conflicto armado en colombia by JOSE RODOLFO DUQUE SANTILLANA

onflicto Armado en Colombia

Antecedentes histรณricos y actores.

Conflicto en Colombia: Antecedentes históricos y actores. Editor Enrique Castro Vásquez Diseño editorial Jose Rodolfo Duque Santillana Ilustración Pedro Ramírez Ossa Primera edición Marzo de 2020 Copyright © Editorial Alfaguara Av. Mare de Deú de Lorda, 20 08034 Barcelona Tel. 93 205 40 00 Fax 93 205 14 41 Medellín ISBN:369-54-985-3256-5 Sinopsis de la contraportada tomada de Breve historia del conflicto armado en Colombia. Jerónimo Ríos Sierra (Prólogo de Heriberto Cairo Carou) Impreso en China Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización de la editorial.

ndice

Orígenes del Frente Nacional una crónica de enemistad social

¿Guerrilleros VS Paramilitares?

Nuevo Milenio: Parapolítica, narcotráfico y disidencias

Agradecimientos

Referencias Bibliográficas

resentación

Colombia vive hoy una situación de violencia generalizada. Las formas violentas de relación -caracterizadas por el predominio intencionado de la fuerza para la consecución de fines, con producción de daños a las víctimas- se han ido convirtiendo en predominantes tanto en los espacios de la vida privada como en los de la vida pública, e igual en las interacciones políticas que en las familiares, laborales y aún en las deportivas. Dada la diversidad de contextos, escenarios, tipos y significados de las violencias y los cambios permanentes de su dinámica e intensidad, resulta casi imposible una reflexión que comprenda todas las formas de violencia. Por eso se hace necesario delimitar en cada caso a qué tipo de violencia se refiere y en qué coordenadas espacio-temporales se ubica. Las consideraciones

siguientes se refieren específicamente a la expresión en homicidios de las diferentes violencias que ha vivido el país en los últimos 25 años. Sin duda, el homicidio constituye una de las formas más graves de violencia en cuanto niega el derecho humano fundamental a la vida y suprime, en consecuencia, todos los demás derechos. Lo anterior y el hecho de que los homicidios se han convertido en una de las modalidades más frecuentes de expresión de las distintas violencias en el país en los últimos años, permite afirmar que la descripción y el análisis del problema de los homicidios constituye una de las formas más indicadas para abordar y tratar de comprender buena parte de la problemática de la violencia colombiana. Colombia vive hoy una situación de violencia generalizada. Las formas violentas de relación -caracterizadas por el predominio intencionado de la fuerza para la consecución de fines, con producción de daños a las víctimas- se han ido convirtiendo en predominantes tanto en los espacios de la vida privada como en los de la vida pública, e igual en las interacciones políticas que en las familiares, laborales y aún en las deportivas. Dada la diversidad de contextos, escenarios, tipos y significados de las violencias y los cambios permanentes de su dinámica e intensidad, resulta casi imposible una reflexión

que comprenda todas las formas de violencia. Por eso se hace necesario delimitar en cada caso a qué tipo de violencia se refiere y en qué coordenadas espacio-temporales se ubica. Las consideraciones siguientes se refieren específicamente a la expresión en homicidios de las diferentes violencias que ha vivido el país en los últimos 25 años. Sin duda, el homicidio constituye una de las formas más graves de violencia en cuanto niega el derecho humano fundamental a la vida y suprime, en consecuencia, todos los demás derechos. Lo anterior y el hecho de que los homicidios se han convertido en una de las modalidades más frecuentes de expresión de las distintas violencias en el país en los últimos años, permite afirmar que la descripción y el análisis del problema de los homicidios constituye una de las formas más indicadas para abordar y tratar de comprender buena parte de la problemática de la violencia colombiana. años, permite afirmar que la descripción y el análisis del problema de los homicidios constituye una de las formas más indicadas para abordar y tratar de comprender buena parte de la problemática de la violencia colombiana. Colombia vive hoy una situación de violencia generalizada. Las formas violentas de relación -caracterizadas por el predominio intencionado de la fuerza para la consecución de

fines, con producción de daños a las víctimas- se han ido convirtiendo en predominantes tanto en los espacios de la vida privada como en los de la vida pública, e igual en las interacciones políticas que en las familiares, laborales y aún en las deportivas. Dada la diversidad de contextos, escenarios, tipos y significados de las violencias y los cambios permanentes de su dinámica e intensidad, resulta casi imposible una reflexión que comprenda todas las formas de violencia. Por eso se hace necesario delimitar en cada caso a qué tipo de violencia se refiere y en qué coordenadas espacio-temporales se ubica. Las consideraciones siguientes se refieren específicamente a la expresión en homicidios de las diferentes violencias que ha vivido el país en los últimos 25 años. Sin duda, el homicidio constituye una de las formas más graves de violencia en cuanto niega el derecho humano fundamental a la vida y suprime, en consecuencia, todos los demás derechos. Lo anterior y el hecho de que los homicidios se han convertido en una de las modalidades más frecuentes de expresión de las distintas violencias en el país en los últimos años, permite afirmar que la descripción y el análisis del problema de los homicidios constituye una de las formas más indicadas para abordar y tratar de comprender buena parte de la problemática de la violencia colombiana.

