Situación social y económica de los revolucionarios del 16 de julio 1809 (2) by Juan Carlos Segales

Situaci贸n Social y Econ贸mica de los Revolucionarios del 16 de Julio de 1809 en La Paz

Roberto Choque Canqui

La Paz - Bolivia 2008

Gestión del Dr. Juan Del Granado Cosio Alcalde Municipal de La Paz Lic. Jaime Iturri Salmón Delegado Municipal para el Bicentenario de la Revolución del 16 de Julio de 1809 Primera edición: julio de 2008 Diseño y diagramación: Pedro C. Plata Jiménez Corrección de estilo: Jean Claude Eiffel Depósito Legal: 4-1-150-08 P.O. I.S.B.N. 978-99954-0-392-8 Producción: Impresiones Gráficas “VIRGO” c. Murillo Nº 1323 esq. Almirante Grau Tel. 2370501 La Paz, Bolivia

Impreso en Bolivia

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PRÓLOGO Si la Historia es siempre historia presente, según apuntábamos en la presentación del primer volumen de esta serie, glosando al notable historiador británico E.H.Carr, no es menos cierto que la Historia son historias, puesto que las hay tantas, sobre el mismo episodio claro está, como puntos de vista puedan expresarse, partiendo en todos los casos de una visión general de las cosas a la cual adecuamos nuestra lectura de los hechos pretéritos. Está por lo demás la Historia oficial, inevitablemente escrita por los vencedores, y están las otras historias, más o menos clandestinas, donde los vencidos guardan su propia memoria de los hechos, alimentando la ilusión del desquite, tan humana como cualquier otra. Las referidas generales de ley caben también por supuesto para los eventos del 16 de julio de 1809. Y en esta colección dedicada al Bicentenario de aquellos eventos queremos dar oportunidad a la mayor diversidad de interpretaciones que nos sea posible acoger, sabiendo de antemano que aun así no las abarcaremos todas. Esta apertura es por añadidura consecuente con la tarea que nos impusimos en el año 2000 al comenzar nuestra primera gestión al frente del Gobierno Municipal de La Paz, modificando la tradicional denominación de la Oficialía Mayor de Cultura, con el añadido de una s, cambio que lejos de constituir un gesto cosmético entrañaba el necesario reconocimiento de la pluralidad de culturas activas en el común espacio geográfico que nos tocó gobernar. 5

Aquella decisión expresaba asimismo la voluntad de poner los instrumentos y medios de la gestión al servicio del diálogo intercultural, anticipando lo que luego ocurriría en el escenario político nacional con la emergencia de nuevos liderazgos construidos como fruto de una larga acumulación histórica fecundada por el reclamo de la inclusión. Nos adelantamos de igual manera a los hechos al establecer la obligatoriedad del bilingüismo en todos aquellos espacios de la gestión donde el contacto fluido entre los servidores públicos y la comunidad no podía seguir estando bloqueado por las barreras de carácter lingüístico, cultural en última instancia. Estamos persuadidos por otra parte que las opiniones críticas, lejos de menoscabar el significado y la trascendencia de la gesta julia más bien la enriquecen y permiten devolverle plena vigencia al instalarla en la vida cotidiana hoy y aquí como un referente pleno de lecciones útiles para conocer mejor el pasado y así ahondar en el proyecto compartido de un futuro común. La visión aymara acerca del 16 de julio de 1809 no es en este sentido “otra” mirada, es parte de una misma, que tiene la obligación de abrirse a todos los matices y líneas de interpretación en una tarea de reflexión colectiva ineludible para mantener vivo el fuego de la libertad encendido entonces. PEDRO SUSZ K. DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

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PRESENTACIÓN

La obra del destacado historiador aymará Roberto Choque Canqui, Situación social y económica de los revolucionarios del 16 de julio de 1809 en La Paz, originalmente una investigación realizada durante siete años para cumplir los requisitos de Tesis de Licenciatura en la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, constituye un trabajo crítico y tesonero, que permaneció inédito durante casi tres décadas. Ahora, en esfuerzo coordinado y gracias a la disposición generosa que siempre ha caracterizado a su autor, se publica como parte de una colección de volúmenes con la cual el Municipio Paceño contribuye a conmemorar el Bicentenario de las búsquedas de construcción de gobierno propio y democrático, acuerdos consensuados y transformaciones sociales, mediante las cuales una generación visionaria no libre de vacilaciones y contradicciones, respondió a la profunda crisis de la dominación colonial. El estudio realizado por Choque Canqui tiene carácter altamente cuestionador y polémico, a la vez que riguroso y documentado. Está basado en dedicada labor en el Archivo de La Paz, Archivo Histórico de la Municipalidad, Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) y Archivo General de la Nación (Buenos Aires). La minuciosa revisión de centenares de expedientes judiciales, registros económicos y transaccionales y procesos de carácter político, es para elogiar. Resulta en complejo entramado que se asemeja a tejido, en el cual múltiples elementos se combinan ofreciendo 7

Antecedentes de los Revolucionarios Presentación imágenes generales, sin que se pierda lo específico o individual. Así es que el autor se aproxima al perfil cuanto cotidianidad de la elite criolla y mestiza y allegados que encabezaron el movimiento revolucionario paceño de la primera década del siglo XIX. Lamenta que por carencia de fuentes, no pudiera reconstruir de igual manera, con abundancia de detalle, rasgos y circunstancias de las mayorías mestizas y originarias que participaron de diversas maneras en las acciones. Además, en dinámica interacción pasado-presente, constante es su llamada de atención que está por debajo de la trama reconstruida, la cual se refiere a que la investigación histórica al igual que los propios revolucionarios de 1809, no han tomado debidamente en cuenta los proyectos originarios. Un ya lejano 1979, en época de recuperación de la democracia y la autonomía universitaria, aunque también de amenazas golpistas y toma de poder que presagió lo que sucedería el siguiente año, forma el intrincado marco en que Choque Canqui terminó y defendió su trabajo de Licenciatura en San Andrés. Nuevas generaciones de historiadores/as, guiadas por comprometidos/as docentes, comenzaban a hacer contribuciones, revisiones y propuestas alternativas, dando nuevos o renovados sentidos al estudio del pasado. Unos años antes, Alberto Crespo Rodas, René Arze Aguirre, Florencia Ballivián de Romero y Mary Money, habían publicado un volumen sobre la vida cotidiana en Chukiyawu Marka/La Paz durante la lucha por la Independencia. También el segundo de los historiadores del equipo mencionado, presentó su Tesis viendo los esfuerzos independentistas desde abajo y destacando la “participación popular”. Era tiempo en que se trataba de salir de una prolongada dictadura militar que hizo sus manejos de un conocimiento histórico autoritario, académico y heroico 8

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como parte de la celebración del “Sesquicentenario de la República”. La Carrera de Historia respondió crítica e inteligentemente. No sólo trabajó en contribuciones que tuvieran más respaldo documental y profesionalismo, cual muestra el tratamiento de temática tan tradicional pero también de tantas posibilidades como la Independencia, sino en historias que fueran más democráticas y contribuyeran a la democratización del país en proceso. Choque Canqui ha sido parte de ese empeño. Además, por su identidad, perteneciente a una notable generación de intelectuales e investigadores/ as aymaras, le ha preocupado de manera complementaria, una política y educación “propias”, lo cual se ve en la Tesis que se publica. La instancia de defensa no estuvo libre de polémica. Sin embargo, el autor la asumió con el coraje y diplomacia que lo caracterizan. Solventemente respondió a observaciones e interrogantes. Además, llevando adelante otros proyectos de investigación sobre la época colonial y sobre el siglo XX, les dio aún más fuerza y sentido, en lo que serían contribuciones a una historia aymara. Así es que se empezaba a manifestar con fuerza, un historiador originario de la provincia Pakajaqi. En un septenio, ya en épocas democráticas y de afanes de recuperación económica así como de alternativas políticas, saldría su libro sobre la sublevación de Jesús de Machaqa de 1921 y sus repercusiones. Poco después, publicaría una compilación de sus trabajos referidos a familias cacicales en la economía y sociedad de la colonia. Seguiría con labor prolífica, y en co-autoría con Esteban Ticona y Xavier Albó, prepararía una colección de volúmenes que contienen visión de largo alcance de la Marka rebelde machaquiña. Recientemente, ha presentado un estudio centrado en las luchas políticas aymaras de las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del XX y, conjuntamente con Cristina 9

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Quisbert, un libro acerca de la educación originaria en el veinte. Se puede decir, que la Tesis de 1979 y el diálogo que suscitó, fueron acicate e impulso para el autor y nuevas generaciones, que han visto en él un referente tanto en investigación como proyecto de vida. Situación social y económica de los revolucionarios de 1809 en La Paz, de Roberto Choque Canqui, es obra generadora. El contenido, comprende tres partes. Se concentra en el accionar político de los que se convertirían en revolucionarios, desde 1781 hasta 1809; además, presenta un panorama de su ubicación, lazos y papel social; culmina con cuadro de su actividad económica y propiedades. La apertura detalla la participación política de la elite criolla y mestiza a partir de la rebelión de Amarus y Kataris, enfocando varios momentos de fines del siglo XVIII e inicios del XIX, hasta el movimiento revolucionario. Analiza el papel de defensores del orden establecido y represores en 1781, que ya fuera conocido en la década de 1950 mediante documentos transcritos y editados en aquella época. Considera, que se trató de decisión para proteger familias y propiedades, aunque también concluye que fue factor de derrota del mando qichwa y aymara rebelde. Ante situación de arbitrariedades y discriminación sufridas, presenta un viraje político de los que serían revolucionarios y su lucha contra autoridades peninsulares arrogantes, a mediados de la década de 1790. Se acerca a la intervención en una frustrada subversión vinculada al Qusqu en 1805, que ya expresara el malestar y grado de la crisis. Explica cómo los afanes por parte de algunas autoridades, de entrega a la princesa Carlota Joaquina ligada a la corona portuguesa, en época de invasión francesa a la península y captura del rey español, fueron los que llevaron al estallido. Muestra cómo los 10

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revolucionarios manejaron en diversos grados el argumento de defensa del monarca prisionero, pero también, con base en escritos subversivos, que buscaban construir un nuevo gobierno que tuviera un carácter paceño, chuquisaqueño y americano, el cual sigue dando que pensar, dadas las circunstancias de 1809. Un segundo bloque reconstruye la configuración social en la cual se encontraba inmersa la plana mayor, si cabe el término, revolucionaria. Muestra sus orígenes criollos, en algunos casos españoles, y mestizos entre los cuales están raíces cacicales que no se debe perder de vista. Ofrece asimismo, un panorama de lugares de nacimiento, resaltando la ciudad de Chukiyawu Marka/La Paz y partidos de la provincia, especialmente los Yunqa. No deja de lado procedencia de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, regiones del Perú, Río de la Plata y Chile. Rastrea cuidadosamente antecedentes familiares, matrimonios, alianzas, redes sociales. Siendo el autor historiador de la educación, otorga particular atención a los estudios de colegio, seminario y universidad, en La Paz, San Francisco Xavier, Córdoba, Qusqu, Arequipa y Lima. Sigue los cargos políticos y militares en la ciudad y partidos que desempeñaron los revolucionarios, aparte de actividad productiva y comercial. Se detiene en el proceso contra Pedro Domingo Murillo, quien ejercía como abogado sin tener culminados estudios aunque contaba con matrícula de la Audiencia. Resalta la consiguiente prohibición de dicho desempeño, que había resultado exitoso y fuente de prestigio. Además, da importancia a la actividad en partidos como el Pakajaqi o el de Umasuyu, que habría permitido vínculos con autoridades y población originarias, y sensibilidades que explicarían decisiones y acciones posteriores como en el caso de Juan Manuel de Cáceres y Pedro Cossío. 11

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Cuadro de los recursos paceños y circunstancias económicas de los revolucionarios, es el tercer bloque. Resalta la dinámica y diversidad productiva y comercial, en los rubros agrícola, ganadero y minero. Enumera y avalúa propiedades de diversas dimensiones, desde haciendas hasta chacarillas, en tierras yunqiñas, zonas de valle, el altiplano y alrededores de la ciudad. El comercio de la coca aparece como central en la actividad empresaria de los paceños insurrectos. La minería aurífera, a su vez, habría sido una fuente de garantía y seguridad. También el estudio incluye relación de viviendas y locales comerciales en Chukiyawu Marka/La Paz y poblaciones como Kuripata. De igual manera, brinda un esbozo del acceso a mano de obra esclava. Al igual que en la anterior sección, explica cómo Murillo no pudo disponer de su herencia paterna en el altiplano y valle, lo cual lo llevará a dedicarse a labor minera en Chikani. El autor deja temas a trabajar. Algunos los ha retomado en trabajos después de 1979. Otros quedan a las nuevas generaciones de investigadores/ as. Ahí el carácter generoso y didáctico de la obra de Choque Canqui. Está entre otra temática, la explicación de la crisis político-social y miserias humanas de la post-rebelión de 1782-83 en adelante. También la presión que ejerce una península embarcada en prolongadas guerras europeas en la transición del siglo XVIII al XIX, agudizada por la sequía, hambruna y epidemia de 1804. Merecen más tratamiento, los aprendizajes, sensibilidad, solidaridades y afanes de acercamiento y alianza que se dieron en épocas críticas como las señaladas. Las elites no fueron poder monolítico ni inmutable; también hubieron sufrimientos y nuevas actitudes. Deudas y presiones, humillaciones y persecución también afectaron a las familias que adoptaron papeles revolucionarios no siempre con toda coherencia ni 12

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permanentemente. Líneas familiares cacicales tuvieron su participación en busca de un gobierno propio que conformarían o en su contra; hay que seguir investigando el porqué. Propuestas de inclusión/participación y cambios como los que planteó Manuel Victorio García Lanza en los Yunqa, que comprendían eliminación de los servicios, educación e igualdad fueron base de alianzas y acciones conjuntas. Ya esto fue tocado en estudios con énfasis en lo local como los de Humberto Fossati Rocha, de la década de 1940, respecto a la lucha en ámbitos yunqiños Los revolucionarios eran propietarios, es cierto; pero, cual muestra la propia investigación de Choque Canqui, no invulnerables ni vivían en aislamiento. Al estar en contacto con la población originaria y también atravesar por injusticias y humillaciones, seguramente buscaban algo mejor. El movimiento revolucionario de 1809, es trama humana que Roberto Choque Canqui ha retratado e interpretado con profundidad y dinámica. Incluso, hay secciones en las cuales aparece el manejo del estilo y sutil ironía. Abundante información proveniente en su mayoría de fuentes documentales, es presentada con ritmo, como la espiral de aquellos tiempos en los que las ansiosas expectativas se entremezclaban con temores y dudas. Reconstrucción polémica y con una opinión marcada, sin embargo, supera la trivialización y llega a las complejas dimensiones de las decisiones y vacilaciones de un momento pasado de definición y transición. Es de algún modo expresión de los aportes de la Carrera de Historia y Archivo de La Paz, ámbitos en los cuales el autor ha sido estudiante, investigador, docente y director. Sobre todo, al tener todo trabajo sentido autobiográfico, da a conocer una historia y proyecto de vida. Acertada y pertinente su publicación como homenaje al carácter humano de los revolucionarios y 13

Presentación sus familias que hace dos siglos se atrevieron, no libres de contradicciones, a pensar en gobierno, participación, proyectos con carácter propio. Es una investigación en la cual se marca una posición desde el inicio, pero en la cual también se va más allá de una narrativa dominante y se invita a que cada persona se convierta en historiador/a y saque sus conclusiones respecto a un tema tradicionalmente tratado que es más que local o regional, y al hacer pensar en el presente, con todas sus ambigüedades y paradojas, todavía sugiere, de una u otra manera, posibilidades en cuanto a democracia, acuerdos, identidades, diversidad y complementariedades. Raúl Calderón Jemio DIRECTOR CARRERA DE HISTORIA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

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INTRODUCCIÓN

Este estudio es el resultado de la investigación realizada desde 1972 hasta 1979, alternando con tareas archivísticas en el Instituto de Investigaciones Históricas, dependiente del Centro de Planificación y Coordinación de la Investigación Científica y Tecnológica (CEPIC) de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. La mayor parte de la documentación inédita consultada se encuentra dispersa en el Archivo de La Paz (UMSA), Archivo Histórico de la Municipalidad de La Paz, Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) y Archivo General de la Nación (Buenos Aires, Argentina). La revolución del 16 de julio de 1809 en La Paz fue uno de los acontecimientos transcendentales que generó el movimiento independentista criollo en el Alto Perú contra la dominación de la Corona española. Durante la revolución y después de ella, las autoridades reales, con el propósito de establecer las causas que motivaron su estallido, con el fin de descabezarla castigando a los promotores y a los demás comprometidos en ella, acumularon una cantidad apreciable de documentación entre expedientes judiciales, informaciones y correspondencia. Fuera de ello los revolucionarios produjeron otra serie de documentos como proclamas, correspondencia e instrucciones. La mayor parte de esa documentación ha sido estudiada y publicada por prestigiosos historiadores como Manuel Carrasco, Rosendo Gutiérrez, Manuel María Pinto, Humberto Vázquez Machicado, Valentín Abecia, Arturo Costa de la Torre y otros. Pero la 15

Antecedentes de los Revolucionarios Introducción situación social y económica de los protagonistas de la mencionada revolución paceña no estaba estudiada por algún historiador. Indagar sobre la problemática socioeconómica de los actores del 16 de julio de 1809 es la mejor manera para conocer sus diferencias sociales y económicas por estar involucrados en sus intereses familiares o particulares dentro de la sociedad colonial paceña. Los aspectos económicos estaban relacionados a la tenencia de haciendas en Yungas y en los valles, y por lo tanto a la producción agrícola consistente en la hoja de coca y la producción de uvas con vista a su comercialización. Por otra parte, es muy difícil conocer todos los antecedentes de los revolucionarios de extracción popular (como los soldados, artesanos, etc.) por existir poca información, accesible sólo en casos excepcionales por asuntos judiciales y policiales. Esto nos indica que esa mayoría no tenía posesiones de valor ni tuvo participación en los cargos públicos, sino que se desenvolvían al margen de los intereses del grupo pudiente involucrado en la administración pública, en el ejercicio profesional, comercial y en otros negocios de sus haciendas. Los datos encontrados acerca de la tenencia de tierras o fincas, casas, esclavos, etc. en la mayoría de los casos están consignados en la serie documental del Registro de Escrituras o en algunos expedientes sobre pleitos y visitas. Fuera de éstos, es difícil encontrar alguna documentación que nos proporcione una información completa y detallada, por ejemplo acerca de las cuentas sobre el empleo de la mano de obra, el precio y la cantidad de producción de las haciendas o estancias pertenecientes a los hacendados, renta sobre la vivienda, etc, salvo en los casos de pleitos por motivos relacionados al pago de impuestos u otros asuntos. En suma, con este trabajo pretendemos aproximarnos a la realidad social y económica de 16

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los revolucionarios en el momento de convulsionar la ciudad de La Paz el 16 de julio de 1809. Para la presente publicación, después de 28 años, el autor se ha visto obligado a revisar algunos aspectos de detalle y añadir algunos datos para poder tener una comprensión del tema tratado. Se ha visto por conveniente incluir algunos anexos de documentos de importancia histórica.

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ANTECEDENTES DE LOS REVOLUCIONARIOS

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La participación de algunos revolucionarios de 1809 en la represión indígena de 1781 y 1782.

El gobierno colonial en los Andes, a fines del siglo XVIII, atravesaba su última etapa histórica. Las causas de fondo fueron dos: por una parte, la crisis económica, por agotamiento de las vetas de plata y la reducción de los tributos que resultaba insostenible y, por otra, la escasez de mano de obra indígena por su baja demográfica, especialmente como consecuencia de la explotación en las minas de Potosí. Mientras el poder económico y político de los criollos se mostraba bastante fuerte, compitiendo con los intereses de la Corona, la explotación desmedida de los indios tributarios era una realidad social, aunque la Corona española trató de limitar la opresión indígena a través de sus reiteradas cédulas, pero no se lograba contener los continuos abusos de los corregidores, subdelegados, curas, hacendados, obrajeros y caciques en las comunidades. El servicio de la mita en las minas y los obrajes había ocasionado una parte de migración del mitayo hacia los lugares donde podía declararse libre de ese servicio. Al fin de cuentas la población indígena sometida a los mecanismos de explotación colonial, se veía afectada en su estado 21

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físico y social empujándola a su pobreza1, especialmente en las provincias altiplánicas. Esto “para los indios” significó la pérdida de su sensibilidad humana y su personalidad mellada por el opresor, convirtiéndose en verdaderos “miserables parias”2. Como consecuencia de esa situación, la reacción indígena desembocó en “innumerables alzamientos parciales” en diferentes lugares y años3. Hasta que por fin se produjo en los virreinatos del Perú y Río de La Plata la llamada “Sublevación General de Indígenas de 1780 y 1781”. Esta insurgencia, como es conocida, fue encabezada por los caudillos indios Tomás Katari (en Chayanta, Potosí), Tupak Amaru y Tupak Katari (en los distritos del Cuzco y La Paz). Este último conmovió “hondamente la sociedad colonial de La Paz”4. Por otro lado, como coadyuvantes a los movimientos revolucionarios contra el régimen colonial, aproximadamente a mediados del siglo XVIII, empezaron a aparecer los llamados “pasquines redactados en un lenguaje accesible”, como medio de expresión hábil de las ideas contrarias a la situación reinante, y a través de estos escritos –dijo Lewin– se “manifestaba abiertamente el odio del nativo de América contra el explotador foráneo… y proclamaba franca u ocultamente su propósito de libertad”5. En la ciudad de La Paz, uno de los pasquines más antiguos vio la luz pública en enero de 1780, “con un texto corto como ultimátum” dirigido al administrador de la Aduana; otro se difundió el 4 de marzo del mismo año contra el poderío virreinal del Perú6. La característica de éstos fueron las expresiones de carácter satírico contra el gobierno o el régimen colonial imperante. 1 Roberto Choque Canqui. “Los mitayos de Pacajes y los azogueros de Potosí”. En: Retornos. Revista de Historia y Ciencias Sociales Nº 5. La Paz, La Pesada Ediciones, 2005, p. 23. 2 Manuel Rigoberto Paredes. Túpac Catari. La Paz, Ediciones ISLA, 1973, p. 26. 3 Gabriel René Moreno. La Audiencia de Charcas. La Paz, Ministerio de Educación y Cultura, 1970a, p. 50. 4 Paredes 1973, p. 84 y ss. 5 Boleslao Lewin. La rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la independencia de Hispanoamérica. Buenos Aires, Sociedad Editora Latino Americana, 1967, p. 143. 6 Carlos Montenegro. Nacionalismo y Coloniaje. La Paz, Alcaldía Municipal, 1953, pp. 3 y 4.

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En esas circunstancias la ciudad de La Paz, ya en el mes de marzo de 1780, fue convulsionada con la sorpresiva sublevación de los indios Eugenio Quispe y José Chino, quienes sorprendieron a las autoridades reales al vuelo de las campanas con sus manifestaciones revolucionarias, obligándoles a refugiarse en la casa del obispo. Pero la situación se tornó mucho más grave cuando llegaron cantidad de contingentes indígenas a la ciudad. En vista de esta situación, se convocó a un cabildo abierto en el que se “convino en suspender los impuestos que eran la causa inmediata del motín”7. Sin embargo, los insurgentes persistían en sus acciones subversivas y la sublevación no fue controlada totalmente, a pesar del dicho acuerdo de transacción, puesto que en el mes de septiembre del mismo año el campamento de Quenco [Q’inq’u], ubicado en las alturas de Achocalla, fue asaltado por los rebeldes y sus ocupantes fueron derrotados irremediablemente8. El desarrollo de la sublevación indígena de 1780-1781 es sumamente vasto y complejo; necesita un estudio aparte y más detenido; por ahora se abordarán los hechos relacionados con los revolucionarios que participaron en la defensa real y represión de los indígenas en rebelión. Algunos próceres de la revolución del 16 de julio de 1809 que intervinieron en la defensa de la causa real contra la mencionada sublevación indígena, más tarde protagonizaron una nueva lucha violenta contra las autoridades realistas en la ciudad de La Paz. En 1781 la organización defensiva de los criollo-españoles contra la asonada indígena, tanto en la ciudad de La Paz como en las provincias, fue espontánea con el fin de resguardar los intereses de la Corona española y de ellos mismos. Caso 7 José Fellman Velarde. Historia de Bolivia. Tomo I, La Paz-Cochabamba, Editorial “Los Amigos del Libro”, 1968, p. 222. 8 ELP. EC. 1780 (2 fs.): Denuncia de Luis Maidana, cacique del pueblo de Achocalla, sobre el asalto del campamento de Quenco por los rebeldes.

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contrario, correrían el riesgo de ser aplastados por esa temible insurrección de los indios encabezados por Tupak Katari con el cerco a la ciudad de La Paz y los Amaru por el lado de Sorata. En la provincia de Yungas, “con motivo del levantamiento del cacique de Tungasuca, Jose Gabriel Tupa Amaro”, el corregidor José de Albizure para la mejor defensa de la población criolla-española de Irupana nombró comandante de las Milicias a José Ramón de Loayza, “vecino de la ciudad de La Paz y hacendado en el pueblo de Irupana”, en reemplazo de Pedro de Flores Larrea. Dicho nombramiento se realizó el 17 de marzo de 1781 (en el pueblo de Chulumani) con aclamación de vecinos y mujeres de aquel pueblo9. José Ramón de Loayza, antes de ser nombrado Comandante, realizó importantes preparativos para la defensa de la población de Irupana. El 8 de marzo, luego de haber intentado una retirada hacia Caracato [Q’uraqhatu], se vio obligado a volver a Irupana, echado por “los indios sediciosos que venían” por el camino que baja a los Yungas “después de haber destrozado los pueblos de Caracato y Sapahaqui”10. El día siguiente (9 de marzo), los habitantes de Irupana fueron puestos en estado de sobresalto y confusión con la “vocería” (grito de alarma) de uno de ellos, Francisco Carrasco, diciendo que los enemigos estaban próximos a la población “ejecutando varias muertes”. Para conjurar este peligro, Loayza puso inmediatamente a la gente “sobre las armas” con el fin de repeler el supuesto ataque de los indios sublevados. Pero no hubo enfrentamiento alguno con los rebeldes, sino que se logró tranquilizar a los moradores del citado pueblo en aquel 9 AGN (Buenos Aires). División Colonia. Sección Gobierno. Intendencia de La Paz. Leg. 8, 1800-1805 (5-6-3). Expediente testimonio de José Ramón de Loayza sobre su actuación durante la sublevación indígena de 1781 y 1782. La Paz, 16 de diciembre de 1801. 10 AGN (Buenos Aires). Ibid.

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día con castigo de algunos indios sindicados de espías. Después de este incidente, Loayza, para una mejor defensa de la población, organizó su ejército en base a sus 400 soldados y con el reclutamiento de más gente logró juntar alrededor de 600 hombres combatientes. Pero éstos, aunque provistos de armas (lanzas y hachas, bocas de fuego con sus respectivas municiones), no estaban aprovisionados suficientemente como para defenderse de los ataques de los insurgentes que se hacían cada vez más peligrosos. Según las declaraciones de los testigos, José Ramón de Loayza, como Comandante militar en Irupana, no recibía ningún sueldo “ni otros intereses algunos por sus servicios”, sino más bien él subvencionaba la defensa con algún ganado de sus haciendas para la manutención de sus soldados. En vista de esta realidad, y al “hallarse imposibilitada aquella provincia con la próxima falta de víveres”, Loayza determinó la retirada de la gente a la villa de Cochabamba. Esta retirada en su primera fase se cumplió casi sin dificultad hacia los límites con la provincia de Cochabamba. El 6 de abril Loayza, “caminando a la vanguardia con un pequeño cuerpo de soldados, llegó al pueblo de Caxuata” a las dos de la tarde. Allí recibió el aviso de que en el próximo pueblo, Suri, “habían entrado más de mil quinientos indios matando a algunos de sus habitantes, y que se acercaron con intrepidez hacia la gente que iba de la provincia”. Ante esta noticia, el comandante Loayza inmediatamente acudió desde Caxuata, al alcance de los enemigos, con sólo 14 hombres, y en la hacienda de Toxra “resistió un fuerte combate”; pero, con el refuerzo oportuno de otra parte de sus hombres, logró derrotar a los rebeldes poniéndoles en precipitada fuga11. A pesar de este incidente de poca magnitud, los afligidos moradores de Irupana, con “las fuerzas de los demás pueblos” de los Yungas reunidos hasta “más de 11 AGN (Buenos Aires) Ibid.

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cinco mil almas entre hombres y mujeres y niños, los curas doctrineros, vecinos y demás españoles y mestizos”, bajo el mando de Loayza lograron llegar a la mencionada villa sin mayor novedad, “poniéndose en salvo sus personas y bienes”12. En esta empresa se encontraba Pedro Domingo Murillo (o Pedro Murillo) que fue, en el pueblo de Irupana, capitán de la primera compañía de fusileros y colaborador inmediato de Loayza en la retirada “a la villa de Cochabamba”13. Luego de la victoria de las tropas del Comandante General de la Audiencia de Charcas, José de Reseguín, sobre las huestes de Túpak Katari, definitivamente socorrida la ciudad de La Paz del asedio que duró unos 173 días, con las fuerzas rebeldes replegadas en Peñas, el comandante José Ramón de Loayza, desde Cochabamba, anunció a Reseguín, su deseo de salir de aquella ciudad como voluntario en la próxima expedición a la ciudad de La Paz con la intención de castigar a los rebeldes. Su pedido fue aceptado y Loayza se trasladó de la villa de Cochabamba a las proximidades de Peñas, en calidad de voluntario “en el ejército del rey”, para ponerse inmediatamente a las órdenes de Reseguín. El 28 de octubre de 1781, Reseguín recibía en su campamento del Ingenio, en el Alto de La Paz, al embajador de Bastidas, Manuel Villca Apaza, en compañía de Jacinto Zúñiga, cura del pueblo de Santiago (Chukiyawu), quienes portaban cartas para el mencionado comandante: una de Diego Cristóbal Túpak Amaru, una de Miguel Bastidas y otra de Túpak Katari. Como esas cartas traían una copia del indulto general librado por el virrey Jáuregui en Lima el 12 de septiembre, en el que concedía el perdón a Diego Cristóbal Túpak Amaru y a los demás promotores del levantamiento en la 12 AGN (Buenos Aires) Ibid. 13 Carlos Ponce Sanginés y Raúl Alfonso García. Documentos para la Historia de la Revolución de 1809. Vol. I. La Paz, Biblioteca Paceña, Alcaldía Municipal, 1953, pp. CII-CIV.

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provincias “de su distrito” en aplicación a ese libramiento los mencionados caudillos solicitaron también la paz a Reseguín. Asimismo le hicieron notar la existencia de la exención de “la contribución de los Reales Tributos” a los indios por el lapso de un año. Reseguín, luego de haber despachado a sus visitantes, ese mismo día comisionó al presbítero Bernardo Manchego y a José Ramón de Loayza, “como peritos en ambos idiomas”, para que pasara “al santuario de Nuestra Señora de las Peñas” a tratar las paces con los caudillos del movimiento indígena, Miguel Bastidas (Túpak Amaru), Julián Apaza (Túpak Katari) y los demás mandones indios; esto lo hizo con el objeto de persuadir a los rebeldes puesto que “no se podía estipular ni concertar por meras cartas sino hablando cara a cara y persona a persona”14. El día 29 del mismo mes y año, Bastidas escribe a Reseguín manifestando que, hasta que llegue la respuesta del Comandante para su tío Diego Cristóbal Túpak Amaru, el licenciado Bernardo Manchego y José Ramón de Loayza se quedaban en su compañía, a fin de que “determinen como embajadores” de Reseguín “y se dirijan las cosas con mejor acuerdo para comunicar” las novedades “con prontitud”15. El día 30, Reseguín le contesta sobre las paces y le invita diciendo que venga “a su campo a tratar y conferir la dicha paz en compañía de mis enviados doctor don Bernardo Manchego y don José Ramón de Loayza, a quienes despaché para que me pusieren a V.M. de mis buenos deseos y del santo paternal amor con que me manda el soberano para que ejercite en los naturales más la piedad que la justicia”16. Ese mismo día, a las 7 de la mañana llegaron al campamento del Alto de La Paz dos indios con cartas de Bastidas “y de los enviados”: 14 AGI. Charcas 595. Diario de E. de Loza. Referencia proporcionada por María Eugenia de Siles. 15 AGI. Buenos Aires 319. Referencia proporcionada por María Eugenia de Siles. 16 AGI. Buenos Aires 319.

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el licenciado Bernardo Manchego y José Ramón de Loayza, quienes manifestaron a Reseguín que Túpak Katari había desaparecido del Campo de las Peñas y que Miguel Bastidas no podía deliberar sobre la propuesta hecha por no haber respondido el Comandante a la carta que le había enviado Diego Cristóbal Túpak Amaru17. Entretanto, José Ramón de Loayza y Bernardo Manchego, en cumplimiento de la misión encomendada por Reseguín, ambos al pasar al campo enemigo habían logrado “tratar las paces propuestas” con los mencionados jefes rebeldes. El 31 de octubre, las fuerzas de Reseguín trasladan su campamento y se dirigen a Patamanta a tres leguas del Alto de La Paz. Al llegar allí “encontró el Comandante al licenciado D. Bernardo Manchego y a D. José Ramón de Loayza que venían acompañados de dos indios de los rebeldes medio ladinos, y estaban de vuelta del santuario de las Peñas de haber hablado y comunicado con Miguel Bastidas Túpac Amaru, y aseguraron que estaban constante él y todos sus indios en pedir el perdón”18. Además decían que volvían al “campo de Patamanta con carta de Miguel Bastidas” en que se ratificaba las paces. Al día siguiente, primero de noviembre, “…volvieron a partir los dichos emisarios para el campo enemigo con carta de su señoría, y el tres, a más de dos de la tarde, regresaron los susodichos en compañía de dicho Bastidas, seis cholos que se titularon coroneles, sus plumarios, que se nombraron, y miles de indios, y hasta por la noche quedaron las pases asentadas mediante las cuales pasó el ejército al Santuario sin el menor embarazo”19.

Recordemos que el campamento de los criollo-españoles estaba instalado en Patamanta (a 3 leguas del Alto de La Paz) y el de las fuerzas 17 AGI. Charcas 595. 18 AGI. Charcas 595. 19 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz. Leg. 8, 1800-1805 (5-6-3).

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rebeldes en la localidad de Peñas, distante a pocos kilómetros de Patamanta. Una vez realizadas las paces, con mucha habilidad y sigilo, las fuerzas reales inmediatamente pasaron a ocupar el santuario de las Peñas. Y, luego de esto, José Ramón de Loayza no encontró el menor obstáculo para aprisionar a Miguel Bastidas y sus coroneles entregándoles a las manos de las autoridades reales20. En esta forma se logró el descabezamiento de la rebelión indígena mediante la detención de sus principales jefes que estaban con el resto de las fuerzas indígenas en Peñas luego de participar en los dos cercos referidos. De esta manera, José Ramón de Loayza, en cumplimiento de la misión encomendada por José Reseguín, ejecutó su labor, en compañía del licenciado Bernardo Manchego, en las citadas paces de paz con los jefes de la rebelión indígena contra la población colonial de La Paz. Además de Loayza, se tiene a dos personajes de la revolución del 16 de julio de 1809 que aseguraron su participación en la captura de Túpak Katari y sus cómplices. Uno de ellos fue el licenciado Romualdo Gemio (presbítero). Durante la rebelión de Túpak Katari actuó en calidad de sargento en una de las compañías del comandante José de Reseguín bajo el mando del capitán Martín García Lanza y también participó en el traslado de la población de Yungas a Cochabamba. Después de su retorno de Cochabamba a La Paz, le tocó tomar parte en la captura de “Julián Apaza, alias Catari, y lo entregó para su castigo”21. El otro revolucionario aludido, Pedro Domingo Murillo, posteriormente afirmó haber sido uno de 20 AGN (Buenos Aires) Intendencia de La Paz, Leg. 8, 1800-1805 (5-63) ALP. EC. 1781 (85 folios). Declaraciones de los coroneles de Miguel Bastidas. CF. Alberto Crespo R. “Coroneles de Túpac Catari”, La Paz, UMSA, 1972. �� ALP. EC. 1796, s/f. Lic. Romualdo Gemio, clérigo presbítero de diócesis, pide que mediante un sumario informativo reconozca sus méritos de “haber contraído en la pasada general irrupción de los naturales insurgentes”. La Paz, 30 de enero de 1796.

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los “comisionados para el prendimiento de los Quistes y demás coroneles y estar al reparto de las guardias en la prisión de Catari, otras –dijo– que se fiaron a mi cuidado conociendo mi amor al servicio y el esmero con que propendí a llenar mis obligaciones según todo consta por los documentos presentados”22. Sin embargo, la captura de Túpak Katari fue lograda con la traición de Tomás Inca Lipe, puesto que éste con el destacamento de Ibáñez participó en la celada al caudillo en la noche entre el 9 y el 10 de noviembre de 1781 en el lugar llamado Chinchaya. La captura del caudillo fue comunicada por Fernando Márquez de la Plata al virrey Juan Josef de Vértiz el 10 de noviembre del mencionado año: “Acava de saverse…, la prisión del rebelde Julián Apaza, alias Túpac Catari, con su concuvina, varios indios principales y cargas por un destacamento de nuestro Campo auxiliado de Indios fieles, cuya agradable noticia causó en la ciudad el jubilo correspondiente, como que ha sido el traidor que más la ha afligido: parece ser ha descubierto asimismo la trama que tenían proyecto bajo del velo de solicitar perdón, cuya traición sospechamos y viviendo con el mayor cuidado: estas noticias aunque se comunican V.E. por quien Corresponde las repito como tan interesado en las Armas de nuestro Augusto Soberano y de tanta complacencia para V.E.”23.

A dos días de este suceso, el 12 de noviembre, Mariano Ibáñez, sin referirse a la captura del citado personaje aymara, comunicó a Ignacio 22 Ponce Sanginés y García 1953, Vol. I. pp. CVI y CVII 23 AGN (Buenos Aires). División Colonia. Sección Gobierno. Intendencia de La Paz. Leg. 2, 1779-1782 (5-5-3). Carta de Fernando Márquez de la Plata al virrey Juan Josef de Vértiz. La Paz, 10 de noviembre de 1781.

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Flores (que se encontraba en Oruro) la misión cumplida por José Ramón de Loayza, en compañía del licenciado Bernardo Manchego, como embajador ante los rebeldes, el aprisionamiento de Miguel Bastidas y sus coroneles y al mismo tiempo participó que Reseguín se encontraba enfermo24. Como es sabido, Túpak Katari, a los cuatro días de su apresamiento y luego de un corto proceso seguido por el criollo Francisco Tadeo Diez de Medina (oidor de la Audiencia de Chile) y del fallo del 13 de noviembre fue descuartizado por cuatro caballos, en presencia de muchos indios y españoles, en Peñas el 14 del mismo mes de 1781.25 Con la muerte de Tupak Katari y el apresamiento de los otros promotores de la insurrección indígena en el distrito de La Paz, la situación empero no fue controlada por completo; la rebelión aún persistía en varios pueblos, especialmente en las poblaciones de la quebrada de Río Abajo. Con este motivo, el 6 de diciembre del mismo año Loayza fue requerido por Ignacio Flores para que comandara la expedición de una fuerza a los pueblos de Sapahaqui, Luribay y Caracato. Para su mejor empresa, Flores ordenó a todos los oficiales, tenientes de curas, caciques, alcaldes ordinarios y demás mandones de las provincias de Sicasica y Chulumani que “le den y presten todo el auxilio que necesitaren gente, mulas y víveres para facilitar la marcha de su ejército” sobre los indios rebeldes de los mencionados pueblos. Mientras tanto, Segurola comunicaba a Loayza que en la ciudad de La Paz se organizaba otra fuerza para realizar una expedición a Río Abajo, por Ovejuyo, contra los indios de Collana y Mecapaca, puesto que éstos después de haber recibido el indulto volvieron a sumarse a la rebelión. 24 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz. Leg. 8, 1800-1805 (5-6-3). Citado anteriormente. 25 Colección documental de la Independencia del Perú, Tomo II, Vol. 3º. La rebelión de Túpac Amaru, 1971, p. 185.

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Esta fuerza sin duda estaba auxiliada con los indios de Yungas bajo el comando del capitán Martín García Lanza, y con los de Viacha y Achocalla. Segurola había dispuesto su gente el 26 de diciembre de 1781 con los siguientes efectivos: una compañía de caballería de 151 hombres, 82 de infantería, 150 indios de Yungas y 1400 indios de Achocalla, Mallasa y Viacha26. Sin embargo, la cantidad de los mencionados efectivos era insuficiente; necesitaba más refuerzo de soldados y armamentos para llevar a cabo una expedición exitosa. Entretanto, las fuerzas rebeldes del Río Abajo, amenazaban “cada día con más obstinación en su rebeldía, persiguiendo hasta las inmediaciones de la ciudad a todo género de gente española, mestizos y cholos, en donde eran frecuentes las muertes y robos”, extendiéndose sus acciones a los pueblos de Yungas de la cordillera, de los valles y de muchas partes de la puna. En vista de esto, La Paz se vio en la necesidad de solicitar el auxilio de las tropas de Arequipa, que se encontraban en la provincia de Chucuito27. Respondiendo a ese pedido de refuerzo, el 18 de noviembre de 1781 Ramón Arias (Comandante de las tropas de Arequipa) “salió de Arequipa a la pacificación de las provincias sublevadas” con 2200 hombres del Perú28. Después de haber recorrido varios días por la sierra peruana, llegó a Zepita, en donde dejó “un destacamento de 400 y más hombres”, con el propósito de asegurar la pacificación de aquella provincia (Chucuito) “y tener el paso franco a Arequipa y a las provincias de abajo”, las que por su parte estaban ya pacificadas. Luego, desde el pueblo de Zepita, Arias marchó sobre La Paz con ochocientos hombres, entre los cuales estaban “350 hombres armados 26 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz. Leg. 8, 1800-1805 (5-6-3). Citado anteriormente. 27 Gutiérrez 1879, p. 130. Cf. Ballivián y Roxas 1978, p. 107. 28 ALP. EC. 1790-1791, ff. 4-5. Certificación que otorga Ramón Arias a Pedro Benavente. Arequipa, 30 de agosto de 1782.

