Prueba de prueba

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Este Fanzine contiene información sobre un caso de asesinato a una mujer trans en Quito, del que se lleva a cabo una investigación, y también se relatan casos de violencia sistemática e intentos de transfemicidios que no tuvieron investigaciones en el sistema de justicia. La investigación del fanzine se realizó de forma colaborativa en el Laboratorio de Historias Poderosas, realizado por Chicas Poderosas con el apoyo de Open Society Foundations. Investigadorxs Camila Albuja, Runa Sanabria y Sol Miranda. Ilustraciones de Ricardo Carrasco. Isabel González Ramírez acompañó y editó este proyecto. Alina Manrique realizó la verificación de datos.La equipa de Chicas Poderosas acompañó este proceso con capacitaciones, apoyo económico y editorial.Conoce todas las historias creadas en el Laboratorio de Historias Poderosas realizado en Ecuador ingresando a chicaspoderosas.org/historiasecuador.

¿Cómo se investiga un asesinato a una mujer trans? página 6

¿Cómo actua el Estado en las denuncias de la población trans? página 8

¿Cómo fue la lucha historica trans de las Coccinelle? página 10

Agenda de contactos para emergencias Trans página 14

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Marcha Nacional Trans 2020

Transfemicidios: una realidad que existe solo en la palabra “Para mí siempre será Juanita”, dice Magdalena Cabascango, con un brillo en sus ojos que contagia el cariño que le tiene a su tía recién asesinada. Desde que se encontró el cuerpo de Juanita Criollo el 16 de noviembre de 2020 en su casa en el norte de Quito, Cabascango y su primo luchan para tener justicia. Cabascango enfatiza el nombre de su tía en femenino, repetidamente, como si Juanita misma estuviera defendiendo su identidad de mujer contra los familiares que le siguen llamando por su nombre de cédula. La autodefinición de su tía es quizá la única prueba que tiene Cabascango para recalcar que era una mujer trans y que su brutal asesinato difícilmente se puede separar de esa realidad. Pero ese dato tan importante para quienes no se identifican ni con el nombre ni el genero asignado al nacer, no se procesa en los registros de la Fiscalía, la institución que ahora investiga su muerte como posible homicidio a un hombre cisgénero.

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Entre 2014, cuando se tipificó el delito de femicidio en el Ecuador, y 2019 se han reportado 935 asesinatos violentos contra mujeres, según datos oficiales de

la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia. Este organismo estatal que monitorea los femicidios a nivel nacional, indica que de ese número, solo un tercio se han procesado como posible femicidio en el sistema judicial. Sin embargo, los asesinatos de mujeres transgénero no aparecen en dichas cifras, ni como homicidio ni como femicidio. Debido a la ausencia de datos oficiales es difícil saber cuántas mujeres trans como Juanita (hayan cambiado su identidad en la cédula o no) se pierden en ese registro. Pero esta no es la única dificultad para que el asesinato de Juanita se juzgue como femicidio. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) define este delito como el asesinato de una mujer por su condicion de sexo o género como resultado de relaciones de poder entre víctima y victimario. Esta definición incluye a las mujeres trans. Sin embargo, en la práctica, la Comision monitorea únicamente el sexo y no el género, lo cual explica la ausencia de mujeres trans en las estadísticas. Así mismo, la Comisión debe llevar un registro de víctimas “glbti” pero, hasta el momento, no hay ningún caso.


Según el Informe general de femicidios, Fiscalía reconoce al sexismo, androcentrismo, misoginia, y homofobia como factores en las relaciones de poder. Pero en este documento de 94 páginas no hay ninguna mención a la transfobia. Lo mismo ocurre en el último boletín fiscal sobre femicidios de 2019 en el que no se menciona la identidad trans. Es por ello que, en los últimos años, varias organizaciones trans como Silueta X y Horizontes Diversos, luchan para que se reconozca el delito de transfemicidio. Para Chavica Moreira, presidenta del colectivo trans ‘Horizontes Diversos’ en Manta, ese reconocimiento es importante para resaltar que la víctima pertenece a la población trans y que su asesinato se debe a una cadena de violencias y exclusiones históricas que mantienen a las mujeres trans en condición de vulnerabilidad: excluidas de sus familias, del sistema de salud, lejos de tener un trabajo

digno y de acceder a la justicia. “Cuando investigan un asesinato no hacen la relación con el odio que existe desde la sociedad hacia la población trans”, dice Moreira desde el comando de casi dos décadas en el activismo para derechos trans. Y agrega: “porque si

la sociedad se encarga psicológicamente de matarnos, el agresor solo realiza el acto físico”.

