I. Gobernabilidad y Estado de derecho

Los retos de Samuel García

6 de octubre de 2021

El pasado 6 de junio, los nuevoleoneses decidieron de una manera determinante quién sería su gobernador y escogieron a Samuel Alejandro García Sepúlveda, que obtuvo 786,808 votos, lo que representó el 36.71% del total de los sufragios; es decir, que más de 786,000 personas depositaron en él su fe, su esperanza y su confianza para que dirija los destinos de Nuevo León en los próximos seis años. Ayer tomó posesión del cargo y, a partir de hoy, sus palabras se deben de convertir en hechos y sus promesas en realidades. Cuando uno gobierna, se debe de enfocar en lo único importante: la gente e incluirla en el centro de cada acción de gobierno. Ya es tiempo de escuchar a aquellos que nadie oye, de mirar a aquellas personas que nadie ve y de trabajar por los ciudadanos que nadie toma en cuenta. Es momento de apoyar a las personas con discapacidad, creando una ciudad accesible para ellas y dándoles un empleo digno y bien remunerado. A los jóvenes, brindarles una educación de calidad, porque su preparación es la llave que les abrirá las puertas del mañana. A nuestros viejitos devolverles un poco de lo mucho que nos dieron, porque ellos merecen vivir con dignidad en la etapa final de su vida. Las madres solteras, que son ejemplo de trabajo y entrega, es momento de ocuparnos y preocuparnos por ellas, porque necesitan de nuestro apoyo para sacar adelante a su familia. Hay que recordar de que vivimos en una pandemia, en una crisis económica donde hay miles de personas que no tienen dinero para comprar medicamentos, urgen medicamentos gratis ¡ya! Igualmente, existen miles de nuevoleoneses que no tienen la posibilidad de acceder a los hospitales públicos, urge el Seguro Popular ¡ya! En el tema del transporte público se necesita una reestructuración, pero sin aumentar las tarifas.

En conclusión, la única manera que tiene Nuevo León para salir adelante es poner a los ciudadanos en primer lugar.

La corrupción carcome a Nuevo León: impunidad y simulación

10 de noviembre de 2021

Los políticos hablan mucho, pero actúan poco. En público se indignan por los actos de corrupción, pero en privado son complacientes y hasta “tapaderas”. Dicen que trabajan por los ciudadanos pero sólo obedecen a sus jefes, quienes están detrás de la orquestación de los delitos y quienes se benefician con los recursos que pertenecen a la comunidad. Prometen actuar en contra de la corrupción pero ese es su modus vivendi, esto es, se empeñan en seguir engañándonos con palabras vacías y acciones espectaculares que no surten ningún efecto positivo. Apostándole a que el tiempo sea su mejor aliado y la gente pronto se olvide de las tranzas y los malos manejos de los funcionarios corruptos. A continuación referiremos los actos más escandalosos con que cerró la administración de Jaime Rodríguez Calderón, los cuales siguen sin resolverse y el gobierno actual sin mostrar signos de que esté actuando en la dirección correcta. 1. El Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado (Fovileón) estuvo inmerso en una cadena de malos manejos de parte de funcionarios que se aprovecharon de las necesidades de vivienda de los empleados estatales, exigiéndoles cobros por tramitar sus créditos. El 13 de octubre de 2021, El Horizonte publicó una declaración del actual gobernador, Samuel García, qué cuestionaba: “¿qué hace este fideicomiso? Ayuda a los burócratas a obtener una vivienda digna; presta, da créditos, y nos llega una denuncia diciéndonos que están pidiendo comisiones ilegales por el préstamo, ‘si te presto, pero como es a mi discreción, te prestó sí, sólo si sordeado me das de un 7% a un 15% de moche’”. Señaló que ya presentó esta denuncia a la Fiscalía General del estado. ¿Que ha pasado hasta ahora? ¡Absolutamente nada! 2. En materia de salud, el exsecretario del ramo, Manuel De la O, y su equipo de colaboradores en lugar de estar ocupados y preocupados por el Covid, pre-

suntamente estuvieron enfocados a cobrar dinero a diestra y siniestra a los negocios como bares, restaurantes, antros y similares para que se mantuvieran abiertos durante la pandemia. El 12 de octubre, el mandatario estatal mencionó a El Horizonte que esto “era un cáncer, desde la oficina de Regulación

Sanitaria se hacían locos para no visitar a los negocios que estaban en la lista que daban el moche para permitir fumar, yo les decía que por casino pedían $2 millones mensuales, pero hay un sinnúmero de comercios, y digo sinnúmero, porque ahora sí que depende del sapo la pedrada, un restaurante de primer nivel siempre lleno $200,000 a $300,000 mensuales; una fondita o un bar tranquilón modesto de $50,000 a $100,000”; también hace la aclaración el gobernador: “había todo una red de cobro de piso, ahora sí que salieron más malandros los del gobierno que ni los mismos malitos”. En 2020, la cámara industrial de los restauranteros, Canirac, denunció que la Secretaria de Salud del estado acosaba sus negocios y aplicaba clausuras a restaurantes y les ponían multas de hasta $500,000 pesos. A mi oficina llegó un propietario y me comentó que tuvo que cerrar su negocio porque le pusieron una multa impagable, ya que un negocio vecino le dio un moche a la dependencia de salud para que lo cerrara porque era su principal competencia. A estos señores sí que el

Covid les vino como anillo al dedo. 3. Siguiendo con el tema de salud, el 25 de octubre, el gobernador actual destapó un fraude millonario en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado Isssteleón, al denunciar que los presuntos sobrinos del exsecretario General de Gobierno, Manuel González, obtuvieron contratos en este instituto por $4,900 millones de pesos, de 2015 a 2021. Dicho con toda propiedad, era un contrato leonino, una especie de seguro, pero un seguro falso donde le daban a un contratista la función de intermediario para subrogar hospitales privados, en lugar de que el gobierno negociara directamente con los centros de atención médica. El presunto fraude consistía en que el Isssteleón contrató ilegalmente a dos empresas que son propiedad de Manuel y

Javier Flores Martínez, presuntos sobrinos directos del exsecretario de gobierno, se trata de las empresas Servicios Médicos de Emergencia y Sainar Médica. Se rescindieron los contratos y ahora la primera empresa ha demandado al gobierno estatal por dicha cancelación, exigiendo la suma de $522 millones de pesos por los pasivos que ya tenía con el organismo, además de lo que faltaba por cubrirse del contrato. Lo peor es que posteriormente el Isssteleón adjudicó el mismo servicio a otra empresa del mismo dueño, por eso el gobernador in-

dignado señaló: “por supuesto, acciones penales contundentes y contra todos los servidores públicos que cometieron ilegalidades”.

Estas irregularidades se habían detectado desde el proceso de transición, el 27 de septiembre los diputados locales presentaron denuncias penales ante la

Fiscalía Anticorrupción del estado. El 5 de octubre, el fiscal anticorrupción,

Javier Garza y Garza, solicitó más información sobre el caso, señalando que el plazo para tal diligencia vencía el 19 de octubre. Sin embargo, a pesar de este quebranto a las finanzas públicas, al día de hoy no ha pasado nada. 4. Quienes se encargan de cometer toda esta serie de fraudes saben que no se va a actuar en contra de ellos, que todo es un show mediático, donde se hace como que se actúa pero sin actuar de verdad. Saben que cuando el asunto llegue, en el caso de que suceda, al fiscal Anticorrupción, éste está maniatado por los políticos, ya que a pesar de que por ley es un órgano desconcentrado con autonomía y recursos propios, lo tienen prácticamente con un pie en el cuello, porque no dispone de recursos y debe seguir las indicaciones que le señalen “sus patrones”. Su inacción y falta de voluntad para meter en cintura a los políticos queda demostrada luego de que en tres años y medio de operaciones, el órgano anticorrupción se encuentra ahogado en la burocracia, falta de andamiaje jurídico y descoordinación. Solamente el 2.3% de las denuncias concluyeron en sentencias, y ninguna de ellas implicó a funcionarios de alto nivel. De 2019 a 2020, esta fiscalía recibió 114 denuncias, 11 investigaciones se siguieron de oficio, tres sentencias condenatorias que todavía están recurridas y los resultados son cero sentencias condenatorias que han causado estado y no existe ningún procedimiento iniciado por vía de extinción de dominio.