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de fusil y bayoneta, los restantes de espada y lanza con sus municiones correspondientes y con un cañón de batallón con la metralla y bala rasa necesaria”. El 27 de febrero de 1782, el citado comandante con sus fuerzas llegó a la ciudad de La Paz provocando el júbilo y la alegría entre los “afligidos vecinos”29. Y Segurola, que en ese momento se encontraba en la ciudad, habría recibido a la mencionada fuerza con mucha alegría, con la esperanza de recibir un valioso auxilio para la expedición a Río Abajo. No obstante, esta empresa fue retrasada con la salida de Segurola “a la provincia de Omasuyos”. El 1 de marzo de 1782, Fernando Márquez de la Plata escribió al virrey Juan Josef de Vértiz indicando que el comandante Segurola había salido de la ciudad de La Paz a contener personalmente “el fuego que volvía a encenderse” en los pueblos de Ancoraimes y Carabuco (jurisdicción de la provincia de Omasuyos)30. En vista de esta situación, el capitán Mariano Ibáñez, comandante del regimiento de Saboya, que comandaba un destacamento en las inmediaciones de La Paz, se trasladó con su tropa de Cochabamba al campo de Achacachi para unirse el 23 de febrero con el comandante Sebastián de Segurola, y éste, después de incorporar el destacamento a su fuerza marchó con él hacia Ancoraimes y otros pueblos que nuevamente se habían sublevado. Y el 6 de marzo ya se encontraba en la provincia de Larecaja con el objeto de “pacificar algunos de los pueblos de ella, que volvieron a sublevarse”. Entretanto, Ramón Arias, en la ciudad de La Paz, mantenía sus fuerzas en espera del regreso de Segurola para disponer entre los dos “el ataque a los pueblos sublevados del Río Abajo”, 29 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz, Leg. 2, 1779-1782 (5-5-3). Carta de Ramón Arias al virrey Juan José de Vértiz. La Paz, 6 de marzo de 1782. 30 AGN (Buenos Aires). Carta de Fernando Márquez de la Plata al virrey Juan José de Vértiz. La Paz, 1º de marzo de 1792.

Antecedentes de los Revolucionarios dado que perturbaban la entrada de las fuerzas reales a los Yungas y también “interceptaban los naturales de ellos al basto de la coca”31. El 6 de abril, Segurola, luego de su regreso de Larecaja, preparaba en La Paz los últimos detalles necesarios para la expedición a Río Abajo contra los “indios cotos atrincherados en la quebrada”. Pero Arias, antes de realizar la proyectada expedición, fue requerido para auxiliar al pueblo de Pucarani “y otros de su inmediación”, que estaban amenazados por “los indios que salían de la quebrada; por aquella parte querían quemarles sus casas y llevarlas sus ganados”. Frente a ello, Arias mandó a Pucarani, “con cincuenta soldados de caballería” al capitán de caballería Francisco Suero que llegó a tiempo al lugar de los sucesos. Sus soldados atacaron “a los rebeldes que bajaron de unos cerros, y, a pesar de las muchas piedras que las arrojaban”, lograron derrotarlos sin mayores dificultades. La tropa y los oficiales, después de secuestrar alguna “porción” de ganados, coca y otras especies a los indios y de repartirse el botín entre ellos, volvieron a la ciudad. El 10 de marzo, los rebeldes de Río Abajo, asomándose a las inmediaciones de la ciudad, empezaron a atacar “a los arrieros y escolta” de las tropas de Ramón Arias. Dicha escolta fue obligada a defenderse en forma ardua hasta que, con el refuerzo oportuno de ochenta fusileros, logró poner a los indios “en precipitada fuga”. Seguidamente, las fuerzas de Ramón Arias persiguieron a los rebeldes hasta una distancia de dos leguas, pero “como eran las cuatro de la tarde” y “a causa de un fuerte aguacero, interpolado con granizo”, no se pudo seguir más adelante y Arias, ordenó la retirada de su tropa a la ciudad. A su regreso Arias se encontró con una escena que llamó su atención y que luego relató en los siguientes términos: 31 AGN (Buenos Aires). Carta de Ramón Arias al virrey Juan José de Vértiz. La Paz, 6 de marzo de 1782.

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“por todos los parajes por donde nos retiramos, no se encontraban sino muertos, y muchos por no entregarse se despeñaban de los muchos precipicios que por todas parte ay; se les cojieron tres armas de fuego y algunas mulas de los que murieron; estas no reemplazan las muchas que los rebeldes nos han robado; no tuve por mi parte muerto, ni herido alguno en medio de la mucha confusión y gritería de los Indios, y las nubes de piedras que nos tiraban interpolados con un tal cual fusil y escopeta”32.

La resistencia de los indios de Río Abajo a la represión de las fuerzas reales parece no limitarse a una ciega demostración de lealtad a los caudillos Túpak Amaru y Túpak Katari (muertos éstos bárbaramente en 1781), sino que ellos seguramente estaban impulsados por los más caros ideales de su causa libertadora para seguir luchando hasta las últimas consecuencias, porque sabían que sus reclamos por la justicia nunca habían de ser escuchados ni el indulto ofrecido había de ser cumplido por sus opresores. La lucha librada por los rebeldes de Río Abajo fue interpretada por Ramón Arias con estas palabras: “Aunque los indios ya no necesitan de Túpac Amaru ni Cataris para rebelarse, pues han quedado aficionados a la matanza y al robo”33. Claro está, tanto la matanza como el robo no solamente eran atribuibles a los indios, puesto que las fuerzas reales en todos sus ataques mataban a una multitud de indígenas y también robaban cualquier cantidad de ganado y alimentos a los indios. El 20 de abril, Ramón Arias, con uno de los cañones de campaña de su tropa, logró desalojar a buen número de insurgentes que estaban atrincherados en la estancia de Ovejuyo (camino a Palca), y luego persiguió 32 Ibid. Carta de Ramón Arias al virrey Juan José de Vértiz. La Paz, 6 de abril de 1782. 33 Ibid.

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a los rebeldes empujándoles hacia el camino a Collana y Cohoni, hasta las faldas del cerro de Illimani, con sólo uso de fusil y artillería34. Tanto la expedición sangrienta al Río Abajo como el desalojo de los indios del valle de Calacoto-Ovejuyo fueron planificados y ejecutados de común acuerdo por Segurola y Arias, aunque Fernando Márquez de La Plata sólo reconoce la intervención del primero declarando: “…todo a esfuerzos de su eficacia y desvelo, quien a pocos pasos halló los enemigos armados, atrincherados, y resueltos en oposición a los que repetidas encuentros venció y castigó, quemándoles sus pueblos, matando muchos rebeldes, quitándoles armas, ganados, comidas, sin pérdida de un hombre hasta el presente, excepto dicho Comandante que persiguiendo un rebelde se hirió en un pie; hasta esta fecha se hallan castigados los pueblos de Obejuyo, Palca, Collana, Mecapaca, etc. “35.

Prosiguiendo con la expedición hacia otro lado de la cordillera, Ramón Arias penetró a los Yungas con el objeto de pacificar a los pueblos sublevados de esa región subtropical. Mientras tanto, en Río Abajo la rebelión indígena aún persistía, de modo que el mismo Segurola tuvo que marchar al lugar de los acontecimientos y “lo pacificó sin combatir, y a mediados de junio de 1782 retornó a La Paz”36. A pesar de ello, se sabe que el 11 de enero de 1783 los indios rebeldes del sector de Calacoto en una de sus incursiones al campamento real consiguieron sorprender y derrotar a sus ocupantes37. Sin embargo, en el altiplano, a fines de diciembre de 1781 la rebelión indígena logró ser controlada con la pacificación de Ulloma, en la provincia 34 ALP. EC. 1790-1791, fs. 4-5. Certificación que otorga Ramón Arias a Pedro Benavente. Arequipa, 30 de agosto de 1782. 35 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz, leg. 2, 1779-1782 (5-5-3). Carta de Fernando Márquez de la Plata al virrey Juan José de Vértiz, La Paz, 28 de abril de 1782. 36 Valcárcel 1965, p. 200. 37 ALP. EC. 1783, s/f. Denuncia de Hilario Mamani sobre unos trastes.

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de Pacajes. Esta misión fue encomendada al cacique de Copacabana, Manuel Chuquimia, quien, en calidad de juez pacificador de la provincia de Pacajes, en el pueblo de Calacoto, levantó las primeras diligencias sobre la participación de algunos “indios principales” de Ulloma en la rebelión katarista. Tenía como escribano a Juan Manuel de Cáceres, un hombre quien acababa de participar como soldado voluntario en la defensa real durante los dos cercos a la ciudad de La Paz. En Ulloma los hermanos Pablo y Pascual Sánchez, con la eficaz colaboración de algunos hombres importantes del lugar, habían sublevado a la gente en apoyo al movimiento de Túpak Katari con sólo mostrar las copias de los autos seguidos por Tomás Katari, de Macha, y la carta de “Gabriel Tupa Amaro”. Este hecho fue confirmado por los testigos que prestaron su declaración informativa al mencionado juez pacificador: “… con cuyos documentos echaban gente a los altos de la ciudad de La Paz a que diesen combate y los referidos papeles se encontraron con rara casualidad en poder de dicho Sánchez cuyos originales no los ha querido manifestar”38.

Pablo Sánchez (natural de Ulloma) era plumario de los sublevados y Pascual Sánchez (hermano de aquél) Capitán Mayor de la provincia de Carangas y del pueblo de Totora, Francisco Tito desempeñaba el cargo de “apoderado” y Andrés Maldonado fue sargento mayor de la banda del rebelde Julián Apaza”. Uno de los testigos aseguró que Pablo Sánchez y el cura Antajosa lograron reunir “a los mozos en la estancia llamada Saiguana”39, donde concentraron mucho gente para trasladarla a la ciudad de La Paz. 38 ALP. EC. 1781, fs. 1-5. Autos seguidos contra los hermanos Pablo y Pascual Sánchez, indios de Ulloma, ante el juez pacificador, Manuel Chuquimia, por promover la rebelión a favor de Julián Apaza. 39 Ibid.

Antecedentes de los Revolucionarios Por otra parte, podemos señalar que, durante la sublevación y después de ella, hubo una serie de hechos violentos entre los contendientes, como ser asesinatos, saqueo de bienes, secuestro de ganado, traiciones, etc. En la región del lago Titicaca, Melchor Condori, indio del ayllu Sapana de la jurisdicción de Guaqui, después de recibir el indulto en Peñas, el 13 de noviembre de 1781 se enroló como soldado voluntario en una compañía real de naturales cuyo cuartel estaba en Tiwanaku. Al encontrarse en su nueva situación, no tuvo reparo en denunciar a los indios de Chucuito que insistían en sublevarse “despreciando el perdón e indulto general”. Para demostrar su fidelidad a los españoles y a la causa real, obsequió diez ovejas de Castilla a las autoridades para la manutención de los soldados voluntarios que se encontraban encuartelados en el pueblo de Tiwanaku40. En Yungas uno de los principales capitanes de la insurgencia fue Eugenio Tarifa, quien sacó del pueblo de Yanacachi y de los montes “a los españoles y españolas, y a los demás que quedaron en el pueblo matándolos a palos”. Después de realizar estos actos, marchó sobre La Paz, uniéndose a los insurgentes de Chulumani y otros pueblos que llegaron hasta El Alto41. Entre los caciques que peleaban en Yungas contra los insurgentes, se distinguió el cacique y gobernador de Chulumani, Dionisio Mamani, quien murió en una de las batallas de Río Abajo. El Subdelegado de Yungas poco más tarde alabó sus méritos con estas palabras: “Sin duda alguna son ciertos y constantes los méritos que contrajo Don Dionisio Mamani Indio Principal de la comunidad de Chulumani en todo el tiempo que sirvió de cacique y gobernador de las �� ALP. EC. 1782, s/f. Licenciamiento de Melchor Condori. �� ALP. EC. 1783, s/f. Autos seguidos por las autoridades contra José Mamani, oriundo de Jesús de Machaca, quien estuvo trabajando durante la rebelión en las chacras de Eugenio Tarifa, en Yungas.

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parcialidades de Yunca y Taxma; supo desde luego distinguirse entre sus connaturales tanto por sus nombres procedimientos cuando por sus notorias aplicaciones al servicio del Rey y la Patria”42.

Los indios que no colaboraban a la causa de la rebelión corrían la misma suerte que los criollo-españoles. Por ejemplo, un “indio principal” de Curahuara de Pacajes fue muerto por los rebeldes a la vista de su esposa. Sus bienes fueron saqueados “hasta el extremo de dejar la casa vacía y sin ningún corto polvo de utilidad”. Los participantes en esta represalia fueron los de Curahuara y Callapa43. El indulto otorgado por la Corona a los insurgentes no fue respetado por algunos caciques. Así, un indio comerciante de la provincia de Pacajes después de haber sido indultado regresó a su comunidad y luego reinició sus acostumbrados viajes al valle de Cochabamba, llevando los productos del altiplano para trocar con los productos del mencionado valle. Pero cuando regresaba éste a su casa en compañía de su hermano, con cinco fanegas de trigo embolsado en diez costales, fue apresado por el cacique Francisco Carvajal. Este último, inmediatamente y “sin dar cuenta ni razón ni conocimiento de causa, lo mandó ahorcar en la plaza pública” de Caquiaviri en presencia de su hermano, y a éste dejó libre luego de secuestrar todo el cargamento de trigo44. Después de la muerte de los caudillos indígenas Tomás Katari, José Gabriel Condorcanqui (Túpak Amaru) y Julían Apaza (Túpak Katari), a pesar de la persistencia bélica de los indios en algunas regiones andinas, 42 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz, leg. 6, 1795-1796 (5-6-1). Expediente de Martín Romero Mamani sobre la confirmación “en el cacicazgo de Chulumani”, Partido de Yungas. La Paz, 17 de octubre de 1796. 43 ALP. EC. 1783, s/f. Andrea Apaza, viuda de Bernardo Mamani, pide la satisfacción de sus bienes y la muerte de su esposo, daños ocasionados por los rebeldes. 44 ALP. EC. 1786 (hoja suelta). Denuncia ante el Gobernador Intendente de La Paz de Agustín Condori contra Francisco Carvajal por la muerte de su hermano. La Paz, 26 de enero de 1786.

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la rebelión indígena fue controlada por la fuerza regular. En 1784, entre las provincias sublevadas, se encontraban apaciguadas las de Tinta, Quispecanchi, Calca, Paucartambo, la mitad de Paruro, Lampa, Azangaro y Caravaya en el Perú, y, en el Obispado de La Paz, Puno, Achacachi, Pacajes, Sicasica y demás provincias. Acerca de esta realidad, Rafael Sahuraura Tito Atauchi comentaba que “todas las provincias predichas, con sus pueblos, hoy gozan de tal suavidad con sosiego, comunicación, confraternidad y una total sujeción, con rendimiento a la Corona de España; presumo estar hoy mejor sus gentes y más humildes que antes; porque están muy convertidos, con rendimiento serviciales…”45. Sin embargo, la sublevación indígena dejó una profunda impresión en los grupos sociales, en todo caso en el sector criollo. A la Corona seguirá preocupando la crisis de la mano de obra indígena que afectaba a la explotación de las minas de Potosí, porque su conservación dependía de la contribución de la tasa real. 1.2. Las conspiraciones contra las autoridades reales en La Paz Las conspiraciones criollas contra las autoridades reales eran frecuentes a fines del siglo XVIII en la ciudad de La Paz, aunque no llegaban a producirse levantamientos como en las ciudades de Cochabamba y Oruro, con Calatayud en 1730, Flores en 1731, y Juan Vela de Córdoba, Pachamira y Castro en 1739. Las conspiraciones además estaban secundadas con unos panfletos llamados “pasquines” que a veces movilizaban a las 45 AGI. Audiencia de Lima, leg. 76. Cita en la colección documental de la Independencia del Perú. Tomo II, Vol. I. Lima, 1971.

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autoridades para dar con sus autores anónimos. Esas hojas escritas en un lenguaje popular y humorístico, criticaban a las autoridades, sus actos de gobierno y sus privilegios. Los protagonistas de estos hechos sin duda eran los criollos y podían ser los mismos chapetones. Estos grupos formaban dos partidos políticos de tendencias opuestas mostrando sus diferencias ideológicas o de clase en sus manifestaciones públicas. Así, los criollos se sentían -dice Otero- postergados, “llenos de resentimiento frente… a los llamados aristócratas”46. Es decir, su descontento se mostraba a través de la protesta abierta contra la situación reinante con acciones de hecho a veces sin mayor trascendencia popular, mientras que otros se sentían ofendidos o atacados por aquéllos. Es cierto que en principio todos actuaban en nombre de la Corona, y sólo más tarde uno de esos grupos manifestó su deseo por la independencia de las colonias hispanas. Desde mucho tiempo atrás los criollos habían estado reclamando su participación activa en los puestos claves de la administración y política del gobierno colonial. Muchas veces, como no conseguían sus objetivos, reaccionaban contra las autoridades del gobierno real con más indignación. Pero la sociedad criolla, que necesitaba la mano de obra indígena para sus granjerías, por sus intereses económicos, no tenía interés en la liberación de las masas indígenas que estaban sometidas a pesadas cargas de trabajo desde hacían dos siglos de coloniaje. Como hemos visto anteriormente, el indígena supo demostrar su descontento al levantarse en armas contra sus opresores en 1781 y 1782 porque después de ese acontecimiento, las manifestaciones de protesta contra el régimen colonial se generalizaron a todas las capas sociales del Alto Perú. Una 46 Gustavo Adolfo Otero. Vida Social en el Coloniaje. La Paz, Biblioteca del sesquicentenario de la República, 1975, p. 4.

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de las demostraciones del antagonismo entre criollos y españoles, que se menciona a continuación, fue protagonizada por un grupo de anticriollos. El 24 de enero de 1776 un grupo de europeos (apodados “chapetones”) encabezado por tres caudillos (Manuel Franco, Juan Bautista y Antonio Hano y Protacio de Armentia) del regimiento de dragones de las fronteras de San Antonio Abad de Zongo (provincia de Larecaja), alteraron el orden público en la catedral de La Paz, al disputar el uso de las sillas con los miembros del cabildo en ocasión de la fiesta de la Patrona de Nuestra Señora de La Paz47. Este incidente no terminó ahí, sino que los citados europeos, luego de abandonar la catedral, realizaron una manifestación pública contra los miembros del cabildo originando un escándalo en las plazas y calles de la ciudad. No contentos con esto, además, a voz en cuello insultaron a los del cabildo en forma pública “sin reservar a nadie, y que brotaban sentimientos de quejas contra el cabildo”. Según uno de los testigos confidenciales, Manuel Franco vociferó “que tenía sus papeles en su casa de quién era su persona; que mejor era la suela de su zapato que todos los del cabildo eran esos unos pardos, unos cholos y unos hijos de P”48. Este tipo de manifestaciones de los europeos contra los criollos sin duda eran frecuentes, particularizando a los cholos, lo cual demuestra la clara diferencia social que existía no solamente en la vida cotidiana o particular, sino también en todos los actos oficiales y religiosos. Por otra parte, Manuel Franco quien fue uno de los europeos que participó en la defensa de la causa real durante la rebelión de Túpak Katari, fue acusado de ser usurpador de tierras y cocales que tenían 47 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz, leg. 7, 1797-1799 (5-6-2). Testimonio de los autos seguidos por el Ayuntamiento contra los oficiales de plana mayor y demás subalternos de la doctrina de Zongo. 48 Para los europeos o chapetones, la gente del cabildo era una mezcla racial; hasta cierto punto los mismos criollos parecían unos pardos.

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descubiertos “unos indios miserables del pueblo de Zongo de la provincia de Larecaja”. También se acusó a los chapetones que, encabezados por José de Castillo (montañes de nacionalidad), habían suscitado un motín de indios en la provincia de Pacajes49. Se dijo que la ciudad estaba infectada de confederaciones que se prestaban fácilmente para levantar y fulminar “con cualquier ápice”. Otro de los desórdenes que conmovió a La Paz, aunque sin mayores consecuencias fue el conato de José Pablo Conti, Gobernador Intendente de la ciudad. El 8 de enero de 1795, Conti, después de conocer los supuestos planes conspirativos del Comandante Militar de La Paz, Joaquín Antonio Mosquera, contra su gobierno, denunció a éste por haber intentado consternar y conmover la ciudad aumentando la munición de guerra y poner “sobre las armas la guarnición de tropa” para prender al gobernador, luego de haber realizado “largas y secretas conferencias” en su casa con Diego Quint Fernández Dávila50. Ese mismo día, Conti, en la casa del señor Tiburcio León de la Barra, se ocupó de la situación creada por el comandante llamando a su presencia a los caciques de las parroquias de San Pedro y San Sebastián, con el propósito de prevenir cualquier desorden que pudiera producir contra su persona y gobierno. Para esto, ordenó que “estuvieren prevenidos cada rato unos cuatro hombres buenos para aprehender una cuadrilla de ladrones” que entrarían en la ciudad a protagonizar robos. Pero como no ocurrió nada, los caciques de dichas parroquias se retiraron a sus casas. El presunto tumulto por producirse fue considerado como consecuencia de la elección de alcaldes, en la que 49 AGN (Buenos Aires) Intendencia de La Paz, leg. 1797-1799. Citado anteriormente. 50 Carlos Ponce Sanginés. “El conato de José Pablo Conti en La Paz”. En: Jornadas peruano-bolivianas de estudio científico del altiplano y del sur del Perú, Tomo V. La Paz, Editorial Casa Municipal de la Cultura “Franz Tamayo”, 1977, p. 37.

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uno de los candidatos electos fue desconocido por Conti por ser deudor de reales tributos. En esa ocasión fue elegido el señor Juan Pedro Indaburo como alcalde ordinario de segundo voto. La supuesta conspiración de Mosquera contra el mencionado gobernador queda cuestionable, a pesar de que se rumoreaba que el comandante “sería en breve gobernador” y que era evidente la alerta puesta a la tropa sobre las armas. Hasta el momento de la aparición de un pasquín anónimo en el mismo sentido, la denuncia de Conti parecía reducirse sólo a su persona. Pero, luego de conocerse el contenido del pasquín, la cosa cambió inmediatamente, porque el movimiento criollo estaba conspirando contra Mosquera, tal como se puede apreciar en un texto anónimo que decía: “los padecimientos de los miserables criollos se han experimentado todos los días de los tiranos europeos, como hasta el día de hoy bien sabe el hecho del triste albañil que llegó ayer, que ya quiere ejecutar ó ha ejecutado de prender á un señor gobernador”. Más adelante agrega: “si el señor Doctor Conti no le cuelga, serán colgados todos sus inicuos perversos y sayones soldados, y el Comandantillo servirá de vadajo con el se dará una campanada para trofeo de nuestra dicha y no decimos mas hasta otras ordenes”51. Como no podía ser de otra manera, el tribunal de la Audiencia de Charcas, una vez analizados los antecedentes y la conducta de cada uno de los jefes, reprobó la del gobernador calificándola de “punible”, “pues preferido evitar el atentado que figuraba contra su dignidad, y carácter á la quietud pública expuso á aquella ciudad aún trastorno y conmovió…” Además, el tribunal solicitó al virrey Nicolás de Arredondo el nombramiento de un nuevo gobernador interino y también otro comandante 51 Ibid. p. 157.

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de armas, en reemplazo de los señores Conti y Mosquera, para evitar las futuras consecuencias que pudiera causar un trastorno violento en La Paz. A este incidente no fueron ajenos algunos revolucionarios del 16 de julio como ser Juan Pedro Indaburo (alcalde ordinario de 2º. Voto), Tomás de Orrantía (administrador general de las Reales Renta de tabacos y naipes) y Josef Ignacio Ortiz de Foronda (alcalde de 1er. Voto de la Santa Hermandad). Ese mismo año, en la madrugada del 29 de marzo de 179552, en ocasión de la fiesta de Ramos, fueron pegados dos pasquines en la ciudad de La Paz; uno en la puerta del coronel Diego Quint y el otro en la puerta de la catedral. Estos pasquines estaban dedicados al señor comandante Mosquera. La ciudad de La Paz, ya alarmada por la mencionada denuncia de Conti, además y desde el día anterior 28 de marzo, se encontraba “sobrecogida” por la noticia de “haberse avistado bajeles francesas” en la costa del océano Pacífico cerca al puerto San Marcos de Arica. Efectivamente, la aproximación de estos supuestos navíos de guerra de origen francés al citado puerto inquietó a las autoridades reales porque, aunque no podía “cometer al centro de la sierra”, podía motivar a la gente revoltosa a aprovechar circunstancias con el objeto de crear desasosiego en la población paceña53. Los antecedentes referidos nos permiten ver a Mosquera, en dos oportunidades, como el blanco de los criollos de La Paz. Y es que los pasquines, como manifestación anónima de ideas contrarias a la situación reinante, trataban de reflejar la realidad social y política colonial en crisis. Por ello calificaban a Mosquera de “triste albañil”, “comandantillo”, 52 Roberto Choque Canqui. “Dos pasquines de 1795”. Presencia Literaria. La Paz, 28 de noviembre 1976. 53 Ibid.

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“Moscon”. Acudían a un lenguaje metafórico como éste: “Vivid con todo recelo y si quereis perecer Mosquera os podrá ofrecer con su comandancia el cielo y acabó con su sentencia”54. Las conspiraciones que acabamos de mencionar, si bien no se pudo comprobar si tenían alguna conexión con otras similares en otros lugares del Alto Perú, de cualquier modo marcaban los pasos progresivos hacia un movimiento revolucionario criollo identificado con el suelo americano. Apenas transcurrida una década después del supuesto complot de Mosquera contra el gobernador José Pablo Conti, este último y los criollos de La Paz Tomás Rodríguez Palma (uno de los destacados comerciantes entre las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba), Carlos Torres, Romualdo Herrera, Pedro Domingo Murillo y otros, se vieron comprometidos en un frustrado complot contra las autoridades reales de La Paz. Hasta ese momento, no se había producido una conjura de mayor alcance revolucionario y vinculado con otra similar en la ciudad del Cuzco. Pero, como se indicó en la primera parte de este capítulo, en La Paz existían varias confederaciones políticas. Indudablemente Tomás Rodríguez Palma pertenecía a uno de esos grupos, ya que con frecuencia reunía gente en su tienda con el propósito de proclamar la república en la provincia de La Paz. Y la idea de un gobierno republicano fue difundida, además de otros medios, a través de los pasquines que eran pegados en las esquinas o en las puertas de los edificios de la ciudad para encender la revolución. Sin embargo, el movimiento revolucionario del Cuzco fue develado antes de su estallido a causa de la delación del teniente de granaderos del regimiento de Pacuartambo, Mariano Lechuga, quien ante las autoridades en su declaración del 27 de junio de 1805 confesó ser el principal delator: 54 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz. Leg. 6 (5-6-1).

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“Que los motivos de hacer la declaración son los sentimientos de fidelidad, que le son imprescindibles, en memoria de las cenizas de sus predecesores, que notoriamente han acreditado el mayor amor al soberano. Que no tiene evidencia de poder acreditar su aserto, por no ser fácil y si imposible que los acusados hayan comunicado su pensamiento a persona alguna; y que con la advertencia el declarante de esta dificultad hizo la declaración á precaución, y por no parecerle regular pasar en silencio cosas de tanto peso, aunque de ridículos principios, por lo que repite el declarante se resolvió á la declaración para solo cortar las consecuencias o perjuicio que tal vez pudiera seguirse á la Corona, y los fieles vecinos de esta república…”55.

A consecuencia de esta declaración, los principales cabecillas del movimiento revolucionario fueron capturados y sometidos a un proceso penal. El 5 de diciembre de 1805 los próceres del movimiento revolucionario José Aguilar y Manuel Ubalde fueron ejecutados en la plaza mayor de la ciudad del Cuzco56. En conocimiento de esta conjura, el movimiento conspirativo paceño fue fácilmente develado por el gobierno con la delación de Carlos Torres a su cuñado Francisco Monterior que a su vez lo denunció a las autoridades de la Intendencia. Para evitar su inmediato estallido, el Gobernador Intendente Antonio Burgunyó decretó la detención de los Palma y Carlos Torres, con el allanamiento de sus domicilios e incautación de papeles y armas que pudieran existir. En cumplimiento de esta orden, el 30 de julio de 1805 a las 11 de la noche el ayudante mayor de batallón Juan Pedro Indaburo, con 55 AGN (Buenos Aires). 1805. Proceso seguido a Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde por la conspiración cuzqueña de 1805. Transcripción de G.C. Balsa y Carlos Ponce Sanginés. En: Illimani, No. 2, p. 118, 1972. 56 Revista Histórica del Cuzco, No. 1, p. 231, 1950.

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varios soldados, sorprendió a Tomás Rodríguez Palma en su casa cuando éste “se encontraba enfermo de hernia, sin que sus hermanos se hallaran presentes”57. A pesar de su enfermedad, lo “llevaron a la cárcel en una manta”58. Mientras tanto, el chulumañeno Carlos Torres “Siete Jetas” logró escapar por “los texados”, ayudado por su amigo Manuel Rodamonte con quien se encontraba en ese momento, hasta acogerse en el convento de San Francisco. Pero Rodamonte fue tomado preso, aunque “se figuró enfermo” para no ser apresado, y fue conducido al “cuartel de la tropa veterano” por seis “hombres en una manta” en forma pública cumpliendo el “encargo particular del gobierno” para prevenir su fuga59. Indudablemente tanto Rodamonte como Torres vivían “en una misma casa”60, éstos además de Murillo, eran papelistas e intrépidos pasquineros. El apresamiento de los conjurados por Indaburo suscitó el rencor de ellos y del mismo Murillo contra su captor. Evidentemente Indaburo se percató de ello y se quejó al virrey Marquez de Sobremonte, en su oficio del 17 de mayo de 1806, diciendo: “Formose por el señor Gobernador Intendente un proceso de insurrección contra algunos que la premeditación: comisionaseme como Ayudante mayor del Batallón de milicias disciplinadas de esta ciudad, la captura de los reos: se me encarga la prisión de Pedro Murillo: aseguro a los unos, se me oculta este, y las activas diligencias que practicó en su solicitud, lo irritas y exasperas, y hacen que me constituye el blanco de sus iras y el objeto de sus venganzas”61.

Como no logró Indaburo la captura de Pedro Domingo Murillo, 57 Valentín Abecia Baldivieso. La revolución de 1809. La Paz, Biblioteca Paceña, Alcaldía Municipal, 1954, p. 49. Cf. ALP. EC. 1808, s/f. Declaración de Justo Saavedra. 58 ALP. EC. 1808, s/f. Auto criminal seguido por Manuel Rodamonte con�� tra Angel Claros. 59 Ibid. 60 Ibid. 61 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz. Leg. 6 (5-6-1).

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molesto contra éste, solicitó al Intendente que ordenara su destierro de La Paz a fin de que –decía– fuesen menos los enredos y disgustos. Además, para justificar su actitud, informó al virrey sobre los antecedentes familiares de Murillo y su práctica del oficio de abogacía frente a los juzgados, en los siguientes términos: “No es menester agitar esta causa para que el celo de V.E. pueda ordenar su salida de esta Provincia; Pedro Murillo es casado: su consorte se halla en la Villa de Potosí hace años; y el vive entregado en esta aun público y escandaloso concubinato, de cuias resultas tiene una prole bastante crecida, con total abandono de sus principales obligaciones. Como es dable sufrir tantas calumnias de un sugeto de esta naturaleza, sin hacer presentes sus excesos á esa superioridad... No crea V. E. que Pedro Murillo sea profesor del derecho; no es mas que un atrevido pendolista, que a la frente de los juzgados mantiene mas despacho que los abogados de la mejor nota, sin temor el castigo que merece, según las Leyes, como ruinas de los Pueblos”62.

Por su parte, el intendente Burgunyó comunicó al virrey del Río de La Plata haber ordenado a Murillo que saliese de La Paz para juntarse con su mujer que se encontraba en Potosí desde hace un año. En cuanto a la queja de Indaburo contra Murillo, manifestó que no tenía claro los motivos de acusación. Al contrario, aseguró que su autoridad no encontró nada serio sobre la pretendida participación de Murillo en la conspiración premeditada de 1805: “… debo exponer á V.E. que desde mi ingreso á esta Provincia encontré en ella con pública residencia á Murillo, no obstante que en tiempos pasados hubiese cometido el delito de falsario, según de 62 Ibid.

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asegura; … Por mi parte, no hubiera sido interrumpido su reposo si no ocurre el grave suceso de la insurrección que premeditó en ella; pues mediante á haberse recelado de la conducta de éste individuo, fue uno de los que se trataron de asegurar hasta ver el resultado de la pesquisa; y como lo obrado no presentase para más que un serio apercibimiento, se decretó su soltura en los términos que contiene el proveído que en copia incluyó á V.E. Sin embargo de hallarse en la causa principal remitida y a ésa superioridad, en la qual advertirá su alta penetración, se tuvo también presente corregirle sobre los excesos por incidencia pudieron translucirse, y tal vez sean los mismos de que ahora le acusa Indaburo; ello es que, despreciado el pretexto que me expungo de que tenía promovida su instancia de divorcio, le obligué á que precisamente saliera de ésta ciudad a la villa de Potosí, o á unirse con su mujer o á seguir la instancia insinuada”63.

Sin embargo, no se sabe si Murillo, acatando la orden del gobernador Burgunyó, salió de la ciudad de La Paz para unirse con su mujer en Potosí o se quedó en ella con su concubina luego de divorciarse. En cuanto al referido ejercicio de falso abogado o profesor de derecho, es evidente que en 1787 algunos abogados de La Paz le siguieron un juicio al respecto en la intendencia de esta ciudad, asunto al cual se volverá con mayor detalle más adelante. Las autoridades, una vez presos Tomás Rodríguez Palma y sus cómplices, tomaron las respectivas declaraciones a los conjurados con el objeto de averiguar el grado de participación de cada uno de ellos en la mencionada conspiración. Según las confesiones de José Mariano Montesinos, uno de los asistentes a las reuniones en la casa de Tomás 63 Ibid. Carta del señor Intendente Burgunyó al señor virrey Márquez de Sobremonte. La Paz, 17 de diciembre de 1806.

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Rodríguez Palma aseguró que las conversaciones versaban sobre el establecimiento de un nuevo gobierno, y esto se debía lograr a través de una revolución. Los principales motivos de esa revolución, según Montesinos, fueron los siguientes: 1. No existía Rey en España, por consiguiente era la mejor oportunidad para quitarles de una vez por todas los “pechos”, es decir los impuestos consistentes en alcabalas y sisas. 2. Y “la Corte” no se había dignado comunicar las novedades al Perú sobre los acontecimientos en la península y sólo lo hacían “a otras Naciones”. El nuevo gobierno, luego de la revolución, debía adoptar las medidas económicas y sociales en los siguientes aspectos: 1. A ningún particular “se le debía quitar un medio real”; vale decir nadie podía ser objeto de algún despojo por causa de la revolución, sino participaba en ella. 2. La plata depositada en las Cajas Reales, debía “servir para el bien de la República”, y debiendo esta institución en adelante llamarse LA CAJA NACIONAL. 3. Los llamados “pechos”, que hemos mencionado, debían quitarse o abolirse. 4. Los indios debían seguir pagando los tributos con los cuales “podía correr el mismo señor Intendente si se avenía a ser republicano, quedando siempre superior de todos”. Pero el tributo no solamente debía ser para el beneficio de la República, sino también para los mismos indios64. �� Ponce Sanginés y García 1953. Vol. I, p. IV.

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Como se acaba de ver en la parte anterior, según las declaraciones de Montesinos, la incidencia de los acontecimientos bélicos que acontecían en Europa determinó a los revolucionarios acelerar sus acciones conspirativas puesto que en esas circunstancias la derrota de Francia y España en Trafalgar, frente a Inglaterra (21 de octubre de 1805), fue un suceso adverso para la Corona española; como consecuencia de ello, el primer ministro de Carlos IV, Manuel Godoy cambió su actitud al separarse de su aliado Francia para aliarse con Inglaterra. En vista de ese semejante comportamiento de Godoy, Napoleón Bonaparte tomó la resolución de acabar con la dinastía borbónica en España, lo cual precipitó a la Corona española en su total crisis. Los postulados de la revolución de 1805, según Manuel M. Pinto, fueron resumidos en los siguientes puntos: “confederación de cabildos, constitución de repúblicas, municipales independientes, administración propia en los órdenes de justicia, hacienda, policía y gobierno; rehabilitación de la raza mediante el propio gobierno de los nativos sin excluir del advenedizo supedito por el elemento nacional”65. Los referidos postulados sin duda favorecían más a los criollos que a otros sectores sociales, puesto que a los indios se mantenía en el gobierno de sus caciques, perpetuando la servidumbre y el pago de los tributos. Mientras, para los criollos se propugnaba la liberación del pago de alcabalas y sisa, llamados los “pechos”, con el objeto de beneficiar sus intereses económicos, ya sea en el comercio y los productos de sus haciendas. Las juntas o reuniones, como dijimos, se realizaban en la tienda de Tomás Rodríguez Palma, de donde indudablemente Torres y Rodamonte sacaban los pasquines y las cartas para enviar a diferentes provincias. Los �� Manuel M. Pinto (h). “La Revolución de la Intendencia de La Paz”. En: Carlos Ponce Sanginés y Raúl Alfonso García. Documentos para la Historia de la Revolución de 1809, Vol. I. La Paz, Biblioteca Paceña, Alcaldía, 1953, p. 57.

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conjurados, para extender mejor sus acciones revolucionarias, organizaban varias comisiones que iban a diferentes lugares con el objeto de convocar a la gente a reuniones en las cuales comunicaban los propósitos de la revolución. Los hermanos Nicolás y Melchor Palma se encargaban de recorrer los lugares comprendidos entre La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí. Además tenían personas comisionadas, en Oruro, a Montesinos; Potosí, a Jacinto Loayza y Cochabamba, a Pascual Mendoza; mientras Romualdo Herrera iba comisionado a Sorata para alistar tropas y comprar armas. Puesto que, según la denuncia, el movimiento conspirativo ya contaba con unos 800 hombres y armas66. Luego de terminar su recorrido los mencionados Palma todos se dirigían a La Paz y remataban en la tienda de Tomás Rodríguez Palma67. Las referidas comisiones debieron estar encaminadas para interpretar los postulados de la revolución y más que todo informar sobre los últimos acontecimientos generados en la península ibérica y la situación crítica del régimen español en América. Tomás Rodríguez Palma, a pesar de su activa participación en el proyectado plan de declarar República a la provincia de La Paz, después del resultado de los acontecimientos en la ciudad del Cuzco y en España, en su confesión ante el teniente asesor Dr. Juan de la Torre Monje y Ortega, al principio trató de no revelar la existencia de “un levantamiento premeditado” en La Paz. Pero no pudo ocultar lo que estaba sucediendo en la capital incaica al manifestar los acontecimientos convulsivos y las noticias que llegaron a La Paz sobre el apresamiento de “varios sujetos en el Cuzco por haber éstos querido levantarse contra las autoridades reales en aquella ciudad”. En vista de esto, los señores Carlos Torres, Romualdo 66 Pinto 1953, p. 47. 67 Ibid. p. 47.

Antecedentes de los Revolucionarios Herrera, José Montesinos y Tomás Rodríguez Palma se reunieron una noche en la tienda de éste para tratar sobre lo ocurrido en el Cuzco. De la plática salió un acuerdo determinando de seguir lo mismo que en el Cuzco, “y aunque al parecer esto hacían cada uno -dijo Palma- por vía de jocosidad”. Desde luego la declaratoria de República a la provincia de La Paz era un hecho; lo cual debía realizarse, según Palma, sin derramamiento de sangre y robos en los bienes de europeos, porque según Carlos Torres, Palma había manifestado “hasta cuándo hemos de estar sufriendo tantos pechos, y así hemos determinado hacer la República, porque el Rey está muerto”68. La frustrada revolución de 1805 tuvo otro personaje que fue Pedro Domingo Murillo que no hizo mucha novedad en esa ocasión. Los señores Montesinos, Rodríguez Palma y Torres hicieron notar en sus declaraciones que Murillo también tuvo su participación en la mencionada conspiración, aunque Rodríguez Palma y Torres en algún momento de sus confesiones trataron de disimular manifestando haber averiguado “lo que había a fondo”69, y que era difícil encontrar a Murillo “a solas” para saber si existía su implicación. Sin embargo, se dejó entrever que ellos estaban “sujetos a las disposiciones de Murillo”; para el asalto, haber ordenado éste a los conjurados que “esperasen la resulta del Cuzco y las de España de la coronación del Príncipe”. Esta presunta complicidad de Murillo fue despejada por él mismo cuando, después de despistar a su captor Juan Pedro Indaburo, se presentó en forma voluntaria en el cuartel para someterse a disposición de las autoridades. Como no podría ser de otra 68 Ponce Sanginés y García 1953, Vol. I, p. XVII. Declaración de Carlos Torres. 69 Ponce Sanginés y García 1953, vol. I, p. XVIII.

