No. 19 Darle credito al campo

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17 de abril de 2009 • Número 19 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

DARLE

CRÉDITO AL CAMPO


17 de abril de 2009

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DINERO LLAMA DINERO

Suplemento informativo de La Jornada 17 de abril de 2009 • Número 19 • Año II

“El grito que ahora resuena de una punta a otra del mercado es: ¡No hay más mercancía que el dinero!”

COMITÉ EDITORIAL

Carlos Marx

“L

Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

PORTADA: Francisco Toledo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

os denarios no huelen”, espetó el emperador Vespasiano a los romanos que hacían chistes guarros a costa su impuesto a los mingitorios. Y es verdad: emancipado del olor, textura y sabor de los valores de uso a los que representa en tanto que son mercancías, el medio de cambio universal adquiere metafísica vida propia. Pero no sólo eso, a la larga en vez de que su flujo acompañe al de la producción material ésta acaba uncida al fantasmal movimiento del dinero. La feria, la guita, la mosca, la marmaja sirve para muchas cosas: es medida del valor, equivalente universal, medio de pago... pero no es una mercancía como las demás. “El dinero no tiene precio”, escribió Marx, y cuando se le empieza a comprar y vender al margen de la producción y circulación efectivas, cuando la esfera de las finanzas se alebresta saliéndose de madre, la economía sufre. Lo dijo Aristóteles: “La usura es odiada, y con toda razón, pues aquí el dinero es fuente directa de lucro y no se le emplea para lo que se inventó. Pues el dinero se creó para el cambio de mercancías y el interés... es dinero de dinero, es decir la más antinatural de todas las ramas del lucro”, y lo repitió Marx : “En el capital a interés la fórmula dinero-mercancía-dinero incrementado se reduce a los dos extremos escuetos: dinero que se cambia por más dinero, lo que contradice la naturaleza del dinero”. Esto fue lo que ocurrió durante las tres décadas de libertinaje financiero que culminaron en la megacrisis que nos tiene contra las cuerdas: por un tiempo el dinero fue abundante y barato de modo que la economía se expandió con base en endeudamiento excesivo. Pero la mecánica del negocio financiero “normal” es muy semejante a la permanente huida hacia delante en que consiste la estafa de Madoff, de modo que con tal de colocar más y más dinero se apalancó a personas insolventes y a mayor riesgo mayores eran las tasas de interés, pero cuanto más elevadas eran las tasas mayor era el riesgo de que el deudor cayera en mora... Y así hasta que los intereses se volvieron impagables y se derrumbó el mercado de dinero, debacle financiera que se trasmina a la llamada “economía real” y de ahí a la vida de la gente. Ante la crisis socio-ambiental muchos alegamos que el hombre y la naturaleza no son mercancías. Ahora, con la debacle económica, habrá que enfatizar que tampoco el dinero lo es. A mediados del siglo XX Karl Polanyi formuló juicios que nos caen como ataúd al muerto: “El punto es que el trabajo, la tierra y el dinero son elementos esenciales de la industria y deben ser organizados en mercados. Pero el postulado de que todo lo que es comprado y vendido debe haber sido producido para la venta es falso respecto a ellos. El trabajo es solamente otro nombre de la actividad humana, la tierra es otro nombre de la naturaleza, el dinero es un símbolo del poder adquisitivo. Permitir que el mecanismo del mercado sea

el único director de la suerte de los seres humanos, de su medio natural y aun del monto y uso del poder adquisitivo, terminaría en la demolición de la sociedad. En particular la administración del poder adquisitivo por el mercado liquidaría periódicamente la iniciativa comercial ya que las faltas y excesos de dinero resultarían tan desastrosos para los negocios como las inundaciones y sequías para la sociedad primitiva”. Y es que si tras del mercado de fuerza de trabajo subyace una relación de explotación, tras del mercado de dinero se esconde la especulación. Perversidad intrínseca que sólo se redime cuando los llamados servicios financieros dejan de ser un negocio en sí mismo y se someten a las necesidades de la producción y del consumo. El desencuentro espaciotemporal entre los requerimientos y la disponibilidad de los re-

Bertold Brecht. Los negocios del señor Julio César (fragmentos) Y a pesar de todo se dice la verdad cuando se afirma que el comercio ha impuesto un toque humano en las relaciones de los hombres (...) ¿No es acaso más clemente la muerte por hambre que la muerte por espada? (...) Tiene que haber sido un comerciante el que pensó por primera vez que de un hombre se pueden extraer cosas mucho más valiosas que sus entrañas. En la política sucede lo mismo que en la vida puramente comercial. Las deudas pequeñas no son una recomendación; las deudas grandes son ya otra cosa: Un hombre que tiene deudas realmente grandes inspira respeto. Ya no es él solo el que tiembla por su crédito; también tiemblan sus acreedores. Hay que arrimarlo a grandes negocios para evitar que sucumba a la desesperación. No se puede evitar su trato pues es preciso intimarlo constantemente. En resumen, este hombre se convierte en una potencia. Así ocurre con el político que ha sufrido suficientes derrotas. Su nombre está en todas las bocas. Los que lo han seguido están en mala situación; por lo tanto siguen necesitando de él. Se han acostumbrado a él y solo de él esperan un mejoramiento de su situación. Tampoco lo dejan caer los que le han confiado encargos... Sabe demasiado para abandonarlo. La principal dificultad estriba en llegar a los grandes negocios, cuando se ha llegado a ellos es difícil para los demás sacarlo a uno de allí. No tiene mayor importancia que los manejos de un hombre tengan siempre buenos resultados. Mientras más grandes sean esos resultados más grande será ese hombre.

cursos económicos hace del crédito palanca imprescindible de la economía de mercado. Pero así como el empleo de los recursos sociales y naturales debe sujetarse a consideraciones que no son sólo las del lucro sino las de la reproducción del hombre y el medio, la operación del dinero a interés no puede responder únicamente a la rentabilidad financiera sino también y fundamentalmente a los requerimientos de la producción y el consumo. Como la de los bienes colectivos naturales y sociales, la de los servicios financieros debe ser una economía moral, pues en rigor la única banca legítima es la banca de desarrollo. El marcado desencuentro temporal entre ingresos y egresos propio de una actividad estacional como la agropecuaria, se agrava en el caso de los pequeños productores rurales que empujados por la necesidad de sobrevivir terminan pagando más que otros demandantes tanto por los bienes de consumo, como por los insumos productivos y por el dinero a crédito, porque es sabido que la banca comercial no apalanca a los campesinos y que los usureros les cobran intereses desmesurados. Pero los servicios financieros son de vida o muerte para las familias rurales no sólo en los ámbitos de la producción y la comercialización sino también en los del ahorro y el consumo, diversidad de actividades que en su caso se entreveran configurando una lógica reproductiva unitaria distinta tanto de la que rige en la empresa privada como de la que opera con el consumidor asalariado. El Banco Grameen, de Bangladesh, que trabaja principalmente con mujeres, atiende a más de dos millones de familias campesinas sin tierra dispersas en 34 mil poblados y tiene tasas de recuperación del 98 por ciento, las instituciones financieras rurales (IFR) de Indonesia y las múltiples cajas de ahorro y préstamo que operan en México pueden considerarse exitosas no tanto por que tienen viabilidad financiera y no dependen de subsidios por subsistir, como por que gracias a ellas han mejorado las condiciones de vida y trabajo de sus clientelas. Si estos organismos financieros funcionan satisfactoriamente es porque responden a una lógica de economía moral y porque se apoyan en una organicidad rural preexistente sin cuyos recursos no habrían podido resolver con solvencia los problemas derivados del alto riesgo e incertidumbre consustanciales a la pequeña producción rural, así como las tensiones provocadas por los altos costos de transacción que supone el número, dispersión, pequeñez y diversidad de requerimientos de los solicitantes. Y sus aportes no consisten sólo en facilitar la producción y el consumo mejorando el ingreso monetario de las familias, sino también en una serie de beneficios que para los socios son esenciales y no las “externalidades” que dicen los economistas: fortalecimiento de la autoestima y de organización social, empoderamiento de las mujeres que son las principales usuarias, desarrollo de servicios de salud, saneamiento ambiental, acceso a los alimentos, vivienda, educación, capacitación. Avances que se facilitan si las IFR van acompañadas de políticas de desarrollo rural y fomento agropecuario de las que son palanca.

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Disputa por el campo en tiempos del benemérito (A quien tocó portada nomás porque de haber hecho caso del danzón, el mes pasado hubiera acabalado 203 años) Cumple 150 y no cien y 200 años como la Independencia y la Revolución, de modo que la Reforma no será muy manoseada en los próximos meses. Pero también a mediados del XIX, en los debates del Congreso del que saldría la Constitución de 1857, se jugaban el destino de la patria y el curso del campo mexicano.

Aquí están las actualísimas voces de los oss ccon constituyentes n agraristas: Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos terrenos que podrían dar subsistencia a un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos gime en la más horrenda pobreza. Poseedores de tierras hay (...) que ocupan (...) una superficie mayor que la que alcanzan nuestros Estados Soberanos y aun más dilatada que la que alcanzan algunas naciones de Europa. ¿Hemos de practicar un gobierno popular, y hemos de tener un pueblo hambriento, desnudo y miserable? ¿Cuándo y cómo se piensa en la suerte de los proletarios, de los que llamamos indios, de los sirvientes y peones del campo que arrastran las cadenas de la (...) servidumbre? Divagamos en la discusión de derechos y ponemos aparte hechos positivos. La Constitución debiera ser la Ley de la tierra. Es necesario destruir (...) el privilegio antiguo (...) que concede el suelo a un pequeño número de individuos. El derecho de propiedad consiste en la ocupación o posesión (...) pero no se declara, confirma y perfecciona sino por medio del trabajo.

Ponciano Arriaga Así, la violencia autorizada vino a ser uno de los primeros títulos de propiedad (...) La propiedad, pues, y la esclavitud, reconocen como título primitivo la inhumanidad (...) Pero hay otro todavía (...) La usura, la perfidia, el frío cálculo, vinieron por último a completar los títulos de la propiedad y de la esclavitud. La tierra debe pertenecer a todos los hombres. No hay propiedad legítima de terreno si es mayor que el que puede cultivar personalmente una familia. A los que queremos reformas e innovaciones, se nos contesta, no es tiempo. No es tiempo se nos grita a todas horas, y con tal cara y tales contorsiones que hasta los progresistas nos volvemos asustadizos.

Isidoro Olvera

El pueblo espera de vosotros, señores diputados, (...) que no os limitéis a las fórmulas de una organización meramente política, o por mejor decir, que adaptéis esta misma organización a nuestras necesidades sociales. Para cortar tantos males no hay (...) más que un medio, y es el de dar propiedad a los indígenas. Todo ciudadano que carezca de trabajo tiene derecho a adquirir un espacio de tierra cuyo cultivo le proporcione la subsistencia (...)

LLos lliberales tenían influencia de Proudhon, Owen y Fourier, de Prou este último por medio de su discípulo Víctor Considérant, quien en pu una carta al general intervencioun nnista francés Bazaine hace un análisis inmejorable de la oportunidad perdida por el de Guelatao.

José María Castillo Velasco La abolición de la servidumbre que atenazaba sobre todo a los indios y la concepción social de la propiedad agraria sustentada en la ocupación y el trabajo, se debatieron intensamente en el Constituyente de 1856-57. Pero a la postre no pasaron. Indio y todo, Benito Juárez permitió que la Ley de desamortización de las tierras en manos de las corporaciones, orientada a expropiar a la Iglesia (el mayor terrateniente del momento), a fortalecer la pequeña y mediana propiedad y a financiar la revolución política se extendiera sobre las ya mermadas tierras comunales de los pueblos. El saldo fue la concentración territorial en manos de nuevos latifundistas laicos y las rebeliones de los grupos populares afectados, que en muchos casos hicieron causa común con los conservadores, con la Iglesia y aun con el Imperio. Algo se enmendó con la Ley de Nacionalización, pero de todos modos la corriente hegemónica del liberalismo perdió la oportunidad de reivindicar la causa libertaria de las comunidades indígenas, que por estos años se sublevaban en los estados de Querétaro, Veracruz, Michoacán y Puebla.

Si queréis ueréis un ejército, un gobierno gob y un pueblo en México hay que suprimir ell peonaje (...) Juárez es un indio (...) Pero esta reforma, que de todas pareciera ser la más propia de él, ¿la ha realizado? Que la haya favorecido in petto, no tengo duda alguna. Infiero pues, que ni él ni los otros hombres dotados de sentimientos realmente avanzados y honorables se atrevieron a proclamarla y realizarla (...) Cuando se despertaban todas las fuerzas vivas de la nación para combatir la intervención, si (Juárez) hubiese proclamado la abolición del peonaje, corolario indispensable de la Reforma, y si hubiese acompañado la medida emancipadora con una ley agraria dotando de tierra a todos los peones, nuestro ilustre Forey no hubiera tenido que prepararse Pueblas para alcanzar el bastón (...) Los hombres convencidos del partido liberal perdieron su mejor oportunidad (...) por no haber manumitido a los siervos.

Víctor Considérant Textos editados por A. B. y tomados de Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, Ediciones INJM, México, 1964; Daniel Moreno, Los hombres de la Reforma, Costa Amic, Editores, México, 1961; Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano. Tres tomos, Fondo de Cultura Económica, México, 1974; Ralph Roeder, Juárez y su México, Fondo de Cultura Económica, México 1972; Francisco Zarco, Congreso extraordinario Constituyente 1856-1857, Secretaría de Gobernación, México, 1957.


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FINANZAS RURALES FOTO: Roberto García Ortiz / La Jornada

SÓLO 30 POR CIENTO DE PRODUCTORES ACCEDEN AL CRÉDITO • ”Estamos cambiando a favor de los productores pequeños”, dice FIRA • Son necesarios los intermediarios para atender a los campesinos dispersos Lourdes Edith Rudiño

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i se consideran los antecedentes de lo que fue el Banrural, la banca de desarrollo enfocada al campo en México cumple 81 años de existencia este 2009, y sin embargo de los 6.1 millones de unidades de producción agrícola que hay en el país tan sólo 1.5 millones están en condición de acceder al crédito. Rodrigo Sánchez Mújica, director de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), reconoce esta situación (que fue definida así desde 2005 en una evaluación del FIRA hecha por Banco Mundial) y acepta que el grueso de los campesinos sin posibilidad de ser financiados “tiene necesidades que desafortunadamente cubren con el agio, con créditos de usura que llegan a costarles 10 por ciento mensual, o se autofinancian con familiares o con recursos procedentes de empleos urbanos y de proveedores”. Un factor básico determinante es que los campesinos de autoconsumo simplemente no califican para el crédito formal. En entrevista, el director de FIRA –institución con 55 años de vida y principal fondeadora del medio rural— afirmó sin embargo que son injustos los señalamientos de que la banca de desarrollo orienta su atención sólo al agronegocio y carece de sentido social. “Muchas veces la información que se maneja es resultado de percepciones de cómo eran las cosas dos o tres años atrás. Estoy en FIRA desde hace dos años y tenemos la encomienda de Hacienda y de Banco de México de atender con prioridad a los productores de ingresos medios y bajos. Previamente FIRA se había enfocado más hacia los agronegocios: a las empresas más grandes, más competitivas a nivel global y se había alejado de su propósito original, que es apoyar a los productores de bajos ingresos. Pero las cosas han cambiado”, dijo. Ha habido un avance muy importante en términos de dinero, pues el descuento total de FIRA, de 52 mil 994 millones de pesos en 2006, creció en 31 por ciento real en 2008, a 76 mil 710 millones de pesos, y las garantías sin fondeo aumentaron en 30 por ciento real, de 9 mil 852 millones a 14 mil 136 millones de pesos, y se prevé que para 2009 –cuando el crecimiento del sector agroalimentario será moderado, por la crisis económica, aunque tendrá el motor de la sustitución de importaciones debido al peso devaluado— ambos rubros aumentarán 10 por ciento. Además, entre 2006 y 2008 los recursos canalizados a los productores de ingresos bajos y medios (PD1 y PD2) pasaron de represen-

tar 36 a 45 por ciento del total fondeado por FIRA. Y se duplicó el número de productores que recibieron recursos crediticios de esta institución: en 2006 sumaron 898 mil 283 y para 2008 fueron un millón 909 mil 917, de los cuales 97 por ciento correspondieron a PD1 y PD2. El funcionario aclaró que estos recursos y productores implican no sólo labores agrícolas, sino otras económicas muy importantes para poblaciones de hasta 50 mil habitantes (industria, servicios, transporte, comercio). También precisó que, si bien es cierto que hay agronegocios que reciben fondeo de FIRA, ello ocurre sólo cuando están vinculados en cadenas de producción, y por tanto funcionan esas compañías como vehículo para hacer llegar el recurso a sus proveedores, esto es a pequeños productores primarios. Sánchez Mújica dijo que FIRA tiene el propósito de elevar cada vez más la atención a pequeños y medianos productores, pero también fortalecer los créditos con capacitación y asistencia técnica (servicios éstos que crecieron en FIRA en 169 por ciento en los dos años recientes), pues ello redunda en mayor productividad, mejor nivel de vida y capacidad de pago. Evaluaciones externas hechas a FIRA por la Universidad Autónoma Chapingo y el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) muestran, dijo, que el crédito por sí solo eleva los ingresos de los productores en 24 por ciento, la asistencia técnica en 28, y si van juntos en 42 por ciento. “Esto nos dice que por allí debemos avanzar, porque no sólo se trata de facilitar el dinero, como se hizo en el pasado con Banrural. En 1993, cuando el campo vivió una crisis financiera anticipada a la nacional (de 1994-95), el financiamiento al agro era mayor al Producto Interno Bruto sectorial, pero el sistema era insostenible: el Banrural daba dinero como si fuera crédito (en realidad resultaba subsidio) y el campesino hacía como que iba a pagar, pero año con año los créditos se condonaban”. Había una cultura de no pago del crédito, fomentada por Banrural, que propició carteras vencidas de hasta 50 por ciento en el sector agropecuario y la salida de la banca privada de este crédito. Y Banrural, que llegó a tener 30 mil empleados –en comparación con los menos de dos mil que hoy cuenta FIRA y mil 200 de la Financiera Rural— debió ser saneado en 1982 en 50 por ciento de su cartera y para 2002 requirió un nuevo saneamiento de la misma magnitud. Cero para los de autoconsumo. Con tales antecedentes, el funcionario afirmó que FIRA está muy atenta a cuidar el patrimonio

y si bien tiene el mandato de ir creando sujetos de crédito, “nuestro mercado es restringido: el crédito no es para las actividades de autoconsumo y buena parte de los campesinos se dedican a ello”. FIRA, que trabaja desde el segundo piso, con intermediarios, opera vía 19 bancos que son los que canalizan 84 por ciento de los recursos; el resto llega a los productores por conducto de 41 intermediarios financieros no bancarios, como Sofoles, Sofomes y uniones de crédito, “y vamos a ampliar este último número, además de empezar a operar también con cajas y entidades de ahorro y crédito popular; estamos evaluando con Fonaes (Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad) aquellas cajas más establecidas, más grandecitas. Incorporarlas elevará de forma sustancial la intermediación”. La institución está buscando acreditar a intermediarios que se ubiquen en regiones donde son escasos o nulos como la Península de Yucatán y Tabasco. “Las regiones más atendidas hoy son el sur y sureste del país. Hay nuevos (intermediarios) que incluso están saturando Oaxaca y Chiapas”. Rodrigo Sánchez reconoció que es una tarea del país integrar a los muchos pobladores rurales hoy excluidos no sólo del crédito, sino del conjunto de servicios financieros como el ahorro y el seguro, y que partimos con desventaja en el contexto de América Latina. “Andamos muy mal. Perú, Ecuador, Bolivia... tienen niveles de penetración financiera mejores que México (...) Un problema es que en México hacen falta 80 mil especialistas en el otorgamiento del crédito que no podemos crear de la noche a la mañana”. Ante los señalamientos de que la banca de desarrollo derrama demasiados subsidios en la intermediación del crédito y que ésta se vuelve en sí un negocio que encarece el crédito, afirmó que en efecto existen tales subvenciones pero se justifican porque “el crédito rural es muy caro en su administración y a ello se suman riesgos climatológicos y de mercado”, estos últimos que se están abatiendo con contratación de seguros y agricultura por contrato vinculados al financiamiento. “Es muy cara la originación y la dispersión del crédito rural porque los agricultores están dispersos. Hay uno aquí y otro a 10 kilómetros y otro a 50. Tenemos apoyos especiales para que los intermediarios abran sucursales remotas, que contraten gente especializada en captar productores de bajos ingresos, y apoyamos también la capacitación para hacer sujetos de crédito.

