Trabajo integrador Seminario Intensivo Ensayo: Diáspora de la memoria en Colombia Por Kevin Fonseca
En Colombia el escenario local político y conceptual de la memoria se encuentra en crisis y constante cuestionamiento. La memoria está en un proceso de recodificación oficial alarmante por parte de las instituciones gubernamentales, hechos que se presentan hace décadas debido a las estrategias de operación del poder institucional que, por medio de violencia política y violencia simbólica, han gobernado en la historia reciente, escenario que cambió sorpresivamente durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010 - 2018) al firmar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP). La firma de los acuerdos en 2016 estableció mecanismos para el esclarecimiento de la verdad del conflicto y la construcción de memoria colectiva como: la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la participación de las víctimas en la mesa de diálogo (punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos), entre otros. Estos avances, tanto en las políticas de memoria como en la participación de movimientos sociales, se han visto gravemente afectados en el actual gobierno de Iván Duque (2018-2022) debido al restablecimiento de estructuras de imposición de violencia política que responden a las estrategias del partido de derecha del Centro Democrático, liderado por el investigado expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010). ¿Qué acciones evidencian el riesgo de la memoria? Se puede determinar que en el actual gobierno existe una sumatoria de antecedentes que se hicieron públicos cuando el gobierno realizó la petición de renuncia a los y las directorxs de instituciones gubernamentales relacionadas a archivo, documentación, preservación y construcción de memoria. Esta petición fue realizada en febrero del 2019 por Carmen Inés Vásquez, quien actualmente dirige el Ministerio de Cultura de Colombia, lo que conllevo a dimitir de su cargo al director del Museo Nacional; la directora saliente de la Biblioteca Nacional y al director saliente del Archivo General de la Nación. Durante el mismo mes se realizó el nombramiento del actual director del Centro de Memoria Histórico de Colombia (CNMH), el historiador Darío Acevedo Carmona, quien antes de asumir el cargo ha cuestionado y negado el conflicto armado del país; imprecisiones que un año después de asumir la dirección de la entidad han impactado tanto el legado de la institución como la memoria del país. Las decisiones tomadas han sido coordinadas por el gobierno y su gabinete de trabajo, su estrategia ha dado resultado afectando la memoria con actos como la suspensión de la membresía del CNMH de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac) en febrero del 2020. En el escenario local se evidencia su impacto en la pérdida de confianza de los movimientos sociales como la ONG Asociación Minga, la cuál decidió retirar los archivos físicos institucionales del CMHC, que documentan 25 años de conflicto armado en el país, argumentando que debido a la administración del actual director no encuentran garantías para continuar con el proceso de la elaboración objetiva de los informes del CMHC (acción que se suma a las iniciativas Ensayo. Trabajo integrador Seminario Intensivo "Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias", Especialización Memorias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencias- CLACSO. Realizado por Kevin Fonseca (CO)
expresadas aproximadamente por 120 organizaciones en el 2019). De esta manera las instituciones oficiales como el CNMH, Museo Nacional, Archivo General y Biblioteca Nacional, reestructuradas desde la estrategia actual administrativa, buscarán mecanismos impositivos para lograr cumplir el objetivo de imponer la “buena memoria”, concepto utilizado por Ricard Vynes para referirse a la construcción de una única memoria que pretende imponer el estado para garantizar la cohibición institucional en los conflictos de memoria existentes en Colombia y así deslegitimar la labor previa realizada por los movimientos sociales y el CNMH. En la actual coyuntura se han mantenido estructuras de resistencia contra las imposiciones políticas generadas por el estado, organizaciones que mantienen viva la memoria construida por las víctimas del conflicto armado. Entre las diversas luchas y movimientos existentes referenciaré algunas de amplio reconocimiento nacional: Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá y Asociación MINGA, entre otros. Estos movimientos desarrollan procesos de resistencia política y simbólica, como es el caso del Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá que en el 2019 realizó los actos de despedida espiritual de las personas asesinadas en mayo del 2002 en la iglesia de Bojayá, territorio en el que se masacró a su comunidad dentro de la iglesia del pueblo, acto perpetrado por actores armados del conflicto en Colombia. Desde las acciones de resistencia y denuncia realizadas por el pueblo Bojayaseño se ha construido un símbolo de resistencia que representa la lucha por mantener la memoria del pueblo y la no repetición de actos violentos, este símbolo es el cristo negro mutilado de Bojayá. Anteriormente fue una representación escultórica de Cristo que hacía parte de la iglesia de Bojayá durante los encuentros espirituales y que a raíz del hecho violento, le fueron mutiladas sus extremidades superiores e inferiores como resultado del efecto de la explosión, dejando únicamente el torso de la figura de cristo como vestigio del acontecimiento. Desde aquel momento la comunidad de Bojayá resignificó el cristo como un símbolo que al día de hoy se ha consolidado como parte de la memoria del conflicto armado. El pueblo de Bojayá ha realizado acciones de resistencia y memoria como: en el 2017, durante la visita del papa Francisco a Colombia, se realizó un acto de bendición en el que el papa elevó la “oración al Cristo negro de Bojayá”, acto que aporta al valor simbólico de la resistencia de la comunidad. Los actos políticos y simbólicos han impulsado acciones de reparación en las comunidades locales del país, movimientos que continuarán relatando la memoria histórica de Colombia y deconstruyendo las imposiciones institucionales del gobierno. En Colombia se hace necesaria la creación de la Coalición de Resistencia de la Memoria y Conciencia de la Sociedad Civil (CRMCSC) con el fin de salvaguardar los procesos construidos sobre la memoria y generar acciones de resistencia.
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