y para cubrir los cargos22 religiosos; como ser mayordomos. El resto de la producción puede ser distribuida por dos vías; la primera, que sea acaparada por los coyotes en el proceso de comercialización y la segunda que sea destinada para pagar adeudos contraídos previamente a la cosecha. Los campesinos de “Aguacatenango” alternan las actividades agrícolas con otras actividades fuera del predio familiar y de la comunidad; que pueden ser desde vender su fuerza de trabajo en la industria de la construcción, como prestar servicios de transporte público dentro de la comunidad, para complementar sus ingresos, comprar los insumos que se requieren para el cultivo del maíz; fertilizantes, químicos, adquirir alimentos balanceados para la cría de cerdos de granja, o bien para cubrir los gastos de los cargos religiosos. Sobre esto, Ploeg (2010: 62) considera que la pluriactividad de los campesinos por un lado es «para complementar sus ingresos, pero también para obtener fondos que les permiten invertir en la agricultura, comprar diésel, bombas para irrigación, semillas, fertilizantes, bueyes, un tractor, o alimentar a la familia» b) La granja campesina —unidad familiar campesina—; “es la unidad básica de la propiedad, la producción, el consumo y la vida social de los campesinos” (Shanin, 1979: 217). La UFC es el espacio donde interactúa la familia, se establece la división del trabajo y se convierte en un ente que mantiene múltiples relaciones con la comunidad y el resto de la sociedad. Desde acá inician los principios de solidaridad, cooperación y, ayuda mutua. Esta conformada de una vivienda, terrenos agrícolas, ganado menor y mayor, y por su puesto la familia (nuclear). En la UFC el sentido del patrimonio es uno de los valores más grandes que han existido en las sociedades a lo largo de la historia, esa la herencia que se ha pasado de una generación a otra y que le da sentido a muchas de las acciones de las comunidades. El patrimonio, algo que no sólo se limita a ser una cantidad de dinero, tierra u otro tipo de posesiones materiales; está conformado por las tradiciones y otros rasgos culturales como el idioma, la vestimenta, los 22

Los campesinos de esta comunidad cuando tienen un cargo religioso “católico cristiano”; mayordomo, destinan parte de la producción de maíz y frijol para hacer alimentos como tortillas, tamales, pozole, para toda la comunidad en los días de fiesta.

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Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 hogares y el prestigio familiar. En pocas palabras, es él dote que otorgan los padres a sus hijos para ayudarles a sobrevivir en el mundo. c) La importancia fundamental de la ocupación; los campesinos se encargan de todas la labores de la unidad, desde la producción hasta la venta de la producción excedente. Shanin considera que el campesino al ocuparse de las labores de la UFC les genera una especialización y profesionalización en las actividades del campo (1979: 219). Los campesinos al usar solamente el trabajo familiar, y realizar ellos mismos sus propias actividades los convierte en las personas con más experiencia y quizás más capacitados en el campo. En el caso de los campesinos chiapanecos que se dedican al cultivo tradicional del café23, ellos a parte de conocer y realizar las principales actividades en el cultivo: chapeo, desombre, deshije, podas, corte del grano maduro; deben conocer los tiempos en los que hay que hacer cada una de esas actividades. Se convierten en especialistas de las principales plagas y enfermedades que presentan sus cultivos —aunque no conozcan los nombres científicos— saben como tratarlos y evitarlos. Aunado a ello, si quieren tener mejores precios en la comercialización de su producto se convierten en organizadores de los propios campesinos para realizar la venta de su producto en conjunto. d) La estructura aldeana —comunidad campesina—; aquí el campesino “alcanza un nivel de autosuficiencia social… es el mundo del campesino. Una sociedad de pequeños productores se compone generalmente de innumerables segmentos de aldeanos, dominados y explotados por jerarquías políticas ajenas” (Shanin, 1979: 220) Para alcanzar la autosuficiencia social hay que considerar que las comunidades como dice Prada (2010: 56) se conforman sobre la base de las redes de relaciones de parentesco, las alianzas familiares, territorialidades, intersubjetividades afectivas, identidades colectivas, y configuraciones culturales. 23

Para los campesinos del cultivo de café se hace referencia a los pequeños productores que mantienen en promedio de 2 hectáreas de cultivo de café, que no utilizan fuerza de trabajo contratada, solamente la familiar o la mano vuelta.

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http://todochiapas.mx/2012/04/el-cafe-de-chiapas/

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Las comunidades campesinas en Chiapas tienen una dinámica social y poblacional diferente y compleja. Sus relaciones sociales están basadas en la familia, el compadrazgo, la identidad, la cooperación, la solidaridad, las tradiciones y, los usos y costumbres, esto hace que sus vínculos con el resto de la sociedad sean más fuertes y sólidos. e) El campesinado es una entidad social preindustrial; “tiene una estructura social, una economía y una cultura, diferentes más antiguas” (Shanin, 1979: 220) Los campesinos son una entidad que; por un lado son considerados como sujetos sociales de “carácter de clase” dominados por las otras clases y, por otro; son un “mundo diferente, una sociedad en sí misma, muy autosuficiente, que ostenta los elementos de un patrón de relaciones sociales separado, claro y cerrado” (Shanin, 1979: 228). En la actualidad, las comunidades campesinas no son cerradas, y tampoco son autosuficientes, ya que gran parte de los insumos que utilizan son adquiridos en el mercado. No obstante, el campesinado en Chiapas tiene una estructura social basada en la cultura y los valores, una economía campesina que funciona a través de las actividades agropecuarias, artesanales y con la venta de fuerza de trabajo a las zonas urbanas.

2. Ciudades Rurales Sustentables y la comunidad campesina

http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=572

2.1. Estado y campesinos En la historia de México la relación entre el Estado y los campesinos tiene ya una gran trayectoria que va desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días. Después de la revolución mexicana de 1910 (movimiento apoyado por los campesinos) los gobiernos han tratado de excluir a los campesinos de cualquier actividad relacionada al poder, a través de la desarticulación. Esteva (1984: 79) señala que para el gobierno mexicano era preciso excluir a los campesinos del proyecto gubernamental porque “no tenían cabida en él… no entraban dentro del banquete de la revolución industrial” y considera que:

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Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 “Excluir a los campesinos no significaba prescindir de ellos. Se trataba de que cumplieran una función estratégica en el proyecto de gobierno, subordinando a él sus reivindicaciones y sin gozar de sus frutos, con la sola expectativa de incorporársele, más adelante, cuando dejen de ser lo que son” (Esteva, 1984: 81).

De manera que, los campesinos se han convertido en el dolor de cabeza para el Estado y su aparato de gobierno (Esteva, 1984: 88). No obstante, los campesinos hoy en día son la clave de las diferentes administraciones públicas; primero para que no se organicen y desestabilicen la administración y segundo para mantenerlos lo suficientemente lejos para que no les cumplan sus demandas. Como paso en Chiapas (en los 90) con los Acuerdos de San Andrés Larrainzar firmados en conjunto con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, y como esta pasando en la aplicación de programas sociales enfocados a objetivo. Aunado a ello, el Estado no ha dejado de fungir como uno de los agentes para promover el cambio en las comunidades campesinas. Sobre esto, Ayala considera que el papel del Estado ha ido cambiando en el transcurso de los años, ha pasado de un aparato burocrático a un Estado intervencionista, para luego:

Para Wolfe (1987: 111-114) dentro de los protagonistas del desarrollo: existen dos tipos de agentes; los colectivos y los profesionales, dentro de estos hay por lo menos tres niveles de acción; 1) los altos dirigentes, portavoces y teóricos, 2) los intermediarios y funcionarios y, 3) la gran masa subordinada (que aquí entrarían los campesinos24). En estos niveles existe además una gran diversidad de categorías de agentes entre ellas; políticos, planificadores, burócratas, empresarios, jueces, oficiales militares, dirigentes sindicales; de asociaciones, de movimientos de los pobres, estudiantiles, 24

Dejarán de estar en este nivel hasta que pasen de objeto a sujeto social y lleguen a ser actores sociales en beneficio de sus propias comunidades para luego lograr un cambio a nivel estatal y nacional.

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http://elorbe.com/portada/09/18/en-marcha-ciudadrural-sustentable.html

“Convertirse en el actor principal de la modernización de la sociedad, siendo el promotor y organizador de las nuevas capas, de grupos y estructuras sociales. Por ello, se vuelve más complejo y diversificado, para finalmente convertirse en la empresa pública como un agente de acumulación de capital, protagonista directo en la producción, distribución y financiamiento” (2001; 16-17).

Nuevo Juan de Grijalva, Chiapas, “primera ciudad rural sustentable del mundo” (2009)

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religiosos, propietarios de medios de comunicación, académicos, intelectuales, entre otros. El Estado en teoría cambia su rol de acuerdo a las “necesidades” de su sociedad a la que debería de proveerle de mejores infraestructuras, empleos, mejores condiciones de vida; salud, educación, vivienda, para ello “supuestamente” crea políticas sociales y públicas, así como genera un plan de desarrollo nacional y leyes de desarrollo, que le ayuden a lograr sus objetivos. En Chiapas el gobierno como una categoría de agentes participa con la aplicación de programas sociales para promover el desarrollo de las comunidades que presentan mayores niveles de pobreza. Por ello incluyó en la Constitución Política del Estado de Chiapas los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Construyeron 2 Ciudades Rurales Sustentables y establecieron el Instituto de las Ciudades Rurales Sustentables. De forma más actual echaron andar el programa contra el hambre “la cruzada nacional contra el hambre”. Veamos uno de estos programas y sus principales resultados en las comunidades campesinas. 2.2. Ciudades Rurales Sustentables Durante el gobierno de Juan Sabines Guerreo en Chiapas (2006-2012) se promovieron algunos programas25 y proyectos para dar solución a problemas de pobreza (marginación y rezago social) y dispersión26 de la población, a partir de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno a través de esos programas pretendía proporcionarle a los chiapanecos —que viven en zonas rurales— servicios básicos de salud, vivienda, educación, alimentación, empleo, proyectos productivos y un 25

Programas y proyectos enfocados a los 8 ODM; Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN), Oportunidades beneficiando a 654,032 familias, Banchiapas, Banmujer 28, Empresa Joven, Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), Convenio de Confianza Agropecuaria (CODECOA), Agricultura Protegida, Maíz Solidario, PROCAMPO Tradicional, Programa de Apoyo Alimentario (PAL), programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), Programa de Empleo Temporal (PET), Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) otorgando 814 proyectos, entre muchos más en los rubros de salud, educación, vivienda, empleo, medio ambiente, (Gob. del Estado de Chiapas, 2012:25-34). 26 La dispersión poblacional para el aparato de gobierno representa «un freno al aprovechamiento de las economías de escala en la provisión de servicios públicos y determina también mayores costos para las empresas al atender un determinado nivel de demanda» (Dávila et. al., 2002: 209)

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desarrollo económico. Uno de esos programas fue construcción de Ciudades Rurales Sustentables27(CRS). Para el gobierno (2010) las CRS constituyen:

“Una estrategia de política pública, tendente a promover el desarrollo regional; combatir el binomio dispersiónmarginación, con la más amplia participación ciudadana y la colaboración de la sociedad civil organizada; proporcionar servicios de calidad y oportunidades de desarrollo económico y social a la población” (Gobierno del estado de Chiapas, 2010:1).