“A nosotros nos interesa que el subsidio llegue directamente al productor y por eso estamos también operando con intermediarios financieros de los propios productores. La Sofom de ANEC (Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo) es una, los cañeros tienen Sofoles, vamos a autorizar muy pronto una de una organización de la Confederación Nacional Campesina. Así queremos abatir la intermediación y también los costos del crédito y las tasas de interés, aunque hasta ahora –viendo por ejemplo cómo trabajan las Sofoles cañeras—pues hay mucho parecido (en cuanto a costos) respecto de como lo hacen los bancos porque lo caro del crédito rural en su administración”. Explicó que FIRA maneja la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIE) para todos sus fondeos, aunque a los beneficiarios de más bajos ingresos –los que ganan hasta mil salarios mínimos al año, esto es 50 mil pesos anual–, es TIE menos seis por ciento para el intermediario. Y lo que cobran los intermediarios varía, desde cero, como lo hacen grandes empresas, hasta algunos que cobran seis por ciento, o sea la TIE, y si los intermediarios trabajan con parafinancieras (esto es se amplía el número de intermediarios con proveedores de insumos o comercializadores) los cobros pueden llegar a ser de TIE más tres o cuatro puntos. “En promedio la tasa que cobran los intermediarios va de nueve a 11 por ciento”. Consideró que FIRA y en general la banca de desarrollo va en la dirección correcta de fomentar cada vez mayor número de intermediarios financieros, aunque el proceso es lento. “En 2004 no había ningun intermediario no bancario, ahora tenemos más de 50, y en el caso de FIRA participan en 18 por ciento del financiamiento. Creo que en un momento esto se va a detonar. A la vuelta de dos o tres años vamos a ver un crecimiento importante”. Respecto de la situación del financiamiento rural en general en México –que no ha logrado recuperarse después del desplome de 1993–, el entrevistado afirmó que FIRA presta hoy mucho más de lo que registraba en ese entonces; que la banca privada ha elevados sus montos en forma sustancial respecto de 2004 aunque sigue debajo de 2003, y en lo relativo a Banrural –hoy convertido en Financiera Rural–, “hay que ver las cifras con mucho cuidado, pues buena parte de lo que se reportaba como cartera eran créditos reestructurados, no crédito nuevo; había refinanciamiento de intereses y eso inflaba mucho las cifras”.


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Dos bancos, misma clientela

MINIFUNDIO Y ESCASA PRODUCTIVIDAD MARGINAN AL CAMPESINADO DEL CRÉDITO: FINRURAL

FOTO: María Meléndrez Parada / La Jornada

Entre los sujetos de crédito es común escuchar que Fideicomisos Insitutidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Financiera Rural (Finrural) compiten por los mismos clientes y no tiene sentido que prevalezcan ambas; que debería haber una fusión. Consultados sobre ello, los directores de las dos instituciones, responden:

Enrique de la Madrid (Finrural): Es un tema en el que inevitablemente tenemos que reflexionar. Por lo pronto, hace unos días el presidente Felipe Calderón envió una iniciativa legislativa que permitirá –como ocurría antes con Banrural—que la Finrural reciba financiamientos de FIRA. Esto es algo que quisimos empujar porque si por alguna razón FIRA tiene excedentes que no se pudieran colocar vía la banca comercial, y nosotros estamos llegando a nuestro tope de capital, resulta injusto que la Finrural deba acudir al Congreso a pedir más recursos en lugar de acceder a los de FIRA. En cuanto a la fusión, es algo que debemos poner sobre la mesa. Si llegas a presentarle al Congreso esa opción bajo el argumento de que las dos instituciones hacen cosas parecidas, es inevitable que a los legisladores les interese la idea. Por ahora, la prioridad debe ser buscar mayor coordinación entre las dos, como ya ocurre con programas que trabajamos en forma conjunta. En la iniciativa legislativa mencionada se prevé la fusión de Nacional Financiera y Bancomext. Hay quienes critican esto, pues lo ven como un desmantelamiento. Debemos verlo al revés: en una economía abierta para qué quieres dos bancos de desarrollo atendiendo a la misma clientela.

FOTO: Enrique Pérez S. / Anec

Rodrigo Sánchez Mújica (FIRA). Cuando se creó la Finrural, yo trabajé allí, en 2003. Su propósito era ampliar el volumen de crédito al campo, no competir con la banca privada, irse hacia nuevos acreditados; así, la Finrural no compite con nosotros. Finalmente llegamos al mismo tipo de productores y tenemos programas muy similares.

Lourdes Edith Rudiño

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l grado de penetración del financiamiento a la agricultura (desde la banca de desarrollo y la comercial) es muy bajo respecto del Producto Interno Bruto (PIB) sectorial; fue de 24 por ciento en 2008, en comparación con casi 40 por ciento que registra Brasil, afirmó Enrique de la Madrid, director de la Financiera Rural (Finrural), y dijo que son dos factores los que explican la situación: 1.- La insuficiencia de sucursales bancarias en el medio rural –“muchísimos municipios carecen de bancos”–, y ello es crítico pues alrededor de 80 por ciento del crédito rural en el país se otorga por medio de los bancos privados, si bien hay esfuerzos de la banca de desarrollo por colocar cada vez más vía intermediarios no bancarios. Y 2.- La estadística del PIB en el análisis de penetración financiera resulta distorsionante, pues en ese indicador participa la producción que generan los campesinos de autoconsumo, “quienes en sentido estricto no son nuestra clientela; sus predios son de dos hectáreas y en un sistema financiero un requisito para el negocio es que tengas clientes que te puedan pagar el préstamo”. Estos campesinos de autoconsumo representan 74 por ciento del total de productores –son la gran mayoría y no están en condiciones de ser sujetos de crédito–, mientras que sólo seis por ciento de los productores tienen condición competitiva desde la perspectiva global y “están muy echados para adelante”, y un 18 por ciento están en etapa de transición, dijo De la Madrid Cordero considerando las más recientes cifras de censo del INEGI. “Si no hacemos cambios de fondo para que esos productores sean negocios más viables, no veo cómo vamos a aumentar el nivel de penetración del sector financiero. No bastaría tener más intermediarios en más lugares; lo que necesitamos es desarrollar clientela”, comentó el director de la Finrural, institución nacida en 2002 en sustitución del Banrural y que en 2008 otorgó créditos por un récord de 23 mil 698 millones 800 mil pesos, 30.7 por ciento real más que en 2007, a favor de 102 mil productores y empresarios rurales. Economía de escala. El funcionario consideró que la fragmentación de la tierra –hoy mayor que en 1992 cuando se modificó el artículo 27 constitucional para dar flexibilidad a la enajenación de la tenencia ejidal— es un obstáculo para que los campesinos prosperen y se vuelvan sujetos de crédito, y lo que se requiere es promover una “consolidación de tierras” en México por medio de la compra-venta de predios o de la asociación de campesinos para producir juntos.

A partir de observaciones internacionales que ha hecho en Chile y Brasil, dijo, “la agricultura, como muchas otras cosas en la vida, es negocio que es más viable en la medida que se basa en más extensiones de tierra”. En otro orden, se consultó al funcionario sobre el rumbo de la Finrural. La Financiera coloca crédito directamente (desde el primer piso) y por medio de intermediarios financieros rurales (ifr) –y “hemos contribuido a que haya más ifr, incluso con programas de recursos fiscales”–; cuando se creó, se estableció que debería transitar del primero al segundo piso en la medida que se desarrollaran ifr. De la Madrid defendió la permanencia de la Financiera en el primer piso, pues no sería conveniente dejar a la banca comercial con

FOTO: Marco Pelaez / La Jornada

FOTO: Enrique Pérez S. / Anec

• Propone fortalecer a la banca de desarrollo y abatir intermediarismo costoso

un predominio en este primer piso, y menos en tiempos de crisis económica, pues, “como ocurre en otros sectores, cuando hay épocas buenas, la participación de la banca privada sube, pero en las malas cae (...) En Brasil dan gracias a Dios a que tienen banca de desarrollo de primer piso pues ésta y la banca comercial con participación estatal son las que dan prácticamente todo el financiamiento rural. “En México con el bajo nivel de penetración financiera rural que tenemos, deberíamos reflexionar si el modelo que tenemos (con la banca comercial dominando el primer piso) es el mejor”. Consideró que lejos de acotar a la Finrural, y en general a la banca de desarrollo, desde el aparato público debería analizarse los beneficios de fortalecerla. ¿Por qué no ampliar sus infraestructura? La Finrural cuenta con 99 agencias en todo el país (contra 500 que llegó a tener el Banrural).

Múltiple cadena onerosa. Mencionó que en Brasil los créditos que se dan a tasas subvencionadas llegan efectivamente a los productores rurales. En nuestro país, en cambio, “le damos a un banco un subsidio para los productores de bajos ingresos y éste se lo presta a una unión de crédito, que luego lo pasa a una parafinanciera, y al cliente le llega a una tasa de 16 por ciento algo que el gobierno prestó a dos por ciento. ¿No sería bueno retachar ese modelo? La intermediación es carísima. Deberíamos hacer las cuentas para ver si mejor invertimos ese dinero (de los subsidios) para construir infraestructura” abrir más sucursales de la banca de desarrollo. Señaló que hay un mandato del presidente Felipe Calderón de vigorizar la banca de desarrollo. Pero “si la administración pasada (de Vicente Fox) se hubiera podido deshacer de esta banca, lo hubiera hecho”. Comentó que la banca de desarrollo ha sido estigmatizada por muchos por experiencias del pasado, los quiebres de Banrural, de Nacional Financiera. “Hay quienes dicen que esta banca es una porquería. No, digo yo, lo que pasó en gobiernos anteriores es que se desatendió la supervisión y afectaron este instrumento muy valioso y casi lo echan a perder. Lo que debemos hacer es no volvernos a distraer, no darle un giro político a la banca de desarrollo (...) Ahora con la crisis muchos bancos comerciales no van a atender en la misma proporción que antes, y la banca de desarrollo tendrá que entrarle al quite. Es aquí donde como país vamos a dar las gracias de tener este instrumento, de que haya sobrevivido”. Por último, el entrevistado destacó que el financiamiento al sector agrícola (proveniente de la banca de desarrollo y privada) ha registrado alzas desde 2007. A precios de enero de 2009 los saldos totales de cartera de FIRA, Banrural, otros bancos de desarrollo y los comerciales sumaron al cierre de 2008 un total de 106 mil 608 millones de pesos, contra 86 mil 830 millones 900 mil de 2006. “Con el vigor dado por este gobierno a la administración, hemos logrado alcanzar los niveles de financiamiento que tuvimos en 2001”. Consideró que la crisis podría ampliar estos montos, debido a que su demanda crecería si muy probablemente se recortan los recursos financieros que entran al medio rural (por flujos de empresas proveedoras de insumos y comercializadoras como Cargill, Monsanto, Pioneer), que son cuantiosos pero no se tienen cuantificados.


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FINANZAS RURALES ES POSIBLE UNA NUEVA BANCA DE DESARROLLO PARA EL AGRO La nueva banca de desarrollo para el campo es aquella que parte de una adecuada identificación de las necesidades financieras de sus clientes, actuales y potenciales, y por ello, para identificar sus prioridades, esta banca debe partir del cliente y sus demandas y no del oferente o del accionista. La nueva banca de desarrollo debe ser además una pieza clave en la promoción, desarrollo y expansión de los mercados financieros rurales y para sectores de bajos ingresos, lo que no quiere decir que debe ser el actor central, pero sí el promotor. ¿Es posible lograr una banca de estas características o es sólo un buen discurso? Es posible. La experiencia de varias entidades de la región y de otras partes del mundo lo demuestra. No es, por cierto, tarea sencilla pasar del viejo modelo de bancos agrarios a nuevos esquemas de bancos rurales enfocados en clientes de bajos ingresos; pasar del mandato de una secretaría o secretario de Estado al de los clientes y el mercado; pasar del crédito a una oferta diversa de productos y servicios financieros; de unos pocos clientes, en su mayoría homogéneos, a una masa de clientes diversos. Pero todo esto no sólo es posible sino que es viable hacer de los bancos de desarrollo, acá y en el resto del planeta, instrumentos de desarrollo, claves para la inclusión, y además hacerlos entidades sostenibles y rentables. Para ello el primer paso es ver cómo lo han hecho otros, desde los clásicos en Indonesia (BRI), Tailandia, Filipinas y Mongolia, cada uno con un modelo distinto, hasta los vecinos de Guatemala, que por mucho tienen el mejor banco de desarrollo rural de la región, o los colegas de Brasil con bancos de desarrollo con fuerte injerencia en el desarrollo de los territorios que atienden, como el caso del Banco del Nordeste de Brasil. México, como el resto de países de la región, está aún en deuda con su entorno rural. Hay todavía mucho por hacer para lograr que las entidades financieras de desarrollo cumplan su rol de promover justamente el desarrollo y en particular el del medio rural. En México se cuenta con un banco de segundo piso como Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que financia infraestructura y crédito en el largo plazo; con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para las operaciones pasivas, y con la Financiera Rural, más orientada a las colocaciones destinadas a capital de trabajo. La tarea de convertir a estas entidades en instrumentos sostenibles de desarrollo compete a las propias entidades financieras de desarrollo que operan en el medio rural, pero también es una tarea que involucra a otros actores que, desde el sector público y la clase política, deben facilitar el proceso, y desde el sector privado y la sociedad civil, deben exigirlo.

omo tercera fuente de divisas del país, las remesas han generado fantasías. Una es la creencia en su capacidad de impulsar la actividad productiva de las familias receptoras. Tal paradigma, visto desde el marco de las finanzas, incita a promover el crédito para estas familias, con el objetivo de ampliar las posibilidades de inversión de las remesas. Sin embargo, al confrontarse con la situación en campo, se observa otra realidad: una investigación reciente realizada con los socios del Microbanco de Pahuatlán en la Sierra Norte de Puebla y con sus familiares migrantes, cuya mayoría está ubicada en la ciudad de Durham, en Carolina del Norte, nos revela que si bien los hogares migrantes tienen una necesidad real de productos financieros, tanto en Estados Unidos como en México, está totalmente desconectada de cualquier proyecto productivo. Los microbancos son cooperativas financieras ubicadas en zonas rurales marginadas, que actúan con una metodología diseñada por la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C. (AMUCSS) y trabajan cada vez más con hogares trasnacionales. Las familias receptoras en zonas marginadas: uso de servicios financieros para aliviar la presión económica en el hogar. En Pahuatlán, municipio de alta marginación, los hogares receptores de remesas se caracterizan principalmente porque la experiencia migratoria está estrechamente vinculada con los ciclos de vida de las familias. Allí la migración hacia Estados Unidos (EU), intensa desde hace unos diez años, es pendular. A cada viaje, los individuos buscan cumplir con un proyecto específico correspondiente a la etapa en el cual se encuentra su hogar. Así, el primer viaje del migrante permite generalmente comprar o construir una vivienda; las remesas se transforman en un ahorro que se gasta en la vivienda a su regreso. La presión económica que conoce un hogar con niños en edad escolar incita al padre de familia a ir o volver al país del norte. Muchas veces, las remesas son el único recurso monetario del hogar. La esposa tiene en el microbanco una cuenta de ahorro corriente en la que deja pequeños montos que puede sacar de manera inmediata en caso de alguna emergencia. Ciertas mujeres tienen una pequeña actividad económica en la comunidad. Suelen pedir créditos en cadena para flexibilizar el manejo de liquidez del hogar: durante la espera de la remesa o de las ganancias del abarrote o de la artesanía, el crédito permite asumir los gastos de la casa y la inversión para el negocio. El migrante en EU: precariedad y uso exclusivo de servicios financieros en la comunidad de origen. En Durham los migrantes expresan de forma unánime su voluntad de ahorrar. Son muy pocos los migrantes indocumentados originarios de zonas marginadas que se acercan a las instituciones financieras en EU. Así, para ellos, ahorrar es posible únicamente en su comunidad y envían remesas. Sin embargo, existen factores desde Estados Unidos que condicionan esta posibilidad de ahorro: la red migratoria y la composición del hogar en ese país. El que llega sin tener conocidos en EU se coloca en las redes de baja remuneración y manda menos remesas. De la misma manera, el que migra con su familia entera, a diferencia del soltero joven que viene a constituir un pequeño capital, tiene gastos muy fuertes en Durham y en muchos casos se queda “atrapado” ya que no le alcanza para mandar a México para preparar su eventual regreso. Papel de las microfinanzas en México: atender a una población dispersa y ofrecer servicios enfocados a la protección del hogar. Así, para atender de forma eficiente los hogares trasnacionales desde México, es importante desarrollar instituciones financieras capaces de ofrecer una diversidad de servicios que permitan reducir su vulnerabilidad y promover el ahorro rural, tomando en cuenta que los socios ya no residen forzosamente en la comunidad.

Investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, autora del libro Banca de desarrollo para el agro: experiencias en curso en América Latina, Lima, 2007.

Coordinadora de Investigación Aplicada de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) asulmont@amucss.net

FOTO: Yazmin Ortega / La Jornada

Carolina Trivelli

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uego de muchos cambios en los bancos de desarrollo, hoy en América Latina, incluido México, contamos con una renovada banca para el campo. Desgraciadamente en la mayoría de los casos, ello aún no se traduce en cambios sustanciales en las oportunidades financieras para los más pobres de las zonas rurales. Los bancos de desarrollo, generalmente instituciones grandes y pesadas, demoran mucho en cambiar y siempre han estado sujetos a múltiples presiones de diverso grado tanto desde los propios estados como desde sus clientes habituales, que tratan de evitar cambios en los usos tradicionales de estas entidades. En varios países del mundo, y en la mayoría de los latinoamericanos, los bancos de desarrollo que atienden al medio rural han experimentado procesos de reformas profundas. El caso mexicano no ha sido ajeno. La creación de la Financiera Rural (Finrural) luego del cierre del sistema Banrural da cuenta de ello. La Finrural viene introduciendo poco a poco nuevas prácticas para lograr honrar su diseño, que es interesante, bastante moderno y con una apuesta clara por el desarrollo de un mercado financiero rural que logre atender a los pobres. Desgraciadamente las buenas intenciones de su diseño enfrentan el choque de conflictos e incentivos en su operación diaria. Los conflictos no son causados como antes por presiones políticas o por estrategias con fines equivocados, sino por las propias características institucionales de la Financiera. El reto es enorme: convertir una institución de su envergadura en una entidad de segundo piso que respalde a intermediarios con operación en el medio rural requiere de varios logros previos. Va por ese camino, pero es un camino largo y sinuoso, lo clave será que no pierda el rumbo y que no se deje encantar con tentaciones populistas que nunca faltan o por cambios de giro que obedecen a situaciones mediáticas.

¿Qué servicios financieros necesitamos para las familias transnacionales rurales de México? Annabelle Sulmont

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FINANZAS RURALES TIPOS DE SERVICIOS FINANCIEROS REQUERIDOS POR LOS PRODUCTORES Y FAMILIAS RURALES EN MÉXICO Olivier Pierard

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s innegable que cualquier persona económicamente activa, como son los productores rurales, necesitan utilizar servicios financieros en algunos momentos de sus vidas y de sus actividades productivas. Pero es complejo responder qué clase de servicios requieren estos productores y sus familias. Hasta hace unos años el campesino era considerado un agente económico “diferente” a un agricultor mediano o grande, o peor, a un empresario o un comerciante urbano. Según las teorías económicas en aplicación en esas épocas, los pequeños productores agrícolas necesitaban créditos para poder producir. El crédito era considera-

do como un insumo al mismo nivel que la semilla o el fertilizante. Estos créditos debían ser entregados por el Estado, eran altamente subsidiados y complementados por ineficientes servicios de extensión agrícola. Según las teorías vigentes hasta hace 20 años éste era el único esquema con el cual los productores rurales podían tener acceso a servicios financieros. Esto llegó a tener efectos muy negativos de dependencia del agricultor hacia un crédito barato, y se llegó al extremo de que si por alguna causa no llegaba el crédito el agricultor no sembraba. Todo el producto de la venta de la cosecha se vendía y el dinero se gastaba; el campesino no se preocupaba por guardar una parte para el ciclo siguiente. Este modelo cambió drásticamente a partir de los años 90s,

al considerar al crédito como un servicio entre otros tal vez más importantes como el ahorro o los seguros. El crédito ya no era parte de la función de producción sino un pasivo que permite, bajo ciertas condiciones, adquirir bienes e insumos. También a partir de esas fechas los economistas del desarrollo reflexionaron más detenidamente acerca de los efectos de los servicios financieros sobre la pobreza. Fue entonces que aparecieron y crecieron rápidamente las entidades de microfinanzas con el objetivo de contribuir a luchar contra la pobreza mediante la colocación masiva de microcréditos. Otros analizaron los efectos perversos del endeudamiento permanente y optaron por poner en marcha mecanismos que permitían a los productores y sus familias depositar ahorros en forma

segura con el fin de constituir un pequeño capital que podría ser utilizado como garantía parcial de un préstamo. Había claramente dos enfoques distintos para atender el problema de la pobreza y del acceso de la población rural pobre a servicios financieros. Uno basado en el endeudamiento y el crédito, y el otro en la acumulación de activos por el ahorro constante. Un efecto idéntico en los dos enfoques es el aprendizaje por las personas, de cumplir con un compromiso de realizar pagos periódicos y constantes para lograr un objetivo. La gran diferencia reside en el campo de la sicología, ya que al tener una deuda, las personas se sienten presionadas, angustiadas, preocupadas por la eventualidad de no poder pagar. En cambio, el hecho

conclusiones que llevaron a establecer la moratoria de facto para las pruebas de campo con de maíz transgénico. Uno de los criterios que se discutió fue la condición de nuestro país como centro de origen del maíz.

LA CAMPAÑA NACIONAL SIN MAÍZ NO HAY PAÍS RECHAZA LA SIEMBRA EXPERIMENTAL DE MAÍZ TRANSGÉNICO DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES EN MÉXICO.

