Centrales hidroel茅ctricas en Ays茅n:
Razones ecol贸gicas, sociales y econ贸micas de un rechazo
Rafael Valenzuela, Editor Marzo 2006
1. MODELO ECONOMICO, POLITICA ENERGETICA E INSTITUCIONALIDAD El actual modelo económico chileno está basado en la exportación de materias primas: cobre, harina de pescado, astillas de madera, entre otros, con muy poco procesamiento en el país. Este modelo se caracteriza por ser concentrador de la riqueza, destructor del medio ambiente, dilapidador de los recursos y vulnerable a los vaivenes de la economía mundial. En materia de energía, es ineficiente en su uso, entre otras razones porque ni el mercado ni el Estado proporcionan incentivos para revertir la situación. En un contexto de crecimiento de las exportaciones del sector primario, los nuevos proyectos mineros previstos para los próximos años están haciendo crecer rápidamente la demanda de energía, estimándose una tasa de crecimiento para el período 2008-2017 en torno al 6,8% anual. Según esto, en los próximos 10 años la demanda se duplicará, triplicándose al cabo de 20 años. Para el 2015 habremos pasado de los 350 MW requeridos el 2005 a 850 MW. Ello ocurre en un escenario en el que no existe ningún plan de desarrollo a largo plazo, proyecto país, ordenamiento territorial, ni equidad social. Menos aún una verdadera política energética. Sólo la idea de crecer a cualquier costo y para el beneficio de unos pocos, mientras la brecha entre ricos y pobres aumenta y el daño al medio ambiente se acumula. Creemos que esa tendencia es suicida a mediano plazo y que el país debería avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable, muy diferente al actual. Para entender el problema de cómo es que una empresa como ENDESA pretende destruir impunemente dos cuencas hidrográficas para hacer su negocio, debemos considerar los siguientes puntos: 1. La política entreguista de recursos estratégicos: Durante las últimas décadas Chile ha sufrido el despojo de bienes nacionales tan vitales como estratégicos. Probablemente el más claro ejemplo de esto es la situación de las aguas. El aberrante Código de Aguas de 1981, promulgado bajo la dictadura de Pinochet, regaló las aguas de Chile. Cabe señalar que aproximadamente el 90% de los derechos de agua del país pertenecen actuamente a ENDESA. Gratis, a perpetuidad y sin justificación de uso. Estas aguas –bienes nacionales de uso público- fueron ‘registradas’, lo que, en la práctica significa ‘adquiridas’, gratis por
empresas como ENDESA. Sin embargo, una vez que estuvieron en manos corporativas pasaron a valer millones de dólares.
Ahora se trata de “regalarle” dos de las cuencas
hídricas más valiosas de Chile, y quizás del mundo, a una empresa cien por ciento privada y extranjera. 2. La falta de una verdadera política energética: En Chile no existe una política energética, entendida como una planificación del crecimiento del sector en concordancia con las necesidades del resto de la sociedad. Más bien, el tema se ha dejado librado al mercado, siempre en busca de utilidades empresariales de corto plazo. A nuestro modo de ver, una política energética debe responder a tres preguntas:
Cómo generar: sólo se ha pensado en grandes proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos, de gran impacto sobre el medio ambiente y la población. Las fuentes alternativas son un tema pendiente en el país.
Para qué generar: la supuesta necesidad de más energía en los próximos años, se explica por nuevos proyectos mineros, la falta de una política para mejorar la eficiencia del uso de la energía y el nulo interés por impulsar el uso de fuentes alternativas.
Para beneficio de quién: la producción de energía, mucho más allá de lo requerido por la población y la industria nacional, es para beneficio de unos pocos. ¿Por que habría que sacrificar los ríos de Aysén para proveer de energía a proyectos mineros, manejados por empresas extranjeras y que dejan muy poco dinero al país por la vía de la tributación o el empleo? Al contrario de lo que se ha tratado de mostrar, la construcción de las centrales no resuelve el problema de los frecuentes cortes estacionales, ya que la primera entraría en funcionamiento recién en 2012.