Pequeñas ciudades nuevas, construidas en el área rural, o como “barrios nuevos” de pequeñas ciudades ya existentes, que ofrecen al campesinado del estado una serie de servicios (luz, agua, drenaje, educación, salud, comunicaciones, empleo), con el objetivo de concentrar a los hombres y a las mujeres del campo porque, según el gobierno, viven muy “dispersos”.

La primera de las 25 CRS que se construye fue la de “Nuevo Juan de Grijalva” del municipio de “Ostuacán”. Se empieza a construir; después de que en noviembre de 2007 la localidad “Juan de Grijalva” sufriera el desgajamiento de un cerro causado por las lluvias del frente frio 2 y 4 y afectara a las familias; dejándolas sin ningún bien, destrozando las viviendas y algunas tierras de cultivo. En el 2009 se inaugura la ciudad y se reubican a las familias que fueron afectadas. Los campesinos afectados (410 familias) fueron reubicados en 27 Para el 2012 el programa ya no hace referencia a Ciudades Rurales Sustentables,

sino que lo cambiaron a Villas Rurales Sustentables.

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http://descrecimiento.blogspot.com/2011/06/las-ciudades-rurales-sustentables-de.html

En dónde el gobierno tenía programado construir 25 CRS en todo el estado, parafraseando a Beteta (citado por Esteva, 1984: 80): el gobierno soñaba con un Chiapas sin localidades dispersas, sin pobreza y de “pequeñas ciudades industriales, electrificadas, con sanidad, donde los bienes fueran producidos para satisfacer las necesidades de la población, la maquinaria se empleara para aliviar al hombre de los trabajos pesados y no para la llamada sobreproducción”. De manera que, la buena voluntad del gobierno no tomo en consideración posibles complicaciones en el desarrollo de su proyecto, y mucho menos las necesidades de la población beneficiada — los campesinos—, veamos por qué, ¿Qué son las CRS y cuáles han sido los principales resultados? Para Pickard (2012: 7), las CRS son:

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la CRS, se beneficiaron 1,704 habitantes28. Quienes cambiaron sus cultivos de maíz por un proyecto conjunto de invernadero (flores, jitomate, chile), dejaron de ser sus propios patrones para depender de los subsidios del gobierno. En realidad, ese fenómeno fue el causante de iniciar la construcción de la ciudad, ya que si esto no hubiese sucedido, Nuevo Juan de Grijalva no existiera. ¿Entonces dónde hubieran establecido la primera CRS? Para el 2011; se inaugura la segunda CRS29 en el municipio de “Santiago el Pinar”. Este municipio estaba ubicado a nivel nacional en el lugar 268 por su alto índice de marginación, razón por la cual el gobierno construyó la ciudad ahí. Llama la atención que el gobierno haya realizado la construcción de la segunda CRS en el municipio de “Santiago el Pinar” y no en el municipio de “Sitalá” que es el sexto municipio de México con una muy alta marginación y el primero a nivel estatal. Para Pickard (2012: 40) dentro de las razones por las cuales se construyó la segunda ciudad en Santiago el Pinar fue; su cercanía a de los “caracoles zapatistas30” en la localidad de “Oventic”, y su fácil acceso a municipios autónomos zapatistas; “San Andrés Larrainzar y El Bosque”. Entonces ¿Cuáles son los criterios de selección para construir la CRS? Si lo que gobierno pretendía era eliminar la dispersión de comunidades, erradicar la pobreza, disminuir los índices de rezago social y la marginación, no, hostigar a comunidades autónomas. En el último informe de gobierno de Sabines (2012) consideran que; con la construcción de las dos CRS, en proceso de construcción dos más (en los municipio de Jaltenango e Ixhuatán), y la Villa Sustentable (en la localidad de Emiliano Zapata) el Estado pasó del lugar 19 en rezago social al 307 hasta el año 2010 (Catellanos et. al, 2012: 31). No obstante; los resultados de la Conapo (2011: 57) muestran 28

Ciudad Santiago el Pinar, Chiapas. ¿Reubicación de la población para el desarrollo social ?

Este total en porcentajes representa el 0.03% del total poblacional. Tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda 2005, ya que la CRS fue inaugurada el 27 de septiembre de 2009. 29 Con el proyecto se construyeron; 115 viviendas nuevas en la cabecera municipal, 350 viviendas en predios familiares, 489 viviendas que fueron de alguna manera mejoradas en sus estructura (esto último en cuatro localidades del municipio) y el mejoramiento de infraestructura en la cabecera municipal y cuatro comunidades, como; «el centro urbano, plaza cívica, tiendas, paraderos de transporte, áreas comerciales, biblioteca pública, casas ejidales, escuelas, templos religiosos, la construcción de 1planta ensambladora, 6 invernaderos, 4 hectáreas de gladiolos, micro túneles para la producción de hortalizas y granjas avícolas» (Gobierno de Chiapas, 2011). 30 Son regiones organizativas de las comunidades autónoma del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

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que Chiapas se encuentra con muy alto índice de marginación31 y ocupa el 2º lugar a nivel nacional. Si bien, la administración de Juan Sabines Guerrero trató de impulsar proyectos para promover el bienestar de ciertas comunidades campesinas, sus resultados no fueron los esperados, porque las CRS hoy en día están desiertas y abandonadas. Mandujano (2012), hace alusión a que la CRS en “Santiago el Pinar” es un fracaso porque; no tienen energía eléctrica, ni agua potable, estos servicios solamente funcionaron unos meses después de la inauguración. En el centro de salud no había médicos y enfermeras, y únicamente funcionaba la ensambladora de bicicletas. Sobre esto Hernández menciona que: “El proyecto pretendía tener fábricas y pequeños comercios que dieran empleo y sustentabilidad a la comunidad. Sin embargo, la docena de locales del mercado están vacíos. La procesadora de Café y el restaurante permanecen cerrados. En las oficinas no hay nadie” (Hernández, 2012).

El fracaso de las CRS por un lado se debe a que las viviendas no tenían las condiciones prometidas (el caso de la segunda ciudad), pero por el otro lado el gobierno no consideró aspectos como; el arraigo de la población a sus antiguas localidades e inclusive sus viviendas, las costumbres y tradiciones (siendo grupos étnicos) en lo referente a cultivos, ceremonias, espacios. Éstas localidades en conjunto con su población tienen otro modo de vida, otras necesidades, una economía campesina (indígena y no indígena) basada en la producción agrícola, en el uso de la fuerza de trabajo familiar y en la satisfacción de las necesidades familiares que no tienen que ver con la lógica de funcionamiento capitalista neoliberal32 basado en la lógica de la acumulación. 31

«Las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas» (Conapo, 2011:9) 32 Petras y Veltmeyer (2006:272) consideran al neoliberalismo como «una doctrina económica con prescripciones políticas diseñadas para integrar todas las economías en una nueva economía global dentro del marco del nuevo orden mundial». Se caracteriza por la aplicación de políticas como: la privatización de los medios de producción y empresas relacionadas, la liberalización de los flujos comerciales y financieros, la desregulación de los mercados de productos y laborales, y la reducción del estado conforme a las tres reformas estructurales anteriores, para sustituir a las instituciones de la empresa privada y las fuerzas de la libertad. En el neoliberalismo se impone el mercado, y por su intermedio una visión de mundo y unas prácticas culturales y políticas que corresponden al

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http://chacatorex.blogspot.com/2010/10/se-desmoronaciudad-rural-de-juan.html

3. Conclusiones

“Se desmorona Ciudad Rural de Juan Sabines. Nuevo Juan de Grijalva, Chiapas”. Mirada Sur: 07/10/2010

¿Es la lógica de los proyectos de desarrollo adecuada para entender el funcionamiento de las comunidades campesinas en Chiapas? No, por qué: Primero porque; Chiapas al igual que otros estados de la República Mexicana tiene más del 90% de población que habitan zonas rurales. Sus localidades están dispersas en todo el estado. La relación existente entre las comunidades campesinas y el gobierno se establece a través de los proyectos y programas sociales, provocando dependencia de los campesinos hacia los apoyos de gobierno. Segundo: La construcción de las CRS más bien se efectuó para satisfacer la lógica de los mercados mundiales y así atraer inversiones y continuar con el esquema de la “venta” de servicios turísticos, eco- turístico en Chiapas y seguir promoviendo la imagen de los campesinos e indígenas a nivel mundial, que resolver el problema de la dispersión y de la marginación. Aunque no se menciono en este ensayo el proyecto de las CRS fue un proyecto apoyado por empresas privadas a través de sus fundaciones; Fundación Azteca, Fundación Telmex, Fundación BBVA-Bancomer, Fundación Carso, Farmacia del Ahorro, entre otras más. Tercero: Los proyectos sociales de desarrollo en Chiapas son para integrar a los campesinos al mercado a través del despojo de sus tierras y sobre todo, cambiar sus costumbres, a través de la destrucción del modo de vida campesino y de la desintegración de la vida comunitaria; usando como pretexto la problemática de cómo resolver la pobreza, a través de formulas genéricas como proporcionar servicios de vivienda, salud, educación, etc., bajo una lógica capitalista lo cual no pertenece a los campesinos, ya que la lógica campesina se basa en puntos más endógenos como cultura, costumbres, modos de autosuficiencia, etc. De ahí, que los proyectos deberían estar mas enfocados a lo local, deben ser generados dentro del interior de las comunidades campesinas, que son ellos los que conocen su problemas, saben que es lo que quieren y además tienen todas las habilidades para realizarlo.

capitalismo, afecta a las sociedades campesinas, desgarrando lo local, lo inmediato, las prácticas de producción tradicionales de las familias.