DEMANDA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS EN LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. La situación del campo mexicano es grave y sumamente compleja, por ello sería muy irresponsable plantear que la solución está en la adopción de una tecnología. Los organismos genéticamente modificados o transgénicos son producto de una tecnología que esta en manos de unas cuantas empresas trasnacionales. Al insertarse esta tecnología en las semillas, estas corporaciones patentan este bien común de la humanidad, insumo fundamental de la actividad agropecuaria. Los alimentos con productos genéticamente modificados han sido sumamente cuestionados en el mundo entero y no hay un solo país que consuma transgénicos directamente en su principal alimento. En México se realizaron experimentos con maíz transgénico entre 1995 y 1998, que arrojaron información suficiente sobre su comportamiento y de los cuales se obtuvieron las

Las recomendaciones de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte condujeron a que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados estableciera el Régimen de Protección Especial del Maíz (artículo 2, fracción XI). Miles de mexicanos, productores, consumidores, científicos insistimos en que este Régimen debe instaurar la moratoria a la siembra de maíz transgénico. Estudios diversos y la situación de contaminación reportada en investigaciones de muy alto nivel demuestran que no puede sembrase maíz transgénico sin polinizar a las variedades nativas (criollas). La verdadera protección del maíz consiste en conservar el patrimonio y la pureza genética del maíz libre de transgénicos. La conservación de nuestros maíces implica una política de estado amplia, un artículo aislado en un reglamento no puede subsanar los años de desatención a los pequeños productores de maíz que sin apoyo alguno y con sus remesas mantienen la riqueza genética del maíz. Programas de subsidio sin contenido pueden crear mecanismos perversos que, lejos de apoyar a la conservación de la agrobiodiversidad, sienten las bases para la privatización de esta riqueza. Los investigadores nacionales al igual que los campesinos mexicanos han sido ignorados por el gobierno, incluso se ha intentado desaparecer a las principales instituciones de enseñanza e investigación agropecuaria. La Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio de Posgraduados han debido irse a la huelga para defender sus derechos, en tanto el Secretario Cárdenas y las autoridades desprecian la negociación. Frente a este escenario, las corporaciones que controlan el mercado de la semillas y quienes han sido beneficiados por la supuesta “inversión” que hacen en nuestro país, presionan por la autorización de la siembras de maíz transgénico. Para cumplir con esta presión Felipe Calderón publicó en marzo la tramposa y fraudulenta reforma al Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente

de que una persona pobre logre depositar una pequeña suma de dinero en forma periódica sin afectar la economía de su hogar provoca un inmenso sentimiento de satisfacción y de superación personal. Por esta razón cuando debemos definir qué servicios financieros requieren poblaciones en situación de pobreza, debemos primero pensar en su seguridad y su exposición a los riesgos de todo tipo. El ahorro junto con los seguros son los dos servicios financieros que permiten dar seguridad a las personas, disminuir su perfil de riesgo, estabilizar su sistema de producción. Sólo cuando estas personas logran una cierta estabilidad y tener oportunidades de invertir en actividades rentables se debe utilizar los créditos. El enfoque de servicios financieros permite adaptar o modular los productos para cada segmento de población. Las políticas públicas deben permitir que instituciones financieras atiendan a todos los segmentos de poblaciones pobres y especialmente en las zonas rurales. Consultor en finanzas para el desarrollo opierard@microfinanzarural.org

Modificados. Con esta reforma al reglamento se busca anular el Régimen de Protección Especial del Maíz. Es evidente que si se autoriza la experimentación con transgénicos de las empresas se estará “legalizando” la contaminación del territorio nacional ocurrida en total ilegalidad. En ese momento estas empresas perseguirían a los miles de campesinos que producen el maíz blanco y que fueron contaminados furtivamente, ellos serán demandados exigiendo el pago de regalías por el uso de nuestro maíz. El maíz transgénicos más que brindar una solución a la profunda problemática del campo es una forma de crear mayor dependencia tecnológica, de apropiarse de nuestro principal producto agropecuario y alimento: el maíz y sobretodo, de su riqueza genética, que los campesinos han creado, reproducido y conservado por miles de años. Las y los mexicanos no queremos comer maíz transgénico. El maíz amarillo transgénico que importamos pasa a la cadena de industrialización y tal vez lo consumimos de manera indirecta. Sin embrago, permitir que los transgenes invadan el campo mexicano significará que comamos transgenicos en nuestras tortillas y en los productos de maíz que consumimos todos los días, seremos los conejillos de indias de estas empresas, además de brindarles en charola de plata nuestra agrobiodiversidad. Hoy nuestro maíz se encuentra en grave peligro. Todos tenemos que defenderlo. El maíz es un recurso natural, patrimonio de la nación, que representa el corazón de las culturas de los pueblos agricultores e indígenas y de todos las y los mexicanos. Exigimos al gobierno federal una revisión pública del proceso irregular que dio origen a la reforma al reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (RLBOGM). Que se enjuicie a los servidores públicos que han violado la ley en pro de los intereses de las empresas que detentan la patente del maíz trangénico. Debate nacional sobre las implicaciones de esta tecnología.

¡ NO al maíz transgénico en todo el país! Apoyo total a los centros de investigación y docencia agropecuaria


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REMESAS FINANCIARÁN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS RURALES; “GRAN POTENCIAL”, DICE RAÚL HINOJOSA • Empezó a funcionar en México tecnología de transferencia de dinero vía celular Lourdes Edith Rudiño

FOTO: Lourdes Edith Rudiño

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on una plataforma tecnológica novedosa en México, inició un plan piloto de transferencias de dinero de Nueva York y California a Puebla y Oaxaca por medio de teléfonos celulares; el mecanismo abarata en 75 por ciento los envíos respecto de los métodos bancarios tradicionales, pero sobre todo promete facilitar e incrementar los flujos de remesas y que éstas fortalezcan, con ahorro, instancias de microfinanciamiento y proyectos productivos en las zonas rurales. Raúl Hinojosa Ojeda, cofundador de Transfercel, la empresa desarrolladora de esta tecnología, explica sus planes, de alcance nacional: la gente que envía y recibe remesas (dentro del país o desde Estados Unidos) ya no va a tener que ir al banco; la tarjeta de prepago de telefonía celular se va a transformar en tarjeta de débito y de prepago de todo, incluidas las remesas, y además permitirá a la gente adquirir bonos de ahorro de instancias financieras. La gente ya no va a tener que ir a los bancos, en cualquier tiendita o desde su celular podrá hacer transacciones. “Es lo que se llama bancarización sin sucursal”. El entrevistado, director ejecutivo del Centro Norteamericano de Integración y Desarrollo de la Universidad de California en Los Ángeles, explicó que hace poco más de año y medio, desde academia, observó el potencial de actividad económica en zonas rurales expulsoras de mano de obra de Oaxaca y Puebla –“hemos detectado cinco o diez proyectos en cada pueblo, que pueden tener una rentabilidad muy fuerte”. Así, con el conocimiento de bases tecnológicas de transferencia de dinero vía celular en Kenia y Filipinas, decidió no quedarse “en escribir un libro más”; sino actuar y generar esta nueva plataforma para México con la novedad de que será la primera que operará de internacionalmente. Y es que “el corredor más rico de migración y remesas en el mundo” es el de Estados Unidos-México. Hoy día, de este flujo, de unos 25 mil millones de dólares anuales (sin contar tres mil millones que se quedan en comisiones en la Unión Americana), 94 por ciento se transfiere de efectivo a efectivo, “y eso tiene un efecto muy negativo en el medio rural, es un cáncer: el dinero apoya el nivel de consumo de los hogares pero hace que éstos sean mucho más dependientes de las remesas como estrategia de sobrevivencia, lo cual desestimula actividades económicas, y además el efectivo genera otras distorsiones, como inflación, que hace menos competitivo al campo; encarecimiento de las tierras; uso del dinero para comprar alimentos importados; uso de las remesas para construir casas que no van a ser habitadas; dolarización de la economía... un círculo vicioso terrible, y no hay ahorro ni uso productivo del dinero”. Comentó que a Oaxaca llegan 1.6 millones de dólares de remesas, que representan casi 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, de 3.1 millones de dólares. Además, en un lapso de cuatro años, esas remesas se duplicaron y el PIB no creció ni 20 por ciento. “Si las remesas se destinaran en parte a capitalizar las instituciones financieras rurales, vía bonos de ahorro, se podrían financiar proyectos productivos con un efecto social masivo (...) Hemos visto una serie de pueblos en Oaxaca mismo, donde 90 por ciento de los ingresos de las familias provienes de remesas (desde EU pero también desde territorio mexicano), y los proyectos productivos podrían incrementar el poder multiplicador de las remesas de cuatro a 26 veces. Hablamos de impactos fortísimos, de creación de empleo, demanda de insumos, consumo y dar salida a las comunidades a actividades de valor agregado”. El plan de Transfercel cuenta con recursos financieros del Banco Interamericano de Desarrollo y apoyo de varias fundaciones internacionales. Ya Hinojosa ha asesorado en la creación de proyectos productivos rurales, como el de Ayuquesco, Oaxaca, en coordinación con la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS). “Allí se creó una cooperativa de exportación de nopales orgánicos en manos de 300 mujeres solas (con sus esposos en Estados Unidos); ello, gracias a

Migración y remesas generan más que un TLC: Raúl Hinojosa

diversos fondos obtenidos por migrantes y también por ahorro captado de remesas. Pudimos hacer una inversión de una escala que va más allá del microcrédito, y los migrantes apoyan la comercialización del producto en California. El mercado para el nopal allá es más grande que el de Oaxaca porque los migrantes ganan mucho más y pueden consumir mucho más”. Proyectos como este pueden generarse para el propio Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas, que ya tienen migrantes en EU y que cuentan con remesas. Lo que hace falta es que las microfinancieras empiecen a jugar este papel de captación de recursos y financiamiento de proyectos agrícolas, artesanales, e incluso de servicios médicos y educativos que hoy son carísimos y escasos en el medio rural. Y aquí lo que debería hacer el gobierno es dar asistencia para el desarrollo; apoyar para que existan cada vez más y más proyectos de gran envergadura y no sólo de microfinanicamiento, y propiciar que se involucre capital de riesgo. Técnicos en software en la oficina de Hinojosa, en el Distrito Federal, hicieron una demostración: desde un celular donde aparecen las opciones “enviar dinero”, “consultar saldo”, “compra”, “pago de servicios”, “tiempo aire”. Realizaron una transferencia hacia una cuenta por medio de una llamada telefónica. En menos de 30 segundos el celular receptor registró el abono del dinero. El proceso puede convertir dólares a pesos y la tecnología –que es independiente de bancos y compañías telefónicas— es multilenguaje. El análisis que ha hecho el académico sobre los pueblos mexicanos, sus potenciales y sus conexiones con regiones de EU adonde llegan migrantes es exhaustivo: “hemos creado un banco de datos de todos los tipos de corredores, y hemos identificado más de 50 mil corredores de pueblos particulares en EU y Oaxaca hacia comunidades muy específicas de EU, en Oaxacalifornia y Pueblayork”. Reforma migratoria urgente. Como marco de su planteamiento, Raúl Hinojosa subrayó algo que se soslaya: el hecho de que las economías mexicana y de EU están más integradas por medio de los mercados laborales de migración y los flujos de remesas que por cualquier otro mecanismo, incluso el comercio y la inversión, y por tanto representan el “proceso de integración más fuerte y menos regulado en ambas direcciones, y es en el que menos se ha pensado desde la perspectiva de las políticas públicas”. Precisó: “estimamos que los migrantes nacidos en México contribuyen al PIB de EU con más de 1.4 billones de dólares, que es muchísimo más que el valor agregado asociado con el comercio y la inversión extranjera” (en 2008 las exportaciones de México a EU sumaron 216 mil millones de dólares y las importaciones 151 mil 539 millones; la inversión extranjera directa prevista para 2009 es de menos de 16 mil millones de dólares). Afirmó que si EU genera una reforma migratoria que legalice a los indocumentados y si se replanteara ampliamente la intermediación de remesas (enfocadas a proyectos productivos), el efecto sería de “una transformación de la relación México-EU mucho mayor de lo que hizo el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), por cuestión de magnitud. Existen en EU 12 millones de trabajadores indocumentados, y 60 por ciento son mexicanos. “El impacto económico de una reforma migratoria es 10 veces mayor que el de una reforma comercial, y una transformación en la estructura de remesas tendría hasta cien veces más que un tratado de libre comercio”. Llamado a Obama. Una propuesta de reforma migratoria, con este planteamiento fue hecha hace unas semanas por la representación de latinos al presidente de EU, Barack Obama. La base del documento está en un análisis financiado por la Comisión de Cooperación Laboral de América del Norte (que es un acuerdo alterno al TLCAN) y en el cual participó Raúl Hinojosa. “Una reforma migratoria tiene que ser un elemento clave de la estrategia de recuperación económica de EU, como lo fue hace 20 años; estudiamos los efectos de la más reciente legalización de migrantes –de 1986 y puesta en marcha en 198991–, y resultó interesante ver que el nivel salarial más bajo del país (para migrantes y no migrantes) se incrementó y también creció la productividad de los trabajadores legalizados, pues empezaron a gastar 200 por ciento más en capital humano y se movieron a empleos más productivos, además de que, al sentirse más seguros, comenzaron a generar ahorro, a adquirir autos y casas favoreciendo así la economía nacional. “La economía de EU acabó ganando de múltiples maneras, pues un alza en el nivel adquisitivo de una gran capa de la clase trabajadora de más bajo ingreso tuvo impacto en mayor consumo, se redujo el desempleo, y las ocupaciones de menor valor (de menor salario) incluso se eliminaron lo cual desestimuló temporalmente, durante unos cinco años, la contratación de nuevos mexicanos indocumentados”. Y algo más, la legalización fue positiva en términos fiscales porque permitió que el inmigrante empezara a pagar sus impuestos. Resultó así el más fuerte incremento neto en la recaudación fiscal de EU. Hinojosa destacó que una reforma laboral en EU serviría también al propósito de fortalecer las transferencias a México con fines productivos. “En EU las comunidades de migrantes sufren el problema de no poder ahorrar ni invertir, porque la mayoría de ellos no califican para abrir cuentas, y los bancos no ofrecen los servicios que ellos necesitan. Los bancos además no reinvierten en esas comunidades; es igual que en México: la banca internacional ha abandonado a las comunidades envueltas en los procesos de migración y remesas. Es donde menos presencia de sucursales bancarias hay. Entonces habiendo tanto efectivo los intermediarios entran y dan microcréditos con altísimas tasas de interés. En EU es legal cobrar más de 700 por ciento anual de intereses en este llamado microcrédito. Eso demerita la capacidad de los migrantes para transferir a sus pueblos de origen.

EL MOVIMIENTO INDÍGENA Y CAMPESINO MESOAMERICANO (MOICAM) LAMENTA PROFUNDAMENTE EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERO

RAMIRO TÉLLEZ MARADIAGA Miembro fundador de La Vía Campesina y del MOICAM Y nos unimos la pena que embarga a su esposa Isabel Martínez, a su querida madre e hijos(as) Acaecido el 7 de abril de 2009 en la Ciudad de León, Nicaragua.


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SOFOM ANEC: AUTONOMÍA FINANCIERA DE PRODUCTORES Isabel Cruz Hernández y Rafael Rodríguez Mayorga

FOTO: Marco Pelaez / La Jornada

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n 2006 las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) fueron desreguladas y dieron origen a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) como instituciones financieras no supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero funcionando bajo el marco legal de las instituciones de crédito y de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Hasta 2006, la mayoría de las Sofoles agropecuarias existentes fueron constituidas por empresas agropecuarias que manejaban el crédito como parte del negocio comercial o de procesamiento, pero no por iniciativa de los productores. Con la desregulación, y sobre todo con el reconocimiento para fondeo de la banca de desarrollo rural (FIRA y Financiera Rural) numerosas iniciativas han surgido, particularmente en el sector de pequeños productores rurales. En este marco, la creación de Servicios Financieros ANEC –un organismo financiero nacional de segundo piso–, cobra importancia. Es, a decir de FIRA, la primera Sofom creada a iniciativa de los productores organizados. Con un capital inicial de 40 millones de pesos, la Sofom ANEC nació hace un año con dos socios mayoritarios, APROSER (con 51 por ciento) que es un intermediario financiero, un agente Procrea con experien-

cia acumulada de 12 años de operación con FIRA, y de la Sociedad Anónima ANEC (49 por ciento), creada con aportes financieros de 13 empresas integradoras y de 210 organizaciones locales de productores de granos básicos de 18 estados de la República. La Sofom ANEC –creada fundamentalmente para fortalecer el modelo organizativo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC)– está dando sus primeros resultados. Impacto social. A esta nueva intermediaria se le autorizó una línea inicial de financiamiento por 401 millones de pesos, de los

cuales al cierre del ejercicio 2008 se aplicaron 466 millones 902 mil 453 pesos en 561 créditos, considerando recuperaciones. Los beneficiarios sumaron 6 mil 665, 90 por ciento de los cuales son de bajos ingresos (menores a los 50 mil pesos anuales). El 51 por ciento del monto se destinó a la producción de maíz. En diciembre de 2008 se autorizó una ampliación de línea de crédito por 124 millones de pesos, con lo cual el 2009 inició con una línea de 525 millones. El costo anual total (CAT) de la Sofom ANEC fue competitivo, de 11 por ciento para la producción primaria y de 14 por

 Ahorro de 6% actual a 50% de las familias rurales, lo que significa 2.7 millones de ahorradores (1 por familia).

UN PROGRAMA EMERGENTE Y CINCO MEDIDAS ESTRUCTURALES EN FINANCIAMIENTO RURAL PARA ENFRENTAR LA RECESIÓN Y GENERAR DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL CAMPO MEXICANO La recesión económica y sus efectos en México profundizarán la exclusión financiera de los sectores menos desarrollados del campo mexicano. Sin acceso a servicios financieros, el desarrollo de la pequeña agricultura familiar –mayoritaria en México– y el desarrollo sustentable en el medio rural, serán inviables. Estos hechos, representarán un obstáculo insalvable para la reactivación económica, social y ambiental del país en su conjunto. Ningún país desarrollado ha podido serlo y salir de la recesión dejando atrás un campo devastado. Las organizaciones integrantes del CONOC proponemos un programa emergente y 5 medidas estructurales en financiamiento rural para recuperar e impulsar la producción nacional de alimentos, mantener el empleo rural, apoyar la seguridad alimentaria y restaurar los agro recursos naturales de nuestro país. Plan Emergente de Financiamiento Rural Proponemos un Plan Emergente de Financiamiento Rural que tenga como objetivo central la ampliación de la cobertura en servicios financieros ampliación en tres años (2009-2012) como sigue:  Crédito de 15% actual a 50% de los pequeños productores, lo que quiere decir lograr que 2.7 millones de pequeños productores tengan acceso al crédito, con un tope a las tasas de interés del 50% respecto a las vigentes en 2008.

 Medios de pago: pagos por medio de depósitos en instituciones financieras rurales y pago de remesas rurales: 50% de Oportunidades y 20% de remesas pagadas en comunidad. Cinco medidas estructurales 1.

REFORMA A LA BANCA DE DESARROLLO

Una reforma al funcionamiento de FIRA y de Financiera Rural para conjuntar acciones con fusión o división clara de mercados, que permitan masificar el crédito de avío a través de intermediarios financieros propiedad de los productores rurales, de organizaciones de productores, y promover la inversión de créditos refaccionarios (mediano y largo plazo), ajustar la misión y sus programas al fomento y consolidación de la organización financiera de los productores y pobladores rurales. 2.

PROGRAMA DE CRÉDITO CON TASAS BONIFICADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Un amplio programa de producción de granos básicos (maíz y frijol), leche, carne y financiamiento a la comercialización y procesamiento a través de productores organizados con apoyo de tasas bonificadas para estabilizar el precio del crédito a un 10% máximo, siempre y cuando sea para producción de alimentos destinados al mercado interno. 3.

CREACIÓN DE LA BANCA SOCIAL EN EL CAMPO: INTERMEDIARIOS FINANCIEROS RURALES (IFRs)

Un amplio programa de fomento, promoción y desarrollo de intermediarios financieros rurales de los propios productores que ofrezcan servicios financieros de proximidad, mediante un plan que permita constituir 300 nuevos intermediarios de ahorro

ciento en otras actividades, y se diseñaron dos productos financieros especiales para los socios de la ANEC: el primero para la adquisición de fertilizantes con tasas preferentes, donde se excluyó la garantía hipotecaria, que es un obstáculo fundamental para que los productores accedan al crédito. El segundo es para la comercialización de cosechas (con capital de trabajo, crédito prendario y crédito para la compra de coberturas de precios), todo eso con la combinación de seguros, agricultura por contrato y habilitación de bodegas, instrumentos que se usan en esta relación crediticia para aminorar los riesgos. Transparencia. La política de crédito de la Sofom ha sido definida por la Asamblea de Socios y el Consejo de Administración de la Sofom ANEC, apoyados por consejeros internos y externos, y la gerencia pone en marcha esa política. Y las instancias de auditoría externa, contraloría interna y asesoría externa en riesgos contribuyen a la gobernabilidad eficiente a la transparencia de este instrumento. La Sofom ANEC no sólo ha logrado eficiencia económica, también se puede observar su contribución a la consolidación del modelo organizativo y desarrollo de capacidades locales y regionales de las organizaciones de la ANEC: Por ejemplo, se avanzó junto con el Área del Sistema Financiero ANEC, en la capacitación de técnicos de 14 organizaciones regionales de 14 estados, para la instalación y funcionamiento de un área de servicios financieros regionales para que estos servicios se ofrezcan lo más cercano al productor para disminuir los costos de transacción y gradualmente ir hacia la constitución de Intermediarios Financieros Regionales.

y crédito cada año, con al menos 12 organismos de integración financiera. Este programa debe ser apuntalado con la inversión en formación de recursos humanos: gerentes, contadores, cajeras y evaluadores de crédito trabajando en los IFRs de productores, así como fortalecimiento de la gobernabilidad y acceso a tecnologías de información. 4.

FOMENTO AL AHORRO Y A MICROSEGUROS CON EDUCACION FINANCIERA

Establecer un amplio programa de fomento al ahorro rural, con educación financiera, creación de un fondo de protección al ahorro y un programa de fomento a los microseguros para ampliar la cobertura de seguros entre familias rurales pobres. Este programa debe tener un componente especial de subsidio 1 a 1, peso x peso, en el ahorro de mujeres rurales. 5.

SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAS

Creación de una Ley del Sistema de Garantías Rurales, que establezca un sistema nacional de garantías rurales, accesible para todo tipo de intermediarios financieros rurales, que integre al FEGA, FONAGA, FINCAS, y otros fondos de garantías para intermediarios que manejan ahorro, con complementariedad en la protección de riesgos.