Lo que necesitamos urgentemente es una política energética de largo plazo, nacional, pública y transparente, moderna, que incorpore las fuentes renovables (incluyendo pequeñas centrales hidroeléctricas) y que se ocupe de incentivar la eficiencia en el uso de la energía. Por el contrario, lo que tenemos instalado es un negocio eléctrico cortoplacista y reaccionario, mayoritariamente foráneo, impuesto durante la dictadura de Pinochet por el sector privado (de ultra derecha) a espaldas de la ciudadanía y a costa de nuestro patrimonio,
retrógrado
(basado
en
mega
centrales
termo
e
hidroeléctricas)
y
escandalosamente ineficiente. Si en vez de un negocio eléctrico transnacional existiese en Chile una política energética pública, democrática, moderna, basada en la eficiencia y en el
desarrollo de las fuentes renovables, incluyendo centrales hidroeléctricas pequeñas, este aberrante proyecto de Endesa en Aysén sería inconcebible. 3. La Parcialidad de los Gobiernos de la Concertación en favor de ENDESA: Los Gobiernos de la Concertación han desarrollado una relación de subordinación con el sector privado, particularmente con las grandes empresas y grupos económicos más poderosos. La relación con ENDESA es un buen ejemplo de ello. Desde que se tuvieron las primeras noticias sobre las intenciones de ENDESA, el Gobierno, a través del ministro de Economía, Jorgue Rodríguez Grossi, inició una férrea defensa del Proyecto de ENDESA, llegando a llamarla “proyecto país”. Entre sus muchas declaraciones ha dicho que este es un “proyecto esencial para solventar el futuro crecimiento económico”, agregando más recientemente que “…Aysén será la última pelea que doy como ministro...”. La parcialidad de los gobierno de la Concertación frente a ENDESA no es nueva y quedó ampliamente demostrada en el caso Ralco, donde el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, actual presidente del senado, simplemente despidió a los funcionarios que mostraron sus reparos1. Pensamos que la autoridad debería ser neutral respecto a las iniciativas económicas y empresariales, sobre todo cuando éstas -como en este caso- producen impactos irreversibles en el medio ambiente y afectan a otras actividades económicas igualmente legales (turismo, ganadería, etc). Más aún, la autoridad debería ser garante de los derechos de todos los afectados, escuchando con especial atención a las personas de menores recursos, que no tienen acceso a la información, ni los medios para oponerse a un proyecto que los perjudica. Este es un aspecto especialmente sensible porque es la misma autoridad la que forma parte de los organismos que en forma imparcial debieran emitir juicios objetivos respecto de la viabilidad social y ambiental de los proyectos.
1
Algunos de estos fueron: Vivian Blanlot; Mauricio Huenchulaf (despedido director de Conadi, luego de declarar que Ralco era ilegal). Más tarde, su reemplazante Domingo Namuncura, luego de una evaluación de dos años con todo un equipo técnico, abogados y consultores externos, llegó a la conclusión de que el proyecto era inviable y que las permutas de tierras a los indígenas afectados, por motivos legales, no podían ser aprobadas. Sin embargo, lo despiden a él y a dos consejeros no indígenas de confianza del Presidente. Roberto Pizarro, (ex) Ministro de Planificación, también salió del ministerio por el problema de Ralco.
4. La debilidad del sistema político chileno: La subordinación de los gobiernos de la Concertación ante los grandes intereses económicos se puede explicar en parte por los siguientes factores:
La necesidad de los políticos de recurrir a aportes de los sectores empresariales para financiar sus campañas.
Un sistema binominal, que hace extremadamente difícil que los partidos o movimientos minoritarios (como los ecologistas) tengan representación en el parlamento.
El escaso presupuesto de los parlamentarios para trabajar en temas específicos de interés nacional, lo que les dificulta contratar equipos de profesionales para desarrollar propuestas de proyectos de ley y cumplir adecuadamente su labor de fiscalización.
La existencia de un sistema que otorga al presidente un poder desproporcionado sobre otras autoridades2.
