PRESENTACIÓN El crecimiento económico del Perú en los últimos años ha contribuido a reducir de manera importante los niveles de pobreza en el país. Sin embargo, para que este crecimiento logre beneficiar a toda la población y haga posible que el Perú ingrese a la categoría de país desarrollado, es indispensable que el Estado peruano se convierta en un agente promotor del cambio y fortalezca su competitividad.
A medida que la economía crece y se incrementan los recursos fiscales, se hace más evidente la necesidad de mejorar la gestión del Estado. Los problemas de mala asignación de recursos, falta de capacidad para ejecutar inversiones, prestación de servicios deficientes, etc., se manifiestan de manera cotidiana y han sido ampliamente documentados.
La modernización implica realizar una serie de reformas a la gestión pública, en la cual se delegan responsabilidades y se busca ejercer un mayor control, para mejorar el rendimiento de las cuentas fiscales y cumplir con las funciones del Estado, que son las siguientes: La función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de recursos en toda la economía, es decir, actuar donde la iniciativa privada no interviene, en la provisión de bienes y servicios; la función de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta entre los diversos grupos de la economía, es decir, el Estado se encarga de la distribución equitativa de la renta y de la riqueza; la función de estabilización, que se interesa en mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes inclinaciones en el empleo y la actividad económica y severos ataques de inflación, como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico; y, por último, la función de coordinación de funciones presupuestarias, referida a que, cuando el Estado aplique las funciones anteriores, estas no tengan efectos contraproducentes.
1 Modernización del estado peruano.
I.
ANTECEDENTES. El proceso de modernización del estado peruano, tiene su antecedente más reciente en el Decreto Legislativo N°834 originado en la Octava disposición transitoria y el final de la ley N° 26553, ley de presupuesto para el sector publico 1996.la que delego en el poder ejecutivo la facultad de realizar un proceso de modernización integral en la organización delas entidades que lo conforman; sin embargo. Debido a diversos intereses políticos y a la corrupción de aquel entonces, este se truncó. Mediante la ley N° 27658, en enero 2002 se declara al Estado peruano en proceso de modernización, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un estado democrático descentralizado y al servicio del ciudadano. Una de las tareas centrales para responder creativamente a los desafíos del desarrollo en los inicios del siglo
XXI
consiste en definir adecuadamente el papel
que debe jugar el Estado, particularmente en el contexto del nuevo orden global fracturado que está afianzándose en la actualidad. Durante las últimas décadas, los estados han venido perdiendo la capacidad de controlar cualquiera de los fenómenos políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales o tecnológicos que se presentan ahora en el mundo. La preeminencia de los estados está siendo erosionada en muchos aspectos de la política exterior, tal como lo demuestran la renovada importancia de las organizaciones regionales e internacionales en asuntos tales como la prevención y solución de conflictos II.
EL CONGRESO Y EL PROCESO DE MODERNIZACION. El congreso de la república al instalarse, en julio del 2001, considero como un paso importante la creación e instalación de una comisión que tratara directa y especialmente el tema de modernización de la gestión del estado, la que viene trabajando arduamente con la participación conjunta de especialistas, el poder ejecutivo y congresistas de diferentes bancadas, respondiendo al gran interés 2
Modernización del estado peruano.
del pueblo peruano y sus representantes en llevar adelante el anhelado cambio que significa instalar un proceso de modernización real en la administración publica, sin embargo, consideremos que luego de un inicio muy auspicioso este se ha detenido un poco. Dentro de este política, en base al dictamen elaborado por la comisión de modernización de la gestión del estado en enero del 2002, se dio la ley N° 27658, ley marco de la modernización del estado Ley que ha tenido una gran aplicación práctica que ha permitido realizar acciones en búsqueda de un estado más eficiente aplicando las herramientas que la ley otorgo al poder Ejecutivo como es el caos de la funciones. Así tenemos los casos de PROINVERSION (DS027-2002-PCM), fusión de: FOPRI, COPRI y PROMPERU 25 de abril de 2002, programas nutricionales para la infancia (DS 034-2002—PCM), fusión de: PROMARIN, PANFAR, PACFO, Programa de Desayuno Familiares, PANTBC, 14 de mayo de 2002, función en el ministerio de Agricultura de componentes de carácter agrícola, pecuario y forestal de los proyectos especiales del INADE (DS N° 067-2002PCM) 25 de mayo de 2002, el Consejo de competitividad (DS 024-2002-PCM) 23
de
abril
de
2002,
incorporación
al
FONCODES
por
fusión
de
PRONAMACHS-JBICPE-P17, JBICPE-P27 (programas sociales de alivio a la pobreza a cargo del poder Ejecutivo) (DS 036-2002-PCM) 23 de mayo de 2002.todas estas acciones demuestran una aplicación inmediata de las herramientas y principios establecidos en la ley marco de modernización de la gestión del estado, iniciando el camino para lograr un estado más eficiente. III.