¡El campo no aguanta más! ¡Salvemos al campo para salvar a México! ¡Alimentos campesinos para México! ANTENTAMENTE

Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, A.C. AMUCSS, ANEC, CNOC, FDC, MAÍZ, RED MOCAF


TEMA DEL MES

EXCLUSIÓN FINANCIERA EN LA BASE DE LA PIRÁMIDE Distribución de la población mexicana por niveles de ingresos en 2006 (DÓLARES POR PERSONA POR DÍA)

SISTEMA FINANCIERO RURAL EN MÉXICO: ATRASO ESTRUCTURAL, EXCLUSIÓN Y DESIGUALDAD • La liberalización financiera y marginación de la agricultura Isabel Cruz Hernández

B

ajo la liberalización financiera (1990-2008) y la integración al “libre mercado” agrícola, la exclusión financiera se profundizó. Miles de pequeños productores dejaron de tener acceso al crédito (la cobertura pasó del 25 al 15 por ciento entre 1990 y 2006) y el financiamiento a la agricultura cayó del siete al 1.5 por ciento (2007) del financiamiento a la economía en tan sólo diez años. En medio de una integración comercial asimétrica que hizo crecer la dependencia alimentaria, el financiamiento lejos de aumentar disminuyó para la agricultura campesina y se concentró en las zonas desarrolladas de exportación. Exclusión financiera rural. Según datos de 2007 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), 36 por ciento de los mexicanos viven en zonas rurales y semirurales, pero sólo 15 por ciento de ellos tiene acceso al crédito y seis por ciento al ahorro. Además, únicamente 2.5 por ciento de los agricultores tiene acceso a los seguros agrícolas, y es nulo el acceso a seguros de vida, patrimoniales y de otro tipo. De los dos mil 500 municipios existentes en el país, mil 400 no cuentan con ningún intermediario financiero y en 623 existe sólo uno. Resulta obvio remarcar el carácter urbano y la concentración de la cobertura bancaria. La inmensa mayoría de la población rural vive excluida de los servicios financieros. Esta exclusión mayoritaria contrasta con el nivel de acceso masivo a servicios financieros en Estados Unidos (EU) y Canadá –nuestros socios comerciales– donde el nivel de bancarización es muy alto: de 96 por ciento en Canadá y 91 en EU, contra 24 por ciento en México. En el mundo desarrollado, la democracia económica se asocia al grado de bancarización de un país (acceso permanente a servicios de ahorro, crédito, medios de pago y otros, asociados con una amplia cobertura con infraestructura representada por oficinas o sucursales de servicio al público), y no hay desarrollo económico sin acceso mayoritario a servicios financieros. La exclusión financiera a campesinos pobres e indígenas. La exclusión financiera rural no afecta a todos por igual, se concentra en los pobres, las zonas marginadas e indígenas y en los pequeños productores temporaleros. Más de diez millones de personas viven en situación de pobreza en comunidades rurales, principalmente indígenas. Uno de cada tres residentes rurales vive en pobreza extrema, en comparación con uno de cada diez miembros de la población urbana. La “pobreza en patrimonio” concierne al 38.3 por ciento de los citadinos y al 61.8 por ciento de los habitantes de las regiones rurales. La pobreza se concentra en la población indígena. En 1989, los ingresos promedio de esta población representaban tan sólo la tercera parte de los ingresos de la población no indígena; en 2002, esta proporción era aún menor, la cuarta parte. De los 5.5 millones de unidades de producción rural, cerca de 85 por ciento posee menos de cinco hectáreas y la dispersión poblacional es enorme: 190 mil localidades con menos de dos mil 500 habitantes, densidades demográficas de entre 38 y 180 habitantes por kilómetro cuadrado, ingresos promedio en zonas indígenas de entre 10 mil y 30 mil pesos anuales por familia. Con una débil demanda de crédito (montos entre tres mil y 20 mil pesos de crédito). En síntesis, una exclusión financiera determinada por barreras estructurales y altos costos de transacción. En este contexto, la penetración de instituciones financieras tradicionales como los bancos comerciales es inviable, no tienen ni vocación, ni tecnologías adaptadas, ni arquitectura institucional en costos. Por eso es entendible que 58 años de fomento gubernamental al crédito agropecuario y a la participación de la banca comercial hayan tenido como resultado una cobertura concentrada en los agricultores y regiones más desarrollados. Ni siquiera la banca comercial llegó a zonas marginadas. Como puede observarse en la pirámide de ingresos, un pequeño estrato de productores (cercano a 15 por ciento del total) tiene acceso a servicios financieros, contra una gran masa de habitan-

tes en condiciones de pobreza que sufren exclusión financiera. El actual sistema financiero ha profundizado la desigualdad económica en el campo mexicano. El problema de fondo es cuáles son los sistemas financieros que permiten cobertura en zonas rurales, cuáles son una buena solución para la agricultura moderna y de exportación y cuáles deben ser los sistemas para atender a la pequeña agricultura familiar y zonas pobres marginadas. No es posible una solución única para condiciones agrícolas y territoriales tan desiguales. Enfoque sesgado al crédito no a servicios financieros. El enfoque dominante ha sido la promoción del crédito agropecuario. La importancia del ahorro ha sido ignorada y hasta discriminada en las políticas públicas y ha sido inexistente en el sistema financiero rural. El resultado es una dependencia casi total a los recursos financieros provenientes de la banca de desarrollo (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura –FIRA– y Financiera Rural), que en 2008 alcanzó 109 mil millones de pesos, un escaso nivel de ahorro y la fragilidad del sistema financiero rural. El financiamiento directo de la banca comercial al campo casi desapareció desde la crisis financiera de 1995. El ahorro, que es una base importante de financiamiento a las economías es casi inexistente en el financiamiento al campo. Tenemos por tanto un sistema financiero altamente vulnerable y dependiente del gobierno, en decrecimiento y alta concentración de beneficios. El crédito es un importante insumo de apoyo a la producción y productividad. Sin embargo, en la pirámide de la pobreza los productores con mayor desarrollo e integración al mercado tienen mayor capacidad de usarlo productivamente, mientras a mayor pobreza las oportunidades de inversión productiva disminuyen y el crédito tiene menor impacto en el desarrollo. Por el contrario, el ahorro posee un mayor potencial de efectos positivos entre los pobres que hacia lo alto de la pirámide de ingresos, pues tiene un fuerte impacto en la reducción de vulnerabilidad de familias pobres. Pero además del crédito y el ahorro, los medios de pago juegan un rol estratégico y su inexistencia aumenta los costos de transacción en la vida rural (envíos de dinero, cobro o pago de servicios). La mayoría de los 80 millones anuales de envíos de dinero que llegan a México lo hacen a zonas urbanas, encareciendo los costos de transacción para familias rurales que deben gastar entre 14 y 17 dólares cada vez que van a cobrar su remesa a la ciudad más cercana. La pobre oferta de lugares donde ahorrar genera una circulación excesiva de dinero migrante en zonas rurales, provocando inflación local y distorsión en los mercados laborales. El inmenso flujo monetario de las remesas es un ahorro migrante que se nos va. Todos los sistemas financieros rurales exitosos en el mundo han movilizado el ahorro y tienen un enfoque de servicios financieros universales, existen organismos de financiamiento especializado (a cadenas de producción, microempresa, para infraestructura agrícola), pero en interacción con amplios sistemas de ahorro y crédito en la prestación de servicios financieros básicos. México en este sentido tiene un atraso estructural superior a cien años. Tasas de interés y costos: diferencias abismales. Las tasas de interés subsidiadas del crédito agropecuario (10 a 14 por ciento anual) llegan a los grandes agricultores y regiones desarrolladas mientras los pobres deben pagar tasas de interés de entre 24 y 120 por ciento (hasta diez veces superiores). Así, por ejemplo un agricultor de Chihuahua con préstamos de 600 mil pesos pagan tasas de uno a 1.5 por ciento mensual (12 a 14 por ciento anual) mientras que un campesino indígena de Oaxaca o Puebla con una demanda de crédito de 10 mil o 15 mil pesos pagará tasas de cuatro a seis por ciento mensual (48 a 72 por ciento anual) cuando recibe crédito de una institución que capta ahorros. No existen tasas bonificadas accesibles a los campesinos pobres, llegar a tener acceso a las tasas mencionadas es ya un alto beneficio en comparación con tasas de prestamistas locales (10, 15 y 20 por ciento mensual). No existen mercados financieros desarrollados, ni

Fuente: ENIGH-2006

competencia que regule las tasas, de hecho la gran mayoría de agricultores desconocen los subsidios a tasas de interés, a garantías liquidas o a costos de asistencia técnica de los programas de desarrollo. Para el sector público resulta fácil entender la importancia de subsidiar tasas de interés al crédito agrícola pero incomprensible los subsidios para fomentar el ahorro rural. El problema es que no existe una visión global que integre las diversas soluciones institucionales para promover los servicios financieros rurales y mucho menos políticas públicas favorables para su desarrollo. El apoyo a la emergencia de sistemas financieros descentralizados, –la fórmula institucional más exitosa para llegar a zonas pobres y marginalizadas–, requiere un entendimiento de la construcción institucional y de las restricciones de los mercados y zonas rurales: bajo nivel de escolarización, falta de conectividad, malas comunicaciones, montos bajos de las transacciones, etcétera Y sobre todo un alto nivel de comunicación y respeto a las iniciativas de la sociedad rural. Cómo evaluar el impacto de los recursos públicos? En 2008, la banca de desarrollo (FIRA y Financiera Rural) otorgó cerca de 109 mil millones de pesos en créditos de avíos y refaccionarios. Muy poco se evalúa el número de personas que recibieron crédito por regiones y nivel de marginalidad. Sabemos cuántas hectáreas y hasta el número de cabezas de ganado acreditado, pero en nuestra política financiera el acceso de las personas y los equilibrios territoriales (zonas desarrolladas y zonas marginalizadas) no tiene importancia. Importan los volúmenes de crédito, no importa si esos millones se concentran en ciertos segmentos de productores y zonas más desarrolladas o incluso si son financiadas por nuestra propia banca de desarrollo las agroempresas que compiten con los productores (Cargill, por ejemplo). No existe una visión de Estado que integre, reconozca y propicie el acceso amplio, incluyente y equilibrado a los servicios financieros de todas las agriculturas y economías rurales. El volumen de subsidios a las actividades financieras de la banca de desarrollo, de la banca comercial y de los programas de fomento (garantías liquidas, costos de transacción, FONAGA, FEGA, Unidades de Promoción del Crédito, Intermediarios Financieros rurales, crédito a la palabra, etcétera) deberían tener como unidad de evaluación además del financiamiento a cultivos prioritarios (alimentarios) el número de personas y comunidades por nivel de marginalidad que tienen acceso al crédito y a servicios de ahorro. Una necesaria reforma institucional y de políticas públicas. Por si no fuera suficiente con la complejidad de los mercados financieros rurales, la intervención de los programas y dependencias públicas profundizan el atraso estructural. Cada institución que abre un programa de fomento financiero tiene su propia estrategia y crea sus propias clientelas. Entre 1992 y 2008 diversos programas públicos han impulsado la creación de cajas solidarias (Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, Fonaes), organizaciones de financiamiento local (secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura), cooperativas de ahorro y crédito y sofipos (Banco Nacional de Servicios Financieros, Bansefi), microfinancieras (Secretaría de Economía), fondos de garantía (Secretaría de Agricultura) y fondos de autoaseguro (Agroasemex) como programas propios, sin vínculo con políticas amplias sectoriales y con un fuerte sesgo al crédito agropecuario. No existe coherencia ni visión estratégica del conjunto. No hay una estrategia ni cooperación de instituciones para apoyar la emergencia de solucio-


MÉXICO: ESTRUCTURA DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO, 1994 - 2007 nes adaptadas al mundo rural. El clientelismo financiero y el protagonismo institucional sigue siendo la regla. No existe interlocución de actores y programas, menos estrategias de complementariedad. Reconocer la diversidad de soluciones y participación campesina. No basta con promover intermediarios financieros rurales, la organización de los productores en sus propias instituciones tiene impacto en la calidad, adaptación y viabilidad financiera, tiene impacto directo en la democracia financiera. Existen hoy cerca de 369 intermediarios (uniones de crédito, sofoles, sofomes, sofipos, dispersores, procreas, parafinancieras, cooperativas) operando con la banca de desarrollo, un alto porcentaje ha sido promovido por agro-empresas, comerciantes y despachos bajo e incentivo de colocar crédito de la banca de desarrollo y capitalizar los subsidios asociados a tasas, garantías, costos de transacción entre otros. Por su lado, sin vínculo directo con este grupo, unas 300 iniciativas de ahorro y crédito operan en zonas semirurales y diversas iniciativas de microfinanzas van en la misma dirección. La solución dominante que tuvo como eje bancas de desarrollo-bancos comerciales en financiamiento al campo ha fracasado para las mayorias campesinas. Pero la nueva estrategia no ha emergido, seguimos promoviendo crédito gubernamental sin cuestionar el futuro, sin enfoque de perennidad basado en el ahorro, sin valorar y promover el enfoque amplio de servicios financieros. FIRA (1990-2008) experimentó la solución de intermediarios no bancarios (sofoles, parafinancieras, procreas, uniones de crédito, almacenadotas), con criterios tan restrictivos (fuerte capitalización, personal experimentado, alianza empresarios-campesinos) que no ha logrado arrancar como una amplia solución; la Financiera Rural ha promovido dispersores de crédito como forma primaria de intermediarios financieros. Pero esa política se ve rebasada por la prioridad de la operación en el primer piso; mostrando las limitaciones de una banca de desarrollo operando en el primer y segundo pisos. Las quejas campesinas son recurrentes, no hay acceso al crédito. Pero nadie ha tomado la solución en sus manos, teóricamente le corresponde a Hacienda pero se le escapan las acciones directas de las secretarías de Desarrollo Social, Economía y Agricultura, del Fonaes, del Fifonafe, entre otros. Si los desafíos son muchos y variados, una iniciativa estructural debería emerger desde una política de Estado. Pero no habrá soluciones sin la participación de los actores sociales. El diálogo para iniciar una amplia reforma financiera es el primer paso. Directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)

Drástica caída en el financiamiento entre 1991 y 2007: INEGI Los resultados del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2009 revelan datos de dramáticos sobre la contratación de crédito y seguro contra riesgos climatológicos relativos al 2007; los datos revelan un desplome en su comparación con los datos censales de 1991. En 2007 apenas 4.24 por ciento de las unidades productivas agropecuarias y forestales tuvieron acceso a ambos servicios, o a uno u otro, mientras que en 1991 el acceso fue para el 20.1 por ciento. En 2007 el número de unidades de producción rural sumó 5 millones 548 mil 845, en comparación con 4 millones 407 mil 880 de 1991. De estas unidades, en 2007 las dedicadas a la actividad agropecuaria o forestal fueron 4 millones 67 mil 633, esto es 6.3 por ciento más que los 3 millones 823 mil 63 de 1991. La información de los censos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) muestran que en 1991 las unidades agropecuarias y forestales que contrataron crédito y seguro unidos sumaron 162 mil 742, esto es apenas 4.26 por ciento del total; para 2007 la cifra bajó drásticamente (en 92 por ciento respecto de 1991) a 12 mil 891. Así, en 2007 tan sólo 0.32 por ciento de las unidades dedicadas a agro y a la actividad forestal recibieron crédito y seguro juntos.

Políticas Públicas y Financiamiento Rural

( PORCENTAJE)

Juan Manuel Gordillo S.

E

Fuente: Banco de México. Banca comercial crédito por actividad principal de prestatarios. www.banxico.org.mx

MÉXICO: CRÉDITO DE LA BANCA COMERCIAL OTORGADO AL SECTOR PRIMARIO, 1995 –2007 (MILLONES DE PESOS)

Fuente: Banco de México. Banca comercial crédito por actividad principal de prestatarios. www.banxico.org.mx

FINANCIAMIENTO DESCONTADO POR FIRA 2006

2007

2008

VAR. REAL 08/06%*

Descuento total

52,994

56,414

76,710

31

Descuento PD1 + PD2**

19,306

24,844

34,707

63

16,146

21,238

30,072

69

CONCEPTO

Avío Refaccionario PD3 Garantías sin fondeo

3,159

3,606

4,635

33

33,689

31,570

42,003

13

9,852

10,970

14,136

30

*Se considera una inflación de 10.53 por ciento de diciembre de 2006 a diciembre de 2008. **Productores en desarrollo cuyo ingreso neto anual es hasta tres mil veces el salario mínio diario. Fuente: FIRA.

En cuanto a las unidades que recibieron sólo crédito en 2007, sumaron 146 mil 437, 74 por ciento menos que las 579 mil 810 registradas en 1991. Las que contrataron sólo seguro fueron 13 mil 257, o sea 51.6 por ciento menos que en 1991. Cabe destacar también que la evolución del número de unidades de producción demuestra que hubo un mayor fraccionamiento de la tierra en este periodo: aumentó el minifundio, particularmente en el sur-sureste, pero también en lugares como Michoacán, estado de México y Guanajuato, si bien es cierto hubo reducción de unidades –concentración de la tierra— en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, Nuevo León, Durango, Coahuila Distrito Federal y Baja California.

UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES Total Con crédito y seguro o sólo crédito o sólo seguro % del total de unidades Fuente: Inegi

2007

1991

4,067,633

3,823,063

172,585

769,942

4.24%

20.1%

l crítico contexto internacional se manifiesta por medio del incremento de precios de los alimentos en todo el mundo. En los dos años recientes los principales granos para consumo humano al menos duplicaron su valor de exportación. Si a esto se suman las severas devaluaciones de las monedas de países en desarrollo, el acceso a los alimentos es cada vez más restringido y las amenazas de hambruna y disminución en la calidad de la alimentación son factores de alto riesgo no sólo para los 800 millones de habitantes del orbe que ya padecen hambre, sino para el común de los países cuyas políticas alimentarias están subordinadas al comercio global. Que los precios internacionales de los alimentos estén en aumento sostenido no es un asunto menor; por el contrario, es una señal del agotamiento de políticas que influyeron en impulsar la productividad y el mercado mundiales. Sin duda alguna se ha interrumpido la reducción de precios reales que rigió desde 1960 y que se prolongó hasta mediados de esta década, y la razón está –entre otros múltiples factores– en la agresividad del cambio climático y sus impactos negativos sobre la producción alimentaria; en la disminución de los inventarios de granos y en su demanda creciente para la producción de agrocombustibles. Ante este escenario, el despliegue de una política rural, con enfoque integral, sigue siendo una de las materias pendientes en el desarrollo del país. Las organizaciones del gobierno dedicadas a las políticas rurales (de manera especial, las secretarías de Agricultura y de Desarrollo Social) no cuentan con una estructura que les permita afrontar la naturaleza multicausal del desarrollo rural. Sus funciones están fragmentadas sectorialmente y no poseen mecanismos efectivos de coordinación que les permitan esclarecer y jerarquizar la superación de los problemas. Aun cuando se tienen avances en la búsqueda de una coordinación del desarrollo rural, tales como la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC); sigue siendo un reto la descentralización de la gestión pública para la ejecución de los programas de apoyo para el desarrollo rural sustentable. Asimismo es cuestionable que no exista una definición de “lo rural” en estos ordenamientos que permita reconocer el potencial de la ruralidad en los servicios ambientales, la energía alternativa, las actividades turísticas, la cultura, la acuacultura y maricultura; entre otras áreas. El PEC ha permitido estructurar mejor el presupuesto del desarrollo rural del país. Sin embargo, pese a sus incrementos, los resultados no han sido muy alentadores, toda vez que la totalidad y la integración de los programas del PEC no han tenido el impacto deseado debido a la dispersión de las acciones, así como la complejidad en la ejecución por parte de las dependencias federales y las entidades ejecutoras. Por tanto, pese a los esfuerzos del Programa Especial Concurrente y la aplicación de la LDRS, las desigualdades persisten, la pobreza rural es una realidad incuestionable, la cantidad y la calidad del empleo rural no mejoran y la migración sigue siendo la salida ante los males que padece la población rural. Ante esta realidad, es indispensable focalizar aún más los recursos a la población más pobre y más desasistida. Asimismo es conveniente reflexionar acerca de las opciones de financiamiento de las actividades rurales, tanto las tradicionales como las alternativas, considerando que el aporte del financiamiento rural se encuentra estancado. Por ello, las políticas públicas para el financiamiento rural requieren perfilarse con una perspectiva de largo plazo, no sólo para atender el reto que plantea un mercado mundial de alimentos más complejo y sometido a los vaivenes que trae consigo el cambio climático global, sino también para insertarse en las grandes tendencias de la salud mundial que paulatinamente rechazarán la dieta prevaleciente y canalizarán la producción de granos a actividades alternativas como la generación de agrocombustibles. Ante esta situación del ámbito rural mexicano, el desarrollo de una política integral requerirá formularse desde la perspectiva territorial y multisectorial, sin perder el énfasis en las actividades alimentarias que generan una amplia cadena de valor y de ocupación. Del mismo modo, el ascenso continuo de los precios de alimentos y bioenergéticos le dará viabilidad al financiamiento de estas actividades y permitirá a los productores rurales incursionar en áreas nuevas y necesarias. Director general de Global Mind jgordillo@global-mind.com.mx