Sin embargo, sostener que la transfobia en el país es sistemática es complejo, pues así como no existen datos estatales sobre los asesinatos, tampoco hay estadísticas oficiales que permitan entender el nivel de marginalidad en el que viven. Ante esta realidad, Moreira advierte que incluir los asesinatos de mujeres trans como Juanita dentro de la categoría de femicidio, podría invisibilizar que las causas de sus muertes son diferentes.

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Ilustración del caso Juanita Criollo

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#NosEstánMatando: las muertes trans son carpetas en Fiscalía En Ecuador 7 de cada 10 crímenes violentos a la comunidad LGTBIAQ+ fueron contra mujeres trans en el período de 1990 a 2019, según el informe ‘Runa Sipiy’, presentado por la organización Trans Silueta X.

La mayoría de investigaciones de asesinatos a mujeres trans, como el de Juanita Criollo, tienen una narrativa transfóbica y estigmatizante en el proceso judicial al usar el nombre masculino de la víctima anulando su auto definición de género, según Ethnodata, plataforma sobre muertes violentas. Juanita tuvo la primera peluquería en el barrio ‘La Roldós’, en Quito. Fue una mujer independiente, vivía sola y recibía visitas constantes de sus sobrinos. Sus hermanos la trataron en masculino hasta después de su muerte. Su sobrina Magdalena recuerda que la mayoría de relaciones de Juanita fueron informales y estuvieron marcadas por la violencia. Gutiérrez considera que es complicado que las personas que trabajan en el sistema de justicia sepan reconocer las dinámicas de poder que llevan a las mujeres trans a vivir violencias sistemáticas y repetidas que suelen terminar en la muerte. Según un podcast de la organización ecuatoriana Kaleidos, en 2019 una fiscal de la Unidad de Garantías y Personas intentó que el ‘Caso Constelación’ se investigara como tentativa de femicidio y no de homicidio, con el fin de incluir el círculo de violencia que vivía la víctima siendo una mujer trans en una relación heterosexual, es decir, con un hombre. Sin embargo, el juez decidió no aceptar el cambio del proceso penal.

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Y es que hasta después de muertas, las

Sobrinos de Juanita sosteniendo el cartel que llevan a marchas “

mujeres trans y sus familias que demandan justicia siguen siendo víctimas de violencia. A pesar de que en el sistema de justicia ecuatoriano existe el Servicio de Atención Integral (SAI), cuya misión es “atender y asesorar a la víctima y/o denunciante de un delito [...]” y también se aprobó en 2017 el “Manual de Procedimientos de Asesoría al Usuario y Recepción de Denuncias”, la sobrina de Juanita recibe malos tratos cuando va a la Fiscalía a averiguar por el caso de su tía Juanita.”Me dicen: ahí está la

carpeta, vea; usted no entiende nada. Yo no sé nada de leyes, es como si me pusieran un libro de inglés”.

Magdalena y su primo son quienes han presionado la investigación del caso de Juanita en la Fiscalía pero seis meses después del crimen no tienen ninguna respuesta. Magdalena asegura que ha sido un proceso desgastante del que no van a desistir, aunque a veces no tengan ni para el pasaje del bus y tengan que encontrarse con la misma carpeta, cuando les dejan ingresar a la Fiscalía. Con la esperanza de que el caso avanzara, ellos intentaron contratar un abo-


gado, pero en la Fiscalía de personas y garantías N01 (Casa de Justicia) les dijeron que un abogado “no servía para nada hasta tener un culpable”. Entonces desistieron de la idea. Sin embargo, Luisa Villacís, asesora legal de INREDH, afirma que es fundamental tener un abogado para agilizar el proceso. “Desde mi ejercicio profesional me he dado cuenta que las investigaciones avanzan cuando hay un impulso. Si no hay un impul-

so por parte de los familiares las investigaciones se quedan estancadas, pasa el tiempo y luego van a archivo”. La Fiscalía General del Estado asegura que el procedimiento que debe seguir el asesor del SAI, al momento de receptar la denuncia, es consultar al usuario o familiar el nombre con el que se identificaba la víctima. Sin embargo, en el caso de Juanita esto no es posible porque el sistema de justicia no reconoce su identidad como mujer trans.

