elBoletín
FEDERACIÓN DE EMPLEAD@S DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (FeSP-UGT) FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA
Ante las elecciones del 26-J
Tiempo de compromisos educativos nte las pasadas elecciones del 20 de diciembre, la Federación de Enseñanza de UGT planteó a los partidos políticos sus propuestas básicas para mejorar nuestro sistema educativo. Tras seis meses sin Gobierno y ante una nueva convocatoria de elecciones generales, el Sector de Enseñanza de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) exige un compromiso real a los partidos políticos para que la Educación esté en el centro de la acción política, convirtiéndola en una prioridad de Estado. El sindicato sigue manteniendo sus líneas básicas que considera imprescindibles para una educación de calidad para todos y todas. El futuro Gobierno de la nación debe derogar la LOMCE, algo necesario
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teniendo en cuenta la forma dispar en la aplicación de la misma llevada a cabo en las diferentes CCAA, el rechazo de su aplicación de algunas de ellas, la solicitud de paralización del calendario de la ley en el Congreso por la mayoría de los grupos parlamentarios en la última legislatura, las numerosas objeciones de la comunidad educativa y agentes sociale,… Estos son solo algunos hechos, lo suficientemente importantes como para detener el desarrollo de esta normativa. Por ello, es tiempo de compromisos educativos. Mediante el debate parlamentario se han de conseguir los apoyos y consensos necesarios que generen un amplio acuerdo educativo para elaborar otra norma que dé lugar a un sistema estable en el tiempo y que la alternancia política que pueda producirse no conlleve un cambio radical, como
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ha sucedido hasta ahora. Una normativa que pueda ser aceptada por la mayoría, dirigiendo y centrando todos los esfuerzos en las necesidades reales de nuestro sistema educativo y en la que la apuesta por la calidad en la enseñanza vaya unida a la equidad. La futura ley tiene que tener vocación de estabilizar el sistema educativo, y para ello debe potenciarse un acuerdo de mínimos consensuados por todos los partidos políticos y por la comunidad educativa. Las bases de la futura ley deben sustentarse en un acuerdo de financiación que garantice la sostenibilidad de una educación de calidad. El objetivo sería recuperar el punto perdido del PIB en la próxima legislatura. Es un hecho que la gestión de la enseñanza está descentralizada, por lo que la lealtad institucional ha de ser una de las
elBoletín premisas del futuro pacto. Otros aspectos como la relación entre las dos redes educativas, la educación en valores, la gestión de la escolarización… pueden ser complicados para el consenso, pero han de ser debatidos para alcanzar un mínimo acuerdo. Hasta el momento en que este objetivo pueda cumplirse, es necesaria la paralización de la LOMCE, ya que está generando graves problemas, creando desconcierto e incertidumbre tanto en el profesorado como en las familias y alumnado, trastocando la organización de los centros, alterando los procesos de enseñanza-aprendizaje… con posibles consecuencias irreversibles para el alumnado y los centros, así como la derogación de determinados artículos de la misma, ya que deterioran el derecho a una educación en igualdad de oportunidades e impiden una vertebración social, cultural y territorial de nuestro país. PROPUESTAS BÁSICAS
l Estabilidad educativa. La necesidad de un pacto social y político por la educación. A lo largo de los últimos 20 años las leyes educativas han sido elemento de confrontación en nuestro país, lo que demuestra la fragilidad de uno de los pilares básicos del Estado de bienestar. En este sentido, consideramos que la actual Ley (LOMCE), que ha sido altamente rechazada por la comunidad educativa y por varias comunidades autónomas que están ralentizando la implantación de la misma, está generando inestabilidad e incertidumbre, y las modificaciones que introduce la ley no van a contribuir a la mejora de la calidad educativa. FeSP-UGT. Sector Enseñanza sigue creyendo que es necesario un debate con toda la comunidad educativa para analizar conjuntamente la situación real de nuestro sistema educativo y establecer unas bases consensuadas y con un amplio acuerdo social que den estabilidad al mismo, y no la imposición, sin diálogo, como ha sucedido con la LOMCE. Es necesario avanzar hacia una educación de auténtica calidad que, basada en el principio de igualdad de oportunidades, refuerce la cohesión social y evite cualquier tipo de discriminación y, a través del principio de equidad, posibilite
que todo el sistema educativo alcance los niveles más altos de calidad. Consideramos que los elementos de cohesión y coordinación de las políticas educativas de las comunidades autónomas deben pactarse en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y del Consejo Escolar del Estado, con el fin de alcanzar un sistema educativo vertebrado y homologable a nivel de Estado. Por tanto, FeSP-UGT reclama a los partidos políticos que se esfuercen por lograr un acuerdo de mínimos en Educación que dé estabilidad al sistema educativo.