17 de abril de 2009

12

FINANZAS RURALES APRUEBAN SENADORES NUEVO MARCO LEGAL DE INTERMEDIARIOS RURALES

E

ste miércoles 15 de abril el Senado aprobó favorablemente –casi por consenso, con 83 votos a favor y uno en contra— modificaciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), con un nuevo capítulo que incorpora dos figuras fundamentales para la intermediación financiera en el medio rural, y aprobó también una nueva Ley que Regula las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Ley Rescap). Las minutas respectivas pasaron a la Cámara de Diputados para su discusión y se espera que las aprueben, pues hay apoyo de todas las fracciones parlamentarias. Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), aplaudió la decisión de los senadores, pues “por primera vez se reconoce al sector rural como un sector específico que requiere un marco regulatorio que permita la integración de organizaciones económicas, cadenas de valor y procesos comunitarios. Generar intermediarios en el medio rural es urgente, considerando los datos revelados en el más reciente censo agropecuario 2007, del INEGI”, donde se observa un desplome del porcentaje de unidades de producción agrícola y forestal con acceso al crédito y al seguro, del 20 a sólo 4.2 entre 1991 y 2007. Antonio Mejía Haro, perredista secretario de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara alta, señaló: “por fin vemos muchas posibilidades de que el campo sea tomado en cuenta, después de ocho años de varios intentos para lograr que el financiamiento llegue al medio rural. Siempre se decía que esperára-

mos..., que a la siguiente legislatura”. Desde noviembre de 2008, Mejía Haro, junto con otros senadores de su partido, presentaron al pleno la iniciativa de reformas a la LACP. Dos figuras de asociación. El planteamiento inicial de los perredistas –“que se mantuvo en un 70 por ciento y respetando lo esencial”, según Mejía— prevé una plataforma para la organización financiera de los campesinos, “al reconocer dos formas asociativas basadas en principios mutualistas, solidarios, de integración económica y sobre todo de territorialidad. “Son las asociaciones financieras comunitarias (afc) y los sociedades financieras rurales (sfr), dos figuras que se ajustarán en lo general a las disposiciones de la LACP, pero se establecen en un capítulo especial las condiciones de su organización y funcionamiento a partir de las particularidades que privan en el medio rural”, dijo Mejía Haro. Las afc, dice la minuta aprobada, “podrán ofrecer servicios de ahorro y crédito a sus socios, financiar proyectos productivos de cafetaleros, maiceros, artesanos y todo tipo de actividad económica, pues operan sobre la asociatividad de personas físicas, pero también de organizaciones económicas locales, como las sociedades de producción rural, las sociedades de solidaridad social, las uniones de ejidos, entre otras muchas organizaciones económicas de ámbito local”. Y para garantizar el sano desarrollo de las afc la minuta establece mecanismos que garantizan la organización e integración de

FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRIMARIO PIB SECTOR (%)

AÑO

las mismas por medio de las sociedades financieras rurales, que actuarán bajo el principio de subsidiaridad, es decir, serán organismos cuyos socios sean las propias afc. “Con este mecanismo de integración, permitimos la complementariedad de financiamiento entre las asociaciones financieras comunitarias y las sociedades financieras rurales, unas a nivel de productores rurales y las otras a nivel de procesos comerciales o agroindustriales, lo que permitirá el financiamiento a las cadenas agroalimentarias y la agregación de valor a la producción alimentaria”, detalla la iniciativa de noviembre de 2008. Mejía Haro mencionó indicadores que dan idea del abandono financiero que sufre el agro: la cobertura de crédito es de sólo 15 por ciento de la población rural y la de ahorro es aún menor, de cinco por ciento. Asimismo, de los 27 millones que pueblan el medio rural, 9.5 millones son bancarizables, pero apenas un millón y medio recibe servicios de crédito. En las comunidades menores a dos mil 500 habitantes, los servicios financieros no están disponibles y mil 400 municipios rurales carecen de intermediarios financieros para atender la demanda de crédito, ahorro y seguros. Debemos tomar en cuenta, dijo, que “en muchos de nuestros estados, como el mío, Zacatecas, los migrantes mandan remesas y quieren invertir en proyectos productivos para darles valor agregado y fortalecer las cadenas agroalimentarias, y por tanto requieren del apoyo del financiamiento. “Es necesario impulsar por vía de las leyes más intermediarios financieros. Hay muchas comunidades donde la gente debe transportarse cuatro o cinco horas para acudir a un intermediario, y aparte éste se orienta más a lo urbano y no al sector rural. Además el crédito disponible para el medio rural es escaso porque la banca privada está ausente y la Financiera Rural impone muchos requisitos”, señaló el legislador.

EL BICENTENARIO Y EL CENTENARIO, ¿QUÉ CELEBRAR EN LOS MEDIOS RURALES? Julio Moguel

P

oderosísimos intereses localizados en alguna cima de Estado pretenden que las celebraciones del bicentenario y del centenario de nuestras “revoluciones” de 1810 y de 1910 transcurran como una festiva borrachera nacional. La razón parecería ser de una simpleza apabullante: los gobernadores del México de nuestros días no tienen en realidad nada que celebrar, y el 2010 se les impone como un túnel que habrá que transitar con prisa y sin mirar hacia atrás. Pero el medio rural –y del medio rural sus sectores populares– de nuestros días sí tiene todo que celebrar, por tres razones importantes que conviene destacar: a) porque las revoluciones de 1810 y 1910 fueron campesinas y plebeyas, en lo fundamental; b) porque mostraron que lo marginal no lo es tanto –o no lo es en absoluto– cuando en determinadas circunstancias históricas impone su huella para marcar el rumbo de la construcción nacional; c) porque tales revoluciones siguen siendo, a 200 y cien años de su acontecer, algo que impone su impronta en el presente y explica aún las imposibilidades –profundas— del catrinismo en el país para imponer en definitiva a los de abajo los caprichos de su muy desairada voluntad.

Propongo repensar las revoluciones de 1810 y de 1910 para: A) Darle fuerza y realeza, en el presente, a una “visión epocal”. El mundo moderno nos pierde en la velocidad y en el detalle y, más allá de ello, nos envuelve con sus flashes fatuos e instantáneos o nos seduce con el consumo hedonista de sus productos chatarra (del tipo de “úsese y tírese”). Hay que pelear ahora contra el dominio de ese espacio-tiempo del poder instaurado y dejar claro, a la vez, que sin el sentido de pertenencia a una época se pierde el sentido de colectividad. B) Pensar “el pasado” en lo que ofrece a la formación de un espíritu libertario. Cuando la izquierda universal reivindica (aún) la Revolución Francesa, y grita: “¡Igualdad, libertad y fraternidad!”, tiene (o debería tener) en mente la necesidad de recoger o recuperar el espíritu de una época marcada por un profundo sentido o deseos de libertad. Debe reivindicarse, entonces, no sólo “el producto” o “el resultado” (“el mundo” o “sistema” que constituye), sino el tiempo mismo de la referida transición como tiempo vital que vale la pena (¿volver a?) vivir. C) Pensar entonces “el tiempo de la revolución” –o el tiempo de las revoluciones– como un “tiempo para (re) nacer”. Dejar que los muertos entierren a sus muertos y abrirle paso a los vivos, una y otra vez.

PORCENTAJE

2003

26%

2004

23%

2005

23%

2006

21%

2007

22%

2008

24%

Fuente: Finrural con datos de Banxico y FIRA. Datos PIB sector primario: base, INEGI.

FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGRÍCOLA* SALDOS DE CARTERA ( PRECIOS CONSTANTES BASE ENERO 2009)

AÑO

MILLONES DE PESOS

2003

94,511.9

2004

85,239.3

2005

85,523.9

2006

86,830.9

2007

92,625.4

2008

106,608.1

*Recursos de la Financiera Rural, FIRA, otros bancos de desarrollo y banca comercial. Fuente: Finrural.

Con la minuta, subrayó, “se busca impulsar el desarrollo sano, prudente, de los intermediarios financieros en manos de personas que habitan en el campo y que necesitan mejorar sus condiciones de vida”. También se fomenta la integración de asociaciones financieras comunitarias para administrar los excedentes que se dan en las comunidades rurales, sobre todo con las remesas de los migrantes, y permite que las federaciones de productores propicien servicios de asistencia técnica, capacitación a otros intermediarios financieros. Los cambios legislativos no sólo ponen énfasis en el crédito sino también en ahorro, que se tiene en forma potencial sobre todo en comunidades rurales con tradición migratoria, de Zacatecas, Michoacán, entre otros, dijo. (LER)

La crisis actual del capital debe pensarse ya no como una “crisis terminal” (con el vieja y gastada tonadilla de que “el futuro es nuestro” y de que “ha llegado el tiempo para convocar a la toma del Palacio de Invierno”), sino como el espacio-tiempo de posibilidades de un nuevo (re) nacimiento epocal. d) Las revoluciones de 1810 y de 1910, ¿lo que el tiempo se llevó? Reivindicar “lo no-jurídico” como lo real constitutivo de “lo jurídico”; la paleopolítica como la clave más profunda de “lo político” o de “la política”; la fuerza del Ser y del Hacer como constitutiva de la “norma”, y no al revés. Validar entonces al “acto revolucionario” no como un acontecimiento fundacional (el origen absoluto de los Estados-Nación) o terminal (la “toma del Palacio de Invierno” y el arribo del pueblo a Shangri-Lá), sino como un elemento de excepcionalidad “siempre posible” y “siempre presente” (y siempre generador entonces de libertad). e) Revisar el tema de “lo heroico” y de “la heroicidad” para las realidades de nuestro mundo actual. Nuestra relación con los héroes de esos dos tiempos históricos prácticamente ha dejado de ser una relación vital. El museo de las revoluciones se organiza hoy por simple agregación, sin importar qué tan contradictoria sea la presencia de “un héroe” frente a otro. Y el héroe que se acostumbra es generalmente un ser codigofágico y trepador. ¿Dónde están y quiénes son los verdaderos héroes de nuestras dos revoluciones? ¿Quiénes los héroes del margen y la otredad?


17 de abril de 2009

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Manejos discrecionales de recursos públicos ahogan al Colegio de Posgraduados • Asignaciones directas millonarias enriquecen a funcionarios de la institución • Nepotismo, empresas “patito”, ilegalidades en fideicomiso y más Lourdes Edith Rudiño

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a huelga de académicos del Colegio de Posgraduados (Colpos) –estallada el 15 de febrero y prevaleciente al cierre de este edición– destapó una cloaca de corrupción millonaria que vulnera las finanzas de este centro y –al implicar tratos con empresas fraudulentas de dudosa calidad y capacidad– deteriora el prestigio internacional impecable que esos académicos han construido a pulso. En 2001 el Colpos, que en febrero cumplió 50 años de existencia, fue reconocido como centro público de investigación (CPI), con grado de excelencia académica, dentro del sistema SEP-Conacyt (Secretaría de Educación Pública-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Ello implicó la obligación de homologar los salarios de los profesores-investigadores del Colegio con sus pares del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico (Cinvestav), que es el CPI que mejores niveles salariales registra. Hoy, a ocho años de distancia, no se ha cumplido esto, y he allí el motivo de la huelga. Lo que sí ha cumplido la dirección del Colpos, a partir de la estatus de CPI, es la creación en 2005 de un fideicomiso de administración e inversión (con número 167304) cuyo objetivo es dar flexibilidad financiera a la institución por vía de la captación de recursos económicos externos para la realización de trabajos de investigación; el fideicomiso, se supone, debería conformarse con el dinero sobrante después del financiamiento de cada proyecto, pero está operando de forma ilegal, con transferencias no de los sobrantes, sino del cien por ciento de los montos, en un marco de proyectos plagiados a académicos del Colegio, conflictos de intereses y asignaciones directas millonarias a un número reducido de empresas (que tienen socios y empleados compartidos). Un grupo de académicos del Colegio inició una investigación, con consultas vía el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), para saber qué pasa con los dineros en el Colpos, y –además de analizar el presupuesto federal (que en 2004-08 infló exagerada e injustificadamente, en 598 por ciento, su capítulo 3000, para gastos de viáticos, telefonía celular, pasajes de avión, asesorías, renta de vehículos y de edificios, en detrimento del capítulo 1000 para salarios)– se enfocaron en principio a Enrique Mejía Sáenz, un miembro del llamado dream team del Colegio, esto es uno del grupo de unos 20 académicos y administrativos que gozan prebendas y que dirigen el llamado “corporativo”, instancia creada hace unos cuatro años que ocupa un edificio ostentoso en el Campus Montecillo. Los resultados de las consultas con el IFAI fueron entregados a la Cámara de Diputados, cuyo pleno ordenó el 11 de marzo pasado una auditoría integral del Colpos a la Auditoría Superior de la Federación. De ellos destaca: Desde hace cuatro años Mejía Sáenz, profesor del Programa de Hidrociencias del Campus Montecillo, ha recibido varios proyectos con un importe de 566 millones 492 mil 764.70 pesos de convenios de colaboración principalmente con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en fechas recientes con la Secretaría de Agricultura (Sagarpa). De la información que logró documentarse, se observa que hay 35 proyectos aprobados en 2008 y con depósitos en 2009 en el fideicomiso, por 238 millones 863 mil pesos. De esos, 22 transfirieron el total del dinero recibido por el Colpos al fideicomiso (sin haber pasado por la fase de financiamiento del proyecto). Del monto total, 208 millones 196 mil pesos llegaron al fideicomiso, o sea 87 por ciento. Enrique Mejía ha girado instrucciones, vía oficios seriados, a Gloria Isabel Sánchez Torres, secretaria técnica del fideicomiso

y secretaria administrativa del Colpos, para que pague servicios contratados por asignación directa (sin concurso ni licitación, lo cual es violatorio de la Ley de Adquisiciones del Sector Público) a varias empresas, principalmente Telycom, Centro Mexicano de Investigaciones Hidroagrícolas (CMIH), Manejo Integral de Cuencas, SA de CV (MICA) y a cuentas particulares de Fernando López Upton, Alfredo Valencia Moreno y Edgar Ariel Espitia Guzmán, estos dos últimos con el mismo domicilio fiscal que Telycom. Todas esas compañías y personajes están vinculadas con Mejía Sáenz como colaboradores, socios o familiares. Telycom –propiedad de Ricardo Ávila Balcázar con domicilio en Texcoco— se llamó Ávila Balcázar y Compañía (Abyc) y Computadoras, SA CV en 2000-05 y preservó en los tres casos el mismo registro federal de causantes y la misma página web y correo electrónico. A principios de este 2009 Telycom desapareció; se convirtió en Century Impresión Digital GPS y ahora el gerente es Alfredo Valencia Moreno. Telycom, que físicamente era un changarrito de 3.5 metros de fachada, declara en sus facturas dedicarse a la “venta de equipo de cómputo, consumibles, papelería (...) y todo lo necesario para su oficina” y garantiza sus servicios por un año; inició su relación con el Colpos en 2000 con ventas por 15 mil 32 pesos; en 2005 le facturó 213 mil 647, en 2006 superó los siete millones y medio, para 2007 llegó a 11 millones 860 mil y en 2008, entre enero y octubre facturó al Colpos 41 millones 358 mil 804 pesos. Hay un oficio del 29 de mayo de 2008 donde Mejía Sáenz informó al director general del Colpos, Félix González Cossío, que Telycom es “altamente especializada y confiable para apoyar trabajos de campo y gabinete” y para el desarrollo de modelos integrales de sistemas de información geográfica y edáfica (análisis de suelos en su relación con las plantas), La recomendó así para que participara en la segunda fase del proyecto Digitalización del Campo Cañero de México para Alcanzar la Agricultura de Precisión de la Caña de Azúcar, proyecto éste que también en su primera fase tiene historia corrupta. En el oficio se recomienda además a la compañía Productividad en su Empresa, la cual ya no existe. El caso es que el fideicomiso hizo transferencias millonarias documentadas en facturas segmentadas de Telycom (varias con el mismo concepto muy difuso de “trabajo de campo y gabinete”, fechadas en un mismo día). Las solicitudes de los pagos fueron elaboradas y autorizadas por Enrique Mejía; las facturas las firmó él, y los pagos fueron hechos en un tiempo inusual (una semana después de cada solicitud) vía transferencias a una cuenta bancaria de Ángel Franco Ayala, gerente de Telycom. Los contratos carecen de reportes técnicos que deberían exigirse considerando los montos. Se observa que durante su corta vida (con esta razón social) Telycom hizo prácticamente toda su facturación con el Colpos; las facturas van seriadas. Tan sólo entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2007 (antes de involucrarse en el plan de Digitalización del Campo Cañero ) esta “papelería” registró 16 facturas por cinco millones 648 mil pesos con el concepto “trabajos relativos al desarrollo de planes de inversión en distritos y unidades de riego”, según documentó Alberto Raúl Macías en la publicación local de Texcoco Mirada Regional, el 11 de marzo. Macías se pregunta “¿El director González Cossío no se entera de estos manejos que se suceden a ritmo de ametralladora?” Entre las facturas mostradas a esta reportera por académicos que documentan la corrupción, destaca una de fines de 2008 por 10 millones de pesos por un “módulo integral de sistemas de información geográfica de zonas cultivadas”, algo que, dicen los expertos, no debería costar más de dos millones y eso, muy bien pagado. Aquí debe destacarse que Enrique Mejía es socio en la compañía CMIH (de las arriba mencionadas como vendedora de servicios al Colpos) cuyo sitio web, www.cmih.com.mx, fue recientemente desaparecido; le espantaron las peticiones de académicos al IFAI. Ricardo Ávila Balcázar y Ángel Franco (los de Telycom) son colaboradores también de CMIH. Esto es, Enrique Mejía solicita y autoriza pagos del Colpos y además recibe el pago, pues es parte de este grupo de “empresarios”. Negocio redondo. En una presentación de power point que hizo CMIH, donde utiliza como si fuera propio el logo del Colpos, señala que trabajó 42 proyectos en 2008. Se presume que todos éstos recibieron recursos del fideicomiso. Está pendiente que el Colpos informe al respecto para atender una solicitud hecha vía el IFAI. No ha respondido al IFAI con el argumento de la huelga. Entre los documentos obtenidos por medio del IFAI, está un depósito del fideicomiso a la cuenta personal de Fernando López Upton, por ocho millones de pesos, de septiembre de 2008. Él es un “administrador de bajo rango” del Colpos, no es académico y por tanto no hay razón para que se le haga este pago; él es cercano al grupo de socios de Mejía. Asimismo, el propio Enrique Mejía solicitó en dos oficios del ocho de diciembre de 2008 dirigidos a Gloria Isabel Sánchez que le transfieran del fideicomiso a su cuenta perso-

nal 27 mil 500 y 19 mil pesos, respectivamente, “para dar trámite a apoyos aprobados por la comisión y seguimiento” en un proyecto con la Conagua. Cabe señalar que en diciembre de 2007 Telycom facturó al Colpos ventas por más de ocho millones de pesos en computadoras, cámaras de video, digitales, impresoras, pantallas, sistemas de sonido y otros, pero todo ese equipo, justificado para proyectos de investigación, no aparece; los directivos del Colegio han dicho que está inventariándose, aunque ya transcurrió más de un año; también han dicho que el equipo quedó en manos del corporativo, lo cual es ilógico pues su objetivo era el trabajo de investigación. Esa compra sí se hizo bajo concurso, pero resulta que de tres empresas participantes dos eran en realidad una sola: Telycom y Abyc, y sospechosamente Telycom ofreció los precios más bajos en todos y cada uno de los equipos. La información sobre Enrique Mejía es muy abundante. En el portal de transparencia del Colegio apareció información sobre una adjudicación directa hecha a favor de MICA para realizar “apoyo en campo y gabinete y muestreo de suelos”, por 130 millones de pesos para la primera fase del proyecto de Digitalización del Campo Cañero. El Colpos inhabilitó por varios días su página web y cuando la restableció la cifra había cambiado a 13 millones. Destaca el hecho de que Luis Torres Cedillo, militante del PAN y esposo de la ex regidora panista por Texcoco, Cecilia Benítez Sánchez, es gerente de MICA. Y sus hijos Luis y Elibeth Torres Benítez son parte del equipo de la empresa. Elibeth es académica del Colpos y pareja sentimental de Enrique Mejía Sáenz. De acuerdo con la información obtenida vía el IFAI, la asignación fue hecha el 15 de diciembre de 2007, en el renglón relativo al contrato dice N/A (no aplica) y en cuanto a los gastos señala que el Departamento de Contrataciones “no tiene esa información”. Desde agosto de 2008 el IFAI instruyó al Colegio entregar la información completa, pero aún no hay respuesta. Del total de 2 mil 622 contratos otorgados por el Colpos en 2007 y 2008, sólo 66 fueron sometidos a concurso. La gran mayoría fueron por asignaciones directas y con la injerencia del famoso fideicomiso, del cual dicen los académicos que buscan transparencia, “es un hoyo negro”. Aunque hay un consuelo: los académicos recibieron de los diputados la seguridad de que las empresas privadas beneficiadas por el fideicomiso entrarán en los procesos de la ASF pues la ley ya lo permite. Destaca que Enrique Mejía ha sido el responsable técnico de 110 proyectos externos de 2005 a 2008, sobre todo de la Conagua y de la Sagarpa. Y que, además de beneficiar a las empresas mencionadas, ha dado contratos por asignación directa a otras empresas en procesos oscuros, como es el caso de Irrigación México, SA (Irrimex), de Guanajauto. El 22 de diciembre esa empresa envió una factura por 811 mil pesos al Colpos y el mismo día Enrique Mejía ordenó su pago. Está también el caso de Asesoría Rural, Estudios y Diagnóstico en Cuencas Hidrográficas (Aredchi) a la cual le autorizó pagos de contratos por asignación directa por tres millones 678 mil pesos en 2007 y 2008. Aredchi llama la atención, porque, al hacer esta reportera una búsqueda rápida por internet surgió una página del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) dependiente de la Conagua, donde se dice que, con una vigencia del 15 al 23 de octubre de 2008, realizó un concurso por la modalidad de invitación a cuando menos tres personas para un “estudio edafológico del sistema ambiental regional Paso de la Reina”. Las empresas son precisamente Aredchi, junto con MICA, CMIH donde Mejía tiene intereses, y otra más, Protolab, SA CV, a la cual no se le pudo encontrar vínculo. El hoyo negro no sólo está en el fideicomiso del Colpos, sino en muchos pagos y decisiones que hace el “corporativo” de la institución con los recursos federales del Capítulo 3000 del presupuesto. Lenin Guajardo, secretario general del Sindicato Independiente de Académicos del Colpos (Siacop), comenta por ejemplo que, antes de ser inhabilitada temporalmente, la página de transparencia del Colpos mostraba el dato de que el Colegio pagó durante mes y medio un millón 815 mil pesos a una persona por asesoría jurídica para confrontar la huelga del Siacop y la del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colpos, las cuales ocurren en paralelo. Los directivos del Colpos dijeron que había un error “de dedo, en dos ceros”, que el pago fue de 18 mil 500 pesos. Según Lenin Guajardo, quien participa en documentar las irregularidades del Colpos, para remodelar la oficina del director jurídico del Colpos se gastaron 250 mil pesos, “una cantidad exagerada considerando que en Texcoco, donde se ubica el Colegio, serviría para comprar una casa con todo y terreno... el problema es que el edificio del corporativo del Colpos tiene oficinas de primer mundo, con puertas automáticas, mientras que las áreas de investigación carecen a veces de computadoras, impresoras, sillones”. Se tiene documentado que el Colpos pagó 250 mil pesos para un proyecto arquitectónico de construcción de un segundo piso de la cafetería. “Con ese dinero seguramente se hubiera construido el piso”, según Guajardo.


