ANALISIS DEL REPORTERO
Octubre 29, 2010
LA MUERTE DE LA NOTICIA: Muchas crónicas quedan sin publicar debido a los asesinatos de periodistas latinoamericanos
Gabriela Ramírez es consolada en durante el funeral de su marido, Francisco Ortiz Franco, director de Zeta, un semanario sensacionalista de Tijuana, México. Ortiz Franco, quien había escrito impactantes informes acerca de los narcotraficantes, fue abaleado en el 2004 mientras salía de un consultorio médico. Dos de sus hijos estaban con él en el auto. automóvil. Sus asesinos siguen sueltos, prófugos y su esposa se queja de que la policía nunca le pidió información con fines de investigación.
Análisis de Tyler Bridges
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os vehículos utilitarios interceptaron el automóvil de Valentín Valdés Espinosa en el centro de Saltillo, México. Unos matones armados obligaron al reportero de asignaciones generales de 29 años de edad a entrar en uno de los autos. Sucedió poco antes de la medianoche del 7 de enero de 2010. En los días precedentes, Valdés Espinosa había informado agresivamente sobre el arresto de varios narcotraficantes en esa ciudad norteña de México para su periódico, El Zócalo de Saltillo, y había cometido el pecado cardinal de identificarlos por nombre. En otro artículo, Valdés Espinosa había identificado a Valdés Espinosa un agente policial que fue arrestado por estar en la nómina de los narcotraficantes.
One in a series of independently reported articles reviewing Knight Foundation’s own grant making.To see previous stories in the series, go to www.kflinks.com/ra Los pistoleros o “gatilleros” ataron a Valdés Espinosa, lo golpearon y le dispararon cinco balazos. Dos horas después del rapto, dejaron su cadáver frente a un motel. En una nota manuscrita que apareció junto al cuerpo, decía: “Esto les va a pasar a los que no entiendan, el mensaje es para todos”. Parece ser que las autoridades locales entendieron el mensaje, pues apenas han investigado el caso y ni siquiera han revisado la computadora del periodista. Desde esa fecha, otros ocho periodistas mexicanos han sido asesinados y ocho más han sido secuestrados y aún están desaparecidos, lo que representa un total de 17 muertos y
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desaparecidos en lo que va del año. Ninguno de sus casos ha sido resuelto, en un país donde los narcotraficantes en guerra se han matado entre sí en batallas territoriales, han asesinado a policías y políticos y han participado en tiroteos sangrientos con soldados del Gobierno que han sido enviados a restaurar el orden. En los últimos cinco años, la violencia asociada al narcotráfico ha costado las vidas de decenas de miles de ciudadanos mexicanos y cerca de 61 periodistas. Al sentirse intimidados, y no en balde, muchos periódicos de México han dejado de publicar reportajes sobre la violencia del narcotráfico y se han limitado a imprimir los comunicados de prensa oficiales sobre este particular. Los periódicos y estaciones de televisión en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas con los Estados Unidos han renunciado por completo a tratar el tema. Simplemente, ya no dan información sobre los tiroteos relacionados con las drogas, que terminan con cadáveres de policías, narcotraficantes y ciudadanos comunes en las calles. Estos medios de comunicación incluso llegan a publicar algunos artículos que les exigen los narcos. “Estamos en medio de una guerra no declarada”, dice Roberto Rock, que trabajaba como editor del diario El Universal, de Ciudad de México. Esta realidad se puso de relieve el 16 de septiembre, cuando un fotógrafo y un becario de El Diario de Juárez, que salían a almorzar, fueron víctimas de un tiroteo en el que el fotógrafo murió y el becario quedó herido de gravedad. Tres días después, El Diario, que es el periódico más importante de la ciudad más violenta de México, dio el insólito paso de publicar en primera plana un editorial en el que pedían a los cárteles del narcotráfico que explicaran los tipos de información que el periódico no debería publicar, a fin de evitar nuevos ataques. Frente a la peor oleada de violencia que jamás se haya registrado contra los periodistas en América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, con sede en Miami) ha redoblado sus esfuerzos en México mediante la realización de investigaciones sobre los hechos relacionados con los asesinatos, la organización de seminarios sobre cómo pueden protegerse mejor los reporteros y la aprobación de resoluciones respaldadas por sus 1,061 miembros, en las que se condenan los asesinatos y se exige justicia. En 2010, la SIP envió a México dos delegaciones de alto nivel. La segunda de ellas
“La mejor forma de protegerse es no aceptar sobornos”. – Ignacio Alvarado, quien reporta desde zonas en conflicto para el diario de Ciudad de México, El Universal
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ACERCA DE ESTA SERIE La John S. and James L. Knight Foundation les pide a periodistas independientes escribir artículos ocasionales en torno a sus estrategias de donaciones y programas comunitarios. Reporteros veteranos examinan la documentación relacionada con las donaciones, llevan a cabo entrevistas y exponen sus puntos de vista en artículos de prensa e Internet sobre las lecciones aprendidas y el impacto de los proyectos respaldados por la Knight Foundation. Este informe fue escrito por Tyler Bridges, periodista independiente con sede en Lima, Perú, y antiguo corresponsal extranjero del Miami Herald. Bridges es uno de los ganadores del Premio Maria Moors Cabot para el 2010, por su sobresaliente cobertura de América Latina y el Caribe. La serie es editada por Judy J. Miller, quien supervisó la cobertura ganadora del Premio Pulitzer mientras era directora editorial del Miami Herald. Ella fue presidenta de Investigative Reporters and Editors. Las fotos en Hermosillo son de Fausto Enrique Ibarra Moreno y El Imparcial; las de Tijuana son de Omar Martínez y La Frontera; las fotos de Ciudad de México son de Keith Dannemiller; las de Miami son de Jeffrey Salter. Las fotos de Adela Navarro son de Zeta. La presentación fue diseñada por el ex director gráfico del Miami Herald, Hiram Henriquez, hoy presidente de H2H Graphics & Design. Para más información acerca de la serie, favor de visitar www.knightfoundation.org.
sostuvo una larga reunión con el presidente Felipe Calderón el 22 de septiembre, en la cual él prometió federalizar los crímenes contra la libertad de expresión. No obstante, ante el empeoramiento de la situación en México y un preocupante aumento de los asesinatos en Honduras que ha contrapesado los logros obtenidos en Colombia, Brasil y otros países, y ante el hecho de que en otras partes de América Latina aún hay periodistas que resultan asesinados o reciben
“Cuando hay un asesinato, imagínense si usáramos a Facebook para convocar múltiples voces y lograr un impacto inmediato”. – Gonzalo Marroquín, editor del diario guatemalteco Prensa Libre
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ACERCA DEL PROYECTO IMPUNIDAD
Ricardo Trotti, quien aparece aquí en su oficina de Miami, ha sido director del Proyecto contra Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa desde el inicio del programa, en 1995.
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amenazas de muerte, se plantea esta acuciante interrogante: ¿cómo puede la SIP ofrecer mejor protección a los periodistas de la región? No es una pregunta ociosa. Desde 1995, la Fundación John S. y James L. Knight ha financiado la campaña de la SIP con objeto de hacer justicia a los asesinados en el cumplimiento de sus funciones y de proteger a los reporteros asignados a casos peligrosos. Esta campaña, que recibe el nombre de Proyecto Impunidad, incluye a todos los países de América Latina, pero se concentra en los más afectados por la violencia contra los periodistas, es decir, México, Colombia y Brasil. El proyecto ha recibido donaciones por más de 7,6 millones de dólares en total, con inclusión de 2,5 millones de dólares recibidos en los últimos cuatro años.
“El Proyecto Impunidad funciona bien donde el sistema de justicia funciona bien”. – Danilo Arbilla, ex editor del semanario de Montevideo, Búsqueda
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El Proyecto contra la Impunidad es uno de los programas más importantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (Inter American Press Association), grupo con sede en Miami de editores y directores de diarios de todas las Américas. Creado en 1995, el proyecto trabaja para asegurar que los asesinos de periodistas en América Latina sean castigados por sus crímenes, y trata de crear un clima de mayor seguridad para los periodistas que trabajan en zonas peligrosas de la región. Está financiado por la John S. and James L. Knight Foundation. Ricardo Trotti es su director. El proyecto: • Presiona a los gobiernos para que se haga justicia con relación a los asesinatos de periodistas, mediante resoluciones, comunicados, conferencias, informes publicados y reuniones con líderes políticos. • Publica anuncios que piden justicia para los periodistas asesinados, a fin de crear conciencia e incitar a la acción. • Investiga los crímenes contra periodistas por medio de sus Unidades de Respuesta Rápida en México, Colombia y Brasil, para darlos a conocer y presionar para que sean enjuiciados. Las unidades también estudian casos sin resolver en un intento por incitar a la acción a las autoridades. • Patrocina seminarios y conferencias para entrenar periodistas acerca de cómo operar en zonas peligrosas.