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO La modernización implica realizar una serie de reformas a la gestión pública, en la cual se delegan responsabilidades y se busca ejercer un mayor control, para mejorar el rendimiento de las cuentas fiscales y cumplir con las funciones del Estado, que son las siguientes: La función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de recursos en toda la economía, es decir, actuar donde la iniciativa privada no interviene, en la provisión de bienes y servicios; la función de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta entre los 3
Modernización del estado peruano.
diversos grupos de la economía, es decir, el Estado se encarga de la distribución equitativa de la renta y de la riqueza; la función de estabilización, que se interesa en mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes inclinaciones en el empleo y la actividad económica y severos ataques de inflación, como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico; y, por último, la función de coordinación de funciones presupuestarias, referida a que, cuando el Estado aplique las funciones anteriores, estas no tengan efectos contraproducentes.
El Estado, al cumplir con sus funciones, busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos, brindándoles mejores servicios públicos (sectores de salud, educación, seguridad nacional, transportes y comunicaciones, agrícola y administración de justicia, entre otros). Para ello, el Estado debe definir claramente sus objetivos, realizando una evaluación sobre su conformación y la sociedad, en que se planteen las estrategias a seguir y se designe a los responsables. Se deben realizar una serie de reformas políticas, económicas, legales, etc., con las cuales se busca tener una nueva concepción de la relación Estado–ciudadano, donde el Estado es el gerente y el cliente. El papel que le corresponde jugar al Estado en el logro del bienestar y la prosperidad ha sido uno de los temas centrales de debate durante el siglo
XX.
La
gran variedad de maneras de organizar el funcionamiento de las economías y las sociedades en diversas partes del mundo hace que este siglo pueda ser visto, desde la perspectiva del papel del Estado, como escenario de un amplio y vasto conjunto de experimentos institucionales para promover el progreso humano. Simplificando considerablemente, a lo largo de todo este período es posible apreciar dos modelos de organización económica y política que constituyen polos opuestos: por lado, las economías de mercado y la democracia liberal y, por el otro la economía centralmente planificada y el sistema político de partido único. Cada uno de estos modelos buscó promover el 4 Modernización del estado peruano.
bienestar material de los pueblos en que se aplicaron, y se ofreció como la vía más rápida y efectiva para lograr el progreso económico y social. Un aparato estatal que no acompaña y facilita el crecimiento y que no sirve adecuadamente a los ciudadanos constituye un impedimento para la solución de la pobreza y las desigualdades económicas y sociales, lo que pone en cuestionamiento y hace vulnerable el sistema democrático. A continuación, se presentan algunos de los problemas y los lineamientos para su solución. IV.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA UN ESTADO MODERNO. Poca transparencia e insuficiente rendición de cuentas. Los mecanismos de control sobre la administración pública con que se cuenta actualmente se basan en procedimientos y formalidades que limitan la capacidad gerencial sin que impidan la corrupción. La complejidad normativa que enfrentan las entidades públicas en cuanto a funciones y procesos (desorden, desactualización, vacíos y contradicciones) crea una mayor inseguridad para los funcionarios honestos y facilita la corrupción. Mientras se enfatiza el control de formalidades, se ha descuidado por completo el control sobre los resultados de la gestión. No existen todavía mecanismos generalizados que permitan evaluar los resultados de los programas y proyectos que realizan las distintas entidades públicas. La iniciativa de presupuesto por resultados que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas es positiva, pero está todavía en una etapa bastante inicial y requiere fortalecerse y tener el soporte suficiente para generar un cambio de cultura en los funcionarios públicos. Por otro lado, la ciudadanía no conoce la definición de objetivos, metas, indicadores de desempeño y mucho menos el costo de producción de servicios públicos. Si bien se ha avanzado hacia una mayor transparencia del Estado por medio de la obligatoriedad de los portales de internet, estos muchas veces presentan información incompleta y desactualizada. 5
Modernización del estado peruano.