Estos políticos son un auténtico clan, su finalidad es protegerse entre ellos, aparentar hacer justicia, pero al final no hacen nada y para “oxigenar” el descontento social actúan aparentando una gran molestia cuando encuentran un acto de corrupción y lo que hacen es magnificarlo, aparentar enojo, con bombo y platillo lo denuncian en una instancia incompetente para que después de un tiempo llegue a la Fiscalía Anticorrupción y ahí ya saben que la impunidad está 100% garantizada.

Inflación y gobierno insensible

15 de diciembre de 2021

El aumento generalizado de precios sigue sin dar tregua, lo que representa un golpe mortal para el bolsillo de la gente. La inflación en México superó en noviembre el 7%, la mayor cifra en 20 años. Atrás quedó la meta del Banco de México de mantenerla al 3% anual. De cerrar 2021 en un 7.3% u 8%, sería la tasa de inflación más pronunciada desde el año 2000, cuando se ubicó en 9%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Algunas de las razones por las cuales se disparó la inflación en Nuevo León fueron los costos de los energéticos, los alimentos y los medicamentos, que forman parte del consumo básico de los hogares neoloneses. Situación que se agravó más con la inactividad productiva que trajo consigo en muchos rubros económicos el Covid-19.

La población todavía no acaba de reponerse de la pandemia y encima tiene que enfrentar los efectos de la inflación. Debemos tener presente que de acuerdo con el último censo nacional de 2020, en Nuevo León el 24.3% de la población (1.4 millones de personas) vive en condiciones de pobreza y 2.1% (124,000 personas) en pobreza extrema. Además, 1.6 millones de habitantes, el 68% de la población ocupada en la entidad, están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo tanto, es urgente que el gobierno de Nuevo León esté al pendiente de estos sectores que son los más vulnerables a las crisis inflacionarias. Las familias nuevoleonesas sufren a diario el calvario de no completar su canasta básica o sus medicamentos, que representan más del 50% del gasto familiar. 1. Los precios de los alimentos están por los cielos. Por ejemplo, cuando van al súper, la papa que hace tres años costaba $9 pesos, ahora la consiguen por $39 pesos, un aumento de más de un 333%; el limón, que costaba $13 pesos el kilo, hoy se vende a $45 pesos, 246% más caro; el aguacate Hass que en aquel año se conseguía por $29 pesos, ahora se disparó hasta los $70 pesos,

más de un 141 por ciento. El deslizamiento del precio de la tortilla también ha causado un alto impacto en el gasto familiar, de acuerdo a un reportaje del periódico El Horizonte, del 5 de julio de este año, dicho producto se incrementó en más de un 11%, ya que mientras que en enero el kilo se vendía a $18 pesos, en el último mes de referencia costaba $20 pesos. Otras alzas que causan impacto fueron la cebolla con 19.3%; el huevo con 4.1% y la carne de res con un 1.2 por ciento. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al

Consumidor (NPC), durante el mes de noviembre los productos agropecuarios tuvieron un alza generalizada del 9.02 por ciento. Como dijo una señora que fue a mi oficina: “Ahora almorzar huevos a la mexicana saldrá muy caro y ni pensar en el machacado”. 2. Los precios de las medicinas por encima de la tasa de inflación. En este rubro los porcentajes son más dramáticos. Las ramas terapéuticas que mayormente se vieron afectadas fueron los medicamentos para la diabetes, antibióticos y cardiovasculares. Por ejemplo: el candesartán, para la presión alta, en 2018 costaba $63 pesos, ahora se adquiere por $1,366 pesos, un 2,068% más caro; el diclofenaco, para los dolores y la artritis, se compraba en $12.5 pesos, en este año se vende a $40 pesos, un incremento del 220%; los antigripales subieron un 92%, antes costaban alrededor de $12.5 pesos y ahora se venden a $24 pesos; y así podemos mencionar producto por producto, para darnos cuenta del aumento exponencial de estos fármacos. No hay que olvidar que iniciamos el año con el aumento del precio de más de 300 medicamentos.

De acuerdo con Télam Digital, en un estudio publicado el 8 de noviembre, entre diciembre de 2019 y septiembre 2020, los precios de los fármacos se incrementaron 14.7%, un 1.4% mensual acumulativo; mientras que a partir de septiembre de 2020 y hasta octubre de 2021, se acrecentaron las variaciones llegando a 65.9%, con un ritmo de 4% mensual acumulativo. A este problema adquisitivo hay que agregarle el desabasto de medicamentos que sufren las personas aseguradas o pensionadas. Según El Economista, en un artículo publicado el 26 de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta esa fecha se había negado a surtir más de 8 millones de recetas médicas por factores que van desde que éstas se encuentran fuera de vigencia hasta el desabasto de las mismas. El almacén delegacional de Chihuahua fue el que concentró el mayor número de recetas negadas con 989,810; Nuevo León ocupó el quinto lugar con 453,225 recetas.

Tenemos que estar conscientes que la inflación significa una caída en el poder de compra y, por consiguiente, en el bienestar de las personas. Los que no se dan cuenta de esta situación son los políticos, que viven en una burbuja, para ellos la inflación es un tema coloquial, que solamente existe en su imaginación, la realidad la palpan desde su zona de confort y por ello actúan sin empatía. El gobierno que encabeza Samuel García, en lugar de estar pensando en obras faraónicas como terminar el anillo periférico, cuyo fallo se dará el 28 de diciembre, un día en que nadie esta pensando en asuntos públicos, la gente esté en plena Navidad, y que le costará a los nuevoleoneses $2,500 millones de pesos, debería de usar dicho recurso para canalizar la compra de medicinas, porque si una persona padece presión alta, no puede cortar un pedazo de calle y curarse con pavimento, necesita medicamento y ahí es donde el gobierno debe estar presente. ¡Ya basta de tanta insensibilidad! En conclusión, no se trata de satisfacer egos ni de complacer caprichos personales para hacer obras materiales, lo que se necesita es pensar en la gente, para solventar sus necesidades básicas, como son la salud y la alimentación. Urge que el gobierno en lugar de recetarnos indiferencia e inacción se ponga las pilas y trabaje por el bienestar de los nuevoleoneses.

Morena: de las palabras a los hechos

30 de diciembre de 2021

Un partido político que surgió como un movimiento para impulsar el proyecto personal del actual presidente de la República parecería que nació viejo, cansado y con un doble lenguaje que raya en la hipocresía. Su principal mérito en las elecciones federales intermedias, y en muchas locales, fue ser el beneficiario de la compra de voluntades o, dicho de otra manera, de los apoyos sociales brindados que el próximo año rondarán en los $300 mil millones de pesos, entregados a los adultos mayores, algunas personas con discapacidad y muchos estudiantes a lo largo y ancho del país, quienes por gratitud o necesidad están votando por el partido del Presidente. Los dirigentes de Morena en lugar de cumplir con los estatutos y postulados básicos de su agrupación, hacen exactamente lo contrario, de una manera cínica mienten una y otra vez, pensando que con repetir muchas veces una mentira, ésta se convertirá en realidad como por arte de magia. Tal es el caso de los procesos de designación de candidatos para cargos de elección popular. De acuerdo a sus estatutos, dichos candidatos serán electos mediante una encuesta y, en caso de que un ciudadano esté mejor posicionado que un protagonista del cambio verdadero, es decir, un militante, se designará al ciudadano; pero en los cargos de representación proporcional será diferente: se escogerá por tómbola y los primeros candidatos plurinominales deberán de ser militantes. Sin embargo, para los dirigentes de Morena unas son las palabras y otros son los hechos. La realidad que muestran dista mucho de lo que pregonan. Veamos el caso de Nuevo León: El cacique del PRI en Escobedo, Nuevo León, Abel Guerra, realizó lo que mejor sabe hacer, negociar con sus homólogos del PAN, PRI y otros políticos que se han desempeñado en la ciudad de México, para designar a candidatos “a modo” en los municipios gobernados por el PAN y el PRI, presuntamente le iban a devolver el favor apoyando a su esposa Clara Luz Flores rumbo a la gubernatura y respetando su feudo: Escobedo.