Después de un viaje de reportaje durante dos semanas en el que se realizaron entrevistas a reporteros, editores y funcionarios de la SIP en Colombia, México y los Estados Unidos, así como entrevistas telefónicas a periodistas de otros países, se llegó a las conclusiones siguientes: • La organización ha logrado una clara mejoría en el parámetro que quizás sea el más importante: ya no todos los asesinos de periodistas quedan impunes. Gracias a las misiones y los
“Creo que México ha empezado a reaccionar, aunque ya es tarde”. – Enrique Santos, ex editor del diario El Tiempo de Bogotá
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México* Colombia Brasil Guatemala Honduras Haití Venezuela Perú Ecuador Paraguay El Salvador Argentina Bolivia Costa Rica Nicaragua Rep. Dom. Guyana Uruguay Estados Unidos
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Asesinatos por país de 1995 a agosto de 2010
Aunque Colombia y México registraron casi el mismo número de asesinatos de periodistas entre 1995 y 2010, la mayoría de los casos de México ocurrieron en los últimos seis años (2005 a 2010), mientras que Colombia registró muchos menos casos durante el mismo período.
*En México, 19 de los 89 están desaparecidos.
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Periodistas asesinados* Investigaciones 84 Casos presentados ante la 26 CIDH** 73 Misiones 17 Conferencias 54 Seminarios Resoluciones
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El Proyecto Impunidad en cifras, de 1995 a agosto de 2010 *Asesinados o desaparecidos y presumiblemente muertos **Comisión Interamericana de Derechos Humanos 183 350
FUENTE: Sociedad Interamericana de Prensa
esfuerzos persistentes de la SIP, el problema de la impunidad ha quedado incluido en el orden del día de muchos líderes gubernamentales en la región y de grupos internacionales como la UNESCO. En varios países importantes se han hecho más estrictas las leyes en lo que respecta al asesinato de periodistas y se está trabajando activamente en investigaciones y casos judiciales, aunque rara vez hay constancia en estos esfuerzos. Asimismo, ya no se han registrado más asesinatos de periodistas en Colombia o en Brasil. • Pese a las mejoras, la realidad esencial en América Latina sigue siendo preocupante: la mayoría de los asesinos de periodistas aún tienen muy pocas probabilidades de terminar en prisión. Las fiscalías han procesado con éxito solamente 59 de los 258 casos de asesinatos, confirmados o supuestos, de periodistas en América Latina desde 1995. No obstante, para poner la situación en su contexto, vale señalar que la impunidad es un mal generalizado en una región donde la justicia es más un ideal que una realidad. La SIP sólo puede contribuir a reducir la impunidad en los casos en que sus medios principales (la investigación de asesinatos, aprobación de resoluciones y encuentros cara a cara con líderes políticos) inspiran a los gobiernos a actuar. En los casos en que reina la ilegalidad, como sucedía en Colombia en
“Me atemorizan más las autoridades locales del gobierno que los narcotraficantes. Muchos tienen un pie en cada lado de la línea”. – Jorge Carrasco, quien reporta desde zonas en conflicto para el semanario mexicano Proceso
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Asesinos convictos
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los años 80 y 90, y como ocurre en México en la actualidad, la SIP tropieza con obstáculos prácticamente insuperables en sus esfuerzos por que se haga justicia con los periodistas asesinados. • Las Unidades de Respuesta Rápida de la SIP en México, Colombia y Brasil, consistentes en un periodista por cada país, ha servido de base a la labor del grupo. Han investigado minuciosamente los hechos en un asesinato tras otro y luego han procedido a publicar de inmediato los crímenes, así como a procurar los documentos necesarios para exigir que se hagan investigaciones y arrestos en relación con casos antiguos que las autoridades parecían haber olvidado. Cuando las autoridades se rehúsan a seguir llevando adelante algún caso específico, la SIP lo remite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si es que se hace justicia, se hace lentamente y a veces los gobiernos no prestan atención a los fallos, aunque éstos contienen un firme imperativo moral. En dos de los casos, la Comisión, con sede en Washington, D.C., logró que se indemnizara a los familiares de dos víctimas, una en Brasil y otra en Guatemala. • La SIP se ha quedado corta en su objetivo declarado de hacer que la impunidad sea un “problema de todos”. Al parecer, el grupo ha conseguido crear conciencia sobre el tema al menos en algunos países — particularmente en Colombia y Brasil —
“Creo que el proyecto ha propiciado el desarrollo de una cultura contra la violencia y la impunidad que rodean a los crímenes contra los periodistas.’’ – Ricardo Trotti, director, Proyecto Impunidad de la SIP
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Avances contra la impunidad Desde 1995, cuando comenzó el Proyecto Impunidad, se ha sentenciado a 126 asesinos de periodistas (en los 10 años anteriores solamente hubo cinco sentenciados). Aun así, esos asesinos, muchos de los cuales eran cómplices en el mismo asesinato, fueron responsables de sólo 59 de los 258 asesinatos de periodistas que han tenido lugar en América Latina desde 1995. Además, en los años transcurridos desde 2008 se ha registrado un aumento alarmante de asesinatos. Dado que los encausamientos pueden tomar años, aún queda por ver si en estos casos también se emitirán sentencias. 18
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NOTA: Los datos representados son hasta agosto de 2010
pero incluso quienes lo apoyan han reconocido que el público en general no equipara el asesinato de un periodista con un atentado contra la democracia y la sociedad civil. • Al parecer, los editores y propietarios de periódicos de toda la región ven el Proyecto Impunidad como un medio necesario, aunque imperfecto. No obstante, los reporteros que se encuentran en la primera línea, dicen que el proyecto contribuye muy poco a hacerlos sentirse más seguros. • La desaparición del proyecto de la SIP crearía un vacío que parece difícil de llenar. Actualmente hay otros grupos que están luchando contra la impunidad, pero ninguno de ellos cuenta con la presencia general ni la influencia de la SIP, que cuenta con miembros en 33 países de las Américas. Con todo, la SIP debería hacer un mayor hincapié en la prevención de los asesinatos, para lo cual podría aumentar los programas de capacitación de reporteros en zonas de riesgo de toda la región y tratar a México como un caso de emergencia que requiere más tiempo, atención y recursos monetarios, afirma Robert Rivard, editor del periódico San Antonio Express-News, quien ha viajado a México con la SIP en repetidas ocasiones.
“¿Está la SIP haciendo algo para ayudar a los periodistas en México? La respuesta es sí, aunque es intermitente y no muy efectivo”. – Darío Dávila, quien ha trabajado en zonas en conflicto y ahora imparte clases en línea en la Universidad de Guadalajara
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*Asesinados o desaparecidos y presumiblemente muertos FUENTE: Sociedad Interamericana de Prensa
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Periodistas latinoamericanos asesinados* Sentenciados por asesinato
“México es una emergencia del más alto nivel”, dice Rivard. “No estamos realizando un esfuerzo suficiente en ese país. Se trabaja incesantemente en la cobertura, la emisión de comunicados y la realización de misiones y reuniones pero, al final de la jornada, los casos siguen sin investigarse ni resolverse y los asesinos siguen actuando con impunidad”. México constituye un desafío particularmente importante para la SIP, pues los narcotraficantes se han dedicado a sobornar a los reporteros en ese país y apenas ahora es que los periodistas locales se están organizando para protegerse. Lo más probable es que los peligros que enfrentan los reporteros de México empeoren más antes de que empiecen a mejorar. (Aunque la SIP lleva 15 años trabajando en toda América Latina, en este informe se presta atención especial a México porque la situación en deterioro en ese país ha hecho que tanto la SIP con otros grupos de vigilancia de la prensa le presten más atención). Lo que está en juego en México va más allá de la vida de los periodistas. Los narcotraficantes han penetrado tan profundamente con sus tentáculos en todos los niveles de la sociedad mexicana, que lo que está pasando en ese país ha
“Los talleres de la SIP han sido útiles porque nos han dado la oportunidad de intercambiar ideas con otros y encontrar soluciones a nuestros problemas”. – Luis Gerardo Andrade, reportero policial, La Frontera, diario de Tijuana
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La policía investiga en la escena el lugar de un crimen en Hermosillo, México, en la que donde yace el cuerpo de Fernando de la Cruz. El alto oficial de la policía, cuyas piernas se ven en la puerta de la furgoneta de su familia, cayó baleado un domingo en la tarde, al salir con su familia, en agosto del 2010. De la Cruz dirigía las investigaciones de la policía estatal en Hermosillo.