V.
RELACIÓN BUROCRÁTICA CON EL CIUDADANO Los ciudadanos y las empresas requieren realizar un conjunto de trámites frente al Estado: procedimientos que buscan autorizaciones, registros y otros pronunciamientos de distintas entidades públicas. Muchas veces, sin embargo, los trámites se hacen complejos y onerosos, lo que ocasiona costos injustificados a la producción de bienes y servicios y, en algunos casos, pueden convertirse hasta en obstáculos insalvables. Ello ocurre por diversas deficiencias de la burocracia y autoridades en los distintos niveles de gobierno:
La falta de recursos o la mala formulación de los presupuestos motiva
a las autoridades a buscar recursos propios a través de nuevos trámites.
La insuficiente capacidad técnica de los funcionarios los hace
temerosos y excesivamente formalistas, lo que está vinculado también al temor a acciones de la Contraloría.
La falta de motivación y vocación de servicio insensibiliza a los
funcionarios frente a las necesidades de los ciudadanos, a quienes no ven como clientes que deben servir y ayudar.
La desconfianza de las autoridades y funcionarios frente al sector
privado los hace recelosos y exigentes.
En muchos casos, los requerimientos y obstáculos burocráticos sirven
de pretexto a la corrupción. El Programa de Modernización y Descentralización del Estado, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha realizado una serie de acciones que buscan revertir este problema. Por ejemplo, en el campo del gobierno electrónico, se ha desarrollado las etapas iniciales del Proyecto Piloto de Gobierno Electrónico, que permitiría realizaren línea los seis trámites más 6 Modernización del estado peruano.
demandados, incluyendo la constitución de empresas. Asimismo, a nivel local, algunas municipalidades vienen desarrollando esquemas que permiten realizar los trámites de licencia de construcción y de funcionamiento por esta misma vía. Otra
iniciativa
considerada
en
el
Programa
de
Modernización
y
Descentralización del Estado es que cada sector haga una reingeniería de los diez trámites más comunes en su institución. No existe, por el momento, información fácilmente accesible respecto de qué sectores ya han cumplido con este proceso y cuáles no. Los mismos comentarios que se han realizado respecto de la política de gobierno electrónico son pertinentes en este caso, más aún cuando en estos casos se puede superponer también la tensión que existe entre el gobierno central y los gobiernos regionales. VI.
LINEAMIENTOS Y PROPUESTAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. Mayor transparencia y rendición de cuentas Considerando que los funcionarios del Estado y los políticos son únicamente gestores o administradores de los intereses de los electores, la rendición de cuentas por su actuación es una parte imprescindible en la relación gobierno ciudadanía. La rendición de cuentas es importante siempre, pero fundamental en dos situaciones: las decisiones de política que son controversiales y aquellas que implican el uso de recursos del Estado. Se requiere que el Estado garantice mecanismos de transparencia y de fiscalización, tanto de decisiones de políticas como de asignaciones de gasto, pero que dichos mecanismos no impliquen un exceso de procedimientos complejos, porque estos procedimientos también funcionan como trampas para los funcionarios honestos que quieren brindar servicios eficientemente. En ese sentido, las garantías al ciudadano deben estar basadas en información objetiva sobre la gestión, puesta fácilmente al alcance de la ciudadanía, más que en procesos formales. En tal sentido, se debe:
7 Modernización del estado peruano.
Mejorar los sistemas de priorización de necesidades y de asignación
de recursos públicos. Es necesario afianzar el manejo responsable del gasto y mejorar la eficiencia y la calidad del gasto en inversión pública. Son positivos los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas por desarrollar un sistema de presupuesto por resultados, lo que permitirá dar seguimiento y evaluación al gasto público. Sin embargo, su aplicación efectiva no será posible si es que no se potencian las oficinas responsables
de
Planeamiento
y
Presupuesto
en
cada
sector,
liberándolas de las restricciones salariales, para atraer a profesionales competentes y con experiencia en el sector público. Mecanismos similares deben estar previstos para los gobiernos regionales. Establecer la “prueba de mercado”, consistente en determinar cuánto cobraría un prestador privado del servicio, como mecanismo para medir la eficiencia del sector público (benchmark y herramienta de gestión). Tercerizar algunos servicios como referencia. Modernizar integralmente la Contraloría General de la República,
como se hizo con la Dirección General de Contribuciones cuando fue transformada en la Superintendencia Nacional de
administración
Tributaria (Sunat). Revisar la decisión de exonerar a empresas estatales de los controles
del Sistema Nacional de Inversión Pública, por los riesgos que implica para el uso de dinero de los contribuyentes. Revisar las funciones, estructura y actividades de la Oficina Nacional
Anticorrupción, para evaluar cómo aumentar su efectividad y su relación con otras entidades del Estado en temas afines. Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas más sencillos y
participativos para gobiernos locales de poblaciones pequeñas, y liberarlos de las obligaciones formales de los sistemas nacionales que no 8 Modernización del estado peruano.
son aplicables a estas poblaciones. Por ejemplo, podría normarse que los gobiernos locales más pequeños tengan necesidad de desarrollar cabildos abiertos con determinada periodicidad y que el íntegro de sus ingresos y gastos, incluidas las contrataciones de personal y el detalle de gastos en obras esté publicada en el local de la municipalidad, y eximirlos del resto de formalidades. Desarrollar mecanismos periódicos de rendición de cuentas sobre
decisiones de política
controversiales, bajo responsabilidad de los
funcionarios y autoridades respectivas, para todas las entidades públicas (audiencias públicas obligatorias, publicidad en internet, informes disponibles al público), así como las campañas de difusión sobre la disponibilidad de estos mecanismos. VII.
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Son positivos muchos esfuerzos del Ejecutivo y del Congreso por la
simplificación administrativa. Entre ellas, la Ley de Licencia de Funcionamiento y la Ley de Silencio Administrativo, y el programa Tramifácil, de la Mesa Nacional de Simplificación de Trámites Municipales para Empresas (Intermesa), que ya ha dado resultados. Lo mismo ocurre con el programa piloto de gobierno electrónico para permitir que se gestionen por internet los seis trámites más demandados (que, según su plan inicial, debería estar operativo antes de terminar el 2008) y las iniciativas de simplificación de trámites sectoriales (se debería informar qué sectores las han desarrollado y en cuáles están pendientes). Es también destacable la iniciativa de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE), más aún en el marco de la integración comercial del Perú al mundo, único camino para generar montos de inversión suficiente para la generación de empleo.
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Además de las muy positivas iniciativas citadas, se debería poner más
atención a las causas que están en la raíz de la generación de trabas burocráticas. Se necesita más trabajo en el campo de la capacitación de funcionarios, luchan contra
funcionarios corruptos o incompetentes, y
vigilancia ciudadana sobre los excesos burocráticos. VIII.
MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO. Fomentar el planeamiento estratégico en la gestión de las entidades
públicas, incluyendo el fortalecimiento de sus unidades de Planeamiento, Inversión y Presupuesto. Reformar los sistemas administrativos transversales del Estado (las
normas sobre contratación, control, presupuesto, etc.), para evitar que estos promuevan la realización de procesos sin valor o constituyan mecanismos de burocratización dentro del Estado. Identificar para cada entidad los cuellos de botella en el ciclo del gasto
público aprobación por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), presupuesto, tesorería, adquisiciones, control, etc. y adoptar las medidas de capacitación y simplificación que se requieran. Incorporar la aplicación de estándares internacionales en ciertos procesos (PMI para gestión de proyectos, COSO para sistemas de control). En la reforma de los sistemas administrativos, se debe tomar en
cuenta la heterogeneidad del sector público, conformado por entidades muy diversas en cuanto a la variedad y complejidad de procesos y su acceso a mercados.
IX.
PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 10
Modernización del estado peruano.