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manera, inmediatamente fue interrogado por el teniente asesor Dr. Juan de Torre Monje y Ortega para averiguar sí era evidente su complicidad en el frustrado levantamiento. Sin embargo, el mencionado asesor no logró encontrar en Murillo ningún indicio de haber tenido parte en la frustrada conjura, tal como ratificó el gobernador Burgunyó al virrey poco después de haber ordenado su libertad. Mientras tanto, Tomás Rodríguez Palma, personaje principal del movimiento de 1805, estuvo recluido en la cárcel pública de La Paz. El año siguiente (1806), desde la cárcel, dirigía una nota al secretario del comercio de la ciudad de La Paz, Crisóstomo de Vargas, solicitando que le extendiera un poder general con el nombre en blanco para todos “sus asuntos en la Villa de Oruro y demás lugares”70. Por otra parte, algunas personas, que pretendían tener asuntos pendientes con Rodríguez Palma, presentaban sus solicitudes a las autoridades para que atendieran los reclamos que tenían con el sindicado. Así un vecino de la ciudad de La Paz reclamaba que Tomás Rodríguez Palma había comprado una capa de paño que era suya y la cual fue robada por un salteador en la noche del carnaval de 1804. Dijo además que “este individuo, según notorio y constante a este gobierno, no ha sido la primera vez que ha comprado especies robadas ocultando ladrocinios y amparando a sus autores como que por ello fue excluido de las milicias, y que se le siguió causa criminal”71. Evidentemente el año 1804 Rodriguez Palma estuvo preso por esa causa72. Atendiendo a ese reclamo, el gobernador Antonio Burgunyó ordenó la búsqueda de la mencionada capa diciendo “siempre que esta se 70 ALP. RE. 1806, s/f. Solicitud de Tomás Rodríguez Palma al señor secretario Crisóstomo de Vargas. 71 ALP. EC. 1806, s/f. Juicio seguido por Juan Santayana contra un indio salteador, sobre el robo de una capa. �� Ponce Sanginés y García 1953, Vol. I, p. XVI. Declaración de Tomás Rodríguez Palma ante el Dr. Juan de la Torre y Ortega. La Paz, 16 de agosto de 1805.

Antecedentes de los Revolucionarios halle secuestrada en los bienes de Tomás Rodríguez Palma”73. Pero no se sabe si hallaron la reclamada especie o prenda puesto que entre los bienes secuestrados a Rodríguez Palma, inventariados por Mariano Graneros, no solamente se hallaban las capas sino también habían ponchos, pieles de chinchilla, vicuña, tigre y otras especies o mercaderías74. Posteriormente, otro salteador famoso, nombrado Francisco Ríos, alias QUITA CAPAS, se confesó ante las autoridades el 17 de agosto de 1810 de “haber quitado” en La Paz (a horas 8 de la noche en el año 1809), “la capa a un caballero nombrado Larramendi, sobrino del finado gobernador Antonio Burgunyó, en compañía de un platero llamado Toribio, la misma que vendió a Tomás Palma en veinte y seis pesos, de quien el dueño la recogió cuando el confesante, que declaró la verdad, y a su virtud el comprador entregó la capa perdiendo los veinte y seis pesos”75. Por su parte, Gabriel Cordero (padre de Juan Cordero, futuro revolucionario de 1809, en 1806 seguía un juicio ejecutivo contra los bienes de Tomás Rodríguez Palma por una deuda de cien pesos, importe de varias especies que había dado al fiado con destino a la venta en la tienda de éste76. El proceso seguido por las autoridades de la Intendencia de La Paz contra Tomás Rodríguez fue remitido al virreinato del Río de La Plata en virtud del oficio de 26 de diciembre de 1805, y el 19 de diciembre del año siguiente (1806) el expediente fue devuelto a La Paz. La sentencia fue dictada por el gobernador Burgunyó el 13 de enero de 1807, condenando a Palma a un “destierro perpetuo de la provincia…”77. De este modo Tomás 73 ALP. EC. 1806, s/f. Juicio seguido por Juan Santayana contra un indio salteador, sobre el robo de una capa. 74 Manuel Carrasco. Pedro Domingo Murillo: abanderado de la libertad. Buenos Aires, Editorial Ayacucho, 1945, p. 26. 75 Gunnar Mendoza. Causa criminal contra Francisco Ríos el Quita Capas 1809-1811. Sucre, Universidad Mayor de San Francisco Xavier, 1963, p. 40 y ss. 76 ALP. RE. 1806, s/f. Poder especial: Gabriel Cordero a José Miguel Abendaño, procurador de causas. 77 Pinto 1953. “La Revolución de la Intendencia de La Paz”. En: Ponce Sanginés y García 1953. Documentos

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Rodríguez Palma fue inhabilitado de poder seguir con sus actividades comerciales en La Paz. Según Nicanor Arañases, además Palma había sido condenado en todas las costas del proceso entregándole los demás bienes embargados. Al tiempo de tasar las costas que alcanzaron a cuatrocientos ochenta y dos pesos, dos y medio reales, el escribano confesó de haber una rebaja de ciento cincuenta pesos, costo del testimonio que le entregó Juan Ayeste Palma. De todos modos, Palma y los demás correligionarios sólo pudieron salvarse de la crítica situación mediante el desembolso de fuertes sumas de dinero por José Ramón de Loayza78. Los levantamientos de los grupos contrincantes, entre criollos y europeos, parece que derivaron al movimiento criollo y su afianzamiento hacia los levantamientos revolucionarios contra el régimen imperante a través de las conspiraciones antirreales. De este modo, el movimiento revolucionario de 1805, por su organización y la estructura de sus objetivos, mostró, con la idea de declarar República a la provincia de La Paz, su carácter independentista de la Corona y de los españoles que pretendían mantener sujetos a los pueblos americanos a su hegemonía.

para la Historia de la Revolución de 1809, Vol. I, pp. 53 y XXIV. 78 Nicanor Aranzaes. Diccionario Histórico del Departamento de La Paz. La Paz, Editora Talleres Gráficos “La Prensa”, 1915, p. 659.

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1. 3 Síntesis de la revolución del 16 de julio de 1809 El descontento de las clases populares (criollos, mestizos e indígenas) en las postrimerías del siglo XVIII fue creciendo cada vez más, por una parte, contra las autoridades reales y, por otra, contra los abusos a que estaban sometidos los segundos en las ciudades o poblaciones altoperuanas, especialmente en las de La Plata y La Paz. En este sentido la presencia de nuevas clases sociales (como son la criolla y mestiza) en rebeldía en Hispanoamérica fue cuestionando a la sociedad colonial y a la Corona española, reclamando un trato justo y propia determinación política y social. Por eso iban surgiendo los levantamientos en varias partes contra el “mal gobierno y sus chapetones”. A la postre, surgió la idea de un gobierno republicano que fue propugnado con mucha resonancia durante la frustrada revolución de 1805 en La Paz. Después de haber transcurrido apenas cuatro años de este suceso, los altoperuanos se sintieron capaces de llevar a feliz término la idea de la independencia, a decir del historiador Lynch que “el primer movimiento hacia la independencia política no se hizo en Buenos Aires, sino en el Alto Perú”79. Entre los años de 1805 y 1809 se perfilaron, además de muchos otros de destacada actuación, sin duda los caudillos Jaime Zudañéz, en La Plata, y Pedro Domingo Murillo, en La Paz. Estos, junto a otros, a pesar de no declararse en contra de la monarquía española que estaba sometida por el invasor napoleónico, al defender los derechos del señor Fernando VII, propugnaron un nuevo tipo de gobierno altoperuano en manos de 79 John Lynch. Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826. Barcelona-Caracas-México, Editorial Ariel, 1976, p. 62.

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los criollos. Sin embargo, por otro lado, cuando se planteaba una nueva realidad altoperuana, por la complejidad de fenómenos sociales, políticos y económicos como consecuencia de la herencia colonial de tres siglos, no les fue posible superar los obstáculos, porque esto requería una labor de mucho tiempo. Sólo los cambios políticos de la península ibérica y el movimiento de grupos revolucionarios que apresuraban la sucesión de sus luchas en toda América española, podían dar mayores ventajas para las causas libertarias que se desarrollaba en beneficio de los propios americanos. Los primeros pasos del grito libertario ocurrieron en la sede de la Audiencia de Charcas; importante centro político, administrativo y jurídico del gobierno español en el Alto Perú dependiente del virreinato del Río de la Plata, cuya autoridad gubernamental representaba, al igual que otras en Hispanoamérica, a los intereses de la Corona española. En ese centro, los universitarios de Chuquisaca, entre altoperuanos y argentinos, se contagiaron de las ideas liberales en base a algunos estudios filosóficos y de derecho. Es cierto, esos estudios que realizaban en la universidad poco podían servir a los pensadores para formular sus ideas de liberación sin haber conocido las obras de los pensadores liberales de Europa, tal como Moreno dice: “en Santo Tomás aprendían sin duda ninguna los estudiantes de Chuquisaca sobre el derecho de resistencia al poder tiránico, sobre nulidad de las leyes injustas, sobre formas que contenían oculto el germen de opiniones que acabaron por concretarse en contra del yugo español”80. Siendo que los jesuitas desde la fundación de la Compañía habían mantenido a la Universidad de Chuquisaca en el estudio de la filosofía de Santo Tomás 80 Gabriel René Moreno. Últimos días coloniales en el Alto Perú, La Paz, Librería “La Juventud”, 1970b, p. 76.

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de Aquino, su influencia fue una realidad notable en la mentalidad de los doctores altoperuanos. Aunque la enseñanza tomística mantenía el estado conservador medievalístico, pero sin los hechos convulsivos de mayor envergadura ocurridos en América y España, además de la propagación de las ideas liberales poco accesibles, no se hubiera alterado tal realidad en forma radical y violenta en el pensamiento charquino. Esta coyuntura favorable fue la crisis del gobierno de la Corona española que afectó no solamente al espíritu nacional del pueblo español, sino también a la fidelidad de los pueblos coloniales de hispanoamérica a la Corona; puesto que, según Moreno, ya no existía un gobierno fijo “sino despotismo, transtorno, variación continua, caos de cédulas, órdenes, pragmáticas y declaraciones (etc.)”81. Villalba uno de los cerebros de las ideas liberales, por su parte, reclamaba que el supremo consejo de la nación “no debería componerse de individuos elegidos por el Rey, ni que hubieran hecho toga o la milicia sino ciudadanos elegidos y sorteados de las provincias”82. Entretanto, las ideas liberales debieron propagarse rápidamente entre la gente criolla y su adopción fue muy propicia aprovechando la crisis política de la Corona española. Concretamente, los primeros brotes subversivos antirreales tuvieron que llevarse a efecto debido a los acontecimientos en la península donde la invasión de Napoleón y la abdicación de Fernando VII fue notoria, hecho que Abecia sintetiza en los siguientes términos: “Pero fueron ni Inglaterra ni España los agentes que perturbaron en definitiva el orden colonial. Fue Napoleón quien se introdujo en la política española y que, después de que Carlos IV renunció a la Corona a 81 Ibid. p. 77. 82 Ibid. p. 77.

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favor de su hijo Fernando VII, y luego éste le restituyó a su padre, quien, a su vez la pasó al Emperador francés y éste, finalmente la entregó a su hermano José Bonaparte, últimas hallaron el camino de liberación”83.

Como es sabido, el pueblo español, a través de las juntas tumultuarias, logró organizar una fuerte resistencia a la ocupación y al gobierno impuesto por Napoleón en España. Mientras tanto en América los grupos revolucionarios patriotas inquietaban a las autoridades con sus primeras acciones bélicas en defensa de los derechos de Fernando VII contra la pretendida medida de las autoridades de entregar estas colonias a la princesa de Brasil. Por otra parte, como preludio de la revolución criolla en el virreinato del Río de La Plata, se dio la ocupación de Buenos Aires por las tropas inglesas el 12 de julio de 1806 lo que causó una profunda tristeza, en la sede de la Audiencia de Charcas, a las autoridades civiles y eclesiásticas y no así a la “plebe”84, aunque la expulsión de los ingleses por las fuerzas patriotas de reconquista dirigidas por Santiago Liniers dio un cierto alivio produciendo una alegría corta en la ciudad de La Plata. Pero los ingleses, después de haber tomado Montevideo, volvieron a ocupar Buenos Aires, siendo que la expulsión definitiva fue lograda gracias a la labor desplegada por las fuerzas improvisadas por el primer alcalde, el peninsular Martín de Alzapa. Convertido Liniers en héroe, fue nombrado Virrey interino del Río de La Plata. Pero, posteriormente, los acontecimientos políticos de 1808 en España impactaron en hispanoamérica con el pronunciamiento de los intendentes de las provincias a favor de la causa de Corona española en la 83 Valentín Abecia Baldivieso. El criollismo de La Plata. La Paz, Editorial Difusión Ltda. 1970, pp. 14-15. 84 Gabriel René Moreno. Últimos días coloniales en el Alto Perú. La Paz, Librería “La Juventud”, 1970b, p. 91.

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figura de Fernando VII. Esa oportunidad fue aprovechada por el gobernador de La Paz, Tadeo Dávila para escribir el 17 de febrero de 1809 una carta al Virrey Don Santiago Liniers sobre la oferta del envío de doscientos mil combatientes indios de La Paz (de las provincias de Sicasica, Pacajes, Larecaja y Caupolicán) para defender los derechos del señor Fernando VII, costeados por ellas85. Como se podrá apreciar, Tadeo Dávila no formó parte en el grupo revolucionario, sino se mantuvo en la causa realista durante la revolución y después de ella. A los pocos meses del mencionado ofrecimiento, el 25 de mayo de 1809, en la ciudad de La Plata, se produjo el primer grito libertario (a favor de Fernando Séptimo) con el motín del pueblo a la cabeza de un grupo de revolucionarios animado por el fiscal Jaime Zudáñez. Esto repercutió rápidamente en la ciudad de La Paz y en otras ciudades del Alto Perú. Para la mejor difusión de los sucesos, los revolucionarios enviaban comisiones a las diferentes provincias de la Audiencia de Charcas y también fuera de ella para comunicar el nuevo estado de cosas. A La Paz lo hicieron a través del abogado Mariano Michel y éste por su parte se contactó con el grupo revolucionario paceño. A los pocos meses de los sucesos del 25 de mayo de 1809, estalló la revolución del 16 de julio en la ciudad de La Paz la cual tuvo sus influencias inmediatas, además de las conspiraciones de 1805 de las ciudades del Cuzco y La Paz. Los participantes de ese levantamiento, fueron los criollos en su mayoría; los residentes del interior y los de países vecinos, pocos españoles y algunos mestizos. Su trascendencia fue mucho más grande en comparación a la anterior, y por eso se movilizaron las fuerzas realistas 85 AGN. (Buenos Aires). Intendencia de La Paz. Leg. 10, 1809 (5-6-5). Carta de Tadeo Dávila al Virrey Santiago Liniers. La Paz, 17 de febrero de 1809.

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desde el Cuzco, en pro de mantener el régimen colonial, al mando del Brigadier José Manuel de Goyeneche con el objeto de aplastar a los promotores del movimiento revolucionario de La Paz. Su estallido también impactó en la Intendencia de Puno, ocasionando zozobra a las autoridades, ya que las noticias sobre los sucesos del movimiento revolucionario de La Paz, llegaban a Puno con bastante rapidez por estar vinculadas ambas poblaciones por el tráfico comercial86. Pero, ¿cuáles fueron las causas de la revolución del 16 de julio de 1809? Fuera de las conspiraciones que antecedieron, las causas de este movimiento estaban relacionadas con los intereses políticos, económicos y sociales de los criollos. Pero, los síntomas de la revolución fueron sin duda a consecuencia de los últimos acontecimientos generados en España; pues los revolucionarios para conseguir sus objetivos se valieron debidamente del pretexto de la supuesta entrega de las colonias hispánicas por las autoridades reales a la princesa de Brasil. Según Juan Bautista Sagárnaga: “… el señor Obispo tenía correspondencia con la señora Princesa del Brasil, y que también el señor Don Tadeo Dávila conferenciaba con el dicho señor, para que esta ciudad reconociese á aquella señora por soberana, lo que ratificó el abogado Michel que vino de Chuquisaca”87.

Los señores del Cabildo, Justicia y Regimiento, por su parte, el 19 de julio de 1809, “manifestaban al gobierno a hacer sus nobles sentimientos de reunión”, ya que todos eran vasallos del señor Don Fernando VII dispuestos a defender sus causas como ser la Religión y la Patria. Según el pedido del 86 Florencia Ballivián de Romero. “Repercusiones de la revolución de La Paz en Puno”. En: Historia y Cultura, Nº 3, La Paz, Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, 1978, p. 192. 87 Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre, 1901, pp. 15-16.

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Diputado y Representante del Pueblo, “la conmoción no tuvo otro origen que el recelo que las asistía a estos nobles vasallos de ser entregados a la Princesa de Brasil, ú otra potencia extranjera”88. Según el propio Murillo, la causa de la revolución fue porque “el reyno se entregaba a la dominación portuguesa estando vivo el señor Don Fernando VII”89. Del mismo modo, Ramón Mariaca y el capitán Tejada en la defensa de los revolucionarios del 16 de julio, sostuvieron que las causas de la revolución eran defender y resguardar los derechos de Fernando VII contra las pretensiones de la Princesa del Brasil con motivo de la invasión de Bonaparte a España90. En fin, la mayoría de los revolucionarios en sus declaraciones, además de los que se ha mencionado, afirmaron que ellos habían luchado por la defensa de los derechos de Fernando VII. Pero el movimiento revolucionario no se limitó a la supuesta defensa de los derechos de Fernando VII; entonces ¿cuál fue la intención de los revolucionarios en su aspiración ideológica? Para responder a esta pregunta se señalan algunas razones que impulsaron a los revolucionarios a protagonizar el levantamiento de carácter independentista. Mariano Urdininea aseguró “que su plan era la Independencia bajo el aparente colorido de defender los derechos del Rey”91. Según José Ramón de Loayza, “los insurgentes habían meditado sacudir el yugo de la 88 Carlos Ponce Sanginés y Raúl Alfonso García. Documentos para la Historia de la Revolución de 1809, Vol. II, La Paz, Biblioteca Paceña, Alcaldía Municipal, 1954, p. 138. Acuerdos sobre la formación de tropas y otros puntos. La Paz, 19 de julio de 1809. �� Ponce Sanginés y García 1954, Vol. II, p. 243. 90 Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre, 1901, Tomo III, Nº 32. Documentos históricos inéditos: Defensa del señor Ramón Mariaca y del Capitán Ignacio Tejada, hecha a los reos José Antonio Medina, Pedro Domingo Murillo, Melchor Jiménez, Apolinar Jaén, Gregorio Lanza, Buenaventura, José Antonio Figueroa, Juan Bautista Sagárnaga y Juan Basilio Catacora, con motivo de los acontecimientos del 16 de julio de 1809 en La Paz, pp. 120-128. 91 Ponce Sanginés y García 1954, Vol. II, p. 125. Declaración del Alguacil Mayor D. Mariano Urdininea. La Paz, 17 de diciembre de 1809.

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soberanía y seducido a libertar independencia tratando estas materias en varias casas”92. Efectivamente, las acciones revolucionarias no podían limitarse sólo a la defensa de los derechos de un rey que no era tal, sino que las ideas libertarias iban más allá de las protestas de una posible entrega de estos reinos a la princesa del Brasil. Un documento anónimo de esos días lo confirmaba en la siguiente forma: “Porque a la verdad que es un soberano que sólo se acuerda de sus vasallos para dejar caer sobre ellos el peso de la contribución y tributos y que sólo las hace sentir su poder para oprimirlos, autoridad para hacerlos desgraciados? Es acaso digno de ceñir la diadema y empeñar el cetro? Pero á donde voy un discurso que cabalmente retrata la conducta que han observado los R. R. de España de tres siglos, sed Patriotas, sed Americanos, sed fieles a vuestro suelo, esforzad vuestros brazos hasta que se presente abatida para clamar a presencia del orbe entero diciendo: Viva La Paz, Viva Chuquisaca y viva la América toda”93.

La proclama de la revolución de los insurgentes es otro de los documentos más importantes que contiene precisamente el pensamiento ideológico de la rebelión americana; sin duda refleja la reacción de los americanos que habían permanecido durante tres siglos de coloniaje español sin haber buscado su independencia de la Corona de España94. Del referido documento se sintetizan los siguientes puntos: 92 Ibid. p. 116. Declaración del Alcalde Provincial Don José Ramón de Loayza. La Paz, 26 de diciembre de 1809. �� Ponce Sanginés y García 1953, Vol. I, pp. XXIV y XXX. Documento anónimo que corre a fs. 1 y 2 como cabeza de proceso en los autos Nº XIV, caratulados: “Expediente criminal”, etc. Fue entregado ese documento por el Presbítero Sebastián Figueroa al Presbítero Lorenzo Arteaga que lo conducía detenido al convento de la Merced el 3 de octubre de 1809. 94 Arturo Costa de la Torre. Estirpe y genealogía del protomártir Pedro Domingo Murillo. La Paz, Editorial Casa Municipal de la Cultura “Franz Tamayo”, 1977, p. 23. Primera proclama, 27 de julio de 1809.

Antecedentes de los Revolucionarios 1.- Tres siglos de coloniaje español fueron el tiempo de espera que soportaron los americanos, con humildad, las vejaciones, los trabajos, las indigencias; siempre manso y tranquilo como una especie de destierro en el seno mismo de su patria. Puesto que el español usurpador, injusto, inculto, en ese dilatado tiempo había sometido la libertad de los americanos al despotismo y la tiranía, considerándolos a ellos como a esclavos (grupo humano que ocupaba el último lugar en la escala social colonial). En este caso, estaría refiriéndose a la población indígena dentro de la sociedad colonial. 2.- Pero a causa de esa situación, los americanos, no pudiendo seguir esperando por más tiempo, resolvieron proclamar la revolución. No solamente se trataba de sacudir el yugo “funesto” impuesto por los españoles para la felicidad de los americanos, sino que al mismo tiempo podían organizar “un sistema nuevo de gobierno, fundado –decían– en los intereses de nuestra patria, altamente deprimida por la bastarda política de Madrid”. Desde luego, aprovechando las circunstancias coyunturales, supieron “levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía”. El movimiento libertario e independentista tampoco podía estar circunscrito sólo a la ciudad de La Paz o a las provincias de ella sino que se propagaba también más allá de Yungas. Joaquín Revuelta escribiendo una carta desde Chulumani al virrey, dijo “con ellas (ideas) formar aquí la colonia independiente que deseaban extender hasta las misiones de Mosetenes y Moxos”95. 95 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz. Leg. 10, 1809 (5-6-5). Carta de Joaquín Revuelta al virrey del Río de La Plata. Chulumani, 21 de noviembre de 1809.

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Esta revolución, que al principio tuvo una repercusión trascendental por su contenido ideológico y su organización del gobierno, pronto llegó a su ocaso con la noticia de la venida de las fuerzas reales comandadas por el brigadier Manuel de Goyeneche a la ciudad de La Paz. En esa circunstancia Gregorio García Lanza señalaba que la Patria se encontraba entre dos espadas; una la actitud espiritual del obispo La Santa y la otra la llegada del señor presidente Goyeneche a Puno96. Desde entonces el jefe de la revolución, al encontrarse aislado y amenazado por los contrarrevolucionarios, se vio obligado escribir cartas tanto a Goyeneche como a Paula Sanz y al virrey del Río de La Plata (entre las fechas 4, 6, 27 de octubre y 6 de noviembre de 1809) manifestando que las fuerzas patriotas a su cargo estarán dispuestas a ponerse bajo las órdenes de Goyeneche; por ejemplo, prometió retirar las fuerzas de 200 hombres que custodiaban el Desaguadero. De esa manera Murillo reconoció a Goyeneche como a su máxima autoridad y “alta personalidad”, prometiendo al mismo tiempo su obediencia con el sacrificio de todos sus “desvelos e ideas”97. Y por último, reiterando su total sumisión a las órdenes de Goyeneche como un vasallo a las causas reales98. Murillo, además de las mencionadas cartas, había escrito dos cartas al nuevo Virrey del Río de La Plata, el 17 de septiembre de 1809, con la intención de convencer a la máxima autoridad virreinal asegurando que él estaba gobernando al servicio de las causas reales. En una carta, felicita al Virrey por la posesión de su alto cargo y le manifiesta haber sido nombrado como Comandante en estos términos: 96 �� Ponce Sanginés 1953, Vol. I, p. CCIX. 97 Carlos Ponce Sanginés. Documentos para la Historia de la Revolución de 1809, Vol. IV. “Expediente del Obispo La Santa y Ortega” y “Documentos del Archivo del Conde de Guaqui”. La Paz, Biblioteca Paceña, Alcaldía Municipal, 1954, p. 348. Carta de Pedro Domingo Murillo a Goyeneche. Cuartel General de La Paz, 6 de octubre de 1809. 98 Ibid. p. 349. Carta de Pedro Domingo Murillo a José Manuel de Goyeneche. Cuartel General de La Paz, 6 de octubre de 1809.

Antecedentes de los Revolucionarios “… en unos tiempos tan críticos que ha venido como el Arco Iris para el alivio y consuelo de estas provincias, hice presente que la noche del 16 de julio me nombró el Ilustre Ayuntamiento por Comandante interino, obligándome a aceptarlo con responsabilidad sin admitirme excusa ni súplica…”.

Después de señalar las fojas donde estaban insertadas sus certificaciones, en el testimonio, acerca de su nombramiento, manifestaba su vocación de fidelidad al Rey, al decir: “… por el segundo testimonio consta mis servicios en la rebelión general de los naturales y haber desempeñado varios grados de oficial, sin que ellos haya exigido premio ni colocación el destino por parecerme que el vasallo debe sacrificarse desnudo de todo interés por su Rey y señor natural, como la Religión y la Patria”.

Finalmente parece que al estar muy agobiado por el peso de su actitud asumida y haber tomado bajo su responsabilidad la revolución, solicitó su retiro, diciendo: “Estos mismos sentimientos no ha degenerado de mi carácter, y aunque en el día ha sido el peso más enorme a la cabeza [de] él una plebe revoltosa entusiasmada por el amor de su soberano desnudo de auxilios de oficiales que se conceptuaban efectivos en la tranquilidad, y que en el espacio de veinte días no propendieron ayudarme siendo necesario consultar sujetos aparentes que se han colocado en las compañías nunca exijo premio ni colocado, sino el de un retiro que proporcione mi descanso en [pre]mio [de] mis fatigas”99.

En la otra carta (aunque no se sabe cuál de ellas fue primera y segunda), escrita a las doce horas de ese día (17 de septiembre), Murillo 99 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz. Leg. 10, 1809 (5-6-5). Carta de Pedro Domingo Murillo al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. La Paz, 17 de septiembre de 1809.

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le manifiesta al virrey su preocupación sobre la actitud de Diego Quint, contra su autoridad en el pueblo de Copacabana, diciendo: A pesar “de la tranquilidad con que he mantenido esta ciudad, y todo su provincia con subordinación a las legítimas potestades se han experimentado acciones hostiles por la provincia de Puno ocupando el pueblo de Copacabana y subvirtiendo a los naturales con promesas de relevarlos del tributo real por D. Diego Quint Fernández Dávila, coronel propietario del batallón de esta ciudad quien según la voz común habiendo sido el principal caudillo en la noche del 16 de julio se ha trasladado a sus gentes a fomentar una (¿?) entre vasallos de un mismo soberano”100.

Los argumentos usados por Murillo en las mencionadas cartas, demuestra su derrota tratando de convencer al nuevo Virrey su fidelidad a la causa real sin recibir ninguna respuesta. Más bien denuncia la subversión de Diego Quint Fernández Dávila contra su gobierno. Pero su intento de convencer resulta ser en vano, puesto que Goyeneche decidido en aplicar el castigo penal a Murillo era un hecho incontenible para de esta manera aplastar la revolución instaurada el 16 de julio en La Paz. Por tanto, Murillo y otros revolucionarios del 16 de julio de 1809, a causa de la represión realista, trataron de resignar sus aspiraciones libertarias en la última instancia declarando ser fieles vasallos del Rey su causa. Pero eso no iría a impedir los primeros pasos dados por la revolución criolla, sino que encontrarían después de poco tiempo una próxima coyuntura más favorable para lograr la independencia como una realidad inobjetable.

100 Biblioteca Nacional (Madrid). Carta de Pedro Domingo Murillo al virrey Baltasar Hidalgo y Cisneros de la Torre. La Paz, septiembre 17 de 1809. En: Ms. 13150, folio 24.

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2.1 Las clases sociales La mayoría de los revolucionarios del 16 de julio de 1809, sin duda eran criollos; aunque también, en el levantamiento participaron los españoles (peninsulares) y mestizos en calidad de soldados especialmente. Las clases sociales (desde la perspectiva étnico-social) a las que pertenecían los revolucionarios, eran producto del entroncamiento interétnico y social de tres siglos del coloniaje hispánico y las cuales, en orden vertical, estaban conformadas por los peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y negros. Según Calderón Quijano, “la distribución de las clases sociales en Hispanoamérica presenta un triple aspecto social, económico y étnico. Lo social, lo económico y lo racial están íntimamente unidos en el Nuevo Mundo”1. De esta manera es comprensible la posición social de los revolucionarios, en la sociedad colonial del Alto Perú, de acuerdo a su situación étnica, económica y social o cultural. Por su abolengo, tanto españoles y criollos sentían el orgullo de ser descendientes de sus abuelos o padres de origen español, distinción que daba una posición privilegiada en la estructural social colonial. A pesar 1 José Antonio Calderón Quijano. “Población y raza en Hispanoamérica”. En: Anuario de Estudios Americanos, Tomo XXVII, Sevilla, 1970, p. 737 y ss.

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de ello, las diferencias sociales entre españoles de origen peninsular y criollos o americanos eran bastante notables. Así el criollo por el solo hecho de haber nacido en América ocupaba una posición inferior al español nacido en la península ibérica. A causa de esta discriminación, los criollos sólo podían ocupar los cargos de menor jerarquía siendo los puestos altos otorgados a los españoles en el gobierno y la administración pública. Como consecuencia de esa realidad, las aspiraciones políticas, religiosas y sociales de los criollos fueron postergadas: lo cual creaba en el criollo el odio al español a pesar que se invocaba la fraternidad y unión entre ambos “bajo el solo de españoles”2. Por su parte los mestizos, como producto de la mezcla de sangre española o criolla e india, estaban colocados en el tercer lugar después de los criollos en la sociedad colonial aunque solían compartir los mismos elementos culturales de origen europeo con los españoles y criollos, como la religión y las costumbres hispánicas. La masa indígena (conformada por los caciques y tributarios: originarios (mitayos), yanaconas y forasteros) por ser étnica, social y culturalmente diferente de los demás grupos sociales de la colonia, fue considerada menor de edad y marginada (racialmente discriminada) de la participación en el gobierno, la política y administración pública del Estado español en hispanoamérica, puesto que el indio desde la conquista se vio forzado a la servidumbre en beneficio de los españoles, criollos, mestizos e incluso de los caciques. Los criollos ricos tampoco podían modificar su condición de inferioridad social para aspirar a la escala superior o a los puestos 2 BN. (Madrid). Relación imparcial de los acaecimientos de la ciudad de La Paz en la noche del 16 de julio de 1809 y días sucesivos. Ms. 13150.

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asignados a los peninsulares por el gobierno real. Así la plana mayor de los revolucionarios estaba compuesta de peninsulares y criollos, los que ocupaban los cargos importantes, como: alcalde ordinario de 1er. y 2do. Voto, regidor, alguacil mayor, escribano, subdelegado, asesor de la Real Hacienda, etc. Ambos sectores pertenecían a la oligarquía paceña cuya posición económica estaba formada en base a sus haciendas, casas, minas y otros bienes adquiridos o heredados a sus abuelos. Su mejor situación económica permitía a los insurgentes de 1809 de La Paz, al igual que otros criollos hacendados, a compartir no solamente la riqueza con los pocos españoles residentes, sino la comodidad y alcanzar el grado de educación o formación profesional en las ramas de teología y derecho. En cuanto a la situación cultural, era bastante notable la distinción que existía entre la gente letrada e iletrada; así, los criollos del sector de la oligarquía que participaron en la revolución del 16 de julio lograron instruirse en los colegios y universidades que fueron establecidos en las ciudad de Lima, Cuzco, La Plata (Chuquisaca) y Córdoba. Una minoría de los mestizos también llegó a instruirse en los mencionados establecimientos superiores, e incluso la élite indígena. La distinción de ser una persona instruida representaba lo valioso en la sociedad colonial; así el grado académico significaba el símbolo del status social y su valor aumentaba el prestigio de quien había alcanzado una formación profesional o intelectual. Para comprender mejor los puntos señalados de una manera conveniente, a continuación, se presenta una breve relación social del comportamiento familiar étnico, económico y cultural de los revolucionarios en la sociedad colonial de La Paz.

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2.2 La familia y las relaciones sociales En primer lugar veamos el comportamiento familiar de los revolucionarios (paceños y residentes) y sus vinculaciones sociales con otros sectores de la sociedad paceña (urbano y rural) o fuera de ella.

Origen peninsular

Juan Pedro Indaburo fue natural de Pastán del Obispado de Pamplona, alta Navarra (España). Sus padres fueron Nicolás Indaburo y María Martina Verindoaga. Poco antes de contraer matrimonio el 24 de enero de 1778 con María Diez de Medina, viuda de Juan de Obaya, tenía la intención de ser declarado hijodalgo porque heredaba de sus padres y antepasados “la nobleza e hidalguía” en el reino de Navarra3. Indaburo, gracias a su buena posición económica y social, fue uno de los españoles más ricos, “y de poderosa influencia en La Paz”4. Avecindado en la ciudad de La Paz estaba estrechamente vinculado con los familiares de su mujer de Diez de Medina; siendo que éste como hacendado era una de las familias más ricas de la sociedad colonial de La Paz por sus valiosas haciendas ubicadas en los Yungas y estancias en el altiplano. En cuanto a sus relaciones sociales, estuvo en permanente contacto con la gente de diferentes categorías sociales, ya sea en función pública y particular, por ejemplo, con el sector indígena de sus haciendas y las autoridades de distintos niveles. 3 Nicanor Aranzaes. Diccionario Histórico del Departamento de La Paz. La Paz, Editora talleres Gráficos “La Prensa”, 1915, p. 403. Cf. ALP. RE 1777. Poder para España. Dn. Juan Pedro Indaburo a Dn. Pedro Berindoaga (vecino de la Villa de Madrid en los reinos de España). f. 331. 4 Manuel Rigoberto Paredes. La fundación de Bolivia. La Paz, Ediciones ISLA, 1964, p. 86.

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Hacia 1776, Indaburo siendo alcalde ordinario de primer voto, seguramente por ser una persona muy ocupada, no tuvo suficiente tiempo disponible para atender sus asuntos personales en los tribunales de justicia. En vista de esto, se vio obligado nombrar a Juan Crisóstomo Vargas como su procurador5 para que éste atendiera, por ejemplo, uno de sus asuntos relacionados con la rebeldía de un indio de Pucarani6. Posteriormente, en 1797, anoticiando de una causa “de gravísimos capítulos entablada por el Doctor Josef Toledo contra el Subdelegado –del partido de Yungas– Don. Joaquín Rebuelta”, promovió un juicio de residencia contra éste hasta suspenderlo de su empleo. En esa ocasión nombró, como a sus procuradores y apoderados, a los señores Juan José Saavedra y Juan Crisóstomo Vargas. Indaburo, convencido que el mencionado subdelegado, con la exigencia del servicio personal de los indios, afectaba a la gente yanacona de su hacienda de Yungas, reaccionó diciendo: “no debiendo dudarse que cualquiera del pueblo es parte legítima para personarse en los asuntos en que tienen interés la quietud y vindicta pública” siendo que con mayor “razón debo ser considerado parte legítimo, pues como hacendado del partido me veo obligado a defender –a los– miserables indios de mis haciendas y estancias de las violencias, injusticias y vejaciones que están causados de sufrir del dicho Subdelegado”7. Luego tenemos a Francisco Yanguas Pérez, natural de Freguaxastes en Rioja de Castilla la Vieja (España), fue hijo de Cristóbal Pérez Yanguas 5 ALP. EC. 1796. s.f. Juan Crisóstomo Vargas, por Juan Pedro Indaburo, sobre las frecuentes juntas que unos indios realizan en la casa de Lorenzo Alapita. 6 Ibid. 7 ALP. EC. 1797. Autos seguidos por Don Juan Pedro Indaburo contra Don Joaquín Rebuelta, Sub delegado del Partido de Chulumani, sobre varios capítulos. F. 1.

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Ramírez y Sebastiana Pérez. Vino de España, aunque no se sabe cuándo, con licencia real en calidad de comerciante. Formó su hogar, en La Paz, el 26 de julio de 1800 con Eulalia Rodríguez, en quien tuvo una hija llamada María Josefa. Sus relaciones sociales indudablemente estaban vinculadas con el sector de los comerciantes como también con las autoridades y los vecinos de la ciudad de La Paz. Pero los indios de Laja lo denunciaron por el despojo de tierras de Choque-Chilligua8 . Los otros españoles, residentes en La Paz, que participaron en la revolución del 16 de julio de 1809, fueron José Gabriel Castro (natural de Galicia), Juan Santos Zavalla (natural de San Salvador, Vizcaya), José Antonio Vea Murguía (natural de Marquina en Alava, Vizcaya), Cristóbal García (natural de Málaga) y José María Valdéz (natural de Asturia). Los mencionados españoles tenían actividades vinculadas con las labores agrícolas, el comercio y rescate de la coca, los cargos de subdelegación o en el Cabildo. La mayoría de ellos vinieron de España solteros y todos se casaron en La Paz emparentándose de esta manera con las diferentes familias paceñas.

Criollos

José Ramón de Loayza (1751-1839), natural de La Paz, hijo de Miguel Loayza y María Gertrudis Pacheco Salgado, fue descendiente de Alonso de Loayza, uno de los conquistadores del Perú que participó en la batalla de las Salinas el 6 de abril de 1538 contra Diego Almagro. José Ramón de Loayza estuvo casado –según Aranzaes– con Magdalena 8 ALP. EC. 1820. Naturales del ayllu Collana de Laja contra Francisco Yanguas Pérez, por despojo de tierras de Choque-Chilligua. F. 48.

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Arescurenga. Pero ese matrimonio indudablemente fracasó, puesto que Loayza después de poco tiempo apareció casado con Eusebia de Tellería9, hija de Juan Manuel de Tellería. Éste posteriormente, en su testamento declaró que durante su ausencia de la ciudad de La Paz, su mujer “había entregado”, la dote correspondiente a su hija a José Ramón de Loayza. En otra parte de su testamento Tellería afirma que el señor José Ramón de Loayza le debe “más de doscientos cestos de coca” (libre de costa), los cuales éste evidentemente había recibido de su suegra doña Juana de Loayza. Además de esto, Loayza se apropió de algunos objetos de su suegro entre los cuales podemos mencionar: un reloj cubrier (sic), cuyo precio se estimaba en cien pesos, dos o tres marcos de plata y un libro intitulado Manojito de Tallado10. Loayza, desde muy joven, fue distinguiéndose como maestre de campo y hacendado en la provincia de Sicasica, más tarde se convirtió en uno de los ricos más acaudalados entre los paceños. A Loayza, se suman los hermanos Gregorio y Manuel Victorio García Lanza, hijos de Martín García Lanza y Nicolasa Mantilla. Ambos eran naturales del pueblo de Coroico; el primero nació el 12 de marzo de 1775 y, el segundo, el 8 de diciembre de 177711. Los García Lanza, al igual que el anterior, fueron descendientes del español Victorio García Lanza, natural del Principado de Asturias. En 1801, Manuel Victorio contrajo matrimonio con su prima María Dolores Mantilla12, y Gregorio el 27 de marzo de 1803, con María Manuela Campos, viuda del doctor Francisco 9 10 11 12

ALP. RE. 1792-1793, s.f. Testamento de Juan Manuel de Tellería (suegro de José Ramón de Loayza). Ibid. Aranzaes 1915, pp. 314 y 322. Aranzaes 1915, p. 322. Cf. Ponce Sanginés 1954, Vol. III, p. 220.

