EL SALVADOR NO CUENTA CON UN SISTEMA SENSIBLE A LOS DERECHOS Y A LAS DENUNCIAS Los derechos que otorga la Constitución de la República a los ciudadanos, por virtud del contrato social, en el que prestamos sumisión y obediencia a las leyes emitidas por el Órgano correspondiente en forma debida, a cambio de seguridad jurídica, lo que pasa por hacernos valer todos los derechos y garantías que reconoce la legislación primaria, para garantizar la paz social, no está siendo del todo eficiente. El sistema de Órganos encargados de resguardar los derechos constitucionales, se va mostrando cada vez más insensible a los derechos de los ciudadanos, siendo más permisivo para con las autoridades que cometen abusos y menos dispuesta a escuchar las quejas y denuncias de los ciudadanos. Efectivamente, El Salvador no es un país de denuncias ni de demandas, ya que se entiende
como “pelearse con la cocinera” y ésta puede “envenenar la comida del quejoso” en venganza; y éste principio ha sido hecho propio por casi todos y todas, quienes ostentan algún puesto más o menos importante o de alguna utilidad pública. La cultura debe cambiar, si la cocinera está haciendo mal su trabajo, procede despedirla y contratar a alguien que trabaje de forma correcta y debida. Pero en todo esto, tenemos un sistema que no incentiva a denunciar fallas ni infractores; porque permite a los servidores públicos ampararse en su derecho a estabilidad, para ignorar los derechos de los usuarios y quedarse sin ninguna clase de amonestación o sanción de ningún tipo. La desmotivación a demandar, denunciar recurrir o quejarse se genera en todos los ámbitos del aparato gubernamental; siendo
las entidades encargadas de hacer valer los derechos, cada vez más insensibles a esos derechos que deberían hacer valer, por medio de sus actuaciones y/o resoluciones. Por ejemplo en materia de control constitucional, se interpone una demanda de inconstitucionalidad en contra de una disposición que contradice claramente el derecho de igualdad regulado en el artículo 3 de la Constitución y la Sala de lo Constitucional, previene que se mencione “otro derecho vulnerado” porque para que “proceda la inconstitucionalidad” tiene que infringirse más de un derecho constitucional… es decir, que la vulneración de un derecho consagrado en la Constitución, por parte de una ley, no legitima la acción de inconstitucionalidad, según jurisprudencia de los semejantes magistrados de la Sala de lo Constitucional, la vulneración de un solo derecho, como decir el de igualdad, no
significa nada y pasado por alto.
debe
ser
Tenemos entonces una cultura de “dejar hacer y dejar pasar” y totalmente insensible a los derechos de los ciudadanos. Un sistema que padece de sordera y ceguera crónicas; que solo reconoce formalismos y los lenguajes generados en las altas esferas “jurisprudenciales” y un cuerpo que ha sido herido tantas veces, que sus procesos de cicatrización le han vuelto totalmente insensible. Se da también en tribunales y juzgados donde hay que soportar la más larga y dilatada justicia, sin que nadie haga absolutamente nada; y los justiciables nada más les queda esperar y seguir esperando por que termine el letargo de los administradores de justicia. Ante todo este escenario, tendremos una cultura de denuncia y de transparencia, cuando se aprenda a escuchar a quienes se quejan porque como dice el dicho “cuando el
río suena, arrastra piedras”, es decir, que las quejas no se presentan sin una justa causa; y sobre todo, cuando son tantas y tan pronunciadas voces pidiendo cambios en la forma de hacer justicia y derecho. Cambios en la forma de contratar y nombrar servidores públicos, que es donde hasta la fecha se ha fallado totalmente, en un sistema de nepotismo absoluto; por ello, quienes dependen de un padrino fuerte, en las altas esferas, puede sentirse intocable y desconocer los derechos de las personas, porque sabe que tiene una protección fuerte.
Un cambio de cultura, requiere un cambio de estructura; un cambio de actitud para dejar atrás esas viejas costumbres, donde el más fuerte es el que ocupa el cargo más alto y ese está por encima de casi todos los demás, hace uso de privilegios y es inmune a investigaciones, denuncias o acusaciones. Necesitamos un país de derechos, donde éstos sean efectivos; donde las autoridades escuchen a los ciudadanos en sus justas demandas y dejen de hacerse sordos y ciegos en sus cómodas oficinas con aire acondicionado.
Lic. Juan Ramón Araujo López