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HISTORIA DE UN PLAGIO

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l Colegio de Posgraduados (Colpos) está sectorizado en la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), y el titular de esta dependencia, Alberto Cárdenas, conoce por lo menos parte de los abusos y corruptelas que allí ocurren, y debería actuar para identificar, frenar y pedir castigo para los responsables. El 11 de marzo personal académico del Programa de Edafología del Colpos entregó una carta a Cárdenas, donde dice: “queremos deslindanos del proyecto Diagnóstico de Suelos” del Sistema de Información de Azúcar (SIAzúcar) reportado en el portal del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Sagarpa, debido a que “da la apariencia errónea de haber sido realizado bajo la dirección, coordinación y ejecución” de los responsables de las áreas de suelos (cartografía, clasificación, evaluación de tierras, fertilidad, etcétera) del Colpos. Carlos Ortiz Solorio, Jorge Etchevers Barra y Carmen Gutiérrez Castorena, expertos reconocidos como los mejores en materia de suelos en el país, son algunos de los que firmaron la carta. En entrevista, Ortiz Solorio y Gutiérrez Castorena explican, y así lo dice la carta, que la “presentación” de tal diagnóstico es copia fiel (incluidas fotografías tomadas por Ortiz, una de ellas de su propia persona en campos de Texcoco) de un proyecto que propusieron los académicos del área de Génesis, Morfología y Clasificación del Suelos del Colpos en agosto de 2007 al secretario académico del Colegio, Francisco Gabi Reyes, y a Enrique Mejía Sáenz, enlace académico del Programa de Hidrociencias. Este proyecto fue presentado por Ortiz Solorio con la petición de un presupuesto de 20

En la versión que tenía la Sagarpa en su página web se ve una fotografía donde aparece una foto del propio doctor Carlos Ortiz, víctima del plagio.

millones de pesos, pero Gabi Reyes lo rechazó, pues le pareció oneroso. Posteriormente el Colegio le asignó el proyecto a Enrique Mejía quien a su vez contrató por asignación directa a la empresa privada Manejo Integral de Cuencas, SA CV (MICA) sin que hubiera de por medio una propuesta metodológica. A esta compañía se le asignó en diciembre de 2007 un presupuesto de 130 millones de pesos para realizar los trabajos de la primera fase del plan. Así, los investigadores denuncian: “se plagiaron nuestro proyecto”. Lo que ha ocurrido, dicen, “es un comportamiento irregular e ilegal de nuestras autoridades” del Colpos y afirman que en la práctica el trabajo se ha realizado con personal técnico que no cuenta con la preparación analítica suficiente y los resultados analíticos del trabajo no satisfacen las normas de calidad de laboratorios de alta especialidad, “lo cual arroja dudas sobre la precisión y exactitud de los resultados” además de que atenta contra el prestigio del Programa de Edafología.

Académicos de excelencia con salarios de miseria De los 570 académicos del Colegio de Posgraduados (Colpos) 390 (63 por ciento) son doctores en ciencias, 179 tienen grado de maestros en ciencias y 47 de licenciatura. De los que cuentan con grado doctoral, 235 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo cual representa 66 por ciento del total de profesores. “Esto conforma uno de los grupos más sólidos de enseñanza e investigación en ciencias agrícolas en México y uno de los más consolidados en América Latina”, señala un reporte del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colpos (Siacop). No obstante eso, los académicos del Colpos tienen los salarios más bajos del sistema SEP-Conacyt. Respecto de los de Cinvestav, son inferiores entre 56 y 126 por ciento, según la categoría. Y hay también una gran disparidad de los sueldos mensuales de los académicos del Colpos frente a los que perciben los funcionarios administrativos del propio Colegio. La categoría más alta, de profesor investigador titular recibe 18 mil 700 pesos mensuales (hay que restarle impuestos), mientras que el director general gana 120 mil pesos al mes más un bono asegurado de 1.2 millones de pesos anuales (más que el presidente de la República); el secretario general gana más de 60 mil; el contralor, más de 40 mil, y el secretario particular del director general rebasa los 20 mil pesos. El compromiso de la homologación de los salarios se ha venido escamoteando por parte de la dirección del Colpos con la complicidad de las secretarías de Agricultura y del Trabajo. En abril de 2008 el director del Colegio, Félix González Cossío, presentó un proyecto para la homologación (prevista a realizarse gradualmente en varios años, tres, según la expectativa del Siacop), y aparentemente todo estaba en orden, pero en agosto entregó un nuevo informe en el que se indica que los salarios se van a ajustar con base en la productividad. El Siacop manifestó inmediato rechazo, pues tal esquema, dijo, busca beneficiar con estímulos o becas a unos cuantos académicos del Colegio –a quienes se les asignarían “proyectos de transferencia tecnológica”— y dejar al resto al margen, lo cual es discriminatorio y anticonstitucional. Miembros del Siacop consideran que la huelga de los académicos se ha prolongado deliberadamente como una estrategia de la Secretaría de Agricultura para oficializar un nuevo perfil del Colpos, que entraría en vigor con un nuevo decreto presidencial que sustituiría al de su creación (el cual está en espera de firma del presidente pero es rechazado por los académicos del Colegio). Ese decreto aún no firmado implica, entre otras cosas un poder vertical de la dirección general del Colegio, la subdivisión de las tres catego-

Ortiz Solorio, quien es Premio Nacional de Ciencia del Suelo 2004 y nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), comenta: “El Colegio acepta ese tipo de convenios de colaboración porque tiene los especialistas, pero en lugar de que lo hagan lo especialistas, triangula a esta compañía particular. La empresa muestreó todos los suelos y ahora se va a hacer análisis de laboratorio otra vez al Colegio. ¿Por qué hace eso? Si se le contrató debería contar con sus propios laboratorios. En el Colegio todos nos conocemos y empezamos a notar que la forma de trabajar fue irresponsable y vergonzosa, por eso denunciamos no sólo plagio sino también que las cosas se hicieron mal”. Al día siguiente de entregada la carta, desapareció la presentación mencionada de la página del SIAP –“como que ya no existe, como que ya no hay plagio”, dice Ortiz– y en su lugar ahora aparece una conferencia firmada por el director del Colpos, Félix González Cossío, por Gabi Reyes y por Enrique Mejía, la cual fue presentada en un congreso de técnicos azucareros en Veracruz en septiembre de 2008. De cualquier manera, un notario convocado por los académicos dio fe de los hechos de lo que aparecía y lo que aparece ahora en ese sitio web relativo a este proyecto. Carmen Gutiérrez Castorena, nivel 2 del SNI señala “Hay que ver cómo operan ellos (directivos y ‘corporativo’); dicen: queremos hacer un trabajo suelos, llaman al profesor Osorio, él les da las ideas. Enrique Mejía las retoma y las presenta después a la junta directiva –donde Víctor Villalobos Arámbula, director de Asuntos Internacionales de la Sagarpa e impulsor de la tecnología transgénica, funge como presidente suplente–. Allí se aprueba el proyecto pero a favor de la empresa privada”, donde sabemos, en el caso de MICA, Mejía tiene conflicto de intereses, pues allí familiares suyos son socios. (LER)

rías salariales actuales de profesores investigadores a un total de nueve, lo cual retrasaría por muchos años los ascensos; y exigencias extremas para alcanzar el máximo grado de profesor investigador titular (de tal forma que en lugar de homologar en ese nivel a 117 académicos que lo ameritan, sólo se beneficiaría a 17, según Lenin Guajardo). Adicionalmente, se prevé, de acuerdo con Carmen González Castorena, participante en las mesas de negociación de los huelguistas, algo que está proponiendo Víctor Villalobos: la creación de la categoría de “profesor extensionista”, que sí ganaría altos salarios y donde, prevén los académicos, se ubicaría a aquellos profesores consentidos (el dream team) que fomenten el negocio, la asociación con empresas privadas, y el fomento de ciertas tecnologías, como la transgénica. Cabe decir que en las negociaciones para levantar la huelga, las secretarías de Agricultura y Trabajo pretenden que los trabajadores académicos acepten un compromiso de productividad “bajo los esquemas y términos de la Secretaría de Hacienda” a cambio de 12.3 millones de pesos (más otros 12 millones que se darían sin condicionamiento) que servirían para iniciar la homologación de salarios. “Les hemos dicho ‘dame los esquemas para leerlos’ pero nos responden que no; quieren que firmemos a ciegas y que luego nos enteremos de los términos de Hacienda”, los cuales obviamente deben coincidir los del proyecto de decreto mencionado. Recordemos que en 2003, durante el foxismo, el Colpos sufrió un intento de desincorporación, se le trató de desaparecer –al igual que al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), al Instituto de Capacitación Rural (Inca-Rural), la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y otros— no obstante que este Colegio cuenta con 21 posgrados en el padrón de excelencia del Conacyt. Los académicos y trabajadores defendieron entonces la institución y sobrevivió, pero ahora quienes están documentando todos los fraudes dentro del Colegio ven en ellos y en el demérito salarial que los académicos sufren el intento de desvirtuar nuevamente a esta institución. El Siacop destaca el hecho de que el Colpos sí tiene dinero suficiente para afrontar la homologación salarial, pero su presupuesto federal se ha ido abultando cada vez más en el Capítulo 3000, relativo a gastos superfluos (viáticos, asesorías, pasajes de avión), mientras que el 1000, de salarios, está estancado. En 2005 el presupuesto federal del Colpos sumó 420 millones de pesos y para 2008 llegó a 788.5 millones; aumentó en 87.7 por ciento. Pero entre esos años el capítulo 3000 creció de 47.7 millones a 285.5 millones de pesos, esto es ¡598 por ciento! Se sabe que de este capítulo 3000 hay dinero que se va al fideicomiso con que se contratan de forma oscura servicios de empresas privadas, lo que se desconoce es cuánto. (LER)

Evento: Tercer Festival del Maíz. Organiza: Diversidad de Organizaciones de la Sociedad Civil. Lugar: Amatlán de Quetzalcóatl, Tepoztlán, Morelos. Fecha: 26 de abril de 2009. Informes: festivalmaiz@gmail.com / www. festivalmaiz.blogspot.com Evento: V Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana Contra las Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR). Organiza: REDLAR Lugar: Distrito de Boquete, Provincia de Chiriquí, República de Panamá. Fecha: Miércoles 22 al sábado 25 de abril de 2009. Informes: www.redlar.org Evento: Segundo Congreso Internacional y Feria Nacional del Frijol. Organizan: Varias dependencias Lugar: Palacio de Convenciones, Zacatecas, Zac. Fecha: 3 al 5 de junio de 2009 Informes: http://www. congresofrijol.com/ Libro: Construyendo el Desarrollo Rural Integral y Sustentable en Guerrero. Volumen I. Nuevas Políticas Públicas para el Campo. Coordinadores: Armando Ríos Piter, Carlos Toledo Manzur y Armando Bartra. Editores: Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Desarrollo Rural y FAO – México. Con este volumen se inicia la publicación de estudios y análisis sobre las políticas públicas para el desarrollo rural sustentable puestas en marcha por la Secretaría de Desarrollo Rural en el estado de Guerrero, durante el periodo 2005-2008. Con ello se deja constancia del diseño y la acción gubernamentales de un modelo de desarrollo innovador, adaptado a las condiciones del campo guerrerense, a sus demandas y necesidades. Asimismo, los documentos constituyen una evaluación sobre los asuntos pendientes en esta materia. Encontrar el equilibrio para un desarrollo rural económicamente viable, ambientalmente sostenible y con equidad social es un asunto complejo y más para un estado como Guerrero, con un rezago considerable en estos temas. Evento: El Maíz es la Raíz. Exposición fotográfica. Autor – Fotógrafo: David Lauer. Organiza: Gobierno del Distrito Federal por medio de la Secretaría de Cultura del DF. Lugar: Plaza Juárez (Av. Juárez s/n. Frente al Hemiciclo a Juárez, Centro Histórico) Fecha: Del 19 de marzo al 6 de mayo de 2009. Libro: Reserva Estratégica de Alimentos: Una Alternativa para el Desarrollo del Campo Mexicano y la Soberanía Alimentaria. Coordinadores: Alfonso Ramírez Cuellar, Benito Ramírez Valverde, Beatriz A. Cavallotti Vázquez, Carlos F. Marcof Álvarez, Alfredo Cesín Vargas. Editores: Varios. Los artículos que se presentan en este libro son producto de la investigación de académicos y de la experiencia de productores del campo. Consideramos que son trabajos importantes que valen la pena para comprender la situación del sector agropecuario y de los productores rurales, que fundamentan la necesidad de realizar cambios sustanciales en la política agropecuaria con el fin de incrementar la producción, mejorar la distribución de los productos del campo, mejorar las condiciones de vida de los productores rurales.


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15 iba a frenar tal fenómeno causado por la falta de oportunidades de empleo en México y la asimetría en los salarios y condiciones laborales? ¿Acaso no representa este hecho por sí mismo una evidencia irrefutable del fracaso del TLCAN? • De los 11.9 millones de indocumentados radicados en Estados Unidos, 7 millones son de origen mexicano. • En los 15 años del TLCAN han muerto más mexicanos intentando llegar a los Estados Unidos que alemanes tratando de saltar el Muro de Berlín.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Nosotros, pueblo de México, también queremos renegociar el TLCAN para proteger nuestro maíz, el empleo de millones de campesinos y campesinas así como los modos de vida del campo mexicano Hacia una nueva era de cooperación entre los pueblos de México y Estados Unidos con base en el respeto a nuestra soberanía, dignidad y derecho al desarrollo sustentable Solicitamos al presidente Obama un diálogo sobre el TLCAN Señor Barack Obama Presidente de los Estados Unidos de América Presente. 1. Bienvenido a México presidente Obama En ocasión de su visita a nuestro país, le damos la bienvenida en nombre de las decenas de organizaciones campesinas, de derechos humanos, ambientalistas y de promoción del desarrollo sustentable y de los miles de ciudadanos y ciudadanas que participamos en la Campaña Nacional Sin maíz no hay país. La esperanza del pueblo estadounidense en el cambio y su valiente decisión para terminar con el régimen de Bush y elegirlo a Usted como presidente de los Estados Unidos representa también para el pueblo de México una esperanza para acabar con la era del neoliberalismo y de la democracia simulada de las corporaciones en nuestros países y avanzar hacia un nuevo modelo de cooperación entre nuestros pueblos teniendo como propósito central el desarrollo humano sustentable y los derechos de la gente. La Campaña Nacional Sin maíz no hay país es una iniciativa ciudadana plural que impulsa la recuperación del derecho de nuestro país a la soberanía y seguridad alimentarias, el derecho de los campesinos y campesinas al trabajo y al mantenimiento de sus modos de vida, el derecho a la alimentación de todos la población y nuestro derecho a la preservación del patrimonio genético y cultural de los maíces nativos mexicanos. Y para todo lo anterior, consideramos como una condición necesaria aunque no suficiente, la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN. 2. El presidente Felipe Calderón no hablará con la verdad sobre el TLCAN Viene Usted a entrevistarse con el presidente Felipe Calderón. Seguramente no tendrá oportunidad de entrevistarse con representantes de la sociedad civil. Esta es la razón de la presente carta abierta. Debe Usted saber que el presidente Felipe Calderón no representa legítimamente al pueblo mexicano y que no le hablará con la verdad acerca del TLCAN y sus dramáticos impactos negativos económicos, sociales y ambientales en el campo y en la alimentación de toda la población. El presidente Calderón, por el contrario, representa los intereses de las grandes corporaciones, en especialmente de las agroalimentarias, y pretenderá “aconsejarlo” otra vez como lo hizo antes desde Buenos Aires y en Washington en torno a que el TLCAN ha sido de gran utilidad para nuestros pueblos, que ha beneficiado enormemente a México y que se debe profundizar en el modelo fracasado de libre comercio. 3. La verdad del TLCAN y sus impactos negativos en el campo mexicano La verdad del TLCAN y sus impactos económicos, sociales y ambientales es otra y Usted señor presidente Obama debe saberla: • La emigración de mexicanos a los Estados Unidos se ha incrementado en los 15 años pasados de vigencia del TLCAN. En este periodo emigraron 6 millones de mexicanos a los Estados Unidos, triplicando el promedio anual previo al TLCAN para alcanzar la cifra de 500 mil mexicanos por año. ¿Acaso no prometieron que con el TLCAN se

• El gobierno mexicano ha renunciado a su obligación de garantizar el desarrollo del campo y a la producción de alimentos confiado fanáticamente en los supuestos beneficios del TLCAN y en la “válvula de escape” que representa (o que representaba dada la actual recesión económica), por un lado, la migración a Estados Unidos. En el campo mexicano no hay oportunidades de empleo para millones de campesinos por las importaciones dumping de los Estados Unidos, el control de las grandes corporaciones y la ausencia de una política de producción agroalimentaria y de desarrollo rural sustentable del gobierno mexicano. • Desde la entrada en vigor del TLCAN, México perdió su autosuficiencia alimentaria. Actualmente nuestro país importa el 42% de los alimentos que consume, con un valor de 22 mil 500 millones de dólares y con un déficit en la balanza comercial agroalimentaria de 5 mil 500 millones de dólares (2008): importa alimentos y exporta millones de campesinos y pobladores rurales. • Las importaciones dumping, las importaciones de maíz transgénico sin control ni trazabilidad y la irresponsabilidad del gobierno mexicano al promover la siembras de maíz transgénico en el centro de origen y diversidad del maíz como lo es México, están afectando el modo de vida de millones de campesinos y pobladores rurales, la cultura alimentaria del pueblo mexicano y están contaminando las decenas de razas y las miles de variedades de maíces nativos que representan un patrimonio genético y cultural invaluable no sólo para México sino para toda la humanidad. Lo anterior sólo para impulsar las ventas y utilidades de Monsanto. Al respecto, el estudio de la Comisión Ambiental de América del Norte conducido por el Dr. José Sarukhán recomendó que debiera molerse el maíz importado de Estados Unidos a fin de prevenir la incorporación de maíz transgénico a la cadena de la alimentación humana como la contaminación de maíz nativo. El alimento es inseparable de la forma en que se produce, se adquiere y consume. Es cultura, es identidad a más de ser la ingesta de nutrientes, calorías y proteínas, una alimentación adecuada es cultura. De acuerdo como lo demuestran las actuales prácticas de cultivos orgánicos de traspatio emprendidas por Usted en la Casa Blanca, tenemos confianza que ya sabe sobre estos temas y le felicitamos y apreciamos el compromiso de su Administración con la comida saludable, orgánica y cosechada localmente. Ahora, queremos dialogar sobre la promoción de estas mismas prácticas de siembra y consumo en México y pedimos su apoyo a nuestra causa. • Los precios de la canasta alimentaria se han multiplicado por 10 en los 15 años del TLCAN. Tan sólo en el periodo de la administración del presidente Calderón el encarecimiento de los alimentos ha sido del 70%. Lo anterior cuando el 65% de los mexicanos vive en la pobreza, los salarios han perdido su capacidad adquisitiva en 70%, más de 7.3 millones de mexicanos están desempleados en el primer trimestre del presente año y más del 55% de la población económicamente activa se encuentra en ocupada en la economía informal, sin prestaciones ni seguridad social. El hambre deja de ser un misterio para explicarse a partir de la toma de decisiones humanas donde el acceso físico y económico a los alimentos deja de ser un derecho. El hambre y la malnutrición no son un problema de disponibilidad sino una falta de alimentos en calidad nutricional, cantidad y aceptabilidad cultural, lo cual impacta en el nivel de vida y atenta contra la dignidad humana. • México es un país de malnutridos, en donde se viola sistemáticamente el derecho a la alimentación: por un lado, 20 millones de mexicanos padecen desnutrición y anemia como en la África subsahariana, principalmente niños y niñas menores de 5 años y que viven en el medio rural y pertenecen a comunidades indígenas; y, por otro lado, 70% de los mexicanos padecen obesidad, debido al consumo de alimentos y bebidas chatarra que producen las grandes corporaciones agroalimentarias. Somos el segundo país en el mundo con obesidad y consumo de refrescos. • Preocupa que las organizaciones campesinas que están defendiendo sus derechos, el derecho a la alimentación de los mexicanos, luchando contra la siembra de maíz transgénico y contra las grandes corporaciones agroalimentarias estén siendo hostigadas y perseguidas por las autoridades fabricándoles delitos. Esto no hace más que criminalizar la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. • Con el TLCAN se intensificó el despojo de tierras y recursos naturales de las comunidades indígenas y campesinas. Este hecho ha generado más pobreza en las zonas rurales de México. Las tierras se utilizan para construir megaproyectos de inversión (presas, autopistas de cuota, aeropuertos, parques agroindustriales, parques eólicos, etc.) de empresas trasnacionales y paraestatales que administran grupos privados. Se violan sistemáticamente los derechos humanos de las poblaciones y los convenios internacionales firmados por México como el artículo 169 de la OIT para pueblos indios y el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