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trascendido el contexto de una guerra entre narcotraficantes y ha empezado a amenazar el funcionamiento del gobierno civil, en formas que lamentablemente hacen recordar la época terrible por la que pasó Colombia. Dado que la prensa ha sido silenciada en tantas ciudades de México, especialmente en el norte, los mexicanos no están recibiendo informaciones fundamentales sobre lo que representa una importante amenaza a su democracia: la forma en que los narcotraficantes han corrompido a alcaldes, gobernadores, jueces, fiscales y policías. A los mexicanos les será muy difícil recuperar su país si la prensa no puede verter luz sobre lo que ha salido mal y resaltar lo que se debe hacer al respecto. ‘¿Cómo podemos marcar la diferencia?’ En América Latina sucede muy a menudo que los periodistas
“Nadie más está haciendo lo que hace la SIP en Colombia. No sé si alguien más podría asumir ese rol. No es fácil conseguir fondos para este tipo de problemas en Colombia”. – Nora Sanín, directora ejecutiva de Andiarios, Asociación de Diarios Colombianos
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tienen que trabajar en zonas de combate. En 2009, los asesinatos de periodistas llegaron a una cifra récord de 25, según informa la SIP. El saldo de víctimas mortales llegó a 26 durante los primeros ocho meses de 2010, y en esa cifra se incluyen ocho periodistas secuestrados en México que se supone que estén muertos. En contraste, en los últimos 35 años un solo periodista ha sido muerto a balazos en los Estados Unidos y, en los últimos 15 años, ha sucedido lo mismo a solamente uno en Uruguay y uno en la República Dominicana. Sin embargo, en la mayor parte de América Latina los asesinos saben que, en general, puede matar sin temor a ser castigados. Ante este telón de fondo, el Proyecto Impunidad empezó con una sencilla pregunta: “¿Cómo podemos marcar la diferencia?” Era el año 1994, y David Lawrence, editor gerente del periódico
“Los que están en el frente de batalla no sienten la protección de la SIP, pero si tocas a su puerta, te ayudará”. – Carlos Huertas, director de investigaciones, Semana, semanario de Bogotá
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The Miami Herald, estaba empezando su período de un año como presidente de la SIP. El señor Lawrence hablaba del problema de la impunidad con Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, y Ricardo Trotti, coordinador de libertad de prensa de la misma organización. Una cosa dio pie a otra y pronto se envió un equipo a que investigara seis asesinatos en América Latina e hiciera públicos los hechos para tratar de que las autoridades reaccionaran. El proyecto se creó un año después con financiamiento de la Fundación Knight. Desde el inicio, Trotti, periodista argentino de 52 años, ha sido el principal promotor de la idea. ¿Actualmente los periodistas gozan de mayor seguridad que cuando Trotti dio inicio al proyecto hace 15 años? “Sí y no”, afirma el periodista argentino, mientras trata de atender distintas llamadas de América Latina en su oficina ubicada en las cercanías del distrito financiero de Miami. “En Colombia y Brasil, la violencia ha disminuido pero en muchos casos persiste la impunidad. En México, tanto la violencia como la impunidad han aumentado”. Trotti añade: “Resulta difícil luchar contra sistemas políticos en los que la corrupción y la falta de independencia del poder judicial son la norma. La fuerza del Proyecto Impunidad radica en la regularidad de sus investigaciones y en su insistencia de que se haga justicia. Esto ha servido, hasta cierto punto, para empezar a cambiar el clima de impunidad total”.
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El impacto del proyecto Al tratar de medir los esfuerzos de la SIP, la pregunta clave ha sido: ¿Cómo se define el éxito? Joel Simon es un observador y contribuyente interesado como director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York. Simon hace la pregunta: “¿El éxito se define como la disminución de la impunidad? O, por el contrario, ¿la definición del éxito consiste en decir que si el grupo no hubiera planteado estas cuestiones, la situación sería aún peor?” Simon se inclina por la segunda definición y expone al respecto un argumento válido. Las acciones de los gobiernos, la brutalidad de los cárteles del narcotráfico y la atención que presten los editores y propietarios de periódicos tienen una influencia mucho mayor que el Proyecto Impunidad en determinar si los periodistas viven o mueren. En vista de la influencia limitada de la SIP, presentamos
“Recibo constantemente amenazas de muerte. La SIP debe presionar más al gobierno, antes de que más periodistas sean asesinados”. – Ignacio Gómez, subdirector de la estación bogotana de televisión Noticias Uno, quien viaja con guardaespaldas provistos por el gobierno
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En Bogotá, la ventana hecha añicos de la oficina de Diana Calderón, investigadora de Respuesta Rápida de la SIP en Colombia, después de que un coche bomba explotó en la calle siete pisos más abajo. una estadística clave para ayudar a determinar el impacto del proyecto: según el grupo, en los 10 años antes de que comenzara el proyecto en 1995, sólo cinco asesinos de periodistas fueron sentenciados por sus crímenes. Desde entonces, 126. Según este parámetro, el proyecto ha sido un éxito rotundo, pero es cierto que las cifras dan una idea un tanto exagerada. Los 126 asesinos convictos, algunos de los cuales eran cómplices en los mismos casos, fueron considerados responsables en sólo 59 de los 258 asesinatos comprobados o supuestos de periodistas latinoamericanos desde 1995. Por lo tanto, aún reina la impunidad en la mayoría de los casos. Y muchos de los asesinos solamente han cumplido breves condenas de prisión. Otra estadística clave es que, de los 258 asesinatos de periodistas desde 1995, sólo se ha sentenciado a seis autores intelectuales de los asesinatos, aunque los procesos judiciales han ido en aumento, pues durante el año pasado hubo 12, mientras que en 1995 no hubo ninguno. Otro parámetro que muestra el impacto de la SIP: tres países (Guatemala, México y Colombia) han aprobado leyes que estipulan la creación de oficinas especiales para procesar a los asesinos de periodistas o agravar los castigos por sus delitos. Sin embargo, este logro ha tenido un efecto menor de lo que esperaba la SIP.
“La estrategia de la SIP – campañas de anuncios y tratar de presionar al gobierno con notas de prensa - no parece tener mucho impacto”. – Jorge Morales, ex director de El Imparcial, principal diario de Hermosillo, México
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La policía baja de un helicóptero a un presunto traficante de drogas en Hermosillo, estado de Sonora. Los periodistas que publican los nombres o fotografías de miembros de carteles arriesgan sus vidas. Consiguientemente, Por eso, muchas publicaciones del Norte de México ya no reportan noticias relacionadas con la violencia resultante del narcotráfico.
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La SIP contribuyó a que el Gobierno de Colombia creara una fiscalía especial que está enviando a prisión a un mayor número de asesinos de periodistas. “La labor policial de investigación ha ido mejorando”, dice Fernando López, uno de los fiscales especiales. “Estamos recibiendo mayor ayuda de los testigos”. López observó que su oficina tendría un mayor éxito si contara con más recursos económicos y se preguntó si la Fundación Knight podría dar una mano en este sentido. “Los periodistas se quejan de que no hay justicia”, añade López. “Los guerrilleros, narcotraficantes y grupos paramilitares a menudo impiden que los investigadores hagan su trabajo. Cuesta mucho dinero realizar investigaciones”.
“Los periodistas ahora exigen justicia y las autoridades ahora persiguen a los criminales”. – Clarinha Glock, investigadora de la SIP en Brasil, donde 15 periodistas fueron ultimados durante la década de los noventa, aunque sólo tres desde el 2000
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En México, los líderes de la SIP ayudaron a presionar al Gobierno en 2006 para que creara una oficina dedicada al encausamiento de delitos contra periodistas. Pero la fiscalía tuvo muy pocos avances. La SIP volvió a presentar sus quejas y, en marzo, el Gobierno federal nombró a un nuevo fiscal. Pero éste no dispone de suficientes recursos monetarios ni humanos y está tan amedrentado que insistió en que una entrevista que concedió en agosto fuera completamente extraoficial. “Podemos tener las mejores leyes del mundo, pero eso no importa si no existen la voluntad política y el seguimiento necesarios”, dice el congresista mexicano Manuel Clouthier, quien ha procurado infructuosamente que se apruebe una
“No entiendo a los periodistas que se autocensuran. O usted es periodista o no lo es. Ejercemos el periodismo todas las semanas”. – Adela Navarro, codirectora de Zeta, semanario de Tijuana. Dos de los directores de la publicación han sido asesinados, y un tercero fue herido gravemente en un atentado
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Un investigador de la policía busca evidencia luego de un ataque relacionado con las drogas, en Hermosillo, México. medida según la cual los asesinatos de periodistas no se dejarían a los fiscales locales — quienes a menudo realizan investigaciones muy superficiales — sino que se pondrían en manos de las autoridades federales.