5. El caso Tironi como ejemplo de la asociación ENDESA-Concertación: un ejemplo de la estrecha relación entre los gobiernos de la Concertación y ENDESA es la contratación por esta última de Tironi y Asociados, una de las empresas de relaciones públicas más poderosas y caras de Chile, para hacer la propaganda dell proyecto. GasAndes, Ralco, Lucchetti-Perú, Celco conocen bien el oficio y la experiencia de Eugenio Tironi, de conocida destreza para combinar influencias política y negocios. Este es el rol que viene jugando este ex director de Comunicación del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), asesorando a empresas cuyos proyectos dañan el medio ambiente. El listado incluye bullados casos como el de GasAndes en su empeño por conseguir el paso de un gasoducto por un Santuario de la Naturaleza; la papelera multinacional Carter Holt Harvey, elegida en 2002 por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales como una de las peores empresas en materia medioambiental y laboral; el grupo económico Luksic, para enfrentar la difícil situación de la planta Lucchetti en la reserva ecológica Pantanos de Villa en Perú; y, el grupo Angelini, ante la deterioro que su planta de celulosa Valdivia causó al Santuario de la Naturaleza del río Cruces.
2
Esto permitió, por ejemplo, que el ex Presidente Frei diera la concesión definitiva a Ralco a pocas horas de terminar su mandato, pese a existir una nulidad de derecho público en curso, de persistir problemas no
6. La debilidad de la institucionalidad ambiental chilena: La debilidad de las instituciones chilenas en materia de medio ambiente ha quedado ampliamente demostrada por casos emblemáticos como los de Ralco, Celco y Alumysa, entre otros, donde finalmente es el poder político el que decide si el proyecto se ejecuta o no. De hecho, la propia institución encargada de velar por el cumplimiento de la legislación ambiental, CONAMA, depende de la Secretaría General de la Presidencia, un Ministerio netamente político. En el caso Ralco, por ejemplo, el antecedente más directo que tenemos sobre lo que podría pasar en Aysén, hubo irregularidades evidentes (y públicas) en la autorización ambiental del proyecto. Se puede ir a Conama, pedir que abran el archivo "Ralco" y ubicar un documento del 23 de julio de 1996 en que la Conama rechaza el proyecto, con el nombre al pie de la página 40 de Vivian Blanlot -a la sazón, directora del organismo y en la actualidad Ministra de Defensa-, pero el documento nunca llegó a ser firmado por ella. Ese documento fue el resultado de la evaluación de 22 servicios públicos y ministerios, de la participación ciudadana y del trabajo de todo el equipo técnico de CONAMA. 7. La indefensión de la sociedad civil: en el escenario descrito, con el Gobierno apoyando megaproyectos como el de ENDESA, antes de que se evalúen sus efectos negativos e incluso sosteniendo que es “antipatriótico” oponerse a ellos, y con los principales medios de comunicación en manos de los grandes grupos empresariales, la sociedad civil tiene muy pocas
oportunidades
de
expresarse
informadamente.
La
postura
comunicacional
reduccionista de ENDESA y del Gobierno pretende establecer que los únicos afectados son los potenciales inundados o directamente afectados por otras obras, y sólo de forma pecuniaria, económica, y que por lo tanto, que estos son los únicos que pueden reclamar y participar en el procedimiento administrativo. Sin embargo, lo que usan y destruyen las centrales no es simplemente agua, sino ríos, definidos en la Constitución chilena como bienes nacionales de uso público. Por consiguiente los afectados somos todos los chilenos. 8. La concentración de poder en el sector eléctrico: La concentración de la propiedad en el sector eléctrico y de los derechos de agua, obstaculiza la generación de nuevos marcos regulatorios. Un sólo holding, Enersis, domina un 60% de la generación, casi la totalidad de
resueltos con las concesiones de agua, que siete familias todavía no aceptaban su traslado y que existían dos recursos de protección pendientes.
la transmisión eléctrica y un 50% de la distribución del Sistema Interconectado Central (SIC). Asimismo la mayor parte de los derechos de agua son controlados por las generadoras. 9. La impunidad con que ha actuado ENDESA: En la construcción de la central Ralco, además de inundar tierras indígenas protegidas por Ley, quedaron en evidencia numerosas prácticas ilegítimas y en algunos casos manifiestamente ilegales: sobornos y amenazas directas, se elaboraron informes ambientales falsos, etc.
Todo ello quedó ampliamente
documentado, pero impune. A pesar de las denuncias de agrupaciones indígenas, grupos ecologistas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, y de los reparos y críticas del Relator de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el proyecto siguió su marcha.