ORÍGENES

del Frente Nacional

una crónica de enemistad social

apítulo

La CONFIGURACIÓN de la

SOCIEDAD RURAL

El libro La violencia en Colombia no fue el primero en su género. Contaba con una serie de estudios que lo antecedían, algunos de ellos también fruto de “trabajos sistemáticos”. Tales estudios, por ejemplo, los aparecidos a mediados de los años cincuenta de Vernon L. Fluharty y de Antonio García, explicaron la Violencia como el cambio de un orden señorial feudal por un orden mestizo, en el que las antiguas elites pretendían conservar viejos privilegios, bajo el símil de una democracia moderna. Dicen estos autores, que el cambio se consolidó cuando tuvo lugar la conjugación de tres factores explosivos. El primero fue el nuevo orden internacional, posterior a la Primera Guerra Mundial, que forzó al país a enrumbar su dirección señorial para participar del comercio internacional. Por este motivo, entre 1923 y 1928 llegó una cantidad importante de recursos proveniente de inversionistas y de empréstitos de los Estados Unidos, que no entraron al circuito de la producción planificada, porque las elites se apropiaron de una buena parte. Así las cosas, la violencia del país fue entendida como la consecuencia de los avatares inmersos en la construcción democrática de una Nación, cuando tiene que luchar contra diversos grupos que tradicionalmente han ejercido el poder y que gozan de la potestad de inventar estratagemas en contra de la solidificación de una unidad que les impida seguir con sus privilegios. Sin embargo, esta tesis, El 24 de julio de 1956 se firma el Pacto el Frente Naci a pesar de su coherencia, no era suficientemente convincente para explicar las razones de la violencia que se decía era “tan particular” de Colombia; en especial, por el protagonismo de los dos partidos políticos tradicionales en ella, su especificidad como confrontación rural y su brutalidad, características que impedían que el confrontamiento pudiera entenderse como el resultado de una lucha en ciernes entre clases sociales. Y dentro de esta trama, el libro de Guzmán y sus colaboradores giró la dirección entre conocimiento y verdad, al imponerle condiciones de otra índole a la acción del intelectual que lo

comprometían a participar en ella. De modo que, ya no bastaban análisis eruditos o políticos, ni estudios de archivos con información oculta con los que también intentaban aumentar los grados de objetividad; para llegar a la verdad había que internarse en las profundidades de la confrontación, mostrarla tal cual ocurrió, seguir los avatares de los protagonistas de los bandos en disputa, entrevistar a los victimarios y a las víctimas. En otras palabras, para conocer la verdad había que ponerse en la tarea de enfrentar al objeto de estudio.

La VIOLENCIA

Uno de los periodos de mayores cambios en Colombia fue en las décadas del 20 y el 30, donde no solo se vislumbraba la modernidad en gran parte del territorio nacional, sino que se le abría paso a la Violencia. Las reformas políticas y sociales del liberalismo en los años 30(intervencionismo, Estado laico, sindicatos, reforma agraria, entre otros) intentaron modernizar el país e incorporar sectores de clase media, obreros y campesinos hasta entonces excluidos. Pero el cambio fue objeto de resistencia y de una „pausa a partir del gobierno de Eduardo Santos (1938 – 1942). Es en ese entonces que el Partido Liberal se divide en una línea moderada (Santos) y otra populista radical (Jorge Eliécer Gaitán), lo cual desemboca en la renuncia del presidente López Michelsen (1944) y la elección del conservador Mariano Ospina Rodríguez en 1946. El siete de agosto de ese mismo año, se da una de las persecuciones más sangrientas en el país de Benidorm, en España, para asegurar lideradas por los conservadores y apoyados por ional. Foto: AP la fuerza pública, párrocos, obispos y monseñores hacia militantes del Partido Liberal. Ante ello, Gaitán instó a la ciudadanía a reclamar desde la plaza pública la intervención activa del presidente de la República – Ospina Rodríguez- para poner fin a la violencia contra los liberales. La respuesta: escalamiento de la violencia. Como contrarrespuesta frente a la inercia presidencial por el brote del conflicto, una multitud de manifestantes se agolpó a las principales calles de Bogotá en lo que se llamó la Marcha de las Antorchas, y que culminaría frente a la Casa de Nariño. Con un memorial de agravios, se