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La campaña publicitaria pierde su efecto Más allá de exigir justicia, la SIP ha tratado de consolidar la voluntad política de proteger a los reporteros en los países de la región. En 2003, el proyecto comenzó en forma de campaña publicitaria que divulgaba cada mes un caso no resuelto de asesinato de un periodista latinoamericano. En los anuncios, que debían publicarse en periódicos miembros de la SIP en toda
“Éramos una familia muy unida. Esto nos ha marcado para toda la vida. Sólo recientemente volvimos a salir juntos, como una familia”. – Gabriela Ramírez, viuda del codirector de Zeta, Francisco Ortiz Franco, asesinado en el 2004
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la región, se pedía a los lectores que firmaran las peticiones de justicia que la SIP enviaría a los gobiernos correspondientes. El propósito de la campaña ha sido atraer la participación de los lectores en la búsqueda de soluciones al problema y presionar a los gobiernos. El señor Trotti calcula que las contribuciones totales en especie realizadas por los miembros de la SIP desde 2003, consistentes en donar el espacio de publicidad, han superado los 28 millones de dólares. Pero es cada vez menor el número de diarios que imprimen estos anuncios repetidas veces. Al principio, “todas las personas relacionadas con la SIP hablaban de la campaña’’, dice Trotti. “Se podía palpar el entusiasmo. Ahora les tengo que recordar
“Uno tiene que tener cuidado con lo que escribe, para no poner en peligro su vida”. — Nidia Serrano, directora de El Universal, publicación de Montería, Colombia
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que estamos realizando la campaña. (Se) ha perdido un poco el interés inicial”. Unos 270 de los 1.030 periódicos que son miembros del grupo publican los anuncios cada mes, en comparación con 320 periódicos en 2007, según una encuesta informal de la SIP que se llevó a cabo para este informe. Y, según la SIP, la campaña ha recibido como promedio solamente 265 firmas al mes en lo que va de año. “Los medios de comunicación no han logrado transmitir la idea del peligro que enfrentan los reporteros”, dice Roberto Rock. “La sociedad no reconoce a los reporteros como protectores de sus derechos y su libertad de expresión”. Trotti considera que los anuncios siguen surtiendo efecto incluso si los miembros de la organización “no los han publicado tan regularmente” como antes. Los anuncios llaman la atención del público a los asesinatos olvidados, “ponen incómodos” a los gobiernos y generan publicidad, dice Trotti. Pero la campaña sería “mucho mejor” si también se usaran los medios digitales y sociales para incitar al público a actuar, añadió. Trotti comprende además que la SIP necesita mejorar su sitio web, www.impunidad.com, que, debido a su diseño poco atractivo y falta de actualización, no está cumpliendo su cometido de dar una dimensión humana a los asesinatos de los periodistas en América Latina e incitar la indignación. Teniendo esto en cuenta, la SIP contrató a una firma de consultoría para que ayudara al grupo a mejorar su sitio web y orientarlo más a las actividades en línea. La SIP espera que la nueva estrategia ayude al grupo a alcanzar su meta proyectada de 50.000 visitantes únicos al mes, en comparación con los 20.000 que lo visitan actualmente.
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Atentado con bomba contra una oficina en Bogotá Diana Calderón conversa por teléfono desde Bogotá con Trotti en Miami. Calderón, de 42 años, es la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en Colombia. Estos enlaces fueron creados en el año 2000 a raíz de una conversación entre Trotti y Alberto Ibargüen, el entonces editor gerente del periódico The Miami Herald y presidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP. Actualmente preside la Fundación Knight y es su director ejecutivo. Durante la última década, Diana Calderón ha documentado
En El Imparcial, en Hermosillo, como en muchos otros diarios de todo México, los periodistas ya no escriben acerca de la violencia relacionada con el narcotráfico. Para evitar represalias, los diarios publican sólo las versiones oficiales de la policía. los hechos relacionados con veintenas de asesinatos no resueltos y ha alertado rápidamente a Trotti sobre cada nuevo ataque contra periodistas. En ese día de principios de agosto, Calderón está proporcionando los detalles sobre lo que parece ser el objetivo más reciente: las oficinas de Radio Caracol en Bogotá, donde ella trabaja. Un coche bomba que explotó a las 5:30 de esa mañana dejó un saldo de 13 heridos y dañó la fachada del edificio. Calderón está acampada en el despacho de un colega. Las ventanas de su propio despacho, en el séptimo piso, están rotas. Trotti anota la información que le facilita Calderón, para luego escribir un comunicado de prensa en el que exhortará al Gobierno de Colombia a realizar una investigación agresiva. Se lo enviará a los periódicos miembros del grupo y a los servicios de cables. Este tipo de trabajo es fundamental para la labor del Proyecto Impunidad en Colombia. El grupo también ha exhortado a los jueces colombianos a que concedan una mayor prioridad a los casos de periodistas asesinados, ha conseguido que la fiscalía vuelva a examinar 27 casos por resolver, ha emprendido una campaña publicitaria encaminada a concientizar más al público y ha producido un documental sobre el asesinato de un periodista,
“Los narcotraficantes dependen de los medios bajo su control para desacreditar a sus rivales, exponer a los funcionarios corruptos al servicio de carteles competidores, defenderse del gobierno e influir en la opinión pública. … A menos que el gobierno de México actúe con firmeza, los narcos seguirán definiendo lo que es noticia o no lo es. Ésa no es la forma de ganar la guerra contra el narcotráfico”. – Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas.
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El cadáver de Francisco Ortiz Franco, director del semanario Zeta de Tijuana, yace tirado en el auto en el que fue abaleado en el 2004, aparentemente por asesinos contratados por narcotraficantes asesinos. que ha sido transmitido por un canal de televisión en su horario estelar. El periodista era Orlando Sierra. Su asesino fue capturado y sentenciado, pero fue liberado después de apenas cinco años en prisión gracias a un programa de excarcelación anticipada. La SIP y Andiarios, organización que representa a los periódicos de Colombia, contrataron a dos abogados para que elaboraran un informe sobre el caso de Sierra y han utilizado la información para exhortar al Congreso a que imponga sentencias mínimas con períodos de prisión más largos. El Congreso no se ha dado por enterado. La buena noticia es que la violencia contra los periodistas prácticamente ha desaparecido en Colombia. En promedio, entre 1998 y 2003, siete periodistas resultaban asesinados anualmente en el cumplimiento de sus funciones, según la SIP. Pero en 2009 sólo fue asesinado un periodista y, hasta agosto de 2010, sólo uno ha corrido esa misma suerte (Clodomiro Castilla Ospino, en la ciudad provincial de Montería). Evidentemente, los esfuerzos de la SIP han surtido efecto, como también ha sucedido con los esfuerzos de grupos locales que se han sumado a la SIP en su
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labor contra la impunidad. “Hace 15 años, nadie hablaba del problema de la impunidad”, dice Nora Sanín, directora ejecutiva de Andiarios. “La sociedad colombiana entiende, aunque no sé exactamente hasta qué punto, que cuando alguien mata o secuestra a un periodista, no se trata simplemente de un delito contra esa persona, sino de un ataque contra la libertad de expresión”. Pero, cuando se le pregunta por qué han disminuido tanto los asesinatos de periodistas, Sanín responde: “La disminución se debe principalmente a las políticas del Gobierno”. Durante los ocho años en que Álvaro Uribe fue presidente y le hizo la guerra a la violencia, disminuyeron los asesinatos de todo tipo en Colombia. Si bien ha habido avances, el sistema judicial colombiano aún deja mucho que desear. El caso de Nelson Carvajal es un ejemplo de esto, pese a los mejores esfuerzos de la SIP. En 1998, Carvajal, periodista radial de 37 años de edad del pueblo provincial de Pitalito, murió tras recibir siete disparos por haber denunciado en las ondas radiales la corrupción local. Su familia exigió acción de las autoridades. En ese momento empezaron las llamadas telefónicas. Si la familia sabía lo que era bueno,
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Más de 1,000 periodistas marcharon por el centro de Ciudad de México en agosto del 2010 para exigir una política más dura del gobierno contra los asesinatos de periodistas que denuncian al narcotráfico. Estos asesinatos están silenciando a la prensa. decían quienes llamaban, olvidarían el caso o, de lo contrario, terminarían como Nelson. La familia no olvidó el caso. Las autoridades enviaron a prisión a cuatro hombres, incluido el presunto autor intelectual. Pero todos fueron exonerados y puestos en libertad. Diana Calderón se ocupó del caso en 2002. Hizo tres viajes a Pitalito para entrevistar a testigos, acopiar datos y examinar las actas judiciales. Gracias a sus esfuerzos, las autoridades reabrieron el caso. Las amenazas de muerte contra la familia de Carvajal se reanudaron. Una de sus hermanas salió con vida de un atentado que se le hizo. Con ayuda de la SIP, ingresó en un programa gubernamental de protección de testigos. La viuda de Carvajal y otros miembros de la familia abandonaron el país, con ayuda del Gobierno de Colombia. En 2006, le tocó el turno a la propia Calderón. “Siga investigando y usted también se ganará su último lugar de descanso”, decía una nota que se le envió a su oficina y que contenía cruces que evocaban sepulturas. El Gobierno le asignó guardaespaldas a Calderón el día entero. La SIP tampoco olvidó el caso. A partir de diciembre de 2005, Ricardo Trotti sostuvo siete reuniones con el Gobierno
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colombiano, acompañado por Enrique Santos, quien era entonces vicepresidente de la SIP y editor gerente del diario El Tiempo, de Bogotá. “Diana presionó constantemente a los fiscales”, dice Miriam Carvajal, durante una conversación sobre el asesinato de su hermano en un café de Bogotá. “La fiscalía hizo avanzar el caso gracias a la SIP”. No obstante, esa investigación ha tenido escaso éxito. El Tribunal Supremo desestimó una solicitud de reexaminar el caso. La SIP presentó el caso de Carvajal ante la Comisión Interamericana de Adela Navarro Derechos Humanos, pero esta vez tampoco recibió un dictamen favorable. “Aún no hay justicia”, dice Miriam Carvajal. “Hay que ser realista. No culpo a la SIP por no lograr mayores resultados”. Trotti se enorgullece enormemente al enviar casos sin resolver a la Comisión Interamericana, que es parte de la Organización de Estados Americanos. Gonzalo Marroquín, propietario del periódico Prensa Libre, de Ciudad de Guatemala,
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Los periodistas arrojaron pintura roja sobre las fotos de colegas asesinados al terminar su marcha en Ciudad de México, para simbolizar cómo reina la impunidad.