Los crímenes violentos en Ecuador son investigados directamente por la Fiscalía y no ameritan una denuncia al ser considerados “crimen de acción pública”. Pero, para los sobrinos de Juanita, dar seguimiento a la investigación es como “bajarles los humos”, ya que nunca hay una respuesta concreta de resolución del caso. “A uno le duele porque es como que a mi tía le hacen a un lado. Si para ellos la Juanita no era muy valiosa, para nosotros sí”, asegura Magdalena. Una característica común en las sentencias de femicidio en el país es que las víctimas estaban en relaciones formales heterosexuales. Según el Informe sobre la situación del Femicidio en Ecuador de 2018 “el criterio jurisprudencial para valorar las relaciones de poder radica en su mayoría en la existencia de una relación de pareja o ex pareja previa al cometimiento del delito”. Esta interpretación reducida provoca que los funcionarios de justicia se nieguen a aplicar el tipo penal de femicidio en casos de relaciones extramatrimoniales o relaciones no for-

males, como sucede en muchos casos de mujeres trans. Muchas muertes trans se atribuyen a parejas sentimentales o crímenes “pasionales”, sin considerar la complejidad de las relaciones con personas trans, explica la comunicadora y activista transfeminista Devy Grijalva. Por ejemplo, una amiga trans de Juanita dijo en el velorio que “a veces los hombres se enamoran de nosotras y no pueden tener esa relación formal. A una mujer le puede llevar donde la familia pero a mí no me puede llevar porque qué van a decir”. Por eso, la mayoría de las relaciones con personas trans suelen mantenerse en secreto. En esto coincide la sobrina de Juanita y menciona que ella nunca dio nombres de sus amantes. Activistas trans de varias organizaciones sociales, como Silueta X e Inredh, reiteran que la tipificación del transfemicidio permitiría el reconocimiento de las particularidades de la violencia que termina con la vida de las mujeres trans. Escucha a Magdalena, familiar de Juanita, victima de un asesinato que no tiene respuesta.

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¿Cómo denuncio si el agresor es el Estado? Antes de su asesinato, Juanita ya había sido víctima de un intento de transfemicidio. Años atrás, la pareja de aquel entonces la secuestró y torturó, según cuenta su sobrina. Juanita sobrevivió pero nunca denunció a la policía. El hombre que la agredió fue declarado inocente en la investigacion de su eventual asesinato. En los casos de femincidio es común que las víctimas ya hayan sufrido algún tipo de agresión antes de su asesinato: de las 20 víctimas de femicidios registradas en Ecuador en el 2021, 40 por ciento ya había reportado un antecedente de violencia en las instituciones públicas. Sin embargo, denunciar no les evitó la muerte. A continuación, estás invitada a verte en los zapatos de Kassandra V. de Manta y Xiomara B. de Guayaquil. Ambas son mujeres trans que sufrieron graves atentados contra sus vidas pero una decide denunciarlo con Fiscalía, otra no. Basado en estos hechos reales, ¿Qué hubieras hecho en su lugar?

Caso Xiomara: ¿cómo responde la Fiscalía cuando quiero denunciar a mi agresor?

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ERES XIOMARA B. Y SÍ DENUNCIAS

“¿Dónde rayos voy a dormir si la persona que vive cerca de mi casa ronda mi sector para darme la paliza o terminar de matarme?”, Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X, colectivo trans en Guayaquil. Fui agredida psicológica y físicamente con puños y machete en la cabeza por un vecino en mi barrio en Guayaquil, un 6 de agosto de 2020. Él es expolicía. Quiero poner una denuncia en la dependencia judicial de Valdivia en el Sur de Guayaquil pero me niegan atender sin abogado, privado o público. Pido el respaldo de Silueta X, organización que defiende los derechos de la población trans. La Fiscalía también ignora su presión para recibir mi denuncia. Silueta X pide el respaldo de una ONG de DD.HH. cisgénero. La Fiscalía termina aceptando mi denuncia. Silueta X pide el respaldo al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La Fiscalía termina aceptando mi denuncia. Hasta el día de hoy, la Fiscalía no me ha dado asistencia psicológica, seguridad física o ha emitido una boleta de auxilio contra mi agresor para protegerme. Mi agresor es mi vecino. He puesto una denuncia contra él pero la Fiscalía no me brinda sus servicios de seguridad. ¿Quién me va a proteger?