Establecer un nuevo régimen de empleo en el sector público, distinto
al Proyecto de Ley del Empleo Público, actualmente en discusión. El nuevo régimen debería estar orientado primordialmente al mérito y a incentivar el desempeño por resultados: o Debe diseñarse un sistema de evaluación objetivo e imparcial,
de aplicación gradual. o Las remuneraciones deben estar relacionadas a la complejidad
del cargo, el mérito, la capacidad profesional y desempeño. Debe ser eliminado todo sistema basado únicamente en la antigüedad. Las remuneraciones del personal de la administración pública no deben estar atadas ni tener ningún índice de relación con las remuneraciones de los políticos. Debe eliminarse todo tipo de homologación o indexación de remuneraciones.
o Debe considerarse dentro de las causales de cese no solo las
de carácter disciplinario, sino también la falta de aptitud mínima para el desempeño de la función según evaluaciones de desempeño.
o Los recursos humanos deben adecuarse a las necesidades del
servicio. Dado que las estructuras y funciones son cambiantes, las normas deben dar solución a la excedencia de personal. o Debe aplicarse a todas las instancias de gobierno, pero
desarrollar reglas especiales para los municipios pequeños (especialmente
las
referidas
a
selección,
capacitación
y
evaluación), que estén basadas en los mismos principios, pero sean factibles de aplicar con facilidad a la realidad concreta que enfrentan estas localidades. 11 Modernización del estado peruano.
o Se debe debatir responsablemente sobre la negociación
colectiva en el sector público, si se incorpora debe incluirse también como aspecto obligatorio que se adopten acuerdos sobre la mejora de la calidad y eficiencia del servicio público. De lo contrario, la norma sería inconsistente con el enfoque de gestión por resultados.
o Debe señalarse expresamente que cualquier proceso de
selección irregular es nulo y puede ser materia de impugnación durante un tiempo prudencial. Asimismo, la ley debe explícitamente establecer la responsabilidad y penalidades que asume una autoridad elegida o un funcionario por vulnerar la ley en este aspecto. Otorgar o aceptar recomendaciones de cualquier funcionario o autoridad debe estar expresamente prohibido, así como acarrear responsabilidades.
o Poner en funcionamiento la autoridad nacional del empleo
público y el tribunal del empleo público. Esta entidad debe tener una concepción moderna respecto de la gestión de recursos humanos y estar integrada por profesionales independientes de primer nivel. o Establecer garantías para funcionarios frente a procesos
judiciales maliciosos dirigidos a paralizarlos en el ejercicio de sus funciones. X.
DESCENTRALIZACIÓN ADECUADA DEL ESTADO. El modelo adoptado por la legislación consiste en una división de roles entre los niveles de gobierno.
12 Modernización del estado peruano.
El gobierno central debe concentrarse en la definición de políticas nacionales, mientras que las instancias subnacionales deben enfocarse en la ejecución y prestación de servicios, respetando las políticas nacionales. El gobierno nacional debe progresivamente abandonar las tareas de ejecución y, en cambio, fortalecer sus capacidades de planificación y formulación de políticas, evaluación y dirección. Su estructura debe responder a ese nuevo rol. Los gobiernos locales y regionales deben fortalecer sus capacidades de ejecución y desempeñar sus funciones con autonomía y eficiencia, adecuando las políticas nacionales a su realidad específica, pero sin desnaturalizarlas. Desarrollar las acciones legales necesarias para garantizar que en el
futuro no se incumplan por ningún motivo las políticas nacionales; y fortalecer la instancia de coordinación del Poder Ejecutivo con los gobiernos
regionales
para
la
discusión
de
algunas
políticas
fundamentales.
Fortalecer la capacidad del gobierno nacional para el planeamiento y
formulación de políticas nacionales y articular la gestión de los distintos niveles de gobierno a través de políticas nacionales claras. La aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) constituye un avance en este aspecto. Sin embargo, las leyes de cada uno de los ministerios que deben ser aprobadas a partir de esta LOPE, deben reflejar los nuevos roles para los distintos niveles de gobierno, y es probable que se tenga que revisar otras leyes también que fueron otorgando funciones a distintas entidades públicas. Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo de los servicios
descentralizados que defina una línea de base y determine indicadores de satisfacción del ciudadano. XI.
CONCLUSIONES.
