NO. 100 Alianza Transpacífico. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? by La Jornada del Campo

16 de enero de 2016 • Número 100 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

ALIANZA TRANSPACÍFICO ¿QUIÉN GANA? ¿QUIÉN PIERDE? TEMA DEL MES

Suplemento informativo de La Jornada 16 de enero de 2016 • Número 100 • Año IX

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador

Lourdes E. Rudiño Subcoordinadora Enrique Pérez S. Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal. Publicidad lajornadadelcampo@gmail.com Diseño Hernán García Crespo

PORTADA: La Jornada del Campo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Fue coeditor en este número del suplemento Emanuel Gómez, coordinador de la Maestría en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en Chiapas Las imágenes que ilustran la edición son de Eugenia Loli, cineasta y artista originaria de Grecia; actualmente vive en California. http://eugenialoli.tumblr.com

l 9 de octubre de 2007 en el editorial del primer número de La Jornada del Campo decíamos: “Porque es economía pero también naturaleza, territorio, cultura, socialidad, gobernanza, pasado y futuro, el campo es asunto de todos. Y porque es asunto de todos, hoy retomamos La Jornada del Campo”. Y hablábamos de retomarla porque hubo una primera época, entre 1992 y 2000, en que la dirigió Julio Moguel. El renacimiento del suplemento y la publicación de las cien entregas que hoy acabalamos han sido posibles por la generosidad de La Jornada y su directora Carmen Lira, pero también por la dedicación de un mínimo colectivo formado por Lourdes Rudiño, Enrique Pérez, Hernán García y quien esto escribe, que redactamos, reporteamos, entrevistamos, registramos gráficamente y sobre todo pusimos en página y ahora en línea las colaboraciones de más de dos mil articulistas y quizá un millar de dibujantes y fotógrafos que aportaron su trabajo generosamente y sin cobrar un centavo. Escribió en nuestras páginas gente tan calificada como Elena Álvarez-Buylla, Ana María Aragonés, Alberto Arroyo, Aideé Balderas, Abel Barrera, Cristina Barros, Julio Berdegué, Eugenio Bermejillo†, Eckart Boege, Odón de Buen, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Rolando Cordera, Alejandro Espinosa, Gisela Espinosa, Manuel Ángel Gómez Cruz, Luis Gómez-Oliver, Gustavo Gordillo, Catarina Illsey†, Ana de Ita, Elena Lazos, Leonardo Lomelí, Francisco López Bárcenas, Caty Marielle, Yolanda Massieu, Julio Moguel, Salomón Nahmad, Luisa Paré, Elisa Ramírez, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Carlos Rodríguez, Teresa Rojas, Vidulfo Rosales, Blanca Rubio, Adelita San Vicente, Rita Schwentesius, Víctor Toledo, Antonio Turrent, Antonio Yúñez-Naude… Entre los extranjeros recuerdo a Manuel Chiriboga, Francisco Hidalgo, Emir Sader, Carlos Walter Porto-Goncalvez, Pablo Sigüenza y Joseph Sorrentino.

Fueron colaboradores regulares Fernando Celis, Plutarco García, Mauricio González Gabriel Hernández, Lorena Paz Paredes, Víctor Quintana, Víctor Suárez… Entrevistamos, entre otros, a López Obrador y a Olivier de Schutter… En la parte gráfica, tuvimos portadas y colaboraciones de El Chube, Alberto Gironella, Mauricio Gómez Morín, Antonio Gritón Ortiz, Francisco Toledo, Doctor Lackra, Edgardo Mendoza, Francisco Lagos, Osiris Puerto, Jimena Azpeitia, Rodrigo Moya, Joseph Sorrentino, Pedro Valtierra… Más de tres mil textos publicados durante ocho años y tres meses han dado cuenta del campo mexicano y en alguna medida del latinoamericano. Con una ayudita de nuestros amigos, que en varios de los números del suplemento han participado como coeditores, lo seguiremos haciendo. Al final del primer editorial escribí una suerte de declaración de principios que cien números después sigo haciendo mía: “Nuestra irredenta adicción por lo rural no es debilidad por lo exótico ni moda retro. Los campesinos que nos ocupan son nuestros rigurosos contemporáneos: como siempre bolseados pero globales como nunca; apegados al terruño pero con frecuencia más viajados que usted y yo; celosos de sus saberes ancestrales pero tecnológicamente alternativos; preservadores de la tradición pero dados al experimento social; remontados en el cerro pero conectados a la web… Los campesinos de por acá son profundos y a la vez imaginarios, son –como todos los mexicanos- jijos del máiz y entenados de Pedro Páramo”.

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16 de enero de 2016

EL TPP, ¿UN MEGA TLCAN DE CONSECUENCIAS DESTRUCTIVAS PARA MÉXICO? Daniel Villafuerte Solís Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica gasoda_2000@yahoo.com.mx

n el marco del 99 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, el presidente Enrique Peña Nieto ratificó que promovería una “profunda reforma al campo”, que estaba en proceso de elaboración y que pronto se enviaría al Congreso. Todavía estaban frescas las llamadas reformas estructurales en materia educativa, hacendaria, energética, telecomunicaciones y demás, producto del Pacto por México. Sin embargo, a la vuelta de dos años de la anunciada “reforma profunda” al campo mexicano, todavía no hay luces. ¿Cuál es la razón? Una explicación plausible tiene que ver con el clima político generado por el paquete de reformas estructurales, una “razón de Estado” en la que no cabría una reforma adicional, sobre un tema altamente sensible del que dependen directamente siete millones de productores.

dólares; las de carnes y despojos comestibles crecieron en 42.5 por ciento, para sumar cuatro mil 596 millones de dólares en 2014; los cereales aumentaron en 31.6 por ciento, de manera que en el 2014 la cifra fue de cuatro mil 259 millones de dólares; las oleaginosas crecieron en 15.3 por ciento. Los cuatro rubros sumados pasaron de diez mil 751 millones de dólares a 14 mil 342 millones, un aumento de 33.4 por ciento.

Como se sabe, Australia, Canadá y Nueva Zelanda son países que cuentan con un sector ganadero, lechero en particular, muy desarrollado, en comparación con los niveles de producción y productividad de México. En el caso de la producción de aceite de palma, Malasia es líder mundial; en esta materia el sur de México, en particular Chiapas, se verá afectado. Los granos básicos, en particular maíz y arroz, también quedarán desprotegidos.

Es necesario leer con detalle los 30 capítulos que integran el TPP para dimensionar los impactos que tendrá sobre los países menos competitivos, en especial para México

Por otra parte, en el TPP hay varias referencias sobre el acceso al conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos que puede ocurrir mediante contratos entre usuarios y proveedores. Este tema está vinculado al capítulo que se refiere a propiedad intelectual, en particular el artículo 18.16, que reconoce los sistemas de propiedad intelectual y los conocimientos asociados a recursos genéticos cuando estén relacionados con los sistemas de propiedad intelectual. Evidentemente involucra a amplios sectores de población indígena asentados en áreas de alta biodiversidad. Esta parte también se relaciona con el capítulo 20, sobre medio ambiente, en particular el artículo 20.18, que habla de promover el comercio y la inversión en bienes y servicios ambientales.

En el ámbito de la producción de leche y carne, México tendrá mayores dificultades por el hecho de contemplarse, al inicio del TPP, el establecimiento de cupos libres de aranceles, como se puede ver en el apéndice 2 A, B y C, mediante los cuales Australia, Brunei, Canadá, Japón, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam podrán vender a

Sin embargo, en paralelo se estaba en la última fase de negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, en inglés), que tras cinco años de negociación fue aprobado el 5 de octubre de 2015, en Atlanta, Estados Unidos. ¿Se encuentra oculta la reforma al campo en el TPP? Varios analistas han calificado al TPP como el acuerdo más letal para economías como la mexicana, más que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que aurrinó a un amplio sector de campesinos y pequeños y medianos productores, muchos de los cuales ahora trabajan en Estados Unidos como jornaleros indocumentados. Se trata de un acuerdo que involucra a 12 países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Estados Unidos), la mayoría con mayor nivel de competitividad que México, por lo cual el país se verá en desventaja para venderle a Estados Unidos.

En lo relativo a inversión, estipulado en el capítulo 9, los artículos 9.4, 9.5 y 9.6 establecen trato nacional a la inversión extranjera, así como la cláusula de trato de nación más favorecida, mediante el cual se aplica el principio de “un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios inversionistas”, lo que en un contexto de asimetría como el del TPP resulta una seria desventaja para México. Estas disposiciones están en concordancia con el artículo 9.7 que se refiere a “expropiación e indemnización”, que obliga a México a no expropiar o nacionalizar una “inversión cubierta”, y si ésta ocurre, sólo será por un propósito público, que deberá hacerse con el debido proceso, sin demora y a valor de mercado.