pretendía que el Gobierno Nacional tomara acciones frente a las persecuciones hacia los liberales, lo cual desenca denó en procesos de exterminio. Ante la agudización de la violencia, Gaitán promovió una nueva protesta: La Manifestación del Silencio, que tuvo lugar el 7 de febrero de 1948. Por primera vez, una multitud exigía respeto y el cese de la violencia sin pronunciar palabra alguna (Santos, 2006), el pueblo cada vez ganaba poder y espacio político en la esfera pública. Pero sería dos meses después, que la represión llegaría a su punto álgido con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril. Su vida fue cegada cuando realizaba un acto político por su aspiración a la Presidencia de la República en las elecciones que se realizarían en 1950. La muerte del Caudillo no solo sig-

nificó el fin de uno de los líderes más importantes del país sino de las esperanzas de un proyecto político diferente donde los excluidos tendrían voz y los diversos intereses dejarían de ser los de unos cuantos. La oligarquía respiraría tranquila. Era la primera vez que el pueblo sentía que sus dificultades eran tocadas y sentidas por la política, por ese arte de gobernar un país donde las élites cada vez se beneficiaban con decretos y leyes qu e llenaban sus arcas. Ese 9 de abril el pueblo se alzó, se dejó oír, se rebeló. Tres mil personas muertas o desaparecidas, viviendas y negocios destruidos, saqueos, orden público alterado y varios días de enfrentamientos, así se dio el Bogotazo, el hecho histórico que marcó la historia colombiana, y que, según los historiadores y la memoria oficial nacional, la dividió en dos.

Fotografía original de Luis Alberto Gaitán, Lunga, que después se convertiría en una imagen icónica de Jorge Eliécer Gaitán. Foto: Tomada del libro ‘Archivo Gaitán’

La LLAMA ENCENDIDA El 9 de abril recuerda desde hace 64 años no solo la muerte del líder político Jorge Eliécer Gaitán, sino el fin interrumpido de un país oligárquico y la posibilidad frustrada de una sociedad más igualitaria o por lo menos, más participativa pero también, el comienzo de una guerra que aún hoy no termina. Es una fecha cargada de sentidos, interpretaciones sociales del pasado y disputas. Marchas, movilizaciones, rituales y actos diversos hacen parte de las prácticas que año tras año avivan la lucha gaitanista y vivifican las arengas del líder político que promovían la “restauración moral de la república” y “el despertar del letargo en el que nos han sumido nuestros padres de la patria”. Se trata de actos performáticos que mantienen activa la memoria nacional desde diferentes grupos sociales: los barrios obreros, estudiantes, colectivos de mujeres, organizaciones de víctimas del conflicto armado y en menor medida, el Partido Liberal mismo.

La conmemoración aparece como ese elemento de encuentro donde los rituales convergen para atenuar aquel compromiso, como un legado de preservar ese pasado y no olvidar aquel 9 de abril de 1948. La continuidad con éste se ve reflejada en los murales y proclamas que albergan las frases de aliento e impulso a un pueblo oprimido por la élite nacional, es esa misma que se ve presente en las Marchas de las Antorchas y del Silencio que, así como recorrieron las calles del centro de la capital del país en 1947 y 1948 respectivamente, se instalaron en la memoria colectiva como una forma de recordar el legado de Gaitán y de llamarle la atención al pueblo ante la desidia y el conformismo frente a la realidad social del país, de decirse que el cambio es posible. Es ese mecanismo de protesta que quedó referenciado como método para expresar que el pueblo no olvida y que sigue en pie. Es así como este componente se convirtió en el sentido transmitido hasta ahora.

“Si avanzo, seguidme. Si me detengo, empujadme. Si os traiciono, matadme. Si muero, vengadme” Gaitán.

El FRENTE NACIONAL La reforma constitucional que consagró el sistema del Frente Nacional fue votada plebiscitariamente para doce años, que el bipartidismo aumentó pronto a dieciséis. Por cuatro períodos de cuatro años cada uno, los partidos liberal y conservador se turnarían en la presidencia, repartiéndose por mitades los cargos de gobierno, así como los asientos del Congreso. Todo con el propósito de superar la crisis que agobiaba al país, ya que Colombia vivía uno de los momentos mas difíciles de su historia, y ello produjo que ambos partidos buscaran soluciones consensuadas que se tradujeran en acuerdos políticos que permitieran alcanzar un clima de paz y de desarrollo económico. Para votar cualquier ley importante, se adoptó la norma de las dos terceras partes, con lo que se buscaba garantizar la unidad del