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La reforma del Estado es políticamente distinta a la modernización de la administración pública, puesto que la modernización busca mejorar la capacidad de infraestructura para atender las demandas de los ciudadanos y agilizar los procedimientos para que la respuesta a la sociedad sea más pronta, además de mejorar la estructura y gestión pública incrementando de esa manera las condiciones de gobernabilidad. La reforma del Estado significa realizar modificaciones políticas, económicas y sociales en la estructura del Estado, a fin de mejorar dichas estructuras y fortalecer el sistema institucional. Si los objetivos de la reforma realizada se cumplen, la modernización del Estado será un éxito. Para ello, en nuestro país se han dictado reformas en todos los sectores. Para realizar una correcta reforma es prioritario identificar los factores que dificultan la gestión pública, lo cual significa examinar el marco normativo de cada institución, para evaluar los aspectos que están cojeando y los que necesitan reformarse, puesto que los problemas de organización son diferentes. Otro aspecto que retrasa la modernización es la corrupción y la burocracia, que genera lentitud en los procedimientos. Lo más importante del proceso de modernización es que los servidores de la gestión pública adopten el principio del ciudadano, cliente o usuario y se le respete más, y el Gobierno tome el perfil de administrador, ejecutivo o gerente público, guiado por la búsqueda de resultados y evaluando en base a la rendición de cuentas y a la competencia. Porque si bien es cierto que en la mayoría de instituciones se han simplificado los procedimientos administrativos, en otras sucede lo contrario, puesto que para realizar una gestión se necesita una serie de documentos. El ex Presidente Alán García entró al gobierno con un plan de acción inmediata que le faltó completar en los primeros 180 días de su mandato, postergando la reforma de todo el aparato estatal. Otra medida adoptada fue reducir a la mitad el sueldo de los parlamentarios, ministros, autoridades regionales y alcaldes, ocasionado de esa forma la 14 Modernización del estado peruano.
migración de capital humano a la actividad privada, dejando desprovista a la administración pública de profesionales idóneos. En medio de esta política demagógica, nadie advirtió que la reducción de sueldos era solo uno de los puntos de su plan inmediato de reforma del Estado que planteó en su campaña. Pasó desapercibida la reforma constitucional ofrecida por García en el sentido de incluir en la agenda política del país la discusión del retorno a la Constitución de 1979 y la conveniencia de reinstalar el sistema bicameral en el parlamento. Las propuestas de mejorar la administración de justicia avanzaron a paso muy lento, pues el SERIAJUS no brindó los frutos esperados al culminar la gestión presidencial. Treinta fueron las promesas incluidas en el plan de acción inmediata del Apra. Trece fueron los sectores incluidos en este plan, entre ellos, la reforma y modernización del Estado. No se cumplieron las metas, muchas veces distraídas éstas por los escándalos de corrupción a gran escala dentro del sector público, que, a la larga, postergó la reforma tan esperada del Estado. En la actualidad, la gestión del presidente Ollanta Humala se torna discordante con el discurso inicial que fue, en la campaña, un discurso antisistema, preconizando el mejoramiento del aparato estatal con una política de inclusión social. El balance a los cien primeros días de su mandato es de una sensación de continuidad en el crecimiento sostenido de la economía, a pesar de que los factores externos (crisis europea) podrían estar afectando la región. Es ahora que el Presidente replantea su posición de centro-izquierda para situarse en un centro-derecha coqueteando con los capitales privados, pues, se ha dado cuenta de que cundo hay una mayor estabilidad política, los inversionistas no se llevan el dinero afuera.
15 Modernización del estado peruano.
La reforma del Estado no se debe detener y, por el contrario, ha de marchar de forma paralela a las políticas inclusivas, concientizando a la población de que somos un país con prospección a futuro y que la minería conlleva el progreso, pero con la debida intervención del Estado para que los grandes inversionistas no generen abuso en la extracción de nuestros recursos y que capitalicemos el canon en desarrollo para las zonas menos favorecidas. Por último, debemos reflexionar sobre la necesidad de que la reforma y la modernización del Estado deben pasar necesariamente por la reforma integral del Poder Judicial y del Ministerio Público, es decir, por la reforma del sistema de justicia en el país, pues el Poder Judicial es fundamental para la Democracia y para la consecución de la paz en justicia e inclusión social. BIBLIOGRAFIA.
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