Para contender por el municipio de Santiago, nombró candidato a un turista cuya principal cualidad es hacerle caso a un político del PRI que fue senador de la República; mientras que en San Nicolás de los Garza, aparentemente le entregó la candidatura al cacique panista Zeferino “Chefo” Salgado y en Santa Catarina ocurrió lo mismo. El colmo fue en el municipio de Juárez, donde designó a una persona totalmente desvinculada de dicha población, un empleado del candidato del PRI a la gubernatura y en Monterrey todo indicaba que su finalidad era pavimentarle el camino al PRI para que repitiera. Todas estas designaciones fueron al más viejo estilo del PRI: por dedazo. Las candidaturas plurinominales que deberían de ser para los militantes morenistas –que si los hay pero hasta ahora los han menospreciado una y otra vez–, fueron designadas por dedazo a ex panistas, tanto la titularidad como las suplencias. Los resultados de todo este desaseado embrollo están a la vista: un total fracaso, debido a la flagrante violación de los estatutos y al nulo respeto a los protagonistas del cambio verdadero. En Nuevo León Morena lo perdió todo. El próximo año se contendrá por seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Lamentablemente, en algunos estados están siguiendo el mal ejemplo que recientemente dio Nuevo León. Veamos solamente un caso: En Durango el mejor posicionado en las encuestas fue el exalcalde y hoy senador de la República José Ramón Enríquez Herrera, quien ha recorrido una y otra vez dicho estado, y su aceptación se confirma con el resultado de las encuestas en donde resulta ser el mejor posicionado, pero por decisión de la cúpula de Morena –encabezada por Mario Delgado– se designó a Marina Vitela Rodríguez. El senador Enríquez acusó a la dirigencia morenista de asignar la candidatura a Marina Vitela antes de que concluyera el levantamiento de la encuesta con la que el partido definiría esa posición. Aseveró que la designación se hizo a partir de criterios sacados de la manga, y advirtió que lo ocurrido en Durango es peligroso de cara a la elección del abanderado presidencial en 2024, porque deja de manifiesto que Morena no respeta las reglas. “Hay una enorme incongruencia entre lo que dice el Presidente y lo que se hace en el partido, y esto es peligrosísimo para el 2024. ¿Se van a respetar las encuestas?”, cuestionó el senador duranguense. Consideró que si no quieren cometer el mismo error de soberbia deben de corregir su equivocación. En conclusión, un partido político que viola sus estatutos y no respeta a sus militantes no es digno de tomarse en serio.

Los niños del DIF no son “nenucos”

19 de enero de 2022

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF-Nuevo León) es la institución más noble y humana de la administración pública estatal, cuya principal misión es brindar asistencia social de manera profesional a los grupos vulnerables, para contribuir a mejorar su calidad de vida y su entorno familiar. Lamentablemente, el fin de semana esta dependencia dio mucho de qué hablar debido a que el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez obtuvieron un permiso de convivencia familiar para llevar a su casa en fin de semana al niño Emilio, un menor con esquizencefalia de labio abierto que es atendido en el albergue Capullos. Este delicado tema que implica la vida de un ser humano, lo podemos analizar desde dos perspectivas. Desde la perspectiva legal, los requisitos que establece el programa son: residir en el estado de Nuevo León, ser mayor de 25 años y tener una diferencia de 15 años entre la familia de acogimiento y el menor. Estos tres puntos se cumplieron, el problema aparece en los pasos siguientes que se deben cumplir donde todo indica que se obviaron, ya que para ser calificado al programa, se requiere: 1. Llenar solicitud. 2. Que les realicen una evaluación social y psicológica. 3. Asistir a un curso de capacitación. 4. Obtención del certificado. Los puntos 2 y 3, no se percibe que los hayan efectuado, ya que en sus redes sociales no los difundieron, pero, concediendo sin conceder, que en esta ocasión quisieron ser discretos, deberían de haber publicado dichos documentos para constatar que no utilizaron su influencia para saltarse los requisitos legales que impone el DIF estatal. Desde la perspectiva de los derechos humanos, estos le fueron violados al menor Emilio, ya que sus fotos aparecieron en las historias subidas en las redes sociales, sin difuminar su imagen, por lo que no se cuidó ni respetó su identidad.

Por esta razón, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) en el comunicado que efectuó el pasado 16 de enero del presente manifestó: “Las diversas fotografías de su persona expuestas en redes sociales, sin el tratamiento adecuado para la protección de su identidad y en algunos casos incluso usando colores identificados con la campaña del partido político que llevó a su cargo al actual gobernador y a su esposa, son muestra de ello”. Es alarmante que el gobernador y su esposa utilicen la vida de un niño indefenso para hacerse publicidad o crear empatía con fines propagandísticos. No puede argumentarse –nadie lo cree– que la convivencia con el niño fue para concientizar a los diputados a modificar la ley de adopción y agilizar los trámites, son pretextos para justificar lo injustificable, que es manipular a un menor de edad para sacarle provecho mediático en Instagram. En esta plataforma Mariana Rodríguez señaló las condiciones en las que el menor fue a parar a su casa: “Se viene el fin de semana conmigo, no puede ser un acogimiento porque todavía no estoy certificada para el acogimiento, pero pues por lo pronto un fin de semana”. Resulta indignante como el titular del DIF-Nuevo León, Miguel Ángel Sánchez Rivera, pudo actuar de manera tan irresponsable y ceder el cuidado del menor a personas que no son familiares del menor y que no cumplieron cabalmente con los requisitos que deben cubrirse para la convivencia. A este señor se le olvida que en sus manos está depositada la vida de 325 menores en espera de ser adoptados, estos niños no son “nenucos” para andar jugando con ellos, son personas que tienen derecho a una vida digna y segura. Esperamos la rápida actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para iniciar proceso contra el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, con el fin de conocer los detalles del procedimiento mediante el cual Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, llevó durante el fin de semana pasado a su casa al menor Emilio. En conclusión, me sumo a lo dicho por Redim: “El interés supremo del niño debe prevalecer sobre cualquier otro factor”.

Bajo el signo del Instagram

27 de enero de 2022

Cuando los ciudadanos votan por determinada persona para un cargo ejecutivo, lo hacen pensando en que dicho candidato les resolverá los problemas reales que afrontan todos los días. En el estado de Nuevo León los problemas más críticos están a la vista: una inseguridad creciente, una pandemia causada por el Covid-19, problemas económicos profundizados por la inflación y por la crisis sanitaria, un transporte público deficiente agravado por años de abandono; la mejor muestra de esto fue lo que sucedió en esta semana, cuando la Línea 2 del Metro dejó sin servicio a cinco estaciones por casi 14 horas, daños que sufrió debido a la falta de mantenimiento, a pesar de requerirlo con urgencia, el gobernador le recorto el 51% al presupuesto destinado al mantenimiento, dejándolo en la cantidad ridícula de $18 millones de pesos. Los nuevoleoneses ya están desesperados de que no se resuelvan sus problemas más crecientes; cada día que pasa sin que se atiendan sus necesidades, es una oportunidad perdida, que flagela la esperanza de vivir de una manera digna y segura. Lamentablemente, la pareja que gobierna en el palacio de cantera está muy preocupada y ocupada en cómo llenar sus historias en Instagram, para distraer la atención y ocultar lo que verdaderamente importa a los ciudadanos. No sólo evaden abordar los temas torales de los ciudadanos, sino que, mediante acciones mediáticas creen poder engañar a las personas y les inventan un mundo maravilloso donde ellos son los principales protagonistas. Al final, lo que para ellos cuenta es que todo mundo hable de ellos, aunque los critiquen o se burlen de sus excesos. Su abanico ha sido muy amplio: presumir cada mañana que realizan ejercicio; el corte de cabello para “solidarizarse” con un niño con cáncer a pesar de que fue una ofensa, porque las personas que tienen cáncer se tienen que rapar totalmente y no con un peinado de moda; acompañar a los ciudadanos en innumerables ocasiones a la Unión Americana para la vacunación a pesar de que el gobier-

no del Estado no estaba aportando ningún recurso económico –saludando con sombrero ajeno–, y después de la presión social el gobierno estatal tuvo que hacerse cargo del costo de este programa; jactarse de la construcción del nuevo estadio, más que el mismo equipo de los Tigres, edificación que al día de hoy no queda claro ni su financiamiento, ni su inicio de construcción, pero lo prioritario es presumirlo para aparentar que el gobierno del Estado lo va a sufragar; y la última es llevarse a Emilio, un menor indefenso y con esquizencefalia de labio abierto que es atendido en el albergue del DIF Capullos a su casa, sin cuidar el respeto a la dignidad e integridad del niño, sólo por ser autoridad y mandar en esa institución. Hay que decirlo con todas sus letras, la gente ya está harta de tanta pose mediática, a los nuevoleoneses les urge que les resuelvan sus problemas. Tenemos que recordarle al gobernador que su cargo es para solucionar las necesidades de la comunidad, no para entretenerla y querer cambiarle oro por espejitos. ¡Ya basta de tanto ego! En conclusión, lo que necesitamos son soluciones reales a los problemas actuales.