ERES KASSANDRA V. Y NO DENUNCIAS

La falla en dar asistencia emocional y protección física por parte de las instancias públicas para prevenir eventuales asesinatos, como vemos en los casos de Kassandra y Xiomara, se da con frecuencia entre las víctimas de intentos de femicidio, según un informe de Surkuna, colectivo para derechos de mujeres. Este estudio, sin embargo, no toma en cuenta si las mujeres trans son reconocidas como víctimas de violencia de género por la Fiscalía y tampoco considera como la transfobia influye en las dinámicas entre los funcionarios y las mujeres trans. Este fenómeno lo recoge contundentemente un estudio del Consejo Nacional para la Igualdad de Género del 2017. De las 875

“Ella está en riesgo, pueden pasar años y él puede venir en un momento determinante y terminar lo que dejó inconcluso’’, Chavica Moreira, presidenta de Horizontes Diversos, colectivo trans en Manta. Fui apuñalada 15 veces en la cabeza, cuello, y pecho por un hombre que entró en mi florería en Manta el 10 de julio de 2017. La policía lo quiso investigar como intento de robo o venganza sentimental. Mis amigas insistieron en que era intento de transfemicidio. Despierto de un coma. Me recupero pero cuando la policía quiere recoger mi testimonio digo no conocer al agresor, ni recordar su rostro. Prefiero no poner una denuncia. Mis amigas del colectivo trans Horizontes Diversos dicen que estoy protegiendo al agresor. Sospechan que él es mi amante y que me amenazó. La policía termina la investigación. Dicen que sin mi testimonio, ni mi denuncia, no pueden hacer nada. Como víctima de violencia de género, el COIP dicta que la policía tiene que ofrecerme auxilio y protección. Eso no lo hicieron. Me mantuvieron expuesta al agresor y no me dieron la asistencia psicológica necesaria para poder recuperarme de un atentado contra mi vida para así, eventualmente, poner una denuncia. ¿Quién me va a proteger?

personas trans encuestadas, el 96% manifestaron haber recibido gritos, insultos, amenazas y burlas por parte de agentes públicos institucionales y/o estatales. Más de la mitad había sido víctima de golpes y otras agresiones. El 95% nunca denunció estos hechos. Las personas que sí decidieron denunciarlo se confrontaron con discriminación en un 47% de los casos.

Édgar Zúñiga, psicólogo de la Red Ecuatoriana de Psicología por la diversidad LGBTI, afirma que las mujeres trans no denuncian porque “si la sociedad es la que te violenta, ¿cómo te va a defender? Si la persona que te atiende para recibir tu denuncia es transfóbica, no te lo va a recibir, y así únicamente se revictimiza a la persona”. Reconociendo estas dinámicas de violencia dentro de las instituciones, uno solo puede preguntarse: ¿el caso de Kassandra V. hubiera avanzado de otra manera si fuera una mujer cisgénero? ¿A Xiomara le hubieran atendido directamente y dado los auxilios necesarios si no fuera una mujer trans? ¿Cuántos casos de violencia contra las mujeres trans no se han denunciado por miedo a sufrir acosos físicos y psicológicos por parte de la Policía y los funcionarios públicos? ¿Cuántos asesinatos a mujeres trans podrían ser prevenidos si la Policía y la Fiscalía dieran los auxilios protegidos bajo el COIP?

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Las fantasmas siguen cabreadas “La represión y confinamiento que sufrió la comunidad GLTBI ecuatoriana se diferenció de la Pinochetista únicamente porque la sociedad civil chilena pudo estar en capacidad de llevar registros y datos de sus ciudadanos agraviados”, relata en el libro ‘Las fantasmas se cabrearon’, Purita Pelayo, activista trans y miembro Coccinelle. El 17 de mayo de 2019, el colectivo trans Coccinelle, junto a INREDH, organización de derechos humanos, presentó al Estado la denuncia por delito de lesa humanidad en relación con la violación sistemática y estructural que sufrieron las personas de las diversidades sexogenéricas entre los años 1980 y 2000. La reparación integral y las garantías de no repetición son la piedra angular de la denuncia. Así como la exigencia de políticas públicas que garanticen una vida digna a la comunidad LGTBIAQ+.