bloque político en el poder, excluyendo la aprobación de medidas que no contaran con el apoyo de esta mayoría. Una vez realizado el plebiscito nacional, y definidos, aclarados y convenidos los principales puntos de consenso y acuerdo entre partidos, nace finalmente el Frente Nacional, el cual estaría signado por dos características fundamentales: alternación y paridad. La alternación se refería al cambio obligatorio de filiación política del presidente de la República de un período a otro, es decir, debería haber un presidente de diferente partido cada cuatro años, mientras que la paridad se refería a la igualdad de participación de los dos partidos en los puestos del gobierno. La conformación del Frente Nacional proporcionaba un paréntesis que -para algunos- permitía reorganizar un sistema político que desde hacía

ya una década presentaba síntomas de descomposición; la situación social existente en el país, exigía poner en práctica un amplio programa de reformas destinado a solucionar las precarias condiciones de vida de grandes sectores de la población. El acuerdo se puso en práctica mediante negociaciones por parte de las élites, y su finalidad era desmovilizar a los seguidores sectarios de los partidos y poner fin a la violencia rural. La inmovilización provocada por las restrictivas reglas del Frente Nacional y el miedo a las protestas populares, fueron la causa por la cual la mayoría de los gobiernos del mismo impusiesen el estado de

sitio. Se tiene entonces que durante la época del Frente Nacional, Colombia sencillamente alternaba en el poder a liberales y conservadores o, lo que es lo mismo, éstos se turnaban en la presidencia sin ningún problema entre ellos. En 1974, este sistema constitucional del Frente Nacional se desmontó en cuanto a la composición del Congreso y la alternancia en el ejecutivo, pero pervivió, gracias al artículo 120 de la Constitución reformada. Asimismo, el Frente Nacional dejó una herencia muy evidente: la existencia casi permanente del estado de sitio, que intentó ser reducido con la nueva constitución de 1991.

El Bogotazo. Foto: AP

ÂżGuerrilleros VS

Paramilitares?

apĂtulo

Lo HEREDADO

escuadrones de la muerte como estrategia contrainsurgente. En ambos casos aplicaron las torturas y practicaron las desapariciones. Según los militares franceses, era preferible eliminar a un inocente que dejar libre a un subversivo. Concluyeron que quien controlara y ganara la población tenía el éxito asegurado, y ante las dificultades para su adhesión, dedujeron que el desplazamiento de la población civil era una forma de quitarle el apoyo al enemigo y por eso forzaron los desplazamientos. Para los mismos, “todo sospechoso es un muerto con la ejecución aplazada”. La Batalla de Argel llegó a ser un modelo de la guerra contrarrevolucionaria a partir de los escuadrones de la muerte.Los franceses, en el contexto de la política colonialista y de represión a los movimientos independentistas de sus colonias de Indochina y Argelia, crearon organizaciones paramilitares. Desde mayo de 1958 las técnicas de la Batalla de Argel comenzaron a enseñarse, primero desde 1958 en la Escuela de Guerra de París, donde los primeros alumnos fueron argentinos y, posteriormente, en la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires desde 1961, donde participaron militares de 14 países, inclusive de Estados Unidos, en calidad de estudiantes. Posteriormente los franceses capacitaron a los militares estadounidenses a través de Pierre Messmer y Paul Aussaresses quien fue nombrado en la agregaduría militar en Washington, de la que dependían diez

oficiales de enlace, todos veteranos de Argelia y fueron distribuidos en distintas escuelas militares estadounidenses. Los militares estadounidenses diseminaron lo aprendido a los franceses a través de la Escuela de las Américas, entre ello, la formación de organizaciones paramilitares. Se calcula que en la Escuela de las Américas (US Army Scholl of the Américas. USARSA), sin ser la única dedicada a tales propósitos, 100.000 militares latinoamericanos fueron formados allí, entre ellos, 4.629 colombianos, solamente entre 1950-1970. Pero antes de esta influencia francesa, Estados Unidos ya había implementado los escuadrones de la muerte o paramilitares en países de América Latina. También hubo escuadrones de la muerte en Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. El rasgo común de los escuadrones de la muerte o paramilitares, fue el haber sido creados por parte de las fuerzas regulares de cada país, con la asesoría de CIA. Según Ralph W. McGehee, quien formó parte de la CIA entre 1952 y 1977, dicha institución

“En Colombia, la pre va a matar?, ¿los gu militares, los narcos me Ga

organizó escuadrones de la muerte en El Salvador, Guatemala, Nicaragua (antes de 1979), Corea del Sur, Irán, Chile y Uruguay. Este mismo personaje asevera que, en 1969, fue enviado a Uruguay el agente de la CIA, experto en torturas, Dan Mitrione para asesorar a las fuerzas armadas y a los escuadrones de la muerte de ese país. Mitrione solía decir: “El dolor exacto, en el lugar exacto, en la cantidad exacta para obtener el efecto deseado”.