l Acuerdo de financiación en inversión educativa La crisis económica que venimos sufriendo en los últimos años ha hecho que tanto el Gobierno central como los de la mayoría de las comunidades autónomas hayan procedido a una drástica reducción en la inversión en educación, lo que están afectando negativamente a la Educación de nuestro país. Para FeSP-UGT, la educación es una prioridad y una inversión de futuro, por lo que es preciso garantizar la financiación pública a través de mecanismos que estén por encima de la alternancia política y de las discusiones anuales de los Presupuestos Generales del Estado. Por esa razón, FeSP-UGT reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas que consensúen un acuerdo de financiación que garantice la aplicación de todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza, hasta llegar a alcanzar un mínimo del 5% del PIB como gasto público educativo e ir aumentando paulatinamente hasta situarse en la media de la UE. En este sentido, proponemos a los partidos políticos que establezcan un suelo mínimo de inversión pública para garantizar los servicios esenciales. Demandamos también un fondo de cohesión interterritorial que asegure una educación en equidad y calidad con iguales garantías en todas las comunidades autónomas, para compensar las desigualdades existentes entre los territorios, y donde se fijen prioridades y límites en caso de reducción de gastos.
l Avanzar hacia una escolarización de 0 a 18 años 2
La escolarización temprana supone un instrumento determinante para la igualdad de oportunidades, así como para las políticas educativas de integración y socialización. El carácter preventivo y compensador de la etapa de Infantil refuerza y hace cobrar aún con más sentido su finalidad educativa. Por ello, los gobiernos deben promover la implantación generalizada del Primer Ciclo de E. Infantil (0-3 años) con carácter educativo y gratuito mediante una oferta pública suficiente. Asimismo, han de conseguir que los índices de escolarización en el Segundo Ciclo de E. Infantil (3-6 años) alcancen el 100% (en la actualidad está entorno al 99,5%) y velar por la calidad de la enseñanza que se ofrece en este tramo. Del mismo modo, el facilitar al alumnado la continuidad de su formación en las enseñanzas posobligatorias contribuirá a mejorar sus posibilidades formativas, de titulación y de empleabilidad. Se hace necesario abrir un debate sobre su duración, contenido, estructura…, que nos permita analizar sus problemas y adoptar medidas consensuadas para su mejora. Garantizar la oferta de plazas para este tramo supondría un avance social, si bien tienen implicaciones económicas y laborales, por lo que debería llevarse a los foros de negociación para buscar el consenso necesario. FeSP-UGT apoya elevar la escolarización obligatoria hasta los 18 años para garantizar que el alumnado que está en riesgo de abandonar sus estudios pueda continuar su formación, estableciendo vías más flexibles.
l Necesidad de defender y potenciar la escuela pública La filosofía que impregna la LOMCE, ya desde el Preámbulo, está lejos de responder a las exigencias que requiere la escuela pública. Para FeSP-UGT, la escuela pública es el eje que ha de vertebrar el sistema educativo español. Es la mejor manera de garantizar el acceso de todos al conocimiento en condiciones de igualdad y el mejor modo de corregir las desigualdades de origen. El fin último sería conseguir que la escuela pública sea percibida como un bien común por toda la sociedad, una escuela pública que ha de garantizar una
elBoletín educación de calidad, participativa, laica y con los medios necesarios para atender a todo el alumnado. Para ello es necesario su valoración y su reconocimiento social. Los recortes que viene sufriendo la escuela pública han sido tan grandes y han desaparecido tantas acciones educativas, que ha supuesto un retroceso histórico. Los efectos de estos recortes sobre el sistema educativo público, están siendo muy graves. FeSP-UGT considera necesario que los Gobiernos y las comunidades autónomas consensúen un acuerdo de financiación que garantice la aplicación de todas las medidas necesarias para superar esta situación y dar el empuje que necesita la escuela pública para demostrar sus valores y hacer visible el buen trabajo que se está realizando.