Es necesario leer con detalle los 30 capítulos que integran el TPP para dimensionar los impactos que tendrá sobre los países menos competitivos, en especial para México. Sin embargo, desde ahora se puede adelantar algunos aspectos. El sector alimentario, el más golpeado por el TLCAN, con el TPP sufrirá un nuevo embate. Para contextualizar, recordemos rápidamente algunas cifras proporcionadas por el Banco de México: en 2014 el saldo de la balanza de productos agropecuarios y agroindustriales reportó un déficit para México de dos mil 593 millones

de dólares, un valor equivalente al 40 por ciento del presupuesto asignado el mismo año a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Las cifras de las importaciones por rubros son aterradoras: entre 2010 y 2014, las importaciones de leche, lácteos, huevo y miel crecieron en 57.7 por ciento, para quedar en 2014 por arriba de los dos mil millones de

México leche y lácteos, leche en polvo, leche evaporada, leche condensada, mantequilla, quesos, productos preparados a base de lácteos, aceite de palma y aceite de almendra.

Estos son algunos ejemplos sobre las implicaciones del TPP en México. Son muchas las interrogantes que deberán ser respondidas y analizadas por los sectores involucrados. Es un proyecto de grandes alcances que vendrá a reposicionar a Estados Unidos en el concierto geopolítico y geoeconómico en el ámbito global, con implicaciones específicas para China y Rusia, y que de paso golpeará a todo el bloque de los BRICS (mercados emergentes) y vendrá a reconfigurar el regionalismo en America Latina.

16 de enero de 2016

NEGOCIADO POR CORPORACIONES, EL TPP ES VIOLATORIO DE MÚLTIPLES DERECHOS Lourdes Rudiño

El TPP además es violatorio de la Constitución, al afectar derechos humanos como el derecho a la tierra, al trabajo, al amparo, los derechos indígenas entre otros. En sus artículos sobre “derechos de particulares”, el acuerdo prevé por ejemplo la posibilidad de que inversionistas extranjeros interesados en recursos energéticos despojen a los dueños de las tierras y les inhibe a estos últimos el derecho a reclamar Dijo que el TPP es un instrumento de carácter geopolítico que “viene a plantear un esquema bipolar en el comercio internacional, con la clara intención de aislar a China y a las BRICs (economías emergentes), que ofrecen por lo menos un modelo alternativo al neoliberal vigente”. Con el TPP, la gran potencia que es Estados Unidos busca replantear con una perspectiva unilateral los asuntos y problemas sensibles que están estancados en la Organización Mundial de Comercio (OMC); así, la Ronda de Doha, que incorpora las demandas de países emergentes, incluidas algunas en favor del medio ambiente y de menores subsidios agrícolas, y que expresa

patentes entre cinco y diez años; con el TPP podrán extenderse hasta 15 años, y además luego de eso el dueño de la patente podrá autorizar o rechazar la petición de quien quiera producir genéricos, consideración ésta que resulta absurda. “Eso es violatorio de derechos humanos, al derecho a la salud. Es un golpe tremendo a los países pobres y economías emergentes”.

FOTO: Lourdes Rudiño

a secrecía de sus deliberaciones y el contenido de sus 30 capítulos, en particular lo relativo a temas sensibles –como la propiedad intelectual, los subsidios y la competencia- evidencian que el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) fue negociado entre corporaciones privadas y públicas y no entre Estados, y resulta “terrorífico”, implica desmedro de muchos sectores de la economía mexicana, incluido el agro, y violatorio de derechos humanos básicos, como es el derecho al trabajo, a la tierra, a la salud y a un medio ambiente sano, afirmó Jorge Witker, doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hizo un llamado a los senadores de la República a estudiar el TPP y frenarlo, y consideró que la sociedad civil, en especial los agricultores, deben movilizarse en rechazo al Acuerdo.

Jorge Witker: "Los productores del campo deben movilizarse y frenar el TPP".

públicas, tales como la Corporación Agrícola Japonesa (CAJ), que es una especie de Conasupo que controla todos los granos en Japón y que obviamente fue la que defendió en el TPP los cultivos estratégicos nacionales, arroz y trigo; igual ocurrió con otra empresa estatal monopólica de Nueva Zelanda que controla la leche. Por parte de México se puede decir que los intereses defendidos en el TPP son los de Cargill, Maseca, incluso los de Monsanto. ciertos rasgos de comercio internacional vinculado al desarrollo, se debilitará aún más. “Y es que al ingresar China en 2001 a la OMC, querámoslo o no, hizo equipo en aquella época con los BRICS, y hubo un cambio en la correlación de fuerzas de la OMC: los temas que habían estado planteando los países emergentes con bastante debilidad o precariedad (reducción de subsidios agrícolas de países desarrollados, los problemas de las prácticas desleales y la propiedad intelectual) se incorporaron en la Ronda de Doha, pero en 2008 Estados Unidos expresó abiertamente su interés de incorporarse al TPP –entonces conformado por Brunei, Nueva Zelanda y Singapur y por un solo país de América, Chile-, y busca plantear en ese foro los temas estancados de la OMC, pero ahora con una perspectiva unilateral”. En entrevista, Jorge Witker – quien en el pasado defendió a los porcicultores ante prácticas desleales de Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- analizó los temas sensibles presentes en los capítulos del TPP. A diferencia del Acuerdo Sobre Agricultura (ASA) de la OMC,

donde se plantean discriminaciones, apoyos, uso de salvaguardas, aranceles, etcétera, y regímenes especiales para países emergentes, y a diferencia de la forma en que la Unión Europea protege a su sector agropecuario en acuerdos comerciales, el TPP ignora en absoluto la vinculación de este sector con la soberanía alimentaria, con los recursos naturales y con sus efectos sociales, y menciona a los productos del campo uno por uno, manzana, leche, maíz, trigo, etcétera, de una forma similar a cualquier otro producto manufacturado como televisores o refrigeradores. “A la fuerza someten a la agricultura a las reglas de las mercancías tradicionales, asunto que ha sido un gran cuello de botella en las negociaciones de la OMC”. Al respecto recordó sin embargo que ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte demeritó la importancia del agro. “Fue el primer tratado Norte-Sur que se hizo atendiendo los criterios sólo del Norte. El TLCAN entregó la agricultura prácticamente”. Por otro lado, dijo, lo que plantea el texto del TPP sobre buenas prácticas comerciales se enfoca claramente a entregar el mercado a las corporaciones tanto privadas como

Es un hecho que los Estados – que son los que negocian en la OMC- dieron paso a las empresas en las definiciones del TPP y por tanto este Acuerdo no implica libre competencia. Un ejemplo es el capítulo relativo a las compras de gobierno, que exige que las empresas estatales que aún hay en la región (del TPP) se ajusten a la racionalidad del sector privado. El TPP habla de competitividad pero no de libre competencia; en ninguna parte del texto se habla de sanciones o límites a los monopolios y oligopolios. “No hay nada contra Cargill que impone precios, ni contra la CAJ o el monopolio lechero neozelandés, ni una palabra sobre eso. Esto muestra por qué se negoció en secreto”. En este sentido el TPP contrasta con el Tratado que tiene Chile con Corea, que es el único, al menos de América Latina, que tiene una cláusula que advierte que cuando las exportaciones deriven de una empresa con posición dominante en el mercado, el país huésped, que recibe los productos, tiene derecho a plantear reclamaciones. Respecto del capítulo de propiedad intelectual, destacó que el TPP amplía a 15 años los derechos de monopolio de las patentes de las medicinas biológicas y químicas. En América Latina hoy duran esas

Entonces, considerando que en los sectores agropecuario y farmacéutico dominan las grandes corporaciones privadas y casi todas monopólicas, “sucede que ni siquiera va a haber buenos precios para los consumidores, y el TPP no habla de prácticas desleales”. El TPP además es violatorio de la Constitución, al afectar derechos humanos como el derecho a la tierra, al trabajo, al amparo, los derechos indígenas entre otros. En sus artículos sobre “derechos de particulares”, el acuerdo prevé por ejemplo la posibilidad de que inversionistas extranjeros interesados en recursos energéticos despojen a los dueños de las tierras y les inhibe a estos últimos el derecho a reclamar. El especialista destacó por otra parte que Estados Unidos ha sido claro al expresar sus intereses comerciales en el TPP; son dos: el agro, pues plantea la meta de incrementar sus exportaciones sectoriales, y los servicios, esto es lo relativo a laboratorios farmacéuticos, propiedad intelectual, y otros. Las manufacturas no le interesan, pues le conviene que estén en manos de países como Japón o Vietnam –este último con cien millones de habitantes, un ingreso bajísimo y salarios de hambre-; por eso no habla de cadenas de valor, sino de suministro, e implica una aceleración de intercambio en este ámbito, lo cual afectará a los productores mexicanos de textiles, zapatos y juguetes, que ya sufren; “con esto van a desaparecer”. Dijo que hay hay expectativas de que el TPP avance en su aprobación y ratificación por los Poderes Legislativos de los países miembros, pero dado que Estados Unidos vive un periodo electoral lo más probable es que el proceso allí se retrase por lo menos hasta enero de 2017, cuando entre en función su nuevo presidente. Mientras tanto, el Senado mexicano debe estudiar el Acuerdo y darse cuenta de que todas sus implicaciones son negativas para la sociedad mexicana, y por tanto no debe ratificarlo. Y las organizaciones civiles deben manifestarse, en particular las de productores agrícolas, quienes serían de los más afectados por el TPP.