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Finalmente Chiapas se ha convertido en un laboratorio para la aplicación de programas sociales para combatir la pobreza y la marginación, sin resolver el problema de fondo.

4. Bibliografía Castellanos, Cassandra G., Ma. Teresa Constantino J., David Díaz J. Alicia García S., Zynthia Gómez J., y Yaneth G. Jiménez R. (2012), “Todo Chiapas, Almanaque” Gobierno del Estado de Chiapas, Agosto 2012. Consejo Nacional de Población, CONAPO (2011), “Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010” Anexo B Aguascalientes – Morelos, en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginaci on_2010_por_entidad_federativa_y_municipio [Consultado el 16/02/2013] Constitución Política del Estado de Chiapas (2012), “Decreto número 263”, en http://www.consejeriajuridica.chiapas.gob.mx/marcojuridico/pd f/cpech.pdf [consultado el 11/11/2012] Dávila Enrique, Georgina Kessel y Santiago Levy (2002), “El sur también existe: un ensayo sobre el desarrollo regional de México”, en Revista Economía Mexicana, Nueva Época, vol. XI, número 2, México, segundo semestre de 2002. Esteva, Gustavo (1984), “La batalla en el México rural”, México, Siglo Veintiuno Editores. Gobierno del estado de Chiapas (2012), “Resultados de la Estrategia para erradicar la pobreza extrema de acuerdo con los ODM”, Gobierno del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Julio 2012, en http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wpcontent/uploads/2012/06/Resultados_de_la_Estrategia.pdf [Consultado el 28/11/2012] Gobierno del estado de Chiapas (2011), “Ciudades Rurales Sustentables”, en: http://www.ciudadesrurales.chiapas.gob.mx/sp_antecedentes [Consultado el 17/02/2013] Gobierno del estado de Chiapas (2010), “Ley de ciudades rurales sustentables para el estado de Chiapas”, en http://www.consejeriajuridica.chiapas.gob.mx/marcojuridico/ley /LEY%20DE%20CIUDADES%20RURALES%20SUSTENTABLES% 20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20CHIAPAS%2005Noviembr e2012.pdf [Consultado el 28/11/2012]

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Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 Hernández, Edgar, (2012). “Ciudad Rural Sustentable de Chiapas fracasa”, en Noticias Terra, 08 de octubre de 2012, en http://noticias.terra.com.mx/mexico/seguridad/ciudad-ruralsustentable-de-chiapasfracasa,8a8aa74bfa04a310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html [Consultado el 10/10/2012] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011), “Volumen y crecimiento. Población total según tamaño de localidad para cada entidad federativa, 2000, 2005, 2010”, en http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdem o13&s=est&c=17503 [Consultado, 17/02/2013] _______ (2010), “Censo de Población y Vivienda 2010”, en www.inegi.org.mx [Consultado el 17/02/2013] _______ (2005-a), “Censo de Población y Vivienda 2005”, en www.inegi.org.mx [Consultado el 13/05/2009] _______ (2005-b), “Población rural y rural ampliada en México, 2000”, en www.inegi.org.mx [Consultado el 17/02/2013] Mandujano, Isaín (2012), ”Ciudades rurales sustentables, el fracaso de Sabines”, en Revista Proceso, 25 de agosto de 2012. En: http://www.proceso.com.mx/?p=318070 [Consultado el 25/08/2012] Petras, James, y Henry Veltmeyer (2006), imperialismo”, México, Siglo Veintiuno Editores.

“Imperio

con

Pickard, Miguel W. (2012), “El ABC de las Ciudades Rurales Sustentables”, CIEPAC, Proyecto Democracia y territorio-Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, en www.radiozapatista.org/?p=5581 [Consultado el 19/02/2013] Ploeg, Jan D. van der (2010), “Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios”, Icaria Editorial S.A. Barcelona, España. Prada, Raúl A. (2010), “Umbrales y horizontes de la descolonización”, en Álvaro García Linera, Raúl Prada, Luis Tapia, Oscar Vega Camacho coord. El Estado. Campo de lucha. CLACSO, La Paz, Bolivia. Shanin, Teodor (1979), “El campesinado como factor político”, en T. Shanin, Campesinos y sociedades campesinas, Fondo de Cultura Económica, México. Wolfe, Marshall (1987), “Agentes del desarrollo”, en Revista de la Cepal No.31, abril, Santiago de Chile.

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Perú: Hacia una estrategia revolucionaria de desarrollo Jan Lust

Resumen La estructura económica del Perú no ha cambiado mucho desde la década de 1960. Al comparar la estructura exportadora del país para los períodos 1960-1970 y 2000-2012, se llega a la misma conclusión. Perú sigue siendo predominantemente un proveedor de productos no tradicionales, especialmente de minerales. Una revisión del período de 1970-2000, sin embargo, muestra procesos de deprimarización y reprimarización de la economía de acuerdo con la correlación nacional de fuerzas de clase. Este ensayo pretende responder a la pregunta si la estructura económica y exportadora actual podría cambiarse dentro de los límites establecidos por el capital internacional y dada la hegemonía absoluta de la ideología neoliberal en la sociedad. El documento concluye con una llamada a la elaboración de una estrategia revolucionaria de desarrollo basada en éstas capas sociales que podrían poner al sistema en jaque. Esta estrategia podría ser conceptualizada como un proceso que avanza de acuerdo con los cambios en la correlación de fuerzas de clase. Además se considera esta estrategia como una de las claves para cambiar la estructura de la economía peruana como también un paso hacia una sociedad sin explotación y opresión.

Palabras claves: Perú, estructura productiva y exportadora, neoliberalismo, dependencia, estrategia revolucionaria de desarrollo.

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Introducción Por alrededor de sesenta años, los teóricos del desarrollo están discutiendo el problema del “subdesarrollo” y cuestiones relacionadas en lo que se ha denominado el Tercer Mundo. Diferentes tipos de estrategias de desarrollo han sido elaboradas e implementadas, condicionadas por la correlación internacional de fuerzas de clase. Sin embargo, hasta hoy, los teóricos del desarrollo no han sido capaces de encontrar soluciones duraderas al problema del “subdesarrollo”. Las estrategias que han sido implementadas para hacer frente a la cuestión del “subdesarrollo” tomaron, y aún toman, los límites del modo de producción y distribución capitalista como dados. De hecho, aunque estos teóricos criticaron, y siguen criticando, las estructuras externas e internas las que hicieron muy difíciles el “progreso” en el “Tercer Mundo” y desarrollaron propuestas, y siguen haciendolo, que apuntaban a un cambio de estas estructuras, sin embargo, estas proposiciones fueron confinadas dentro del marco capitalista global. Se podría argumentar que estos teóricos estaban más preocupados por la expansión del sistema capitalista y la mejora de su funcionamiento, teniendo en cuenta que un sistema basado en la explotación y la opresión se traduciría en beneficios para todos, en vez que se preocuparan por las causas fundamentales del “subdesarrollo” en sí. El problema del “subdesarrollo” y otras cuestiones relacionadas eran sus puntos de partida y era necesario que el “Tercer Mundo” se pusiera en un camino que podría conducir al progreso. El período en que las primeras estrategias de desarrollo comenzaron a aparecer es considerado como la “era dorada” del capitalismo, que se produjo sobre todo en los países “avanzados” y fue caracterizado por la rápida expansión económica y altas tasas de emple o. Los teóricos del desarrollo, sin duda, se vieron influidos por las posibilidades que un camino de desarrollo capitalista estaba ofreciendo y por lo tanto no es de extrañar que sus estrategias se refieran principalmente a cuestiones macro como la estructura económica de la sociedad y el papel del estado en la economía. Todo esto llegó a su fin con la crisis capitalista de la década de los años setenta del siglo pasado. La reestructuración política, económica y social de las sociedades capitalistas que se llevó a cabo en las décadas de

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1970 y 1980, impactó fuertemente en las estrategias convencionales de desarrollo que fueron elaboradas por esos años: el análisis de las estructuras del “subdesarrollo” fue puesto a un lado y un análisis normativo tomó su lugar. Cuando, a finales de la década de ochenta, la Unión Soviética se derrumbó y los antiguos “países socialistas reales existentes” de Europa del Este comenzaron a reintroducir el capitalismo, nació una nueva era. Se consideró que no existía otra alternativa que el capitalismo y en lugar de tratar de reestructurar sus economías, el “Tercer Mundo” debería abrirse al capital internacional. Además, lo que hoy se conoce como globalización amplió y profundizó este proceso de lo que se podría llamar neo-colonización. Las estrategias de desarrollo que actualmente se están elaborando y aplicando no cuestionan, al igual que las de las décadas de 1950 y 1960, las causas fundamentales del “subdesarrollo”, es decir, el capitalismo. Todo esto es comprensible, ya que la actual correlación internacional de fuerzas de clase favorecen a las clases dominantes y éstas no están interesadas en solucionar las raíces del “subdesarrollo”. De hecho, incluso se podría argumentar que todas las estrategias de desarrollo que no rompen con las restricciones del modo de producción capitalista se oponen al interés (histórico) de las capas sociales oprimidas, es decir, al interés de crear una sociedad basada en principios socialistas. En este trabajo demostramos que la estructura de la economía peruana no ha cambiado notablemente en los últimos cincuenta años, y que para su desarrollo depende en gran medida de los países del “Norte”.33 Aunque en las décadas de 1970 y 1980, como los datos mostrarán, al parecer se trató de hacer el Perú menos dependiente de los países del “Norte” (deprimarización), sin embargo, cuando en la década de 1990 se introdujeron las políticas neoliberales el Perú fue puesto en un camino de la reprimarización. El auge de los commodities, que comenzó a desplegarse en la primera década del nuevo milenio, ha dado un impulso a las “políticas de reprimarización”. Como consecuencia de

33 Aunque presentaremos datos sobre la estructura de producción y de exportación en relación con el período 1970-2000, nuestra atención se centra en los períodos 1960-1970 y 2000-2012. El análisis parte de la década de sesenta ya que en estos años las ideas de los economistas desarrollistas comenzaron a echar raíces en la sociedad latinoamericana. Además, económicamente fue un período relativamente próspero para el Perú. Dejamos las décadas de setenta, ochenta y noventa a un lado, ya que estos años fueron políticamente muy turbulentos y la política influyó fuertemente en el desarrollo económico. Como tales, estas décadas, por separado y en conjunto, no pueden ser “simplemente” comparadas con otras décadas en la historia contemporánea del Perú.