l Recuperación de una educación en valores laicos y cívicos La desaparición en la LOMCE de la asignatura de Educación para la Ciudadanía como materia común para todo el alumnado y el nuevo papel que se le otorga a la asignatura de Religión, es una de las medidas que va en contra de la tendencia europea de considerar a la enseñanza cívica como una de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente y la formación integral. La aparición de la Religión como asignatura con su correspondiente alternativa nos retrotrae a épocas pasadas. La religión pertenece al ámbito privado de la persona y no puede contemplarse en el currículo escolar. La asignatura de Educación para la Ciudadanía tenía una doble finalidad: por un lado educar en valores que favorecen el desarrollo de personas solidarias, tolerantes, con capacidad para pensar y discernir, con espíritu crítico…, y por otro lado educar en valores cívicos y democráticos. De ahí la importancia de esta formación, que debe estar presente en la vida de los centros en sus diversas variables. La educación intercultural, ambiental, vial, afectivo-sexual, coeducación, para la paz, para la salud…; en definitiva, educación para una ciudadanía responsable. deben ser propuestas que impregnen la actividad escolar.
Por ello, la necesidad de una asignatura obligatoria de formación ético-cívica común para todo el alumnado, que no sea contemplada como una alternativa a la Religión; en todo caso, que el alumno o familia que lo desee puedan complementarla de forma voluntaria con la enseñanza religiosa. Es el momento de plantearse la anulación de los acuerdos con el Vaticano a fin de avanzar hacia una sociedad laica.
l Impulso y reconocimiento efectivo de la Formación Profesional La Formación Profesional ha de ser una de las bases de la educación en una sociedad moderna, imprescindible para la mejora de la productividad y punto clave para la construcción de un nuevo modelo productivo más sostenible y diversificado. 3
La Formación Profesional ha de formar profesionales con capacidad de innovación, con dominio de las nuevas tecnologías y con capacidad para poder moverse profesionalmente tanto en el entorno nacional como en el europeo e internacional. La Formación Profesional de calidad ha de tener la capacidad de adaptarse a los nuevos sectores, sin abandonar la actualización que precisan los tradicionales. En España es necesario aumentar la tasa de población con cualificaciones medias, ya que el número de jóvenes graduados en enseñanzas posobligatorias es reducido en comparación con los europeos. Una de las causas puede ser el elevado índice de fracaso escolar, por lo que las medidas adoptadas para incidir en este problema también incidirán en el
elBoletín aumento de jóvenes con cualificación intermedia. FeSP-UGT considera que el problema no es el exceso de personas con cualificaciones superiores frente a otras con cualificaciones bajas, sino la necesidad de potenciar las cualificaciónes intermedias, para que nuestro sistema productivo sea más equilibrado. FeSP-UGT defiende la necesidad de modernización y mejora de nuestro sistema de Formación Profesional, pero también considera importante el reconocimiento de su calidad y el potencial formador que tiene en la actualidad. Es necesario que socialmente sea valorada como una etapa formativa capaz de mejorar la empleabilidad, de ofrecer opciones más variadas de elección de formación y de trabajo. Hay que adoptar medidas para aumentar la capacidad de atracción de la Formación Profesional.