16 de enero de 2016

¿QUÉ CARACTERIZA AL TRATADO TRANSPACÍFICO? Alejandro Villamar Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio

dial de la Salud sobre el potencial obstáculo de acceder a los medicamentos que contiene el Transpacífico. http://goo.gl/90Xm0d El contundente llamado de los relatores y expertos de la ONU a “darle prioridad a los Derechos Humanos, por encima de las ganancias de las corporaciones”, resume la orientación política alternativa a los falsos tratados comerciales corporativos como el Tratado de Asociación Transpacífico. http://goo.gl/AoMsBk

El texto del Tratado Transpacífico se negoció en medio de la secrecía entre esa minoría de los grupos trasnacionales dominantes y sus funcionarios gubernamentales del área, pero a espaldas de los poderes de las repúblicas y de la sociedad

Cómo se le denomina al proceso y régimen político donde un pequeño grupo domina, o concentra, la triada de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial? Alguno de inmediato pensará en el México actual, o en algo similar, y no estará lejos del término totalitarismo, o dictadura.

Estados nacionales. Tribunales por encima de los Poderes Judiciales nacionales, previstos en el Capítulo 28 (Solución de controversias). • Reconocer, aceptar y acatar el poder de una Comisión (Ejecutiva) de Asociación Transpacífica, por encima de los poderes formales de la República; integrada por los ministros y con facultades para ejecutar, adaptar y modificar los términos del Tratado, Capítulo 27 (Disposiciones administrativas e institucionales).

El proyecto de Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) se caracteriza no por abrir las puertas al comercio en el área que le da nombre, sino por la pretensión política de monopolizar sin límite todos los poderes en el seno de las sociedades miembros del Tratado, de buscar el apoyo masivo y el uso de las técnicas modernas de propaganda, características básicas del totalitarismo o dictadura política, ahora trasnacional. El texto del Tratado Transpacífico se negoció en medio de la secrecía entre esa minoría de los grupos trasnacionales dominantes y sus funcionarios gubernamentales del área, pero a espaldas de los poderes de las repúblicas y de la sociedad. La propaganda apabullante nos lo presenta como un hecho consumado pero contradictoriamente pretende que todos lo aceptemos y que los legisladores simplemente lo ratifiquen. En su estructura o alma jurídicopolítica, el Tratado Transpacífico contiene múltiples disposiciones u órdenes en sus más de 600 páginas, con 30 Capítulos y Cartas Parale-

Estas características muestran que el Tratado Transpacífico es un atentado a la soberanía, es decir un atentado al poder y derecho del pueblo a definir sus leyes, elegir y controlar a sus instituciones y ejercer el respeto de su territorio. En términos constitucionales es una violación explícita o flagrante al Artículo 39 Constitucional de México.

las (algunas de ellas desconocidas) de que los países que lo negociaron y lo ratifiquen se obligan a: • Cambiar leyes al gusto o interés de los grupos trasnacionales (no conforme el interés público, sino privado trasnacional). Se observa así en varios Capítulos como el 2 (Trato nacional y ac-

ceso a bienes), 9 (Inversionistas), 15 (Compras gubernamentales), 18 (Propiedad intelectual), 20 (Ambiental). • Aceptar el predominio de Tribunales Privados Trasnacionales (con Poderes Judiciales) para juzgar controversias entre los inversionistas extranjeros y los

Además, en el plano del derecho internacional han aparecido con fuerza inusitada las denuncias de relatores especiales y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se sustenta la contradicción entre la naturaleza de tratados “comerciales” como el Transpacífico, con los compromisos asumidos y obligados a cumplir por parte de los gobiernos en materia de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derecho al desarrollo y a los compromisos de Desarrollo del Milenio http:// goo.gl/RQT0bE, entre otros. O la alerta de la Organización Mun-

Los potenciales y peligrosos impactos políticos, económicos, sociales, culturales del Tratado Transpacífico derivan de las experiencias previas y del análisis actualizado de la profundidad de los cambios que contiene el voluminoso texto, y que dimos a conocer en la Declaración Mexicana de Un rotundo No al TPP http:// goo.gl/6kD9dH, y en El TPP, corona de la estrategia trasnacional. http://goo.gl/8clmcZ Tan sólo como ejemplos de análisis muy recientes de potenciales impactos sobre la soberanía alimentaria, la agricultura y la salud:, el TPP prevé ilegal contaminación de los alimentos por organismos genéticamente modificados (http://goo.gl/1zCeR4); un nuevo informe cuestiona las normas de seguridad alimentaria y de sanidad animal del acuerdo comercial TPP. http://goo.gl/SKKbqe Finalmente, la estructura del Transpacífico también responde a una geo-estrategia global doble: 1.- trastocar las reglas del derecho internacional y sus instituciones a partir de la imposición ilegítima global de las reglas acordadas entre un puñado de países, y 2.- consolidar una punta “plurilateral” de ataque y contención a China y atenuar la decadencia hegemónica de Estados Unidos. ¡Por estas y muchas más razones ha crecido y sigue ampliándose la coalición nacional e internacional opositora a este engendro Transpacífico de retroceso civilizatorio!

16 de enero de 2016

ENTREVISTA CON VICTORIA TAULI-CORPUZ RELATORA ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Alejandro Parellada Miembro del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, siglas en inglés) ap@wgia.org

raíz de la actual negociación de uno de los principales acuerdos de libre comercio, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, en inglés), ¿cuál es su opinión sobre el impacto de este tipo de acuerdo sobre los pueblos indígenas?

derechos humanos de los pueblos indígenas. Y si estas violaciones son causadas por el accionar de las empresas en el marco de acuerdos de libre comercio, debo informar sobre esto y llamar la atención a los Estados que estén involucrados en este tipo de acuerdos.

Muchos de los acuerdos internacionales de inversión y de los tratados de libre comercio son negociados sin tomar en cuenta los derechos humanos en general y sin ninguna participación de los pueblos indígenas. Así que éste es uno de los problemas principales que enfrentamos.

Hay que tener en cuenta que muchos de los últimos recursos naturales se encuentran en los territorios indígenas, bien porque ellos los han protegido tradicionalmente o porque se hallan en áreas muy remotas. El agotamiento de los recursos en varios países hace que ahora se lancen sobre las riquezas de los territorios indígenas. Desafortunadamente, vemos un retroceso en relación con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales tanto a nivel de los Estados como incluso dentro de los organismos internacionales. Por ejemplo, a pesar de que los indígenas reconocen el valor del Convenio 169, dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no existe un programa fuerte de promoción de este Convenio para impulsar su cumplimiento efectivo por los Estados.

¿Nos podría dar algún ejemplo del impacto de estos acuerdos sobre las comunidades indígenas? Tenemos el caso de Ecuador y la explotación de hidrocarburos de Chevron. La comunidad indígena ganó el juicio por la pérdida de su territorio y contaminación del suelo. A pesar de que la Corte Suprema dictaminó la obligación de la compañía para limpiar el área, no se hizo nada, pues la compañía alega que eso es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Este tipo de acuerdos comerciales apoyan completamente los derechos de las empresas, y las medidas que el Estado pudiera adoptar para la defensa de los derechos humanos pueden ser objeto de una demanda al amparo de estos acuerdos comerciales.

FOTO: Christian Erni / IWGIA

En el caso específico del Acuerdo Transpacífico, no hubo información sobre el contenido de las negociaciones, y sólo hace muy poco que se empezó a conocer su contenido. Se trata de un acuerdo para la total liberalización de inversiones y que, entre otros temas, genera serias amenazas en el área de derechos de propiedad intelectual. Con el pretexto de crear nuevas fuentes de trabajo, me temo que con este acuerdo se debilitan los derechos humanos. Si bien todavía estamos en la fase de su ratificación, podría afirmar que este acuerdo será una seria amenaza para los derechos de los pueblos indígenas.

Victoria Tauli-Corpuz

Gente de la etnia dusun en Malasia

¿Ante este panorama, que pueden hacer los pueblos indígenas? Antes que nada, los pueblos indígenas tienen el derecho de su lado a partir de la Declaración de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT. En ambos instrumentos se establecen los derechos indígenas sobre sus territorios y recursos. En muchos países de América Latina se ha ratificado el Convenio de la OIT y en varios casos se ha desarrollado en leyes nacionales. Son derechos establecidos en los ámbitos nacionales e internacionales y deben ser respetados. Los pueblos indígenas tienen también el derecho de participación en las negociaciones de los acuerdos comerciales que puedan afectar sus territorios. Como mínimo deben tener la oportunidad de saber lo que se está negociando y poder expresar sus opiniones. Pero a los indígenas no se les suele in-

FOTO: Alejandro Parellada / IWGIA

Uno de los principios centrales de estos acuerdos es que tienen una cláusula de no discriminación en cuanto a los inversores, que establece que no se puede discriminar entre un inversor local y uno internacional, lo que implica la liberalización de todas las leyes para otorgar mayores derechos a las compañías y, lamentablemente, en muchos casos minando los derechos de los pueblos indígenas.

Integrante de la etnia harákmbut en Perú

formar lo que se está negociando, cuando deberían estar debidamente informados sobre los proyectos de inversión que tengan impacto sobre sus comunidades. Existe el derecho específico a la consulta libre, previa informada, para que al menos sean consultados sobre estos proyectos de inversión. ¿Cuál es el papel de la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas?