Este periodista encadenado se cerró la boca para se amordazó con cadenas durante la marcha de Ciudad de México para simbolizar cómo los asesinatos están silenciando la prensa.
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se hace eco de la perspectiva de otros dueños de medios de prensa al decir que los gobiernos recalcitrantes sí reaccionan ante los fallos de organismos internacionales. “Hemos obtenido algunos resultados satisfactorios”, dice Marroquín. Un ejemplo destacado: la Comisión consiguió que el Gobierno guatemalteco reconociera en 2001 que no había tomado las medidas necesarias para evitar el asesinato de la periodista Irma Flaquer en 1980 y que luego no procedió a realizar una investigación de homicidio adecuada. La familia fue indemnizada con una suma de 150.000 dólares. Trotti dice que el caso de Flaquer dio lugar a la creación de una fiscalía especial en Guatemala que se encargaría de los delitos contra periodistas. En Brasil, el año pasado se expidió un fallo favorable con respecto al asesinato en 1998 del editor periodístico Manoel Leal de Oliveira, lo que podría hacer que las autoridades reabran su caso, dice Clarinha Glock, investigadora de la SIP en Brasil. Pero la dificultad para lograr que se haga justicia en los casos sin resolver es harto conocida. La Comisión ha admitido 11 de los 27 casos presentados por la SIP desde 1997 y hasta el
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PUNTOS CENTRALES DEL ANALISIS EL RETO En 1995, cuando el Proyecto Impunidad se inició, los asesinos de periodistas poco temían pagar por sus crímenes. ¿Podría un grupo de directores y editores con base en Miami trabajar juntos por todas las Américas para obligar a los gobiernos a acabar con la impunidad? LA INICIATIVA Con $7.6 millones en donaciones de la James S. and John L. Knight Foundation, desde 1995, la SIP ha presionado a los gobiernos a hacer justicia frente a los crímenes contra los periodistas. Sus Unidades de Respuesta Rápida investigan casos sin resolver y asesinatos recientes, con la finalidad de dar a conocer los hechos y llevarlos ante las procuradurías. La SIP también ha empezado a organizar seminarios para enseñar a los reporteros a reducir sus riesgos en zonas peligrosas. Finalmente, el grupo ha llevado a cabo una campaña de anuncios acerca de crímenes sin resolver, para familiarizar al público acerca del problema de la impunidad. EL IMPACTO Hace quince años, los asesinos de periodistas en América Latina sencillamente no eran enjuiciados. Desde los inicios del Proyecto Impunidad hasta agosto del 2010, los fiscales han ganado algunos casos, aunque no todos, contra
momento sólo ha expedido fallos favorables en tres de ellos. Tal vez el procedimiento sea largo e imperfecto, pero “es la mejor y única avenida de que disponemos para hacer que no se olviden los asesinatos de periodistas y para instigar a los gobiernos a actuar por medio de la presión internacional”, dice Trotti. “Con estas acciones, no devolvemos la vida a los periodistas, pero sí sentamos un precedente importante y obligamos a los gobiernos a encarar el problema de la impunidad”. Los funcionarios mexicanos reaccionan con lentitud María Idalia Gómez, sentada en su sala en Ciudad de México, habla sobre el creciente problema de la impunidad en México. Ella es la coordinadora de respuesta rápida de la SIP en México. Se detienen para leer un nuevo mensaje que le acaba de llegar por su Blackberry. “Han liberado a los dos últimos periodistas”, dice Gómez. En un caso que mantuvo en vilo a la prensa de Ciudad de México, los narcotraficantes habían secuestrado a cuatro reporteros cerca de la ciudad norteña de Torreón, entre ellos
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los responsables de 59 de 258 asesinatos o presuntos asesinatos de periodistas en América Latina. La mayoría de los convictos, sin embargo, son sicarios, no autores intelectuales. Los gobiernos enfrentan ahora una presión constante por parte de la SIP para que hagan justicia. Sin embargo, la campaña publicitaria, dirigida a agitar la opinión pública, ha perdido efectividad, con sólo unas 265 personas que escriben cartas de protesta mensualmente. Las matanzas de periodistas en América Latina se han elevado en años recientes, debido a que más periodistas están muriendo en México a manos de narcotraficantes. En Colombia, anteriormente el país más golpeado, las matanzas de periodistas han caído drásticamente, al igual que las matanzas de colombianos en general, gracias a la política de mano dura del Presidente Álvaro Uribe, quien acaba de finalizar su mandato. En Brasil, otro país violento, las matanzas de periodistas se han desplomado, y los sicarios casi siempre terminan en la cárcel. En México, la incapacidad del gobierno de arrestar y enjuiciar a los asesinos de periodistas – parte de un problema de impunidad general con relación a todo tipo de delitos – ha aplastado los esfuerzos de la SIP por hacer que se haga justicia en ese país.
camarógrafos de Televisa y Milenio, dos de las grandes cadenas televisivas de México. Este acto marcó la primera ocasión en que los reporteros objeto de secuestro trabajaron para esas redes televisivas, y la inmensa atención mediática que recibieron convirtió su situación en un caso sonado. Para consternación de Trotti y todos los demás integrantes de la SIP que han tratado de abordar el tema de la impunidad en México, el Gobierno de Calderón no ha dado carácter prioritario a la protección de los periodistas, como lo han hecho los gobiernos de Brasil y Colombia. Tampoco lo han hecho los medios de prensa mexicanos, aquejados por la desunión y por la debilidad de su asociación de prensa. Todos estos elementos conspiraron contra la SIP el año pasado, cuando la organización trató de hacer llegar las enseñanzas adquiridas en Colombia a los periodistas, ejecutivos mediáticos y funcionarios gubernamentales mexicanos. En muchos sentidos, México parece encontrarse en el punto en que estaba Colombia alrededor de 1985. La SIP llevó a México a tres prestigiosos colombianos para que relataran sus experiencias.
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LECCIONES EMERGENTES La mayoría de los periodistas asesinados en América Latina, hasta ahora, durante este año, trabajaban en México, lo cual da lugar a la pregunta: ¿Cómo podrían los reporteros seguir informando acerca de la violencia y la corrupción en sus comunidades, sin ser asesinados? Y ¿cómo podría ayudarles el Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa? He aquí algunas sugerencias de periodistas familiarizados con la situación: • Organizar más talleres para enseñar a los reporteros a operar con seguridad en zonas peligrosas, que incluyan, cómo reconocer cuando los están siguiendo, cómo hablar con sus informantes, y cómo escribir acerca de los narcotraficantes sin provocarlos, sugiere Darío Dávila, periodista que ha trabajado por largo tiempo en zonas de conflicto y que ahora imparte clases para periodistas de alto riesgo, ofrecidas por el Centro de Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara. • Más seminarios de ética para reporteros. Demasiados de ellos “han sido corrompidos en los últimos años”, comenta Dávila. “Al carecer de valores periodísticos, se están convirtiendo en mercenarios de los carteles. Amenazan a las fuentes con publicar información a menos que se les pague”. • Mayor dotación de personal en México. María Idalia
Eran el ex presidente César Gaviria, Enrique Santos y Oscar Naranjo, actual jefe de la Policía Nacional. “No asistió ni un solo miembro del Gobierno mexicano”, recuerda Santos. “La triste verdad es que ellos [los mexicanos] no han asimilado nuestra experiencia. No se ha traducido en acción por parte de los diarios”. En últimos años, la SIP ha enviado más de una docena de misiones a México y ha auspiciado 13 seminarios con reporteros y editores. Aun así, dice Roberto Rock, “la violencia [contra periodistas] no está incluida entre las prioridades públicas, ni siquiera las del poder ejecutivo, el Congreso ni los medios de difusión”. María Idalia Gómez es la persona de contacto de la SIP en México para hacer frente al intenso desafío que se presenta en ese país. Desde que fue contratada en 2003, Gómez, de 39 años, ha viajado por todo el país para documentar los hechos de casos por resolver y dar noticias sobre el asesinato más reciente. Este trabajo a menudo la hace ir a las zonas de conflicto. “El trabajo es abrumador”, dice Gómez, que a menudo recibe la ayuda de su esposo, Darío Fritz, quien también es periodista y trabaja para la SIP a tiempo parcial.
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Gómez, coordinadora de la Unidad de Respuesta Rápida del grupo en Ciudad de México, necesita ayuda. Otra persona debería estar establecida en algún otro lugar fuera de Ciudad de México – tal vez en Monterrey, una ciudad con publicaciones sólidas, pero que está en estado de sitio. • Un nuevo sitio web donde los periodistas puedan publicar noticias sobre el narcotráfico demasiado peligrosas para ser publicadas en sus diarios. La idea surgió de un seminario que se llevó a cabo en marzo, para periodistas de la frontera, organizado por el Knight Center for Journalism en la Universidad de Texas, en Austin. • Una presión contínua sobre el gobierno, por parte de la SIP y organizaciones periodísticas. Pero es importante comprender que el factor primordial para crear condiciones de trabajo seguras para los periodistas en México es crear un país más seguro para todos los mexicanos. Ésta es la lección tomada de Colombia. Aunque los medios y el gobierno tomaron pasos esenciales para proteger a los periodistas, los asesinatos descendieron debido principalmente a un declive general en la violencia durante los ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe que terminó en agosto del 2010. Cuando la lucha civil se reduce, los periodistas están a salvo y pueden nuevamente abocar las noticias difíciles.