l Medidas eficaces para superar los elevados porcentajes de fracaso escolar y de abandono escolar temprano Las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, que se realizan del sistema educativo señalan que los dos grandes problemas de la educación en España son el índice elevado de fracaso escolar y de abandono prematuro de los estudios. Por ello, en España se ha fijado como meta la reducción del índice de abandono escolar prematuro en el 15% para el 2020. Se necesita intensificar las políticas educativas que, junto a políticas laborales, faciliten el retorno a las aulas para una mejor formación de nuestros jóvenes. Las políticas laborales que favorecen la contratación de jóvenes sin cualificar contribuyen al aumento del abandono escolar y paralelamente a la precariedad de los trabajos. Para solucionar este problema se han de potenciar y/o poner en marcha una serie de medidas educativas, desde las primeras etapas, como el refuerzo de medidas de atención a la diversidad, mayor flexibilidad del sistema que permita y facilite al alumnado vías de retorno a la formación, reforzar la orientación académica y profesional, aumentar la inversión en becas y ayudas al estudio, reducción de ratios, etc.
l El Profesorado como motor del cambio educativo Un sistema de calidad precisa de un profesorado de calidad, que ha de estar bien formado, reconocido socialmente, con una situación laboral digna, bien remunerado, motivado, con recursos apropiados para el desarrollo de su labor y con el reconocimiento de su carrera profesional. Es necesario que las leyes reconozcan estos valores para que la sociedad en su conjunto también lo haga y de esta manera el docente se sienta valorado y motivado para la realización de un trabajo clave en el desarrollo de un país. Los países con mejores resultados académicos son los que más valoran y respetan a sus docentes. La situación de crisis de los últimos años está conllevado una reducción de plantillas en los centros, un incremento de ratios, de horarios, un recorte de recursos, la casi desaparición de formación permanente, la pérdida de poder adquisitivo…, situaciones que dificultan la tarea docente y que junto a la poca valoración de su labor están contribuyendo a un creciente malestar en el profesorado. Por tanto, es el momento de hacer un llamamiento a las administraciones educativas para implementar medidas que se dirijan a la recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado que se han ido perdiendo en los últimos años mediante la negociación con las organizaciones sindicales.
l Negociación de un acuerdo básico entre el Ministerio de Educación y las organizaciones sociales sobre condiciones laborales del profesorado. El profesorado como motor del cambio educativo necesita la implementación de medidas que contribuyan a su motivación y al reconocimiento social de su labor docente. La primera medida que ha de tomar el Gobierno que salga de las urnas ha de ser la retirada de los Reales Decretos del 2012 que han consolidado los recortes y nos han retrotraído a las condiciones laborales de los años 70. Otra de las medidas prioritarias ha de ser la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente. FeSP-UGT 4
considera imprescindibles que en el mismo se regulen adecuadamente, entre otras, las siguientes medidas: el acceso a la profesión docente, el establecimiento de una adecuada carrera profesional (horizontal y vertical), unas condiciones retributivas y laborales dignas y adecuadas al grado de responsabilidad docente y el mantenimiento de la jubilación voluntaria anticipada a partir de los 60 años.
l Impulso de la Universidad FeSP-UGT mantiene la necesidad de priorizar la educación, la investigación, y en consecuencia la universidad pública, como una inversión de futuro, lo que implica reconocer la dimensión social de la misma. Los cambios que han de experimentar nuestras universidades deben orientarse a la consolidación de un modelo social de universidad pública que garantice su papel como agente educativo, social y económico. Entre las acciones inmediatas, resulta imprescindible garantizar la estabilidad financiera que necesitan las universidades para su gestión de personal, infraestructuras…, y para desarrollar en las mejores condiciones su labor docente e investigadora. La financiación precaria y escasa que está recibiendo actualmente la Universidad pública debido a los continuos recortes está imposibilitando el normal desarrollo de todo lo que conlleva el Espacio Europeo de Educación Superior, repercutiendo negativamente en la investigación, en las infraestructuras, en un empeoramiento de las condiciones laborales tanto del PAS como del PDI y en una degradación de la Universidad en su conjunto. Por ello, el presupuesto en Educación Superior ha de ser semejante al de la OCDE y los de Investigación y Desarrollo deberían igualarse a los de la media de nuestros vecinos europeos, para avanzar en la modernización e internacionalización de nuestras universidades. Por otro lado, se necesita unas plantillas suficientes y estables tanto de PDI como de PAS y desarrollar mecanismos, no solo para asegurar su poder adquisitivo tan mermado en los últimos años, sino también para poder ampliar sus carreras profesionales.