Estoy trabajando en un informe sobre acuerdos comerciales, inversiones y el impacto sobre los pueblos indígenas, identificando algunas recomendaciones al respecto. Mi objetivo es analizar si estos acuerdos comerciales violan o respetan los derechos indígenas. ¡Quizá encontremos acuerdos comerciales que respetan los derechos indígenas! La Relatoría monitorea las violaciones de los

Como Relatora usted ha realizado hasta ahora dos visitas en América Latina: Paraguay y Honduras. ¿Qué opinión le merece la situación de los pueblos indígenas en ambos países? En Paraguay las comunidades indígenas están perdiendo sus territorios porque el gobierno ha decidido que la prioridad es la expansión de la frontera agrícolaganadera. Paraguay es el cuarto productor mundial de soya y el quinto en exportación de carne. Y esta política tiene implicaciones directas sobre los indígenas, pues esta ampliación de las áreas de producción se desarrolla sobre las tierras indígenas. En el caso de Honduras también los proyectos de inversión afectan a las comunidades indígenas, aunque nunca se les haya consultado. Pero estas no son situaciones únicas en estos países, sino que ocurren en muchos otros países del mundo. ¿Cuáles serán sus próximas visitas oficiales? Tenemos confirmada una visita a Brasil a principios del 2016 y me gustaría poder ir a otro país de América Latina. El Congreso mexicano aprobó una resolución para invitarme, pero hasta ahora no he recibido la invitación oficial del gobierno para visitar el país. Así que espero recibir dicha invitación y así poder visitar México en el 2016.

16 de enero de 2016

TPP, NUEVO PARTEAGUAS EN EL COMERCIO; OMC QUEDARÁ RELEGADA: CRUZ MIRAMONTES Lourdes Rudiño

l Acuerdo Transpacífico (TPP) y otro más que está en puerta, el que negocia Estados Unidos con la Unión Europea, serán los impulsores del comercio mundial futuro, dejando a la Organización Mundial de Comercio (OMC) sólo como un foro de solución de controversias y centro de estudios sobre el comercio internacional. La situación viene a constituir un nuevo parteaguas en la materia tal como lo fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en su momento.

Rodolfo Cruz Miramontes, abogado y catedrático universitario reconocido en la materia de comercio internacional, y quien ha defendido los intereses de la industria nacional en el TLCAN, señaló lo anterior al participar en una mesa redonda sobre el TPP en noviembre pasado, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM). Dijo que de consolidarse mediante la aprobación de las Partes y con ello de entrar en vigor, el TPP “significará una nueva versión más avanzada y completa de las formas que la doctrina y los textos legales positivos consideran que son 1.- las zonas de libre comercio y uniones aduaneras, 2.- el mercado común y 3.- la integración “general con diversas modalidades”. En efecto, precisó, “el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) definió las dos primeras como excepciones al Artículo I.1, y la doctrina que ha perfilado solamente al resto de formas de integración. Sin embargo el TLCAN vino a reformar la primera de ellas pues consideró otros temas a los que el Artículo XXIV establece en los apartados pertinentes, y ahora en este nuevo tratado tenemos varios Capítulos más que constituyen una visión nueva de la mencionada integración internacional”. El TPP lo anuncia claramente, dijo, al señalar que constituye una “plataforma para la integración económica regional”, aunque debe sustituirse el calificativo de regional por “internacional”. No es casual que Estados Unidos, “cuya esencia vital es el comercio”, se haya ocupado de promover este acercamiento a los países de Asia, aun cuando esto fue tardío. Y tampoco es casual que esté negociando otro tratado con la Unión Europea. “Como vemos, se están construyendo dos plataformas sólidas en sendos destinos de los océanos prin-

octubre en Atlanta, Georgia, pero el documento que hoy se tiene no es el final, pues en el proceso de aprobación previo al de ratificación de las Partes podría sufrir modificaciones. Comentó las presentaciones que se han hecho del documento en los países del TLCAN fechadas el mismo 5 de octubre de 2015. En Estados Unidos hay una presentación emitida por la Casa Blanca, que exalta los puntos de expectativas de ganancia comercial del país, y otra más, de la Representación Comercial de Negociaciones Internacionales (USTR), más amplio y descriptivo, la cual se asemeja o de hecho es prácticamente igual al documento presentado por el gobierno de México. Rodolfo Cruz Miramontes tiene trayectoria como defensor de productores nacionales en el TLCAN

cipales y con ello señalando que no es un invento falaz de mi parte asegurar que la OMC ya concluyó su tarea específica y que permanecerá en el futuro sin duda pero sólo como un centro de solución de controversias comerciales internacionales y de estudios múltiples sobre el comercio mundial”, además de que se constata que el TPP constituye para Estados Unidos un valladar de seguridad nacional, más allá de ser una simple asociación comercial, como lo ha reconocido su presidente, Barack Obama. Cruz Miramontes recordó que el Acuerdo Estratégico Transpacífico como se le ha denominado en español o Trans Pacific Partnership (TPP) como es su denominación oficial en inglés, cerró sus puertas a la negociación, el pasado 5 de

El documento de presentación de Canadá es muy breve y resalta los sectores nacionales que serán beneficiados, como son los agrícolas y alimentos derivados, pesca, maderas, metalúrgica y productos industriales. Dice que para alcanzar los beneficios que prevé, se elaboran diversos programas e iniciativas que ayuden y apoyen la producción y manejo de insumos en beneficio de su economía. El 81 por ciento de las exportaciones de este país tienen como destino los países miembros del TPP. El documento de la Casa Blanca exalta que el TPP “es un acuerdo comercial internacional de alto nivel y ofrece un campo de acción para los trabajadores norteamericanos así como para los negocios americanos fortaleciendo a las exportaciones ‘Hechas en América’ y al empleo de alto monto pues se eliminan 18 mil cargas fiscales en su carácter de aranceles que imponen varios países a los productos elaborados en los Estados Unidos de América. El TPP asegura a nuestros (sic) campesinos y granjeros, fabricantes y hombres de pequeños negocios que podrán competir exitosamente en algunos de los mercados que crecen rápidamente, en el mundo”, citó el jurista. Por su parte el documento de la USTR resalta que hay cinco grandes rasgos característicos del TPP, que constituyen una piedra angular del siglo XXI en el comercio internacional. Son: 1.- Acceso de gran amplitud al mercado regulado. Se eliminan o reducen aranceles y barreras no arancelarias, de manera sustancial, en todo el comercio de bienes y servicios cubriendo todo el espectro del mismo, incluyendo además a las inversiones así como creando nuevas oportunidades y beneficios para los consumidores, trabajadores y hombres de negocios estadounidenses. 2.- Acercamiento regional de los factores en juego. 3.- Preparación para enfrentar los nuevos retos de comercio, pues “El TPP promueve las mejoras y las innovaciones, productividad y la competencia introduciendo nuevos temas, incluyendo la economía digital y el papel de las empresas públicas en la economía global, el comercio incluyente y una plataforma de integración regional”. Falta ahora conocer la opinión detallada de nuestras autoridades, sobre los beneficios que aporten para México, dijo Cruz Miramontes.

16 de enero de 2016

TPP: MALAS NOTICIAS PARA LOS AGRICULTORES Y LA AGRICULTURA Karen Hansen-Khun Institute for Agriculture and Policy Trade (IATP) khansenkuhn@iatp.org

espués de seis años de negociaciones contenciosas, el texto del Tratado Transpacífico (TPP) está completo. Se suponía que sería algo diferente –un acuerdo comercial del siglo XXI-. En cambio, se ajustó al modelo de anteriores acuerdos de libre comercio que han hecho promesas salvajemente inexactas acerca de los beneficios para los agricultores. El TPP afianza aún más un sistema de agricultura dominado por los intereses de las corporaciones de agronegocios, orientado a los mercados globales y apoyado por políticas agrícolas ineficaces.

El comercio de biotecnología agrícola (transgénicos y otras nuevas tecnologías como aplicaciones de la nanotecnología para fertilizantes, o la producción de vainilla sintética) es algo que se fomenta en el Capítulo Acceso a Mercados del TPP La buena noticia, más o menos, es que después de años de presión por parte de grupos de la sociedad civil –que inició durante el debate del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)-, los gobiernos tomaron algunos pasos tentativos para controlar el Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (ISDS, sus siglas en inglés), el antidemocrático sistema de tribunal privado que permite a las empresas demandar a los gobiernos sobre las leyes de interés público. Después de acaloradas críticas a la demanda interpuesta por el gigante de la industria tabacalera Philip Morris contra las regulaciones de Australia y Uruguay que requieren empaques de cigarrillos sin marca, genéricos, los gobiernos parte del TPP acordaron excluir los cigarrillos de las reglas de este mecanismo, para prevenir futuras demandas como esas. Esta es una victoria significativa, aunque pequeña. El mecanismo todavía permite casos como los pendientes actualmente contra la ley minera de El Salvador, la decisión de Alemania de eliminar la energía nuclear, o la insistencia de Ecuador de que las compañías petroleras reparen el daño ambiental que han causado (por nombrar sólo algunos). Los juicios son desarrollados en secreto por un panel rotativo de abogados comerciales pagados por corporaciones. Y toda-

vía no hay nada que impida juicios, en casos donde se requiera proteger sectores claves o para mejorar la salud pública, tal como ocurrió con tres casos que perdió México y que le llevó a dar marcha atrás en su decisión de restringir importaciones de jarabe de maíz de alta fructuosa (y se vio obligado a pagar a las empresas 169 millones de dólares). Los nuevos límites reconocen que el mecanismo puede ser objeto de abuso, pero no que su propósito fundamental es dar a las empresas nuevos derechos sobre el interés público. La mala noticia es que el TPP amplifica muchas de las peores características del TLCAN. Agricultores mexicanos fueron devastados por el espectacular aumento de las exportaciones de maíz de Estados Unidos en el marco del TLCAN. Esto no benefició a la mayoría de los productores de Estados Unidos, que se vieron inducidos a aumentar sus exportaciones para compensar los bajos precios y la disminución del apoyo público. Esto condujo a la creciente concentración empresarial en la producción agrícola, dejando a los agricultores con menos opciones de dónde comprar y vender sus productos, y provocó una disminución en el número de familias agrícolas en los tres países del TLCAN. Este injusto mercado se profundizará con el TPP. Por ejemplo, a pesar de masivas protestas de los agricultores, los mercados japoneses de arroz, carne de res y otros bienes se abrirán a importaciones que llegarán a inundar su oferta.