La mayoría de los asesinatos que Gómez investiga tienen lugar fuera de Ciudad de México, en ciudades del norte, como Tijuana, donde los narcotraficantes han convertido lo que era un destino turístico en una zona de muerte. El cártel del narcotráfico Arellano Félix y otros se abrieron paso por la fuerza, dejando un saldo de cientos de muertos. Los asesinatos son cada vez más rápidos y brutales. Los cadáveres de los que son asesinados por haber hablado más de la cuenta aparecen con las lenguas cortadas. Los que se han acostado con la mujer de un narcotraficante aparecen muertos y castrados. Las víctimas decapitadas transmiten un claro mensaje: una advertencia a sangre fría de no buscarse problemas con los narcotraficantes. Héctor Félix Miranda no hizo caso a estas advertencias. El señor Félix Miranda, de 28 años, era un fanático apasionado por el béisbol y era el popular editor gerente del semanario Zeta, una publicación muy crítica en Tijuana. Publicaba nombres cuando escribía columnas en las que denunciaba el narcotráfico, los asesinatos, la tortura y la corrupción oficial. Félix Miranda conducía su auto al trabajo en una mañana de 1988 cuando un Pontiac Trans Am negro se interpuso en su
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abogacía. Él decía que le apasionaba el periodismo y que no pasaría nada”. Las autoridades nunca han pedido a Gabriela Ramírez que les dé información sobre el caso. Tampoco le han pedido tener acceso a las libretas de notas de Ortiz Franco ni a su computadora. “Nunca tomaron declaraciones de los sospechosos”, añade la viuda. “Las personas involucradas en su asesinato son poderosos hombres de negocio de Tijuana y las autoridades no quieren buscarse problemas con ellos”. Dos de los asesinos de Félix Miranda se encuentran en prisión, pero el autor intelectual nunca recibió su castigo. A su vez, ninguno de los asesinos de Ortiz Franco ha tenido que enfrentar la justicia. Adela Navarro, coeditora de Zeta, encomia a la SIP por tratar de mantener vivas las investigaciones. “Es la única organización que no ha abandonado la búsqueda de respuestas sobre los asesinatos. Es importante que los periodistas no se sientan solos”.
Un manifestante durante la marcha de Ciudad de México sostiene una pancarta en demostración de su rabia — “Odio el silencio.” camino y de él salió un hombre armado con una escopeta calibre 12 y descargó dos andanadas contra Félix Miranda, con lo que lo mató al instante. Los narcotraficantes volvieron a usar como blanco a la revista Zeta en 1997. Unos pistoleros dejaron gravemente herido al coeditor gerente Jesús Blancornelas en un ataque en el que su guardaespaldas resultó muerto. En 2004, Ricardo Trotti visitó Tijuana para ayudar al coeditor de Zeta, Francisco Ortiz Franco, a acopiar más datos en relación con el caso de Félix Miranda que se había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propio Ortiz Franco era un hombre marcado debido a sus denuncias. Tres semanas más tarde, un asesino enmascarado arremetió contra Ortiz Franco cuando este se disponía a ir en su auto a una consulta médica. Dos de sus hijos estaban sentados en el carro con él y lo vieron morir. “Semana tras semana, escribía impactantes informes sobre los narcotraficantes”, recuerda la viuda de Ortiz Franco, Gabriela Ramírez. “Yo quería que dejara el periódico y se dedicara a la
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La violencia toca a las puertas El sol apenas empezaba a calentar en la mañana de aquel primer sábado de agosto, cuando cientos de periodistas se reunieron frente al Ángel de la Independencia, el monumento en honor a la independencia de México, en el centro del Distrito Federal. A las 12:45 p.m., comenzaron su marcha por la avenida principal, el Paseo de la Reforma. “Ni uno más”, coreaban los periodistas. “Ahora nosotros mismos somos la noticia”, explica Elia Baltazar, coeditora del diario Excélsior y una de las organizadoras de la marcha. La violencia, que ha dejado 61 periodistas muertos o presumiblemente muertos durante los últimos cinco años (casi todos en ciudades lejanas), finalmente ha afectado a Ciudad de México con el secuestro de los periodistas de televisión. “Lo más importante de la marcha es que se hizo”, dice Jorge Carrasco, quien hace crónicas sobre narcotráfico para la revista Proceso, una revista noticiosa muy crítica. Carrasco condena la falta de solidaridad que ha existido hasta el momento. Las primeras señales de cambio parecen representar una oportunidad para que la SIP trabaje con mayor ahínco a fin de marcar la diferencia en México. El grupo no ha tenido prácticamente ningún éxito en años recientes debido a la indiferencia oficial del Gobierno de México y al poder y el carácter despiadado de los cárteles del narcotráfico. “Son dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás”, manifiesta Ricardo Trotti. Una señal alentadora: en una reunión con líderes de la SIP y del Comité para la Protección de los Periodistas, celebrada el 22 de septiembre en Ciudad de México, el presidente Calderón prometió insistir ante el Congreso mexicano para hacer que los delitos contra la libertad de expresión se consideren delitos federales. Calderón dijo además que quería que México
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estableciera un sistema para proteger a los periodistas en riesgo, como lo ha hecho Colombia. “El presidente Calderón se mostró abierto y comprometido con los temas presentados”, dice el editor Robert Rivard, de San Antonio. “En ningún momento se mostró a la defensiva, lo que fue muy positivo desde nuestra perspectiva”. Hasta la fecha, el Gobierno de Calderón ha mostrado poco apetito por federalizar los crímenes contra los periodistas, dice el congresista Clouthier, un ex editor de diario que ha estado promoviendo la medida en la Cámara de Representantes de México. Muchos funcionarios de los gobiernos locales han presionado a congresistas de su zona para que se opongan a la medida, dice Clouthier, porque “operan mano a mano con los elementos delictivos”. Dijo que los miembros de la SIP podrían hacer mucho más. Ellos “ven a la SIP como una forma de protegerse a sí mismos, no a sus periodistas”, dice. “Consideran que enfrentarse a los líderes políticos es poner en peligro los intereses de sus negocios”. O, como expresara Marcela Turati, reportera independiente de Proceso desde las zonas de conflicto, poco antes de iniciarse la marcha: “No me siento protegida por la SIP. Es un club para propietarios”. El grupo debe continuar su trabajo, pero debe reformar el Proyecto Impunidad para reaccionar con mayor rapidez y concentrarse más en proteger las vidas de los reporteros, especialmente en México. Podría realizar más seminarios sobre seguridad y ética, dice Darío Dávila, un periodista que ha trabajado desde hace mucho tiempo en las zonas de conflicto y que ahora dicta seminarios por Internet sobre entrenamiento de seguridad, a través de la Universidad de Guadalajara. “Necesitamos más acción”, manifestó. Podría haber ya alguna ayuda en camino: a principios de este año, Trotti y otros miembros del Proyecto Impunidad se reunieron con el multimillonario mexicano Carlos Slim para recabar su apoyo. Slim, quien tiene acciones en el periódico The New York Times, pidió que se le presentara un conjunto e iniciativas que él pudiera financiar. “Queda mucho más por hacer” Diana Calderón está sentada frente a su escritorio a finales de julio en Bogotá. Sus guardaespaldas esperan afuera para acompañarla cuando salga del edificio. Esto ocurre dos semanas antes de que el inmueble sea dañado por un coche bomba. “Siempre que pienso que estoy cansada y me siento mal al saber que tengo que andar todo el tiempo con guardaespaldas”, dice Calderón, “recuerdo a las familias que esperan resultados. Y los estamos obteniendo. Pero queda mucho más por hacer”.
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VISTA DEL BECADO Se invita a los becados de la Knight Foundation a responder a las conclusiones de la Serie de Análisis Reporteriles si de alguna manera no están de acuerdo. Abajo, una carta del director del Proyecto Impunidad, Ricardo Trotti. Sin dudas este es un artículo muy bueno que retrata detalladamente el problema de la violencia contra periodistas, la impunidad de estos crímenes y el esfuerzo de la SIP para combatir estos flagelos. Sin embargo, la historia hubiera estado más completa y balanceada si además de poner énfasis en la importante tarea de la Unidad de Respuesta Rápida, hubiera reflejado mejor las otras tareas de la SIP, especialmente su labor de advocacy, respecto a las leyes, la jurisprudencia y la cultura en contra de la impunidad que logró modificar, así como por el despliegue de 73 delegaciones internacionales, compuesta por autoridades y ejecutivos, a países de la región que entrevistaron a presidentes y otras altas autoridades; las 17 conferencias internacionales que convocaron a jueces, fiscales, ministros de Cortes Supremas y expertos en narcotráfico y crimen organizado o los 53 seminarios para entrenar a periodistas. El artículo minimiza la labor internacional que el proyecto ha alcanzado, sobre todo en el involucramiento de organizaciones como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de las cuales, la SIP consiguió abrir un nuevo frente de batalla presionando a los gobiernos en su reputación por sus políticas de derechos humanos. Aunque no todos los casos presentados ante estas instancias tienen todavía resultados positivos, se resta importancia a que se trata de procesos que de por sí han ya cambiado la cultura indiferente y negligente que existía en materia de crímenes contra periodistas y su impunidad. Que el caso de Guillermo Cano haya sido declarado crimen de lesa humanidad para que no prescriba, es parte de esta nueva cultura jurídica. Esta misma cultura proactiva en contra de la impunidad incentivada por la SIP es la que ha permeado en otras instituciones no gubernamentales que hoy luchan por los mismos objetivos. Gran parte del mérito ha sido que toda la tarea de advocacy, nutrida por las investigaciones de caso como materia prima y las labores expresadas en el primer párrafo, han servido no solo para que el procesamiento y condena de delincuentes deje ser de una quimera, sino para que el tema esté incluido en la agenda pública y periodística de cada país.