elBoletín Propuestas para modernizar y conseguir una mejora continua del sistema universitario público español l Desarrollo del Estatuto del PDI No solo es una cuestión legal -disposición adicional sexta LOMLOU-, sino que es la herramienta necesaria para que los docentes del SUPE (Sistema Universitario Público Español) tengan las mismas condiciones de promoción que tiene la mayoría de los trabajadores de la Administración Pública. Actualmente, aunque el PDI cumpla de forma extraordinaria con su cometido (docencia-investigación-transferencia), no consigue ningún tipo de promoción. Este hecho genera en el profesorado una falta de incentivación importante, que de ninguna manera es buena para el Sistema Universitario. Nos encontramos las siguientes situaciones: los Profesores Ayudantes doctores (con contratos laborales temporales), que están acreditados a categorías superiores, en situación de precariedad laboral; los Profesores Contratados Doctores acreditados a Titulares no tienen promoción interna ni horizontal ni vertical, exactamente como los Profesores Titulares acreditados a Catedráticos, que tampoco tienen promoción interna horizontal ni vertical, y los Profesores Catedráticos una vez lo son tampoco tienen ninguna promoción horizontal. El Estatuto del PDI ha de permitir la modernización de las Universidades en cuanto a su Personal Docente e Investigador así como la mayor eficacia y eficiencia en su cometido. Se debe determinar el acceso a la carrera profesional, PDI funcionarios versus laborales, la promoción interna tanto vertical como horizontal y la orientación docente, mixta o de investigación del PDI, de forma que los mejores en cada campo se dediquen, precisamente, en mayor medida a su excelencia.
l El mapa de titulaciones, ligado a la financiación de las Universidades y la planificación estratégica a medio-largo plazo Es necesario que se defina el mapa de titulaciones, los tipos de Universidades del Sistema Universitario Público
Español y que las Universidades tengan una financiación suficiente y planificada en el tiempo para cumplir con su cometido académico y de servicio a la sociedad.
l Tasa de reposición y Relación de Puestos de Trabajo (RPT) Eliminación de la tasa de reposición de las universidades. La tasa de reposición afecta de una manera muy importante a los futuros trabajadores de las universidades, así como a las propias universidades. El efecto sobre los trabajadores (PAS y PDI) es que son contratados de forma temporal y a veces con contratos "alegales", y el efecto sobre las Universidades es que difícilmente pueden definir su plantilla estable (RPT). FeSP-UGT coincide con la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde se indica (puntos 3 y 8) la necesidad de que las Universidades elaboren sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y concretamente en el punto 8 indica “diferenciando claramente entre funciones docentes e investigadoras”. Para FeSPUGT, esto solo se puede conseguir desarrollando el Estatuto del Profesorado en el que se definan las orientaciones académicas (docente, mixta e investigadora).
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l Los criterios, precios y la igualdad de oportunidades (becas) para el acceso a los títulos universitarios y los procedimientos de evaluación tanto de los estudiantes como del personal de las universidades Los precios públicos universitarios deben estar ligados a una política de becas que permita a los estudiantes poder realizar sus estudios con libertad de movilidad y que les permitan escoger la Universidad (o centro) que más se identifique con sus habilidades académicas (docencia vs investigación). La FeSPUGT Sector Enseñanza considera que un desarrollo profundo en este tema puede conseguir aumentar la eficacia y calidad de nuestro sistema universitario. l La incentivación de los idiomas (básicamente el inglés) para aspirar a la internacionalización de nuestras universidades Se deberá desarrollar un plan de promoción y ayuda económica al profesorado para incentivar su conocimiento del inglés, para que una mayoría de los profesores de las universidades tengan un perfecto dominio de esta lengua como elemento clave en la internacionalización del Sistema Universitario y para fomentar la movilidad del profesorado.