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las grandes inversiones en la minería, desencadenadas por el aumento de la demanda de China y la subida de los precios de los commodities, el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú comenzó a incrementarse espectacularmente. Según el Fondo Monetario Internacional (2013: 5), en el período 2002-2012 la economía peruana casi se duplicó en tamaño y el PBI real creció a una tasa media anual del 6 ⅓ por ciento (el crecimiento promedio de 10 años más alta en la historia del Perú). Mediante el análisis de la estructura productiva y exportadora del Perú, problematizamos si estas estructuras podrían ser cambiadas dentro de los límites establecidos por el capital internacional y la actual correlación de fuerzas de clase en el Perú. Este trabajo está organizado en seis secciones. En las secciones uno y dos presentamos datos relativos a la estructura productiva y exportadora del Perú en la década de sesenta y durante el período 2000-2012. Además, mostramos cifras relevantes en relación con las inversiones extranjeras directas (IED) para estos periodos. En la tercera sección se presentan datos globales en lo que respecta a la evolución de la producción peruana y la estructura de las exportaciones. En la cuarta sección se examina si la tendencia a la reprimarización de la economía peruana podría ser revertida y en la quinta sección nos preguntamos si la estructura productiva actual puede ser cambiada. En la sexta sección presentamos como conclusión nuestras ideas con respecto a una estrategia revolucionaria de desarrollo.

I. El Perú en la década de 1960: producción, exportación e inversiones directas extranjeras Después de la Segunda Guerra Mundial, el Perú se transformó poco a poco de una economía predominantemente agraria en una sociedad basada en la producción industrial y de los servicios. Mientras que en 1940, el 62,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabajó en la agricultura, en 1961 ese porcentaje había caído al 51,8%. En el sector manufacturero, los porcentajes fueron, respectivamente, 19% y 19,4% y para el sector de los servicios el 18,5% y el 28,8% (Malpica, 1967). En la Tabla 1 se presenta un resumen de la evolución de la contribución de los sectores productivos al PBI en la década de 1960, basada en el nivel de precios de 1994. La rúbrica “Otros servicios” no fue especificada por el Banco

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Central del Perú, de cuyo sitio web se extrajo la información. Diferencias de redondeo hacen que los porcentajes no sumen o están ligeramente por encima del 100%. Tabla 1: Estructura económica del Perú: 1960-1970 (en porcentajes de la contribución al PBI) Agropecuario* Pesca Minería Manufactura Electricidad y agua Construcción Comercio Otros Servicios Impuestos a los productos y derechos de importación

1960 10,7 0,6 3,7 17,2 0,6 3,5 15,3 36,9 11,3

1964 9 1,1 3,3 17,1 0,7 3,4 15,4 38,5 11,5

1968 8,1 1 3,2 17,2 0,8 2,9 15,5 39,6 11,6

1970 8,5 1,1 3,1 17,2 0,8 3,2 15,1 39,7 11,4

*El sector agropecuario incluye el sector silvícola. Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html (Consultado 29/08/2013).

En la década de 1960, la sociedad peruana estaba económicamente dominada por el capital internacional en general y lo de los Estados Unidos en particular. Perú era una semi-colonia. El capital extranjero controlaba, dominaba o poseía el 85% de las empresas mineras; 14 de las 20 mayores empresas pesqueras; 6 de las 19 más grandes empresas azucareras; la venta de la producción de algodón; todos los bancos; las empresas de energía y de comunicaciones; y la sector manufacturero (Malpica, 1970; Cotler, 1978). Perú fue una fuente de materias primas, necesaria para el desarrollo de las economías imperialistas. En los años 1950-1967, la industria minera del Perú fue uno de los objetos de inversión más importantes para las empresas estadoudineneses (Cotler, 1978; Malpica, 1975). En la Tabla 2 se presentan datos sobre la estructura de las exportaciones de la economía peruana en los años sesenta. Los porcentajes representan su contribución a las exportaciones totales a precios corrientes. Los datos relativos a las exportaciones de productos no tradicionales no están disponibles. La categoría “Otros” no fue especificado por el Banco Central del Perú, de cuyo sitio de web se extrajo la información.

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Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 Tabla 2: Estructura de exportaciones del Perú: 1960-1970 (en porcentajes del valor total de las exportaciones) Productos tradicionales

Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo y derivados

1960 9,5 34,4 42,8 4

1964 23 29,5 38,4 1,4

1968 27,4 19 48,7 1

1970 33 15,5 45 0,7

Productos no 9,3 7,7 3,9 5,8 tradicionales Otros 0 0 0 0 Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html (Consultado 29/08/2013).

II. El Perú en el periodo 2000-2012: producción, exportación e inversiones directas extranjeras En el período 2000-2012, el Perú se ha convertido en un destino muy atractivo para el capital extranjero. Esto tiene que ver, principalmente, con el aumento de los precios de los commodities. De acuerdo con la Agencia Peruana de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) peruana, en 2012 el stock de inversión extranjera directa ascendió a más de 63 mil millones de dólares, frente a los 12,5 mil millones de dólares en 2002. La contribución de las inversiones mineras al total de la inversión extranjera directa efectivamente realizada (aportes al capital), aumentó del 12% en 2002 al 24% en 2012 (Proinversión, 2013). En la Tabla 3 se presenta un resumen de la evolución de la contribución de los sectores productivos al PBI en el periodo 2000-2012, basada en el nivel de precios de 1994.34 La rúbrica “Otros servicios” no fue especificada por el Banco Central del Perú, de cuyo sitio de web se extrajo la información. Diferencias de redondeo hacen que los porcentajes no sumen o estén ligeramente por encima del 100%.

El impacto de la minería al PBI no es muy claro como estamos utilizando el nivel de precios de 1994. Debido a los aumentos de los precios de los commodities, debe ser obvio que su peso ha aumentado de manera espectacular. Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que desde 1991 la participación del sector minero en el PBI tenía una tendencia al alza. Mientras que en 1991, en precios corrientes, contribuyó 4,1% al PBI, en 2010 este creció hasta el 10,6%.

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Minga · año 1· número 1· segundo semestre 2013 Tabla 3: Estructura económica del Perú: 2000-2012 (en porcentajes de la contribución al PBI) Agropecuario* Pesca Minería Manufactura Electricidad y agua Construcción Comercio Otros Servicios Impuestos y derechos de importación

2000 8,9 0,6 5,5 14,9 2,1 5 14,3 39,2 9,7

2004 8,4 0,6 6,5 15,3 2,1 4,8 14 38,5 9,7

2008 7.7 0,5 5,7 15,5 2 5,9 15 37,9 9,6

2012 7,3 0,4 4,7 14,2 2 7 15,3 39,6 9,4

*El sector agropecuario incluye el sector silvícola. Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html (consultado 29/08/2013).

En la Tabla 4 se presentan datos sobre la estructura de las exportaciones de la economía peruana en el periodo 20002012. Los porcentajes representan su contribución a las exportaciones totales a precios corrientes. Los datos relativos a las exportaciones de productos no tradicionales no están disponibles. La categoría “Otros” no fue especificado el Banco Central del Perú, de cuyo sitio de web se extrajo la información. Tabla 4: Estructura de exportaciones del Perú: 2000-2012 (en porcentajes del valor total de las exportaciones) Productos tradicionales

Productos no tradicionales Otros

Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo y derivados

2000 13,7 3,6 46,3 5,5

2004 8,6 2,5 55,6 5

2008 5,8 2,2 58,4 8,6

2012

29,4

27,2

24,4

24,2

1,5

1,1

0,6

0,7

5 2,4 56,8 10,9

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html (Consultado 29/08/2013).

III. La evolución de la estructura económica y de exportaciones del Perú: 1960-2010 En las dos secciones anteriores se ha demostrado que en los últimos cincuenta años la estructura de la economía peruana no ha cambiado mucho. Los datos sobre la estructura de las exportaciones demuestran que el país no se ha transformado

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de un exportador de productos tradicionales en un proveedor internacional de productos no tradicionales. Aunque no es nuestra intención analizar los años que se encuentran entre la década de sesenta y los primeros 12 años del nuevo milenio, sin embargo, para que el lector pueda hacerse una idea de lo que ha sucedido, presentamos los Gráficos 1 y 2. En el primer gráfico se muestran los datos relativos a la evolución de la estructura económica del Perú en el periodo 1960-2010 basada en el nivel de precios de 1994, en porcentajes de la contribución de los distintos sectores económicos al PBI. En el segundo gráfico se presentan las cifras en lo que respecta a la evolución de la estructura de las exportaciones del país en el período 1960-2010. Gráfico 1: Estructura económica del Perú: 1960-2010 (en porcentajes de la contribución al PBI) 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html (Consultado 29/08/2013).

Gráfico 2: La estructura de exportaciones del Perú: 1960-2010 (en porcentajes del valor total de las exportaciones) 100.0 80.0

Productos tradicionales

60.0 40.0

Productos no tradicionales

20.0

Otros

0.0 1960

1970

1980

1990

2000

2010

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html (Consultado 29/08/2013).