2. DESARROLLO REGIONAL, MEDIO AMBIENTE Y MEGAPROYECTOS 1. El estilo de desarrollo que los habitantes de Aysén han elegido: La Estrategia de Desarrollo de la Región de Aysén (2000-2006) fue elaborada por las autoridades regionales con participación ciudadana. Goza de un amplio consenso y establece lineamientos para el estilo de desarrollo en armonía con el medio ambiente que los habitantes de Aysén han elegido para sí mismos. Evidentemente, el proyecto de Endesa va en la dirección opuesta. Citamos a continuación cuatro elocuentes párrafos:
“Sin exclusiones, coincidimos en lograr una región cada vez más autónoma y descentralizada en sus decisiones; una región capaz de crecer a tasas más altas que el resto del país para recuperar una marginalidad histórica. Aspiramos a ser la región ambientalmente más limpia de todo Chile y sustentar en esta fortaleza el crecimiento de nuestras posibilidades de producción, empleo, ingresos y bienestar social equitativo, para todos los habitantes de Aysén.”
“El proceso de actualización que se está llevando a cabo apunta básicamente a objetivos multipropósito en el área productiva orientados a facilitar la ampliación y diversificación de la base productiva regional, orientada a las pequeñas y medianas empresas existentes, la potencial creación de nuevos microempresarios regionales y la atracción de capitales foráneos. Lo anterior en el contexto de un ordenamiento territorial claro y clave para mantener una región limpia y que se diferencie de las demás por esta característica única, que debe mantenerse como la gran ventaja competitiva regional.”
“La población intuye que el medio ambiente, la calidad de vida y las aspiraciones de empleo e ingresos futuros se relacionan de alguna forma. La mayor parte de las organizaciones de la región se manifiesta completamente partidaria de un medio ambiente limpio … En el horizonte de planeación definido para la estrategia actualizada, es posible aumentar en tres veces el producto acuícola-pesquero, pasando a demandar unos 3.000 nuevos empleos; se considera factible aumentar el producto silvoagropecuario en un 20%, generando unos 1.000 nuevos empleos; también incrementar en 100% el flujo turístico duplicando el producto actual y generando unos 1.500 nuevos empleos en el sector. Tanto en el sector agropecuario como acuícola, es posible avanzar hacia una industrialización incipiente de faenamiento y proceso, que genere otros 600 empleos. Los
empleos indirectos en servicios, transporte, construcción, infraestructura y equipamiento, considerando la tendencia histórica de este multiplicador debería quintuplicar el empleo directo.”
“La baja contaminación total de la región de Aysén, puede y debe ser considerada una fortaleza de importante proyección futura. El aumento de la producción regional propuesta en esta estrategia, debe ser complementado con el fortalecimiento de la principal ventaja competitiva de la región; esta es su calidad medioambiental. Si Aysén logra probar ser una zona descontaminada, que protege el medio ambiente y además produce productos de calidad limpia, puede acceder con su producción a mercados de mayor exigencia y de más alto precio para sus productos de origen agrícola, acuícola y beneficiarse de un mayor desarrollo turístico”.
2. Lo que se pierde para siempre: el daño ambiental que implica la destrucción de las cuencas de los ríos Baker y Pascua es irreversible. Entre los más significativos destacan los siguientes:
Destrucción de Humedales: Los humedales del valle del Baker, que serían inundados por ENDESA, albergan el centro de reproducción más importante de avutardas, caiquenes y flamencos de toda la región de Aysén. Existen al menos seis áreas que contienen humedales, muy importantes para la biodiversidad y el turismo.
Impacto sobre hábitat relevantes para especies en peligro: Se estima que el mayor impacto sería sobre el hábitat del huemul, cortando áreas de conectividad. De hecho, esta especie en peligro de extinción ha sido fotografiada recientemente a orillas del propio río Baker. En el área directamente afectada habitan además especies tales como el Gato Colo Colo (Oncifelis colocolo), el Huillín (Lontra provocax), el Chingue patagónico (Conepatus
humboldtii),
el
Peludo
(Chaetoprhactus
villosus),
el
Zorro
Culpeo
(Pseudalopex culpaeus) y el Carpintero patagónico (Campephilus magellanicu), todas ellas especies amenazadas.