El TPP abre nuevos terrenos en otras cuestiones. Se exige a los países ratificar la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV-91), un tratado internacional que protege a los fitomejoradores como Monsanto. La UPOV-91 requiere protección de la propiedad intelectual para todas las variedades vegetales por un periodo de 20 a 25 años, y que se impida a los agricultores el intercambio de semillas, una práctica común en muchos países de todo el mundo. Las versiones anteriores de esa Convención permitían a los agricultores familiares que guardaran e intercambiaran semillas, pero la versión de 1991 a que hace referencia el TPP corta la esa posibilidad. Brunei, Chile, Malasia, México y Nueva Zelanda, aún no han ratificado la UPOV-91, pero se les exigirá hacerlo bajo las reglas del TPP.

el Capítulo Acceso a Mercados del TPP. En el pasado, esas tecnologías se habían tratado en el Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF, la sanidad vegetal y animal y seguridad alimentaria). Mover este punto al Acceso a Mercados debilita la capacidad de establecer límites basados en la salud

Estas cuestiones ya han generado polémica en México. Hace dos años, el Senado consideró hacer cambios a Ley de Semillas en línea con los requisitos de la UPOV91. Después de que la campaña Sin Maíz no hay País y otros grupos de la sociedad civil ejercieron presión y manifestaron su rechazo, la propuesta fue abandonada, pero es probable que los legisladores la repongan en el contexto del TPP.

humana o el medio ambiente. Del mismo modo, el Capítulo MSF redefine el tipo de evidencias necesarias para limitar el comercio, al requerir pruebas de que en el producto están presentes riesgos específicos para la salud, más que un enfoque preventivo que requiera demostración de que el producto es seguro antes de llegar al mercado. En Estados Unidos, la evidencia más “científica” usada en esas decisiones está financiada por las compañías que buscan comercializar las nuevas tecnologías. Bajo el TPP, a esas empresas se les permitiría mantener mucha de la información secreta, clasificada como “información confidencial

Ahora la totalidad de cinco mil páginas de texto está disponible en línea, por lo cual los expertos y activistas pueden examinar exactamente lo que se ha acordado y movilizar a sus públicos sobre la base de información concreta

de la empresa”, creando nuevos obstáculos a los debates públicos informados acerca de la seguridad de las tecnologías. Pero volvamos a la buena noticia. Se ha completado el texto del TPP, pero eso no significa que el trato esté hecho. Una vez que los líderes de los 12 países firmen el Acuerdo, el verdadero debate se iniciará en los Poderes Legislativos nacionales. Durante los años recientes, los grupos de la sociedad civil se han visto forzados a depender de fragmentos de texto filtrados, de rumores de negociadores o pistas de otros acuerdos comerciales recientes. Ahora la totalidad de cinco mil páginas de texto está disponible en línea, por lo cual los expertos y activistas pueden examinar exactamente lo que se ha acordado y movilizar a sus públicos sobre la base de información concreta. A principios de enero, más de mil 400 grupos estadounidenses de la sociedad civil publicaron una carta al Congreso exigiendo que el TPP sea rechazado. Esto vino de la mano de un acalorado debate durante el verano sobre la autoridad del fast track (o vía rápida) en Estados Unidos que fortaleció argumentos y creó nuevas alianzas. Muchos de los grupos locales de productores agrícolas, defensores de la privacidad digital y de derechos humanos y laborales, y otras organizaciones que antes no se habían involucrado en los debates comerciales están participando ahora activamente. La batalla relativa a la ratificación del TPP está apenas comenzando, y el veredicto final está lejos de ser claro.

16 de enero de 2016

TPP + TLCAN = RIP CAMPO MEXICANO

Víctor Suárez Carrera Director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) victor.suarez@anec.org.mx Coincidentemente, en estos dos años se han generado graves crisis económico-financieras.

FOTOS: Enrique Pérez S. / ANEC

El crecimiento de las importaciones agroalimentarias ha propiciado el colapso de los sectores productivos del campo, la imposición de un modelo alimentario dañino a la salud humana, la monopolización trasnacional del sistema agroalimentario mexicano, una dependencia alimentaria y tecnológica crecientes y, en resumen, la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la población.

A Armando Bartra, Lourdes Rudiño, Enrique Pérez y Hernán García por La Jornada del Campo número 100. “No dejaremos a países como China escribir las reglas de la economía global” Barack Obama (La Jornada, 6/10/2015)

l pasado 5 de octubre Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, anunció que se habían concluido “exitosamente” las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y recientemente informó que el próximo 4 de febrero se celebraría en Nueva Zelanda la Cumbre de presidentes y jefes de Estado para firmarlo. Acto seguido se esperaría que el Titular del Ejecutivo envíe el texto legal suscrito al Senado para su ratificación o rechazo. Las negociaciones fueron secretas, a espaldas de los sectores productivos, de la sociedad y del Senado, y, como siempre, el gobierno mexicano anunció que “ahora sí” este enésimo tratado de libre comercio traería crecimiento económico, bienestar y prosperidad para todos. Tanto en las negociaciones del TPP como en las del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no participaron los pequeños y medianos agroproductores y agroempresarios, y se desestimó su exigencia de excluir al sector agropecuario del TPP a la luz de los resultados adversos de 21 años de TLCAN y por su carácter extremadamente sensible y estratégico para la seguridad nacional en un entorno global cada vez más

adverso e incierto (estancamiento económico, crisis financiera, energética, alimentaria, climática, geopolítica, etcétera). El gobierno mexicano volvió a utilizar las falsas promesas que expresó hace casi 25 años para justificar las bondades del TLCAN: “grandes oportunidades de exportación en el mercado más grande del mundo”, “el TPP será el motor del crecimiento sectorial”, “se lograron grandes concesiones para la protección del sector”… Veamos cuál es la realidad del TPP y las implicaciones para el campo mexicano. Hay memoria: 21 años de TLCAN son suficientes. El presidente Peña Nieto y el secretario de Economía apuestan a la amnesia de la opinión pública y de la ciudadanía para intentar “vender” el TPP como un “producto nuevo”, replicando con exactitud la demagogia y las promesas incumplidas que en su momento formularon Carlos Salinas de Gortari, Jaime Serra Puche, Pedro Aspe, Luis Téllez y Santiago Levy, entre otros. Desafortunadamente para el gobierno federal, hay memoria; 21 años de TLCAN son suficientes y, como lo declaró la congresista estadounidense Marcy Kaptur, “el TLCAN es un océano de promesas incumplidas”. Tenemos algunos ejemplos. El gobierno mexicano prometió que con el TLCAN el sector agropecuario crecería aceleradamente, generando empleos bien pagados, combatiendo la pobreza y rete-

niendo a la población rural para reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos (EU). La realizad es que a lo largo de los 21 años de TLCAN el producto interno bruto agropecuario ha crecido a una escasa tasa promedio anual de 1.7 por ciento (ver gráfica 1). Esta tasa es notoriamente inferior al crecimiento experimentado por el sector en el medio siglo anterior a la entrada en vigor del TLCAN y evidentemente ha sido incapaz de generar empleos bien pagados y frenar la desigualdad, pobreza y migración rural. Tan sólo entre 1994 y 2010 más de seis millones de personas del medio rural fueron expulsadas a la Unión Americana en busca de trabajo. El abandono del campo a raíz del TLCAN generó un vacío que fue ocupado por el crimen organizado. Un solo dato: México ha incrementado la superficie sembrada de amapola de 5,050 hectáreas en 1995 a 19,500 hectáreas en 2009 (José Reveles, citado por InSightCrime, La Jornada, 28 de diciembre de 2015). Por otro lado, auguraban que el TLCAN generaría un incremento considerable en las agroexportaciones, impulsando el crecimiento sectorial. En realidad, el gran aumento de las exportaciones agrícolas (16 por ciento promedio anual) únicamente contribuyó con un ridículo crecimiento sectorial promedio de 1.7 por ciento anual. Adicionalmente, si bien crecieron las agroexportaciones con el TLCAN, tendencia por demás presente ya en los 20 años

previos, el gobierno mexicano omite mencionar el crecimiento desbordado de las importaciones agropecuarias y agroalimentarias. Como lo demuestran los datos de la gráfica 2, en 21 años de TLCAN se registra un saldo negativo en la balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria con excepción de dos años: 1995 y 2015.