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IV. ¿Se puede voltear la tendencia? En esta sección no analizaremos el período 1960-2010. Sin embargo, como se desprende de los Gráficos 1 y 2, mientras que la estructura económica no ha cambiado radicalmente en los últimos cincuenta años, podemos ser testigos de una modificación drástica en la estructura de las exportaciones del Perú. La diferencia entre los períodos 1970-1990 y 19902010 se podría explicar por las políticas económicas que se persiguieron en estos periodos. Mientras que en el primer período, en términos generales, los gobiernos peruanos trataban de deprimarizar la economía, en la década de 1990 con la introducción de las políticas neoliberales la reprimarización de la economía fue puesto en marcha. La reprimarización de una economía hace un país muy vulnerable durante las recesiones, porque la demanda de sus productos depende de la evolución de la producción industrial en los países del “Norte”: su estructura de exportaciones condena estos tipos de países a la mano visible de las crisis económicas, las fluctuaciones y los flujos de capitales especulativos. De hecho, en su revisión de 2007 de las tendencias mundiales en la industria minera, la empresa consultora PricewaterhouseCoopers (2007) indicó que los fondos de cobertura han “tenido un impacto significativo en la industria minera debido a su participación en las actividades de comercio de metales y la volatilidad que ello crea en los precios de commodities”. Hay que recordar que no sólo en la década de 1960, sino también en la primera década del nuevo milenio, el sector minero fue uno de los más importantes objetos de la inversión del capital extranjero. Además, hay que estar conscientes de que la producción de los principales minerales que determinan la dinámica del sector minera en el Perú está concentrada en unas pocas empresas (Grupo Propuesta Ciudadana, 2012), principalmente de “origen transnacional”. Antes de que podamos responder a la pregunta si la tendencia actual de la reprimarización se puede revertir, primero tenemos que contextualizar la época en que se introdujo el proceso de reprimarización. Todo comenzó once días después de que Alberto Fujimori fuera juramentado como presidente del Perú en 1990. En agosto de 1990 el flamante presidente, ponía el país al camino neoliberal. Se eliminaron los controles de precios de los productos básicos, los precios de los servicios públicos fueron revisados y el

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comercio fue liberalizado. Justo antes de anunciar las medidas, el ejército fue movilizado para tomar posición en diferentes lugares estratégicos del país para reprimir posibles protestas (Murakami, 2007). Según Burt (2011), en un solo día el número de personas pobres aumentó de 6 a 11 millones, la mitad del país. Otras “reformas” fueron introducidas en marzo del 1991: los aranceles comerciales fueron disminuidos, el mercado de divisas y otras operaciones financieras fueron liberalizados, la tierra de las comunidades indígenas se podía comprar y ser mantenidad como propiedad privada, los monopolios públicos fueron abolidos y su privatización promovida, las inversiones extranjeras fueron estimuladas y la estabilidad laboral fue eliminada (Murakami, 2007; McClintock y Vallas, 2005). En abril de 1992 Fujimori perpetuó un “autogolpe”. La oposición del Congreso, respecto a las medidas neoliberales y las dificultades para proceder a su ejecución, “forzó” el gobierno a tomar esta medida antidemocrática. En los nueve meses después de su “autogolpe”, Fujimori promulgó 746 decretos-leyes, básicamente relacionados con la aceleración de las “reformas estructurales” y los procesos de liberalización económica (Murakami, 2007). Cuando en 1993 una nueva Constitución fue aceptada en sustitución de la más progresista de 1979, la victoria del neoliberalismo fue completa. Leyes y normas judiciales fueron sometidas al al servicio del mercado en lugar de que suceda al revés. Sólo cuando la ley lo autorizaba expresamente, el estado tenía permitido realizar “actividades empresariales” pero solamente en las zonas en las que el mercado no había “entrado” todavía (Ruiz Caro, 2002). Uno de los elementos claves del programa neoliberal fue la privatización de las empresas estatales. Entre 1990 y 1998 se vendieron más de 180 empresas. La privatización fue el principal motor detrás del aumento general de la IED. En el período 1994-1997, las inversiones directas de empresas originadas de los Estados Unidos fueron las más altas en toda América del Sur (McClintock y Vallas, 2005). Aunque se pensaba que la privatización conduciría la competencia, mayor producción y precios más bajos, sin embargo, en el caso de, por ejemplo, las telecomunicaciones y la electricidad, la población tuvo que pagar precios monopolísticos (Jiménez, 2000). La introducción del neoliberalismo en el Perú contaba con el apoyo de la población (Murakami, 2007; McClintock y

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Vallas, 2005). Se puede defender la tesis de que la población peruana daba la bienvenida a las medidas neoliberales porque estaba con la espalda contra la pared. Estaba dispuesta a aceptar cualquier programa económico que pudiese resolver la crisis económica y cortar la inflación a proporciones “normales”. En los años 1988-1990 el PBI en precios de 1979 disminuyó en un 8,8%, 11,7% y 3,8% respectivamente (Parodi, 2010). El índice del salario real (año de base 1985) para las personas que trabajaban en el sector privado disminuyó en los años 1988, 1989 y 1990 al 90,7, 60,2 y 42,4 respectivamente. En el caso del salario mínimo real, las cifras fueron de 84, 44,6 y 39,5 (Murakami, 2007). El subempleo aumentó de 42,6% en 1986 al 73,1% en 1990 (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 1993). En 1988, la inflación ascendió a 1.722,3%. Dos años más tarde se situó a 7.649,6% (Parodi, 2010). Los gastos sociales gubernamentales per cápita en el período 1980-1990 tendieron a disminuir año tras año. Además, sólo en tres años diferentes éstos eran más altos que en 1970 (año de base). En los años 1987, 1988, 1989 y 1990, el índice se situó en, respectivamente, 76, 57, 40 y 25 (Murakami, 2007). Adicionalmente, mientras que en 1985 la tasa de pobreza fue 41,6%, seis años más tarde se incrementó a 55,3%.35 Durante los dos gobiernos de Fujimori (1990-2000) la inflación se redujo drásticamente. Mientras que en 1991 ésta alcanzó el 409,5%, en 1995 se redujo a 11,1% y en 2000 llegó a alrededor de 3,8%. Las tasas de crecimiento del PBI real fueron en esos años, respectivamente, 7%, 7,5% y 3,6% (Wise, 2010). Sin embargo, en el 2000 todavía el 43,1% de la PEA del Perú urbano y el 61,8% de las zonas rurales del Perú fueron consideradas subempleadas (INEI, 2002). Las tasas de desempleo no disminuyeron notablemente durante el régimen de Fujimori, incluso, en el período 1990-1995 la tasa de subempleo aumentó. Hasta el año 1994, aún menos del 19% se consideraba adecuadamente empleada. Esto no podría haber sido de gran preocupación para la mayoría de la población ya que la liberalización de la economía ─aplicada al Perú esto significaba, entre otras cosas, un aumento del sector informal─ hacia muy fácil el iniciar un pequeño negocio para proveer los ingresos adicionales necesarios. La economía informal “empleaba” más del 50% de la fuerza 35

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0069/c1.htm (consultado 23/07/ 2013).

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laboral (Murakami, 2007). Al final del gobierno de Fujimori, todavía 54,1% de la población fue considerada pobre (ibíd.).36 En 2013 podríamos preguntarnos por qué la población peruana sigue apoyando candidatos a la presidencia, como Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011), que persiguen políticas que sólo profundizan las políticas neoliberales introducidas en la década de 1990 y tienen la intención de “ampliar” la reprimarización de la economía, mientras que los diferentes gobiernos de Fujimori no solucionaron el problema de la pobreza, la informalidad y el subempleo. El actual gobierno de Humala ha puesto el país en camino a una forma de neoliberalismo con inclusión social basado en un modelo extractivista de desarrollo. A continuación presentamos seis razones que podrían explicar las dificultades para revertir la tendencia hacia la profundización de la reprimarización de la economía peruana. Parece que la economía peruana no tiene otra alternativa que ser dominada por el capital extranjero. El país es uno de los principales proveedores de minerales del mundo y, como tal, su desarrollo está condicionado por las exigencias del “Norte”. En 2006 Perú ocupó el segundo lugar en América Latina en relación a la producción de cobre (quinto en el mundo) y fue número uno en la producción de oro y zinc, ocupando al nivel mundial, respectivamente, el sexto y el tercer lugar (De Echave, 2008). En 2010 Perú fue el mayor receptor de inversiones en exploración minera en América Latina y ocupó el tercer lugar a nivel mundial, después de Canadá y Australia (Panfichi y Coronel, 2011). El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (2012: 5) indicó que en 2012 Perú lideró la producción mundial de plata, que fue segundo en la producción de zinc y cobre, tercero en estaño y cuarto en plomo, el mercurio y molibdeno. Según la revista proempresarial Mining Journal, en la actualidad el Perú es el mayor productor de oro, zinc, estaño y plomo en América Latina.37 Estas inversiones son políticamente y militarmente 36

Con el fin de aliviar los problemas sociales relacionados con los programas de ajuste estructural y para mantener el apoyo popular se aumentaron los gastos sociales. En el período 1990-1995, los gastos sociales como porcentaje del PBI incrementaron de 16,6% a 30,4% (Parodi, 2010). 37 Mining Journal (2012) Mining sector critical to Peru’s economic growth, en https://www.miningjournal.com/__data/assets/supplement_file_attachment/0005/349304/Peru2012_scr.pdf (consultado 03/02/2013).