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Las Coccinelle son un colectivo de sobrevivientes trans que encaminaron y sostuvieron la despenalización de la homosexualidad en Ecuador durante el gobierno del Partido Social Cristiano (1984-1988), uno de los gobiernos más represivos contra las diversidades sexogenéricas. Justamente, el informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador reconoce graves violaciones de derechos humanos a

quienes eran disidentes de las normas sexuales y de género, como agresiones físicas, psicológicas y violencia sexual, cometidos por el Estado ecuatoriano en el periodo de 1984 a1988. Las Coccinelle nacieron como la “necesidad imperiosa de defender los derechos de las minorías sexuales del Ecuador”, afirma Purita en su libro. Añade que la colectiva permitió a las mujeres trans hacer plantones en espacios públicos, como el Palacio de Gobierno, para denunciar las violaciones y vulneraciones que sufrían con impunidad en el país. Esto las impulsó a convertirse en un actor político importante en el territorio. La memoria de los ochenta y noventa relata que barrios periféricos de personas ‘humildes’ y desplazadas por la pobreza, eran los lugares donde vivían las personas trans, consecuencia de ser rechazadas por la sociedad. “Los agentes allanaban las viviendas de forma ilegal a sabiendas de que sus inquilinos no tenían respaldo familiar o amistades que pudieran denunciar esos procedimientos”, menciona Purita.

El relato y la memoria de la comunidad trans sigue siendo el único registro de las violencias que en-


frentaron. Por ejemplo, los incansables intentos de Patricia Ponce, prostituta quiteña afro, de denunciar ante la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) las agresiones que sufría por agentes policiales, “la denuncia no trascendía más allá de las formalidades, no había seguimiento por parte de algún organismo”. Así también Martha Sánchez, travesti afro de Esmeraldas, quien fue asesinada a mediados de 1996 por una persona que disparó desde una ventana. Su muerte fue confirmada en el Hospital Eugenio Espejo. Purita relata que este hecho quedó en la impunidad porque no hubo familia o instituciones que exigieran una investigación. Sin embargo, según el Código Penal y la Constitución vigente en 1996, al ser el asesinato un delito de acción pública, era obligación de la Fiscalía asumir el caso. Lugares como ‘la lagartera’, celda del Centro de Detención Provisional en Quito, eran conocidos por la comunidad trans por ser el espacio de represión policial más fuerte, donde frecuentemente recibían latigazos y golpes incluso hasta la muerte. A su vez, la comunidad trans reconoce la laguna del parque ‘La Alameda’, ubicada al norte de la capital, como el lugar donde varios policías, delincuentes y transodiantes ahogaban a las trans cuando estaban en busca de clientes para el trabajo sexual.

Al ser desplazadas socialmente de espacios laborales y educativos, el trabajo sexual y las peluquerías permitieron a la comunidad trans sobrevivir y generar independencia económica. Incluso, las peluquerías fueron espacios donde las personas ‘toleraban’ a las mujeres trans. Sin embargo, una vez en el espacio público regresaba la indiferencia y las agresiones. Tránsito La reina de El Guambra, Angelita Zamora, la femenina María, la mulatita guapa de Esmeraldas, entre otras, son algunos nombres de travestis y transexuales que eran reconocidas por sus ideales de lucha pero que murieron violentamente antes de ver sus logros históricos. El registro de sus vidas y muertes permanecen solo en la memoria colectiva de la comunidad trans.

“En Ecuador, ante una comunidad estigmatizada y sometida a persecuciones diarias en todos sus espacios, nadie pudo o quiso sentar las bases para la sistematización y registro de todos los funestos agravios que cargaban los homosexuales en su diario vivir”, menciona Pelayo en su libro.