• El presidente Calderón dice que el TLCAN es lo mejor; eso mismo dicen las 20 grandes corporaciones que controlan el sistema agroalimentario en México. Sin embargo, la mayor parte del pueblo mexicano piensa lo contrario como lo confirma un reciente estudio: la mayoría de los mexicanos (73%) y también sus líderes (72%) consideran que México debe tratar de renegociar el TLCAN, sobre todo el capítulo agrícola. • Gracias a las políticas económicas y sociales neoliberales que se han profundizado con el TLCAN, la desigualdad en México se ha incrementado (10% de la población más rica concentra el 65% de la riqueza nacional; el presidente Calderón puede presumir el oprobioso récord de México de tener a uno de los hombres más ricos del mundo y al mismo tiempo tener la tasa de crecimiento más baja de América Latina y el Caribe. • En suma, el TLCAN se negoció por y para las grandes corporaciones de América del Norte. En México, el TLCAN se negoció mal y se ha ejecutado peor: hemos perdido soberanía, somos un país dependiente, únicamente se han beneficiado las grandes corporaciones y una exigua minoría de agroexportadoras, resultando perdedores los campesinos y las campesinas, los y las trabajadoras y el medio ambiente. Asimismo, señor presidente Obama, la inseguridad y el crimen organizado que tanto nos preocupa lo mismo que a su gobierno se han incrementado en México por las siguientes causas: 1) falta de oportunidades de empleo, salarios dignos y educación para millones; 2) desigualdad creciente; 3) corrupción e impunidad; 4) falta de credibilidad en el gobierno y sus instituciones que únicamente representan a grupos de interés y defienden privilegios; y 5) una estrategia fracasada, unilateral, parcial y superficial, con base en la militarización. Mientras no se decida combatir las causas económicas, sociales e institucionales de fondo que propician la inseguridad y el crimen organizado, la estrategia del presidente Calderón continuará fracasando. 4. Nuestras propuestas para la renegociación del TLCAN y la construcción de una nueva era de cooperación para el desarrollo sustentable Por todo lo anterior, presidente Obama, le decimos que no solamente el pueblo estadounidense necesita renegociar el TLCAN como Usted atinadamente lo recogió como compromiso de su campaña presidencial y lo ha reiterado ahora como presidente de los Estados Unidos, también nosotros necesitamos renegociar el TLCAN. Le proponemos a Usted, al Congreso de su país y al pueblo hermano de los Estados Unidos los siguientes puntos para construir una nueva era de cooperación entre nuestros pueblos con el propósito central de impulsar el desarrollo humano sustentable, la vigencia plena de los derechos humanos para la gente y con el respeto pleno a la soberanía de nuestros países: I. Renegociar el TLCAN para recuperar nuestra soberanía y seguridad alimentaria, por el derecho a preservar nuestras variedades nativas de maíz sin contaminación transgénica; por el derecho a producir nuestros propios alimentos; por el derecho a mantener el trabajo y los modos de vida de 3 millones de maiceros y sus familias; por el derecho a la existencia y valorización de nuestra cultura e identidad como pueblo de maíz; por el derecho al desarrollo humano sustentable en el campo mexicano. II. Establecer un acuerdo trinacional de cooperación para el desarrollo agroalimentario y el desarrollo humano sustentable en el medio rural, que incluya entre otros temas, la puesta en marcha de un fondo de inversiones estructurales y de cohesión social, la prohibición de las exportaciones desleales y la supresión de las barreras proteccionistas no arancelarias disfrazadas de medidas fito-zoosanitarias. III. Promover un proceso trinacional de debate público entre las administraciones, congresos y sociedad civil para establecer una alternativa al fracasado modelo TLCAN con base en la cooperación para el desarrollo humano sustentable; los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los trabajadores y campesinos; los derechos de los migrantes; los derechos democráticos. IV. Impulsar una reforma migratoria en los Estados Unidos que permita la legalización de las y los indocumentados. No al muro fronterizo, no a la criminalización de los indocumentados. V. Declarar, entre tanto, una moratoria al ASPAN y a la Iniciativa Mérida. Decimos no a la militarización de la frontera. La inseguridad y poder crecientes del crimen organizado en México son fruto de la desigualdad, la falta de oportunidades de empleo y vida digna para la mayoría de los mexicanos, principalmente del campo, y de la falta de un gobierno que responda a sus necesidades, derechos y sueños. Para profundizar lo antes expuesto, nos gustaría tener la oportunidad de sostener un diálogo directo con Usted.

Atentamente ¡El campo no aguanta más! ¡Sin maíz no hay país! ¡El hambre no espera! ¡Alimentos campesinos para México!


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MUNDO DE CONTRASTES:

LOS JORNALEROS EN LA AGRICULTURA GLOBALIZADA Yolanda Massieu

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e los jornaleros agrícolas impresionan las condiciones de miseria, insalubridad, violación a sus derechos humanos y precariedad en las que trabajan. Algunos de ellos son indígenas monolingües y la mayoría no concluyó la primaria. En contraste, sus patrones, involucrados en mercados globales, son empresarios informados, al tanto de los precios externos, con nivel de educación superior. Recuerdan a los jugadores (algunos lo son), pues incursionar en los productos agrícolas exportables (hortalizas, frutas y flores) es como apostar en la ruleta. Estos empresarios disputan los mercados con sus pares estadounidenses. Generalmente son emprendedores, atentos a las innovaciones tecnológicas (IT) para lograr mayor rentabilidad. Confían más en las innovaciones extranjeras, ofrecidas por las corporaciones multinacionales que venden los insumos. Respecto a la relación entre la IT y los jornaleros, recientemente analicé cuatro casos: la producción de flor en Villa Guerrero, Estado de México; de papa en Coahuila, Guanajuato, Estado de México y Puebla; de jitomate y hortalizas en Sinaloa, y de papaya, en Veracruz y Chiapas. Todos se incluyen dentro de la agricultura globalizada, que crece a partir de los 80s, con las políticas neoliberales iniciales. Es competitiva, tiene mercados externos rentables y funciona en asociación con empresas comercializadoras estadounidenses (el único mercado externo). Esta agricultura se considera globalizada porque exporta y tiene un vínculo con el exterior por medio de la compra de insumos y los tratados comerciales. Ha sido caracterizada como “exportaciones agrícolas no tradicionales” y proviene de un cambio en la división del trabajo agrícola internacional: los países centrales se vuelven exportadores de granos básicos, varios países periféricos pierden su autosuficiencia alimentaria (como México) y dedican el sector rentable de su agricultura a producir hortalizas, frutas y flores, tanto para exportación como para los consumidores nacionales de altos ingresos. Las flores, producto de ornato, presentan también un crecimiento en su demanda en estos años, principalmente en los países centrales. El interés es indagar cómo opera la IT como dispositivo de poder en las cadenas agrícolas globales y afecta a los jornaleros de campo. La aparición de la biotecnología y genómica agrícolas, en manos de grandes corporaciones globales, moldea y genera relaciones sociales en la agricultura y afecta a los actores involucrados. Las cor-

poraciones invierten grandes sumas en investigación para obtener nuevas variedades (transgénicas y convencionales), ante las cuales la inversión en investigación de los países subdesarrollados es mínima. Casi todos los empresarios de la agricultura globalizada dependen de las corporaciones para la compra de la semilla. Hay dos sectores de productores claramente diferenciados: los pequeños, que combinan los cultivos rentables con la producción de maíz y una diversidad de actividades, entre ellas la migración, y los grandes empresarios, vinculados a los mercados globales y la IT, que son los que contratan jornaleros. Respecto de la IT, en el caso de las flores hay una división entre la floricultura tradicional, a cielo abierto y la intensiva de invernadero, que es la que exporta. Casi todos los insumos son importados y los productores dependen de corporaciones multinacionales para la compra del material genético. En el caso de la papa, existió un proyecto de generación endógena de variedades transgénicas resistentes a virus, a partir de un convenio entre Monsanto y el Centro de Investigaciones Avanzadas (Cinvestav) del Politécnico. Las variedades fueron creadas, pero no llegaron a comercializarse y el virus al que son resistentes no representa un problema importante para los productores. La IT que aplican los grandes productores es la producción de semilla libre de enfermedades en laboratorios de cultivo de tejidos, una biotécnica suave, que no es ingeniería genética. Existen pocos laboratorios en el país, pero los empresarios los consideran un eslabón estratégico. Estos productores están organizados en la Confederación Nacional de Productores de Papa (Conpapa), que a la fecha ha logrado protección en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para la importación de papa fresca de Estados Unidos. Las hortalizas en Sinaloa son un sector paradigmático en cuanto a cultivos exportables. La producción de jitomate se destinó a la exportación desde principios del siglo XX. Las innovaciones comprenden la plasticultura con fertirrigación, las semillas y los insumos son vendidos por corporaciones multinacionales. En Sinaloa la Fundación Produce prueba las diversas variedades comerciales y proporciona información a los productores. Para estos empresarios no funcionó el jitomate transgénico FlvrSvr de larga vida de anaquel y encontraron una variedad israelí convencional (Divine Ripe) con la misma característica, que les permitió un aumento de productividad importante. Existe una tendencia creciente a realizar toda la producción en invernadero, pues aumenta la productividad, se

ahorra agua y se controlan las plagas. El caso de la papaya es importante porque México y el Caribe son centro de origen de la fruta, si bien las papayas nativas mexicanas ya no se siembran porque la variedad cubana Maradol, de mejores características comerciales, domina el mercado. Existe en el Cinvestav un proyecto de generación de variedades transgénicas resistentes al virus de la mancha anular, que es un problema significativo para los productores, pues pierden hasta 40 por ciento de la cosecha por esta plaga. También hay investigación de resistencia con variedades convencionales. En este caso, una empresa cubano-mexicana produce la semilla y están surgiendo pequeñas empresas semilleras, algunos productores prefieren producir su propia semilla. Parece ser que en las variedades nativas hay mayor resistencia al virus, pero aún no se obtiene una variedad resistente, ni transgénica ni convencional. En lo referente a los trabajadores, la floricultura emplea básicamente a jóvenes de la localidad, con alta rotación, es frecuente que pasen de una empresa a otra sin cambiar sus condiciones. Es una gran generadora de empleo: el invernadero requiere mil jornadas/hectárea/año. En los 80s se prefería contratar a

mujeres, hoy, ante la migración y la escasez de mano de obra, se contrata a ambos géneros. El pago es a destajo y los ingresos son mínimos: un peso por ramo armado en el centro de acopio y la cuota mínima es de 100 ramos/día. Es decir, cien pesos diarios en 2007. En cuanto a la papa, en Guanajuato los jornaleros son básicamente mujeres y niños, pues los hombres adultos migran. En 2000 se pagaban cien pesos por jornada. Los laboratorios de cultivo de tejidos generan un nuevo tipo de empleo, básicamente para mujeres. Si bien la cantidad de empleos generada es mínima, los empresarios ven futuro como productores de semilla si se abre el mercado de papa fresca. A la producción de hortalizas en Sinaloa migran indígenas de comunidades muy pobres de Guerrero y Oaxaca desde hace varias décadas. Viajan las familias completas en condiciones difíciles y el trabajo infantil es una constante. Es muy clara la estratificación entre jornaleros y jornaleras indígenas, algunos de ellos monolingües, sin primaria concluida, y las trabajadoras de los invernaderos, que son locales y con mayor escolaridad. En caso de generalizarse la producción total en invernadero, impactaría el mercado de trabajo y posiblemente excluiría a los jornaleros indígenas. Los múltiples intentos de sindicalización han fracasado y recientemente parecen ser más frecuentes organizaciones étnicas que reivindican derechos humanos y laborales. La población jornalera de Sinaloa generalmente regresa a sus pueblos en Guerrero y Oaxaca y un mínimo porcentaje

PRONUNCIAMIENTO DEL FORO RESCATANDO NUESTRA RAÍZ EN LA DEFENSA DEL MAÍZ A la opinión pública nacional e internacional A las comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas A las organizaciones de la sociedad civil A los medios de comunicación Al pueblo de México Las comunidades y organizaciones autónomas, sociales y civiles reunidas en el Foro “Rescatando nuestra raíz en la defensa del maíz”, realizado los días 25 y 26 de marzo en la comunidad de Jerusalén, del municipio de Las Margaritas en Chiapas, reiteramos la importancia del maíz como fuente de vida, base de nuestra cultura y de nuestra alimentación, y elemento fundamental para la libre determinación de nuestros pueblos indígenas. Lo reivindicamos como bien cultural y derecho de los pueblos indígenas que exigen el mantenimiento, la protección y desarrollo de nuestras propias semillas. El gobierno mexicano y su administración federal y estatal, han favorecido los intereses comerciales de las empresas transnacionales disponiendo un marco jurídico que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, a través de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Ley Monsanto) y la reciente reforma a su reglamento. Denunciamos la contaminación de nuestros maíces nativos en la Zona Fronteriza de la Selva Lacandona en Chiapas, y que es efecto de las malas políticas y leyes establecidas por el gobierno mexicano para permitir la importación de granos transgénicos y la consiguiente contaminación no solamente en Chiapas sino también en otros lugares del país.

busca suerte en Baja California y/o del otro lado de la frontera. Se paga por destajo, con un salario que oscilaba entre 56 y 80 pesos diarios en promedio en 2001. Este salario se reduce porque los migrantes tienen que recurrir a las tiendas de abarrotes de los campamentos, con precios altos. En algunos casos no pueden salir y no se permite la entrada a visitantes. Puede ser que se queden días sin trabajar, cuando el precio en Estados Unidos no resulta costeable. En la producción de papaya en Veracruz se contrata fuerza de trabajo local y en Chiapas guatemalteca. La producción es para consumo nacional y para exportación. México es el principal exportador mundial de papaya. El empaque para el mercado externo, realizado por mujeres, comprende lavado y clasificación de la fruta y es una labor diferenciada del trabajo en los campos, donde trabajan hombres y mujeres. El salario local en Veracruz oscilaba entre los 125 y 133 pesos diarios en 2005-2007. En el caso de los trabajadores guatemaltecos en Chiapas, la remuneración era de 60 pesos diarios en 2006 y los empresarios les proporcionan comida y alojamiento. En todos los casos no hay contrato escrito, el empleo es temporal y no hay ninguna prestación, aunque varios sindicatos oficialistas les cobran cuotas a los jornaleros sin consultarlos (sobre todo en Sinaloa). Ante la dependencia tecnológica y los altos costos por los insumos importados, la rentabilidad de esta agricultura descansa en los bajos salarios. Se usa tecnología del siglo XXI en condiciones laborales del XIX.

así someternos a su lógica capitalista de consumo y tener el control de nuestras semillas, mismas que hemos compartido con el mundo al ser centro de origen y diversidad de este cultivo. Exigimos del gobierno y a las autoridades responsables de la SAGARPA, SEMARNAT y SSA, la definición de políticas y programas efectivos para la protección y preservación de todo el territorio nacional como centro de origen y diversidad del maíz, libre de transgénicos; asimismo, garantizar el ejercicio pleno de nuestro derecho a la salud y a una alimentación libre de transgénicos, en reconocimiento del maíz como base de nuestra vida comunitaria, cultural y espiritual. Exigimos la derogación inmediata del decreto ilegal que reforma el reglamento de la “Ley Monsanto”. Seguiremos promoviendo el libre intercambio de semillas nativas y su trueque en tianguis regionales; el fortalecimiento de la cultura y las tradiciones espirituales alrededor del maíz; el cultivo de nuestras semillas y la preparación de nuestras comidas tradicionales; y la recuperación de nuestras formas tradicionales basadas en el cuidado amoroso a nuestra Madre Tierra. Hacemos un llamado a todas y todos los indígenas, campesinos y productores del país para que no confíen en semillas ajenas y dejen la siembra de híbridos, definiendo acciones colectivas para la preservación de las semillas nativas. En la unión de las luchas y en la coordinación de todos los esfuerzos, podremos defender y ejercer nuestro derecho al maíz, a la tierra y el territorio, y al buen-vivir de los pueblos indígenas de México y el mundo.

Esto nos confirma que se trata de una estrategia no solamente permitida, sino intencionada en común acuerdo por el gobierno mexicano y las pocas empresas transnacionales que controlan el mercado mundial de semillas.

FIRMANTES Tojtzotzé li Maya, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática, ARIC Unión de Uniones Histórica, Colectivo 8 de marzo de la SSS Una mirada más allá, Campesinas y campesinos independientes, Red en Defensa del Maíz Nativo, Campaña Sin Maíz no hay País, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Indígenas, Semillas de Vida, Edupaz, Tsomanotik, Ceiba y ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.

Estas empresas se quieren apropiar de nuestros maíces que hemos desarrollado a lo largo de miles de años como pueblos indígenas, para

Ejido Jerusalén, municipio Las Margaritas, 26 de marzo de 2009

También puede ser un mecanismo de contaminación por transgénicos, la distribución de semillas híbridas –ajenas a nuestras comunidades–, mediante programas gubernamentales como “Maíz Solidario” en Chiapas.


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EL BANDERAZO FALLIDO • La siembra experimental de maíz transgénico es ilegal Adelita San Vicente

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l iniciar marzo se anunció que se había dado luz verde a la siembra experimental de maíz transgénico. Acompañado de una gran campaña propagandística, Felipe Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo un escueto decreto que reforma el reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). Parece que con la distorsionada información que emiten en su mayoría los medios de comunicación se pretende engañar sobre la ilegalidad que comete con esta reforma y el verdadero objetivo de la misma. La siembra de maíz transgénico sigue siendo ilegal en México y no es con decretos presidenciales que se puede evitar el cumplimiento de las leyes. Recordemos que Fox lo intentó en los últimos días de su sexenio, al publicar dos decretos para permitir la siembra de maíz transgénico, pero no es suficiente el deseo presidencial para pasar por alto la ley y los intereses de una nación. Ahora con un decreto presidencial de nueve artículos el Ejecutivo intenta concluir la consulta convocada en abril de 2008 por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) sobre el Régimen de Protección Especial del Maíz (RPEM). Este es un subterfugio para ignorar los argumentos sólidos que sustentan miles de comentarios emitidos y las recomendaciones que científicos de gran reconocimiento vertieron en la consulta. El RPEM es un instrumento de bioseguridad asentado en la Ley de Bioseguridad en su artículo segundo, sin embargo con esta reforma al Reglamento se pretende desaparecerlo. El artículo 73 de la reforma dice “Las actividades relacionadas con la protección especial del maíz contarán con un apartado específico en el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad”. El problema es que se reduce un mandato de la Ley a un apartado en un sistema de información. Cuando se discutió la LBOGM fue claro el propósito de la inclusión de esta figura en la legislación: establecer “(…) cultivos de los cuales México sea centro de origen, en especial del maíz, que mantendrá un régimen de protección especial”. En la interpretación de algunos juristas, este es un régimen de excepción similar a los fiscales, en el que se entiende que el maíz queda al margen de la experimentación con transgénicos. Además de la ilegalidad de la anunciada siembra experimental de maíz transgénico, la posible autorización es muy preocupante a la luz de la situación del maíz en México y lo que suce-

dería en la práctica con este supuesto “banderazo”. En el año reciente se ha reportado la presencia de diversos transgénicos que carecen de autorización en cultivos de maíz, en zonas que utilizan semilla híbrida como Chihuahua, y en regiones con maíz nativo (criollo) como Oaxaca, Chiapas y el mismo Distrito Federal. Esto se ha documentado por científicos en prestigiadas revistas internacionales, que han dado la vuelta al mundo en diversos medios (Le Monde, BBC); por organizaciones de la sociedad y por el mismo gobierno. La contaminación de los campos de maíz en México con transgénicos se ha difundido a pesar de la moratoria y de la ilegalidad que implica. La situación no tiene precedentes en un país centro de origen y menos con su alimento básico. No sabemos cómo llegaron los transgénicos a los predios, lo que puede suponerse es que, una vez sembrados en Estados Unidos e importados a México como grano sin etiquetado, han llegado semillas transgénicas viables a los campos de los agricultores sin que ellos lo hayan advertido. Pero de esto no podemos culpar a los productores y campesinos cuando el gobierno no obliga a las compañías a segregar sus semillas transgénicas de las no transgénicas y a etiquetarlas en cada caso. La contaminación también pudo haber llegado en los híbridos importados de Estados Unidos, que distribuye el mismo gobierno; otra posibilidad es que la contaminación haya ocurrido por el polen de plantas sembradas en el otro lado de la frontera o de plantas de maíz transgénico que se han escapado de cargamentos o que han llegado a las tiendas rurales. Podría pensarse que ante la imposibilidad legal de sembrar maíz transgénico en México, las corporaciones, que son las más interesadas en su autorización, se dedicaron a difundir esta semilla de manera subrepticia. No sería extraño que “coincidentemente” los mismos maíces transgénicos con los que se quiere experimentar (25 eventos de empresas privadas, según ha dicho la prensa) sean los mismos que se han encontrado contaminando los campos. Si con la situación existente y la falta de control se liberara maíz transgénico en fase experimental, se perdería la oportunidad de saber qué transgenes están ahora sembrados de manera ilegal, o cómo se difundieron, pero sobre todo se aumentaría el riesgo de contaminación y su reversión sería cada vez más difícil. Más que ir al fondo del problema, se está actuando a la ligera en respuesta a intereses de algunas empresas, más que del interés público y de la bioseguridad de México, legalizando la contaminación.