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defendidas por los países capitalistas en el “centro” del sistema capitalista mundial bajo la bandera de las instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto es la principal razón por la cual el país tiene dificultades de buscar un “camino independiente”, o para cambiar su economía en forma estructural. El país necesita mantener el volumen de sus exportaciones de minerales con el fin de eludir la posibilidad de una crisis de balanza de pagos. El sector minero es uno de los mayores contribuyentes a los ingresos del impuesto de la renta (Cooperacción, 2012) y de esta manera tiene un rol importante en la “financiación” de proyectos sociales y de infraestructura del gobierno. Una deterioración de los términos de intercambio no sólo implicará que la exportación de minerales tiene que aumentarse sino también incrementará aún más la dependencia del país de los imperialistas del “Norte”. La tercera razón que inhibe el cambio estructural de la economía hay que buscarla en el propio país. En general, los intereses de la burguesía peruana son similares a sus contrapartes en el extranjero. Las diferencias de los intereses económicos y de los objetivos políticos de corto plazo dentro de la clase dominante mundial se dejan de lado cuando el sistema está en cuestión o está en peligro. Si bien, como sostiene Cardoso y Faletto (Kay, 1989), la situación interna de un país no es un mero reflejo de factores externos, sin embargo, la situación política y económica de un país “subdesarrollado” está condicionada por el imperialismo. Como han demostrado experiencias recientes ─Zelaya, Honduras 2009 y Lugo, Paraguay 2012─, en el caso que los gobiernos piensen cambiar las reglas del juego impuestas por el imperialismo van a tener que enfrentar la posibilidad de ser derrocados. La actual correlación de fuerzas de clase dentro y fuera del Estado peruano muestra la hegemonía absoluta de la burguesía peruana en la sociedad y su integración con la clase gobernante internacional. En las dos últimas décadas, la burguesía no sólo era capaz de implementar un proceso de privatización a gran escala, sino que también fue la principal fuerza política detrás de los acuerdos de libre comercio que el Perú firmó con una gran variedad de países. En la actualidad, la burguesía peruana es el principal defensor de los intereses

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del capital extractivista (transnacional), después de haber logrado evitar un impuesto adicional sobre las súper ganancias de las corporaciones mineras en 2011. La cuarta razón es la debilidad de las principales organizaciones y partidos políticos de izquierda. Actualmente se han entregado por completo al proyecto de la burguesía peruana, es decir, en vez de luchar contra el modelo o cuestionar sus fundamentos, proponen cambios en el modelo y, por lo tanto, consideran que es posible humanizar el sistema capitalista. En relación con el cuarto motivo, nos gustaría mencionar que la quinta razón son las experiencias no procesadas por las organizaciones populares y las organizaciones de izquierda respecto a la lucha revolucionaria en los años 1980-1997. A pesar de las pequeñas organizaciones de izquierda que todavía se adhieren a un proceso hacia la revolución socialista, sin embargo, en general, para las organizaciones progresistas el socialismo es igual al terrorismo. Por lo tanto, al condenar una alternativa revolucionaria al capitalismo como terrorismo, la izquierda convencional acepta el discurso de la derecha: no hay alternativa al capitalismo. De hecho, cuando los agentes de cambio social empiezan a cuestionar radicalmente el modelo de subdesarrollo, el Estado utiliza el fantasma del “terrorismo”, el trauma de la inflación y la crisis de los años ochenta para deslegitimarlos. La sexta razón es la restricción política y regional de la lucha de las comunidades indígenas en contra el capital extractivista (transnacional) y para otro modelo de desarrollo. Aunque esta lucha podría ser considerada como el impulso que la izquierda necesita para recuperar terreno perdido ─desde el retorno de la “democracia” en 2001 las luchas sociales muestran una tendencia al alza─ su fuerza actual es también su debilidad. La lucha contra el capital extractivista, especialmente las empresas mineras, que se inició a mediados de la primera década del nuevo milenio, ha creado una plataforma política para los “nuevos” actores sociales: las comunidades indígenas. La lucha, en general, está organizada y dirigida por organizaciones locales y/o regionales que aseguren una base popular. Esta fortaleza parece ser, sin embargo, también su mayor debilidad como la lucha no es capaz de atravesar las fronteras regionales y ser transformado en una batalla en todo el país para otro modelo de desarrollo.

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V. ¿El cambio es posible? Arthur Lewis ha argumentado que debido a que el trabajo en el sector agrícola era ineficiente, se debería iniciar un proceso para la transferencia de su “mano de obra excedente” a la industria (Cypher y Dietz, 2009). Estamos de acuerdo con su punto de vista respecto a la posible ineficiencia del trabajo agrícola peruano ya que actualmente alrededor de 26,2% de la PEA produce cerca del 7% del PBI. Sin embargo, el “traslado” de la mano de obra al sector manufacturero parece muy difícil cuando esto se deja a los mecanismos del mercado. Los datos muestran, por ejemplo, que la producción en el sector manufacturero se está estancando. Aunque, como Lewis argumentó, el sector manufacturero tendría una ventaja comparativa porque los salarios serían más bajos que los que prevalezcan en los países “avanzados” por la razón del cual sus productos sean competitivos en el mercado nacional así como en los mercados internacionales, las decisiones de contratar la “mano de obra excedente” dependen de la rentabilidad y la posibilidad de ampliar la producción. Rosenstein-Rodan (Cypher y Dietz, 2009) sostuvo que es probable que los empresarios individuales no invertirían suficientemente “para “empujar” la economía a su tasa potencial máximo porque en los cálculos de ganancias y pérdidas de los empresarios privados, su marco de referencia sería demasiado limitado”. Por lo tanto, una asignación eficiente de mano de obra en el sector agrícola y la transferencia de la “mano de obra excedente” a la industria sólo puede ser dirigida por el estado. Economistas desarrollistas en general, consideran el papel del estado en el proceso de industrialización como crucial. Según Rosenstein-Rodan (íbid.), los mecanismos del sector privado en los países “subdesarrollados” darían lugar a la toma de decisiones económicas sub óptimas. Cypher y Dietz (2009) sostienen incluso, en el caso de la fase “fácil” de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), que sin “una estrategia de industrialización apoyada por el gobierno, un próspero sector industrial nacional puede seguir siendo una imposibilidad, sobre todo en esta era de mercados internacionales muy abiertos con pocas barreras al comercio entre las naciones”. La actual correlación de fuerzas de clase en el Perú plantea un discurso que favorece la intervención del estado en la economía, casi imposible. Las políticas neoliberales

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radicales introducidas en la década de 1990 han posibilitado a la clase dominante el convencer a la población que el desarrollo sólo es posible con el libre y no regulado funcionamiento de los mercados. Actualmente, las propuestas que buscan incrementar la intervención estatal en la economía peruana son rechazadas ─en todas las capas de la sociedad. Las políticas neoliberales que se introdujeron en la década de 1990 han deshumanizado la sociedad peruana. De hecho, como la Tabla 5 muestra, las políticas neoliberales y la reprimarización de la economía están, aparentemente, realmente funcionando para los pobres del Perú: los gastos sociales han aumentado desde 2002. Tabla 5. Gastos sociales básicos en millones US$: 2002-2011 (en precios corrientes) Año

Gastos sociales básicos*

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1291,9 1361,3 6881,7 5775,6 4274,8 2603,1 2882,1 4062,1 4718,4 5236,7

*Los gastos sociales básicos están compuestos de gastos en educación, cultura, protección y previsión social, salud y saneamiento. Los gastos en millones de US$ están basados en el promedio de la tasa de cambio anual, publicado por el Banco Central de Reserva del Perú. Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html (Consultado 02/09/2013). Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática: http://www.inei.gob.pe/Sisd/index.asp (Consultado 02/09/2013).

El sector de los servicios, lo que incluye el comercio, la electricidad, el agua y “otros servicios”, parece ser el sector económico más importante del Perú. Durante los últimos 50 años no sólo contribuyó en mayor medida al PBI, sino también es el mayor proveedor de empleo. Se debe, sin embargo, dudar si este sector podría llevar la economía al “progreso”. Aquí es importante destacar que la mayoría de la PEA estaba empleada en empresas muy pequeñas.38 Mientras 38

En 2013, según datos del INEI, el 96,2% de las empresas en el Perú son consideradas como muy pequeñas empresas. Estas empresas concentran sólo el 5,6% de las ventas totales en el país, en http://www.infolatam.com/2013/09/03/mas-del-99-de-las-empresas-

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que, según el INEI, en 2001 el 77,8 % de la PEA trabajaba en empresas que empleaba de 1 a 10 personas, en 2009 este porcentaje se redujo a 73,2 %. Para las empresas que empleaban entre 11 y 50 personas, las cifras fueron respectivamente 6,6 % y 7,7 %. El peso relativo de las empresas más grandes en la PEA total, con más de 50 personas empleadas, creció en los mismos años de 14,1% al 18 % (INEI, 2010). Aunque no disponemos de datos sobre las actividades económicas de las pequeñas empresas, sin embargo, suponemos que la mayoría opera en el sector de servicios. Dado que estas empresas se caracterizan por bajos niveles de acumulación de capital y de productividad, esto podría indicar que, en general, este sector actúa como una red de seguridad importante para todas aquellas personas que no han encontrado un empleo adecuado en sectores como la agricultura, manufactura y la minería. Por último, el mercado interno peruano no tiene potencial de crecimiento si la estructura del mercado laboral no se cambia y si no se aumenta la cantidad de personas asalariadas. Según los datos del INEI (2010), en 2009 la PEA ascendió a 15.448.200 personas, de las cuales se consideraron 14.757.000 trabajando. Sin embargo, sólo 6.318.000 personas eran asalariadas, que por lo general significa tener un ingreso regular, incluyendo algún tipo de seguridad social. En consecuencia, como la mayoría de la PEA no está empleada adecuadamente y se puede suponer que su ingreso es bajo, la demanda no puede ser estimulada de una manera eficiente y estructural. Además, las empresas nacionales, de acuerdo con la lógica capitalista, no tienen incentivos para hacer inversiones que aumenten la productividad. De hecho, las políticas gubernamentales para aumentar el salario mínimo, por ejemplo, no tienen impacto en los nueve millones de peruanos que no son asalariados. Entonces, ¿qué hacer?

VI. Conclusión: Hacia una estrategia revolucionaria de desarrollo Tenemos la firme convicción de que el cambio en el Perú es posible. Sin embargo, no consideramos que eso sea posible dentro de los límites del capitalismo. Rechazamos cualquier de-peru-sonpymes/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&utm_medium=email&utm_campai gn=Newsletter_04_septiembre_2013_Am%C3%A9rica%20Latina,%204%20septiembre% 202013 (consultado03/09/2013).