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Idiáquez (teniente asesor en la Intendencia de La Paz). La ceremonia de la boda se realizó en el palacio episcopal y las bendiciones nupciales fueron solemnizadas por el obispo de la Santa y Ortega13. Martín García Lanza, fuera de los hijos mencionados y naturales, en su segundo matrimonio, tuvo un tercer hijo legítimo llamado Miguel. Como no podría ser de otra manera, después de su muerte, sus hijos tuvieron problemas en la partición y división de los bienes, puesto que los hijos naturales no dejaron de reclamar la parte que le correspondía en los bienes de su padre común. En otro aspecto social, los García Lanza estaban obligados a ayudar en las actividades o necesidades de su pueblo, y así por ejemplo, el Dr. Gregorio García Lanza proporcionó una cierta cantidad de tejas para el techado de la iglesia parroquial que estaba construyéndose en el pueblo de Coroico14. José Domingo Bustamante, otro de los integrantes de la sociedad paceña, fue natural de Arequipa; hijo del coronel Domingo de Bustamante y Benavides y de Petronila Diez de Canseco. Contrajo matrimonio el 23 de noviembre de 1783 con María Josefa Peñaranda y Salgado15. Sin duda, Bustamante desde su juventud formó parte integrante de la sociedad paceña y no de la de Arequipa. Al igual que Bustamante hubo otros revolucionarios de origen peruano tales como José Genaro Chávez de Peñaloza (Arequipa), Andrés José del Castillo (Lima), Tomás Domingo Garay de Orrantia (Lima), 13 Aranzaes 1915, p. 315. 14 AHM. RE. 1802, s.f. Donación de 150 pesos y tejas para la construcción del templo en el pueblo de Coroico por parte del Dr. Gregorio García Lanza. 15 Aranzaes 1915, p. 149. Cf. ALP. 1800 (2 folios): Obligación de mancomún el señor alférez real Don José Domingo Bustamante y su mujer legítima doña María Josefa de Peñaranda por los diezmos de la casa escusada de Chulumani a favor de la mesa capitular y a satisfacer la cantidad de 400 pesos. f. 209v.

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José Arroyo (Moquegua) y Sebastián Aparicio (Puno). Los argentinos, José María de los Santos Rubio, Ramón Policarpio Arias (Salta), José Antonio Medina (Tucumán), Pablo Gutiérrez (Buenos Aires) y Manuel Huisi (Chile). Es interesante conocer que la mayoría de ellos eran solteros cuando salieron de sus pueblos de origen, y para establecerse en La Paz, a excepción de los religiosos, se casaron con las paceñas al igual que los referidos españoles. A continuación, tenemos a Juan Cordero quien nació en La Paz el 24 de junio de 1779, y no así en 1759, como señala Nicanor Aranzaes16. Fue hijo de Gabriel Cordero y Eusebia Ponce Santalla, aunque posteriormente su padre aparece casado con Lucía Fernández Guachalla17. Tuvo un hermano llamado Ignacio quien más tarde llegó a ser abogado; y también una hermana. Gabriel Cordero fue descendiente de una familia de bordadores venida de España, ejerció el mismo oficio y Juan Cordero también heredó a su padre el oficio de bordador desde su adolescencia18. En 1805, se dice que Juan Cordero era un “mozo soldado” de la tercera compañía del batallón de Milicias de la ciudad de La Paz19. Entonces su vida social, además de su vínculo familiar, estaba asociada a la vida soldadesca. De esta manera su comportamiento, a diferencia de lo civil, fue también de un militar o miliciano de la época, pues los soldados, a veces, se convertían en unos individuos perturbadores del orden público y que solían realizar reyertas callejeras en la ciudad en altas horas de la noche20. De este ambiente, Juan Cordero difícilmente podía sustraerse. 16 Aranzaes 1915, p. 221. Cf. ALP. Exp. 1803. Juicio criminal seguido por José María Astorga contra Juan Cordero y Justo Averanga, por unos maltratos que éstos le infirieron. F. 4v. 17 Aranzaes 1915, p. 221. Cf. ALP. RE. 1803-1812, s.f. Solicitud de una escritura sobre la división y partición de bienes entre Lucía Fernández Guachalla (mujer legítima de Dn. Gabriel Cordero) y José Guachalla, herederos del finado Capitán de Ejército Dn. Julián Fernández Guachalla. �� Paredes 1964, p. 81. �� ALP. EC. 1803, s.f. �� ALP. EC. 1809, s.f. Auto criminal seguido contra varios individuos acerca de unos sablazos.

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Así, en 1803, una noche en una tienda de la calle de Chocata, en compañía de un indio llamado Justo Averanga protagonizó una reyerta callejera con José María Astorga, vecino de la ciudad de La Paz. Esta disputa sin duda se debió al efecto de la embriaguez, la cual fue presenciada por la gente de diferentes capas sociales21, hasta que una muchacha, aterrorizada al ver la pelea de los mencionados protagonistas, emprendió una veloz carrera para pedir el auxilio de la gente. A la distancia de casi una cuadra, encontró a tres personas, a quienes solicitó diciendo “que a Juanico lo matan, y que así fuesen a verlo”22. Astorga, como uno de los contendores, denunció lo sucedido ante las autoridades de la Intendencia de la Paz contra Juan Cordero y Justo Averanga de haberle inferido maltratos, heridas e injurias. El Gobernador Intendente, Antonio Burguayó y Juan, inmediatamente decretó el arresto de Cordero y Averanga. Seguidamente, en cumplimiento del decreto antecedente, el escribano Juan Crisóstomo Vargas pasó la notificación al alguacil mayor, Mariano Graneros con la orden de detención y arresto de los supuestos agresores. En los primeros días del año siguiente (1804), Graneros ejecutó la detención de Juan Cordero y Justo Averanga. Al cumplir su misión, Graneros informó diciendo: “los arresté el primero en el cuartel de veteranos y al segundo en la Real Cárcel de mi cargo”23. Sin embargo, Juan Cordero, desde su reclusión, reclamó al Gobernador que su arresto era injusto, explicando que la acusación que le hizo el mencionado Astorga se debió a consecuencia de su embriaguez y el resultado de “una reyerta” que el mismo Astorga fue el causante24. Sostuvo que su denunciante no podrá 21 ALP. EC. 1803, s.f. Juicio criminal seguido por José María Astorga contra Juan Cordero y Justo Averanga por unos maltratos que éstos le infirieron. �� Ibid. �� Ibid. �� Ibid.

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comprobar lo que sindica, al no poder presentar el certificado médico ante las autoridades, por no existir su hospitalización en ningún sanatorio para evidenciar las supuestas heridas. De modo que la sindicación que le hacía su enemigo –decía Cordero– es para “perjudicarme con larga detención de mi persona, en perjuicio de mi trabajo” y “no es posible permitir mi padecimiento por las suposiciones calumniosas”25. Dentro de pocos días, el 10 de febrero, Cordero fue puesto en libertad gracias a la fianza presentada en su favor por el bordador Felipe Neve ante las autoridades, y como uno de los testigos de dicho documento, firmaba el conocido personaje de la revolución de 1809, Hipólito Landaeta26. En esta breve descripción biográfica de Juan cordero, se nota claramente la interrelación de la familia Cordero con los diferentes sectores de la sociedad paceña; tales como la vinculación que mantenía con otros bordadores, los de la milicia, el indígena y algunos personajes que irían a ser los protagonistas de la revolución paceña de 1809. Luego, tenemos a Juan Bautista Sagárnaga, quien nació en la ciudad de La Paz el 23 de junio de 176627. Sus padres fueron Manuel de Sagárnaga, natural de la villa de Durango, en los reinos de España (señorío de Vizcaya) y María Carrasco, natural de la ciudad de La Paz28. Sagárnaga fue uno de los típicos criollos del Alto Perú, considerado por sus adversarios como el “encarnizado enemigo de los europeos”29, cuyo parentesco pertenecía a dos familias de distinta nacionalidad: una, por �� Ibid. �� Ibid. 27 Alfredo Gutiérrez Valenzuela. “El Examen de Abogado de Juan Bautista Sagárnaga”. 1954, p. 762. En: Documentos para la Historia de la revolución de 1809, Vol. III, 1954, p. 762. Cf. ALP. EC. 1801, s.f. Sobre el parentesco de los Sagárnaga. 28 Ibid. 29 BN. (Madrid). Relación imparcial de los acaecimientos de la ciudad de La Paz en la noche del 16 de julio de 1809 y días sucesivos. Ms. 13150.

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su padre, a España y, otra, por su madre, a La Paz, En sus relaciones familiares de los hermanos Sagárnaga, como consecuencia de los prejuicios sociales de la época, no podía faltar las divergencias entre ellos hasta llegar a insultos. En 1804, en ocasión de la práctica del inventario de “los papeles pertenecientes a la finada doña María Carrasco hecha por el señor alcalde de 2do. Voto”, Juan Bautista Sagárnaga “insultó” a su hermana María Manuela Sagárnaga, “con las expresiones de puta y quinientas veces puta”30. No obstante este insulto, Juan Bautista incluso solicitaba información contra su hermana diciendo: “por la calumnia suscitada por la malicia de mi hermana digo: que conviene el que la justificación de V. reciba la declaración del indio Julián, que sirve de pongo a dicha mi hermana”31. Las divergencias familiares de los hermanos Sagárnaga, sin duda alguna, no fueron más allá de las relaciones de los demás de su familia. Sin embargo, esto muestra los mismos rasgos de la vida familiar o cotidiana y social que existía en la sociedad colonial del Alto Perú. De igual manera, se encuentra Juan Basilio Catacora Heredia. Éste nació en La Paz el 12 de julio de 1760. Sus padres fueron Agustín Catacora y María Heredia Aguayo, naturales de Ácora en Chucuito, quienes por razones económicas se vieron obligados a salir de su pueblo natal para establecerse en la ciudad de La Paz. Sin duda, Catacora fue uno de los personajes más conocidos por sus valiosos servicios profesionales y sociales prestados en la sociedad paceña especialmente. Su status social, además de su posición económica no era conocida, aunque se lo conoció por la idoneidad adquirida en su formación profesional e intelectual. 30 ALP. EC. 1804, s.f. Doña María Manuela Sagárnaga y Dr. Juan Baptista Sagárnaga sobre injurias. La Paz, 7 de septiembre de 1804. 31 ALP. EC. 1804, s.f. Doña María Manuela Sagárnaga y Dr. Juan Baptista Sagárnaga sobre injurias. Cf. ALP. EC. 1804 (1 hoja suelta): Juan Bautista de Sagárnaga “en el expediente” por la calumnia con su hermana María Manuela Sagárnaga.

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En cambio, Pedro Cossío, al igual que Juan Manuel Cáceres y Joaquín de la Riva, fue otro de los personajes que tal vez tuvo más contacto social con la gente rural durante el transcurso de sus funciones de subdelegado en las provincias de Pacajes y Omasuyos. Su personalidad, entre otros aspectos de su status social como criollo, se complementaba con el ejercicio del mencionado cargo, en el gobierno colonial, en las mencionadas provincias de La Paz. No se sabe exactamente la fecha y el lugar de su nacimiento, pero en su testamento declaró que fue natural de Lima, hijo de Pedro Cossío y Manuela Gadca de la “Provincia de Tarija”32. Su vida matrimonial tuvo dos etapas diferentes: en la primera, estuvo casado con Ramona Garrino y, en la segunda, con Teresa Calderón y Sanjinés33. Con Ramona tuvo tres hijos: Andrés, Manuel y Bernardina; el primero y la última se quedaron en la ciudad de Lima cuando sus padres se trasladaron a la ciudad de La Paz. Sin embargo, con Teresa no tuvo hijo alguno. Pero sus enemigos de la revolución decían que Cossío fue un “arriero de profesión en el Callao”; además antes de venir a La Paz, en Lima “mantuvo concubinatos de que resultaron algunos hijos”34. Otro de los personajes se denomina Pedro Rodriguez, nacido en La Paz el 30 de enero de 1769. Fue hijo de Martín Rodriguez e Isabel Murillo, cuyo parentesco quizás tenga que ver con los familiares del padre de Pedro Domingo Murillo. En 1804 contrajo matrimonio con María Manuela Rocha. Uno de los testigos de su matrimonio fue el destacado abogado Juan Bautista Sagárnaga. Tuvo un solo hijo, llamado José, como el único posible heredero de sus bienes. En cuanto a su posición social, 32 AHM. RE. 1807-1809, Leg. 1052. Testamento de Pedro Cossío. F. 134. 33 Ibid. F. 134v. 34 BN. (Madrid). Relación imparcial de los acaecimientos de la ciudad de La Paz en la noche del 16 de julio de 1809 y días sucesivos. Ms. 13150.

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además de lo familiar y a la clase a la que pertenecía, estaba en una buena posición económica por ser uno de los hacendados en los Yungas. De este modo, Rodriguez estuvo vinculado frecuentemente con los vecinos de la ciudad de La Paz, los hacendados de su sector y las personas que eran copropietarios de su hacienda llamada Cochuna. Otro de los personajes de la pre-emancipación altoperuana, fue Juan Manuel de Cáceres, nacido en La Paz el 9 de enero de 1750; sus padres fueron Hilarión de Cáceres (Capitán de milicias) y Luisa Salcedo35. Siendo huérfano de sus padres a la edad de 14 años, “fue criado y educado por Rafael de Cáceres, hermano de su padre y rico comerciante de aguardiente”36. En 1780 se casó con María Petrona Alvarez37. No se sabe nada de sus descendientes. Es interesante conocer sus relaciones sociales con los diferentes sectores de la sociedad de su época. Cáceres pasó el mejor tiempo de su juventud en la provincia de Pacajes, allí fue conocido como uno de los vecinos de Caquiaviri. En 1781, después de la rebelión indígena, se encargó de cobrar los “rezagos de tributos del tercio de Navidad” en los pueblos de Callapa y Tiwanaku, correspondientes a 178038. A un año de su residencia definitiva en la ciudad de La Paz, en 1793, dio una fianza a favor de Cayetano Vega y Meza para que éste desempeñe el cargo de cobrador de diezmos en el pueblo de Laja39. Posteriormente, en 1799, cuando el subdelegado de Pacajes, Dr. Joaquín de la Riva, encarceló al 35 Aranzaes 1915, p. 156. 36 René Arze Aguirre. “Las haciendas jesuíticas de La Paz en el siglo XVIII”. En: Historia y Cultura, Nº 1. La Paz, Universidad Mayor de San Andrés, 1979, p. 111. 37 Aranzaes 1915, p. 156. 38 ALP. EC. 1782. Una queja de Juan Manuel Cáceres contra el señor General Dn. Manuel Inosencio de Villegas (Justicia Mayor que fue de la Provincia de Pacajes) por no haber éste extendido ningún recibo por la entrega del tributo. 39 ALP. RE. 1793-1794. Fianza: Don Manuel Cáceres a favor de Don Cayetano Vega y Meza capitular por los diezmos de Laja. De satisfacer la cantidad de 1855 pesos. La Paz, 29 de noviembre de 1793.

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cacique de Santiago de Machaca en Caquiaviri a causa de malversación de tributos (1400 pesos), Manuel Cáceres no escatimó en pagar de su plata por la liberación de ese cacique40. Los hermanos Pedro José y José Ignacio Ortiz de Foronda eran hijos legítimos de Juan Antonio Ortíz de Foronda y Jerónima Ordoñes41. Pedro José nació en La Paz el 2 de agosto de 1780. A la edad de 19 años contrajo matrimonio con María Pérez el 2 de noviembre de 179942. Pero de José Ignacio no se sabe la fecha de su nacimiento ni de su matrimonio. Sin duda, como hacendados y vecinos de la ciudad de La Paz, sus relaciones sociales estaban conectadas con las familias pudientes de la sociedad paceña, tales como: Diez de Medina y Orrantia. Sin embargo, la vida de Pedro Domingo Murillo es muy distinta de los demás personajes de la revolución de 1809. Los historiadores murillanos que se han ocupado acerca de la vida de Murillo hicieron esfuerzos para esclarecer sus antecedentes familiares o de parentesco en base a las fuentes primigenias. A pesar de ello, aún no se puede pensar que la investigación haya terminado sino se sigue buscando más datos sobre muchos aspectos de su vida. En este trabajo, además de los mismos puntos señalados por los historiadores trataremos de situar a Murillo en la sociedad de esa época y la situación social y económica que le correspondió vivir. Para el historiador Valentín Abecia Baldivieso, “la vida de Murillo tiene puntos no esclarecidos”43. Esos puntos serían indudablemente su nacimiento, matrimonio, identidad, profesión, participación política en el 40 ALP. EC. 1799. Auto seguido contra Nicolás Condori, cacique de Santiago de Machaca, por el Dr. Juan José Ceballos, Manuel Santos, Manuel Tarqui y otros. 41 Aranzaes 1915, p. 156. Cf. ALP. Ms. 1797, s.f. Sobre el derecho de Patronato de una capellanía. En este documento indica que “Don José Ignacio Ortiz de Foronda”. La Paz, 20 de abril de 1798. 42 Aranzaes 1915, p. 566. 43 Valentín Abecia Valdivieso. Adiciones documentadas sobre Pedro Domingo Murillo. La Paz, 1972, p. 21.

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movimiento criollo de 1805 y 1809, del mismo modo su situación social y económica. De acuerdo a las fuentes consultadas, hasta el presente se sostiene que Pedro Domingo Murillo y Salazar fue hijo del cura Juan Ciriaco Murillo y Salazar. La fecha de su nacimiento más aceptada es el 17 de septiembre de 1757 en la ciudad de La Paz, y la de su bautismo, el 13 de octubre de 1758 en la catedral de la misma ciudad. Probablemente se casó en 1778 a la edad de 21 años, porque él mismo se manifestó sobre eso en dos oportunidades ante las autoridades; primero, el 12 de julio de 1803, dijo “tener más de 46 años, -y- estar casado el espacio de 25 años con una sucesión crecida de hijos”44; y segundo, en 1809, indicó que se llamaba “Pedro Domingo Murillo natural de esta ciudad /La Paz/, de oficio minero y papelista de 52 años”45. Pero sus enemigos de la revolución decían de él que era “casado en Potosí ha mantenido y mantiene en La Paz un escandaloso concubinato con una india de la cual tiene varios hijos”46. Acerca de la confusión de identidad de Murillo y su esposa, Valentín Abecia señala que los nombres y apellidos de Pedro Francisco Murillo y Salazar, o Pedro Domingo Murillo, “no se puede saber sin duda de que ambos apelativos corresponden a la misma persona”47. Y del mismo modo, Manuela de la Concha es la misma persona que Manuela Olmedo. “El nombre completo de la esposa legítima era Manuela Josefa de la Concha Olmedo”48. No es raro que los apelativos Concha y Olmedo hayan sido anotados aisladamente por los copistas o escribanos en los documentos de esa época. Desde 1803, Murillo aparece por primera vez como “don 44 Abecia Baldivieso 1972, p. 79. 45 Abecia Baldivieso 1972, p. 75. 46 BN. (Madrid). Relación imparcial de los acaecimientos de la ciudad de La Paz en la noche del 16 de julio de 1809 y días sucesivos. Ms. 13150. 47 Abecia Baldivieso 1972, p. 81. 48 Abecia Baldivieso 1972, p. 70.

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Pedro Domingo Murillo y Salazar, minero en el aventadero de Chicani”49. Desde la conspiración de 1805, se lo conoce en forma pública como Pedro Domingo Murillo puesto que él mismo después acostumbraba estampar su firma con los mencionados nombres y apellido; así aconteció en 1807, en la ciudad de La Plata, en un documento como apoderado de Francisca Daza, vecina de la ciudad de La Paz50. Esos antecedentes indican que Pedro Domingo Murillo era un personaje algo controvertido y su posición social podía corresponder a la de los criollos. Su formación intelectual o cultural era incluso superior a los profesionales en materia de derecho especialmente. En relación a los bienes que heredó a su padre éstos fueron embargados a favor de su tía; ésta no le dejó poseer ningún bien paterno, sino algún otro bien que tuvo fue producto de su trabajo. Luego tenemos a dos personajes que por su origen, abolengo y posición social, se distinguían descendientes de una de las familias ricas de La Paz, Diez de Medina. Eugenio Leopoldo Diez de Medina fue hijo legítimo de Jacinto Diez de Medina y María Vicenta de Foronda y Peñaranda51. Después de la muerte de su padre, Leopoldo se quedó bajo la tutela de su madre. Por su parte Vicente Diez de Medina, nacido en La Paz el 4 de abril de 1750, fue hijo de Anastacio Diez de Medina y Ramona Hermosilla52. Estuvo casado con Bárbara de Medina Sánchez y en su vida matrimonial tuvo dos hijos varones y una mujer. El parentesco entre éstos y los demás Diez de Medina sin duda fue importante en sus relaciones 49 Abecia Baldivieso 1972, p. 81. 50 ALP. EC. 1807 (hoja suelta). Francisca Daza, vecina de la ciudad de La Plata, otorga poder a Dn. Pedro Domingo Murillo, vecino de la ciudad de La Paz. Plata, 21 de julio de 1807. 51 ALP. EC. 1801 (hoja suelta). Pedido que hace María Vicenta Ortíz de Foronda para que le extiendan el testimonio íntegro sobre unos autos. Ver: ALP. EC. 1796. Juicio ejecutivo de María Josefa Diez de Medina contra Vicenta Ortiz de Foronda. ff. 2-4 y 35. La Paz, 2 de abril de 1793. 52 Aranzaes 1915, p. 261.

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familiares, económicas y sociales de cada uno de ellos por pertenecer desde sus abuelos al sector de los hacendados más acaudalados de La Paz. Bartolomé Andrade es otro de los personajes de La Paz. Nació en La Paz el 4 de septiembre de 1769. Fue hijo del doctor Mariano Andrade y María Calderón. Por sus antecedentes familiares, ocupaba una buena posición social y económica en la sociedad colonial de La Paz. Entre otros paceños tenemos a Mariano Ayoroa, nacido en Coripata el 7 de diciembre de 1769. Su abuelo, Juan Ayoroa, fue natural de Castilla la Vieja, corregidor de la provincia de Sicasica en 1707 y alcalde ordinario de primer voto en 1730. José Landavere nacido en La Paz fue hijo del capitán español, Pedro Angel de Landavere. Los demás paceños citadinos fueron los siguientes: Antonio de Avila, Jerónimo Calderón, José Gavino Estrada, Manuel Ortiz, Mariano Graneros, Juan de la Cruz Martínez Monje Ortega, Romualdo Herrera, Hipólito Landaeta, Isidro Zegarra, Manuel Rivero, Pedro Leaño (primo hermano de Cordero), José Benigno Salinas, Joaquín de la Riva, José Ascarrunz, Francisco Monterrey, Manuel Vera, Clemente Medina, Melchor León de la Barra, José María Yañez Montenegro, Cayetano Vega, Juan Crisóstomo Vargas, Gregorio Umeres, Francisco Monroy, Mateo Cañizares y los paceños provincianos: Manuel Zapata (yungueño), Romualdo Gemio (natural de Coripata), Esteban Cárdenas (natural de Irupana), Melchor Jimenez (natural de Caracato), José Manuel Aliaga (natural de Chuma, Larecaja), Eusebio Condorena (natural de Pacajes?), José Jimenez Pintado (natural de Chulumani), Rafael Irusta (descendiente de antiguos caciques de Omasuyos), Luis Eustaquio Balboa (natural de Pucarani, cacique de Laja y Achacachi), Eusebio Gayo de la Penailillo (protector de naturales de Pacajes), Pedro Linares (natural de Chulumani), Sebastián Alvarez Villaseñor (vecino de Yungas), y otros 90

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completarían el grupo de revolucionarios que participaron en la revolución del 16 de julio de 1809. Luego tenemos algunos revolucionarios del interior: primero, los chuquisaqueños: Juan Manuel Mercado, Manuel Ruiz y Bolaños y Julián Galvez de Oropeza; segundo: un cochabambino: Francisco Javier Iturri Patiño (sacerdote), y tercero: un orureño, Apolinar Jaen. 2.3 La educación y la formación profesional De acuerdo al régimen de la educación en la época, una parte de los revolucionarios pertenecientes a la clase pudiente recibieron una educación o formación profesional en las carreras de abogacía y teología, mientras la otra parte sólo podía alcanzar una educación media o elemental, y de la mayoría no se sabe su escolaridad. Los centros educativos eran conventos, parroquias y capillas, donde funcionaban escuelas elementales, Colegio Seminario para nivel medio (especialmente para la formación de sacerdotes) y superior en las universidades. Vale decir, una parte del grupo revolucionario del 16 de julio de 1809 fueron egresados de las aulas de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca y de las otras universidades, como ser la de Cuzco, Córdoba y San Marcos de Lima. Los abogados formados por la universidad de San Francisco Xavier fueron Juan Bautista Sagárgana, Antonio Avila, Jerónimo Calderón, Manuel Ortiz, Juan de la Cruz Monje y Ortega, Joaquín de la Riva, Baltazar Alquiza, José María Landavere, Manuel Ruíz y Bolaños, Antonio Diez de Medina. Los otros abogados como Basilio Catacora y Gregorio García Lanza estudiaron en la Universidad del Cuzco, pero Catacora se recibió de abogado en la 91

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Universidad de Chuquisaca. Por su parte José Gavino Estrada y Pablo Gutiérrez estudiaron en la Universidad de Córdoba (Argentina); el primero, obtuvo el grado de licenciado y, el otro, el de abogado. Falta conocer en cuál de las universidades mencionadas realizó sus estudios académicos el Dr. Mariano Castro. Los teólogos Melchor León de la Barra, José Antonio Medina y Julián Galvez de Oropeza, estudiaron en la Universidad de San Francisco Xavier53, Juan Manuel Mercado (hermano del presbítero Michel) no se sabe dónde estudió, y Andrés José del Castillo estudió en la Universidad San Marcos de Lima. Los religiosos (de formación no universitaria) que estudiaron en el Colegio Seminario de La Paz, eran: Romualdo Gemio, José Manuel Aliaga y José Benigno Salinas. Sebastián Aparicio estudió en el Colegio Carolina de Puno y Buenaventura Bueno lo hizo en el Colegio Seminario de la ciudad de Arequipa; quien después de perfeccionarse en el idioma latín dictaba “una clase de gramática de más de cuarenta estudiantes que cada uno de ellos contribuía cuatro pesos mensuales por la enseñanza en La Paz”54. Juan Manuel de Cáceres, con apoyo de su tío, asistió a las clases de latín “en el aula de gramática del Colegio de Compañía de Jesús” en La Paz55. Entre otros estudiantes universitarios paceños, se encuentra Isidro Zegarra que estudió en la universidad chuquisaqueña hasta obtener el grado de bachiller, pero no pudo continuar sus estudios a causa de la muerte de su padre. De los otros revolucionarios que no pudieron alcanzar una educación superior, no se 53 Aranzaes 1915, p. 306 y 480. 54 Aranzaes 1915, p. 371. Cf. ALP. Exp. 1808. Expediente de varios cargos de Real Hacienda con el Dr. Gregorio y Victorio Garcia Lanza como herederos de su padre finado Don Martín García Lanza, f. 9v. 55 Arze Aguirre 1979, p. 111. Cf. ALP. EC. 1764-1783. Expediente ejecutivo seguido por el teniente de Capitán de la quinta Compañía del Regimiento de Dragones de la provincia de Pacajes y escribano de su Majestad, Juan Manuel de Cáceres a Pedro Vicente Valdivia que le adeuda de 1764, 1200 pesos.

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tiene noticias, sólo se puede presumir que muchos de ellos debieron haber recibido por lo menos una educación elemental o mediana en los centros educativos que se ha mencionado. Algunos de ellos quizás no recibieron ninguna instrucción de tipo escolar, tal es el caso de Melchor Jiménez que no tuvo la oportunidad de asistir a ninguna escuela de su tiempo. Aranzaes, en relación a este caso, sostiene que por “la falta de recursos de sus padres no le permitieron dar instrucción de ninguna clase”56. Los hermanos Gregorio y Manuel Victorio García Lanza, correspondiendo al buen deseo de sus padres de obtener “una educación esmerada”, ambos, se fueron a la ciudad de Cuzco a estudiar derecho en la Universidad de San Bernardo. En 1796 Gregorio alcanzó a graduarse de doctor en ambos derechos (civil y eclesiástico)57. Pero su hermano, Manuel Victorio, no logró concluir sus estudios en la mencionada universidad a causa de la muerte de su madre razón por la que tuvo que regresar a su patria natal, La Paz58. Miguel García Lanza (hermanastro de aquéllos), hijo del segundo matrimonio de Martín García Lanza, con la venta de los productos de su hacienda en los Yungas, logró costear sus estudios de Filosofía en el Colegio de Córdoba, Argentina59. Por su parte, Juan Bautista Sagárnaga estudió derecho en la Universidad de San Francisco Xavier (La Plata). Después de obtener el grado de Bachiller y practicante en la Academia Carolina, el 14 de enero de 1790, luego de cumplir con los requisitos exigidos por la Audiencia de 56 57 58 59

Aranzaes 1915, p. 420. Aranzaes 1915, p. 322. Aranzaes 1915, p. 322. ALP. EC. 1789, s.f. Expediente sobre la sucesión hereditaria y la satisfacción de los réditos devengados por los Lanza a doña Magdalena Mendoza. Cf. ALP. RE. 1803-1812. s.f. Solicitud de una escritura de venta por doña María Manuela Aparicio viuda del capitán Dn. Marín García Lanza y doña María Juana Aparicio mujer legítima del Dr. Josef Astete abogada de la Real Audiencia del distrito que hacen a favor de Dn. Lorenzo Rivero, la hacienda de Calacala situada en la jurisdicción del pueblo de Ayata de Larecaja.

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Charcas, ante el tribunal formado por Presidente, Regente y Oidores, dio el examen de grado por medio de un “pleito que se le asignó y aprobado que fue mandaron hiciese el juramento de fidelidad acostumbrado”60. Al igual que otros, Juan Bautista Sagárnaga fue incorporado al cuerpo de abogados de la Real Audiencia de Charcas. Juan Basilio Catacora Heredia cursó estudios en la Universidad de San Bernardo del Cuzco hasta obtener el grado de licenciado y luego regresó a su ciudad natal, La Paz. Después, para concluir su carrera académica en derecho viajó a la ciudad de Chuquisaca y se recibió de abogado en la Universidad San Francisco Xavier. Fuera de los profesionales legalmente reconocidos, tenemos a Pedro Domingo Murillo; personaje que ejercía la abogacía en forma ilegal aunque dice lo hacía con mayor eficiencia que los abogados de nota, puesto que incluso tenía un “estudio público” para atender a sus clientes, frente a los juzgados61. En el expediente seguido por ese motivo, Murillo fue admitido al examen para optar la abogacía. Como no podría ser de otra manera, después de haber demostrado su conocimiento sobre la materia de derecho, fue aprobado su examen y luego fue matriculado como abogado en la Real Audiencia de Charcas. Pero resulta que después de poco tiempo, por el celo de algunos abogados, entre ellos, el Dr. Joaquín de la Riva (uno de los revolucionarios del 16 de julio), denunciaron a Murillo de falso abogado con el argumento que éste no habría realizado estudios de derecho en ninguna universidad. A ello, Murillo al principio reaccionó con un escrito ante la Intendencia, señalando: “que tengo manifestado en 60 Alfredo Gutiérrez Valenzuela. “El Examen de Abogado de Juan Bautista Sagárnaga”. En: Documentos para la Historia de la revolución de 1809, Vol. III, 1954, 762. 61 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz, 1806-1807, Leg. 9, (5-6, 4). Oficio de Juan Pedro Indaburo al virrey Márquez de Sobremonte. La Paz, 17 de mayo de 1806.

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debida forma el testimonio de la Real Provisión que se me sirva de Título bastante para el ministerio de la abogacía”62. Sin embargo, a pesar de ello, Murillo por no caer preso y complicar su situación, más tarde, tuvo que huir de la ciudad de La Paz. 2.4. Actividades profesionales, culturales y el ejercicio de cargos públicos No sabemos exactamente cuáles fueron las actividades culturales más preferidas por los revolucionarios del 16 de julio de 1809 en La Paz. Pero podemos asegurar que ellos estaban inmersos en la corriente cultural de la época; vale decir, gustaban de las letras y artes transmitidas de la península ibérica, como el estudio de la filosofía dogmática en las universidades y la propagación del arte pictórico, escultórico y arquitectónico colonial, barroco o estilo mestizo63. Los libros que divulgaban el pensamiento humanístico en la península muy difícilmente podían llegar a América puesto que estos estaban prohibidos por la censura del Santo Oficio. Según el historiador Manuel Carrasco los libros que llegaban con frecuencia y sin dificultad a América, entre los principales, eran: la Biblia, los Evangelios, la Historia Sagrada, las Siete Partidas de Alonso el Sabio, las Ordenanzas de Indias y el volumen de sermones o confesiones religiosas64. Pedro Domingo Murillo, José Ramón de Loayza y Gregorio García Lanza en sus bibliotecas poseían libros sobre los temas de religión, 62 ALP. EC. 1787-1790. Autos criminales seguidos de oficio de la Real Justicia contra Pedro Francisco Murillo por las falsedades que cometió. 63 Manuel Carrasco. Pedro Domingo Murillo: abanderado de la libertad. Buenos Aires, Editorial Ayacucho, 1945, p. 16. Cf. José de Mesa y Teresa Gisbert. Monumentos de Bolivia. La Paz, Gisbert y Cia. S. A. Libreros editores, 1972 y 1978. 64 Carrasco 1945, p. 17.

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historia de América y derecho indiano. Por otra parte, podemos señalar la diferencia sociocultural que existía entre los grupos sociales a través de su vestimenta, puesto que según los autores de la Vida Cotidiana en La Paz (1800-1825) la vestimenta “era el signo exterior visible de la diferencia de clases, los españoles y criollos, por una parte, e indios por otra y en medio de ellos el mestizo que procuraba confundirse hasta donde podía con los blancos”65. Los revolucionarios al igual que los otros criollos o mestizos, tenían predilección por los mejores surtidos de trajes o telas traídos desde España y otros países de Europa. Entre la indumentaria andina con más frecuencia aparecen el uso de cumbis y llicllas. Los muebles preferidos eran generalmente sillas hechas de madera de cedro importado de Europa con barniz colorado; escritorios, desde ordinarios hasta “con coronación dorada”, etc. Los revolucionarios de la plana mayor del 16 de julio de 1809, además de sus actividades intelectuales y culturales, ejercían su profesión y cargos públicos en el ejército, el cabildo (civil-eclesiástico), la iglesia y la administración pública del gobierno real de La Paz. A continuación se presenta en forma breve, algunos pormenores acerca de las actividades profesionales y el desempeño de los cargos públicos por algunos revolucionarios más representativos. Juan Pedro Indaburo era Ayudante Mayor del Batallón en la Milicia de La Paz. Este cargo, que sin duda significaba su grado militar, se conoce lo desempeñó concretamente desde 1805 cuando intervino en la captura de los principales conjurados del fallido levantamiento revolucionario contra las autoridades reales de La Paz. Primeramente, aparece en 1777 como 65 Alberto Crespo R. René Arze Aguirre, Florencia Ballivián de Romero y Mary Money. La vida cotidiana en La Paz durante la guerra de la Independencia (1800-1825). La Paz, Editorial Universitaria, UMSA, 1975, p. 120.

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maestre de campo y alcalde de la Santa Hermandad. También fue alcalde ordinario de primer voto, probablemente desde 1795. El 24 de julio de 1798, Indaburo desempeñó interinamente los cargos de Gobernador Intendente y teniente asesor en el gobierno de La Paz en ausencia de los titulares. Hasta esa fecha, continuaba de alcalde ordinario de primer voto en el Cabildo66. Durante la revolución de 1809, fue nombrado Teniente Coronel de las tropas revolucionarias. Gregorio y Manuel Victorio García Lanza, como se ha indicado ambos recibieron formación profesional universitaria. Sus actividades intelectuales probablemente estaban orientadas hacia las cuestiones jurídicas, sociales y políticas. Se sabe que Gregorio García Lanza ejercía su profesión de abogado, según Aranzaes, “con todo brillo; sus escritos llamaron la atención de sus colegas, y puede decirse sin hipérbole que fue un eximio abogado, cuya clientela aumentaba día a día”67. Su formación profesional e intelectual estaba incrementada, indudablemente, con la lectura de libros en su biblioteca particular que poseía en la ciudad de La Paz con 827 volúmenes68. El Dr. Gregorio García Lanza, entre los cargos públicos, ejerció el de asesor del Cabildo, cargo que ha debido desempeñar con bastante responsabilidad y solvencia profesional. Por su parte, su hermano Manuel Victorio García Lanza fue subdelegado de Sicasica por unos ocho meses y en 1804 compró la vara de regidor (no se por qué suma) “y se incorporó en el Cabildo como caballero veinticuatro 66 ALP. RE. 1777. Poder para España. Dn. Juan Pedro Indaburo a Dn. Pedro Berindoaga (Vecino de la Villa de Madrid). F. 231. 67 Aranzaes 1915, p. 314. 68 Aranzaes 1915, p. 315. Cf. José Vicente Ochoa. “16 de julio de 1809” 1954, p. 317. En: Documentos para la Historia de la revolución de 1809, Vol. III, 1954, p. 317. Ochoa ofreció publicar la cantidad de libros que poseía Gregorio García Lanza, no llegó a conocer el número exacto, sino limitó a decir: “más de 800 volúmenes”.

Situación Social de los Revolucionarios o sea regidor perpetuo”69. Esos son los únicos cargos desempeñados por Victorio como hombre público y no se conoce con exactitud qué otras funciones tuvo durante el transcurso de su vida privada y pública, además de dedicarse a las actividades agrícolas en sus haciendas de los Yungas. Juan Bautista Sagárnaga, abogado, fue regidor o caballero veinticuatro. Obtuvo este cargo a través de un recurso realizado ante el virrey, en oposición al licenciado José Astete70. Además, en 1805 fue teniente de milicias de una de las compañías del batallón en la ciudad de La Paz71. Juan Basilio Catacora Heredia era otro de los profesionales que logró alcanzar “notoriedad como hombre de talento y jurisconsulto”72. Como hombre de ideas renovadoras y revolucionarias, sus servicios profesionales e intelectuales estaban al desenvolvimiento de las cuestiones jurídicas, sociales y políticas. En el ejercicio de su profesión regentó cargos de suma importancia, tales como defensor de la Real Hacienda73, asesor de causas74, abogado defensor de menores75, y fiscal en la causa criminal promovida contra la zamba Lucía Roxas, “que habría sido ella la que perpetró la más sangrienta muerte en la persona del Dr. Dn. Matías de Oliden” abogado de la Real Audiencia de Charcas76. En vista de ese hecho tan lamentable, Catacora no dejó de comentar lo siguiente: 69 Aranzaes 1915, p. 321. 70 Aranzaes 1915, p. 673. 71 ALP.RE. 1805, s.f. Poder. El Dr. Don Juan Baptista Sagárnaga otorga poder a un vecino de la ciudad de Buenos Aires. 72 Guía de La Paz. IV Centenario y breve historia de la ciudad de La Paz, 1948, p. 90. 73 ALP. EC. 796-1798. Expediente sobre cobro de pesos; en el cual Juan Basilio Catacora Heredia acepta el cargo de defensor de la Real Hacienda. La Paz, 4 de marzo de 1796. 74 ALP. EC. 1797, s.f. Testimonio compulsorio de los autos seguidos contra las casas de Don Juan Vicente Guerrero. Basilio Catacora fue nombrado “para que preste su dictamen en calidad de asesor en esta causa”. La Paz, 7 de febrero de 1797. 75 ALP. RE. 1805-1812, s.f. Solicitud de una escritura de /cortado/ en favor de Manuel Palomino “con la intervención del abogado defensor de menores Dr. Don Basilio Catacora”. La Paz, 31 de octubre de 1807. 76 ALP. EC. 1805-1807. Auto criminal seguido de oficio contra Lucía Roxas por la muerte del Dr. Matías de Oliden. F. 100.

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“El público no es entre quimérico para que sea menos atendido en derecho. El público es una sociedad de hombres que juntos y en particular conspiran y consultan la seguridad de todos en general y de uno en particular en sus vidas, bienes y estimación”.

Más adelante agrega: “La humanidad no consiste en fomentar la injusticia, ni aspirar a que queden impunes los delitos; y si en esto se reservara su constitución formal; ninguno quedaría seguro con su vida; y el mundo se llenaría de un instante a otro de malhechores; y todo lo habría arrasado la injusticia. No estamos en ese estado; el público en el día es una sociedad bien ordenada; y ella misma exige también el orden judicial para que no quede impune un delito, como para que no se deprima la inocencia”77.

De modo que, para Catacora una sociedad bien ordenada requería ser atendida en derecho, puesto que ella misma exigía, para seguridad y bienestar de las personas, el ordenamiento judicial al fin que no quedasen impunes los delitos. En los mismos años (1805-1806) a Catacora le tocó defender a Tomás Rodriguez Palma en el proceso seguido por las autoridades reales por haber éste participado en la conspiración de 1805 conectado con la de Cuzco. La “defensa, réplica y fundamentación de Catacora le manifiestan en su triple carácter de literato, consumado jurista y entusiasta revolucionario”78. Bartolomé Andrade, además de ejercer su profesión de abogado, indudablemente fue uno de los gestores de las nuevas ideas políticas y sociales antes del estallido de la revolución de julio de 1809 en La Paz al propiciar la reunión de los revolucionarios en su casa. El 1 de enero 77 Ibid. 78 Pinto 1953, p. 54. En: Documentos para la Historia de la revolución de 1809, Vol. I.