Alteración de uno de los últimos grandes ríos prístinos: La cuenca del Río Pascua se ha librado del deterioro que ha afectado a otros ríos. Es también una de las menos conocidas del país; lo que sí se sabe con certeza es que tiene un bosque intacto y que hay poblaciones importantes de huemul.
3. El impacto sobre otras actividades económicas: tal como se señala en la Estrategia de Desarrollo Regional, Aysén tiene una gran potencial de desarrollo en su medio ambiente no contaminado. Algunos de las actividades que se verían más afectadas son:
Turismo: Esta actividad será una de las más afectadas, lo que causa gran preocupación por ser justamente el turismo una de las mayores esperanzas para el desarrollo de la Región. Se estima que la región posee características excepcionales para desarrollar actividades como la pesca con mosca, rafting, kayakismo, cabalgatas y otros. Actualmente, el turismo regional se promociona como “turismo de intereses especiales” en una Zona Prístina, imagen que se perdería en caso de construirse las centrales. Entre los sectores directamente afectados, hay áreas que por su belleza escénica son muy importantes, como la cascadas de la confluencia de los ríos Baker y Nef. También se verá afectada la pesca deportiva, ya que las represas destruirían las áreas de pesca en los ríos Baker, Cochrane y El Salto. Desde luego, el daño no se limita al área inundada: son también los caminos de acceso, los campamentos para varios miles de trabajadores, las explosiones, el ruido, el polvo, la basura, las letrinas químicas, los derrames de petróleo y de otros químicos… y todo esto hasta el 2018. Las líneas de transmisión eléctrica son un desastre en sí mismas, y correrían por cientos de kilómetros a lo largo de la carretera austral, y luego hasta Santiago, con un largo total de más de 2.000 kilómetros, sobre una franja deforestada, de 60 o más metros de ancho, arruinando para siempre el paisaje. Esto, en una zona turística, significa la pérdida total de valor de los predios cercanos. El tendido atravesaría extensas áreas prístinas e inclusive parques nacionales y otras áreas protegidas, como el Parque Pumalín.
Ganadería: Los valles que se verían afectados son considerados actualmente como los más aptos para la crianza de ganado al sur de Coyhaique. Si las centrales se construyen se perderían importantes proyectos ganaderos, basados en los programas de trazabilidad promovidos por las autoridades regionales para llegar a los mercados más exigentes del mundo. Esto, porque los mejores campos quedarían inundados. Por otra parte, hay que señalar que la ganadería es la única actividad productiva de los colonos y parte integral de su cultura. Afectarla significaría condenarlos a vivir en la marginalidad.
Acuicultura: Hasta ahora, la industria salmonera ha sido cauta frente al proyecto, a pesar de que la actividad podría verse afectada por la pérdida de calidad del agua, tal como ha sido destacado por algunos de sus dirigentes
4. El engaño tras las promesas de Progreso para la Región: La estrategia de Endesa, animada por importantes personeros del Gobierno, consiste, una vez más, en tratar de encandilar a la ciudadanía, minimizando la inmitigable problemática ambiental que plantean estos proyectos en Aysén por medio de una agresiva oferta de beneficios sociales para la región y el país, a cambio de los extraordinarios ecosistemas Patagónicos, y del potencial productivo y turístico que estos ofrecen a perpetuidad a los chilenos. Esto es exactamente lo mismo que hizo Endesa en el río Biobío, lo que hizo Noranda en Aysén (Alumysa), lo que hace Barrick en el
Valle del Huasco (Pascua Lama), y lo que hacen siempre las
transnacionales en los países
en vías de desarrollo cuando no pueden imponer sus
negocios simplemente por la fuerza –negocios que no podrían implementar en sus propios territorios porque los actuales estándares sociales y ambientales no lo permiten.
La promesa de empleos: La promesa de empleos causa siempre un gran impacto sobre la opinión pública, especialmente en localidades donde existen pocas oportunidades económicas. Se estima que, de realizarse el proyecto completo, se requerirían unos 4.000 empleos en el momento de más demanda. Sobre esto hay que señalar que en su mayor parte sería gente que vendría de otras regiones, que se trataría de empleos temporales, y que habría que poner en la balanza los empleos permanentes que por culpa de las represas se perderán en otras actividades, como el turismo. Finalmente, que la llegada de estos trabajadores causaría un impacto negativo sobre la comunidad local (alcoholismo, prostitución, inseguridad), la que vería duplicada su población.