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Reportero Consagrado Vivió — y murió — Por sU gran Historia
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MPALME, México – A un costado de un parque urbano, inadvertida por los niños y jóvenes que juegan baloncesto y las niñas que saltan la cuerda, hay una placa gris sostenida por un pedestal color de rosa. Sus palabras sencillas recuerdan la ausencia de un valeroso reportero que desapareció en el 2005 y exigen justicia. “A la ausencia de Alfredo Jiménez Mota. Exigimos Justicia”. Los padres de Jiménez Mota, quienes viven en esta pequeña ciudad costera del estado de Sonora, vienen al parque y se preguntan qué le pasó a su hijo. Un ex-boxeador en la secundaria que cantó en el coro de la iglesia del pueblo, Jiménez Mota vivió para la gran historia. En el 2004, dos años después de convertirse en reportero, fue contratado para cubrir las noticias del narcotráfico en El Imparcial, la mayor publicación de Hermosillo, capital de Sonora. “Para trabajar, no dormía, no comía y ni siquiera salía con su novia”, recuerda el ex director del periódico, Jorge Morales, quien contrató a Jiménez Mota. “Era muy activo y dinámico. Empezamos por no publicar los créditos de los artículos de mayor impacto. Él exigía la publicación de sus créditos”. El 2 de abril del 2005, Jiménez Mota notó que alguien le tomó una fotografía. Nervioso porque había empezado a recibir amenazas de muerte, se metió en un restaurante cercano antes de proceder a la sala de prensa de su publicación. Jiménez Mota, de 25 años de edad, no le contó a ninguno de sus colegas los eventos del día. Después de salir del trabajo esa noche, nadie lo volvió a ver. Cuatro meses más tarde, la SIP convocó a una reunión extraordinaria de directores. A insistencias de Ricardo Trotti, director del Proyecto Impunidad de esa entidad, los directores adoptaron una firme posición frente a la creciente violencia contra los periodistas en México y la impunidad para sus asesinos. El de Jiménez Mota parecía el caso ideal para inspirarlos a unirse. Sobre muchos reporteros asesinados en México había recaído la sospecha de haber cruzado la línea y recibir sobornos de los carteles de narcotraficantes. Sin embargo, nadie nunca dudó de la integridad de Jiménez Mota. Los directores decidieron crear un grupo de reporteros para investigar lo sucedido al joven reportero, publicar sus conclusiones y avergonzar a las autoridades para exigirles castigar a los culpables. “Todos estaban entusiasmados”, comenta Trotti. Llamaron Phoenix Project a su iniciativa, siguiendo el modelo de
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José Alfredo Jiménez y su esposa Esperanza Mota todavía esperan justicia cinco años después de la desaparición de su hijo Alfredo, un enérgico reportero policial de Hermosillo, México.
En el estacionamiento de Hermosillo, México, Alfredo Jiménez Mota fue secuestrado en el 2005 después de una reunión, tarde en la noche, con un informante.
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Foto de la izquierda: Reporteros y ciudadanos comunes marchan solidariamente con la familia de Alfredo Jiménez Mota después del secuestro del reportero en el 2005, en Hermosillo, México. Foto de a la derecha: Jiménez Mota con sus padres, el día de su graduación. un esfuerzo de varias docenas de periodistas investigativos que indagaron el mundo del crimen organizado después del asesinato, en 1976, del reportero Don Bolles, en Phoenix, Ariz. Los refuerzos prometidos para el Proyecto Phoenix nunca llegaron. Un diario tras otro ofreció excusas acerca de por qué no podía contribuir con reporteros. María Idalia Gómez, coordinadora de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México, vino a Hermosillo para colaborar con las labores de investigación. Un reportero de El Universal de Ciudad de México logró sacar alguna información en la capital. Pero al final, Omán Nevárez, colega de Jiménez Mota en El Imparcial, tuvo que hacer la mayor parte del trabajo de investigar y redactar. Nevárez descubrió que Jiménez Mota se había encontrado en la noche del 2 de abril con un oficial de la policía, quien lo dejó en el estacionamiento de Soriana, una cadena local de supermercados, donde se reuniría con otro de sus informantes. El registro de llamadas del celular del reportero mostró que había recibido una llamada a las 11:04 p.m. del segundo informante, subdirector de la procuraduría general del estado. El funcionario inicialmente negó haberle visto. Confrontado con la evidencia de la llamada telefónica, negó haber tenido algo que ver con su desaparición. El Proyecto Phoenix publicó un solo artículo. Gracias al trabajo de Trotti y El Universal, apareció simultáneamente en unos 40 diarios en todo México. Sin embargo, los planes para los artículos de seguimiento pronto se evaporaron. “Prevalecía la impresión de que era demasiado peligroso llevar a cabo este tipo de investigación”, dice Roberto Rock, director de El Universal en ese momento. Nevárez y Morales recibieron amenazas de muerte por su
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trabajo. Ambos llegaron a la conclusión de que el capo de un cartel de menor importancia ordenó el asesinato de su ex colega. Después de que las autoridades estatales fallaron en investigar seriamente el caso, los padres de Jiménez Mota apelaron al Presidente Vicente Fox, quien ordenó a los investigadores federales ocuparse del caso. Acosaron a los capos de la droga, confiscaron sus propiedades, capturaron embarques de drogas y les hicieron huir. Un día, el presunto cerebro y cabecilla, Raúl Enríquez Parra, fue lanzado desde un avión. Fue baleado y le habían cortado los testículos. Enríquez Parra tenía su tarjeta de identidad pegada a su pecho, aparentemente para no dejar dudas acerca de su identidad. Nevárez y Morales concluyeron que el cartel sacrificó a Enríquez Parra para apaciguar al gobierno. Las autoridades federales, en efecto, dieron marcha atrás poco después. El cuerpo de Jiménez Mota nunca ha sido encontrado, y nadie jamás ha sido encarcelado por el crimen. Nevárez y Morales siguen obsesionados por la desaparición de Jiménez Mota. Ambos abandonaron el diario para trabajar para el gobierno estatal de Sonora. “Como reportero, uno está expuesto, y la familia de uno, también”, comenta Nevárez. “Es mejor escribir acerca de deportes y entretenimiento”. Agrega, “Estoy decepcionado por no haber encontrado justicia para Alfredo y su familia”. Al igual que Morales, Nevárez elogia a Trotti y a Gómez por sus esfuerzos. Los padres de Jiménez Mota recientemente visitaron el parque en Empalme. “Es duro no saber lo que le pasó a nuestro hijo”, dice su padre, José Alfredo, mientras su esposa, Esperanza escuchaba cabizbaja. “Aquí, matan y matan, y nada sucede”.
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Dilema Mortal: Mantenerse a Salvo o Reportar
Un hombre y una mujer lloran junto al cuerpo de un joven muerto a la entrada de su hogar en el barrio de Lomas Verdes de Tijuana.