Lo PROPIO El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento. En los años ochenta, en el contexto de la política de paz impulsada por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las organizaciones subversivas y desde su perspectiva ideológica e intereses se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento y para ello impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente, entre ellos: Muerte a Secuestradores (MAS), el Escuadrón de la Muerte, Muerte a Abigeos (MAOS), Castigo a Firmantes o Intermediarios Estafadores (CAFIES), el Embrión, Alfa 83, Prolimpieza del Valle del Magdalena, Tiznados, Movimiento Anticomunista Colombiano, los Grillos, el Escuadrón Machete, Falange, Muerte a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores (MAICOPA), los Comandos Verdes, Terminador, Menudos, Justiciero Implacable, Mano Negra y Plan Fantasma, los Grises, Rambo, Toticol, los Criollos y Black Flag, entre los más conocidos. De ahí se pasó a la utilización de la amenaza, el asesinato selectivo y las masacres, durante la administración Betancur Cuartas. Luego se llegó a las prácticas de la violencia expresada en detención-desaparición, y masacres colectivas que caracterizaron las administraciones de Virgilio Barco Vargas

egunta es: ¿quién nos uerrilleros, los parao los políticos?” Jaiarzón”

(1986-1990) y César Gaviria Trujillo (1990-1994), según Medina Gallego. En la primera parte de los años ochenta las organizaciones paramilitares fueron la respuesta de los narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión, luego evolucionaron hacia un proyecto político, militar y social con la colaboración y complacencia de las fuerzas armadas. Mauricio Romero, otro estudioso del tema, llegó a esta misma conclusión, según Vargas Velásquez. Se indican casos concretos que relacionan a los militares colombianos con paramilitares. Tal fue el caso de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, organizados por el ex comandante militar de Puerto Boyacá, coronel Luis Bohórquez quien, ante la prensa hablada manifestó: Las autodefensas no entregarán las armas, las devuelven al mismo Estado quien un día las reclutó, las organizó y las armó. Era una obligación para los comandantes poder erradicar la guerrilla y el comunismo de la zona. Actualmente hay 15.000 hombres en armas. El paramilitarismo como recurso para luchar contra la subversión es una política de Estado así no esté consagrada legalmente. “Se trata de una doctrina institucional aplicada sistemáticamente, que ha comprometido todas las instancias de la Fuerza Pública”. Como muestra de lo anterior, En su testimonio ante la justicia, el oficial del ejército y luego comandante paramilitar Luis Antonio Meneses declaró que hasta 1989 los contactos se hacían directamente entre el Estado Mayor del Ejército y la dirección de Así era como las Farc infiltraban a los las autodefensas. Después se comenzaron a utilizar intermediarios. De lo anterior se deduce que las relaciones entre las fuerzas armadas colombianas y las organizaciones paramilitares son orgánicas. Naturalmente ello no aparece en el organigrama de las primeras, ni en sus líneas de mando ni figuran como organismos institucionalizados, pero ello no es óbice para que de manera paralela, secreta o encubierta las relaciones funcionen con arreglo a fines. Las fuerzas armadas pasaron, de tener el control sobre los paramilitares, a ser controladas por éstos y, el cambio de la naturaleza de este tipo de relaciones explica, en parte, la facilidad con que además de expandirse, el paramilitarismo penetró la mayoría de las instituciones del Estado. Las alianzas entre la clase política colombiana y organizaciones crimi-

nales han sido una práctica recurrente, entre las más evidentes se pueden destacar tres. La primera, entre el Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar Gaviria y políticos liberales y conservadores. La segunda, entre el Cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela y políticos de las mismas colectividades; y la tercera alianza ocurrió entre un sector de la clase política, diversos estamentos y paramilitares.

REFLEXIONES finales Durante la administración de Uribe Vélez, resaltan tres tendencias de la situación de Derechos Humanos: aumento de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública por medio de los falsos positivos, el incremento de las detenciones arbitrarias y la paramilitarización de la sociedad y las instituciones. Esta última tendencia, en el plano militar se expresa en el hecho de que paramilitares se institucionalizaron a través de empresas e instituciones, en el ámbito económico controlan actividades ilegales y además participan de proyectos agroindustriales con el auspicio del gobierno y, en materia política, está el esparamilitares Foto: León Darío Peláez cándalo de la parapolítica. El gobierno nacional, en tanto que resultado y expresión del paramilitarismo, es juez y parte en ese proceso de paz por medio del cual se institucionaliza el paramilitarismo, donde las víctimas o familiares de las mismas adolecen de fuertes organizaciones locales, regionales y nacionales. Sus luchas son individuales, insulares y desarticuladas de proyecto político alguno, aparte de que sus voceros son asesinados. El paramilitarismo en Colombia, transformó a este país. Borró de un plumazo los múltiples intentos de reforma agraria. Incidió en la configuración de nuevas características demográficas y con ellas la agudización de problemas ligados a las necesidades básicas insatisfechas, fenómeno determinante en la pauperización de la mayoría de la población. Estimuló la degradación de la guerra. En el ámbito

