La pesca en medios de comunicación

La llegada de la presente administración del gobierno federal dio un giro en las políticas pesqueras. Para Rigoberto García Soto, abogado y exdirector de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), las labores de combate a la pesca ilegal no han tomado el mejor camino y hoy, a cuatro años de la entrada de la presente administración, las problemáticas han tomado nuevas dimensiones.

La pesca ilegal tiene diversas causas. De acuerdo con un panel de 30 especialistas encuestados por el Instituto Belisario Domínguez, la primera es la falta de inspección y vigilancia (18.94%).

Seguido por la corrupción (15.9%), la presencia del crimen organizado (10.6%) y un marco jurídico inadecuado, poco conocido y con débil implementación (9.85%).

En entrevista para Causa Natura, García Soto, quien fuese, entre otros cargos dentro de la Conapesca, director de inspección y vigilancia en el gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto, opina sobre los procesos institucionales en el combate a la pesca furtiva en México.

— En términos del funcionamiento de inspección y vigilancia y desde la experiencia que usted tiene, ¿cuál sería un cambio entre este sexenio y el anterior?

Hay una diferencia muy marcada en lo que está sucediendo hoy día en materia de aplicación de la ley en el sector de la pesca y la acuacultura en el país con relación al trabajo que se hizo en los sexenios previos. Y esto se refleja en distintos aspectos: uno de ellos y de gran importancia tiene que ver con la asignación presupuestal.

Actualmente, se están asignando entre 100 y 120 millones de pesos al año por parte de la autoridad pesquera. En los sexenios previos se llegó a tener una disposición presupuestal de entre 270 y hasta 320 millones de pesos para aplicar en acciones de inspección y vigilancia pesquera, para el sueldo de los oficiales federales de pesca, para los gastos de campo que se asignan a los oficiales federales de pesca, el gasto en adquisición de vehículos, de embarcaciones, el monitoreo satelital de las embarcaciones pesqueras, los convenios de colaboración con la Secretaría de Marina Armada de México, así como los programas que se aplicaron antes para hacer inspección y vigilancia, en colaboración del sector pesquero y acuícola, al que se le asignaban alrededor de entre 70 y 110, hasta 130 millones de pesos en algún año, para instalar campamentos terrestres, bases marítimas, que operaban precisamente los períodos de veda de los principales recursos del país.

Entonces estamos viendo una diferencia muy marcada de tres a uno en materia de asignaciones presupuestales a un tema que es sumamente importante como es la inspección y la vigilancia ,que termina en la aplicación de la ley en la materia.