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IJUANA, México — Los periodistas de las ciudades provinciales de todo México operan bajo un nuevo código no escrito. “No me siento libre de reportar acerca de todo, como me gustaría”, dice un periodista de Tijuana que se confiesa a condición de que no se revele su nombre, por el peligro que corre. “Tenemos que protegernos”. Agentes federales recientemente arrestaron a 62 policías de Tijuana, acusados de haber recibido sobornos de los narcotraficantes. Uno de ellos era bien conocido por la prensa local, debido a que organizaba fiestas navideñas infantiles en las que se repartían juguetes, por lo que recibía un tratamiento positivo de parte de la prensa. Otro policía de Tijuana fue
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también arrestado esta vez en San Diego por la DEA, por proteger a narcotraficantes. Era el agregado de prensa de la procuraduría general del estado. “Uno ya no sabe quién es bueno o malo”, dice el periodista. “Uno no sabe en quién confiar”. La historia de un fotógrafo ilustra las condiciones extremas en las que se trabaja en ciudades como Tijuana, y las enormes dificultades que la SIP tiene que enfrentar para proteger a los periodistas y procurar que se haga justicia en México, hoy un país destrozado por las luchas intestinas. Para proteger la identidad del fotógrafo, le llamaremos Mario. La historia se inicia el día, hace ya varios años, en que
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Luces de la policía revelan un lúgubre panorama de muerte — un asesinato relacionado con las drogas en Tijuana, cerca de la frontera con los Estados Unidos. recibió lo que parecía ser una llamada rutinaria para que tomara fotografías de un aparatoso accidente de tránsito. Sin embargo, ya nada es rutinario para los periodistas de Tijuana. Mario encontró muchos policías y socorristas en la escena, e inmediatamente empezó a tomar fotos de los autos destrozados y los esfuerzos por atender a los heridos. Minutos después, el conductor del Mercedes que había causado el accidente notó a Mario. “¡No tome fotografías!” le gritó, apuntándole en forma amenazadora. Mario no le hizo caso. En ese momento, Mario notó que el hombre llevó su mano al pecho, como si fuera a sacar un arma. “¡Tranquilícese!”, los policías le gritaron al hombre. El hombre no llegó a sacar un arma, pero se acercó a Mario y empezó a golpearle. La policía separó al hombre y lo escoltó a una ambulancia. Entonces, los policías llegaron donde Mario y, ellos también, empezaron a golpearle. Mario pidió ayuda, telefoneando por celular a su oficina y algunos transeúntes le gritaron a la policía para que lo dejaran tranquilo. Mario llevaba puesto su chaleco de fotógrafo, con el nombre de su publicación en la espalda. La policía retrocedió. “Si sabe lo que le conviene, amigo mío, lo mejor que podría hacer es irse”, le dijo apresuradamente a Mario un socorrista.
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Enojado, Mario permaneció y observó cómo llegaba una caravana de vehículos de la policía. Un oficial desembarcó de un auto y abrazó al hombre que había amenazado a Mario. “Me alegro que esté bien”, Mario oyó decir al oficial. Los colegas de Mario llegaron en pocos minutos y se lo llevaron de nuevo a la sala de redacción. Un jefe de la policía llamó unos minutos después. Diciendo que su sobrino había resultado lesionado, dijo que quería comprar las fotos. El director del diario se negó. Otras llamadas telefónicas se recibieron de la policía: “¿Quién fue el fotógrafo?” preguntaron. Los directores se negaron a decírselo. En cambio, sacaron a Mario por la puerta trasera y lo enviaron fuera de la ciudad al día siguiente. Los directores decidieron que no podían arriesgarse a publicar las fotos. Las enviaron a la DEA y descubrieron que el hombre que había causado el accidente de tráfico y era protegido por la policía era un conocido narcotraficante quien, naturalmente, era buscado por la policía. Pasaron seis semanas y el asunto parecía haberse enfriado. Mario había regresado a Tijuana. Estaba en el centro de la ciudad cuando oyó una gran cantidad de tiros. Todos los presentes
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Más víctimas como resultado de una balacera con narcotraficantes y sus matones en Tijuana, México. El policía herido, que se observa en la distancia, murió después. huyeron de la escena. Mario corrió hacia ella. Primero encontró un jefe adjunto de la policía con la cara sangrienta, quien había sido el blanco de los narcotraficanes. Mario empezó a tomarle fotos y a cuatro policías que vio heridos en el suelo. Dos de ellos morirían durante los minutos inmediatamente después. Mario observó cuando los policías sacaron a toda prisa al jefe adjunto de la policía. El jefe adjunto de la policía fue encontrado al día siguiente. Su cadáver había sido descuartizado. “Sus propios hombres lo entregaron a los narcotraficantes”, Mario dice ahora. Mario nunca ha contado estas cosas a su familia, a sabiendas de que lo presionarán para que se busque un trabajo más seguro. Sigue consagrado a su oficio. “No soy bien pagado, pero esto es lo que me gusta hacer”, comenta. “Me cuido, pero tampoco me controlo. Cuando tengo mi cámara, pienso en las fotos que estoy tomando. No tengo miedo. Mi miedo es no tomar las fotos que debería tomar”.
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La violencia relacionada con el narcotráfico en Tijuana se ha generalizado al punto que ni siquiera los pequeños escolares pueden escapar de ella.
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Contando Los Muertos: La Exactitud es Escurridiza
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situación económica y la forma en que llevaba a cabo su trabajo, u misión fue fortalecer las artes en el Silicon Valley, pero esa información es falsa y que su muerte probablemente tuvo 1stACT tuvo primero que entender a su audiencia y a que ver más con el hecho de que ella no aceptaba sobornos”. las fuentes potenciales de ayuda económica, dice su ¿Por qué entonces en México para el 2010, la SIP tiene un Directora Ejecutiva Connie Martinez. Para ello, la organización no recuento de muertos más alto que la CPJ? lucrativa financió un estudio que descubrió unas cuantas verdades Tomen, por ejemplo, el caso de José Luis Romero. Reportero de acerca del informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que 43 años de edad para Línea Directa, estación radial del estado de dice que nueve periodistas han sido asesinados en México en el Sinaloa, Romero fue secuestrado por enmascarados al entrar a un 2010, mientras otros ocho han sido secuestrados y se presumen restaurante el 30 de diciembre del 2009. Su cuerpo fue encontrado muertos. Estos hechos suenan verídicos. Sin embargo, no lo son. el 16 de enero del 2010, baleado y con las manos rotas. “Es muy difícil conocer toda la verdad y ser exactos”, comenta El detective asignado al caso fue también asesinado, seis Ricardo Trotti, director del Proyecto Impunidad de la SIP. horas después de la denuncia del secuestro. El fiscal general La SIP incluye periodistas en su lista de muertos sólo si los del estado dijo que los casos podrían estar relacionados. investigadores creen que su muerte violenta fue en represalia Romero había cubierto las noticias policiales por su trabajo como periodistas. Sin embargo, para Línea Directa durante 10 años. El Director llegar a esa determinación puede ser difícil en un de Noticias, Luís Alberto Díaz, expresó al CPJ su país brutalmente violento, donde la policía en raras creencia de que Romero había sido víctima de la ocasiones lleva a cabo buenas investigaciones y los guerra entre dos carteles. Díaz dijo también que “el fiscales con demasiada frecuencia prefieren hacer asesinato de un conocido periodista radial conviene la vista gorda. a los carteles porque intimida al público”. ¿Fue el periodista silenciado para mantener En su conjunto, los hechos demuestran que a escondida una verdad incómoda? ¿O fue sólo un Romero lo asesinaron en represalia por su trabajo. robo fortuito? ¿Existe evidencia que demuestre Sin embargo, el caso no está resuelto del todo. que el periodista estaba recibiendo sobornos de un La SIP incluyó a Romero en su lista de cartel y fue asesinado por otro? José Luis Romero periodistas asesinatos. El CPJ lo puso en su lista Además de estas preguntas, hasta la decisión de de “motivos sin confirmar”. si una persona muerta califica como periodista puede ser debatida. Sin hablar específicamente sobre el caso de Romero, Trotti Todo esto explica por qué el número de muertos de la SIP explica que la SIP normalmente prefiere errar explicando la para México, en el 2010, es diferente al del Comité para Proteger muerte de un periodista como relacionada con su trabajo. En Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que cuenta sólo un otras palabras, según comenta, “en caso de duda, preferimos asesinato confirmado en México relacionado con el trabajo y incluir los casos” en la lista de asesinados de la SIP. otros siete asesinatos por motivos sin confirmar, en el 2010. Esta práctica sirve los intereses del grupo porque la usa para María Idalia Gómez, investigadora de Respuesta Rápida demandar justicia de los gobiernos. de la SIP en México, juega el papel más importante para El CPJ, sin embargo, sigue un patrón más estricto al incluir a determinar en nombre de la organización por qué un reportero periodistas asesinados en su lista sólo después de asegurarse de fue muerto. Gómez se ha pasado 17 años trabajando como que su muerte estuvo relacionada con su trabajo de periodistas. periodista cubriendo casos de crímenes, derechos humanos y Esta práctica es similar a la del patrón de periodismo seguido en la seguridad nacional. los Estados Unidos de publicar información delicada sólo después “Estoy bien familiarizada con los fiscales, los jueces y la ley”, de haberla confirmado con por lo menos una fuente irrefutable. cuenta Gómez en un email. “Somos extraordinariamente rigurosos al decidir quién Gómez también ha creado una red de fuentes periodísticas ha sido confirmado y quién no”, comenta Mike O’Connor, ex en todo el país para que la ayude a investigar la muerte de un corresponsal extranjero para diarios y la televisión, quien ha periodista. sido representante del CPJ en México durante los últimos dos “Tomen, por ejemplo, el caso de María Esther Casimbe, quien años. “Tenemos que estar verdaderamente seguros”. desapareció en el 2009 en el estado de Michoacán”, escribe Examinando los enfoques de los dos grupos, es razonable Gómez. “Si habla con sus colegas reporteros, le dirán que asumir que la SIP podría sobreestimar el número de asesinados, recibía dinero de los narcotraficantes. Sin embargo, he recibido mientras que el CPJ podría hacer lo contrario. información importante que indica que, si examinamos su
LA MUERTE DE LA NOTICIA
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Crónicas quedan sin publicar debido a los asesinatos de periodistas
John S. and James L.
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