social, familiar e individual afianzó valores como el lucro fácil, el consumismo, la intolerancia, la agresividad, la justificación de cualquier medio para alcanzar un fin, el despilfarro y la ostentación. Coadyuvó en la polarización de la sociedad. Contribuyó a la consolidación de una ética política basada en el señalamiento, la estigmatización, la exclusión, la corrupción, el clientelismo armado y la violencia. El fenómeno del paramilitarismo y el escándalo provocado, deben ser vistos desde una perspectiva estructural, encuadrada en la geopolítica y la razón de Estado que Estados Unidos adoptó para este país en virtud de sus seculares conflictos, también articulada a la evolución de las distintas violencias y éstas a la dinámica de un capitalismo periférico y dependiente. Soslayar los análisis de estas mínimas coordenadas, sitúa a quien lo intente, en la perspectiva de que la hoja no deja ver la rama, la rama no deja ver el árbol y el árbol no deja ver el bosque, pues los paramilitares, entre otras cosas, son parte de la política contrainsurgente impuesta por Estados Unidos. A las antiguas tareas antisubversivas de las fuerzas armadas colombianas, Estados Unidos le sumó otras, como la represión al cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes; la custodia de la infraestructura minera, energética, petrolera y de comunicaciones donde hay capitales estadounidenses invertidos; el servicio de seguridad para el personal uniformado y civil de ese país, que cumplen funciones militares y políticas en Colombia; la de ser consumidores netos y compulsivos de la industria militar estadounidense y el ser el principal sostén de regímenes políticos civiles corruptos e ilegítimos. No importó a Estados Unidos si para el cumplimiento de esas tareas las fuerzas armadas colombianas, auspiciaran organizaciones paramilitares o se aliaran con las ya existentes. El paramilitarismo en Colombia no se puede explicar solamente como una reacción ante los atropellos de la delincuencia, los abusos y el crecimiento de las organizaciones guerrilleras. Hace parte de la razón de Estado puesta en práctica por las mafias que han orientado los destinos de dicho país y que para afianzarse en el poder, recurren a prácticas viles.

Después de negociar con el gobierno de Álvaro Uribe, más de 30 mil paramilitares dejaron las armas entre 2003 y 2006. Foto: Tercer Camino

RIVALES A LA CAZA: Varios grupos armados, incluyendo veteranos rivales izquierdistas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), están entrando dónde las FARC se han desmovilizado. REUTERS/Federico Rios

Nuevo Mileno:

Parapolítica, narcotráfico y

disidencias

apítulo

APROXIMACIÓN

conceptual al fenómeno de la

PARAPOLÍTICA.

La influencia del paramilitarismo en la política colombiana no puede situarse en un momento preciso, según afirma la Universidad Nacional y la Fundación Arco Iris que llevan dos años investigando meticulosamente el tema. Afirman los investigadores que entre 1999 y 2003, el paramilitarismo deja de ser el ejército privado de los terratenientes para convertirse en una organización con ideología propia, que se lanza hacia el expansionismo incursionando en 223 municipios de 12 departamentos. Los paramilitares empiezan a apoyar a candidatos nunca antes mencionados en la vida política regional, para que sean fórmulas de gobierno de los dirigentes conocidos, posteriormente postulan candidatos únicos que obtienen las mayores votaciones, además aparecen nuevos movimientos políticos que solo suenan unos pocos meses antes de las elecciones, con candidatos que arrasan a sus demás competidores, sin que nadie pueda explicarse el origen de tan asombrosa acogida.

Dimensión del fenómeno PARAMILITAR colombiano. El paramilitarismo es inicialmente un grupo de “justicia privada” nacido de las necesidades estatales de combatir la insurgencia, pero su estructura fácilmente se permeó por el narcotráfico. Con este nuevo “padrino”, las Auc se liberaron de la tutela del Estado y se consolidaron con un fin más específico: tomar a su cuenta aquellas funciones correspondientes al Estado, en lugares donde es incapaz de hacer presencia. Hacer valer un modelo de sociedad que desconoce la Constitución, solucionar conflictos que transitarían años en la justicia ordinaria, con métodos poco ortodoxos, que vulneran los derechos humanos. Para restaurar el derecho trasgredido se desconoce otro fundamental.