Funcionarios sumisos: obras fallidas

17 de febrero de 2022

El servidor público es una persona orientada por el deseo de servir y atender las necesidades de su comunidad, poniendo a disposición de ésta sus capacidades y habilidades. El artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León establece que los servidores públicos deberán de observar entre otras directrices: conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones; satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares; administrar los recursos públicos sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, entre otras. Los funcionarios públicos del estado, sobre todo los altos mandos, están para asesorar, orientar y ejecutar los programas estratégicos del gobierno. Su papel no es obedecer sumisamente las órdenes del jefe del Ejecutivo, sino contribuir con él, para formular de manera racional y objetiva sus propuestas y convertirlas en acciones factibles que beneficien a la sociedad nuevoleonesa. Lamentablemente, los secretarios y directores del gobierno estatal son incapaces de contravenir las órdenes del gobernador Samuel García; al final, quienes salen perdiendo son los ciudadanos con tantas fallas e improvisaciones, ya que la obra pública se atrasa, se alarga o de plano se cancela. Veamos dos ejemplos que confirman lo anterior: 1. La semana pasada, la Tesorería estatal declaró desierta la licitación con la que se buscaba adquirir el primer endeudamiento de la actual administración, por un monto de hasta $2,500 millones de pesos. El proceso iniciado desde principios de enero del presente año, fue suspendido una semana antes del cierre de registro para los bancos interesados en participar. Los tiempos establecidos por el gobierno estatal en esta licitación no coincidían con los requeridos por las instituciones bancarias para cubrir todos los procedimientos, por lo que solicitaron más tiempo para analizar y en su caso autorizar el financiamiento. En lugar de aplazar las fechas, el Tesorero canceló el proceso y declaró desierta la licitación. Todo por seguir al pie de la letra lo que le indicaba el gobernador.

Se supone que con estos recursos arrancarían varias obras prioritarias, como las líneas 4 y 5 del Metro, la modernización del Sintram y las carreteras Interserrana y La Gloria-Colombia. Se anunció que pronto se lanzará otra licitación, mientras tanto, la obra pública sigue como proyecto, esto es, los papeles y los planos siguen en los escritorios del Palacio de Cantera. El secretario de

Finanzas, Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra, no es un neófito en el cargo, ni mucho menos está “aprendiendo”, lleva más de seis años en su puesto, por lo cual no se justifican este tipo de equivocaciones. 2. Lo anterior no fue un hecho aislado, también sucedió en otra área donde su titular lleva toda una vida dedicada a la función pública, es el caso del Lic. Hernán Manuel Villarreal Rodríguez, el súper secretario que lo mismo se encarga de la obra pública que del transporte público. En relación con la licitación para

Modernizar el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram), sin detenernos en los posibles conflictos de intereses y en las denuncias públicas que lleva arrastrando, sólo me enfocaré en la valoración inadecuada que realizó el citado funcionario. La administración estatal estableció un tope de $1,100 millones de pesos a dicha licitación, pero las empresas que participaron, entre otras, Semex e Int Intelligence and Telecom Technologies México se sobrepasaron en $696 y $1,053 millones de pesos, respectivamente.

Es injustificable que un funcionario que toda su vida se ha dedicado a los temas de movilidad no sepa lo que cuestan las cosas y haya impuesto una cifra tan inferior al tope de esta licitación, todo por seguir las indicaciones de su jefe, quien al referirse al proyecto del Sintram, se jactaba: “Los seis años (del

‘Bronco’) lo quisieron meter al presupuesto federal y nunca se los autorizaron. ¿Por qué? Porque traía ‘copete’; $1,400 millones (de pesos presupuestaron) y hoy sabemos por proveedores que se ocupan como $1,000 o $1,100 (millones)”. De nueva cuenta, los proyectos estratégicos se “quedan en el aire” por una indicación caprichosa y sin fundamento y, peor aún, sin que los secretarios se atrevan a corregirle la plana a su jefe.

Con base en lo anterior, se deja entrever que el jefe del Ejecutivo estatal está rodeado de mucha gente dócil, cuya única función es cuidar su trabajo a costa de una humillación permanente y de guardar en una caja fuerte sus convicciones e ideales. Nuevo León requiere urgentemente que sus funcionarios públicos actúen con lealtad institucional, que impongan sus criterios con base en su experiencia y capacidad profesional, buscando siempre la satisfacción de los

intereses colectivos; esto es, que se asuman como representantes del interés público. En conclusión, para que un gobierno sea exitoso debe contar con las mejores mujeres y hombres, quienes deberán tener carácter y principios para hacer valer su verdad en beneficio de lo único importante: la gente.

Doble lenguaje e impunidad

31 de marzo de 2022

Las y los ciudadanos de Nuevo León exigimos cese la violencia contra las mujeres, ya que el año pasado fueron asesinadas en la entidad 101 mujeres; de estos crímenes, 66 fueron tipificados como feminicidios, el 65.35%; 35 como homicidios dolosos, el 34.65%, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con estas cifras, nuestro estado ocupa el cuarto lugar en el país en feminicidios y el puesto 19 en mujeres víctimas de homicidio doloso. El pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, fue la mejor ocasión para que miles de mujeres regiomontanas manifestaran sus demandas e inconformidades contra la violencia machista. Lamentablemente, este acto de reivindicación y justicia dejó un sabor amargo por acciones vandálicas cometidas por un reducido grupo de manifestantes. Veamos algunos hechos. A las 17:00 horas inició el evento en la explanada de los Héroes, en donde se leyó un listado de mujeres desaparecidas o asesinadas, se lanzaron consignas contra las autoridades y se exigió un alto a la violencia; hasta ese momento todo marchaba bien. El problema surgió a las 19:00 horas, al realizarse la marcha hacia el centro de la ciudad, ya que fue una manifestación que reunió a casi 20,000 mujeres, el recorrido duro una hora para volver a retornar a la explanada, pero a partir de las 21:00 horas empezaron los disturbios de una minoría que ya venía preparada para realizar actos violentos, manchando el verdadero significado de este importante día. Unas seis mujeres con rostros cubiertos golpearon y quebraron algunos vitrales del Palacio de Gobierno, con palos, botes de aerosol y martillos; después de unos minutos lograron abrir la puerta principal y unas 30 mujeres irrumpieron adentro del inmueble en donde rayaron paredes, mientras otras rociaban gasolina para incendiar puertas y muebles. Esa minoría dejó mancillado el emblemático palacio de cantera, así como negocios y otros lugares públicos. En lugar de que los cuerpos de seguridad estatal actuaran de una manera serena pero firme, para persuadir en su intento a este grupo violento, justificaron su nula acción, aludiendo según el secretario de Seguridad Pública: “La vida y la integridad física de cualquier persona está por encima de cualquier edificio´´. Este