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de 1809, Andrade en el Cabildo fue nombrado segundo alcalde de la Hermandad79; cargo que desempeñó hasta la convulsionada fecha de la revolución y en la cual fue nombrado uno de los secretarios del Auditor de Guerra. Pedro Domingo Murillo, además de ser qillqiri (aymara) o papelista, debió incrementar su conocimiento sobre la cultura de su época con la lectura de libros que poseía en su biblioteca que versaba sobre la historia, religión, leyes, filosofía, gramática, etc.80 Seguramente no quería quedarse como simple papelista, entonces el oficio de abogacía en algún modo podía servir para sostenerse y aliviar a su mujer e hijos puesto “que desde sus tiernos años lo dirigieron sus padres sin otro oficio, ni enseñanza, que el de las letras”81. Por sus antecedentes familiares, Murillo no ocupó ningún cargo público antes de la revolución, sino que sus actividades se limitaban a trabajos cotidianos o particulares. José Ramón de Loayza, ejercía el cargo de alcalde provincial y regidor en el Cabildo de la ciudad de La Paz82, cargo en el que fue ratificado durante la revolución de 1809. Posteriormente, tuvo actuaciones muy importantes en la guerra de la Independencia, y luego de ella, en la nueva República de Bolivia. No se sabe donde estudió, pero poseía una buena colección de libros entre los cuales podemos citar: dos tomos de Comentarios de los Incas, tratados políticos, tres de Confesiones de San 79 Aranzaes 1915, p. 30. 80 Humberto Vázquez Machicado, José de Mesa y Teresa Gisbert, La Paz, Gisbert y Cia. Librería editores, 1958a, pp. 106-109. 81 ALP. EC. 1788. (C.111.E-19). “Testimonio de los autos criminales seguidos de oficio de la Real Justicia contra Pedro Francisco Murillo por las falsedades que cometió”, f. 3 v. Consta de 48 fojas y más 24 fojas sin foliar. 82 ALP. EC. 1806, s.f. Despojo, amparo y posesión de las aguas de los ríos de Caracato y Sapahaqui, suscitados entre José Ramón de Loayza y Juan Pedro Indaburo.

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Agustín, un tomo de la Fundación de la Audiencia del Cuzco por Castro y diez tomos de Feyjóo83. José Domingo Bustamante, vecino de la ciudad de La Paz, en 1796 aparece desempeñando el cargo de alférez real, que obtuvo probablemente por la suma de quinientos pesos. En ese mismo año está en función del cargo de alcalde ordinario interino de segundo voto en reemplazo del titular que fue Josef Marquez de La Plata84. Posteriormente en 1804, cumple varios cargos públicos desde teniente coronel de ejército y capitán de Granaderos de Milicianos hasta regidor, alférez real del ayuntamiento y alcalde ordinario de primer voto85. Eugenio Diez de Medina, en 1807 aparece ejerciendo como alcalde de segundo voto en la administración de justicia de la ciudad de La Paz86. No se conoce otras actividades que hubiera tenido en el transcurso de su vida privada y pública. Pedro Cossío, primeramente, se desempeñó como Subdelegado interino del Partido de Pacajes87, cargo que fue oficializado a categoría de titular en diciembre de 1794 por el virrey de Buenos88. Desde entonces se quedó un tiempo prudencial en el gobierno del dicho partido en estrecho contacto con los caciques e indios de su jurisdicción. Entre sus actos, podemos mencionar lo siguiente: el 10 de enero de 1797 nombró un cacique 83 AHM. Exp. 1824. Incompleto. Consta de 70 folios. Expediente sobre el secuestro o embargo de los bienes de José Ramón de Loayza. La tasación de libros entre otras cosas fue realizada en la ciudad de La Paz los días 15 y 16 de julio de 1824. Fs. 103-105. 84 ALP. EC. 1796, s.f. En el juicio seguido por Juan de Dios Ortiz contra Isidro Lucero por el cobro de pesos, José Domingo de Bustamante en calidad de alcalde ordinario interino de 2do, voto, proveyó y firmó el decreto de ejecución en la ciudad de La Paz, el 11 de julio de 1799. Cf. Aranzaes 1915, p. 149. 85 ALP. EC. 1804, s.f. Expediente sobre la muerte de Juan Pérez, indio que se había ahorcado en el presidio de la pólvora. La Paz, 18 de febrero de 1804. 86 ALP. EC. 1812. Juan de Aguirre se compromete pagar la suma de 4400 pesos al señor alcalde de 2do. voto, Don. Eugenio Leopoldo Diez de Medina. La Paz, 7 de octubre de 1807. F. 1. 87 ALP. EC. 1795, s.f. Oficio: Fernando de la Sota al Subdelegado Pedro Cossío. La Paz, 4 de julio de 1795. 88 ALP. EC. 1795 (hoja suelta). Carta de Pedro Cossío al señor gobernador intendente. La Paz, 4 de octubre de 1795.

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de la parcialidad de urinsaya de la jurisdicción de Caquiaviri89 con las siguientes instrucciones: 1) “que los reales tributos” debían ser entregados a su debido tiempo a las Cajas Reales “sin desfalcación alguna”.2) Los jóvenes debían dedicarse “a la agricultura como á principal objeto de su mejor subsistencia”. 3) Los niños de ambos sexos al aprendizaje de las letras y educados en la doctrina cristina “y demás misterios de la Santa Fé”. 4) Todos los indios no debían faltar a la misa y enseñanza de la doctrina cristiana los días domingos “y fiestas del precepto”. 5) No debían emborracharse ni hacer “juntas nocturnas” ni “taques, ni corrillos”. 6) Y “todos los hilacatas, alcaldes, regidores, y demás indios principales e inferiores” estaban obligados a respetar o “guardar todos los privilegios, honras y prerrogativas, como de costumbre, al nuevo cacique90. En agosto de 1800, Pedro Cossío fue nombrado Subdelegado de Omasuyos91 y en octubre del año siguiente, en su despacho fue presentada la denuncia de un asalto de cartas perpetrado por dos indios llamados Diego Pacosillo y Sebastián Ticona. Inmediatamente Cossío ordenó la prisión de éstos, y como castigo ejemplar determinó que los mencionados indios fueses puestos “al pie del rollo de la plaza por espacio de dos horas amarrado” con una inscripción que debía decir lo siguiente: “De esta suerte castiga la justicia á los Indios que extraen cartas en los caminos”; y luego de esto, los dichos indios debían ser devueltos a su prisión hasta la nueva orden92. Joaquín de la Riva Graneros, habiendo desempeñado interinamente la subdelegación de Pacajes, en diciembre de 1786, recibió el título de 89 ALP. EC. 1797, 2 folios. Nombramiento de cacique en Dn. Manuel Sirpa como cobrador de tributos. Caquiaviri, 10 de enero de 1797. 90 Ibid. 91 ALP. RE. 1800, s.f. Fianza: Tomás Manuel Aliaga a favor de Pedro Cossío. 92 ALP. EC. 1801, 4 folios. Juicio criminal seguido por la subdelegación de Omasuyos contra dos indios asaltantes de unas cartas. Achacachi, 25 de octubre de 1801.

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Juez Real Subdelegado del Partido del mismo nombre en el pueblo de Caquiarivi, el cual fue otorgado por Sebastián de Segurola93. Entre los actos de su gobierno administrativo, político y judicial, podemos mencionar lo siguiente. El 27 de abril de ese año, el Dr. Joaquín de la Riva, conocedor de un triple homicidio, dio cuenta de la fuga de reos de la Real Cárcel de Caquiaviri, que se trataba de tres indígenas del mismo Partido. El primero, Manuel Flores, del pueblo de Caquingora, fue el autor de la muerte de José Choque, a quien Flores le ejecutó en la misma comprensión de Caquingora. El segundo, Jerónimo Chipana, del pueblo de Caquiaviri, yanacona de la hacienda de Quella Quella, quitó la vida a su propia mujer en las cercanías “de las balsas del Desaguadero de Viacha”. Y el último, Juan Alave, fue el autor de la muerte de su propio padre, a quien Alave lo ejecutó en el pueblo de Santiago de Berenguela94. El 9 de junio de 1786 el Dr. De la Riva, en cumplimiento de sus facultades concedidas por su condición de gobernante de Pacajes, nombró cacique cobrador de tributos a Manuel Cuba al nuevo cacique para que “gobierne y mantenga a los indios” de dichas parcialidades en total sociabilidad, obligando a concurrir a todos a la misa cristiana “en días festivos”, al anual “precepto de confesión y sagrada comunión”, no permitiéndoles a los indios que “cometan pecados públicos” “y otras supersticiones”. Además, el mencionado cacique fue advertido de no cometer ningún desfalco de tributos, sino siguiendo estrictamente al padrón y la nueva matrícula de la revisita “afianzando en iguales términos á los indios asignados para la mita de Potosí según que a cada uno cupiera tanda por turno”. En materia de aculturación, 93 ALP. EC. 1786, 4 folios. Joaquín de la Riva, en el pueblo de Caquiaviri, en diciembre de ese año recibe el libramiento del título de juez Real Subdelegado de Pacajes por el señor Sebastián de Segurola, gobernador Intendente de La Paz, 7 de febrero de 1786. 94 ALP. EC. 1786, s.f. Juicio criminal seguido contra tres indios por el triple asesinato en la jurisdicción de Caquiaviri.

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debía ser celoso en el cuidado que todos los indios vistan “traje español, y hablen la lengua castellana procurando á que entre ellos se civilicen en la nacionalidad con el trato de los españoles”. Y que la dedicación a las labores agrícolas debía beneficiar al “aumento de sus bienes, y ganados”, según la previsión de “la Real Ordenanza que por nueva determinación de su Majestad Católica! Que ha sido expedida para los dominios de la Audiencia de Charcas95. Pero el Dr. Joaquín de la Riva, como funcionario público en la subdelegación de Pacajes, no pudo cumplir su responsabilidad con el Estado y con su prójimo como él exigía a su cacique, sino resultó ser deudor de tributos a la Caja Real desde 1785 hasta 1792, incluyendo a sus fiadores96. Asimismo, fue deudor de ocho mil quinientos y algo más de pesos al cacique Francisco Carvajal del mismo Partido97. Los otros revolucionarios eran escribanos, oficio que facultaba “para dar fe de las escrituras y demás actos que pasan ante él”. En esa época, hubo diferentes clases de escribanos, como ser: escribano de número, del Rey, de cámara, etc. Los principales escribanos que participaron en la revolución eran: Cayetano Vega, Juan Manuel Cáceres, Juan Crisóstomo Vargas y José Genaro Chávez de Peñaloza. Cayetano Vega, vecino de la ciudad de La Paz, fue escribano de número, cargo que ejerció probablemente desde 1798 hasta 1809. Juan Manuel de Cáceres, en diciembre de 1781, empezó a desempeñar el cargo de escribano real en el pueblo de Calacoto (Pacajes), en ocasión de la diligencia practicada por el Juez Pacificador Manuel Antonio Chuquimia sobre la participación de los hermanos Pascual y Pablo Sánchez 95 ALP. EC. 1786, s.f. Nombramiento de cacique en Josef Antonio Morales, Santiago de Callapa, 9 de junio de 1786. 96 ALP. Libro Mayor, 1803. Deudores a tributos, pulperías y Sisa. F. 4. 97 ALP. EC. 1807-1808. Testamento de Francisco Carbajal en el expediente criminal seguido por Mariano Urdininea contra Cayetano Vega sobre la falsedad de un documento. La Paz, 10 de agosto de 1807. f. 4.

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y otros implicados de la comunidad de Ulloma en el levantamiento indígena de 1781. Los mencionados individuos fueron sindicados de ser seguros cómplices de Julián Apaza98. El siguiente año (1782), Cáceres aparece ejerciendo el cargo de escribano real en el pueblo de Caquiaviri99. Desde ese momento siguió ejerciendo el cargo de escribano en la subdelegación del Partido de Pacajes, especialmente durante el gobierno de Dr. Joaquín de la Riva100. En 1792, Cáceres consiguió el cargo de escribano real en el Intendencia de La Paz, cargo que desempeñó desde el 1 de julio de 1792 hasta la revolución de 1809101. Durante el ejercicio de escribano en Caquiaviri y La Paz, Cáceres indudablemente tuvo la oportunidad de conocer de cerca los pormenores de la situación social y política de la época, en especial manera, la vida social del indio. Como escribano, a través de sus plumas se imprimió bastante documentación sobre cuestiones de la situación crítica de los indios a causa del abuso de los patrones, blancos, mestizos o caciques; lo cual impresionó ostensiblemente a su vida por lo que, más tarde, pudo planear el camino de la liberación del indio, intento que trató de ejecutar a través de la lucha armada a principio de la guerra de la independencia. Después del triunfo de la revolución del 16 de julio de 1809, Cáceres organizó una compañía de milicianos de escribanos; él era su capitán. 98 ALP. EC. 1781, s.f. Autos seguidos por los indios de Ulloma ante el Juan Pacificador contra Pablo Sánchez supuesto cómplice de Julián Apaza. 99 ALP. EC. 1782 (hoja suelta). El documento dice: “Señor Justicia Mayor.- Juan Manuel de Cazares vecino de este Pueblo de Caquiaviri, y Escribano de su Majestad con la resignación debido paresco ante la justificación de Vmd. Y digo que el año pasado de setecientos ochenta y uno a nueve de marzo enteré al señor General Dn. Manuel Inosente de Villegas Justicia Mayor que fue de esta Provincia de Pacaxes, una partida de trescientos cuarenta y dos pesos, los mismos que cobré de su orden en el Pueblo de Callapa y Tiaguanaco de resagos de tributos del tercio de Navidad de setecientos ochenta, y de la cobranza de repartos;…”. Juan Manuel de Cazeres. 100 ALP. EC. 1786, 2 folios. Incompleto. Manuel Cáceres cumple con una de las habituales notificaciones a las personas querellantes por “cargo de aprovechamiento” durante la rebelión de 1781. 101 ALP. Libro Mayor, 1816. Deudores a oficios vendibles: Juan Manuel de Cáceres por el resto del arrendamiento del oficio (escribano) del finado Rafael de Villanueva que obtuvo desde el 1 de junio de 1792, á 100 pesos anuales hasta 1 de julio de 1809—1100 pesos. f. 163.

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Juan Crisóstomo Vargas, como su teniente, y Cayetano, subteniente102. Además Cáceres fue escribano de la Junta Tuitiva. Otros revolucionarios que ejercieron algunos cargos importantes fueron: Mariano Ayoroa fue alcalde de la Santa Hermandad en 1802 y en el mismo año compró la vara de regidor. Fue subteniente de la 4ª. Compañía de fusileros en 1804. José Genaro Chavez de Peñaloza fue escribano de hipotecas y después del Cabildo; este cargo lo desempeñó durante la revolución de 1809. José Maria Landavere fue alcalde ordinario del Cabildo en dos oportunidades. Melchor León de la Barra ejerció el curato de Huarina y de Caquiaviri. Juan de la Cruz Martínez Monje en 1804 aparece ejerciendo el cargo de regidor en el Cabildo y, el año siguiente, fue asesor ad hoc, en el juicio seguido a los revolucionarios de 1805. José Manuel Aliaga –según Aranzaes– desempeñó “algunos beneficios y mediante oposición en concurso obtuvo el curato de Huarina”103. Fue también promotor fiscal en 1805 y confidente del obispo La Santa y Ortega como su prosecretario. Mariano Urdininea (declarado contrarrevolucionario en 1809) ejerció el cargo de regidor y alguacil mayor. Juan Santos Zavalla, teniente coronel de Dragones, pertenecía al Cabildo con el cargo de alcalde ordinario de primer voto. Mariano Graneros fue alguacil mayor entre 1802 y 1807. Sebastián Arrieta (subdelegado de Larecaja), Andrés del Castillo (rector del Colegio Seminario en La Paz), Tomás Domingo Garay de Orrantia (oficial tercero de la contaduría del Estanco de Tabacos), Buenaventura Bueno (alcalde interino de Hermandad) y Pablo Gutiérrez en 1784 vino �� Ponce Sanginés 1953, Vol. I, p. L. 103 Aranzaes 1915, p. 22.

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de Argentina nombrado defensor de la Real Hacienda de las provincias de La Paz. Las mencionadas personas, entre otras, que representaron al grupo de criollos en la plana mayor de los revolucionarios paceños, eran miembros del Cabildo; institución municipal de la ciudad de La Paz. Ésta después con la creación de las Intendencias se convirtió en sede del gobierno de la Intendencia de la Provincia de La Paz conformada por los partidos de Pacajes, Omasuyos, Chulumani o Yungas, Larecaja y Apolobamba.

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Situación Social y Económica de los 16 de Julio de 1809 en La Paz

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3.1 La situación económica de La Paz en el siglo XVIII Económicamente, La Paz se constituyó durante el coloniaje en “un punto de mediación y de alimentación entre Lima, Huancavelica y la Villa Imperial de Potosí”1. Esto más que todo se debió al comercio que se efectuaba entre Lima y La Paz, además de otras ciudades importantes que vinculaban con ellas como ser Arequipa y Moquegua, productores de vino, debió tener también un movimiento considerable de productos de la tierra, la castilla y otros para ser transportados a la ciudad de Potosí, lugar de mayor volumen del consumo altoperuano. Potosí a su vez se proveía de las mercancías procedentes de Buenos Aires. De modo que, hacia 1745 la capital del virreinato del Perú, con el funcionamiento del puerto de Buenos Aires, estaba “empobreciendo a causa de la presencia de comerciantes bonaerenses en Charcas y en el Alto Perú”2. Esto sorprendió al conde de Superunda que sustituía al marqués de Villagracia como virrey para solicitar al Rey el cierre de ese puerto y el de Panamá inclusive, 1 2

Tibor Wittman. Estudios históricos sobre Bolivia. La Paz, Editorial “El Siglo”, 1975, p. 167 Geoffrey J. Walter. Política española y comercio colonial, 1700-1789. Barcelona, Editorial Ariel, 1979, p. 266

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además de suplicar el restablecimiento de galeones y la feria de Portobelo. Pero al poco tiempo, gracias a la implantación del comercio libre directo entre España y Perú, en la década de 1750 a 1760 floreció “una nueva relación entre Cádiz y Lima”3. Este cambio favorable al comercio de España y Perú, trajo ventajas importantes para los comerciantes de ambas ciudades, entre otras, en los precios de sus mercaderías tanto en su oferta y demanda. Entre tanto, Buenos Aires se beneficiaba del contrabando inglés. Y Potosí por ser el centro minero del Alto Perú más que un punto comercial entre Lima y Buenos Aires “sacó también gran provecho del tráfico inglés4. Seguramente La Paz como Oruro y Cochabamba también estaban vinculadas con el comercio porteño a través de Tucumán. De todos modos su mayor vinculación comercial fue con Lima y más que todo con las ciudades de Arequipa, Cuzco y Puno. Según los datos económicos proporcionados por el historiador Wittman en cuanto a las rentas reales y municipales a fines del siglo XVIII, “la Intendencia de La Paz ocupó el segundo lugar después de Potosí”. Esto debió indudablemente aun mayor incremento del comercio del vino y aguardiente, azogue, tabaco, la ropa y otros artículos, convirtiendo de esta manera a La Paz en el “segundo mercado de consumo del Alto Perú”5. Aunque no tenemos los datos exactos acerca del volumen de comercio de la Intendencia de La Paz, según Wittman se sabe que La Paz ha desempeñado considerablemente “en el abastecimiento de víveres de las regiones de Potosí, tenemos que considerar la gran expansión económica de las intendencias del Perú, Arequipa y Cuzco, también hacia los centros 3 4

Ibid. p. 267. Wittman 1975, p. 25. Gf. John Lynch. Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826. Barcelona, Editorial Ariel, 1976, p. 57. 5 Wittman 1975, p. 169.

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mineros de la Intendencia de Potosí. Ambas intendencias exportaron muchísimo no sólo a Potosí, sino también a La Paz”. De esta manera, la total exportación de las mencionadas provincias alcanzó a 2.034.980 pesos, de los cuales 1.300.475 corresponde a Arequipa, por el valor de sus productos de aguardiente, vino, aceite, pimiento y azúcar y 734.505 pesos a Cuzco por sus tejidos, azúcar y granos6. Sin embargo, La Paz no era solamente el tránsito comercial entre Lima y Potosí, además de mercado, sino también fue productor del oro tanto en Chuquiago como Tipuani, la coca en Yungas, el vino o aguardiente en el Río Abajo y otros productos de menor importancia económica. Entre los productos rentables estuvo el aguardiente, que jugó papel importante en los ingresos de aduana. Así la cobranza de sisa por el aguardiente y vino benefició con la mayoría de sus entradas al presupuesto del Cabildo de La Paz. Pero, entre los productos más importantes que tuvo La Paz, fue la coca; base fundamental de su economía. El movimiento de las cuentas en la contaduría de La Paz, se presentaba en el mes de junio de 1784, por una parte, el estado mensual del cobro de los diezmos de imposición; entre los cuales ocupaban el primer lugar los tributos con 4.000 pesos, los novenos y alcabalas, cada cual en segundo lugar, con 600 pesos, y en tercer lugar, el azogue, con 500 pesos. En total, de los diez ramos que figuran, alcanza a 6.730 pesos, pero lo cobrado hasta 1º de julio de 1784 llegaba a 3.530 y 3.200 por cobrar7. Y por otra, el estado anual de valores que comprendía los gastos de administración y el líquido que ha producido la Real Hacienda y Cajas Reales de la ciudad de La Paz en los años 1792 a 17968, en resumen tenemos: 6 7

Ibid. p. 173. ALP. EC. 1784 (hoja suelta). Estado individual mensual arreglado por la tesorería de M. de esta provincia de La Paz según el artículo 207 de la Real Ordenanza. Mecapaca, 15 de julio de 1784. 8 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz, 1800-1805; Leg. No. 8 (9-5-6), No. 3. Informe Real Contaduría principal de La Paz.

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Primero: La suma de los ramos particulares, comprendía el total de valores que alcanzaba a 276.070,3 ½; el total de gastos a 87.261, 3 ½ y el líquido de sobrantes a 188.808,3 5/8. Segundo: La suma de los ramos de Real Hacienda, comprendía el total de valores que alcanzaba a 1.722.726.2; el total de gastos a 559.964, 6 5/8 y el líquido de sobrantes a 1.162.761,3 3/8. Aquí tenemos que hacer notar un hecho importante para la Real Hacienda en La Paz, se trata de la visita de Pedro Vicente Cañete en 1795 a las Reales Cajas y Aduana de La Paz. Esta visita en cierta medida corrigió las fallas y vicios que hubo, especialmente, en la cobranza de alcabalas. Como resultado de ello en el siguiente año 1796 se nota un considerable aumento de valores en ambos ramos. Este incremento fue justificado por el propio Cañete, diciendo: “Las resultas de mi comisión no han sido menos que haberla dado treinta mil pesos anuales de aumento a la Real Hacienda de esta provincia en solo el ramo de alcabalas: haber cobrado a los que cuatro primeros meses de mi arribo a esta ciudad noventa y seis mil y cuatro pesos sin estrépito de prisiones, sin embargos judiciales y sin ningún género de apremios capaces de hacer brotar las lágrimas de maldición de los miserables perseguidos”9. Más adelante sostiene que ya no se pagaba alcabala de los siguientes artículos de primera necesidad: chuño, maíz, chalonas, quesos, manteca, charque de llama y borregos “que anteriormente estaba afectos a esta contribución”. Señalaba también haber liberado del pago de alcabala a los hacendados de Yungas por los avíos que introducían para la habilitación de sus cocales o “por la coca de sus haciendas” que conducían por su propia cuenta a la ciudad de La Paz. 9

AGN. (Buenos Aires). Intendencia de La Paz, 1797-1799; Leg. 7 (5-6-2). Informe de Dr. Pedro Vicente Cañete sobre la visita a las Cajas Reales de La Paz, presentado a los señores Presidente, Regente y oidores de la Real Audiencia de Charcas.

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Por otra parte, según los datos de ingresos y egresos de las Cajas de La Paz (en 1799) “son bastante reveladores”10; las apreciaciones presentadas en un cuadro por Wittman, el 61% de ingresos procede de los tributos, 23% de alcabalas y 11% de las entradas de minería (quinto de oro y barras). 3.2 La problemática socio-económica En cuanto a la situación socio-económica de La Paz podemos afirmar que es sumamente compleja si se trata de situar en la realidad social y económica de la época. Por una parte, la sociedad colonial de La Paz, al igual que los demás de la América hispana, estaba constituida por tres sectores sociales principales: indígena, mestizo y criollo-español. Por otra parte, esos grupos sociales, además de una minoría negra, se encontraban desnivelados desde el punto de vista social, económico y cultural. El sector social mayoritario era la población indígena que estaba asentada en las zonas rurales del altiplano y el valle o Yungas. Los indios del altiplano pagaban su tributo real y concurrían al servicio de la mita principalmente en las minas de Potosí. Mientras los indios del valle o Yungas (tanto originarios como forasteros o yanaconas) contribuían su tributo y prestaban sus servicios personales a sus patrones, pero estaban exentos del servicio de la mita minera. La sociedad explotadora o dominante (española-criolla) de La Paz, además de los caciques, estaba constituida por los vecinos de la ciudad y los hacendados que absorbían la mano de obra indígena en sus haciendas 10 Wittman, 1975, p. 169.

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o estancias; especialmente en los valles de Río Abajo, Larecaja y los Yungas. En Yungas, Pedro Indaburo (hacendado y futuro revolucionario de 1809) y el doctor José Toledo, cura de la doctrina de Chupe, denunciaron al subdelegado de Chulumani, Joaquín Rebuelta, por haber éste cometido “multitud de crímenes, abusos y transgresiones” contra los indios de Yungas11. A causa de los hechos denunciados el mencionado subdelegado fue reducido a preso en la capital de Chulumani. Por otra parte, el cura Toledo, en defensa de los indios, ante el señor Juez de Residencia expuso sus razones como religioso su obligación de “proteger y amparar” a sus feligreses indios, puesto que éstos no podían “solicitar justicia” por el peligro de ser perseguidos en cualquier lugar y ocasión. Además, acusó al señor Rebuelta de no haber evitado a tiempo los abusos y “ha sido muy remiso en averiguar y castigar los amancebamientos” tanto en Yanacachi, Milliguaya y Chupe, como en otros muchísimos lugares. En 1795 los indios de todas las comunidades de dichos pueblos fueron conducidos, cada persona sin paga ni avío y con sus propias herramientas, a la hacienda de San Agustín, ubicada en la jurisdicción del pueblo de Chirca, propiedad del señor Joaquín Rebuelta para que trabajen durante cuatro días12. Por otra parte, los caciques de la misma región yungueña, influenciadas por el mencionado subdelegado, practicaban extorsiones a sus indios con graves riesgos para su salud obligándolos a trabajar en sus haciendas hasta perder “la esperanza de ver remedio de sus males”. Así, por ejemplo, el cacique Tadeo Orosco obligaba a los indios prestar sus servicios personales sin pago alguno en su hacienda Guaycuni, ubicada en la jurisdicción 11 ALP. EC. 1797-1799. Autos seguidos por Juan Pedro Indaburo contra Joaquin Rebuelta, subdelegado del partido de Chulumani, sobre varios capítulos. 12 Ibid. ff. 13 y 43.

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de Yanacachi, y realizar “cuantiosas sementeras en la comunidad de Sirupaya”. Manifestaba el referido religioso: para reparar de todo esto, la justicia se hallaba “desterrada” de esta parte de los Andes; puesto que “todas las coas han estado revueltas no en su lugar y el mundo al revés”13. La explotación de los indios no solamente se extendía en las haciendas de los mencionados señores, sino que en 1796, estaban obligados también a trabajar en la hacienda de la mujer del citado subdelegado, llamada Santo Tomás, situada en Peri, quienes caminaban “desde un domingo por la mañana dejando de oírla misa con solo el premio de dos reales a una distancia de diez leguas sin contribución alguna la ida, ni precisión de ir por este mes de diciembre a plantar en aquellas –regiones- cebadas cada persona tres tareas asimismo con sus propios avíos y herramientas”14. En este sentido, de acuerdo a los hechos denunciados, los alcaldes, regidores y alguaciles, no parecían ser del pueblo, sino de la hacienda; igualmente, los hilacatas de las comunidades o ayllus, no parecían ser de su comunidad, sino de sus chacras15. En lo peor de los casos, los hacendados de Yungas en sus haciendas cocales oprimían a sus indígenas con maltratos o abusos; por cualquier falta castigaban con azotes16. Los indios que prestaban sus servicios en las haciendas de sus patrones trabajaban desde la salida del sol hasta la puesta del mismo. Una semana (4 y 6 días) trabajaban para el patrón y la otra estaba destinada para sus propias actividades de ellos. Algunos trabajaban tres días para el dueño de la hacienda, y los tres días restantes de la semana destinaban para sí mismos. El salario variaba de acuerdo a 13 14 15 16

Ibid. f. 2. Ibid. f. 3. Ibid. f. 3v. ANB EC. 1804, No. 5. Autos obrados en la visita de las haciendas del partido de Yungas.

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la buena o mala voluntad de los hacendados, puesto que unos ganaban tres reales diarios, y los otros apenas recibían dos reales con un poco de coca. Las mujeres recibían dos reales diarios. Pero en ciertas ocasiones, por razones no establecidas, no recibían ningún salario ni avíos. Se dijo que los indios además estaban oprimidos con exacciones y servicios personales. Así por ejemplo: 11 tributarios en Chulumani estaban obligados a pagar 55 pesos, fuera de su tributo que eran 15 pesos; y por todo pagaban 70 pesos anuales. De esa suma estaban destinadas para pagar a los “cantores, sacristanes, mayordomos, lavandera de la ropa de la iglesia y otros pensiones”17. Los servicios que prestaban los indios consistían en realizar diferentes ocupaciones, como ser: muleros, apiris, pongos y otros. Para proveer de artículos de primera necesidad a los indios de servicio, los hacendados establecían en sus haciendas las pulperías de aguardiente, pan, ropa o vestidos, etc. destinados para venderlos a precios elevados, o dar al fiado. En cierta medida era una forma de endeudar al indio y mantener su mano de obra hasta que pudiera cancelar su deuda. Entre los hacendados involucrados en los abusos o tiranías a los indios de Yungas, con azotes y estafas, figuran algunos revolucionarios de 1809, tales como: Juan Pedro Indaburo, Manuel Victorio García Lanza y Manuel Gemio. Como dijo José Mariano Diez de Medina (vecino de La Paz y hacendado); “eran las fincas rurales, especialmente de Yungas, cuyo procedido nadie ignora las ventajas que trae y en particular por los precedentes tiempos de grande valor a la coca que ha hecho la opulencia, y fondo notoria de La Paz”18. Sin duda el valor de la coca, por su mejor 17 Ibid. ff. 1-2. 18 ALP. RE. (s/f). José Mariano Diez de Medina sobre la declaratoria de herederos a su favor por ser heredero de los bienes de su padre Andrés Diez de Medina. La Paz, 8 de octubre de 1805.

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calidad y cantidad de demanda en los centros de consumo, representaba el seguro ingreso en las rentas fiscales por concepto de alcabalas en el distrito de La Paz. De moque que, tanto los dueños de las haciendas cocales como los rescatadores, controlaban la producción y el comercio de la coca en los lugares de su expendio19. En la región altiplánica la prepotencia y actitud abusiva de algunos caciques llegaba al colmo en la cobranza de tributos. Si alguien se atrasaba en pagar su tributo, tenía que soportar las vejaciones “en el precio” sin otra explicación perjudicándose tanto en el cuidado de su familia y en sus “obligaciones” con la contribución real20. Los “originarios y tributarios del pueblo de Santiago de Guata, en el Partido de Omasuyos”, se quejaron contra su cacique diciendo: eran “tantos los perjuicios, excesos y violencias” que las afectaba “a todos de aquella comunidad” y “a los indios de las estancias”21. Entretanto, los mestizos de alguna manera no pagaban el tributo real, porque aducían ser descendientes de los españoles desde sus “abuelos y bisabuelos”, quienes no debían ser obligados a dicha contribución. Parece que la mayoría se dedicaba a los trabajos artesanales (bordados y platería). En casos de emergencia, prestaban sus servicios en la Milicia Armada en calidad de soldados; así por ejemplo, “en los dos asedios” de 1781 a la ciudad de La Paz, los mestizos fueron enrolados en la fuerza real22. 19 AGN (Buenos Aires). Intendencia de La Paz, 1797-1799; Leg. 7 (5-6-2). Informe del Dr. Pedro Vicente Cañete sobre la visita a las Cajas Reales de La Paz, presentado a los señores Presidente, Regente y oidores de la Real Audiencia de Charcas. 20 ALP. EC. 1805 (2 fojas). Paulino Gonzales, indio principal originario de Callapa, contra el comisionado del subdelegado de Pacajes, sobre cobro de rezagos. 21 ALP. EC. 1793 (10 fojas.). Diego Guaicho y Clemente Arena, indios originarios y tributarios de Santiago de Guata contra su cacique Miguel Ramiro por abusos. 22 ALP. EC. 1786 (2 fojas). Solicitud y certificado de exención del pago de tributo por los señores Anselmo y Melchor Coronel.

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Por su parte, los propietarios de los obrajes de La Paz también explotaban la mano de obra indígena y obtenían “grandes utilidades” de la producción manufacturera de telas o bayetas23. Con las ganancias eran capaces de obsequiar cuatro iglesias preciosas a la ciudad de La Paz. Es importante destacar que la Iglesia también fue uno de los sectores poseedores de haciendas muy valiosas. Así, los jesuitas en el siglo XVIII tenían posesiones de mucho valor en el distrito de La Paz, entre las cuales podemos mencionar, como ser: obrajes, haciendas o estancias, tiendas y pulperías, casas y molinos en las provincias de Sicasica o Yungas, Omasuyos, Larecaja y La Paz, cuyo valor en renta representaba entre 24.811 y 113.229 pesos y 3 reales24. 3.3 Las haciendas Hasta ahora no se han realizado estudios sobre la importancia de las haciendas coloniales en La Paz; tampoco existen trabajos de investigación sobre el tema a nivel nacional en Bolivia. De modo que este trabajo sobre una parte de las haciendas de La Paz, que corresponde a los revolucionarios de 1809, va a tener muchas interrogantes y dudas acerca de muchos aspectos de su funcionamiento social y económico. La aparición de las haciendas y estancias, como propiedad privada, al principio surge con la apropiación de las tierras por los encomenderos como consecuencia del empobrecimiento de la encomienda desde finales del XVI25. Con el transcurso del tiempo, los mismos caciques, en su 23 Luis Peñaloza. Historia económica de Bolivia. La Paz, Editorial Los Amigos del Libro, 1953, p. 154. 24 René Arze Aguirre. “Las haciendas jesuíticas de La Paz en el siglo XVIII”. En: Historia y Cultura, Nº 1. La Paz, Universidad Mayor San Andrés, 1973, pp. 105-124. 25 Manuel Burga. De la encomienda a la hacienda capitalista: El valle del Jequetepeque del siglo XVI al XX. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1976, p. 103.

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mayoría con el pretexto de cubrir las tasas, empezaron a apropiarse de las tierras y chacras o estancias de la comunidad. Muchas veces lograron esto a través de la composición y venta de tierras hechas por los visitadores, como también algunas personas particulares, a través del arrendamiento de tierras o estancias de la comunidad, llegaron apropiarse de ellas. Estas circunstancias indudablemente facilitaron en la Intendencia de La Paz el surgimiento de la mayoría de las haciendas y estancias, como propiedades privadas, que posteriormente se va efectuando a través del libre contrato de compra y venta. Por otra parte, es importante tomar muy en cuenta el origen de las haciendas pertenecientes a las organizaciones religiosas, puesto que la mayor parte de sus posesiones fueron el producto de las donaciones en tierras por los devotos, por la concesión de las autoridades y a veces por razones de índole personal para obtener el ingreso en el Orden. Así los obrajes “fueron cedidos por sus propietarios a la Compañía de Jesús para asegurar la salvación” de sus almas “mediante la celebración de misas ad perpetuam”26. De ese modo la Compañía de Jesús, “sin contar los bienes de las cofradías d Concepción y Loreto”, poseía 7 haciendas en Sicasica, 3 en Omasuyos, 2 en Larecaja y varias otras propiedades y casas en la ciudad de La Paz27. La mayoría de las propiedades con categoría de estancias estaban ubicadas en el altiplano, las que estaban dedicadas al fomento del ganado ovino, vacuno y de la tierra (camélidos)28. Las haciendas, ubicadas generalmente en los valles o Yungas, estaban casi íntegramente dedicadas 26 Jorge Muñoz Reyes. “Los obrajes del Río Abajo (siglos XVI y XVIII)”. En: Kollasuyo Nº 73. La Paz, Revista de Estudios Bolivianos, 1970, p. 30. 27 Arze Aguirre 1973, p. 114. 28 El denominativo del ganado de la tierra se refiere a los animales domésticos de origen prehispánico: la llama y alpaca.

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al cultivo de la coca, del maíz, trigo, la vid y otras plantas alimenticias. En las haciendas del Río Abajo, Caracato y otros lugares de los valles de Sicasica, además de la producción de frutas y cereales, especialmente con carácter comercial, se fomentaba la producción de aguardiente y vino. Así la hacienda de Millocato, ubicada en el Río Abajo, era productora de uvas. Su arriendo en 1779 fue estimado en dos mil quinientos y diez pesos29. Las valiosas haciendas de Macamaca, Amullacta, Ayro y San Ramón de Cola, ubicadas en la jurisdicción de Caracato, por sus viñas, huertas y estancias, estaban tasadas en la cantidad de 169, 845 pesos y 3 reales30. En la hoyada de La Paz también existían propiedades rústicas (dentro de los ayllus) con la categoría de haciendas, estancias y chacarillas, las cuales estaban destinadas al cultivo de papas y verduras y a la crianza del ganado vacuno. Pero es difícil saber el valor de cada una de ellas porque no tenemos datos acerca del precio en las que estaban valoradas. Por el momento, sólo tenemos el precio de la hacienda de Achachicala que fue estimado en 15.000 pesos corrientes31. En 1792 las parroquias de San Pedro, San Sebastián y Santa Bárbara de La Paz tenían registradas 18 haciendas, 12 estancias y una chacarilla con una fuerza de mano de obra de 549 yanaconas tributarias32. La mayoría de las haciendas estaban en la parroquia de San Pedro y las estancias en las parroquias de San Sebastián y Santa Bárbara. Pero se advierte algunas chacarillas que parece que no fueron registradas en el padrón de 1792. Durante los años 1781-1783 los hacendados, tanto en Yungas como en los valles de Río Abajo y en el altiplano, fueron afectados por las asonadas 29 ALP. EC. 1779 (s/f). Autos sobre la rebaja de arriendos de Millocato que pide Pedro Manrique. 30 AHM (La Paz. Exp. 1824, ff. 80-83. Expediente incompleto sobre el secuestro de los bienes de José Ramón de Loayza. 31 ALP. EC. 1820, f 1. Testimonio de escritura de venta de una hacienda, 5 de enero de 1788. 32 ALP. Padrón de tributarios de tres parroquias de la ciudad de La Paz, 1792, fs. 1-778.

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de la rebelión indígena. Como consecuencia de esto, muchos vecinos y hacendados de La Paz se quedaron sin documentación de sus posesiones. Así en 1796 alrededor de 36 hacendados de Yungas, “a causa de la total pérdida de papeles que ocasionó la pasada sublevación de los naturales”, tuvieron que recurrir al señor Gobernador Intendente de La Paz solicitando que el Juez comisionado Nicolás Pérez para la visita, venta y composición de tierras de la provincia de La Paz, les confirme sus títulos33. Entre los hacendados afectados se encontraban algunos personajes de la revolución de 1809, como: Juan Manuel de Cáceres, Juan Pedro de Indaburo, José Landavere, Tomás de Orrantia y Joaquín de la Riva. Por otro lado, es interesante conocer que hasta 1786 en el partido de Chulumani ascendían 253 hacendados con 241 haciendas y cuya mano de obra alcanzaba a 19.045 yanaconas34. Sin embargo, durante la visita hecha por Burgunyó a los Yungas, en 1799, fueron registradas solamente 200 haciendas35, pero esta cantidad tuvo la rápida variación en el transcurso de una década. Resulta que, según Joaquín Rebuelta (hacendado yungueño), hasta el 21 de noviembre de 1809 las haciendas en el partido de yungas alcanzaba a 308, las cuales daban una producción de 250.000 cestos de coca en sus tres cosechas anuales, “y más tierras del común, esta cantidad les suministraba cerca de dos millones” de pesos36, puesto que la coca era “el agente principal para el laboreo de minas”. 33 ALP. EC. 1796 (s/f). “Expediente obrado por los vecinos y hacendados de esta provincia, solicitando se conceda por S. M. para que por este gobierno se pueda confirmar los títulos y despachos que por fincas y tierras “ 34 Klein 1976, p. 136. Cf. AHN (Madrid). Consejo de Indias, Leg. 20399. El heredero de don Pedro Flores Larrea, subdelegado del partido de Chulumani, en La Paz, con el fiscal sobre esclarecimiento de indios tributarios muertos o ausentes de aquel partido para efecto de rebaja de un cargo contra Flores, 17981799. 35 ANB EC. No. 5, 1804, 295 fs. Autos obrados en la visita de las haciendas del partido de Yungas. Este documento fue consultado por René Arze Aguirre y quien me facilitó los datos para este trabajo. 36 AGN (Buenos Aires). División Colonia. Sección Gobierno. Intendencia de La Paz, 1809. Leg. 10 (5-6-5). Carta de Joaquin Rebuelta al virrey del Río de La Plata con motivo de la revolución del 16 de julio de 1809 en La Paz. Chulumani, 21 de noviembre de 1809.