Pese a la actual denuncia presentada en Fiscalía, la despenalización de la homosexualidad en 1997 y la constante lucha por los derechos de la comunidad LGTBIAQ+, las condiciones de vida de las personas trans sobrevivientes siguen

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siendo vulneradas y muchas fallecen sin ver justicia, como le pasó a María Jacinta Almeida, una de las sobrevivientes de la persecución estatal y denunciante en el caso que lleva INREDH. Jacinta falleció en junio del 2020 por Covid-19, a la espera de justicia y una reparación integral. A la denuncia presentada por las Coccinelle se sumaron otros colectivos como ‘Sobrevivientes 516’ o el colectivo ‘Años dorados LGBT’. Aunque la investigación avanza lentamente, y el tiempo no está a su favor, una de las principales exigencias de los miembros de Coccinelle es no morir sin antes ver justicia por lo que el Estado ecuatoriano les hizo. INREDH afirma que si no avanza la investigación presentada por crímenes de lesa humanidad contra el Estado ecuatoriano, llevarán la denuncia a organismos internacionales.

Escucha a Purita, colectora de las memorias redactadas en el libro Las Fantasmas se Cabrearon.

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La palabra, la acción y la memoria: armas contra la injusticia y la impunidad “Si yo mañana me muero se registrará como David, eso nos pasa a todas”, relata indignada

Devy Grijalva, comunicadora y activista transfeminista. Aunque el Estado no registra los asesinatos a mujeres trans, organizaciones sociales, colectivas y activistas han sostenido la memoria colectiva de su comunidad de diversas formas para exigir justicia. Juanita está presente en casi todas las marchas. Su sobrina Magdalena se encarga de llevar la pancarta que tiene la foto de su amada tía para que su vida no se olvide y que su crimen no quede impune. Muy orgullosa, muestra el video de su tía “como ella era: bien alegre”, en el que era el centro de la fiesta y motivaba a las demás personas a divertirse. En ese mismo ejercicio de hacer memoria, Purita Pelayo ha creado un documento histórico que relata la violencia que vivieron entre 1980 y 2000. Sus crónicas de vidas y muertes de las personas trans impulsaron la demanda de delitos de lesa humanidad contra el Estado. Mientras el caso avanza, las Nueva Coccinelle ahora ocupan un espacio de

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exhibición en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito para informar y educar al público sobre su historia. Esto es importante para combatir la transfobia actual, asegura Lorena Bonilla, fundadora de Amor y Fortaleza, organización que lucha por los derechos de la niñez trans. “Si logramos que al menos una persona de las decenas de visitantes diarios entienda la no violencia,” menciona Bonilla a un periodico local, “habrá una persona menos que pueda matar a mi hija.” Un mayor reconocimiento y comprensión de la violencia contra la población trans es lo que exige Diane Rodríguez, de Silueta X, al final de cada informe de un asesinato a una persona trans. Su organización, sin apoyo o sostenimiento económico, es el único agente que lleva un registro de los transfemicidios en el país para que estas vidas no se queden en el olvido ni en la impunidad.

NI VIVAS NI MUERTAS

“El gobierno no puede lavarse las manos con respecto a garantizar la vida de nuestra población,” dice Rodríguez, “Las mujeres trans to-

davía estamos luchando por nuestras vidas. Así de simple: nuestras vidas”.

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Liderazgo y empoderamiento

Organización de Derechos Hu-

Fundación Mujer y Mujer-

manos

Guayaquil)

Kuska (Cuenca)

093 914 1902 mujerymujerec@gmail.com Acompañamiento Casos Trans

Asociación Silueta X (Guayaquil) (04) 256 2964 siluetax@gmail.com

097 907 3847 info@kuskaestudiojuridico.org Organización de Derechos Humanos

INREDH (Quito) (02) 244 6970 info@inredh.org

Donaciones

Niñez Trans

Fundación Donaciones de

Fundación Amor y Fortaleza

Amor (Quito)

(Quito)

098 749 1223

2168651321 contacto@amoryfortaleza.org

Casa de acogida

Ksa de Acogida Transitoria Trans (Durán) 0997322092

Hombres Trans

Fraternidad Trans Masculina (Quito) 099 638 3444

Acompañamiento psicologico

Dialogo Diverso

Red de Psicologia GLBTI

(02) 323 7276

(Quito)

somos@dialogodiverso.org

098 324 1019 repsidec@gmail.com

Fundación Crysalis (Quito)

Asociación de Trabajadoras

098 823 0310

Sexuales Trans de Quito aso.tst.uio@gmail.com

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