argumento nos confirma la razón por la que Nuevo León vive agobiado por la inseguridad, en donde cada mes los delitos alcanzan nuevos récords ¿Hasta qué grado de impunidad hemos llegado? En ese momento se podía identificar a los responsables, ya que se cuenta con 34 cámaras de vigilancia alrededor del inmueble, además de cientos de videos e imágenes que estuvieron circulando en las redes sociales, pero prefirieron voltear a otro lado, antes de actuar con firmeza contra estos actos vandálicos. ¡Los nuevoleoneses no podemos vivir en un estado de anarquía e indefensión! Un gobierno humanista, conociendo la experiencia que se ha vivido en las últimas manifestaciones, hubiera dispuesto mallas de seguridad en los alrededores del palacio y organizado un grupo de mujeres policías sin armas, para que brindaran seguridad a las manifestantes, además de propagar que el evento se llevara a cabo de manera pacífica. Nada de esto ocurrió, el gobierno fue incapaz de proteger el patrimonio histórico que representa el recinto, así como la vida del personal que se encontraba dentro de las oficinas. El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, ante los graves daños que se registraron adentro y afuera del palacio, expresó: ´´Me hago responsable y los voy a pagar de mi bolsa´´; además, se comprometió a no presentar una denuncia para no perjudicar la lucha feminista. Pero como padece el síndrome de “La Chimoltrufia”; es decir, hoy dice una cosa, pero mañana dice otra, sus promesas solamente duraron unos cuantos días, ya que el fiscal General del Estado comentó que de las seis carpetas de investigación que tenía en su poder, una había sido presentada por el Ejecutivo del estado. ¿Por qué se volvió a contradecir en los hechos? ¿Por qué la realizaron con sigilo? ¿Qué fue lo que denunciaron? Todo indica que la carpeta se integró para poder cumplir con los requisitos del seguro que protege los bienes patrimoniales y de esta manera disponer de recursos económicos para resarcir los daños. Esto significa que el gobernador vuelve a mentirnos y se viene abajo su treta de hacernos creer que el costearía la reparación de los daños. ¿Cómo es posible tanta desmemoria? Los ciudadanos debemos exigirle a Samuel García que cumpla su palabra, y que nos demuestre que las obras de rehabilitación patrimonial serán costeadas de su cuenta personal y publiqué la documentación correspondiente. Los hechos ocurridos el 8 de marzo nos dejaron un legado de impunidad y de doble lenguaje por parte de la autoridad. En conclusión, Nuevo León necesita un gobierno humano pero firme en contra de la inseguridad para proteger lo más importante que tiene: su gente.

Constitución mordaza

7 de abril de 2022

Aparte de soportar la inacción gubernamental para resolver las demandas más crecientes de las y los nuevoleoneses, así como los excesos de una administración que pretende distraer y justificar su ineficacia con acciones mediáticas, ahora la ciudadanía está en peligro de ver coartada su libertad de expresión. El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda está dando pasos alarmantes para configurar un gobierno intolerante a la crítica, con la complacencia del Poder Legislativo del estado; veámoslo a continuación. En su campaña prometió una y otra vez una nueva Constitución, pensando que con eso se iban a resolver, como por arte de magia, todos los problemas estructurales de Nuevo León. Vale la pena cuestionarnos: ¿La crisis del agua se resuelve con una ley? ¿La obsolescencia del transporte público se soluciona con una nueva constitución? ¿La inseguridad desaparece sólo por enunciarla en un marco jurídico? ¡Claro que no! En su plan de gobierno mencionó: “buscar cómo podemos contar con un texto constitucional renovado... que atienda el reclamo ciudadano ante la pasividad e impunidad de las autoridades”, lo que nunca mencionó fue que su solución para erradicar la “pasividad e impunidad de las autoridades” era silenciando y castigando a la crítica, hasta desaparecerla. Prueba de lo anterior, es un apartado contenido en el artículo 135 de su proyecto de Constitución, relativo a las facultades y obligaciones del gobernador. Se trata del inciso VI que a la letra dice: “Imponer multas que no excedan del importe de un jornal o salario de un día o arresto hasta por 36 horas, a los que desobedecieren sus órdenes o le faltaren al respeto debido en los términos del Artículo 15 de esta Constitución”. Sin destacar que el texto deja mucho que desear en cuanto a su redacción, resulta alarmante que las y los diputados del PAN, PRI, MORENA y MC; en fin, todos, lo hayan aprobado por unanimidad en una primera vuelta. De esta manera, los legisladores locales le dan todo el respaldo al jefe del Ejecutivo para que legalmente pueda multar y enviar a la cárcel a sus críticos. ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Qué pasa con la libertad de los periodistas para ser críticos de la autoridad en turno? ¿Este es el nuevo Nuevo León prometido? Este gobierno quiere legalizar la cacería de sus críticos y opositores, pero, sobre todo, busca silenciar al periodismo de investigación ¡Eso no lo podemos permitir!

Los legisladores votaron irresponsablemente un precepto que además de retrogrado, viola los derechos humanos de los ciudadanos nuevoleoneses, porque se quiere enviar a la cárcel, sin previo juicio, a los que decidan decir la verdad de esta administración. ¿Qué les ofrecieron a los diputados por su voto? ¿O fue por un acto de obediencia ciega hacia sus caciques?, ya que los políticos sólo saben obedecer y callar. Genera mucho sospechosismo la actitud de los legisladores locales, quienes aprobaron de fast track un documento que requiere un amplio debate y análisis jurídico. En lugar de ir para adelante, estamos dando pasos para atrás. Nuevo León no merece tener legisladores de pacotilla, que sólo le siguen el juego mediático a un gobernante que cada día le queda más grande el cargo y no soporta la crítica, ni las manifestaciones de repudio. El gobernador quiere seguir en el confort en su burbuja, bajo el signo del Instagram, dando notas entretenidas para evadir la realidad. No le tiembla la mano para violentar los derechos humanos de las personas; ojalá así fuera para enfrentar a la delincuencia que padecemos todos los días. En conclusión, es momento de que la sociedad civil levante la voz en contra de estos políticos que solamente saben coaligarse para beneficiarse ellos mismos, y ahora quieren silenciar las críticas al gobierno, a ellos hay que decirles ¡Ya basta! ¡A la ciudadanía no se le puede amordazar!

En riesgo la libertad de expresión

13 de abril de 2022

El poder político de Nuevo León sigue sin brújula, exhibiendo improvisaciones, balbuceos y constantes contradicciones a la hora de dar la cara a la ciudadanía.

La aprobación en primera vuelta de la nueva Constitución, que acaparó la atención en los últimos días, puso en evidencia la irresponsabilidad y falta de voluntad política de las y los legisladores locales. Aunque se trata del documento base que regirá los destinos de la entidad y cuyo proyecto consta de 223 artículos, más cinco transitorios redactados en 220 páginas, se aprobó de un plumazo en 15 días. Ante esta prontitud legislativa, salta la pregunta: ¿es posible realizar un estudio profundo en tan poco tiempo? Todo indica que los partidos políticos representados en el Congreso, en lugar de impulsar a que sus legisladores analicen y discutan las iniciativas del Ejecutivo, les ordenan acatar los acuerdos contraídos en lo oscurito, sin importarles que los ordenamientos aprobados beneficien a unos cuantos, pasando por encima de la voluntad y los intereses de la mayoría de los nuevoleoneses. Como una muestra de lo anterior, podemos referir la aprobación del artículo 135, inciso VI, que a la letra dice: “A la persona titular del Poder Ejecutivo corresponde: VI Imponer multas que no excedan del importe de un jornal o salario de un día o arresto hasta por 36 horas a los que desobedecieran sus órdenes o le faltaran al respeto debido en los términos del artículo 15 de esta Constitución”. Al hacerse público el contenido de este numeral se generó un gran malestar social, además de una nutrida descarga de memes donde se destaca el carácter represivo de dicho ordenamiento.

Los legisladores prefirieron esconderse; por esta razón, el jefe del Ejecutivo tuvo que salir al quite y justificar lo injustificable mencionando entre otras cosas: “que no se dejen llevar por la información falsa que se comparte en redes sociales” ¡Cuál falsedad! El artículo fue aprobado por unanimidad el mes pasado, sin generar ningún debate y publicado en la página del H. Congreso del Estado. Finalmente, al constatar que su propuesta estaba contenida en el nuevo texto y

violaba la libertad de expresión, reconoció el error y se comprometió a solicitar al Congreso suprimir dicho artículo. Después de sus desafortunadas declaraciones, ¿le podremos creer a una persona cuya palabra dura lo mismo que una historia de Instagram? Desde luego que no, los nuevoleoneses debemos unirnos para que se dé marcha atrás a este atentado contra la libertad de expresión. ¡Es ahora!