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3.4 Los precios El precio de las haciendas o estancias estaba determinado por el tipo de sus productos y su ubicación geográfica en los diferentes zonas productivas (altiplano, valles o Yungas). La mayoría de los productos de ellas como: coca, carne (charqui), papa (chuño), maíz, vino o aguardiente y otros, eran destinados al mercado local o centro principal de consumo en el Alto Perú, además de la ciudad de La Paz, fue la Villa Imperial de Potosí. La fluctuación de los precios de las haciendas, ubicadas en sus diferentes pisos ecológicos, dependía de la cantidad y calidad de sus productos de mayor consumo tradicional. Así el precio de las haciendas cocales, en los Yungas, generalmente estaba determinado por su producción de las hojas de coca. En los valles de clima templado el precio de las haciendas o chacras estaba regulado de acuerdo a la producción de uvas, trigo, maíz y frutas. Las haciendas con mejores instalaciones de huertas, el mayor número de plantas y otras mejoras, tenían un precio más alto. El aumento del precio de las haciendas o estancias dependía también de la imposición de ciertos censos, gabelas o impuestos estatales y religiosos sobre su producción. Los precios se calculaban en pesos corrientes de a ocho reales como moneda equivalente sobre la base del curso legal o real mediante “la tasación como instrumento de la política estatal”37. De igual modo se procedía, en el embargo de los bienes, la sucesión hereditaria, la hipoteca y aún en el contrato de compra y venta de las mismas. 37 Witold Kula. Problemas y métodos de la historia económica, Barcelona, Ediciones Peínsula, 1974, p. 438.

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La mano de obra indígena no se tomaba en cuenta en el justiprecio de las haciendas o estancias puesto que se consideraba como un recurso de la energía humana disponible en ellas que los nuevos adjudicatarios podían contar con la cantidad de brazos existentes sin necesidad de recurrir a la nueva fuente de mano de obra. Pero esto no ocurría con la mano de obra comprada, tal es el caso de los esclavos negros; pues no se enajenaba el esclavo con la hacienda, sino se consideraba como una mercadería aparte. El precio de las estancias en la región altiplánica estaba por debajo de las haciendas ubicadas en los valles o Yungas. Su valor dependía, además de la calidad de tierras para el cultivo de ciertos productos prehispánicos de la región, de sus buenos pastos para la crianza del ganado ovino, vacuno y algo de camélidos (llamas y alpacas). Sin duda el precio de las estancias tenía su mayor importancia por la calidad de tierras para el forraje y la cantidad de ganado que tenían, especialmente para la crianza de ovinos. El precio de los esclavos estaba determinado de acuerdo a la demanda en el mercado, el estado de su saludo y edad. La compra se realizaba generalmente a través del libre contrato de compara y venta. En cuanto a la fluctuación de los precios de casas o viviendas, estaba determinado por su ubicación en la mejor o importante zona de la ciudad, la calidad de construcción y número de edificaciones. 3.5 Las haciendas de los revolucionarios Sin entrar a un estudio detallado sobre la productividad y rentabilidad de las haciendas o estancias de los personajes que vamos a estudiar, señalaremos su precio, la forma de su adquisición y la ubicación de las 125

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mismas en sus respectivas zonas productivas. Y en última instancia, por falta de mayor información documental, procuraremos indicar sucintamente el nombre de la propiedad por no tener sus datos completos para conocer su importancia económica y social. Los revolucionarios del 16 de julio de 1809, parte integrante de la sociedad colonial de La Paz, pertenecientes a los sectores de la clase criollo-española y mestiza, eran propietarios de haciendas, estancias y casas en la ciudad de La Paz. Las valiosas haciendas que poseían estaban ubicadas en Yungas y valles del Río Abajo y Caracato. Algunos, además de tener haciendas en Yungas y valles de maíz, poseían estancias en el altiplano, especialmente en las provincias de Sicasica, Pacajes y Omasuyos. La mayoría de los revolucionarios como vecinos de la ciudad de La Paz, tenían casas y chacarillas en los extramuros de la ciudad En sus chacarillas producían, en la mayoría de los casos, papa, verduras o legumbres para el consumo local. Los revolucionarios como Indaburo, Ramón de Loayza, hermanos García Lanza, Pedro Rodriguez, Sagárnaga y Diez de Medina eran los afortunados propietarios de valiosas haciendas cocales en Yungas y haciendas o chacras de maíz, vid y trigo, en los valles de Sicasica y estancias en el altiplano. Por la mayor demanda de la producción de esos artículos, los referidos hacendados obtenían buenos ingresos lo que les permitía tener una inmejorable situación económica. Las haciendas de Yungas, especialmente, por ser productoras de coca tenían un valor estimado (precio) superior a las otras del valle (khirwa), productora de uva, y del altiplano o puna (suni). Es evidente las haciendas o huertas situadas en los valles de las quebradas de la provincia de Sicasica de la Intendencia de La Paz, 126

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productor de cereales, frutas y legumbres, ocupaban el segundo lugar por su menor importancia económica. Pero algunas haciendas por sus viñas podían valer más que la del cocal en Yungas. En cuanto a las casas y chacarillas (ubicadas en zonas templadas) es un poco difícil determinar su valor verdadero, puesto que las primeras tuvieron un papel importante en la vivienda familiar, además de negocios comerciales, y las segundas, chacras de pequeña extensión de tierras del cultivo, sustentable en la economía de la subsistencia. Se nota que los propietarios de las casas alquilaban sus viviendas o tiendas, y como también sus chacarillas, a precios módicos sin mayores pretensiones de lucro, aunque sería necesario comparar con las de otras ciudades como Potosí y La Plata. El comercio de esclavos negros no tenía perspectivas lucrativas entre los revolucionarios, sino generalmente era para las necesidades del servicio doméstico y mano de obra eventual en sus haciendas cocales. A continuación se presenta una relación de la tenencia de las haciendas de los personajes de la revolución de 1809. Juan Pedro Indaburo fue uno de los afortunados propietarios de varias haciendas y estancias, además de otras propiedades menores en el distrito de La Paz. A los dos años de su enlace matrimonial empezó a comprar haciendas. El 9 de mayor de 1780, Indaburo y su mujer, en cumplimiento del contrato de compra y venta realizado el 30 de enero de 1779, efectivizaron la compra de la parte que le correspondía por herencia a doña Josefa Diez de Medina (hermana de Maria Vicenta) en las haciendas cocales de Santa Rita, Teresa de Peri y Pacallo (ubicadas en la jurisdicción del pueblo de Coripata, provincia de Yungas), en la estancia de Caycoma (ubicada en la jurisdicción del pueblo de Laja, provincia de Omasuyos) y en unas casas 127

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ubicadas en la calle que “cae a espalda del convento de Nuestro Padre Santo Domingo” de la ciudad de La Paz, en la suma de once mil doscientos noventa y un pesos y cuatro reales38. El 5 de agosto de 1780 Indaburo y su mujer transfirieron su hacienda de Pacallo a José Antonio Diez de Medina (hermano de María Vicenta) en la suma de siete mil pesos al contado39 Prosiguiendo con la compra de más propiedades, el 24 de noviembre de 1780, Indaburo y su mujer compraron una casa en la ciudad de La Paz en la cantidad de cinco mil pesos40. Más tarde en1788 adjudicó en arriendo la hacienda cocal de Arcara por un lapso de un año y medio a razón de quinientos pesos anuales41. El 29 de abril del mismo año, obtuvo en arriendo otra hacienda llamada Chojaguaya, ubicada en la jurisdicción del pueblo de Cohoni, con sus respectivos aperos, del señor Domingo de Tapia Castropol, tesorero diocesano de la Santa Cruzada, por un lapso de nueve años, en la cantidad de cuatrocientos pesos corrientes, y debía pagar mas de diez cargas de maíz cada año. La cantidad de aperos consistentes en: “siete toros, diez cargas de maíz para semillas, diez cargas de papas para lo mismo y siete indios yanaconas”, y tres arrendatarios42. Pero esa hacienda después fue embargada por el subdelegado de Chulumani por la deuda de 1799 pesos y 7 ½ reales, porque Don Domingo de Tapia Castropol no había pagado a la Real Hacienda. Para evitar la dicha ejecución Indaburo se obligó, mediante su carta del 6 de mayo de 1789, pagar esa 38 ALP. RE. 1780-1781 (sin foliar). Venta: El maestre de Campo Don Félix Diez de Medina a doña Vicenta Diez de Medina y su marido Don Juan Pedro Indaburo. 39 ALP. RE. 1780-1781 (s/f). Venta: Juan Pedro Indaburo y su mujer a favor de Josef Antonio Diez de Medina. 40 ALP. RE. 1780-1781 (s/f). Venta a censo: Doña María de San Miguel y Carrión a Don Juan Pedro Indaburo. 41 ALP. RE. 1788 (s/f). Arrendamiento: Aceptación de Juan Pedro Indaburo del arriendo de la hacienda de Arcara. 42 ALP. EC. 1794, f. 26. Cuarto cuaderno sobre el arrendamiento que obtuvo de la hacienda de Chojaguaya el finado Don. Juan Pedro Indaburo.

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deuda anualmente el monto de 400 pesos “por contrato celebrado con sus herederos” del señor Tapia y pagar 200 pesos que restaba del arriendo hasta el mes de junio de 89. En 1798 Indaburo volvió a adquirir más haciendas, especialmente en los valles de Caracato, provincia de Sicasica. En el mes de septiembre de ese año, mediante la partición y división de bines por la máxima autoridad de la subdelegación del partido de Chulumani, Indaburo y José Antonio de Medina se hicieron dueños de la hacienda de San José de Peri, ubicada frente a los pueblos de Chupe y Yanacachi; habiendo adjudicado el primero las tierras de ingenios o Taipichuri y, el segundo, las tierras de Guaicuni. Las dos partes mencionadas formaban toda la hacienda, la cual estaba evaluada en once mil pesos43. En el mes de noviembre del mismo año los vecinos mestizos del pueblo de Ayo Ayo vendieron sus tierras de Aucamarca e Irpire a Indaburo en los doscientos diez pesos44, las dichas propiedades estaban ubicadas en la jurisdicción de Caracato del partido de Sicasica. En el mismo mes, Indaburo se hizo propietario de la estancia de Hichuraya, ubicada en la doctrina de Caracato, gracias a la venta que le hizo un cacique de Ayo Ayo en la suma de seiscientos pesos45. En enero de 1799 una vecina española de la ciudad de La Paz donó a Indaburo, en calidad de una compensación, “la mitad de huertas y tierras de Cotuto” de su propiedad ubicada en la misma jurisdicción del pueblo de Caracato del partido de Sicasica46. 43 ALP. RE. 1798 (s/f). Declaración competente: Don Carlos Belmonte sobre la posesión de la hacienda de San José de Peri. 44 ALP. RE. 1798 (s/f). Venta de tierras: Marcos Urbina al señor Juan Pedro Indaburo. 45 ALP. RE. 1798 (s/f). Venta de estancia a censo a antigua imposición: Melchor Alvarez al señor Juan Pedro Indaburo. 46 ALP. RE. 1798 (s/f). Donación recompensatoria: Doña Rosa Toledo viuda al capitán Don Juan Pedro de Indaburo.

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Posteriormente, en 1802, Indaburo adjudicó una parte de la hacienda de Machacabú y otra parte de la de Marcoma Grande, ambas ubicadas en la doctrina de Caracato; la primera fue valorizada en cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos y cuatro reales y la de Marcoma Grande en seiscientos pesos. Esta venta fue efectivizada por el monasterio de la Concepción de La Paz47. En marzo de 1804, Indaburo adquirió una estancia denominada Guayguasi, ubicada en la jurisdicción del pueblo de San Marcos de Mollebamba (valle de Caracato), en mil doscientos pesos, “suerte principal de la capellanía”48. En mayo del mismo año suscribió un “contrato de venta” con una vecina de la ciudad de La Paz por la compra de la tercera parte de las huertas de higuera y tierras de Acharapi, Viñahuerta, Peñas Huertas Chica y de las de Sevengani, todas ellas ubicadas en la doctrina de Caracato. La transferencia de las mencionadas tierras y huertas fue efectivizada a favor de Indaburo los primeros días de enero de 1806 en la cantidad de mil doscientos cincuenta pesos49. En agosto de 1804 el presbítero Fray Josef Francisco Salazar cedió en arriendo por segunda vez a Indaburo una huerta de manzanos y tierras en Calluyta, en la doctrina de Sapahaqui, para un lapso de cinco años, en la cantidad de veinticinco pesos anuales50. Y por último, el 3 de agosto de 1807, compró una chacarilla a censo, abandonada y descuidadas sus instalaciones, ubicadas en el valle de Potopoto (Miraflores), en la cantidad de seiscientos setenta pesos51 47 AHM. RE. 1802. Leg. No. 1036, f. 343v. Venta hecha por el Monasterio de la Concepción a Juan Pedro Indaburo. 48 AHM. RE. 1804. Leg. 1042, f. 21v. Venta a censo: Presbítero Fernando Loayza al Ayudante Mayor Juan Pedro Indaburo. 49 ALP. RE. 1804 (s/f). contrato de venta: Doña María Ruíz con el capitán Don Juan Pedro Indaburo. La compra se realizó en 1806. En ms. 1806 (s/f). 50 ALP. RE. 1804 (s/f). Arrendamiento: El presbítero Fr. Josef Francisco Zalazar al capitán Juan Pedro Indaburo. 51 AHM. RE. 1807. Leg. 1052. Venta a censo: Fr. José Santiago Polar Prior del Convento de Predicadores de San Jacinto a Juan Pedro Indaburo.

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Como se puede notar perfectamente de acuerdo a los precios de las haciendas compradas por Indaburo, la mayor parte de ellas están situadas en las zonas productivas de coca, maíz, papas, frutas y cebada, y sólo dos propiedades se quedan en el altiplano. En esto se advierte claramente el mayor interés de Indaburo por las propiedades productivas y rentables, tal es el caso de las haciendas cocales y de los valles de Caracato. Es cierto que sus haciendas no se consideraban grandes ni estaban habilitadas en su integridad para una producción intensiva, puesto que las de cocales eran parte de otras como se ha señalado anteriormente. Las haciendas de los valles de Caracato eran esencialmente productoras de maíz, entre otros cereales, tubérculos y frutas, cuyo valor no podía competir con la de los cocales de Yungas. Fuera de las compras, Indaburo también tenía interés adquirir en arrendamiento algunas haciendas de Yungas y huertas y tierras en el valle de Caracato, como también podía vender aunque se conoce una sola hacienda vendida. José Ramón de Loayza a los 26 años, en 1777, fue propietario de las mejores haciendas de calidad productiva y comercial, como ser: Macamaca, Incapampa y Tarisana, cuyo valor, entre otras, superaba indudablemente a las numerosas haciendas de Indaburo. La hacienda de Macamaca, situada en la jurisdicción del pueblo de Caracato, partido de Sicasica, fue una de las productoras de gran cantidad de uvas para la elaboración de aguardientes. En enero de 1810 Loayza suscribió un contrato de la venta de 150 quintales de aguardientes elaborado de las uvas de la mencionada hacienda, con la compradora Melchora Fuentes, por un lapso de tres años y al precio de 18 pesos el quintal, para su expendio en el pueblo de Irupana52. Como no podría ser de otra manera, la 52 AHM. RE. 1776-1790. Leg. 1004, f. 156. Cesión: Ignacio Oliva a Don José Ramón de Loayza a nombre

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Situación Económica de los Revolucionarios hacienda de Macamaca con el correr de los años, por sus viñas de calidad estaba valorizada en 59.417 pesos y 1 real, más sus huertas y terrenos, otros accesorios y estancias dentro de ella, su valor alcanzaba a la suma de 95.521 pesos y 6 reales53. Otra hacienda llamada Amullacta, situada en la misma doctrina de Caracato, Loayza compró en 1799 solamente con “un mil y cien pesos”54. Esta hacienda, hasta 1824, contenía casas, instalaciones para elaborar y guardar el vino (lagares y bodegas), palca, ajuares (muebles) y utensilios de la casa, vasija (conjunto de tinajas en las bodegas) valorizados en 7.811 pesos y 5 reales; 5 viñas tasadas en 42.463 pesos y 6 reales, huertas y terrenos en 1.540 pesos, y la hacienda del Ayro en 6.692; en total alcanzó a la suma de 58.507 pesos y 3 reales55. Además de las dos mencionadas haciendas, Loayza tenía la tercera finca viñera (compuesta de 2.350 cepas) llamada Guacchilla situada en el valle de Mecapaca, la cual fue tasada, en 1824, en 7.226 pesos56. Luego había dos haciendas cocales: Incapampa y Yarisana, situadas en la jurisdicción de Coroico, las cuales Loayza el 20 de septiembre de 1777, mediante una “cesión” por concepto de una deuda se adjudicó más sus casas en cuarenta y tres mil pesos57. En la ciudad de La Paz, fueron embargados los bienes de Loayza como consecuencia de su participación en las juntas y tumultos durante la

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de Don Bernandino Nieto. AHM. RE. 1806-1816. Leg. 1048, f. 81v. Contrato de aguardientes: el señor alcalde provincial y ordinario de 1er. Voto. Dn. José Ramón de Loayza a favor de doña Melchora Fuentes Pabon. AHM. Exp. 1824, f. 83v. Expediente (incompleto) sobre el inventario y la tasación de los bienes de José Ramón de Loayza. ALP. EC. 1820 (s/f). Testimonio de la escritura de cancelación de pesos: José Ramón de Loayza a la Real Hacienda. AHM. Exp. 1824, f. 81. Expediente (incompleto) sobre el inventario y la tasación de los bienes de José Ramón de Loayza. Ibid. f. 89v. AHM. RE. 1776-1799. Leg. 1004, f. 156. Cesión: Ignacio Oliva a Don José Ramón de Loayza a nombre de Don Bernardino Nieto.

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guerra de la independencia. Las autoridades de entonces en 1814, hicieron el respectivo inventario de las cosas que tenía en su casa58 y la tasación de ellas en 1824, que consistían en muebles, ropas, utensilios de cocina, libros y otros objetos, en la suma de 836 pesos y 5 reales. Sin duda las dos mencionadas haciendas en la doctrina de Caracato y otra en Mecapaca eran muy valiosas por sus viñas que producían una gran cantidad uvas para la elaboración del aguardiente. Por esa producción esas propiedades superaban a cualquier hacienda cocal por su precio. Esto no quiere decir que en su generalidad las haciendas cocales en todo Yungas hubiesen perdido su valor frente a las de los valles de Caracato o del Río Abajo, sino que las mencionadas haciendas de Loayza eran realmente excepcionales aunque no se puede descartar la existencia de alguna hacienda de similar valor en la misma zona. Tampoco sus haciendas cocales eran tan inferiores a las de Caracato puesto que en relación con otras haciendas de los Yungas, eran también valiosas con un promedio de 21.500 pesos cada una. En su totalidad las propiedades rurales (haciendas) de José Ramón de Loayza, alcanzaría a 184.255 pesos y 1 real. Gregorio y Manuel Victorio García Lanza. La posición económica de los hermanos García Lanza, al igual que otros hacendados de Yungas, estaba basada en sus haciendas cocales que heredaron de sus padres, y en las minas de planta y oro ubicadas en la jurisdicción de los pueblos de Coroico y Sorata. Martín García Lanza (padre común de los hermanos Gregorio, Manuel Victorio y Miguel García Lanza) y su hermano, licenciado José Gabino García Lanza, ambos poseían las valiosas haciendas cocales de San Juan de Chovacolla y San Cristobal, ubicadas en la jurisdicción de 58 ALP. EC. 1814, fs. 86-88. Inventario de los bienes de Loayza, realizado el 16 de abril de 1814.

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Coroico59. José Gabino García Lanza además poseía la hacienda de “San Pablo”, ubicada en la misma jurisdicción de Coroico60; la cual, más tarde, posiblemente fue transferida a Manuel Victorio García Lanza61. Martín Garcia Lanza, además de sus haciendas cocales, tenía unas minas de oro en la jurisdicción de Coroico, y una de ellas fue descubierta por los indios del lugar62. Martín García Lanza (durante su primer matrimonio) permutó su hacienda de Chovacolla con la hacienda de San Cristóbal de su hermano José Gabino García Lanza63. Con la mejora de la hacienda de San Cristóbal la convirtió en una “finca de primer orden en los Andes de Yungas”64. Más tarde (durante su segundo matrimonio), después de tener su hijo Miguel García Lanza, procedió a dividir la hacienda de San Cristóbal en tres partes con las denominaciones siguientes: San Cristóbal, el Carmen y Choro, fijando a cada parte sus respetivos límites y linderos. A Manuel le adjudicó la hacienda del Carmen; a Gregorio, San Cristóbal y a Miguel, la de Choro. Se dijo que Miguel García Lanza costeó sus estudios con los frutos de su parte en el Colegio de Córdoba, Argentina, y con los restantes pudo mantener “su subsistencia” hasta que fue embargada su parte por la providencia del “gobierno” represivo de 180965. 59 ALP. EC. 1789 (s/f). La sucesión hereditaria y la satisfacción de los réditos devengados por los Lanza a Magdalena Mendoza. 60 ALP. EC. 1801, f. 13. Don Tadeo Mantilla por los diezmos que remató en 1795, ajo la seguridad y finaza de la hacienda de cocales nombrada San Pablo que posee el presbítero Don Gabino García Lanza. Cf. Nicolás Acosta. “Victorio García Lanza”. En: Documentos para la Historia de la Revolución de 1809. Vol. III. La Paz, Biblioteca Paceña, Alcaldía Municipal, 1954, p. 22. 61 Acosta 1954, p. 221 (Vol. III). 62 ALP. EC. 1793 (s/f). Petición de Martín García Lanza al gobernador intendente el derecho de la adjudicación de las minas descubiertas. 63 ALP. EC. (s.f). La sucesión hereditaria y la satisfacción de los réditos devengados por los Lanza a Magdalena Mendoza. 64 Ibid. 65 Ibid.

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Sin embargo, las dichas haciendas estaban sometidas a un pleito interminable por los réditos devengados de varios años sobre el principal de cinco mil pesos que los Lanza no pudieron satisfacer, especialmente a los herederos de Mariano Duran. Este asunto duró mucho tiempo sin encontrar su inmediata solución satisfactoria, y una duración que fue hasta los medios de la guerra de la independencia. Po otra parte, los hijos naturales de Martín García Lanza, después de la muerte de los hermanos Gregorio y Manuel Victorio García Lanza, reclamaron a las viudas de éstos, alegando tener derecho a la quinta parte de los bienes del mencionado progenitor común de los García Lanza66, pero las viudas respondieron a sus reclamantes manifestándoles que ellos no eran los únicos herederos interesados, sino también sus hijos legítimos. Las mejores y el cuidado de sus haciendas realizadas por cada uno de los hermanos García Lanza fueron efectivos, pues el valor de las mismas correspondía a ese esfuerzo. Así la hacienda de San Cristóbal, perteneciente a Gregorio García Lanza, estaba “justipreciada en veinte y dos mil pesos por ser cocales”67, como el indicador importante por ser productora de la coca entre las demás haciendas de los hermanos García Lanza, representando su inmejorable situación económica de su poseedor. Además del empleo de la mano de obra indígena, no podía faltar algún elemento extranjero, en este caso un mecánico francés que se encontraba trabajando en la hacienda de San Pablo como encestador de la coca68. La mencionada hacienda, como se indicó anteriormente, perteneció a Gabino García Lanza. Este en septiembre de 1803 vendió su casa, ubicada en 66 ALP. EC. 1812-1816, ff. 4, 5, 7, 12 y 24. Autos sobre la división y partición de los bienes fincados por el fallecimiento de Don Martín García Lanza. 67 ALP. RE. 1804 (s/f). Fianza: Gregorio García Lanza a favor de Joseph Joaquín Muñoz, administrador interino de la Real Renta de Tabacos. 68 Acosta 1954, p. 221 (Vol. III).

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la calle arriba de Santo Domingo, a Victorio García Lanza en la suma de tres mil quinientos pesos y más tarde, en febrero de 1805, esa casa fue declarada a favor de Gregoria Mantilla69. Posteriormente en 1809, Victorio García Lanza, seguramente no teniendo otra casa propia, vivía en la casa de su mujer70. Entretanto, Gregorio poseía por lo menos una casa en la ciudad de La Paz. Sin embargo, Gregorio García Lanza no solamente se dedicaba a las actividades agrícolas, sino también a la explotación minera consistente en unas cuantas vetas de oro y plata en Coroico (Yungas) y en Larecaja. En un cerro frontero a las haciendas de Millipaya y colindante con la de Marcamarani, jurisdicción de Sorata, tenía adjudicadas seis vetas de plata, de las cuales las tres eran nuevas y las otras tres “se hallaban picadas en la superficie con algunas corridas” y se conocían con los siguientes nombres santorales: Santísima Trinidad, San Isidro, Nuestra Señora de las Mercedes, las Animas, Nuestra Señora de la Concepción y Nuestra Señora del Rosario71. La otra veta descubierta por el mismo Garcia Lanza “bajo el nombre del Sufragio del Purgatorio” ubicada en una de las heredades de Millipaya denominada “Canaguiri partido de Larecaja”72. También tenía una mina de oro nombrada San Antonio en el cerro de Guaycuni, pueblo de Coroico, seguramente ésta la heredó a su padre. La hacienda de San Cristóbal de Chovacolla fue hipoteca en cinco ocasiones: La primera, el 21 de octubre de 1797 por Martín García Lanza 69 AHM. RE. 1804-1806, Leg. 1046, f. 67v. Declaración competente de Don Manuel Victorio García Lanza a favor de doña Gregoria Mantilla. 70 José Vicente Ochoa. “16 de julio de 1809”. En: Carlos Ponce Sanginés y Raúl Alfonso García. Documentos para la Historia de la Revolución de 1809, Vol. III, 1954, p. 334. 71 ALP. RE. 1779-1809. Registro de escrituras de la provincia de Larecaja, 1779-1809 (s/f). Adjudicaciones de minas desde 1779 hasta el de 1809. Sorata, 16 de noviembre de 1797. 72 Ibid.

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al dar su fianza a favor de Buenaventura Bueno para que éste realice la cobranza de diezmos y veintenas en Yalaca y Chicanoma por la postura de 4.580 pesos73; la segunda, el 27 de agosto de 1804, el Dr. Gregorio García Lanza (hijo de aquél) al otorgar su fianza a Josef Joaquín Muñoz, administrador interino de la Real Renta de Tabacos74; la tercera, el 21 de octubre de 1805, él mismo Dr. García Lanza para optar la cobranza de diezmos y veintenas de San Pedro de Coroico por la postura de 4.172 pesos y 4 ½ reales75; la cuarta, en 1807, también para optar la cobranza de diezmos y veintenas de Santa Bárbara del pueblo de Coroico por la postura de 2.230 pesos76 y por última, la quinta, en 1808, igualmente al otorgar su fianza al Dr. Melchor de la Barra, cura del pueblo de Caquiaviri77. Las haciendas de los hermanos García Lanza eran cocales aunque no se puede saber cuál fue el valor de su adquisición, puesto que según la señora María Mantilla, “que Don Miguel Antonio Texada en vida hizo donación de la hacienda de San Cristóbal al licenciado Don Gabino García Lanza y la de Chovacolla a Don Martín García Lanza”78. Sin duda eran valiosas como para poder sostenerse cómodamente con sus rentas de la producción de la hoja de coca. Pero con relación a las minas de plata y un poco de oro reducidos a algunas vetas, no se podía saber eran rentables o no sin tomar en cuenta el volumen de minerales explotados. 73 ALP. EC. 1808, f. 16v. Expediente seguido por el juzgado de visita para la cobranza de 8.842 pesos y 41/2 reales. Don Gregorio y don Martín Lanza por novenos reales, vacantes menores y donativo. 74 ALP. RE. 1804 (s/f). Fianza: El Dr. Don Gregorio García Lanza a favor de Josef Joaquín Muñoz, administrador interino de la Real Renta de Tabacos. 75 ALP. RE. 1808, f. 13v. don Gregorio García Lanza hace postura a los diezmos y veintenas de la vereda de San Pedro de Coroico y a los de Yalaca. 76 ALP. EC. 1808, f. 15. Expediente seguido por el juzgado de visita para la cobranza de 8.842 pesos y 4 ½ reales. Don Gregorio y don Martín Lanza por novenos reales, vacantes y donativo. 77 AHM. RE. 1808-1813, Leg. 1044, f. 131. Fianza o aseguramiento: El Dr. Don Gregorio García Lanza al Dr. Don Melchor de la Barra, cura del pueblo de Caquiaviri. 78 ALP. EC. 1789 (s/f). Expediente sobre la sucesión hereditaria y la satisfacción de los réditos devengados por los Lanza a Magdalena Mendoza.

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Pedro Domingo Murillo, considerado hijo sacrílego del curo Juan Ciriaco Murillo y Salazar, no podía poseer algún bien paterno. Por este mismo hecho no fue un gran hacendado, sino más bien su situación económica estaba reducida a unos cuantos bienes que poseía para poder subsistir. Es cierto que el cura Ciriaco Murillo, poco antes de su muerte, mediante su testamento fechado en Irupana el 13 de abril de 1785 declaró a Pedro Domingo Murillo el primer albacea de sus bienes. Dejó una capellanía de dos mil pesos a Pedro Domingo Murillo y su mujer Manuela Concha y por capellán propietario de ella, nombró en primer lugar a su “ahijado” Manuel Murillo y, segunda, a los demás hijos que tuvieran de “dicho don Pedro Murillo y doña Manuela Concha”79. Pero la declaratoria del testamento de Ciriaco Murillo a favor de su hijo natural, Pedro Domingo Murillo, no fue respetada por su hermana, Catalina Murillo, quien el 7 de mayo de 1785 mediante su procurador demandó ante las autoridades de la Audiencia de La Plata la nulidad del dicho testamento pretextando que “Pedro Murillo” fue el hijo sacrílego del presbítero, precedido de “infecta raíz”; estaba “impedido para heredar al abuelo”80. A pesar de todo aquello, Pedro Domingo Murillo, parece que logró poseer algunos los bienes heredados a su padre, Juan Ciriaco Murillo, hasta que en 1787 la Real Justicia al seguir un juicio de oficio contra él por ejercer la abogacía sin haber estudiado y obtenido el título, fueron embargados sus bienes pese la reclamación de su mujer. El 15 de diciembre de 1787, el escribano de su Majestad y Renta de Tabaco, pasó “a la casa y morada de Don Pedro Murillo” para “hacerle saber la providencia” que antecedía pero no lo encontró ni en la segunda 79 Abecia Valdivieso 1972, p. 43. 80 ANB. EC. 1788, No. 4. Juicio por nulidad de testamento del cura Murillo. Citado por Abecia en: Adiciones documentales sobre Pedro Domingo Murillo, p. 44.

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vez, hasta que en la tercera, sólo pudo encontrar “a Doña Manuela Concha su legítima mujer”. Preguntando por el paradero de su marido, no quiso dar ninguna razón. En ese momento se entera de la fuga de Murillo. Inmediatamente, en la misma fecha, el escribano y el teniente alguacil pasaron a la casa y morada del mencionado Murillo, como no entraron en ella, “ni menos quien diese asentiva noticia de su paradero; por lo que el dicho teniente habiendo registrado todas las viviendas de la referida casa, a mayor abundamiento sin fruto alguno, preguntó a Doña Manuela Concha, por los bienes de dicho su marido, y respondió esta no tener algunos sino los que estaban en su estudio, cuya llave se la llevó”. En vista de esto, “pasó el dicho teniente a dar parte de ello al señor Gobernador Intendente, y de orden de su Señoría demandó descerrajar con un herrero la referida pieza donde no se encontró cosa de valor, pues estaban todos los bienes traspuestos según está de manifiesto, y de los pocos que se hallaron se tomó la razón”81. Claro está que sólo encontraron algunas cosas, como ser, un pequeño escritorio que en sus gavetas se encontraban varios papeles. Luego, nueve pesos de plata, un tomo de la Nueva Real Ordenanza, un santo Cristo de marfil con su peaña, dos estantes embarnizados y doradas, una efigie en bulto del Señor de la Coluna con su vidrio, una efigie en bulto de Santa Bárbara, dos lienzos de Nuestra Señora y Santa María egipciaca, una mesa del estante sin su cajón, un libro de concordancia de la Biblia, Epístolas de San Gerónimo, etc.82. Agustín Herrera y Silva, marido de Catalina Murillo, aprovechando la oportunidad propicia solicitó al gobernador de La Paz el libramiento de un despacho exhortatorio a los subdelegados de los partidos de Pacajes 81 ALP. EC. 1787-1790, f. 16. Autos criminales seguidos de oficio de la Real Justicia contra Pedro Francisco Murillo por las falsedades que cometió. 82 Ibid. fs. 16v. y 17.

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y Sicasica contra Murillo para proceder el secuestro de la estancia de Chacoma ubicada “en el distrito de Viacha” y la hacienda de Chiaraqui en Sapahaqui83. Sin duda esta solicitud debió incidir en el secuestro ordenado de los bienes de Pedro Murillo, pues la orden del embargo se cumplió sin obstáculo alguno entre el 18 y 31 de diciembre de 1787. Primeramente se procedió el embargo de su casa ubicada en la “esquina arriba de la puerta falsa del convento de Santo Domingo” de la ciudad de La Paz. La descripción de la parte de infraestructura fue la siguiente: “En el patio principal una vivienda alta con su balcón a la calle, una cuadra con su sala, y tres cuartos, el uno chico, y en el traspatio una vivienda alta con asotea, y cuatro cuartos con su cocina, con más una tienda a la calle”84.

A continuación fueron embargadas sus haciendas o estancias ubicadas en el altiplano y los valles de Mecapaca y Sapahaqui. A cada de ellas de la siguiente forma: La hacienda de Guacchilla, situada en la jurisdicción de Mecapaca, tenía quince indios, trece yanaconas y dos arrendatarios; el uno pagaba 40 pesos de arriendo y el otro 26 pesos “mas otro de doce pesos”, en total 78 pesos al año y, fuera de las cuentas que daban, de los frutos que tenían separados en la hacienda. Además la hacienda tenía semillas y utensilios de labranza. Semillas: ocho cargas de cebadas, ocho cargas de trigo, carga y media de maíz, todos ya sembrados, excepto el trigo por sembrarse. Los utensilios de labranza eran: siete chontas, dos barretas y un hacha85. 83 Ibid. f. 22v. 84 Ibid. f. 22 y ss. 85 Ibid. 2ª. Parte del testimonio sin foliar (s/f).

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En la estancia de Chacoma, situada en la jurisdicción de Viacha, Murillo tenía en ganado ovino: doscientas veintinueve ovejas madres, ocho machos y siete borregos “capones”, “ciento catorce múltiplos” y, fuera de este ganado, no se encontró otra especie de animales domésticos. En cuanto a las labores agrícolas podemos decir fue la época de siembra (20 de diciembre) ya había pasado, puesto que los indios de la mencionada estancia tenían sembradas cuatro cargas de papas amargas, tres de papas dulces y seis de cebada. Se constató, por otra parte, que los indios eran deudores de doce cargas de semilla de papas amargas y el indígena Blas Condori –por ejemplo- debía diez borregos. Por lo tanto, los indios estaban obligados a satisfacer la mencionada cantidad de semillas como también los borregos a la estancia. La casa de la estancia de Chacoma se constaba de las siguientes reparticiones: dos patios; en el primero había una sala con su alcoba y ventana con puerta de manera, en ella se hallaba un bulto de “pasta de San Nicolás con hábitos de tafetán negro”, otra sala con su alcoba, un cuarto y una cocina sin puertas. En el segundo patio había un cuarto con puerta de madera, un segundo cuarto con puerta de pellejo y otro tercero sin puerta “y sin apero alguno”86 La estancia de Milluacho, ubicada en la jurisdicción de Sapahaqui, tenía los siguientes aperos: “tres yuntas de bueyes aradores”, cinco torillos de dos años, cinco vacas madres con sus crías, tres terneros y diez mulas. En cuanto a los sembradíos se encontraban: una chacra por sembrarse con diez y siete cargas de papas, un tablón de cebada sembrada con cinco cargas y una chacra de trigo por sembrarse con cinco cargas de semilla (“cuya semilla quedó en poder del hilacata”) y más de dos pequeñas 86 Ibid.

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chacras de maíz sembradas con tres cuartas de maíz87. Luego la estancia de Chiaraqui, situada en la parte de abajo de Milluacho, jurisdicción de Sapahaqui, con “viviendas y huertas”. Las casas tenían su puerta pero “sin cerraduras, o llave”. En ellas se encontraban las siguientes cosas: “un escaño, dos mesas, una caja, dos sillas viejas y el oratorio vacío, un ara, y nada más”. Como instrumentos de labranza solamente se encontró “cinco chontitas que no pasaban de una cuarta, con más un hacha”. La mencionada estancia tenía cinco arrendatarios, los cuales eran: el hilacata Juan Mamani, quien pagaba el arriendo de treinta pesos, Francisco Flores, diez pesos, Ascencio Iquise, diez pesos, Agustín Chinchi, siete pesos y cuatro reales, y Pascual Pachacuti, doce pesos. Quedaba tres huertas libres: “dos del gasto de la hacienda” y la tercera que valía siete pesos, todas ellas sin arrendatarios88. Entretanto, Manuela de la Concha, esposa de Pedro Murillo, en vista de los embargos que se practicaban solicitó al gobernador intendente de La Paz el desembargo o la suspensión del “embargo librado” y al mismo tiempo mostró su total oposición “al secuestro ordenado” de los bienes de su marido manifestando que ella era “la mujer legítima de Don Pedro Murillo”, madre, tutora y curadora de sus hijos menores y herederos del finado Don Ciriaco Murillo. “Las fincas que poseo –decía- a nombre de dichos mis hijos ignoro la causa que hubiese dado mérito á ella; porque si es el crimen, que se [ha] fulminado contra mi marido parece que los bienes ajenos no están obligados a responder ni asegurar las resultas de otro individuo; mis hijos son los dueños de aquellas posesiones sin 87 Ibid. 88 Ibid.

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que tenga su poder sobre ellas el domino, “más que el usufructo por la razón de la Patria Potestad”89. Por otra parte, sostuvo; “las haciendas que se pretender embargar, como Juacchilla, Chiaraqui y Chacoma, y que pertenecen a mis hijos de tal suerte que aun la tutela de estos se halla renunciada en sí su padre con intervención de la Justicia, y últimamente que por la apelación interpuesta pende hoy esta causa del conocimiento de su Alteza en la Real Audiencia”90. Entretanto, Agustín Herrera y Silva hizo notar (mediante su carta) al gobernador de la Intendencia de La Paz que su mujer, Catalina Murillo, “en la Real Audiencia de La Plata”, que seguía el litigio “sobre la nulidad del testamento de su hermano” Ciriaco Murillo se encontraba declarado en sentencia de vista a favor de ella91. Evidentemente sobre esto, el escribano Manuel Antonio Rodríguez, en abril de 1788, certificó diciendo que en “virtud de auto ejecutoriado de la Real Audiencia del distrito”, Catalina Murillo tenía “librado juicio en posesión” a su favor de los bienes “que fincaron por muerte de Don Ciriaco Murillo”92. Además ella, en otra acción judicial sobre la hacienda de Chiaraqui, sostuvo diciendo: “por fin y muerte de mi hermano Lizenciado Don Juan Ciriaco Murillo, recayó en mi solo desde catorce este presente año de 1788”93. Con esos antecedentes se podía demostrar que Pedro Domingo Murillo, después de todo, no pudo usufructuar las mencionadas haciendas o estancias. El 14 de noviembre de 1796, Catalina Murillo, ya viuda, estando en posesión de la estancia de Chacoma, arrendó a Joaquín 89 90 91 92 93

Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. ALP. EC. 1788-1802. Autos seguidos por Monasterio de Monjas de la Purísima Concepción contra doña Catalina Murillo, f. 16

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Rebuelta (subdelegado del partido de Chulumani) por el lapso de tres años en la cantidad de doscientos cuarenta pesos corrientes anuales94. En La Paz, el 17 de junio de 1792, Catalina Murillo en su testamento declaró que tenía “tres capellanías legas” fundadas sobre su casa y en las haciendas de Chacoma y Chiaraqui “con principales de cuatro mil pesos”. De modo que “las mencionadas tres fincas” aseguró que “son bienes maternos de la descendencia de Salazares”, puesto que su trabajo personal había impedido en el dilatado tiempo de “más tres años de pleito en Chuquisaca” y en los juzgados de la ciudad de La Paz, para que “se les adjudique a los herederos de Don Ignacio Murillo y de Don Francisco Murillo mis hermanos y difuntos”95. Por otra parte, el monasterio de monjas siguió una acción judicial a Catalina Murillo por los réditos devengados de sus haciendas o estancias. Con este motivo el 11 de noviembre de 1800 fue embargada la hacienda de Tomosa; el 12 del mismo mes fueron embargadas las haciendas de Chiaraqui y la estancia de Milluacho96. El 16 de febrero de 1802 el alcalde ordinario de segundo voto, Juan Monje y Ortega, mandó ejecutar el remate de las haciendas de Tomosa y Chiaraqui. Pero en el acto se presentó Lusgarda Murillo (sobrina de Catalina Murillo) oponiéndose al remate de dichas haciendas hasta que fue suspendida efectivamente en ejecución97. Pero el 10 de diciembre de 1802 la hacienda de Chiaraqui volvió a ser embargada por el juez comisionado del gobernador de la subdelegación 94 ALP. RE. 1796-1797, f.232. Doña Catalina Murillo y otro a Joaquín Rebuelta. 95 ALP. EC. 1788-1802, fs. 60-61. Autos seguidos por el Monasterio de Monjas de la Purísima Concepción contra doña Catalina Murillo. 96 Ibid. f. 40v. 97 Ibid. f. 57.