La financiación de la POLÍTICA. La relación del dinero con la política ha sido un tema de análisis desde diversas perspectivas y en distintos momentos. En particular, es muy rico el debate de autores anglosajones, más específicamente el que se centra en la relación entre democracia, mercado y desarrollo. Para los efectos de este trabajo, es importante destacar el debate acerca de en qué medida el dinero puede distorsionar el funcionamiento de la democracia. Esto ha derivado en la discusión acerca del tipo de financiamiento deseable de la actividad política, desde quienes proponen una financiación totalmente estatal a quienes predican una totalmente privada, pasando por los modelos de financiamiento mixto, presentes en gran cantidad de países, acompañado de mecanismos de regulación por parte del Estado. En Colombia existe un sistema mixto de financiación de la política: el Estado sostiene el funcionamiento de los partidos políticos legalmente reconocidos y de las campañas electorales. Pero la legislación colombiana también acepta la financiación de los particulares, regulando el porcentaje en que estos pueden aportar legalmente. Para cada campaña, el Consejo

Nacional Electoral define los topes. Pero es justamente a través de la financiación como se introducen grandes alteraciones en el funcionamiento de la competencia política, distorsionando la democracia, no solo como resultado de los recursos económicos ilegales sino también de aquellos que, aunque de tipo legal, de todos modos buscan retribuciones posteriores. En las sociedades en las que existen o han existido grupos ilegales con recursos de poder –especialmente económico, como los grupos mafiosos o ciertos carteles–, estos tratan de influir –o, aún peor, de capturar– los poderes institucionales, de modo de lograr que se coloquen al servicio de sus intereses. Una de las modalidades más recurrentes es la financiación de las campañas, especialmente porque los costos de estas –la publicidad, los especialistas en manejo de imagen y la pantalla del televisor como el principal escenario de la política– se han incrementado exponencialmente. Esto aumenta la vulnerabilidad de los dirigentes o aspirantes a representantes políticos frente a quienes tienen la capacidad financiera necesaria para apoyar sus aspiraciones.

“La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea.” Pepe Mujica

Armas de las FARC. Foto: Reuters

El narcotráfico en la

POLÍTICA.

La sociedad colombiana y su democracia se encuentran afectadas por los efectos perversos del narcotráfico y sus actividades relacionadas. El problema de la droga tiene como antecedente fundamental, en el caso colombiano, una estructura de ilegalidad preexistente. Todos los estudios indican que las primeras infraestructuras de tráfico de marihuana y cocaína se construyeron a partir de las experiencias acumuladas por organizaciones de contrabandistas durante el siglo XIX y comienzos del XX. Por supuesto, la debilidad histó-

rica del Estado colombiano ha desempeñado un papel fundamental. El narcotráfico es una actividad productiva y mercantil, de carácter internacional y al margen de la legalidad, desarrollada por individuos y organizaciones interesados fundamentalmente en el lucro personal. Esto revela las tres grandes características de esta actividad: su ilegalidad, su proyección internacional y sus altos rendimientos. En la historia de Colombia hubo al menos tres momentos en los cuales el narcotráfico ha intentado controlar o influir en la política. En un comienzo,

esto se dio mediante la elección de algunos de los jefes de los carteles como representantes políticos: Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Medellín, fue elegido a comienzos de los 80 como representante suplente a la Cámara de Representantes, y Carlos Lehder, también del Cartel de Medellín, fue elegido diputado a la Asamblea del Quindío. Posteriormente, a mediados de los 90, en lo que se conoció como el «Proceso 8000», se difundió la financiación del Cartel de Cali a

la campaña presidencial de Ernesto Samper, junto con una serie de congresistas elegidos en ese momento. Más recientemente, el proceso conocido como «parapolítica» reveló las alianzas de grupos de narcotraficantes y paramilitares con dirigentes políticos de diverso nivel: alcaldes locales, gobernadores regionales y congresistas.

¿Continúa la influencia de grupos ILEGALES en la POLÍTICA?

Mientras no se avance sustancialmente en un conjunto de medidas que afecten el carácter multidimensional del narcotráfico, quizás puedan lograrse algunas mejoras transitorias. Sin embargo, es igualmente probable que las diversas dimensiones a través de las cuales se expresa el narcotráfico reemerjan y afecten gravemente el funcionamiento de la democracia. Por eso, para que Colombia avance hacia una democracia consolidada, es necesario concretar dos transiciones que se encuenLos 52 años de conflicto entre el Gobierno tran pendientes: la transición de dejado millones de afectados la guerra a la paz y la transición del modelo basado en las recomendaciones del Consenso de Washington a uno que estimule políticas de desarrollo en función del beneficio de las grandes mayorías nacionales; una democracia que, además de contar con un transparente sistema electoral, garantice los derechos sociales y económicos de los ciudadanos.