Negligencia total

14 de abril de 2022

Nuevo León se encuentra sumergido en un caos de inseguridad. En los últimos días se han encendido los focos de alerta por la desaparición de mujeres en diversos municipios del área metropolitana y por la incompetencia del gobierno para aplicar los protocolos de su búsqueda. Las mujeres se sienten indefensas, viviendo con la angustia de ser atacadas en cualquier momento. Existen diversas cifras sobre el número de mujeres desaparecidas –cuyas edades oscilan entre 12 y 27 años de edad–, mientras que la Fiscalía General del Estado señala que de los 21 casos reportados, nueve fueron localizados; la Asociación de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) destaca que del 8 de marzo al 8 de abril del presente año, se han denunciado 81 mujeres desaparecidas y solamente 22 se han localizado. Más allá de determinar quién tiene la razón, lo que es una realidad es que se trata de la vida de seres humanos, y así fuera una sola mujer desaparecida, sería más que suficiente para que la maquinaria del gobierno se enfocará en encontrarla con vida, pero no ha sido así, veamos a continuación. El caso de María Fernanda Contreras Ruíz, de 27 años, desaparecida el 3 de abril en Apodaca, fue el detonador del malestar social, debido a que su padre en pocas horas pudo localizar por GPS la zona cercana al inmueble donde fue hallado su cadáver; sin embargo, al hacer la denuncia, las autoridades desestimaron la desaparición, ya que para el secretario de Seguridad, Aldo Fasci: “La mayoría de los casos son por el simple hecho de que no se reportan con sus papás”. ¿Cómo es posible tanta insensibilidad? Al día siguiente se presentó la denuncia, pasando tres días, la Fiscalía acudió a la misma zona que el padre de la víctima había reportado, y ahí encontraron muerta a María Fernanda por una contusión profunda de cráneo.

La incompetencia e insensibilidad del gobierno ocasionó dos días de protestas para exigir la solución de los casos de mujeres desaparecidas. Tanto en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado como en el Palacio de Gobierno, cientos de mujeres y padres de las desaparecidas demandaron el esclarecimiento de 15 desapariciones registradas durante este último mes en la entidad. A pesar

de que se registraron disturbios y enfrentamientos con la policía, lo más emblemático de las movilizaciones fue el coraje, la desesperación y el sufrimiento de los seres queridos de las víctimas y de las jóvenes que no han sido localizadas. El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda para contener el malestar ciudadano realizó lo que mejor sabe hacer: una conferencia para informar que crearía de inmediato un grupo especial para la búsqueda de mujeres desaparecidas, integrado por 200 elementos de Fuerza Civil, o sea, haría el trabajo que debería estar haciendo, cuando primero debió pedir perdón por la negación de los casos de mujeres desaparecidas. Lo que se requiere es un gobierno que esté preocupado y ocupado en brindar seguridad a las mujeres y erradicar la violencia de género; por esta razón me sumo a lo señalado por la CADHAC: “requerimos autoridades comprometidas, capacitadas y sensibilizadas”. ¡Pero ya!

Síndrome de la Chimoltrufia

21 de abril de 2022

Los nuevoleoneses han visto en estos últimos meses a un Gobernador que con el afán de ser noticia diaria, está más preocupado por subir sus historias al Instagram que ocuparse de los asuntos que aquejan a la entidad. Su desconcentración y falta de planeación, lo llevan a la improvisación y a una constante contradicción a la hora de informar las acciones de su gobierno. Esta actitud que ya se volvió cotidiana tiene nombre y apellido: Síndrome de la Chimoltrufia. La Chimoltrufia es un personaje femenino creado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y protagonizado por Florinda Meza, para el segmento cómico “Los Caquitos”. Se trata de un mujer humilde, poco ilustrada pero muy dicharachera, quien en su florido hablar hizo famosas las frases: “Yo como digo una cosa, digo la otra” y “como puede que sí, puede que no, lo más probable es quién sabe”. Cada vez que el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda se desdice de sus declaraciones, en automático, nos viene a la mente este peculiar personaje. No es exageración, es una práctica discursiva a la que ya nos tiene acostumbrados: un día dice una cosa y al día siguiente otra contraria. Esta actitud resultaría chusca si no fuera porque se manifiesta en situaciones de suma importancia para la vida de Nuevo León. Veamos solamente un par de ejemplos, porque no alcanzarían todas las páginas de este periódico para referir sus constantes contradicciones. Después de los incidentes que ocasionó el Día Internacional de la Mujer, el mandatario estatal se comprometió a pagar de su bolsillo los destrozos ocasionados y subrayó que no iba a presentar ninguna denuncia, para no manchar las protestas legítimas pero, sucedió todo lo contrario, es decir: si presentó la denuncia de hechos, requisito para que el seguro asumiera el costo de los daños patrimoniales, por lo tanto, tampoco se hizo cargo de pagar los siniestros. Otro caso, luego de que fracasaron los foros para socializar la línea 5 del Metro y que los vecinos del sur de Monterrey seguían rechazando el metro elevado por la avenida Eugenio Garza Sada, el gobernador se comprometió a destinar ese

recurso para la línea 6; pero no pasaron ni 48 horas para dar marcha atrás a ese compromiso. ¿Cómo puede desdecirse de algo que cuesta millones de pesos y afecta a miles de ciudadanos? Es preocupante la falta de palabra de Samuel García, lo que genera desconfianza a su investidura por lo voluble y superficial de sus declaraciones. La entidad vive momentos críticos que demandan acciones rápidas y eficaces, urge que el jefe del Ejecutivo salga de su burbuja y enfrente la realidad. Nuevo León no es un cuento de hadas –Nuevolandía–es un estado que ha postergado su progreso por los malos manejos de los políticos que hoy lo tienen sumido con los peores indicadores de su historia. En conclusión, ya es momento de actuar con responsabilidad en lo único que debe importar: la gente.

Primer round, gobernador vs. fiscal

12 de mayo de 2022

El estado de Nuevo León está sumergido en una crisis de inseguridad debido a que las prioridades del Ejecutivo están en otro lugar, veámoslo a continuación.

A pesar de que los robos de vehículos y homicidios van en aumento, el ilícito que más ha flagelado a la ciudadanía es el caso de las desapariciones, más aún cuando las cifras oficiales reconocen que tres personas son reportadas cada día. Cada víctima que se da a conocer es una lamentable pérdida, que deja tras de sí una historia personal y familiar. Como la gente ya está cansada de tantas palabras, pero sin ninguna acción real, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda intenta politizar cada caso y lavarse las manos públicamente al señalar que la Fiscalía General del Estado es la única responsable. Hay que señalar que al Ejecutivo del estado le corresponde proteger y salvaguardar la vida de los ciudadanos, como su patrimonio, evitando el robo de autos, ¿se está haciendo algo al día de hoy? Claro que no ¿el gobernador qué debería de hacer? Realizar acciones eficaces, empezando por destituir aquellos elementos que no dan resultados, independientemente de los compromisos personales con cada uno de ellos, como es el caso de Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad. En lugar de esto, utiliza las redes sociales para comunicarse públicamente con el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para señalarlo como el único responsable de la violencia contra las mujeres, degradando de esta manera la función pública. Un gobierno humanista se hubiera rodeado de las personas más capacitadas, y si alguna resultara incompetente se iría de inmediato, a la vez, dejaría que los hechos hablaran por sí solos, pero esta administración que está bajo el signo del Instagram su única prioridad es llenar las historias con palabras. En conclusión, la gente vive con miedo y el gobierno del estado debe de generar acciones para darles seguridad. ¡Pero ya!