Otra de las grandes apuestas del TLCAN para el campo fue que la agroindustria azucarera mexicana podría acceder al mercado de EU gracias a una eliminación del sistema de cuotas para el azúcar nacional y para colocar sus excedentes sin restricción a precios extremadamente favorables. A la fecha, esto no ha sucedido. En fecha reciente, el secretario Guajardo aceptó un “acuerdo administrativo” con los refinadores estadounidenses para únicamente exportar hasta un máximo de 1.5 millones de toneladas de azúcar mexicana. Vale recordar que Estados Unidos exporta a nuestro país 1.5 millones de toneladas de alta fructuosa de maíz. Es decir, ¡después de 21 años de “libre comercio” se mantiene el sistema de cuotas! Y así podemos seguir haciendo memoria sobre el océano de promesas incumplidas del TLCAN.

16 de enero de 2016

El TPP en la estratégica de Estados Unidos y el capital trasnacional. Junto con la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) –entre la Unión Europea y EU- y el Acuerdo de Comercio para los Servicios (TISA), el TPP forma parte de la estratégica geoeconómica y geopolítica de EU para el logro de los siguientes objetivos interrelacionados: a) asegurar la expansión extensiva (territorial) e intensiva (servicios, comunicaciones digitales, genoma, biodiversidad, etcétera) para la inversión del capital trasnacional; b) romper con el multilateralismo (Organización Mundial de Comercio, OMC) y establecer el unilateralismo del capital trasnacional en la fijación de las reglas de comercio, inversión y propiedad intelectual; c) aislar y debilitar los procesos soberanos y alternativos de integración de los países sudamericanos con gobiernos progresistas (Mercosur, Banco del Sur, Unión de Naciones Suramericanas -Unasur), y d) aislar y debilitar el creciente poderío e influencia de China en la Cuenca del Pacífico.

10,00 Agropecuario

Promedio TLCAN

8,00

Porcentaje de Crecimiento Anual

6,00

4,00

2,00

0,00

1,87

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-2,00

-4,00

-6,00 Fuente: ANEC con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)-Sistema de Cuentas Nacionales Para 2015 se tomaron datos a el Tercer Trimestre. Fecha de consuta: 16Dic15

16.000.000

Gráfica 2.- Balanza Comercial Agropecuaria TLCAN (1993-2015) Exportaciones, Importaciones y Saldo.

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000 Miles de dólares

El gobierno mexicano, a “invitación” de Barack Obama, se incorporó tardíamente (2011) a las negociaciones del TPP iniciadas en 2005. Esto significó aceptar a ciegas –como condición sine qua non para los países de nuevo ingreso- todos los acuerdos de las rondas de negociación previas.

arroz (Vietnam), manzana (Australia), uva-vino (Australia, Nueva Zelanda), aguacate (Australia), trigo (Australia) y manzana (Australia, Nueva Zelanda).

Gráfica 1.- Producto Interno Bruto Agropecuario TLCAN 1994-2015

Saldo Agropecuario Exportaciones Agropecuarias Importaciones Agropecuarias

De éstos, México no tenía tratado de libre comercio o similar con Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Estos países representan el 1 por ciento de las exportaciones mexicanas y un déficit comercial de 8,783 millones de dólares (2014).

4.000.000

Por tanto, las nuevas y mayores amenazas y supuestas oportunidades para el sector agropecuario provendrían de estos últimos países. ¿Que “negoció” el gobierno mexicano en el sector agropecuario? • Apertura a la libre importación de todos los productos agropecuarios sin excepción. • No habrá salvaguardas agrícolas: “No se aplicarán derechos de cualquier tipo al amparo de una salvaguarda especial tomada de conformidad con el Acuerdo sobre Agricultura (ASA) de la OMC sobre bienes agrícolas originarios de cualquiera de las partes”.

-2.000.000

-4.000.000

-6.000.000

• Programa de eliminación arancelaria “negociada” para el sector agrícola de México: Categoría A. Libre importación de productos “no sensibles” a partir de la entrada en vigor. Categoría B. “Sensibilidad media”. Eliminación gradual, con diversas modalidades, hasta su eliminación total en etapas anuales de entre tres y 16 años. Categoría D. “Alta sensibilidad”. Aranceles-cupos: cantidades máximas de importación libres de arancel por año y aranceles OMC para las cantidades que excedan el cupo. Los cupos se incrementarán anualmente hasta fijarse en un monto determinado a partir del año 11 y subsiguientes. • La SE promete que además de la “gran protección” vía los aranceles-cupo a los sectores sensibles, impulsará un programa de inversiones para aumentar su competitividad y enfrentar exitosamente la competencia de las importaciones agrícolas de los países del TPP.

6.000.000

2.000.000

Los países que suscriben el TPP son: Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Colombia, Perú, Japón, Malasia, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam y Nueva Zelanda.

• Las empresas importadoras beneficiarias del TPP serán, entre otras: Nestlé (café, lácteos); Vizur, Sygma, Campofrío (cárnicos); Danone (lácteos), Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui (manzana, uva, arroz); Bimbo, Gamesa (trigo); Femsa, Pepsico (azúcar).

Fuente: ANEC con datos SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. /* Para 2015 se tomaron datos para Octubre. Fecha de consulta: 16Dic15

• “Protección especial” (cupos y aranceles temporales) para productos sensibles: cárnicos (res), lácteos, tabaco, uva-vino, arroz, café, azúcar, manzana y aguacate. • Compromiso para eliminar los subsidios a la exportación, pero nada sobre la eliminación de los subsidios a la producción y al consumo. • Compromisos para negociar en el seno de la OMC “disciplinas” a las empresas comerciales del Estado exportadoras de productos agrícolas. • Se reconoce la necesidad de prohibir o restringir las exportaciones agrícolas por causas de seguridad alimentaria. • Comercio de productos agrícolas transgénicos: a) “Nada de lo dispuesto en este artículo (2.29) obligará a una Parte a adoptar o

modificar sus leyes, reglamentos y políticas de control de productos de la biotecnología moderna dentro de su territorio”; y, b) “Cada Parte identificará un punto o puntos de contacto para compartir información sobre temas relacionados con incidentes de presencia de niveles bajos”. Presencia inadvertida de niveles bajos de productos transgénicos en el comercio de acuerdo con las Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante. • Administración de cupos: enlistados en el Anexo 2-D (Eliminación arancelaria): “Cada parte se asegurará que los procedimientos para administrar sus cupos estén disponibles al público, sean justos y equitativos, no sean administrativamente más onerosos de los absolutamente necesario, respondan a las condiciones

de mercado y sean administrados de manera oportuna”. Impactos en el sector agropecuario. Las “medidas especiales de protección” para los sectores productivos sensibles de México son insuficientes y están sujetas a una aplicación discrecional de la Secretaría de Economía (SE). La experiencia del TLCAN establece que, bajo la presión de las corporaciones agroimportadoras, la SE modifica discrecionalmente los cupos de importación al alza y a la baja los aranceles y plazos de desgravación. En los hechos, se trata de una apertura total de los productos agroalimentarios sensibles. • Los productos y sectores más afectados por las importaciones serán los siguientes: lácteos (Nueva Zelanda), café (Vietnam), azúcar (Australia), cárnicos (Australia, Nueva Zelanda),

• En este rubro, durante los 21 años de la implementación del TLCAN, nunca se llevó a cabo el tan prometido programa de inversiones para la competitividad, argumentando “austeridad presupuestal” y “crisis de las finanzas públicas”. • Con el TPP se completa el desmantelamiento de la agricultura mexicana, sobre todo la del sector de pequeños y medianos productores; se acrecienta la dependencia e inseguridad alimentaria y nutricional, y la pérdida de nuestra soberanía alimentaria. Adicionalmente, se termina por imponer el imperialismo alimentario de las corporaciones trasnacionales y un sistema con precios elevados al consumidor y una calidad nutricional a la baja. Como lo ha demostrado el TLCAN, las únicas beneficiarias del TPP serán las grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras. Con el TPP más el TLCAN sólo podemos esperar la extinción del campo mexicano, a menos que las organizaciones campesinas, los pequeños y medianos agroempresarios y los movimiento sociales digamos: ¡21 años de TLCAN son suficientes. No al TPP!

16 de enero de 2016

LOS DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS EN EL TPP Alberto Arroyo Picard Investigador de la UAM y miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) alberto.arroyo60@gmail.com

l llamado Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) no es otra cosa que un Tratado de Libre Comercio (TLC) y como tal es mucho más que comercial. Es un conjunto de reglas y disciplinas obligatorias que pretenden someter la economía y en general la vida social a una lógica dominada por la competencia y la utilidad económica del más fuerte. Lo único que importa es la ganancia y frente a ello pasan a segundo término las consecuencias y los derechos sociales y ambientales.

y las empresas del Estado (artículo 9.2.2, letra b). Lo anterior viola la Constitución, pues el gobierno central no puede comprometer facultades constitucionales de otros niveles de gobierno. Además, como todos los TLCs vigentes, no sólo cubre las inversiones posteriores a su entrada en vigor, sino todas y no sólo la de los países que firman el tratado, sino en algunos compromisos cualquier inversión extranjera. En la lucha contra la ratificación del TPP por parte del Senado, debemos explorar la posibilidad de que algunos estados o municipios interpongan una controversia constitucional. O la exigencia de que implique la necesaria aprobación de los Congresos estatales, dada la magnitud de los compromisos.