La promesa de infraestructura: Se trata de obras imprescindibles para la empresa, sin las cuales no podría construir las centrales: arreglo de tres pistas aéreas, mejoramiento de la carretera Austral en los tramos a utilizar por el proyecto (sur de Cochrane, 140 km. de caminos) y construcción de un puerto. Estas obras, si bien son deseables, responden a necesidades de la empresa. Por ejemplo, la mayor parte de los caminos atravesaría áreas de población muy escasa.
La promesa de auge de la economía local: Es sabido que los comerciantes de Cochrane y otras localidades menores tienen la esperanza de poder vender más. Pero la verdad es que por razones de economía, lo normal es que la empresa instale a sus trabajadores a cierta distancia del pueblo, en campamentos cerrados y haga todas sus compras centralizadamente y fuera de la Región, para bajar sus costos. Se ha dicho por otra parte,
engañosamente, que uno de los beneficios de la construcción de las centrales consiste en la dinamización general de la economía regional, ante los US$ 4.000 millones que se van a invertir. Aquí hay que observar dos cosas: que Endesa infla esta suma con el costo de inversión del sistema de transmisión (US$1.500 millones) y que la supuesta “dinamización de la economía” probablemente no va a beneficiar a sus habitantes, salvo contadas excepciones.
La promesa de energía más barata: No está claro cómo podría haber una disminución en los costos de energía para los habitantes de la Región considerando que el sistema de transmisión será de corriente continua. Es decir, se transformará la corriente de alterna a continua y se transmitirá directamente por una línea nueva hasta cerca de Santiago, donde nuevamente se transformará en alterna.
5. Las alternativas: si se piensa en un desarrollo energético centrado en las necesidades de la población y la industria nacional, efectivamente existen alternativas a la construcción de las centrales de Aysén:
Eficiencia energética: El consumo de energía crece a mayor ritmo que la economía, con uno a tres puntos sobre el PIB nacional. Esto refleja una economía ineficiente en términos del uso de la energía, al consumirse gran cantidad de energía por unidad de producto. Existe sin embargo un potencial muy grande para desarrollar programas que promuevan la eficiencia energética, el que se ha estimado en: 25% en alumbrado; entre 9 y 20% en vapor industrial; 10% en refrigeración; 7,5% en electricidad en congelados de pescado; 18% de ahorro de diesel en calentadores de productoras de alimento; entre 25% y 40% en electricidad y climatización de hospitales, entre otros. En este contexto, el objetivo de obtener entre 10% y 15% de la energía a través de medidas de eficiencia en los próximos 10 años (1% a 1,5% anual) sería conservador y ha sido ampliamente superado por los programas a nivel internacional que logran eficiencias de 5% a 10% en sus inicios y luego de 3% anual.
Energías renovables: Hoy las energías renovables no convencionales, como la geotermia, la eólica, la solar y la biomasa tienen acceso al mercado; existe "libertad de ingreso" al sistema eléctrico, lo que antes de 2005 les estaba prácticamente vedado. Actualmente la ley les asegura un pago equitativo y libera de peaje a los proyectos de menos de 40 MW. Este escenario ha generado más de 70 proyectos al Fondo de Preinversión de Corfo. Los
46 aprobados generarían unos 300 MW, es decir, casi equivalentes a Ralco. Adicionalmente, Enap, asociada a Enel, inició las exploraciones de geotermia en Calabozo y, a partir de 2009, tendremos anualmente 100 MW para alimentar el sistema eléctrico. Ello junto con los 630 MW de las centrales hidroeléctricas de pasada (CoyaPangal, Hornitos, La Higuera y Neltume, hoy en el Plan de Obras 2006-2014) muestran que es posible aprovechar, sin inundar, y usar gradualmente el potencial de 4.000 MW que existe entre la IV y X Región. Todo muestra que es posible incorporar en la matriz energías nacionales y limpias y abrir el negocio energético a diversos actores, contribuyendo así al desarrollo regional.