Politización de la justicia

18 de mayo de 2022

El gobierno que encabeza Samuel Alejandro García Sepúlveda ofreció a los nuevoleoneses acabar con los excesos de poder que habían caracterizado a las administraciones anteriores, para tal efecto, delineó su plataforma “Un nuevo Nuevo León”, en donde se compromete a gobernar con apego a derecho y respetar la división de poderes. Sin embargo, al poco tiempo nos demostró que la realidad sería otra, sus acciones son hasta el momento “más de lo mismo”, veámoslo a continuación. Antes de cumplir dos meses en el gobierno, consiguió que Ethel María Maldonado Guerra, de Movimiento Ciudadano, fuera nombrada, con los votos del PRI y el PAN, magistrada de Justicia Administrativa, a pesar de que su perfil correspondía a la de una candidata a la alcaldía de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. ¿Dónde quedó la división de poderes? El nombramiento de un político para impartir justicia es lo que hemos padecido en los últimos años. ¿Cuál es el cambio? A pesar de que la mayoría de los legisladores no pertenecen al partido del gobernador, guardaron sus convicciones en un armario para seguir ciegamente la línea proveniente del Palacio de Cantera. El caso más emblemático de politización de la justicia es el del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien por una serie de triquiñuelas procesales lleva más de dos meses en la cárcel.

La carpeta de investigación data de 2018 por un supuesto financiamiento ilícito realizado durante su precampaña presidencial, pero no existe ninguna resolución administrativa que así lo indique y menos la existencia de la figura de precandidato en un independiente, este es el fondo del juicio. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales solicitó el 14 de marzo una orden de aprehensión por considerar que el exgobernador no estaba localizable, a pesar que sus escoltas y camionetas son del gobierno del estado, las cuales cuentan con GPS. El juez local Carlos Alberto Salas González ordenó la prisión preventiva, a pesar de que el delito que se le imputaba no ameritaba arresto, al inculpado se le pudo imponer resguardo domiciliario o colocarle un brazalete. La orden se giró con

base en argumentos totalmente ilógicos: como que su tía vive en Houston y se puede fugar para allá o que hace 25 años radicó por ocho meses en Puebla, sin tomar en cuenta que su visa y pasaporte ya expiraron. El referido juez, con la finalidad de mantenerlo en prisión el mayor tiempo posible, una vez que lo vincula a proceso se declara incompetente para seguir atendiendo el caso, por considerar que es de competencia federal. ¿Por qué no se declaró incompetente desde un primer momento? ¿Es una táctica dilatoria para tenerlo recluido? Después de esta resolución, Rodríguez Calderón ha vivido un calvario procesal. Para alargar el caso hasta donde sea posible, 30 días después otro juez federal se declaró incompetente y pasados otros 10 días el juez Alberto Salas se volvió a declarar incompetente, tocándole ahora el turno al Tribunal Colegiado de Circuito para determinar si el proceso es de competencia local o federal. Hasta que se tenga un juez se revisará la situación jurídica del inculpado, mientras tanto seguirá en prisión por una decisión dolosa. Lo alarmante de este caso es que las irregularidades que se están cometiendo con el exgobernador en cualquier momento se le pueden aplicar a cualquier ciudadano; por esta razón, no podemos permitir que la justicia se siga politizando.

Veto embustero

1 de junio de 2022

El 3 de octubre de 2021, en el Teatro de la Ciudad, Samuel Alejandro García Sepúlveda rindió su protesta como gobernador constitucional, comprometiéndose a guardar y hacer cumplir la Constitución Política del estado. Apenas han pasado ocho meses y ya dejó en el olvido dicho juramento, al negarse a publicar en el Periódico Oficial la Ley de Patrimonio Cultural –por considerar que promueve el sufrimiento animal–, a pesar de que este proyecto de decreto fue presentado en tiempo y forma por el Congreso local. Veamos a continuación. El 8 de abril del presente año, el Congreso del Estado le envió al secretario de Gobierno un decreto en donde se reforma por adición la Ley del Patrimonio Cultural, declarando a la charrería, el jaripeo, las carreras de caballos, las cabalgatas, las peleas de gallos y la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial del Estado; así mismo faculta al Ejecutivo para hacer la declaratoria de cualquier otra actividad que considere pertinente. En lugar de dialogar con los legisladores y hacer llegar sus observaciones a tiempo, el mandatario estatal dejó pasar 48 días para “aparentar” vetar este ordenamiento. El rechazo a esta reforma quedó en evidencia el 20 de mayo, cuando el Oficial Mayor del Congreso solicitó al secretario General de Gobierno, Lic. Javier Navarro Velasco, publicar dicho documento, por considerar que ya habían prescrito los 10 días hábiles que por ley dispone el Ejecutivo para vetar dicho ordenamiento. Por consiguiente, debería de darle el cause administrativo correspondiente y publicarla. No fue así, a pesar de que el funcionario referido es un conocedor del derecho, prefirió violar la Constitución y ser comparsa de su jefe. La semana pasada, Samuel García politizó este asunto, que es estrictamente administrativo, utilizando su mejor herramienta: el Instagram. Mediante esta plataforma le preguntó a sus seguidores si vetaba la declaratoria de patrimonio cultural, debido al sufrimiento animal que se ejercía en las corridas de toros y las peleas de gallos; comprometiéndose a prohibirlas, pero sin especificarles que el periodo legal para vetarla había fenecido.

El gobernador no se anda con miramientos a la hora de montar sus escenarios para las redes sociales: utilizó a los representantes de los grupos proanimales para simular un veto, demostrar autoridad y precupación por la vida animal y así quedar bien con las 34,000 personas que suscribieron la petición de prohibir el maltrato a los animales. Ahora bien, el artículo 71 de la Constitución del Estado es muy claro al señalar que una vez recibido el decreto, el Ejecutivo tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer observaciones, transcurrido dicho plazo, el decreto se tendrá por sancionado debiendo publicarse en el Periódico Oficial en un plazo máximo de 20 días, contados a partir de la fecha en que se haya recibido. Un gobierno humanista no utilizaría un tema tan delicado para darse publicidad, mucho menos, jugar con los sentimientos de las personas y engañarlas, pero este gobierno que está bajo el signo del Instagram carece de sensibilidad y su único objetivo es brindar entretenimiento. En conclusión, Nuevo León requiere un gobierno que respete la ley, pero, sobre todo, que respete a la gente.

Mucha política, poca administración

3 de junio de 2022

“Poca política y mucha administración” la frase viene a la memoria porque todo indica que el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda ha revertido este eslogan, sin medir consecuencias y sin cuidar las formas, dedica la mayor parte de su tiempo a cuestiones políticas: como enfrascarse con la Fiscalía del estado y los diputados locales, a llevar agua a su molino, esto es, incorporar a su partido a alcaldes y legisladores que llegaron al poder con otras siglas partidistas, entre otras acciones. Hace todo, menos lo que debe: administrar el gobierno estatal. Un gobernador humanista estaría concentrado día y noche en los asuntos que hoy preocupan a los nuevoleoneses, en resolver la crisis del agua, la inseguridad y los resabios de la pandemia; en lugar de aplicarse a estos problemas, anda metido de tiempo completo en acarrearle apoyo político a Movimiento Ciudadano, veamos a continuación. En las últimas semanas, la ocupación del titular del Poder Ejecutivo es llegar a tener mayoría en el Congreso estatal, de seis diputados ninguno electo por mayoría, su grupo legislativo se ha incrementado a 11, sólo les hacen falta tres curules más para controlar el Poder Legislativo. Donde ha tenido un campo más fértil es en los municipios, ya que de ocho ayuntamientos ganados pudo convencer con la fuerza del presupuesto estatal a 14 alcaldes –que habían ganado por medio de otro partido político–, ya lleva 22 pero amenaza que va por más. Mientras que el gobernador está obsesionado en tener un Poder Legislativo dócil y controlar más municipios, los problemas que le competen van en aumento.

1. Agua y Drenaje. Lo único que ha realizado en estos ocho meses de gobierno es incrementar las tarifas de una manera alarmante, en reciprocidad le ha devuelto a los usuarios cortes en el suministro del vital líquido de una manera desordenada, el gobierno amenaza que las restricciones del agua se van a incrementar, así como los recibos, su solución es que la naturaleza resuelva la crisis hídrica mediante un huracán.

2. El Covid. Nuevo León registra un repunte de contagios, a la fecha ocupa el segundo lugar nacional, con 944 casos activos, solamente superado por la Ciudad de México, que contabiliza 4,912 casos. A pesar de que la alerta de la posible alza se dio desde principios de mayo, el gobierno estatal dejó de presentar informes diarios sobre el comportamiento de la pandemia y el gobernador desde semanas atrás daba luz verde para que no fuera obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados.