El capítulo sobre inversiones lo expresa a la perfección. Fija derechos para los inversionistas que pueden hacer valer en tribunales de arbitraje internacional que pueden sancionar efectivamente cualquier incumplimiento. En cambio los capítulos laboral y medioambiental se quedan en exhortaciones y mecanismos de cooperación y diálogo para que cada país cumpla sus propias leyes. Para los derechos sociales no hay ningún mecanismo internacional que obligue a que se cumplan, ni sanciones en caso de violación. Además, en los capítulos laboral y ambiental, el objetivo del diálogo y la cooperación no busca garantizar los derechos de los trabajadores y de los pueblos, sino que no se utilicen los bajos estándares ambientales y laborales como una ventaja indebida en la competencia por inversiones o ganar mercados. Veamos brevemente qué derechos se otorgan a los inversionistas extranjeros. a) Ser tratados como si fueran nacionales (artículo 9.4). Garantía de que no se dará ninguna ventaja a las empresas del país, ni siquiera a las empresas del Estado que estarán sometidas a la competencia con privadas. Se presenta eufemísticamente como derecho a no ser discriminados. Con ello se acaba el papel del Estado como promotor de un proyecto de desarrollo nacional, de implementar políticas públicas para fortalecer la economía interna. b) Se asienta el principio de trato de Nación más Favorecida (artículo 9.5), es decir a ser tratados como al mejor de los socios. Con ello se bloquea cualquier estrategia de integración regional sobre la base de la cooperación y la complementación económica. Cualquier concesión a un país “amigo” con el que se pretenda apoyo mutuo o complementación para fortalecer la posibilidad de una integración exitosa en la dinámica mundial, o fortalecer alianzas

políticas para fortalecer la soberanía regional e ir superando la dependencia de las grandes potencias, tendría automáticamente que hacerse extensiva a los miembros de este tratado. c) El libre flujo de entrada y salida de los capitales (artículo 9.8), incluidas las inversiones especulativas. Más aún: a diferencia de otros TLCs, expresamente se incluye en el TPP los derivados, que son los instrumentos financieros que llevaron a la crisis global en 2008.

recedores o conservar algunas ventajas (artículo 9.9). Se plantea una lista amplia de lo requisitos que no se les puede exigir. Cabe destacar, entre muchos, dos: 1) Que compren en el país un porcentaje de sus insumos. Con los TLCs y tratados sobre inversiones ya vigentes, esto ha sido uno de los factores principales por los que la llegada de inversión extranjera no ha tenido los resultados positivos que se presumía. La gran empresa extranjera importa casi todos sus insumos y con ello deja de tener un efecto de arrastre sobre la economía nacional y en la creación de empleos. Y 2) Que transfieran tecnología, más aún, se fortalece y amplía la protección de la propiedad intelectual.

d) Protección contra expropiaciones, incluso contra expropiaciones llamadas indirectas o medidas equivalentes a la expropiación (artículo 9.7). Es decir medidas gubernamentales que tengan como consecuencia disminuir ganancias de los inversionistas se pueden considerar expropiación de dichas ganancias y por tanto deben ser compensadas o pagadas como cualquier expropiación. Debemos reconocer que en el TPP, a diferencia del TLC de América del Norte (TLCAN) y de otros TLCs, se precisa mejor lo que se puede considerar medidas equivalentes a la expropiación y no se deja tanta discrecionalidad a los tribunales de arbitraje en su interpretación.

f) El derecho a que cualquier cambio legislativo o reglamentario no disminuya los beneficios pactados en este tratado. Ello significa renuncia a la soberanía legislativa (artículo 9.11). ¿El Senado mexicano está dispuesto a perderla? Una vez más el TPP blinda las llamadas reformas estructurales, ya que un cambio que disminuya los derechos ya adquiridos por los inversionistas en el sector sería sujeto de demandas en tribunales de arbitraje internacionales.

e) El derecho a que no se les impongan requisitos de desempeño, ni siquiera para ser me-

g) A que no se les impongan obligaciones sociales vinculantes. Todo queda a “la responsabili-

dad social corporativa”, que es auto diseñada y de cumplimiento voluntario (artículo 9.16). h) Las medidas que cualquier gobierno tome para garantizar los derechos ambientales tienen que ser consistentes con las obligaciones adquiridas en el capítulo sobre inversiones (artículo 9.15) Estos derechos de los inversionistas extranjeros se potencian y agravan si consideramos, entre otros, cuatro elementos sustanciales de este tratado. 1) La definición de inversión extranjera (artículo 9.1) considera como tal “todo activo propiedad o bajo control de un inversionista extranjero”. Ello incluye explícitamente no sólo empresas, sino capital especulativo en acciones o bonos de deuda; derivados financieros; deudas en general; derechos de propiedad intelectual; los llamados derechos administrativos, es decir licencias, concesiones de explotación minera, petrolera, de servicios o contratos de construcción, etcétera, etcétera). 2) A diferencia de los TLCs vigentes a la fecha, en el TPP los sujetos obligados a cumplirlo no son sólo el gobierno federal sino todos los niveles de gobierno: estados y municipios (artículo 9.2.2, letra a), e incluso los organismos reguladores autónomos

3) Todos estos derechos de los inversionistas extranjeros y obligaciones de los gobiernos se litigarán en tribunales internacionales (sección B del capítulo 9), en los que la única ley aplicable es el texto del tratado (artículo 9.24); sólo en los excepcionales casos listados en anexos pueden aducirse leyes nacionales. Es decir, las inversiones extranjeras no están sometidas ni a la legislación ni a los tribunales del país en que operan. 4) Los otros TLCs que México ha ratificado siguen vigentes. En caso de incompatibilidades entre el TPP y otros TLC, los países implicados se pondrán de acuerdo sobre cuál aplicar (artículo 1.2), lo que significa que nuestros principales socios comerciales e inversionistas podrán evadirse de las pocas cosas que, debido a la experiencia de demandas millonarias, están precisadas y acotadas en el TPP. Se evadirán con la aplicación del TLCAN. Como en todos los TLCs, el problema no es sólo la apertura de fronteras a mercancías y servicios e inversiones extranjeras, sino los derechos (sin obligaciones) de los inversionistas, que se concretan en los capítulos de inversiones, servicios (que se profundizarán en las negociaciones del Acuerdo en Comercio y Servicios, TISA, por sus siglas en inglés), compras y obras públicas, reglas de competencia y propiedad intelectual, que son precisamente la materia que fracasaron en incorporar en los mandatos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El TPP, más que ningún otro TLC vigente, se acerca a la vieja pretensión expresada por el ex-presidente de la OMC, Renato Ruggiero, crear una “constitución mundial de los derechos del capital”.

16 de enero de 2016

NEGOCIADO CON PERSPECTIVA CONSUMIDORA, EL AGRO ES SACRIFICADO EN EL TPP Enrique Domínguez Lucero Economista consultor en desarrollo organizacional

lentados por la inercia cuasi dogmática de las pasadas décadas, los negociadores mexicanos en un afán inusitado deciden unilateralmente (sin consulta alguna al sector productivo nacional) sumarse tardíamente a un nuevo Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). Un Acuerdo que tiene visos de fortalecer la posición de los corporativos con asiento en territorio estadounidense. Siempre fue preocupante el no poder apreciar las ventajas o ganancia que aportaría. No había y nunca ha habido una consideración del “beneficio-costo” que representaba para México. Más aún que México ya tenía puntualmente tratados específicos con los países más importantes en este TPP. Más preocupante será el costo real adicional que nos traerá finalmente, porque hasta ahora ningún Acuerdo o Tratado Comercial lo ha cuestionado y mucho menos reculado el Senado de la República. Los representantes gubernamentales hasta hoy sólo han venido negociando con una visión miope y cortoplacista y con un orientación de favorecer al consumidor aun a costa de la producción nacional. Aunque en las pasadas décadas México se distinguió por una política aperturista unilateral fincando varios acuerdos, el comercio se concentró aún más con nuestro socio vecino del Norte. México has sido observado y analizado ampliamente desde varios foros internacionales para conocer de las ventajas logradas en los acuerdos regionales y comparativamente respecto del Acuerdo Multilateral del Organismo Mundial de Comercio. Así pareciera en concreto que México es el único país que negocia lo que consume, no lo que produce como lo hace el resto del mundo. Sustentándose con el posicionamiento de un grupo menor de importadores y empresas nacionales privilegiadas, los negociadores gubernamentales mexicanos del TPP han mantenido secuestrada la participación del sector productivo nacional, en particular al sector agropecuario nacional y más aún su estructura campesina y de pequeños productores. Son cuestionables los argumentos esgrimidos por los negociadores mexicanos para subirnos a un Acuerdo tan lejano, que poco aporta, y que más bien menoscaba las ventajas de Tratados que México ya tiene negociados. En este sentido,

ausencia total en las negociaciones de las organizaciones campesinas y de los pequeños productores. Al final, hubo una escasa capacidad de maniobra de negociación de México ante una apertura unilateral adelantada por el gobierno federal, y el sector agropecuario se convirtió en “moneda de cambio” para la negociación en otros sectores como el automotriz.