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de Sicasica98. La ejecución de esos embargos indudablemente fueron realizados después de la muerte de Catalina Murillo aunque ella conocía los réditos devengados por las capellanías que incluso constaba en su testamento. Aún no tenemos noticias completas acerca de las actividades mineras de Pedro Domingo Murillo, sólo algunos datos que no proporcionan suficientes elementos de juicio para precisar el valor económico que representaban ellas para su subsistencia. Sin embargo, dentro de sus posesiones se encontraba un ingenio y un aventadero de Chicani, ambos ubicados en la proximidad de la ciudad de La Paz. En 1797 Murillo donó un ingenio de su propia obra y trabajo al capitán Gregorio Barreda, cuyo texto principal se expresa en estos términos: “Que a esfuerzos de su trabajo e industria personal ha levantado en los altos de esta ciudad y en los terrenos de la estancia de Doña Micaela Peñaranda distante de esta dicha ciudad dos leguas poco más o menos un ingenio de moler metales”99. Hacia 1802 y 1803, se dijo que Murillo continuaba con su oficio de minero “en el aventadero de Chicani por este período que además oficiaba de consejero en cuestiones mineras y a veces azoguero de su majestad o minero del aventadero de Chicani”100. Las referidas haciendas o estancias en el momento de su embargo como se deriva de los documentos consultados no tienen muchas cosas de valor, especialmente en cuanto a su producción ya sea en cultivos y ganados. Frente a las fincas de otros revolucionarios del 16 de julio de 1809 no significa económicamente mucho puesto que no ofrecen rentas 98 Ibid. f. 85. 99 Portugal Zamora 1956, p. 173. Donación de un Ingenio Minero por el Protomártir Murillo al Capitán Gregorio Barreda. 100 Portugal Zamora 1978, p. 79.

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seguras, si se considera como pobres. Es evidente la defensa de la legitimidad de propiedad de las referidas fincas por parte de la mujer de Pedro Domingo Murillo para sus hijos como también la reclamación de Catalina Murillo, que no solamente fue reclamada por ella las haciendas de Guacchilla, Chiaraqui y Chacoma, como herencias maternas, sino también por sus hermanos (Ignacio y Francisco) mucho más antes del testamento de Ciriaco Murillo101. Acerca de la estancia de Chacoma es necesario hacer una aclaración que se trata de la existencia de otra de mucho valor que pertenecía a los caciques de Chulumani (Dionisio Mamani y Martín Romero Mamani) entre los años 1777 y 1804, cuyo precio oscilaba entre 16.200 y 19.000 pesos, porque tenía la cantidad de 7.000 y 10.000 cabezas de ovejas102. Entonces como entender que la mencionada hacienda de los Murillo no podía costar esa cantidad de pesos; tampoco se advierte alguna injerencia de los mencionados caciques en los pleitos seguidos por Catalina Murillo. Casi en el mismo lapo, entre 1759 y 1802, el cura Ciriaco Murillo, sin haber enajenado a nadie, estaba en plena posesión de la estancia de Chacoma hasta su muerte como también su hermana Catalina Murillo. Juan Bautista Sagárnaga, al igual que sus contemporáneos, poseía también algunas haciendas y casas en la ciudad de La Paz. En 1807 compró una casa situada en el barrio de Carcantia, de la ciudad de La Paz, en la cantidad de cuatrocientos pesos103. En el mismo año arrendó 101 ALP. EC. 1759 (s/f). Ignacio y Francisco Murillo (hermanos) en los autos sobre el derecho a las haciendas de la heredad materna. 102 ALP. RE. 1777 (s/f). Venta Real que hace el general Don Antonio Pinedo a favor de Don. Dionicio Mamani. Venta suscrita en el pueblo de San Pedro de Coroico el 28 de septiembre de 1777. ALP. RE. 1802-1804, fs. 15v-22v. Venta: Don Hilario Sanjinés como apoderado de Dn. Martín Mamani a favor del Dr. Don Nicolás de Aliaga. 103 ALP. RE. 1807 (s/f). Venta de casa: Dn. Gerónimo Ordoñez y su mujer a favor de doña Petrona Rada y a su nombre al Dr. Don Juan Baptista Sagárnaga.

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su hacienda de cocales de Chinchita ubicada en la jurisdicción del pueblo de Coroico, provincia de Sicasica, a Domingo de la Torre Leirad en la cantidad de cuatrocientos veinticinco pesos para un lapso de cinco años104. Esta hacienda en 1772 fue adquirida por su madre doña María Carrasco en tres mil seiscientos pesos105. Al año siguiente, 1808, Juan Bautista logró adquirir la mitad de la estancia de Yarvichambi, situada en la doctrina de Pucarani, en la suma de cuatro mil pesos, de los religiosos del convento de San Agustín106. El 22 de febrero de 1809 el Dr. Miguel Bautista Sagárnaga donó a su hermano Juan Bautista Sagárnaga “la mitad de los bienes o herencias” correspondientes a sus padres, como agradecimiento por sus “muchos servicios” que le ha prestado107. Sin embargo es muy difícil estimar en base a esas dos fincas sobre la situación económica de Juan Bautista Sagárnaga: la una era productora de coca que por sí significaba una buena entrada de la renta, pero prefería arrendarla, y la otra, seguramente ofrecía buenos pastos para la crianza del ganado ovino y algo de vacuno. En todo caso para el Dr. Bautista Sagárnaga las mencionadas propiedades, además de su casa, permitían mejorar su situación económica complementada con sus actividades profesionales de abogacía. Cayetano Vega, su situación económica se basaba en su oficio de escribano y, especialmente, en el arriendo de estancias o haciendas. En 1800 obtuvo en arriendo la valiosa estancia de Ancoamaya, del reverendo padre comendador de la Merced, situada en la doctrina de Santiago de Guata, en la cantidad de ochocientos pesos anuales108. Poco después, en 1804, adjudicó otra estancia en arriendo, nombrada Quilloma, 104 ALP. RE. 1807 (s/f). Arriendo de haciendas. El Dr. Don Juan Baptista Sagárnaga a favor de Don Domingo de la Torre Leirad. 105 ALP. RE. 1712, f. 630. Venta Real: los predios de Francisco Arcaya a favor de doña María Carrasco. 106 ALP. RE. 1806 (s/f). Venta: el convento de San Agustín a favor del Dr. Don Juan Baptista Sagárnaga. 107 AHM. RE. 1806-1810, f. 652. Donación: El Dr. Don Miguel Sagárnaga a favor del Dr. Don Juan Bautista Sagárnaga. 108 ALP. RE. 1800 (s/f). Arrendamiento que hace el R. P. Comendador de la Merced, la estancia de Ancoamaya, a favor de Don Cayetano Vega en la cantidad de 1800 pesos.

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con 300 cabezas de ovejas madres, fuera de los machos, ubicada en la doctrina de Ayo Ayo, por un lapso, de dos años en la cantidad de ciento cincuenta pesos anuales109. No sólo fue arrendatario, sino también arrendaba su parte. Así por ejemplo, arrendó su hacienda de Pusapusa a los señores José Estrada y Lucas Aranda, situada en la jurisdicción del pueblo de Combaya, en el partido de Larecaja, en la cantidad de doscientos pesos anuales110. Cayetano Vega poseía una casa en la ciudad de La Paz, ubicada en el barrio de Coscocha, con varias viviendas nuevas sin puertas y sólo una sala tenía su puerta, y las viviendas que comprendían en los bajos “con siete tiendas” caían al lado de la calle, “bajo de puerta de calle”; y otra casa “más pequeña contigua” con su respectiva puerta (principal?) con cinco viviendas y una chacarilla que hacía “cabecera a ambas casas con cinco arrendatarios que ocupaban todos diez tablones de tierras”111. Además, Cayetano Vega en su casa, entre otras cosas, tenía los siguientes documentos: un cuerpo de autos promovidos por el prebendado Dr. Don Miguel de Ore, un oficio acompañado de una Real Cédula para el señor comisionado de la Santa Cruzada, un legajo de papeles de poca importancia y otro legajo de cartas112. Las mencionadas dos estancias del altiplano, de acuerdo a los precios del arriendo que se ha señalado, eran suficientes como para obtener alguna renta segura; especialmente la primera por su buena ubicación en las cercanías del Lago Titicaca, ofrecía la mejor disponibilidad de 109 ALP. RE. 1804 (s/f). Manuel del Rivero arrienda la estancia de Quilloma a favor de Cayetano Vega. 110 AHM. RE. 1803-1805, leg. 1040, f. 400v. Arrendamiento de la hacienda de Pusapusa: Don Cayetano Vega a favor de Don. José Antonio Estrada y Don Lucas Aranda. 111 ALP. EC. 1807-1808, fs. 34 y 35. Mariano Urdininea contra Cayetano Vega, por la falsedad de un documento. 112 Ibid. f, 35.

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pastos para la crianza del ganado ovino y otros animales de la región. Mientras la otra estancia situada en la doctrina de Ayo Ayo era poco apta para cualquier fomento agropecuario aunque contaban con 300 cabezas de ovejas reproductoras fuera de machos y reproductoras. Sin embargo, la hacienda ubicada en el valle de Larecaja, apata sus tierras para una mejor producción, seguramente se cultivaba el maíz, aunque Vega prefería alquilarla. La chacarilla que poseía en los extramuros de la ciudad de La Paz, era igualmente alquilada; de modo que la mayor parte de sus diez tablones de tierras estaban en manos de los arrendatarios que se dedicaban al sembradío de papas, cereales y verduras o legumbres. Pero el número de tiendas que tenía en su casa proporcionaba seguramente una de las rentas importantes con la venta de los productos de la tierra y otros. José Domingo Bustamante y su mujer en 1800, se sabe poseía dos haciendas en Yungas. La una llamada Socosani, ubicada en la jurisdicción de Coripata, y la otra Chiquero, en la de Chulumani113. En 1806, mediante compra y venta, adquirió la estancia de Sencata del “Protector Fiscal Eclesiástico”, doctor José Manuel Aliaga, situada en la doctrina de Calamarca, en la suma de cuatro mil pesos114. Esta estancia, durante la rebelión indígena de 1781-1782, fue devastada por los indios rebeldes. En La Paz, José Domingo Bustamente, al igual que otros vecinos de su tiempo, poseía una chacarilla nombrada Chocata, situada en los altos del barrio de San Francisco, con cinco tablones de tierras, y más tarde 113 ALP. RE. 1800, fs. 209v. y 215v. Fianza de mancomun: el señor Don Bustamante y su legítima mujer doña Josefa Peñaranda a favor de Don Antonio Maldonado y Mesa Capitular por los diezmos. La Paz, 27 de octubre de 1800. Obligación de mancomun: el señor Alférez real Don José Domingo de Bustamante y su legítima mujer doña María Josefa de Peñaranda por los diezmos de la casa escusada de Chulumani a favor de la Mesa Capitular y a satisfacer la cantidad de 400 pesos. La Paz, 5 de noviembre de 1800. 114 ALP. RE. 1806 (s/f). Venta de la estancia de Sencata a favor del señor alférez José Domingo Bustamente.

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esta chacarilla, en noviembre de 1812, después de la muerte de él, su hija Andrea Bustamante, mujer legítima del coronel de Ejército José de Guerra, la vendió en la suma de un mil pesos115. Las mencionadas fincas, estaban ubicadas entre diferentes pisos ecológicos: puna, valle y yungas, lo cual muestra que sus cultivos estaban orientados hacia la producción de plantas de ecosistema, como ser papas, maíz, coca y, además, algo de ganadería. Así las haciendas de Yungas, eran productoras de coca, aunque no se sabe, por no tener los datos de su precio, la calidad y capacidad productiva. Sin embargo, la estancia del altiplano, a pesar de sus destrozos ocasionados por la rebelión de 1781, era valiosa como para gozar de una moderada renta. La chacarilla de cinco tablones de tierras, situadas en los extramuros de la ciudad de La Paz, era indudablemente destinada para la subsistencia familiar. Pedro Cossío, a pesar de su mayor tiempo dedicado al ejercicio de subdelegado en las provincias del altiplano parece que no tuvo alguna estancia en ellas, sino más bien en la jurisdicción de Ambaná, del partido de Larecaja. Tuvo tres haciendas valiosas denominadas Tutunani, Mamarguaya y Canco, las cuales adquirió a través del remate “en doce mil sesenta pesos y seis reales”116. Las mencionadas fincas, por estar ubicadas en la región productora de maíz y tubérculos, sin duda eran rentables por su capacidad productiva. Bartolomé Andrade poseía una casa en el barrio de Santa Bárbara, ubicada “en la esquina antes de subir a la iglesia de la parroquia de Santa Bárbara”, la cual arrendó, en 1800, en la cantidad de “ciento cincuenta 115 ALP. RE. 1803-1812 (s/f). Solicitud de escritura de ventas: José de Guerra a favor de Francisco Arroyo. 116 ALP. EC. 1810-1820, fs. 11v. y 12. Expediente sobre el remate de las haciendas Tutunani, Mamarguaya y Canco y los réditos impuestos por la Hacienda Real.

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pesos pagaderos anualmente”117. Posteriormente, en 1818, la viuda del Dr. Andrade, doña Ana Sánchez, “como madre tutora y curadora” de sus dos hijas, para sostener seguramente a éstas, de la mencionada casa arrendó sus cinco piezas y una cocina en la cantidad de noventa y seis pesos anuales118. Por no tener más datos sobre sus bienes o fincas es difícil conocer su verdadera situación económica. Eugenio Diez de Medina, en la jurisdicción de Pucarani, partido de Omasuyos, en septiembre de 1806, “con el fin de evitar en lo sucesivo pleitos y divisiones que cada propietario tenía en los linderos de las estancias”, tuvo que vender un pedazo de tierras que poseía, a Melchor Mesa, en la cantidad de trescientos pesos119. Por otro lado, como heredero de parte materna, tenía derecho a las tierras de San Félix, en la jurisdicción de Coripata (Yungas), las cuales su madre había ofrecido en venta a María Josefa Diez de Medina, mujer de Joaquín Rebuelta, subdelegado de Chulumani120. Los hermanos Pedro José y José Ignacio Ortiz de Foronda eran poseedores de unas fincas en Yungas, y casas en la ciudad de La Paz. Pedro José Ortiz de Foronda tenía una casa propia en la ciudad de La Paz, la cual acostumbraba arrendar, y poseía estancias y chacarillas121. En Yungas –dice Aranzaes- Pedro José Ortiz de Foronda “se hallaba entregado a sus 117 ALP RE. 1800 (s/f). Arriendo de casa: Dr. Don Bartolomé Andrade y a su nombre su apoderado a doña Manuela Velarde. 118 ALP. RE. 1817-1829 (s/f). Solicitud de escritura de arriendo: Doña Ana María Sánchez a doña Antonia Rueda. 119 AHM. RE. 1806-1809, leg. 1049, f. 167. Venta Real: Don Eugenio Diez de Medina a favor de Don Melchor Messa. 120 ALP. EC. 1796, f. 2. Juicio ejecutivo: Joaquín Rebuelta, marido legítimo de doña María Josefa Diez de Medina, contra doña Vicenta Ortiz de Foronda por la deuda de 1.000 pesos “que se los había dado a cuenta de venta de las tierras de San Félix”. 121 ALP. RE. 1798 (s/f). Poder general para cobranzas y pleitos: Don Pedro Josef Ortiz de Foronda a Don Martín Herrera.

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labores agrícolas y al negocio de la coca”. Evidentemente éste en Yungas poseía una hacienda cocal denominada Hapahapa, en pro indiviso, con su hermano José Ignacio122. Por su parte, José Ignacio por el interés que tenía sobre el derecho a la sucesión del patronato de una capellanía lega, fundado por el maestre de campo Diego de Baena de 4.000 pesos de principal sobre su hacienda de Haraca, situada en los términos de Sicasica, tuvo un pleito pendiente con el capitán Salvador de Echevarria123. En la ciudad de La Paz, poseía una valiosa casa y en 1803 un almacén de ella dio en arriendo a Toribio Oquendo “en la cantidad de cinco pesos mensuales por un lapso de cinco años124. Esta casa se encontraba ubicada “en la esquina de la plaza y calle de comercio”, o sea, frente a la catedral y “frente a la casa del finado Francisco de Paula Diez de Medina” (situada en la misma calle de comercio). En otros términos, el tasador de la mencionada casa, Francisco Xavier de Juaristi Eguino, explica: “por el costado derecho a la plaza principal, por el izquierdo con el truco (mesa colocada horizontalmente), o cofa que situada en la misma calle, y últimamente por la espalda con la [casa] del capitán de ejército don Mariano de Bilbao la Vieja”125. En ella estaban construidas “todas las viviendas bajas y altas”, relacionadas entre ellas y otras dependencias a través de sus gradas, puertas y zaguán, tanto “todo lo interior y exterior”, “así de los corredores y arquería y arco de la subida”. Su patio estaba empedrado y donde había muchas piedras de cimiento “así grandes como pequeñas”, todo lo que 122 Aranzaes 1915, p. 566. Cf. ALP. RE. 1798 (s/f). op. cit. 123 ALP. EC. 1797 (s/f). Expediente sobre la sucesión al Patronato de una capellanía lega. 124 ALP. RE. 1803-1808 (s/f). Solicitud de escritura de arriendo de un almacén: José Ignacio Ortiz de Foronda a Don Toribio Oquendo. 125 ALP. RE. 1807 (s/f). Solicitud de escritura de la venta de casa: Ignacio Ortiz de Foronda a favor del señor diputado de comercio Francisco Diego de Palacios. Cf. AHM. RE. 1807-1809, leg. 1052, fs. 29 Y 30. Justiprecio o avalúo de la casa de José Ignacio Ortiz de Foronda.

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tenían relacionado con el lugar destinado al juego de bolos o todas las tiendas que tenían “en la dicha casa”. El mencionado tasador, para apreciar mejor, primeramente hacía una descripción de la parte externa del edificio en la siguiente forma: “Que este sitio tiene de frente 36 ½ varas y de centro 47 ¼ que reducidas a varas castellanas componen el total de 1724 5/8 en cuya comprensión, se miran primero, una puerta de calle vieja y maltratada con su marco de piedra labrada llana de las letanías, sin coronación ni arbotantes, y a sus lados cuatro tiendas, con sus marcos de adove, con puertas todas desiguales: a sus altos una sala grande, con una ventana antigua con sus balaustres torneados de madera, a mano izquierda, un cuartito pequeño con su vera de fierro pequeña a la plaza sin vidriera: al otro lado una cuadra con su balcón de fierro, torneado trabajado en Vizcaya… y un dormitorio capaz a donde cae otra ventana con su vera de madera”.

Seguidamente presente el detalle del interior de la misma casa señalando: “Entrando por el zaguán al patio principal, se encuentra primero, una arquería en cuadro de bajos y altos de piedras de Calacoto, y de las letanías, trabajada muy de ordinario, con su portada y grada por dos lados para subir a los altos, al frente de la misma entrada un almacén, digo dos almacenes de baros, con sus techos muy arruinados en partes, y sus puertas corrientes a manos derecha en los altos una cuadra grande que mira a la plaza, con su reja de fierro grande llana, con partes de vidriera, y otros varios cuartos en seguida, todos con balaustres de madera muy usados, e indecentes, y a sus bajos, siete tiendas con puertas desiguales, y en marcos de adove, la una de las cuales, cae debajo del balcon antiguo

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que tiene esquina de la obra costosa de manera de cedro, y por último a mano izquierda tres cuartos bajos, y dos de altos de obra moderna”.

Además de todo lo mencionado, señala: “tiene su traspatio, en donde se miran varios cuartos antiguos que sirven de cocinas, y además de esto sitio para corral regular”.

Luego de esta labor, el mencionado tasador le dio el precio según su saber y entender el valor de veinte y nueve mil pesos. Pero a los seis días después, el otro tasador Francisco Xavier de Escóbar daba el otro precio en “treinta y un mil pesos sin dolo fraude ni engaño”126. La referida casa no fue la misma de Francisco Tadeo Diez de Medina, conocida posteriormente con el nombre de “Casa de los Condes de Arana”127, porque José Ignacio Ortiz de Foronda al solicitar “una escritura de venta y enajenación” de la mencionada casa, declaró que pertenecía a su padre y como también las mencionadas fincas. El motivo de la mencionada venta fue para dividirse entre los hermanos Ortiz de Foronda los bienes heredados a sus padres. Las mencionadas fincas, por su ubicación en la zona productora de la coca, indudablemente eran valiosas y rentables; y también la mencionada casa aunque no estaban bien conservada tal como según el texto de la tasación citada. Sin embargo, tanto esas fincas y la referida casa pertenecían a una de las familias ricas de la sociedad colonial de La Paz. Por su solvencia económica, José Ignacio, entre otros, fue uno de los seguros fiadores de Tomás domingo de Orrantía con la suma de 500 pesos para que éste sea repuesto “en el empleo de la administración general de las Reales Rentas del Tabaco y Naipes”, y para garantizar su cumplimiento hipotecó su mencionada casa128. 126 Ibid. fs. 29 y 30. 127 Mesa y Gisbert 1978, p. 45. 128 ALP. RE. 1804 (s/f). Fianza: Dn. José Ignacio Ortiz de Foronda, Dn. Tadeo Carabedo. Dn. Justo Luis de Osorio a Don. Tomás Domingo de Orrantía.

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Vicente Diez de Medina, fuera de sus negocios comerciales en la ciudad de La Paz, poseía “un pedazo de tierras” de 76 varas de largo en el valle de Sopocachi, el cual adquirió en 1784 con su mujer, doña Bárbara Sánchez, en la cantidad de cien pesos129. Posteriormente adquirió “una chacarilla” en el mismo valle, del señor Dr. Don Joaquín de Trucios, vecino y alcalde ordinario de primer voto de la ciudad de La Paz, en la cantidad de doscientos treinta y cinco pesos corrientes, situada en a doctrina de San Pedro130. El mencionado Diez de Medina también pertenecía a una de las familias acomodadas de la sociedad colonial de La Paz, sin embargo no podemos conocer por falta de datos de los otros bienes fincados puesto que con las mencionadas no se puede apreciar su verdadera situación económica. Pedro Rodríguez, vecino de la ciudad de La Paz y hacendado en los Yungas, tenía una casa situada en el barrio de Viluyo cuyo precio estaba calculado en la cantidad de cinco mil pesos131. Después del fracaso de la revolución del 16 de julio de 1809, las haciendas pertenecientes a Pedro Rodriguez, Gregorio y Manuel Victorio García Lanza, fueron confiscadas por las autoridades reales de la ciudad de La Paz. La hacienda de Cochunilla, o Cochuna, ubicada en la jurisdicción de Coroico, era propiedad pro indivisa de tres personas; y la tercera parte, perteneciente a Pedro Rodriguez, fue confiscada el 20 de enero de 1810 por orden del señor juez real subdelegado del partido de los Yungas y la ejecución correspondió al alcalde pedáneo Francisco Xavier de la Deheza. El contenido de la mencionada finca fue inventariada en la siguiente forma: 129 ALP. RE. 1784 (s/f). Venta de tierras: Ascencio Quispe a Don. Vicente Medina y a su mujer. 130 ALP. RE. 1795 (s/f). Venta de chacarilla: Dr. D. Joaquín de Trucios a Dn. Vicente Medina. 131 AHM. RE. 1807-1809, leg. 1052, f. 169. Pedro Rodriguez fiador de Melchor Alvarez, cacique de los pueblos de Calamarca, Changa y Sapahaqui.

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La casa de la hacienda tenía una habitación en los altos, con su puerta de dos manos, “con su cerradura corriente y dos ventanas”. En ella encontraron por aperos o muebles, como ser, una mesa grande y otra pequeña, dos escaños, una tinajera de madera “con su tinaja y su tapa”, dos tarros de lata, tres frascos de estaño, seis plata de estaño, un candelero de estaño con su despabiladera, ochenta y seis costales de encestar coca y un chusi usado que servía para una sala. En “los bajos de los altos” de otra habitación, se encontraron “un troje de charos (sic) con su puerta de tabla corriente”, dos chacanas con sus correspondientes piedras de pesar coca, una saquilla de jerga, dos sacas de acarrear mato, que se componía de dos costales de mojo, cada una de ellas, y una saca grande también de acarrear mato compuesto de cuatro costales. Un cuarto en los bajos, que servía de matuasi (sic). Una cocinita y su gallinero “con cuatro gallinas y un gallo”. “El cachi (sic) enlozado con lozas de Miraflores” como también la pieza del granero y alrededor de ésta existía ocho árboles de naranjo. Por último, se menciona “un almácigo de coca perdido”. Luego, “preguntado el hilacata por la coca, dijo haberse acabado éste quince días”, y sobre la cantidad de peones que tenía la mencionada hacienda, respondió “tener diez y siete”. Acerca de las tres mulas que había en la hacienda, dijo el hilacata “pertenecientes al expresado reo Pedro Rodriguez”. Luego de ese inventario en el pueblo de Coroico, se procedió al embargo de “la casa correspondiente a dicha hacienda”132. El 21 de marzo de 1810, en Chulumani, partido de Yungas, “por oficio del señor Gobernador Intendente” del 10 del mismo mes, se dio orden de justiprecio de las fincas secuestradas a los insurgentes del 16 de 132 ALP. Exp. 1810, fs. 1 y 2. Autos seguidos por Manuela Murillo, Santiago de la Torre y María Manuela Rocha viuda de Rodriguez sobre el remate de la tercera parte de la hacienda de cocales nombrada Cochunilla.

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julio de 1809 de La Paz, El 12 de abril de 1810, en el pueblo de Coroico, se procedió al respectivo “avalúo” de la hacienda de Cochunilla, en la siguiente forma. 1. ”Dos tablones de cocales nuevos”: el uno en plena producción, y el otro de reciente plantación. Asimismo, un cachi (sic) “enlozado, aunque con casa y edificios”, cuyas paredes presentaban roturas y el suelo movido, todo ello fue tasado en 22.00 pesos, sin incluir “algunos muebles de madera y trastes inservibles”. 2. Una casa (18 x 5) ubicada en el pueblo de Coroico, perteneciente a la hacienda de Concepción, colindante “con la comunidad de indios”, estimada en la suma de 200 pesos133. El 16 de abril de 1810, en Coroico se daba en primer pregón, “por voz de Casimiro Medina”, para el remate de la hacienda de Cochunilla sobre la base de 22.000 pesos de su avalúo, y más una casa situada en la misma, calculada en 250 pesos134. Los posteriores pregones se realizaron en la ciudad de La Paz entre el 12 y 19 de mayo, “por voz de José Apaza indio ladino”. Como no se presentó ningún postor por el remate de esa hacienda, los copropietarios de ella aprovecharon para reclamar diciendo que “este precio no admite como división razón por la cual se ha mantenido por dilatado tiempo” en posesión pro indiviso. En vista de esto, sugirieron al Gobernador Intendente de La Paz para que ellos sean admitidos como postores en el remate de la tercera parte de esa hacienda. Esta proposición fue aceptada sin objeción alguna por “los señores de la Real Junta de Almoneda”. El 23 de junio de 1810 las autoridades encargadas del remate “ordenaron que se haga notorio al público la postura hecha por 133 Ibid. fs. 3 y 4. 134 Ibid. fs. 4v. y 5.

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doña Manuela Murillo y don Santiago de la Torre a la tercia parte de la hacienda de Cochunilla”, esta vez, “por voz de Idelfonso Mamani”, que hizo el oficio de pregonero, “se efectuó por continuado pregones hasta las doce del día, en que viendo sus señorías que no había persona que dé mas, previnieron se suspenda para el día de mañana”135. Tampoco el día siguiente, como estaba previsto, hubo persona que mejorara la postura y, como consecuencia de esto, se suspendió la diligencia para el otro día. Entretanto, María Manuela de la Rocha, viuda de Rodriguez, al tener conocimiento del remate de la mencionada parte que poseía su marido, en Cochuma la alta, mediante su petición al señor Gobernador Intendente de La Paz solicitó “la división y partición” de la referida finca constando que ella es la tutora y curadora de su hijo menor, llamado José, en los siguientes términos: “… no es fácil calcular su justa importancia, para su inteligencia proponer posturas y mejoras que convengan a las acciones de mi menor hijo, cuando el beneficio fiscal en el adelantamiento de aquellas, ya por el mayor número –de- postores, que por esta razón pueden concurrir a acrecer a su debido remate, por consultarse la utilidad, en una de sus especies: por ello. A.V.S. pido y suplico, que atendiendo á las razones expuestas, se sirva mandar, que suspendiéndose por ahora la actuación de dicho remate, se proceda previamente á la practica de la división y partición que corresponde”136.

Sin embargo, la solicitud de la viuda de Pedro Rodríguez fue rechazada. El 27 de junio de 1810, los señores de la Real Junta de 135 Ibid. f. 9. 136 Ibid. f. 11.

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Almonedas decidieron seguir con el remate de la tercera parte de la hacienda de Cochunilla y la tercera parte de la casa del pueblo, pertenecientes a Pedro Rodríguez, a favor de los copropietarios Manuela Murillo y Santiago de la Torre, y éstos “estando presentes lo aceptaron en debida forma, prometiendo hacer oblación de la cantidad resultante de la tasación, abonados los principales censitivos, y de manifestar los documentos que los acrediten”137. Por consiguiente, las dos referidas partes de la hacienda y casa, fueron tasadas en la cantidad de siete mil cuatrocientos diez y seis pesos, con cuatro reales, suma que “oblaron” los mencionados copropietarios a la tesorería de la Real Hacienda. Sin embargo, María Manuela de la Rocha, viuda de Rodríguez, a pesar de todo aquello, insistió en la nulidad del remate de dicha hacienda hecha a favor de los copropietarios, haciendo prevalecer el derecho de su hijo menor, con estos términos: “Se me dirá acaso, que Rodríguez dejó de ser dueño de heredad, y que por esta razón o conviene este caso, pues Cochunilla ha adquirido la franqueza de la ley, para venderse á un tercero por el Fiscal. Pero preguntó han borrado, y destruido también los derechos naturales, y perpetuos de la sangre? Mi hijo menor ha dejado de ser hijo, y el derecho positivo, que ordena la confiscación al supremo delincuente, ha dañado á la parte inocente, y aniquilado la atención de V. S. me han de probar que mi hijo deja ser hijo, ó que hace revivir, en su defecto, sus derechos y los del retracto principalmente con la obtención del dinero, que protesta en todo tiempo”138. 137 Ibid. f. 15v. 138 Ibid. f. 26.

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Las autoridades reales, como no podrá ser de otra manera, rechazaron la solicitud de la nulidad del remate de la referida parte de la mencionada finca presentada por la viuda de Pedro Rodríguez, con estas palabras categóricas: “nada va á perder o á ganar el hijo, destituido de ellos por la sentencia de su absoluta confiscación. El único interesado en el mayor producto de ellos es la Real Hacienda; y como administrador de ella, este Ministerio, que en fuerza de sus obligaciones ha meditado en orden á la nulidad y perjuicios que se han propuesto y no han encontrado en estos artículos cosa atendible”139. De este modo la viuda de Rodriguez perdió irremediablemente la parte reclamada en la hacienda de Cochunilla y la casa ubicada en el pueblo de Coroico. Entre otros revolucionarios que tenían sus fincas u otros bienes, podemos mencionar los siguientes: Sebastián Figueroa, fue probablemente de una condición económica modesta; por no poseer casa propia, en 1798, en la ciudad de La Paz alquiló una casa de la señora Rosalía Avendaño, ubicada en el barrio Majahavira, por un lapso de seis años en cuarenta pesos anuales140. Mientras tanto, Hipólito Landaeta era propietario de una casa ubicada detrás del colegio Viejo, a la salida de Coroico, y en 1803 la arrendó a Manuel Rivero (otros revolucionario de condición pobre) en la suma de 130 pesos anuales por un lapso de tres años141. Por su parte, Francisco Yanguas Pérez, vecino y comerciante en la ciudad de La Paz, sobre las casas que poseía frente a la iglesia del convento de San Agustín, reconocía una capellanía lega de 3.000 pesos principal142. 139 Ibid. f. 31. 140 ALP. RE. 1798 (s/f). Arrendamiento: Doña Rosalía Avendaño a Don Sebastián de Figueroa. 141 ALP. EC. 1804 (s/f). Solicitud de escritura de arrendamiento: Hipólito Landaeta a Manuel Rivero. La Paz, 19 de septiembre de 1804. 142 ALP. EC. 1804 (s/f). Reconocimiento de una capellanía: Francisco Yangas a favor del cura Joaquín Castro.

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Manuel Gemio, vecino y hacendando en la doctrina de Coripata, poseía la hacienda llamada Anacuri, pro indiviso con el señor Manuel Nieto Maldonado. Por ser una hacienda productiva, su precio fue estimado en la suma de 26.300 pesos, y la casa del pueblo en 800 pesos. Puesto que la mencionada finca tenía terrenos para cocales, cultivos de otras plantas y “pastos, aguadas, gente y mita”143. El mencionado Gemio tenía otra hacienda denominada Cotapampa (o Cotabamba), situada en la jurisdicción del pueblo de Coripata, valorizada en la cantidad de 13.500 pesos144. Sin embargo, Gemio no tenía su casa propia en la ciudad de La Paz, parece que prefería vivir en casa alquilada. Así, en 1812 alquiló una casa de la señora Josefa Pacheco, que contenía dos tiendas y sus respectivas viviendas altas y bajas, con tres ventanas a la calle, en las que únicamente faltaban ocho vidrieras en la cantidad de 1550 pesos anuales por ocho años145. De Mariano Ayoroa se tiene noticia que tenía sus fincas en Yungas, pero no se sabe en qué partes y cuántas. Por su parte, Melchor León de la Barra poseía dos estancias en la jurisdicción de Guarina, provincia de Omasuyos, llamadas Taquiri y Cumaná; las cuales el 2 de mayo de 1800 arrendó a José Bustios, cacique del pueblo del mismo nombre, por el lapso de nueve años con sus respectivos aperos y ganados, en la cantidad de 630 pesos corrientes146. En Yungas el mismo León de la Barra poseía “una hacienda de cocales en la localidad de Chirca, llamada Pucara, fue rematada 143 ALP. EC. 1808, f. 157. Expediente sobre la misión en posesión proindiviso de las haciendas. 144 ALP. RE. 1803-1812 (s/f). Solicitud de escritura de transacción: Manuel Gemio a favor de la testamentaria de la finada Magdalena Gomez, representada por su albacea Ramón Mariaca. 145 ALP. RE. 1803-1812 (s/f). Solicitud de escritura de arriendo: María Josefa a Manuel Gemio. La Paz, 8 de enero de 1812. 146 ALP. RE. 1799-1800, f. 112. Arrendamiento: Dr. Dn. Melchor León de la Barra a Dn. José Bustios. La Paz, 2 de mayo de 1800.

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por la Abadesa Sor Tomasa del Corazón de Jesús Diez de Medina en la cantidad de 20.000 pesos”147. José Alquiza aparece el 16 de diciembre de 1780 comprando “unas casas”, situadas en “arriba de la esquina” de Challwakatu, en la suma de 10.925 pesos corrientes de a ocho reales148. Posteriormente, el 15 de abril de 1788, Alquiza y su mujer, María Herrera, daban un censo consistente en 3.000 pesos a favor del Monasterio del Carmen (o Carmelitas), impuesto en su hacienda de Guairapata ubicada en la jurisdicción del pueblo de Coripata, partido de Chulumani149. Y Juan Manuel de Cáceres, en 1783, luego de seguir un juicio ejecutivo por la deuda de 1.200 pesos, recibió de Pedro Vicente Valdivia las siguientes estancias: Toncopuxo, Uncallamaya, Choquechambi, Pacomiri, Querone, Cerro de Llallava, situadas en lo jurisdicción de Viacha, provincia de Pacajes150. Aunque faltaría conocer más sobre la situación económica de los revolucionarios , hasta el momento los mencionadas 21 hacendados usufructuaban algo más de 37 haciendas (entre cocales, huertas de frutas o uvas y chacras de maíz), unos 14 estancias destinadas a la crianza del ganado ovino especialmente, unas tres chacarillas dedicadas el cultivo de legumbres y papas y unas once casas que servían de viviendas en la ciudad de La Paz, además de las de haciendas o estancias que generalmente no se menciona porque se consideraba parte integrante de la finca.

147 Portugal Ortiz 1978, p. 135. 148 AHM. RE. 1780, leg. 1018, f.? Venta Real: Doña Polonia Sánchez a favor de Dn. Joseph de Alquiza. La Paz, 16 de diciembre de 1780. 149 AHM. RE. 1780-1789, leg. 1022, f. 286(foliación reciente). Censo: el capital de ejército Don José Alquiza y su legítima mujer doña María Herrera a favor del Monasterio del Carmen. La Paz, 15 de abril de 1788. 150 ALP. EC. Juicio Ejecutivo con Pedro Vicente Valdivia.

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3.6 Empleo de esclavos negros Los revolucionarios del 16 de julio de 1809, al igual que otros sectores criollos, poseían esclavos negros en la ciudad de La Paz, y además de emplearlos en el servicio doméstico, los empleaban como mano de obra en sus haciendas en Yungas o valles. La introducción de mayor cantidad de esclavos era evidente, a pesar de su costo elevado en comparación con la mano de obra indígena más económica para las labores agrícolas, especialmente, en la plantación de la coca151. Es interesante conocer los precios de los esclavos a través de las indagaciones realizadas por Alberto Crespo Rodas y Max Portugal Ortiz, entre los 18 a 30 años de edad, fluctuaba entre 519 y 443 pesos. Pasados los 30 años el valor estimativo perdía considerablemente152. De acuerdo a la situación económica, el precio promedio de los esclavos adquiridos por Juan Pedro Indaburo, Eugenio Diez de Medina y José de Landavere se calcula en 505 pesos. Mientras el precio de los esclavos comprados por Gregorio y Manuel Victorio García Lanza, Pedro Cossío y José Alquiza alcanzaba a 408 pesos. Por último, el precio de los comprados por Juan Manuel de Cáceres, Pedro Rodriguez y Francisco Yanguas Pérez llegaba solamente a 229 pesos. Sin embargo esas apreciaciones podían variar en cualquier momento con el hallazgo de nuevos datos. Por ahora, como no se dispone de más información sobre la tenencia de esclavos por otros revolucionarios, se ofrece la siguiente relación de la venta y compra de esclavos. Juan Pedro Indaburo, perteneciente a la clase acomodada económicamente en diciembre de 1808 vendió una esclava negra nombrada 151 Crespo 1977, p. 143. 152 Ibid. pp. 76 y 77.

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Antonia, de nación Bolo, a María del Carmen de los Ríos, en la cantidad de 500 pesos153. El año siguiente compró otra esclava en la cantidad de 520 pesos154. Como se puede notar, el precio de las mencionadas dos esclavas es bastante elevado en comparación con el de otros que se tiene a continuación. En 1805 Manuel Victorio García Lanza que poseía un esclavo negro llamado Manuel, de 16 a 18 años de edad, lo vendió al conocido Dr. Pablo Gutiérrez, abogado de la Real Audiencia de charcas y revolucionario, en 1809, en la suma de 400 pesos155. Más tarde él mismo compró una esclava negra llamada María, con su hijo Crispín, en la suma de 600 pesos156. Por su parte, María Manuela Campos, esposa de Gregorio García Lanza, en abril de 1809 compró una esclava, nombrada Joaquina, en 450 pesos157. Pedro Cossío, al igual que otros, también poseía esclavos tanto para el servicio doméstico como para venderlos. En noviembre de 1809 compró una mulata con su hija de pecho, llamada Petrona, en la cantidad de 400 pesos158. El 12 de marzo de 1810, vendió a su esclavo negro llamado Antonio de 22 a 23 años, al Gobernador Intendente de La Paz, Juan Ramírez de Orozco en 360 pesos159 De Eugenio Diez de Medina no se conoce cuántos esclavos tuvo, sólo se tiene noticia de la tenencia de un esclavo; pues el 18 de diciembre 153 AHM. RE. 1807-1809, leg. 1058, f. 481. Venta de esclava: Juan Pedro Indaburo a favor de María del Carmen de los ríos. 154 AHM. RE. 1807-1809, leg. 1058, f. 548. Compra de una negra por Juan Pedro Indaburo. 155 ALP. RE. 1805 (s/f). Venta de esclavo: Manuel Victorio Garcia Lanza al Dr. Pablo Gutiérrez. 156 AHM. RE. 1806-1810, leg. 1049, f. 387. Venta de esclava con hijo: Franscisca Villegas a favor de Manuel Victorio García Lanza. �� AHM. RE. 1806-1810, leg. 1049, f. 301v. Venta de esclava: María Manuela de Campos con licencia de su marido Dr. Gregorio García Lanza a favor de Pedro Bartolomé Ymbrech. Cf. ALP. RE. 1809, f. 31. Venta de una esclava: Micaela Pacheco y Cabrera a María Manuela Campos. 158 ALP. RE. 1806 (s/f). Venta de mulata: Luisa Balabsya a su nombre otro a favor de Pedro Cossío. 159 AHM. RE. 1806-1816, leg. 1048, f. 112. Venta de esclavo: Pedro Cossío a Juan Ramírez de Orozco.