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cambio reformista ya que están, entre otros, condenados a la correlación coyuntural de fuerzas de clase. La hora ha llegado para un cambio definitivo a favor de las mayorías del país. Creemos que el cambio en el Perú se inicia mediante el empoderamiento de los movimientos sociales, proporcionando las armas ideológicas para desarrollar y poner en práctica las propuestas de cambio y para contrarrestar los ataques del capital y de los responsables de las políticas neoliberales. Las principales organizaciones de izquierda, políticamente destruidas en la década de 1990, se han entregado ideológicamente y no pueden ser vistas como la columna vertebral organizada de propuestas que promuevan el cambio estructural. Esta ha sido una de las razones para el surgimiento de los movimientos sociales organizados regionalmente. Estos “nuevas actores”, sin embargo, carecen de una cohesión teórica y están, fundamentalmente, orientados localmente. Por estas razones lo siguiente: consideramos que la síntesis particular de la estrategia revolucionaria (a largo plazo) y de desarrollo (corto y mediano plazo) podría contribuir a romper el punto muerto en el que se encuentra una alternativa revolucionaria al sistema capitalista de opresión y explotación en el Perú. Suponemos que esta estrategia podría contribuir a llevar las contradicciones internas del capitalismo a la intemperie y forjar la conciencia de clase en la población peruana. Esto, que denominamos como estrategia revolucionaria de desarrollo, tiene que basarse en las capas sociales que podrían poner el sistema capitalista en jaque. Estas son, en la actualidad, las comunidades indígenas que luchan contra el capital extractivista (transnacional). Esta lucha no es sólo el efecto acumulativo de los procesos de privatización de la tierra a gran escala, la reducción del estado en la economía, el desmantelamiento de la nación por la concentración de la riqueza en pocas manos y de los efectos devastadores del capital extractivista sobre los medios de vida y los hábitats de las comunidades indígenas, es más que eso. Es también, y sobre todo, el producto del modo de producción capitalista. De hecho, las comunidades indígenas están luchando contra la lógica del modo de producción capitalista. Una estrategia revolucionaria de desarrollo necesita ser conceptualizada como un proceso que avanza de acuerdo con los cambios en la correlación de fuerzas de clase, como resultado de la lucha de clases que se desarrolla durante el

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período de tiempo que la estrategia está echando raíces en las capas sociales explotadas y oprimidas de la sociedad y su “internalización” en la práctica política de los movimientos sociales. El objetivo de la estrategia es el avance de la lucha por un proceso que conduzca a una sociedad basada en principios socialistas. Por lo tanto, la estrategia no apunta a la participación en los organismos del gobierno, tampoco se busca reformar el estado desde adentro, sino de tomarlo. Partiendo de una perspectiva reformista, la estrategia debe definir, en primer lugar, lo que se considera como desarrollo en una sociedad basada en un modo de producción y distribución capitalista y dependiente. Esto debe incluir una discusión con respecto a la producción y la redistribución de la riqueza en relación con el concepto marxista de la explotación de los productores directos así como de los recursos naturales. En segundo lugar, se tienen que elaborar propuestas que prevean una reducción del papel del mercado en la economía, la creación de otros modos de distribución y un aumento en la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sociales y económicas, a nivel local, regional y nacional. Además, se deberían discutir formas alternativas de gobierno y del papel del estado en la sociedad. La lucha por estas ─en el contexto peruano─ propuestas reformistas revolucionarias podría considerarse como un paso adelante en la lucha de clases, ya que tiene la intención de romper el dominio de la ideología neoliberal y contribuir a generalizar, ampliando el horizonte político de la lucha de las comunidades indígenas a otras capas de la sociedad. Sin embargo, por más revolucionarias que sean estas propuestas reformistas, su aplicación no tiene un carácter duradero y definitivo si la burguesía, como clase, no ha sido política y económicamente eliminada. Además, estas propuestas “revolucionarias” se vuelven reaccionarias si no se convierten en peldaños hacia una sociedad sin explotación y opresión.

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3. Coyuntura

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Colombia: Y la calle volvió a hablar ¿Qué nos dijó? Diofanto Arce Tovar

La complejidad social colombiana, labrada en su particular proceso histórico se ha hecho evidente durante los últimos dos meses. La protesta social parece haber recuperado su capacidad de comunicar algo a un importante sector de la población colombiana. De la mano del sector agrario se han abierto múltiples ventanas de inconformidad con el sector gubernamental y sus políticas; en especial, las referidas al modelo neoliberal. La confluencia de elementos hace difícil un diagnóstico único. El reconocimiento de la multidimensionalidad de la crisis colombiana y la necesidad de una reorientación política y social se muestran como exigencias para dar cauce a un país que puede y debe buscar una forma original de insertarse en las dinámicas globales, dignificando a su población, rompiendo las ataduras sociales, históricas y de mentalidad que han frenado la configuración de un país distinto. A continuación se tocarán algunos puntos importantes de este debate.

Y la calle recuperó su voz La convocatoria del Paro Nacional Agrario por parte de varias organizaciones campesinas a las que paulatina y contundentemente fueron sumándose otros sectores económicos y sociales del país, permitió vivir lo que algunos llamaron la “Primavera Colombiana” (BBC Mundo, 23 de julio de 2013) en consonancia con los levantamientos vividos en el mundo árabe durante los últimos dos años. La sociedad colombiana (en especial la urbana), tan ajena al conflicto que a diario viven sus connacionales vivió cómo los invisibles del país tomaron vías, organizaron mesas de trabajo, convocaron plantones y cacerolazos, tomaron

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rostro en medio del sopor de un gobierno que no atinaba a reconocer lo qué ocurría. La desafortunada frase del presidente Santos: “este tal paro nacional agrario no existe” (El colombiano, 25 de agosto de 2013) denota muy bien la visión sobre la movilización social que posee el sector gubernamental colombiano, el cual en muy corto tiempo parecía haber olvidado lo ocurrido en el Catatumbo, en donde más de veinte mil campesinos y mineros tras décadas de abandono, represión oficial y paramilitar exigieron la gestación de una política integral para la región y el reconocimiento del movimiento campesino del Catatumbo como representante legítimo de las exigencias sociales de la región.39 El levantamiento que fue suspendido tras la instauración de una mesa de diálogo sobre las condiciones de los campesinos y mineros de Norte de Santander inauguró una serie de reacciones de los sectores populares contra las políticas estatales y su impacto en el diario vivir del ciudadano. Las causas del Paro Nacional Agrario y su ampliación exponencial a otros sectores son múltiples, unos coyunturales y otros estructurales. Los coyunturales, que recibieron gran atención mediática se refieren a reivindicaciones de sectores afectados por el modelo librecambista en el campo, los afectados por los altos precios de los combustibles y la exigencia de los mineros artesanales de protección a su condición en comparación con las prebendas dadas a las grandes multinacionales que explotan en recurso. Estas causas puede decirse son de tratamiento político y no amenazan como tal la estabilidad del sistema. De otra parte se encuentran las causas estructurales analizadas desde la Mesa Nacional de Unidad Agraria40 que conciben la necesidad de una reforma agraria estructural que “garantice el acceso al crédito a la comercialización, a la educación y formación técnica, al desarrollo de infraestructuras, a la producción y reproducción de semillas nativas, a la vivienda digna, al agua potable, como también al acceso gratuito universal a la salud de todos los pobladores rurales. Se deberá dar una protección especial al ambiente sano que permita la recuperación de los agro-sistemas y 39

Para conocer a profundidad sobre lo ocurrido en el Catatumbo se recomienda ver http://www.constituyentesporlapaz.org/index.php/79-documentos-de-interes/110-quepasa-en-el-catatumbo 40 Para conocer las propuestas del sector agrario leer en: http://www.humanas.org.co/archivos/7ponencia_mesa_de_unidad_agraria.pdf

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ecosistemas promoviendo la producción agroecológica y creando nichos o territorios libres de cultivos transgénicos.” Esta propuesta de la Mesa Nacional de Unidad Agraria, cuestiona directamente la historia de la política oficial sobre el campo y exige una cortapisa al modelo neoliberal llevado sin cuestionamientos mayores desde 1989. En los momentos en que se escribe este artículo, el gobierno colombiano lanza con alborozo “El Pacto Nacional por el agro y el desarrollo rural” 41 que busca limar el ambiente de protesta popular. Al igual que en la Primavera Árabe esta propuesta gubernamental debe verse con cuidado pues buscará desmovilizar los sectores inconformes, dar dadivas, implementar tributos para que la ciudad subsidie al campo, pero en ningún momento cuestionará el modelo de desarrollo, ni revertirá la dirección del mismo con miras al futuro cercano. La estructura del poder colombiano se encuentra ideológica y prácticamente imposibilitada tan solo de pensarlo. Esperaremos a ver qué posición tomarán con el tiempo los sectores en pie de lucha.

La crisis del modelo de desarrollo La salida de millares de colombianos a las calles y el apoyo físico y/o virtual a sus demandas de manera tan decidida, como hace más de treinta años no se veía muestra que la población colombiana, comienza a evaluar a pesar de la lentitud social lo que ha sido la ruta del país desde fines de 1989, cuando el entonces presidente Virgilio Barco, da vía libre a la vinculación de Colombia a las políticas que posteriormente serían conocidas como del Consenso de Washington y que fueron radicalizadas en la administración de César Gaviria Trujillo. El modelo neoliberal no ha traído como lo pregonaba Gaviria en su discurso “Bienvenidos al Futuro” la prosperidad, ni equidad soñadas. La Colombia actual ha mantenido los altos índices de desigualdad de hace 25 años, la informalidad ha crecido sistemáticamente, llegando en algunas ciudades a más del 80% de la población (Portafolio.com. Marzo 18 de 2012), la salud vive en crisis recurrentes, la calidad de la educación es una tarea pendiente 41

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/13/actualidad/1379038803_988435.html

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y la productividad del país ha decrecido como lo demuestra el Paro Nacional Agrario vigente. Pero mientras la realidad social y económica desmiente a los adalides del librecambio, la dirección política del país se niega a revisar la orientación del modelo de desarrollo a pesar de la crisis. Por el contrario, Colombia se muestra como una de las naciones más alineadas con el neoliberalismo. Queda pendiente determinar cuál va a ser el peso de los movimientos sociales y populares actuales en la reconfiguración de una nueva Colombia que parece comienza a despertar del letargo que durante décadas ha vivido y cuál su relación con la Colombia autista que con algún nivel de acceso al consumo se ha desligado de los problemas de la Colombia real.