Las capacidades de la

DISIDENCIA.

En cuanto a la capacidad bélica de la nueva guerrilla, es preciso establecer de forma previa las diferencias con las actividades que ejecutaban las FARC. La disidencia reactivada es pequeña y no puede desencadenar un conflicto armado por sí sola. Ahora bien, tampoco se debe menospreciar su alcance y experiencia. Según el anuncio, su transformación operativa podría desplazar el conflicto fuera de la selva, lo que abre la posibilidad de que se produzcan ataques en las ciudades con métodos terroristas. Y aunque resulta evidente que cualquier acción de esta naturaleza desencadenaría un repudio masivo —y ningún avance para sus intereses políticos—, se trata sin embargo de una opción plausible. Asimismo, la posibilidad de que la disidencia se fortaleza representa un riesgo elevado. En efecto, se presume que puedan estar fraguándose alianzas con otros grupos armados, empezando por un acercamiento con el grupo de Gentil Duarte. En este escenario, tampoco hay que olvidar que los equilibrios han cambiado y que los disidentes deben renegociar su papel frente a los grupos armados que se fortalecieron tras el Acuerdo. Además, tomados en conjunto, los grupos tienen diferentes intereses, formas de acción y de financiación, lo que hace que sus incentivos para aliarse o enfrentarse puedan ser distintos, de modo no admitirán fácilmente que se les impongan condiciones a su estrategias y acciones. En el anuncio de los disidentes de las FARC se hacía alusión al ELN, sugiriendo una alianza con este grupo más sencilla de afirmar en el discurso que en la práctica. En primer lugar, poro colombiano y la guerrilla de las FARC ha que la nueva disidencia compis. Foto: Álvaro Ybarra Zavala te en protagonismo con el ELN, el cual había quedado tras el Acuerdo de paz como abanderado del proceso revolucionario armado. En segundo lugar, porque compiten por las mismas zonas de acción e incluso por los recursos, especialmente en el territorio que hace frontera con Venezuela (país que, como se verá, sirve de refugio). Y, por último, aunque la suma de

fuerzas pueda resultar de interés para ambos grupos, el ELN cuenta con un ala dura que puede discrepar con quienes (aunque hayan vuelto a la confrontación) aceptaron en su momento el diálogo, la entrega de armas y la desmovilización. Al margen de las alianzas, otro aspecto central reside en la nada desdeñable experiencia militar de los disidentes y en el conocimiento que han adquirido sobre el funcionamiento de las instituciones y el Estado. A su vez, en relación a sus recursos económicos, el anuncio se refería al uso de “impuestos” o extorsiones sobre latifundistas, al negocio del narcotráfico y otros tráficos ilícitos, y a la acción extractiva hacia las multinacionales. Pero igualmente pueden obtener recursos por medio del contrabando en la frontera venezolana o contar con activos propios no declarados en el proceso de entrega de bienes de la antigua guerrilla.

AGRADECIMIENTOS A las víctimas del conflicto armado colombiano les dedicamos la presente recopilación, con la esperanza de que algún día podamos mirarnos a los ojos todos los colombianos con la conciencia de haber hecho lo mejor para salir del hoyo en el que hemos estado y que a ustedes se les reconozca el lugar que les ha sido negado durante tanto tiempo.

Referencias bibliográficas AGUDELO, Saúl Franco. (2003). Momento y contexto de la violencia en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Revista Cubana Salud Pública v.29 n.1 Ciudad de La Habana ene.-mar. 2003. AMAYA SIERRA, Hernando y colaboradores. (1958). La violencia en el Tolima, Ibagué. Secretaría de Agricultura. Aletheia, volumen 3, número 5, diciembre 2012. ISSN 1853-3701 GRANADA, Alberto. (1998). Notas sobre el conflicto armado en Colombia. Medellín, Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana. MURILLO DELGADILLO, Maria Fernanda. (2008). La parapolítica en Colombia: otro elemento del poder público. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UPTC. Núm. 11. ISSN: 1692-3936 PAREDES, Zioly y DÍAZ, Nordelia. (2007). Los orígenes del Frente Nacional en Colombia. Presente y Pasado. Revista de Historia. ISSN: 1316-1369. Año 12. Nº 23. Enero-Junio. pp. 179-190. RÍOS SIERRA, Jerónimo. (2016). Breve historia del conflicto armado en Colombia. Editorial La Catarata. ISBN 9788490972571. SÁNCHEZ, Fabio y LIENDO, Nicolás. (2018). Estudios y tendencias de la política y las relaciones internacionales. Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, Colombia. ISBN: 978-958-551153-8.