3. El Metro. A partir del miércoles 1 de junio, se incrementó la tarifa a pesar que los usuarios sufren un calvario por el pésimo estado que guardan los vagones y las instalaciones. La cantaleta de modernizar la movilidad sigue siendo un sueño guajiro y respecto al deterioro de los trenes y la infraestructura no le preocupan al gobernador, ya que no es su culpa, es: “herencia del ´Bronco´”. 4. Seguridad. En el mismo tenor anterior, para justificar los pésimos resultados de su secretario de Seguridad Pública, Lic. Aldo Fasci Zuazua, Samuel García señaló al exsecretario de Gobierno del sexenio anterior como el responsable de todos los problemas de seguridad que aquejan a Nuevo León en estos últimos cuatro años. ¿Quién le va a creer? Al defender lo indefendible, solamente demuestra el compromiso que tiene con Fasci Zuazua. A la fecha, siguen incrementándose los homicidios y la violencia de género. Un gobierno que tuviera como prioridad a la ciudadanía, desde su primer día de labores hubiera emprendido acciones eficaces, lamentablemente el titular del Palacio de Cantera sigue bajo el signo del Instagram y está obsesionado en querer controlar todo, sin importarle que las y los nuevoleoneses salgan perjudicados por cometer tantos excesos y equivocaciones. En conclusión, Nuevo León necesita de un gobernador enfocado en lo único importante: la gente.

Cleptocracia en Nuevo León

9 de junio de 2022

La palabra cleptocracia deriva del griego “clepto”, robo, y “cracia”, poder, esto significa: el dominio de los ladrones o dicho en otros términos: la institucionalización de la corrupción. El clientelismo y el peculado se han convertido en moneda de cambio de la clase política de Nuevo León, que goza de impunidad y utiliza el poder para incrementar y proteger su patrimonio personal. Esto viene a colación porque en las últimas semanas los políticos demostraron cuál es su único interés: ellos mismos, veámoslo a continuación. A pesar de que el partido del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda no tiene votos suficientes en el Congreso del estado, esto no impidió que la mayoría de los diputados, de manera peculiar, votaron todo lo que les envió el jefe del Ejecutivo, como el aumento a los impuestos, creación de nuevos gravámenes y, para Ripley, en tan sólo 15 días aprobaron en primera vuelta la nueva Constitución en donde se fortalecen las atribuciones del titular del Ejecutivo; por ejemplo, se le amplia al doble el plazo para vetar una ley y se le faculta para encarcelar a aquellos que lo critiquen, sólo por mencionar algunos preceptos. Por si esto no fuera suficiente, los partidos políticos decidieron voltear hacia otro lado cuando se aprobó el aumento al transporte público, peor aún, el diputado que participa en el Consejo de Administración de Agua y Drenaje prefirió abstenerse antes que votar en contra por el aumento a las tarifas. ¿Por qué? La complacencia de los dirigentes políticos y de los diputados ¿a qué se debió? Hasta aquí todo era miel sobre hojuelas entre gobernador y legisladores. Lo que parecía una interminable luna de miel se apagó hace unos días cuando alguien sacudió el avispero. El pacto mediante el cual todos obedecían al jefe de jefes se rompió cuando se filtra que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado (UIFE) pidió información al municipio de Santa Catarina sobre uno de los personajes (zares) que manejan la sucursal de Acción Nacional. El ambiente político fue intensificándose cuando la UIFE filtra los 41 bienes que posee el principal operador que ha manejado los últimos 20 años al municipio

de San Nicolás de los Garza, quien forma parte del trío que controla los destinos del PAN en el estado. Como se estaban poniendo en riesgo los intereses de los políticos, estos actuaron de inmediato para protegerse y simular desacuerdos con el gobernador, por ejemplo, montaron un circo en el Metro para, ahora sí, indignarse por el aumento en este medio de transporte, hasta amenazar con quitarle la UIFE. Con estas acciones los políticos demostraron que son capaces de trabajar en armonía, de una manera decidida y expedita, lamentablemente esto no sucede cuando están en juego los intereses de la gente. Así deberían de actuar cuando los ciudadanos salen afectados por las malas decisiones del gobierno, como la falta del vital líquido, pasando por un pésimo transporte público o hasta la inseguridad que va en aumento. Mientras la población enfrenta estos graves problemas, el Gobernador sigue bajo el signo del Instagram, muy entretenido, contando historias de policías y ladrones. Los políticos se han convertido en una plaga que invade todos los ámbitos de la administración pública. En conclusión, Nuevo León no merece la clase política que tiene, porque no están enfocados en lo único importante: la gente.

Diputados de pacotilla

3 de agosto de 2022

La Constitución Política del Estado de Nuevo León en su artículo 63 establece las atribuciones de los diputados locales. Son más de 50 lineamientos, siendo las funciones primordiales las relacionadas con dictar y aprobar leyes, decretar las contribuciones necesarias para el funcionamiento de la administración estatal, aprobar el presupuesto anual, fiscalizar el gasto público, designar algunos funcionarios, pero, sobre todo, defender los derechos de la ciudadanía –a la cual representan– así como buscar soluciones a los problemas de su distrito.

Sin embargo, la realidad nos muestra que el Congreso del Estado cada día que pasa se aleja de las necesidades reales de la gente, ya que esta secuestrado por una cúpula partidista que lo único que hace es velar por sus intereses, veámos a continuación.

La lealtad, por no decir sumisión, de los diputados locales sólo esta comprometida con sus líderes partidistas, un reducido grupo de políticos que monopolizan el funcionamiento del PAN, PRI y MC, ellos son los que desginan candidatos, por lo tanto, consideran que a ellos les deben el cargo público, de tal manera que su futuro político esta ligado al capricho de las cupulas partidistas, no quedándoles más opción que obedecer ciegamente y callar sus inconformidades para no perder el beneplácito de sus jefes, mencionare solamente tres casos:

1. En marzo de este año, el Consejo de Administración de Agua y Drenaje votó el incremento del costo del agua y el representante del Congreso en lugar de oponerse, se abstuvo de votar y cuando se propuso crear una nueva tarifa denominada ‘’ecológica’’ –una excusa para incrementar el recibo–, votó a favor; o sea, los diputados locales en público manifiestan que están en contra del aumento, pero en privado votan a favor. ¿Más descaro? ¡Imposible!

2. Cuando la gente está distraída por las fiestas decembrinas y el año nuevo, aprovechan la euforia colectiva para incrementar los impuestos, principalmente los prediales; en esta insensible acción me ha tocado escuchar la mis-

ma cantaleta tanto de diputados del PAN como de MC: que no es un aumento, es una actualización catastral. ¿Cómo? Para justificar cada año el aumento del predial dicen que es una ‘’actualización’’, ¿a quién quieren engañar? Esta es una de las mentiras que tienen que decir, es la actuación que deben de realizar en público para no perder la “bendición” de su jefe.

3. Esta semana acaba de aumentar de nuevo el Metro y para noviembre la tarifa costará $6 pesos. Cuando se anunciaron los aumentos al transporte publico el Congreso local no manifestó ninguna inconformidad, los legisladores se hicieron de la vista gorda. Pero cuando se difundió la noticia de que se estaba investigando por presunto enriquecimiento inexplicable a dos de los caciques del PAN, de inmediato los diputados albiazules sacaron su enojo e inconformidad por los aumentos al Metro y montaron un sainete en una terminal. ¡Qué hipócritas y qué ridículos!

Un congreso humanista se hubiera opuesto a la alza de impuestos y del transporte público, por transgredir la economía familiar y hubiera apoyado el combate a la corrupción aún tratándose de sus correligionarios, pero estos legisladores de pacotilla que ignoran los preceptos constitucionales solamente saben obedecer la voluntad de sus patrones. Se les olvida que fue la ciudadanía la que votó por ellos y que su dieta, bastante generosa, por cierto, se paga con los impuestos de los ciudadanos.

En conclusión, las personas que determinan qué y cómo votar no están en el Congreso, están cómodamente en sus oficinas, poniéndose de acuerdo en lo oscurito para dirigir el rumbo del poder legislativo y para eso tienen a sus corifeos parlamentarios.

Nuevo León requiere que las y los legisladores actúen con legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad, mirando en todo momento por lo más importante: la gente.