El asunto es muy delicado para los miles de productores de maíz pues enfrentarían un escenario en el que estas empresas los demandarían y les exigirían el pago de regalías por el uso de su tecnología insertada de manera involuntaria en su maíz. Esto significaría la privatización del maíz por la vía de la contaminación y con ello el desmantelamiento de un robusto y crucial sistema colectivo y público de recreación y mantenimiento y de la diversidad genética del grano. Y todavía más peligroso es para los millones de consumidores de maíz, que tendríamos que comer forzosamente maíz transgénico de manera directa en nuestros alimentos. Se ha dicho que ya consumimos el maíz transgénico que se importa, pero éste es el amarillo que se destina principalmente a la industria y al alimento para ganado. Esta legalización en la situación actual significaría perder el control sobre la calidad del maíz blanco que usamos en nuestra alimentación en forma de tortillas, tamales, elotes, etcétera; con el riesgo adicional de que pudieran ser maíces para uso industrial o farmacéutico, los cuales no pueden ser consumidos como alimento. Urge determinar el tipo de transgenes presentes en las parcelas contaminadas detectadas hasta ahora. Todavía peor podría ser para la humanidad el perder la posibilidad de contar con el reservorio genético del maíz mexicano, el más grande e importante del mundo y crucial para la seguridad alimentaria futura. Esto pasaría si se sigue contaminando el centro de origen del maíz. Por la importancia de los centros de origen es que se han mantenido libres de transgenes en todo el mundo. Los mexicanos tenemos derecho a consumir maíz libre de transgénicos como lo han demandado los pueblos que consumen trigo, razón por la cual no hay en el mercado trigo transgénico. También los campesinos tienen el derecho de sembrar el maíz sin pagarle a nadie por eso; por el contrario. son ellos quienes de manera generosa y sin cobrar han brindado al mundo este maravilloso cereal. No permitamos que lo expropien los intereses de unas cuantas empresas a cambio de dinero y bajo el servilismo de algunos que se beneficiarán con esos recursos. Es urgente asumir una postura decidida para revertir la situación y proteger nuestro maíz; los apoyos a los productores son fundamentales pero no pueden comprar voluntades. Es indispensable un debate amplio y con los mejores especialistas en bioseguridad, biología de maíz y biotecnología del mundo; con los destinatarios directos de esta tecnología: productores y campesinos; con las organizaciones de la sociedad: ambientalistas, de derechos humanos y de consumidores; sobre la conveniencia de esta tecnología frente a la riqueza inconmensurable de uno de los principales patrimonios de México: el maíz. Semillas de Vida

FOTO: D. P.

TRANSGÉNICOS

India

ALGODÓN TRANSGÉNICO: CAMPESINOS, ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Emma Cossío

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l algodón transgénico, sembrado en sólo cinco por ciento de la tierra cultivable, consume 54 por ciento de total de pesticidas empleados en toda India. En algunas zonas el efecto es concentrado y con enormes daños económicos, ecológicos y humanos. Ello está demandando urgentemente el cambio a productos orgánicos. Las injustas reglas del comercio multilateral han deprimido los precios domésticos y globales, causando que los campesinos no reciban remuneraciones justas. A esto se añaden los créditos leoninos, que han motivado suicidios masivos. Han quedado miles de viudas y familias desamparadas que sólo consiguen mantenerse un tiempo con la venta de sus tierras. Engañados y mal guiados, el cambio a la siembra del algodón Bt ha representado un gran fracaso. En las zonas donde todavía se siembra con las técnicas tradicionales y orgánicas, esto no ha sucedido. Parece como si la India estuviera llegando al punto de no retorno. Habiendo sido un país autosuficiente e incluso exportador de alimentos, se ha convertido en importador. Se habla de un posible proyecto masivo de comida por trabajo, lo mínimo que se puede hacer, y también la creación de empleos rurales. ¡¡La autosuficiencia de la India para producir sus alimentos fue un triunfo para un país que había estado en constante hambruna!! Y esto se está acabando. Aquí los campesinos siembran cada vez más transgénicos, pero grandes grupos de activistas luchan para promover la agricultura orgánica y la preservaci6n de las semillas originarias. En diciembre de 1998 granjeros de los estados sureños de Karnataka y Andhra Pradesh quemaron plantíos de algodón transgénico sembrados bajo la cobertura de Monsanto. Este movimiento ve el esparcimiento de transgénicos como “un nuevo ataque imperialista al Tercer Mundo”. Hay una lucha entre Monsanto y grandes grupos de campesinos por la producción del algod6n Bt. Monsanto afirma que éste ha incrementado la producción en 80 por ciento, e insiste en sus ventajas en países desarrollados. Eso ha provocado grandes protestas de los campesinos indios. Estos granjeros sureños son un grupo de 10 millones en una poblaci6n total de 60 millones. En 1992 sus miembros atacaron y saquearon las oficinas de Cargill. Un estudio que hizo la Universidad de Washington revelo que los grandes cambios producidos por los transgénicos han provocado el desplome de los sistemas de cultivo del algodón, echando abajo la teoría de los beneficios que tendrían los campesinos pobres. El estudio se hizo en la universidad de Andhra Pradesh, donde varios pastores informaron de extrañas enfermedades y muerte de sus animales que comían rastrojo del algodón transgénico. Se exigió al Ministerio de Agricultura que prohibiera la venta de semillas transgénicas. El asunto se llevó también a la Suprema Corte de Justicia. Pidieron el análisis de toxicidad, lista de los problemas con los transgénicos y un plan nacional sistemático contra contaminación de las tierras y la comida; además, la creación de un ombudsman para supervisar la supuesta seguridad de los transgénicos y que se suspendiera


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una mirada al campo RUDO Y CURSI

La aventura del desarraigo del terruño no logra modificar los genuinos deseos por cambiar las precarias condiciones económicas de las familias y son compartidos por todos: los protagonistas, la madre de ambos, la esposa de “el Rudo” y la hermana casadera. Ninguno escatima escrúpulos ni afectos ni conciencias. Sin embargo, la realidad se impone y ninguno de ellos es capaz de resolver su vida conforme a sus sueños, porque no tienen suficientes virtudes, ni habilidades, ni experiencia. Son, pues, víctimas del sistema en el que viven. Así, los estereotipos del cine mexicano son rejuvenecidos. Ahí están el machismo de “mi madre es primero”; la camaradería del fútbol llanero y de la cantina pueblerina; la mujer exuberante que pierde a los hombres; el granuja simpático y bonachón; el cacique –ahora dedicado al narcotráfico–, y por supuesto, los números musicales.

María Guadalupe Ochoa

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nhelos que se vuelven quimeras. La ópera prima de Alfonso Cuarón es la historia de dos jóvenes hermanos que sueñan con dejar de ser lo que son: trabajadores del campo que juegan fútbol en sus ratos libres. La oportunidad –no buscada sino inventada por un “promotorcazatalentos” de fútbol que por azar pasa por un “pueblo bananero”– para acceder al “Éxito” pone a prueba sus lazos filiales, sus lealtades y su pertenencia. Los hermanos asumen que el promotor les resolverá sus vidas. Beto “el Rudo” será un portero grandioso y Tato “el Cursi” se convertirá en un famoso cantante. Su carrera en el campo de fútbol exacerba sus sentimientos: la fraternidad, la envidia, la competencia, la traición, la solidaridad y el perdón.

toda acción hasta que él garantice su seguridad, pues los pobladores del país no admiten ser conejillos de Indias y que se experimenten en ellos los transgénicos. Los científicos agrónomos Abdul Qayum y Kieran Sakhare hicieron una investigaci6n sobre el algodón Bt y sus resultados durante tres años consecutivos de cosechas en 87 comunidades de Andhra Pradesh y sacaron estas conclusiones: * Casi no redujo el uso de pesticidas. *No proporcionó ganancias a los campesinos; los productores tradicionales ganaron alrededor de 60 por ciento más que los sembradores de Bt. *No redujo el costo del proceso de cultivo: los sembradores de Bt gastaron 12 por ciento más que los tradicionales. *No mejoró el medio ambiente, al contrario. Los científicos encontraron una pudrición de raíces causada por el Bt que infectaba la tierra para que otras semillas no crecieran. Otro informe titulado ‘La historia del algodón Bt en Andhra Pradesh” publicado por el Centro de Agricultura Sustentable, analiza la parte económica y la incidencia de pestes y enfermedades en diez supuestos organismos benéficos del algodón Bt y el manejo sin pesticidas en otros campos. Se concluyó que el manejo de pesticidas en el Bt es 690 por ciento más alto que en las siembras tradicionales. Además, el costo de sus semillas es 350 por ciento más caro que el de las tradicionales. Estas investigaciones están documentadas por las mujeres de la Deccan Development Societies Community Media Trust quienes además hicieron un filme llamado Bt cotton in Warangal: a three year fraude. Why are Warangal farmers angry with Bt cotton? En el Punjab, Monsanto causó gran indignación al promover sus semillas usando la

religión como gancho para venderlas como “milagrosas”. El gobierno fundó el Departamento de Tecnología que promueve la tecnología de los transgénicos, ya que estas semillas están en pruebas de campo para resistencia a insectos, salinidad, sequía, para crear vacunas comestibles y aumentar el poder nutritivo de las plantas. La fachada india de Monsanto está solicitando que le permitan, por 20 años, sembrar, a gran escala, berenjena Bt. Esta es la primera verdura comestible con genes Bt en todo el mundo. Hasta ahora no hay suficiente oposición a pesar de que se trata de la pureza de un comestible. La Coalición para la India Libre de Transgénicos ha llamado a grandes protestas nacionales contra los transgénicos, alegando que el gobierno se deja seducir por las transnacionales en vez de proteger a su pueblo. En esta desesperada situación poco se ha hecho. Se critica duramente al gobierno por haber promovido los transgénicos y lo único que ha hecho es admitir el fracaso del algodón Bt. Debido a un mal sistema regulatorio se permitió que miles de semillas ilegales se plantaran en Gujarat. No se supervisaron las siembras y el polen llegó a las plantas tradicionales. Los científicos Rajendran Venugopalan y Tarhalkar del Instituto Central para la Investigación sobre el Algodón y la Oficina Nacional de la Investigación de la Tierra (planeación del uso de la tierra) opinan que la India tiene una baja productividad de algodón, según los índices mundiales, a pesar de ser un sector muy importante de su economía agraria e industrial y es base de la industria textil, pues participa en 70 por ciento de sus fibras textiles y en 38 por ciento del total de las exportaciones. El área de cultivo asciende a 8.9 millones de hectáreas, la mayor del mundo, y emplea a siete millones de personas.

DESDE el cine

Imágenes de Rudo y Cursi

Alejada del melodrama tradicional, Rudo y Cursi es tanto una comedia –sin final feliz–, un retrato de la realidad social –un tanto soslayada–, y una parodia amable, con un estilo basado en la premisa “lo popular puede ser chido y puede ser chistoso”. La dirección de arte que hace patentes adornos, fetiches, colores, modas, sobre todo en el videoclip de Sólo quiero que me quieras, es uno de los méritos de la película por los que alcanzó un innegable éxito taquillero y la nominación a ocho Arieles. Director y guionista: Carlos Cuarón. Productores: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo Del Toro. Música: Felipe Pérez Santiago. Fotografía: Adam Kimmel. Montaje: Alex Rodríguez. Protagonistas: Gael García Bernal: Tato “Cursi” Verdusco; Diego Luna: Beto “Rudo” Verdusco; Guillermo Francella Darío: “Batuta” Vidali, y Dolores Heredia: Elvira. México 2008.

En el Punjab, kilómetro tras kilómetro los campos de algodón transgénico se ven devastados por plagas. Este algodón, que en un principio se llamó “la bala mágica”, ahora resulta una píldora amarga para los campesinos a los que se les prometió grandes ganancias. Toda la zona ha sido gravemente afectada. En los cuatro principales distritos productores se ha sembrado casi el cien por ciento del terreno. El algodón Bt está sólo protegido contra una plaga y puede ser afectado hasta por 165, así que terminan por usar mucho más pesticidas que antes. Las plagas se han extendido a los campos de tabaco. En muchos casos no han encontrado la manera de erradicarlos. Los científicos de la Universidad Agrícola del Punjab trabajan empeñosos para encontrar 1a solución a estas calamidades. En esta zona las poblaciones informaron que cuando menos dos hectáreas de plantas se están arrancando a diario. Y se observa la misma historia en cientos de poblaciones. Las fumigaciones constantes han producido un serio problema de contaminación. Si estas cosechas no se venden a buen precio, lo cual es improbable, los campesinos sufrirán grandes pérdidas, lo que aumentará los suicidios y el cáncer. Ante estos problemas el gobierno permanece en silencio. Queda establecido que los campesinos pagan el pato por la incompetencia de los legisladores y la avidez sin límites de las trasnacionales. Este desastre no se limita a las consecuencias de la siembra misma del Bt sino como ha sido afectada la tierra para futuras cosechas. La producción de trigo ha bajado en un 30 por ciento. De acuerdo con estudios de la Universidad de Hyderabad, el Bt necesita más fertilizante que sus contrapartes naturales. Además, la toxina que aparece en la zona de las raíces puede afectar la biodi-

versidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Esto puede explicar, en parte, la disminución de la productividad. A pesar de esta transgénica invasión, hay campos que siguen produciendo algodón exitosamente con sistemas orgánicos intercalando plantas como el sorgo, frijoles, maíz, chicharos, etcétera. Si aparece alguna plaga, se riegan las plantas con la combinación de hojas y vainas del árbol Neem, datura y orines de vaca. Hay noticias fidedignas del número alarmante de ganado que ha muerto pastando el rastrojo del algodón Bt. Los científicos de la Coalición en Defensa de la Diversidad demostraron que los campesinos ganan más cultivando algodón tradicional que no afecta la tierra. Por supuesto la versión de Monsanto, encargada a una agencia de publicidad y no a científicos, ofrece datos contrarios. Ante el clamor popular, el gobierno tomo cartas en el asunto y el ministro de agricultura Shobhanadrishwara Rau, recomendó suspender la siembra del Bt, pero al mes el gobierno volvió a las andadas y sin remordimiento alguno invito a Monsanto a vender su Bt en las tiendas gubernamentales. Los científicos se preguntan quién paga los costos ecológicos de una contaminación de suelos, aire y agua de las toxinas liberadas por el Bt. En los dos años recientes los campesinos mezclaron semillas del Bt y el tradicional, lo cual preocupa pues las semillas se usan para extraer aceite comestible y el rastrojo va para los animales. ¿Cómo los afectará consumir aceite de algodón y leche de ganado contaminado? ¿Quién está monitoreando esto? ¿Por qué las autoridades evaden la responsabilidad? Se está entregando el control de la agricultura, salud y medio ambiente a una industria irresponsable sólo ávida de ganancias. Esto puede ser una tragedia de proporciones monumentales.


17 de abril de 2009

FOTO: D. P.

FOTO: Manoel Marques

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El territorio campesino se distingue por la pequeña escala y la heterogeneidad

El territorio del agronegocio se distingue por la gran escala y la homogeneidad del paisaje

Brasil

LA DISPUTA TERRITORIAL:

CAMPESINADO Y AGRONEGOCIO Bernardo Manzano Fernandes

E

l campo de nuestros países es formado por distintos territorios. La tierra campesina, la comunidad campesina, la propiedad campesina es donde el campesinado construye su existencia. La propiedad capitalista es otro territorio, desde donde el agronegocio se reproduce. Estos dos generan el proceso de disputa territorial. Pero el campesinado está siendo expropiado de sus territorios y una forma de resistencia es la lucha por la tierra para recuperar su participación territorial. Un ejemplo es la disputa de estos territorios en el campo brasileño. En la tabla uno vemos un análisis sobre el territorio del país en diferentes espacios que lo componen. En 2003 el territorio brasileño de 852.22 millones de hectáreas se componía así: 15 por ciento eran tierras indígenas; 12 por ciento, unidades de conservación vegetal; 3.5 por ciento formaban las áreas urbanas y áreas ocupadas por ríos, carreteras y “posse” (condición en que el campesino vive en tierra del Estado pero no es propietario); 69.5 por ciento estaba ocupado por propiedades rurales; 49.5 por ciento por inmuebles catastrados por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, y 20 por ciento eran tierras “devolutas”, esto es áreas públicas ocupadas por terratenientes o por grandes empresas.

Tabla 1 – Brasil: ocupación de la tierra en millones de hectáreas Tierras indígenas

128.5

15.0%

Unidades de conservación ambiental

102.1

12.0%

Inmuebles catastrados no INCRA

420.4

49.5%

29.2

3.5%

Tierras devolutas

170.0

20.0%

Total

850.2

100%

Áreas urbanas, ríos, carreteras y posse

Fuente: Oliveira, Ariovaldo Umbelino. Barbarie y Modernidad: las transformaciones en el campo y en el agronegocio de Brasil, Revista Terra Livre No. 21, 2003.

En la tabla dos analizamos el territorio campesino y el capitalista, o sea los inmuebles rurales catastrados para comprender mejor los cambios ocurridos en las estructuras agrarias entre 1992 y 2003.

Tabla 2 – Brasil: cambio de las estructuras de terrenos – 1992-2003 Inmuebles en hectáreas

1992 Área en millones de ha.

%

2003 Área en millones de ha.

%

Con más de 200 (capitalista)

245

74

297

71

Con menos de 200 (campesinos)

86

26

123

29

331

100

420

100

Total

Fuente: Atlas Fundiário Brasileiro, 1996; II PNRA, 2003.

Los inmuebles capitalistas y los campesinos producen relaciones sociales diferentes: capitalistas y no capitalistas, siendo, por tanto, territorios distintos. Tenemos diferentes formas de organización del espacio y del trabajo. Hay por tanto dos relaciones sociales que producen dos territorios distintos y, para expandirse, precisan destruirse uno a otro. El territorio capitalista se territorializa destruyendo territorios campesinos, o destruyendo territorios indígenas, o se apropian de otros territorios del Estado. Los territorios campesinos se territorializan destruyendo el territorio del capital, o destruyendo territorio indígena o se apropia de otros territorios del Estado. Si la frontera agrícola está abierta, ese proceso se mantiene. Con el cierre de la frontera agrícola, el enfrentamiento entre los territorios campesinos y los de la capital sería más intenso. La tabla dos nos posibilita una buena noción de ese enfrentamiento. Hubo un aumento de área de ambos territorios que sólo fue posible porque la frontera agrícola está abierta. Un factor importante de territorialización campesina es, sin dudas, la lucha por la tierra y las políticas de reforma agraria que posibilitaron la expansión de territorios campesinos. Todavía la expansión y el reflujo de los territorios son resultado de coyunturas económicas y con la nueva onda de la agroenergía aumenta la tendencia de expansión principalmente de territorio capitalista. Más allá de esta tendencia, el capital tiene el poder de territorializar más rápido que el campesinado por causa de las desigualdades generadas por el modo de producción capitalista que expropia al campesinado de sus territorios. La territorialización del campesinado ocurre primordialmente por medio de la lucha popular y políticas públicas.

La lucha por la tierra y la reforma agraria forman el principal factor de territorialización del campesinado en el territorio nacional. El desarrollo territorial y la reforma agraria son procesos inseparables. Por tanto, la obtención de tierras y el desarrollo de los asentamientos campesinos son también procesos inseparables. El capital forma sus territorios y se territorializa, o sea, se expande multiplicando el control de enormes áreas en todas las regiones. En la actualidad, en el campo brasileño, el agronegocio procura apropiarse de tierras pertenecientes al campesino por medio de la tercerización de la producción (que muchos llaman integración) o con la expropiación vía la verticalización de la producción, controlando todos los sistemas que la componen. Al pensar en territorio en esta coyuntura, deben considerarse los conflictos existentes entre campesinos y agronegocios que disputan territorios. Esos componen diferentes modelos de desarrollo, por tanto forman territorios divergentes, con organizaciones espaciales diferentes, paisajes geográficos completamente distintos. En esta condición tenemos tres tipos de paisajes: uno, el del territorio del agronegocio, que se distingue por la gran escala y la homogeneidad del paisaje; por la desertificación poblacional, el monocultivo y la producción para la exportación; dos, el territorio campesino, caracterizado por la pequeña escala y la heterogeneidad de su paisaje geográfico con frecuentes doblamientos; se distingue por la policultura y por la diversificación de alimentos orientados el desarrollo local, regional y nacional; y tres, el territorio campesino monopolizado por los agronegocios, que se distingue por la escala y homogeneidad de su paisaje geográfico y por el trabajo subordinado y controlado técnicamente por los commodites que se utilizan en los territorios campesinos. Esta realidad nos sitúa, por lo menos, en una interrogante: ¿qué es desarrollo territorial para esta diversidad de territorios? Necesitamos varios modelos. Todavía la tendencia de los gobiernos es pensar en el desarrollo desde perspectivas del agronegocio, porque éste es comprendido como la totalidad de la cual la agricultura campesina formaría parte. Asumir esta visión es comenzar perdiendo y terminar derrotado. El desarrollo territorial y la reforma agraria deben estar contenidos en el conjunto de intereses de diferentes tipos de campesinos y cuando se refiere a la reforma agraria, pensar en proyectos de asentamientos como territorios. Un principio importante es pensar el desarrollo territorial como una totalidad donde están presentes todas las dimensiones: política, social, cultural, ambiental y económica, no necesariamente en este orden, pero como un conjunto inseparable. Desarrollo y territorio son conceptos multidimensionales. En este sentido, la reforma agraria es un proyecto de desarrollo territorial. Y al mismo tiempo, la reforma agraria es una cuestión nacional. Geógrafo, profesor del Programa de Posgrado en Geografía de la Universidad Estadual Paulista; investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico; coordinador del Grupo Trabajo Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).


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