Juventud “No futuro” Una de las estrategias del establecimiento para deslegitimar las protestas vividas en el Paro Nacional Agrario, fueron algunos hechos aislados que derivaron en violencia callejera. En especial, en la ciudad de Bogotá y algunos municipios de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Estos acontecimientos de claro vandalismo trataron de ser presentados como la norma general de la protesta social, para con ello deslegitimar las justas reclamaciones de varios sectores de la vida nacional. Sin embargo y como lo planteaba Medofilo Medina42 hay que ir más allá de esta visión maniquea pues están saliendo a la superficie situaciones que la sociedad en general ha tratado de callar. Una de estas tiene que ver con la juventud. No es ajeno para el observador nacional que gran parte de los hechos vandálicos incluían a menores de edad o jóvenes adultos. Esta situación que tiene que ir más allá de la criminalización permite evaluar lo que han sido las políticas oficiales sobre inclusión laboral, social y educativa de la gran cantidad de población juvenil colombiana, en especial, en los sectores marginados. A las calles salieron nuestros NINIS (población joven sin empleo, ni estudio) visibilizando uno de los grandes retos de la sociedad colombian a. ¿Cómo incluir socialmente y dar sentido a ser joven en Colombia? Esta pregunta queda en el aire pendiente de un debate más serio, 42

Razón Pública. El paro nacional agrario: cuando el mundo del trabajo se levantó. En: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7053-el-paronacional-agrario-cuando-el-mundo-del-trabajo-se-levanto.html 2/09/2013

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pero es tal vez la más trascendental, pues representa el futuro de la Colombia real.

El diálogo de paz o los diálogos de paz La actual coyuntura social, económica y política colombiana exige detenerse a observar más allá de las imágenes que los medios de comunicación masivos presentan de la realidad colombiana con la carga ideológica que a diario comunican a la población que mayoritariamente accede a sus mensajes. Un tema crucial de esta coyuntura es el concerniente a los diálogos de paz con las FARC que el gobierno Santos inició desde noviembre de 2012 en la Habana, con el objetivo de dar punto final al conflicto con esta guerrilla. La agenda del diálogo se centra en cinco puntos principales: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas (Portafolio, Noviembre 17 de 2012) La meta de la paz con las FARC ha generado incesantes debates internos que han manifestado la polarización de la sociedad colombiana sobre un tema utilizado como plataforma política y electoral desde tiempos pretéritos por los distintos actores políticos nacionales. ¿Qué nos muestran los diálogos de la Habana? Varios puntos surgen al analizar lo que ocurre y ocurrió previo a la mesa de negociaciones. En primer término, la imposibilidad de las élites colombianas de negar el conflicto interno tal como lo intentaron demostrar en el período del expresidente Uribe Vélez (El Espectador, 7 de mayo de 2011)43 Esta situación fue corregida desde el comienzo de su mandato Juan Manuel Santos, entendiendo que amplios sectores de la sociedad colombiana han sido actores y víctimas de una relación conflictiva que lleva más de cincuenta años. En segundo lugar que el eje del conflicto colombiano es el campo. Colombia nunca consolidó un proceso de reforma agraria, por el contrario, las contrarreformas agrarias legales y/o armadas han logrado un increíble nivel de concentración de tierras y la pauperización de amplios sectores de la sociedad. Como tercer punto, la injerencia del narcotráfico en la lucha guerrillera y en la estructura del establecimento político, y por último, la derrota militar de las FARC, que los

43 http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-268116-uribe-da-10-razones-nohablar-de-conflicto-armado

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ha llevado a jugarse la carta de la paz para salvaguardar su papel histórico y su realidad práctica, sin tener la posibilidad de cuestionar la esencia actual del conflicto colombiano, el modelo de desarrollo. Los diálogos de paz de la Habana, se muestran así como un paso necesario, aunque pequeño, anacrónico e incompleto para el país. Necesario, pues la lucha de las FARC debe servir como insumo para revalorizar la discusión en Colombia sobre el modelo de desarrollo, el papel del campo y la visión general de país que debe guiar la ruta nacional durante el presente siglo. Pequeño, debido a que la firma de la paz, abre la puerta a una fase de posconflicto que exige un proceso democrático, incluyente e inteligente que vincule a la mayoría de la población a la estructuración de la Colombia incluyente. Por lo mismo, la firma de la paz es tan solo un evento protocolar que exigirá de la sociedad colombiana un trabajo sólido en la construcción de su proyecto. Anacrónico, debido a que el peso político de las FARC ha decaído y su influencia sobre el movimiento social, a pesar del gobierno, es mínima. Incompleto, pues la sociedad colombiana no está en la Habana y su complejidad supera los cinco puntos de discusión. El Paro Nacional Agrario demuestra esta sentencia y la exigencia de la sociedad colombiana de iniciar varios diálogos de paz que abarquen a los diferentes sectores, en especial, los invisibilizados, las víctimas del modelo, los excluidos, pues es en estos sectores en donde realmente se generarán las bases de una paz sólida, camino obligado para la prosperidad.

El adiós de los partidos políticos tradicionales Las últimas semanas exigieron de los partidos políticos colombianos una posición clara frente a su posicionamiento ante el país, los movimientos sociales, la idea de desarrollo qué defienden y en general, su rol en la sociedad colombiana. La respuesta al interrogante histórico fue absolutamente claro. El abandono del vínculo con los movimientos populares es absoluto, la capacidad de movilización de sus líderes políticos nula y la posibilidad de comunicación con la Colombia real, con la que pasa más allá de sus sedes políticas y del Congreso de la República inexistente. Lejanos son los tiempos por ejemplo, en que el partido liberal aupaba al movimiento campesino en pos de un reconocimiento social y político, en la maraña de los

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tiempos han quedado los jefes políticos que “untados” de pueblo eran capaces de retar el establecimiento. Lo que se vio de parte de los partidos políticos es el reconocimiento de su condición. Una rapiña por la cuota burocrática que la administración Santos les provee y un alineamiento claro con el modelo librecambista y su concepción de “prosperidad para todos” a partir de la “riqueza de pocos”. Aún el Polo Democrático Alternativo, que en su interior vive la dicotomía de la izquierda colombiana, dividida en mil visiones, fue incapaz, más allá de figuras individuales como el senador Jorge Robledo de generar verdadera oposición y dirigir un debate a las políticas públicas del gobierno que redundará en beneficio de la mayoría del país. Es importante destacar en este apartado la lenta consolidación de una nueva forma de política en Colombia, que supera la antigua integración partidista y que tiene que ver con las redes, en la coyuntura actual vistas sectorialmente, pero que pueden preverse como una nueva ruta para hacer política desde y para la gente, más allá del sistema electoral y el partidismo rapaz que ha dominado la historia política del país. El artículo que usted acaba de leer es responsabilidad absoluta de su autor y presenta su mirada a la problemática nacional. Busca servir como punto de partida para todo aquel que quiera profundizar en el apasionante proceso colombiano y en las perspectivas que se abren para una nueva ruta de desarrollo que busque servir de manera directa e incluyente a amplios sectores de la sociedad colombiana, tradicionalmente excluidos (¿o expulsados?) de la construcción de su propia historia. Bogotá, Colombia. Septiembre 13 de 2013.

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Convocatoria al número 2, primer semestre de 2014

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CONVOCATORIA PARTIPACIÓN EN EL SEGUNDO NÚMERO DE MINGA La Comunidad de Investigación para la Transformación de América Latina (CITAL) convoca al público en general a participar en el segundo número de Minga, que será publicado el 1 de Junio del 2014. Los números de Minga no tienen un tema en particular, sin embargo, los artículos deben estar relacionados con algún problemática de América Latina de ayer y hoy. Las normas editoriales serán publicadas en el mes de diciembre, después de haber hecho una evaluación junto con todos los colaboradores del primer número de Minga. Las normas serán publicadas en el sitio de web de la revista Minga: http://comunidad-cital.blogspot.mx/ Todos los interesados pueden enviar sus artículos al correo: estudios.del.desarrollo.g4@gmail.com Esta convocatoria cierra el 1 de Marzo del 2014.

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SOBRE LOS AUTORES QUE COLABORAN EN LA MINGA 1 Arce Tovar, Diofanto: Colombia, licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Distrital de Bogotá. E-mail: arcetovardiofanto@gmail.com García González, Francisco: México, licenciado Químico Farmacobiólogo, Universidad Autónoma de Zacatecas, Email: garciag.francisco@gmail.com García Rivas, Mariana Alejandra: México, licenciada en Economía, Universidad Autónoma de Nayarit, México. Email: marale_garcia@hotmail.com Lust Van Zeeland, Jan: Holanda, licenciado en Economía, Universidad de Amsterdam. E-mail: janlust@ymail.com Oporto Sánchez, Jhohan Braxton: Bolivia, licenciado en Arquitectura, Universidad Mayor de San Simón. E-mail: pipoqas@hotmail.com Pérez Alcazar, Reyna Catalina: México, licenciada en Economía, Universidad Autónoma de Chiapas. E-mail: alca_zar04@yahoo.com.mx Sankey, Kyla: Inglaterra, licenciada en Humanidades, Oxford, Inglaterra. E-mail: sankey.kyla@gmail.com Todos los colaboradores cursan la cuarta versión del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

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Minga, año 1, número 1, segundo semestre de 2013· Zacatecas · México · 1. Documentos de debate: El papel del intelectual en la transformación de América Latina: una propuesta de Manifiesto para CITAL, de Jan Lust y Jhohan Oporto · ¿Qué es Sociedad Civil?, de Mariana Alejandra García Rivas · 2. América Latina: Bolivia: Vivir Bien en América Latina: del Imperialismo al socialismo, de Jhohan Oporto · Colombia: Neoliberalismo a la colombiana o el desarrollo excluyente y precario, de Kyla Sankey · México: Extractivismo y estado neoliberal en México, de Francisco García González · México: Comunidad campesina y “Ciudades Rurales Sustentables” en el estado de Chiapas, de Reyna Catalina Pérez Alcázar · Perú: Hacia una estrategia revolucionaria de desarrollo, de Jan Lust · 3. Coyuntura: Colombia: Y la calle volvió a hablar ¿Qué nos dijo?, de Diofanto Arce Tovar.