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de 1800 compró un negro llamado Mateo, de 24 años de edad, en la suma de 500 pesos160. De la misma forma, se sabe que Juan Manuel de Cáceres tenía una esclava. Seguramente necesitaba otras más, entonces en 1806 su mujer, María Petrona Alvarez, compró una esclava negra llamada Juana, de quince años, en 240 pesos, a pesar que la mencionada esclava adolecía de un “defecto de estar cortados los dedos de los pies como efecto de un arestía o grangena”161. En 1807 Pedro Rodríguez, vecino en el “asiento de Tipuani”, compró una esclava samba llamada Teodroa, de 25 años, en la cantidad de 200 pesos162, pero a los dos meses de la compra, la mencionada esclava huyó de la casa de su amo. En vista de esto, Rodríguez puso en conocimiento de las autoridades de la subdelegación de Larecaja la desaparición de su esclava para que le colaboren en su búsqueda163. Aunque no se sabe después dónde y cómo fue capturada la referida esclava, lo cierto es que en 1809 aparece nuevamente en poder de Rodriguez. Por último, la misma fue vendida a precio inferior que el anterior, a 150 pesos; venta que fue realizada por su apoderado en la ciudad de La Paz.164. José Alquiza en 1784 compró una negra esclava nombrada María Rosa, de 27 años de edad en la cantidad de 450 pesos165. Pero probablemente se trata de la misma esclava, María Rosa, con una variación notable de edad de 34 años, la cual fue vendida el 3 de octubre de 1785, indicando 160 ALP. RE. 1800-1801 (s/f). Venta de un negro: Isidro Zegarra con poder del Dr. D. Romualdo Ignacio de Peñaranda a Dn. Eugenio Leopoldo Diez de Medina. 161 ALP. RE. 1803-1806 (s/f). Michayla Pérez Paton traspasa una negra de Nación Pangela a María Petrona Alvarez. 162 ALP. RE. 1807 (s/f). Venta de zamba: Dn. Anselmo del Carpio a favor de Pedro Rodríguez. 163 ALP. RE. 1808 (s/f). Otorgamiento de poder: Pedro Rodríguez a Martín Ochotea, residente en la ciudad de La Paz. Ilabaya, 3 de junio de 1807. 164 ALP. RE. 1808 (s/f). Venta de zamba: Pedro Rodríguez y a su nombre otro a favor de Mariano Dávila. 165 ALP. RE. 1784 (s/). Venta de esclava: Doña Catalina Vargas al capitán del ejército Dn. Josef Alquiza.

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que se trata de una “esclava sujeta a servidumbre”, por la suma de 460 pesos corrientes166. Francisco Yanguas Pérez, vecino comerciante y personaje importante en la ciudad de La Paz, aunque no se sabe cuántos esclavos tuvo, pero en 1806 vendía su esclavo negro nombrado Manuel, de 25 años de edad, al alcalde de 2o. voto de la misma ciudad, don Matías Arrascaeta, en la cantidad de 326 pesos167. De José Landavaere no se sabe si tuvo algún esclavo antes de la revolución del 16 de julio de 1809, sólo se conoce que en 1817 compró una negra llamada Juana, de 19 años, del doctor Pablo Gutiérrez, en la suma de 500 pesos168. Sin duda, la mayor parte de los esclavos comprados o vendidos por los revolucionarios del 16 de julio de 1809, fueron adquiridos de los intermediarios o personas particulares. Aunque no se ha tratado de identificar a los comerciantes que se dedicaban al negocio de esclavos en La Paz, por el momento, sólo se tiene a Tomás Fernández, comerciante tucumano, quien en 1780-81 aparece vendiendo esclavos procedentes de los remates en el puerto de Montevideo en la ciudad de La Paz169.

166 AHM. RE. 1781-1783, leg. 1008, f. 679v. Venta de esclava: el capitán de ejército Dn. Joseph de Alquiza a Don Manuel Machicado. La Paz, 3 de octubre de 1785. 167 ALP. RE. 1806 (s/f). solicitud de escritura, venta de esclavo: Francisco Yanguas a favor del alcalde de 2do. Voto Matías Arrascaeta. La Paz, 26 de junio de 1806. 168 ALP. Mes. 1817 (s/f). Solicitud de escritura de venta de una esclava: Dr. Pablo Gutiérrez a favor de José Landavere. 169 ALP. RE. 1780-1781, leg. 165 (s/f). Venta de esclavos: Don Tomás Fernández a: Rdo. Padre Joaquín de Sambrana, Lizdo. Don Melchor de Mendoza, doña Clara Rivadeneira y otros seis más; entre 25 y 27 de septiembre y 5, 7, 14 y 18 de octubre de 1780.

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3.7 Las actividades comerciales Las actividades comerciales en La Paz, además de ser éste un lugar de paso “obligado entre el sur del Perú y Charcas”170, estaban conectadas con los centros de producción, como ser el comercio de la coca de Yungas con Locumba y Arequipa; el comercio del vino, ají, ganado, telas o ropa, y con los productos del valle del Río Abajo de La Paz, especialmente el comercio del aguardiente y los cereales, como el maíz. Entre las mercaderías figuraban las telas, capas y ropas tanto de castilla como las de la tierra. Los sitios del expendio, o centros comerciales, donde llegaban las mercaderías para su intercambio o venta, eran los tambos. Además de servir éstos de alojamientos para muchos viajeros, concentraban gran parte de la actividad comercial, “porque allí llegaban los productos agrícolas y textiles de las distintas provincias del virreinato”171. Por otro lado, existían tiendas comerciales muy importantes con buenos surtidos de mercaderías, y como también los “qhatus”, es decir, lugares donde se realizaban las ferias públicas. Algunos revolucionarios del 16 de julio de 1809, además de dedicarse a las labores agrícolas y la administración pública, también se dedicaban al comercio. Entre los principales están los siguientes: Juan Pedro Indaburo, además de tener numerosas haciendas o estancias, hacia el año 1779 fue un comerciante más en la ciudad de La Paz172. Sin embargo, no tenemos datos importantes sobre su actividad comercial, puesto que hasta un poco más de 1794 se dijo que Indaburo fue un hombre dedicado a las actividades comerciales, y, al mismo tiempo, era 170 Crespo y otros 1975, p. 173. 171 Ibid. pp. 172 y 173. 172 ALP. EC. 1779 (s/f). Juicio ejecutivo: Juan Gutiérrez contra Martín Jurada (preso en la cárcel). Juan Pedro Indaburo aparece como testigo, “vecino y comerciante de esta ciudad” de La Paz.

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el administrador de los bienes de su mujer; mientras tanto internaba los “efectos de Castilla”173. Posteriormente, en 1803, aparece como uno de los fiadores de los comerciantes por un valor de 1.341 pesos y 7 ½ reales174. Tomás Rodríguez Palma (revolucionario de 1805) sin duda fue uno de los comerciantes más cabales que con sus viajes comerciales vinculaba las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba. Como se ha indicado en un capítulo anterior, Rodríguez Palma tenía sus tiendas establecidas en las ciudades de La Paz y Oruro. En la ciudad de La Paz –como dice Manuel Carrasco- tenía el “local amplio con trastienda, ante cuyos estantes repletos se embelesaban toda laya de clientes, desde los distinguidos vecinos hasta los modestos forasteros. Había allí joyas, ricas telas de damasco, cintas, tejidos, encajes de Holanda y encajes de Cochabamba, pieles de Chinchilla, vicuña y tigre, bayetas de colores, ponchos, cristalería, enseres de cocina, navajas y cubiertos de mesa, artículo de cuero, baúles, petacas, monturas, capas, vestidos bordados, chalecos de terciopelo, cortinas, sobremesas de filichin, chamarras, balanzas, pescado seco, odres de miel, vinos, licores, azogue, cigarros, fósforos…”175. Pero no faltaba gente envidiosa que le hacía, a veces, la vida imposible que incluso en cualquier momento podía sufrir algún atentado de sus enemigos con riesgo de su salud. Así, en 1798, sufrió unas puñaladas por parte de uno de los vecinos en Oruro, en su propia tienda, ocasionando “mil atrasos y perjuicios con el entorpecimiento del viaje que tenía pronto”, especialmente dispuesto su viaje para el día fijada a la ciudad de Cochabamba llevando “dos piaras de ropa –de- cuyos y cargados, listos y pagados”176. 173 ALP. EC. 1793-1794 (s/f). . Expediente sobre la certificación de deudores al Rey, para las alcaldías del año 1794. 174 ALP. EC. 1803-1804, fs. 1-3. Expediente contra Dn. Juan Pedro Indaburo por deuda de 1.341 pesos 7 ½ al ramo de alcavalas. 175 Carrasco 1945, p. 26. 176 ALP. EC. 1798, f. 2. Autos criminales contra Manuel Hurtado, por unas puñaladas que tiró a Tomás Rodriguez Palma en la Villa de Oruro.

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Pedro Cossío, parece que en los primeros momentos de su vida solamente estaba dedicado a las actividades agrícolas, pero luego dedicándose al comercio. En 1774 aparece como hacendado y vecino en el valle de Locumba (donde probablemente producía considerable cantidad de vinos). En la ciudad de La Paz estaba dedicado, en parte, al negocio de aguardientes que vendía “en el tambo de la Merced”177. Sin embargo, no se conoce más datos sobre sus actividades comerciales, a pesar que tenía vinculación con otros comerciantes tales como Josef Santa Cruz Villavicencio y Casimiro de Urrola. Francisco Yanguas Pérez, natural de Castilla la Vieja (España), vino a América en calidad de comerciante178. Sin embargo poco se sabe acerca de sus actividades comerciales porque sólo se conoce por referencias como vecino y comerciante en la ciudad de La Paz. En 1804 Yanguas reconocía, sobre las casas que poseía frente a la iglesia del convento de San Agustín, una capellanía lega de 3.000 pesos de principal179. En 1813 fue uno de los candidatos sugeridos por el Real Tribunal del Consulado en Lima para el nombramiento del Juez Diputado de comercio en la ciudad de La Paz180. Sin embargo, a excepción de Tomás Rodríguez Palma y Francisco Yanguas Pérez, los demás mencionados no eran comerciantes de dedicación, sino ocasionales. Además de Indaburo, Cossío y Vicente Diez de Medina, José Ignacio Ortiz Foronda y Cayetano Vega tenían tiendas para dedicarse a las actividades comerciales. Pero de todos modos, como se pudo notar, la mayor parte de los mencionados en este estudio eran hacendados. 177 ALP. EC. 1774, fs. 38 y 47. Demanda puesta por Pedro Cossío contra Casimiro Urrola sobre la pérdida de dos tinajas de aguardiente. 178 Aranzaes 1915, p. 795. 179 ALP. EC. 1804 (s/f). Reconocimiento de una capellanía por Francisco Yanguas a favor del cura Joaquín Castro. 180 ALP. EC. 1813 (s/f). Expediente sobre el nombramiento de juez diputado de comercio de La Paz.

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CONCLUSIONES

1.- La participación de José Ramón de Loayza, Ramón Policarpio Arias, Pedro Domingo Murillo y Romualdo Gemio, protagonistas de los sucesos del 16 de julio de 1809, durante la rebelión indígena de 1781 y 1782 en el distrito de La Paz, fue muy significativa en sus respectivos puestos de lucha en la defensa de la causa real y los intereses de los criollos y españoles (resguardo de sus bienes). José Ramón de Loayza y Ramón Arias intervinieron decididamente en tres diferentes acciones importantes durante la rebelión indígena. Así José Ramón de Loayza actuó en dos de ellas: una en Irupana en calidad de Comandante, donde desde el primer día de su actuación desplegó todo su esfuerzo en agrupar a la numerosa gente criolla y española (la mayoría hacendados) asentada en los Yungas para la defensa; pero viéndose en la imposibilidad de organizar la resistencia a los insurgentes ya sea por falta de abastecimiento de artículos de primera necesidad y la poca seguridad de recibir algún auxilio de soldados y en armas, determinó la retirada de la gente que alcanzaba a más de 5.000 personas a la villa de Cochabamba colaborados por Pedro Domingo Murillo y otros personajes destacados. Y la otra, después de volver de Cochabamba a La Paz, de acuerdo a su deseo de lucha, cumplió exitosamente la misión encomendada por Reseguín en las tres paces (pases de paz) que practicó con los jefes rebeldes del movimiento indígena; puesto que en la última acción de paz logró la captura de Miguel Bastidas y sus coroneles. De esta manera posibilitó a las fuerzas reales para que ocuparan el Santuario de las Peñas donde se encontraban las fuerzas de los Amaru y Túpak Katari. Por su parte, Pedro Domingo Murillo y Romualdo Gemio (sacerdote), después de pasada la rebelión, reclamaron su participación en la captura de 171

Conclusiones

Túpak Katari. Mientras Ramón Arias (natural de Salta) tuvo su actuación, en la tercera acción contra la rebelión indígena de Río Abajo. Arias se trasladó de la ciudad de Arequipa con una numerosa fuerza real a Zepita y, luego, vino a la ciudad de La Paz con una parte de sus soldados compuesto de 800 hombres al auxilio de Segurola para dar fin a la pacificación de los indios de Río Abajo que amenazaban continuamente con sus ataques belicosos a los españoles. De modo que, ambos jefes, luego de librar unos sangrientos combates con los indios de Río Abajo, Collana, Cohoni y otros, lograron aplastar definitivamente a la rebelión indígena, a mediados del mes de junio de 1782, en el distrito de La Paz. 2.- Otro aspecto que se puede señalar es lo relacionado a las divergencias sociales y políticas de los criollos y españoles (chapetones). Ambos bandos protagonizaban enconos antes y después de la rebelión indígena de 1781 a causa de sus diferencias ideológicas; desembocando en el transcurrir del tiempo en las conspiraciones que iban tomando cuerpo contra las autoridades reales. Así, en 1776 un grupo de europeos que insultaron a los miembros del cabildo manifestando que todos ellos eran unos pardos y cholos, mostraron la creciente rivalidad entre americanos y peninsulares. Más tarde, en 1795, el conato del gobernador interino de La Paz, José Pablo Conti, contra la supuesta conspiración del Comandante Militar del mismo, Joaquín Mosquera, dio en descubrimiento al movimiento criollo que se manifestaba a través de los pasquines en contra del régimen colonial. Un poco más tarde, en 1805, se descubre una conspiración de mayor alcance en la ciudad de La Paz vinculado a la subversión de similar alcance en la ciudad del Cuzco que fue desbaratado antes de su estallido por las autoridades con el apresamiento de los principales cabecillas. En La Paz, Juan Pedro Indaburo fue el encargado de apresar a los conspiradores, entre ellos, Tomás Rodríguez Palma (notable comerciante en las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba). Sin embargo, no logró la captura de Pedro 172

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Domingo Murillo considerado uno de los supuestos principales de la conspiración: puesto que éste se ingenió presentarse en forma voluntaria ante las autoridades antes de ser sospechado. De este modo Murillo, luego de prestar sus declaraciones, fue declarado libre por no existir nada serio en su contra por el motivo del levantamiento premeditado de 1805; aunque Indaburo después, sumamente disgustado por ese hecho, se quejó contra Murillo y se sentía ofendido por éste. 3.- Es muy importante conocer cuál fue la estructura de clases sociales en ese entonces. Hemos llegado a la conclusión, de que la sociedad colonial estaba compuesta de dos sectores sociales definidas étnicamente: 1) la sociedad española (compuesta de peninsulares y criollos) con ascendencia europea y 2) la sociedad indígena, compuesta por los descendientes de los nativos andinos: caciques, indios principales y los tributarios (originarios, forasteros y yanaconas). También existían otros grupos sociales, étnica y culturalmente diferentes entre ellos en la sociedad colonial diferenciada como ser: los mestizos y esclavos. De acuerdo a esta realidad social, la mayoría de los revolucionarios del 16 de julio de 1809 eran criollos. Algunos de ellos, especialmente los de la plana mayor, eran descendientes de los conquistadores; otros como provincianos de Yungas, Pacajes, Omasuyos de la Paz; los terceros, pertenecientes al interior de la Audiencia de Charcas: Cochabamba, Chuquisaca y Oruro, y los últimos, residentes peruanos, argentinos y chilenos. Como hemos señalado los criollos en la sociedad colonial ocupaban una posición inferior en relación a los españoles nacidos en España. Esta discriminación alimentó sin duda a los criollos su resentimiento hacia los españoles (peninsulares) y estimuló cada vez más su identificación con el suelo americano. La buena posición económica y cultural de algunos revolucionarios les permitió recibir una mejor educación media y superior hasta obtener una profesión. Ocupaban cargos subalternos en la administración, como ser: alcaldes de primer y 173

Conclusiones

segundo voto, asesorías, alférez real, subdelegación de partidos (provincias) durante la época de Intendencias; siendo autoridades y como hacendados estaban en constante contacto con el mundo indígena, especialmente en el empleo de mano de obra yanacona y el de servidumbre doméstica. 4.- La situación económica de los revolucionarios, estaba basada en sus valiosas fincas. Puesto que la plana mayor de los revolucionarios del 16 de julio de 1809 eran hacendados que tenían posesiones en el altiplano, los Yungas y los valles de Sicasica y Larecaja. Sus haciendas eran productoras de la hoja de coca, uvas y otros. Las haciendas productoras de uvas podían superar incluso a las de cocales en cuanto al valor de las mismas; tal es el caso de José Ramón de Loayza, cuyas haciendas ubicadas en los valles de Río Abajo, por su producción del vino y su comercialización significaba mucho más que las haciendas productoras de la hoja de coca. Asimismo, los revolucionarios, como vecinos de la ciudad de La Paz, poseían algunas chacarillas (en los extramuros de la ciudad), tiendas comerciales y viviendas en ella. La mano de obra, además del empleo de esclavos negros en el servicio doméstico, fue empleada para la producción en sus fincas. La masa indígena, por su libre acceso y gratuito, significaba para todos los criollos, sean revolucionarios o no, la fuerza de trabajo indispensable en sus haciendas. El indígena difícilmente podía aspirar a ocupar algún espacio de importancia del proyecto revolucionario, pues no convenía a los intereses de los que explotaban la mano de obra indígena para enriquecimiento propio.

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Anexos

ANEXOS

1. Propiedades de Juan Ciriaco Murillo Venta Real asenso: El Licenciado Francisco Ochoa a favor del Licenciado Don Juan Ciriaco Murillo cura rector de la parrochia de Santa Barvara

f. 110 En la ciudad de Nuestra de La Paz en diez y nueve días del mes de henero de mill setecientos sesenta y ocho años ante mi el Escribano de su Majestad Público del número y testigos de y suso pareció el Licenciado Don Francisco Ochoa Presbítero domiciliario del obispado del Cuzco y residente al presente en esta ciudad a quien doi fee que conozco y (otorga por el tenor de la presente) dixo: que a causa de su residencia en dicha ciudad del Cuzco el tiempo de más diez y ocho años ha hallado al presente en esta atrasado y arruinado el fundo y vínculo de una capellanía que en propiedad posee de principal de quatro mill pesos y doscientos de renta, fundada por Don Joseph de Lusar en una chacarilla sita en el valle de Potopoto extramuros de esta ciudad y en una hacienda nombrada Parutani en jurisdicción del pueblo de Cabari provincia de Sicasica y siendo su destino bolverse a dicha ciudad dejando precavido este menoscavo a fin de que la obra pía no venga en total diminución por haverse experimentado con dicha chacarilla en poder de arrenderos, ha determinado venderla asenso redimible, para lo que haviendo tratado en forma sobre ella con Licenciado Don Juan Ciriaco Murillo rector de la parrochia de Santa Barvara de esta ciudad para el mexor asierto impetro licencia del señor 175

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juez ordinario de ella presentándose assi el señor Pro.a y Vicario General de este obispado como a su venerable señor Dean y Cav.o por lo tocante al Patronato de dicha capellanía que residía en su Santa venerable de cuia orden y con citación del promotor fiscal Eclesiástico justificó plenamente dicho menoscavo y detrimento y con vista de ttodo y presidida tasación judicial de dicha chacarilla, proveyó auto de Licenciado dicho señor Prov.r cuio tenor con el del theniente Dean y Cav.o sacado a la letra uno en pos de otro son como se siguen: f.111 v. Aceptación: Y estando presente el dicho cura rector Don Juan Ciriaco Murillo al otorgamiento de esta venta y haviendo oido y entendido su efectto, otorga que la asepta según y como en ella se tiene, y resive comprada la dicha chacarilla por los referidos dos mill pesos corrientes a asenso redimible que desde luego quedan impuestos y situados en ella misma, y por quentta de ellos se obliga de dar y pagar cien pesos de censo y rrenta en cada un año al dicho Licenciado Don Francisco Ochoa que es actual capellán o a los que en delante de subsedieren en ella, mientras no redimiere y quitar dicho principal llanamente y sin pleito alguno. Con lo qual ambas partes [f. 112] vendedor y comprador confesaron y declararon ser su justo y verdadero precio el de dichos dos mill y que no vale más ni menos y en caso que más o menos valga de la demacia o menos valor, ademas de la tasación, para no poder pedir resición de esta venta, renunciaron la ley del ordenamiento Real, fecha en corttes de Alcala de henares que tratta serca de las compras y permutas, y de los engaños de ellas, de dicha ley declarados no se aprovecharan de su remedio en manera alguna, y caso que sin embargo de esta renunciación se pidiere el dicho engaño, y por él se les adjudicare alguna cosa. De tal se hacen gracia y donación pura mera neta perfecta e inrrebocable de las que el derecho llama fecha inttervivos y partes presentes con las insinuaciones 176

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y renunciaciones de leyes en derecho necesarias y a la firmeza guarda y cumplimiento de lo que dicho es ambas otorgantes se obligaron con sus vienes espirituales y temporales havidos y por haver; y el dicho comprador en virtud de lo pactado hipotecava e hipotecó por experimentar obligación y expresa hipoteca sin que la general derogue a la especial unas casas que notoriamente tiene y posee en la planta de esta ciudad y varrio de Carcantia, calle arriva del monasterio de la Purísima Concepción en frente y esquina de las del Dr. Don Sebastián de Ferro, y una Hacienda nombrada Chacoma sitta en el pueblo de Viacha provincia de Pacajes, ambas de suficientte valor para que esttas estten afectas y sujettas hasta la efectiva y real solución de los cien pesos anuales de dicha capellanía y su principal, y que así en orden al censo principal de estta ventta como por la tocante de estta hipoteca, ha de esttar sujeto el comprador a las cinco condiciones establecidas de las escripturas de imposiciones de censo, como también el vendedor; y así ambos dieron poder a las justicias y juezes que de sus causas puedan y devan conocer a cuio fuero y jurisdicción se sometiron y renunciaron el suio propio domicilio y vecindad, y la ley que dize que el actor debe [f. 112 v] seguir al fuero del reo para que las dichas justicias cada una en el suio les ejecuten conpelan aprecien como por juicio y sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en guarda de lo qual renunciaron todo derecho y leyes de su favor; y en especial renunciaron el capítulo de suma de penis obduardeu disolutioni bue para no aprovecharse de su remedio en manera alguna. En cuyo testimonio assí lo otorgaron y firmaron a sus nombres, siendo testigos Joseph Antonio Machicao, Antonio Gabriel Quiñones procurador y Bernardo Espinosa= Entrereng.s= (Fdos): Don Francisco de Ochoa, Juan Ciriaco Murillo. Ante mi Rafael Villanueva Escribano de su Majestad y Publico. Fuente: Archivo de La Paz. Registro de Escrituras, Leg. 157a. 1767-1769.

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2. Juan Pedro de Indaburo contra Pedro Murillo Carta: Exelentísimo Señor Virrey y Capitán General Marques de Sobremonte Señor: Formase por el señor Governador Intendente un proceso de insurreccion contra algunos que premeditaron: comisionaseme como ayudante mayor del Batallón de milicias disciplinadas de esta ciudad la captura de los reos: se me encarga la prisión de Pedro Murillo: aseguro a los unos, se me oculta éste, y las activas diligencias que practico en su solicitud, lo irritan, y exasperan, y hacen que me constituya el blanco de sus iras, y el objeto de sus venganzas. Estos malignos efectos los veo palpables en la ocasión. Apenas logra su soltura quando busca solicito medios para desaogar su rencor. La sola defensa de una causa civil que le encomiendan llena sus miras, y colma sus deseos. No son rasones las que expone a favor de su clientulo; sino negros dicterios que ha menudo vierte contra mi conducta y reputación. Sus representaciones son libelos infamatorios, papeles denigratibos, y producciones propias de su maledicencia. Causa dolor ver que un sugeto de vaja extracción, exhausto de facultades, y lleno de vicios, y delitos, permanezca en un lugar sembrando discordias, fomentando quimeras, y causando desazones, y perjuicios. Habrían las personas que (h)oy se miran encontradas, logrado de paz, y tranquilidad, si el Brigadier don Sebastián de Segurola consigue su prision. Procesado del gran crimen de falsario, estaría bien distante de estos lugares, sino huye de la justicia, y anda profugo por los montes, hasta lograr silenciar su causa, con la muerte de este gefe, y el extravio, o entrepapeladura del expediente, que ha impedido la noticia en los sucesores. 178

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No es menester agitar esta causa para que el celo de Vuestra Excelencia pueda ordenar su salida de esta provincia. Pedro Murillo es casado: su consorte se halla en la villa de Potosí hace años; y el vive entregado en esta, aun público y escandaloso concubinato, de cuias resultas tiene una prole bastante crecida, con total abandono de sus principales obligaciones. Como es dable sufrir tantas calumnias de un sugeto de esta naturaleza, sin hacer presentes sus excesos a esa superioridad. No crea V. E. que Pedro Murillo sea profesor del derecho no es mas que un atrevido pendolista, que a la frente de los juzgados mantiene un estudio público, y tiene más despacho que los abogados de la mejor nota, sin temor al castigo, que merece, según las leyes, como ruina de los pueblos. Abroquelado del respeto de aquellos a quines defiende, no tubo el menor reparo para confesar esta dedicacion, y exercicio, en la citada causa de insurrección, que en testimonio se halla en esa superioridad. Con este justificatibo, y el de ser matrimoniado, que igualmente resulta de sus declaraciones, y confesiones, espero, que la rectitud de V. E. se digne, si fuere de su superior agrado, decretar sus destierro de esta Provincia. De este modo serán menos los enredos, y disgustos, y quando logre la devida satisfacción en la causa de injurias, que sigo, contra su protegido, que daré enteramente desagraviados. Nuestro señor guie la importante vida de V. E. mas años. Paz 17 de mayo de 1806.

(Fdo): Juan Pedro de Indaburu

Fuente: Archivo General de la Nación (Buenos Aires). División Colonia, Sección Gobierno Intendencia de La Paz, 1806-1807, Leg. 9, Sala 9, Cuerpo 5, anaquel 6, Nº. 4.

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3. Juan Manuel de Cáceres Expediente ejecutivo seguido por el teniente de capitán de la quinta compañía del Regimiento de Dragones de la provincia de Pacajes y escribano de su Majestad, Juan Manuel de Cáceres, a Pedro Vicente Valdivia que le adeuda de 1764, 1200 pesos. Cabeza de testamento (al margen) de Rafael de Cáceres natural del valle de Majes, avecindado en el pueblo de Ajavire. Itten. Declaro que soy albacea, tenedor de bienes por el fallecimiento de mi hermano el capitán de milicias, Don Manuel Ilario de Cazeres y de doña Lucía Salcedo, ya difuntos quien me dejó legítimo menor Juan Manuel de Cazeres a quien lo tube en la ciudad de La Paz, para que aprendiendo las primeras letras, estudiase la Latinidad en la aula de Gramática del Colegio de la Compañía de Jesús, para este fin le supliqué a mi primero hermano, el Presbítero Don Josef de Caceres lo tuviese en su poder de cuio abrigo se ausentó, y al que se halla actualmente en uno de los pueblos de la provincia de Pacajes, estándole acudiendo con todo el costo necesario que tengo impedido para su desencia y menester= Señor Justicia mayor Don Juan Manuel de Caceres teniente de capitán de quinta compañía del Regimiento de Dragones de esta provincia de Pacaxes, y Escribano de su Majestad, ante la justificación de Vm. Parezco y digo que por la escritura quarentigia que demuestro me es deudor Don Pedro Vizente Valdivia el principal de un mil doscientos pesos, y réditos de diez y nueve años que sumados hacen ambas partidas dos mill trescientos cuarenta pesos los que demando me pague con más desima y costas de su cobranza y aunque protesto darme el dinero o entregarme la estancia de Toncopuxo, Uncallamaya y otros nombres, como especial hipoteca de este crédito por 180

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enero del año pasado de 1780 no lo ha cumplido hasta ahora. Por lo que ocurro a este jusgado se sirva de mandar a que dicho Valdivia una vez que esta presente cumpla con la paga que solicito, ó que se embargue la dicha estancia procediendo a su trance y remate hasta la solución del cargo que hago en el estado de casco liquido por haver quedado arruynada en la rebelión, y de haver antes extrayndo parte de los ganados el Presbítero Don Eusebio Arteaga sin que ningún juez lo mandase según corren noticias en esta atención. Avm. Pido y suplico que haviéndome por presentado provea y mande como solicito, y para ello juro sin proceder de malicia. (Fdo): Juan Manuel de Cazeres Caquiaviri, 15 de diciembre de 1783 Notificación a Don Pedro Vicente Valdivia “que demando dentro de tercero día con apersevimiento de execucion y embargo de la finca hipotecada. Así lo proveyse mayor de esta provincia de Pacaxes actuando por ante mi y testigos”. Don Pedro Vicente Valdivia vecino de la ciudad de La Paz pobre solemnidad declarado por la Real Audiencia del distrito ante la justificación de Vmd. Paresco y digo que en fuerza de la notificación que se me acaba de haser a que debe y pague el principal de un mil doscientos pesos y sus réditos atrasados a Don Juan Manuel Caseres, no tengo en la actualidad medios para pagarle a causa de hallarme muy atrasado por el pleyto de muchos años lo enteramente en este expuesto mande al acreedor entre en propiedad del casco de tierras de Toncopuxo y Uncallamaya por estar hipotecadas al crédito que aunque se hallaba bien aperada, más (h)oy por la Rebelión ha quedado en recelo sin rastro de aperos ni indios quienes diesen razón y aunque desde el año pasado de 1780 debió haver corrido no ha querido por recelar de que de que no tiene papeles o títulos y pueden 181

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estar enrredadas a diferentes deudas sobre cuyo de que no tiene particular protesto entregarle los títulos y muchos documentos favorables que mantengo para quitarle las aprehenciones que tiene y ratificando en juycio la escritura que le tengo hecha de orden del señor corregidor Don Juan Ignacio Madariaga no resta otra cosa, de que como digo entre a haserse pago en las dichas tierras las que oportunamente se hará tasar y del líquido monto se pagará la alcabala y le otorgaré nueva escritura siempre que no esté contento con la que le tengo hecha ahora años. Fuente: ALP. EC. 1764-1783, sin foliar.

4. Pasquines Número 1º I. Gracias a Dios que llegó buena noticia de Francia para encomendar a Dios al Mosquera y comandancia. II. No se dize con jactancia y advierto a los oficiales no les toque la desgracia. III. Dejaos de concurrencias no os metais en fonduras 182

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por que os vereis en figuras si seguis con sus sentencias. IIII. Vivid con todo recelo pues si quereis perecer Mosquera os sabra ofrecer con su comandancia el cielo. V. Por que es esta su sentencia que hombres que no den dineros a todos les paga en perros Sapo El número 1º entregado por el Doctor Don Juan Josef de Ayoroa hoy día de la fecha de que certifico= Joaquín Antonio de Mosquera. Es copia de su original en el expediente de materia. Paz y marzo veinte nueve de mil setecientos noventa y cinco

Número 2º I. Gracias a Dios que tenemos buena noticia de Francia para encomendar a Dios al moscon y comandancia. II. No lo digo con jactancia y advierto a los oficiales 183

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si algunos tiene parciales no caigan en la desgracia. III. No volvais a concurrencias ni os metais mas en onduras porque os vereis en figuras si acetais a su sentencias. IIII. Vivid con todo recelo y si quereis perecer Mosquera os podrá ofrecer con su comandancia el cielo y acabo con su sentencia. V. Hombres que no den dineros. a todos les paga en perros. El número 2º entregado por el señor Prevendado doctor don Antonio Toro oy día de la fecha de que certifico= Joaquin Antonio de Mosquera. Paz 29 de marzo de 1795. Fuente: AGN (Buenos Aires). División Colonia, Sección Gobierno. Intendencia de La Paz 1795-1796, Leg. 6 (5-6-1)

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5. Casa de Don Josef Ignacio Ortiz de Foronda f. 29 A pedimento verbal de las partes como son Don Josef Ignacio Ortiz de Foronda y Don Francisco Palacios, para seguir de tercero es discordia con los peritos nombrados para que el abaluo y justiprecio de la casa del citado Don Josef Ignacio Ortiz de Foronda, y son los siguientes: Don Francisco Guimara de parte del primero, y del segundo Don Francisco Juarista Eguino, con quienes dentramos a la dicha casa, cita en la Esquina de la Plaza y calle de Comercio en la que reconocimos todas las viviendas vajas y altas de las que relacionan, de todo lo que especulado y visto prolijosamente todo lo interior, y exterior. Así de los corredores, y arquería de piedras labradas, como la gradería y arco de piedras de simiento así grandes como pequeñas, todo lo que tienen relacionado en sus boletas de todas las tiendas que contienen en la dicha casa, que por esta relación que no expongo, por parecerme, que es inútil, y solo digo que por los discordes, que están en los precios, que le dan a la dicha casa, sin hacerse cargo de materiales que son piedras de simiento, que ay en el patio, y en el segundo, que hasiéndome cargo de todo según mi leal saber y entender le doy el valor y precio de treinta y un mil pesos sin dolo fraude ni engaño. (Fdo). Francisco Xavier de Escóbar. f. 30 Don Francisco Xavier de Juarista Eguino, tasador de esta ciudad para el justiprecio de la casa de Don José Ignacio Ortiz de Foronda vecino de la misma, situada por un costado en la calle del Comercio, frente a la que fue del señor oydor Don Francisco de Paula Diez de Medina, por el costado derecho, a la Plaza principal, por el izquierdo con el Truco, o cofa que situa a la misma calle, y últimamente por la espalda, con la del capitán de Exército Don Mariano de Bilbao la Viexa digo: Que este sitio tiene 185

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de frente 36 ½ varas y de centro 47 ¼ que reducidas a varas castellanas componen el total de 1724 5/8 en cuia comprensión, se miran primero, una puerta de calle biexa y maltratada con su marco de piedra labrada llana de las letanías, sin coronación ni arbotantes, y a sus lados quatro tiendas, con sus marcos de adove, con puertas todas desiguales: a sus altos una sala grande, con una ventana antigua con sus balaustres torneados de madera, a mano izquierda, un quartito pequeño con su vera de fierro pequeña a la plaza sin vidriera: al otro lado una cuadra con su balcon de fierro torneado travaxado en vizcaya- y un dormitorio capaz a donde cae otra ventana con vera de madera. Entrando por el zanguan al patio principal, se encuentra primero, una arquería en quadro de vaxos y altos de piedras de calacoto, y de las letanías, travaxada mui de ordinario, con su portada y grande por dos lados para subir a los altos: al frente de la misma entrada un almacen, digo mui arruinados en partes, y sus puertas corrientes a mano derecha en los altos una cuadra grande que mira a la plaza, con su rexa de fierro grande llana, con parte de vidriera, y otros varios quartos en seguida, todos con balustres de madera mui usados, e indecentes, y a sus vaxos, siete tiendas con puertas desiguales, y en marcos de adove, la una de las quales, cae devaxo del balcón antiguo que tiene esquina de obra costosa de madera de cedro, y por último a mano izquierda tres quartos vaxos, y dos de altos de obra moderna. Además de todo lo relacionado, tiene su traspatio, en donde se miran varios quartos antiguos que sirven de cocinas, y además de esto sitio para corral regular. A todo lo relacionado pues (según mi leal saber y entender) doy el valor de veinte y nueve mil pesos, echome el cargo de lo maltratado que se halla el edificio por su antigüedad así en techos como en parte de los entresuelos, los quales se hallan en parages sostenidos con puntales, sin embargo de la buena madera que tiene en parages, con todo 186

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lo qual, y el principal que necesita separado, para tenerla en pie en la composición de los techos y otros remiendos conpone el valor liquido mencionado. Paz y julio 12 de 1807. (Fdo). Francisco de Xavier Eguino.

Fuente: AHM. RE. 1807, Leg. 1052. Avaluó de la casa de Josef Ignacio Ortiz de Foronda.

6. Cartas de Pedro Domingo Murillo Excelentísimo señor Virrey Don Baltasar Hidalgo de Cisneros En el correo 17 de julio último, felicitando la posesión del mando de V. E. en unos tiempo tan críticos que ha venido como el Arco-Iris para alivio y consuelo de estas provincias, hice presente que la noche del 16 de julio me nombró el Ilustre Ayuntamiento por Comandante interino, obligandome a aceptarlo con responsabilidad sin admitirme excusa ni suplica, cuya evidencia califico ante la piedad de V. E. con los documentos que en testimonio acompaño. En ellos a fojas 2 vuelta consta por las certificaciones del mismo Ilustre Cuerpo y los cinco Escribanos de esta ciudad la verdad de mi serlo que presenciaron todo el acto, y consiguientemente mis reiterados renuncias posteriores con las providencias que subsiguen hasta fojas 7. Por las certificaciones del M. V. D. y C. Prelados Regulares de fojas 7 a fojas 13 vuelta está acrisolado mi desempeño, desvelos, y actividad en tranquilizar esta ciudad y toda su Provincia subordinándola a las legítimas autoridades aun con sacrificio de mi vida sin que se haya experimentado el menor desorden, en vidas y haciendas todo género de habitantes por el cuidado, vigilancia que he empeñado mis conatos, aunque desde el 187

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día de la feliz noticia del arribo de V. E. han quedado estas gentes todas placenteras y mas obedientes con las noticias y plausibles de la Suprema Junta Gobernativa a nombre de su amado soberano. Por el segundo testimonio, consta mis servicios desempeñado varios grados de oficial, sin que por ellos haya exigido premio ni colocación el destino por parecerme que el vasallo debe sacrificarse desnudo de todo interés por su Rey y Señor Natural, como por la Religión, y la Patria. Estos mismos sentimientos no han degenerado de mi carácter, y aunque en el día ha sido el peso más enorme a la cabeza el una pleve reboltosa entusiasmada por el amor de su soberano desnuda de auxilios de oficiales que se conceptuaban efectivos en la tranquilidad y que en el espacio de veinte días no propendiesen ayudarme siendo necesario consultar sujetos aparentes que se han colocado en las compañías nunca exijo premio ni colocación, sino el de un retiro que proporcione mi descanzo en mio (…) el mis fatigas. V. E. es el Padre y Protector de esta provincia y como tal mirará por ella con aquel amor de corazón todos sus fieles vasallos. La Paz 17 de septiembre de 1809 Fdo. Pedro Domingo Murillo Fuente: Archivo General de Nación (Buenos Aires). División Colonia, Sección Gobierno. Intendencia de La Paz, 1806-1807. Leg. 9, sala 9, cuerpo 5, anaquel 6, Nº 4.

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196

Bibliografía

NOTA BIOGRÁFICA DEL AUTOR

Roberto Choque Canqui, cuenta con una licenciatura en Historia, Maestría en Ciencias Sociales y Políticas y estudios de Doctorado en Historia Contemporánea. Fue Director del Archivo de La Paz, del Archivo Histórico de Cochabamba, de las carreras de Antropología e Historia en la Universidad Mayor de San Andrés. Fué docente de postgrado en programas de Maestría en Bolivia y Ecuador. Es miembro de la Academia Boliviana de la Historia y de la Academia de Genealogía y Ciencias Heráldicas de Bolivia. Es investigador en la Unidad de Investigaciones Históricas UNIH-PAKAXA.

197

Bibliografía

ÍNDICE Página PRÓLOGO

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN 1. ANTECEDENTES

15 19

1.1. La participación de algunos revolucionarios de 1809 en la represión indígena de 1781 y 1782 1.2. Las conspiraciones contra las autoridades reales en La Paz 1.3. Síntesis de la revolución del 16 de julio de 1809

21 40 58

2. SITUACIÓN SOCIAL DE LOS REVOLUCIONARIOS

73 76 91

2.1. Las clases sociales 2.2. La familia y las relaciones sociales 2.3. La educación y la formación profesional 2.4. Actividades profesionales y el ejercicio de cargos públicos

3. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS REVOLUCIONARIOS

109

111 115 120

3.1. La situación económica de La Paz en el siglo XVIII 3.2. La problemática socio-económica 3.3. Las haciendas 199

Bibliografía

3.4. Los precios 3.5. Las haciendas de los revolucionarios 3.6. Empleo de esclavos negros 3.7. Las actividades comerciales

124 125 163 167

CONCLUSIONES

171

ANEXOS

175

175 178

1. Propiedades de Juan Ciriaco Murillo 2. Juan Pedro de Indaburo contra Pedro Murillo 3. Juan Manuel de Cáceres adquiere las estancias: Toncopuxo y Uncallamaya 4. Pasquines 5. Casa de Don Josef Ortiz de Foronda 6. Carta de Pedro Domingo Murillo

180 182 155 177

BIBLIOGRAFÍA

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NOTA BIOGRÁFICA DEL AUTOR

197

200