con la mayoría de los países que son parte de este TPP, y que son los más importantes (Estados Unidos y Canadá dentro del TLCAN, Japón, Chile y Perú), México ya tiene tratados comerciales. Estos tratados ya negociados, en bloque y en lo particular, nuestro país registra más de 95.5 por ciento del intercambio mercantil actual en esa nueva región. Así que la adición de los países del Sureste Asiático es inconveniente. Además de que resulta marginal por su potencial, no contamos con infraestructura alguna. Por lo contario, fueron esos países como Vietnam, Australia y Nueva Zelanda los que buscaron apertura por parte de México. Ningún sector agropecuario dentro del país solicitó de manera alguna subirnos a ese Tratado Transpacífico que representa en conjunto cerca de 40 por ciento del comercio global. Nuestra ganancia, en caso de haberla, sería marginal, y en cambio el Tratado implica concesionar a terceros derechos nuevos a la vez que otros países accederán a las ventajas ya obtenidas por México en los Acuerdos previos. Por consecuencia, al equiparar condiciones, perderemos tales ventajas sin compensación alguna en muchos productos agropecuarios nacionales. En su propósito de buscar mayor acceso a corporativos o empresas globales con asiento predominantemente estadounidense, el TPP no está enfocado a bajar aranceles donde ya de por sí son bajos. Más bien pretende imponer nuevas disciplinas de comercio internacional, mismas que no han prosperado en el acuerdo multilateral de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Con ello, se eludirá la responsabilidad de cumplir con el Acuerdo de Doha o Ronda del Milenio del 2001, cuyo objetivo era equilibrar el desarrollo y poner disciplinas a medidas que distorsionan el comercio internacional como los subsidios directos y encubiertos, así como atender los temas de concentración o competencia. Situación ya manifiesta en la Décima Reunión Ministerial celebrada en Nairobi en diciembre de 2015. El Acuerdo de Doha expresa muchas de las legítimas aspiraciones de las naciones en desarrollo, y el sector agropecuario representa un ancla y frena su avance, debido al rechazo sistemático de los países desarrollados, en especial Estados Unidos, a desmantelar o recortar sus subsidios, y debido al surgimiento constante de nuevas barreras no arancelarias con mayor efecto proteccionista que el de los aranceles. Ello, en medio de un manifiesto

estancamiento del comercio mundial y del crecimiento económico, mientras se profundiza la concentración del ingreso en los países desarrollados y muy especialmente en las grandes corporaciones. Por otro lado, de manera explícita el TPP cubre el interés de la administración del presidente Barack Obama de contener a cualquier costo el avance o influencia de China en la región. El pasado 8 de mayo en la Riviera Maya, Joseph Stiglitz, en su participación en el Foro Económico Latinoamericano (organizado por el World Economic Forum), al respecto comentó a pregunta específica: “[…] El TPP no es un tratado de comercio, sino busca imponer nuevas disciplinas exigibles a los gobiernos suscriptores que benefician a las grandes corporativos, principalmente farmacéuticas, al imponer nuevas reglas sobre derechos de autor sobre genéricos; igualmente sobre regulaciones sobre inversión para limitar y sancionar acciones gubernamentales que con motivo de salud, cambio climático, etcétera, pudiera afectar los intereses de los inversionistas extranjeros”. Serán sólo las corporaciones las que tengan derecho a esa defensa frente a gobiernos y regulaciones, y las resoluciones serán determinadas por árbitros internacionales y no sujetas al derecho de los países signatarios. Al respecto pareciera que el TLCAN ya tiene esa consideración, misma que ha sido ampliamente rechazada por los europeos en las negociaciones en curso entre Estados Unidos y la Unión Europea. El TPP es el mayor acuerdo comercial existente, e involucra a 12 naciones (Brunei, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Malasia, Sin-

gapur, Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile, Perú y México). Nuestro país entró tardíamente este Tratado, al mismo tiempo que presentaba con China el déficit comercial más grande con una sola nación. Para el año 2009 este déficit se ubicó en 34 mil millones de dólares (sin tratado, y debido a una anticipada apertura unilateral). Para el 2014 esta cifra se elevó a poco más de 60 mil millones de dólares y no debemos de sorprendernos de un aumento importante del déficit con las cifras que tendremos para el cierre del 2015. Testimonios de legisladores estadounidenses y de la prensa especializada dan cuenta de cómo las grandes corporaciones de Estados Unidos lograron un amplio acceso e injerencia en tales negociaciones –y un ejemplo particular se observa en la industria farmacéutica- y en cambio los funcionarios gubernamentales tuvieron un acceso limitado. En el caso del sector agropecuario mexicano, algunas organizaciones –varios representantes miembros del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de las ramas de cárnicos (res), lácteos, tabaco, uva y vinicultura, arroz, aguacate, café, azúcar y manzana- presentaron posicionamientos para esta negociación, buscando cubrir sus riesgos. Pedían desde una exclusión hasta aperturas tardías. Absolutamente nadie pidió apertura comercial con los países con los que México no tenía tratado. Lo prioritario para muchos de ellos era mejorar las negociaciones que ya se tienen con Japón. En el caso de los productores de lácteos, la petición fue de una exclusión de su sector en el TPP ante la competencia dura que representa Nueva Zelanda, que pugnó por una apertura total. Hubo una

Hoy por hoy las preocupaciones del sector agropecuario respecto del TPP son: 1.- La omisión completa a acuerdos sobre subsidios a la producción y al consumo. El TPP sólo menciona los subsidios a la exportación; 2.- El TPP implica una renuncia a salvaguardas en la agricultura, y 3- La forma en que se definieron las reglas de origen, donde la acumulación se puede realizar de terceros países y donde un proceso menor puede conferir origen. Los cambios de partida tendrán que ser analizados por cada sector. Sin embargo, la negociación extiende beneficios a terceros no convenidos en el TPP. India y China previsiblemente serán los más beneficiados sin haberles implicado costo alguno. Asimismo, 4.- en el tema de propiedad intelectual y derechos de autor, es necesario analizar las implicaciones en material biogenético, elementos vegetativos, semillas, fertilizantes, agroquímicos y fármacos veterinarios, entre otros; 5. El tema de competencia económica, por la existencia de grandes corporativos privados y empresas de Estado, y la concentración de insumos, acopio, comercialización, financiamiento, beneficio o industrialización, rubros que han sido altamente copados por grandes conglomerados extranjeros, y 6.- Prevalece y se acrecienta el rezago de normas de calidad en nuestro país, pues naciones con alta regulación tienden a enviar saldos y productos que no cumplen sus propias normas a los países con normas deficientes. Y preocupaciones estructurales son: la carencia de una política agrícola –al tiempo que los países desarrollados aplican generosamente protección y apoyo a sus productores del campo-; el hecho de que prevalezca el posicionamiento dogmático del gobierno de que el comercio es un fin en sí mismo (pretendiendo así favorecer al consumidor a costa de la producción nacional, y con un rompimiento de las cadenas de valor del sector agroalimentario), y también el que soslayen las circunstancias que enfrenta México, con crecientes desempleo, pobreza, economía informal y crimen organizado, todo ello ante la falta real de oportunidades.

16 de enero de 2016

EL AGRO MEXICANO, EN DESVENTAJA INICIAL ANTE SUS COMPETIDORES DEL TPP: JOSÉ LUIS DE LA CRUZ Lourdes Rudiño

l Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) es un acuerdo entre países que no aplican el mismo estilo de política económica. Uno puede observar cómo varias naciones ejercen un proteccionismo selectivo muy evidente, y eso es particularmente claro en lo que se refiere al agro. La mayor parte de medidas proteccionistas, de subsidios hacia sus campesinos o sector agrícola ocurre justamente en Estados Unidos y Japón, y mientras, en países como Australia y Nueva Zelanda hay una política de fomento económico muy marcada. No es por tanto un asunto menor que México firme un acuerdo comercial cuando no hay las bases de competencia económica equitativas que se requieren.

La gran estrella del TLCAN es el sector automotriz y aun ese va a enfrentar desafíos porque se redujo el contenido regional forzoso. Esto es que el área del TLCAN requiere u obliga actualmente a que el contenido regional de las autopartes esté por arriba de 60 por ciento, es decir que se fabriquen en Estados Unidos, Canadá y/o México con más de ese porcentaje, pero con el TPP y por presiones de Japón se reducirá a sólo 45 José Luis de la Cruz Gallegos, director del Departamento de Economía y Finanzas y del Centro de Investigación en Economía y Negocios de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, afirmó lo anterior y destacó un agravante: “esos países no sólo están preocupados por fortalecer la parte de producción primaria de bienes agrícolas, sino que apoyan el valor agregado por medio de agroindustrias muy poderosas, en donde han realizado fuertes inversiones y tienen patentes. México entra a competir sin esas fortalezas, y en realidad esto es algo similar a lo que ocurre en casi todos los sectores económicos de México”. Además está el horizonte de tiempo. Esos países competidores

llevan aplicando políticas proteccionistas o de fomento económico hacia sus empresas desde hace décadas, no es algo nuevo. Han construido esa fortaleza mientras los sectores agrícola y agroindustrial de México todavía tienen comportamientos que van a la zaga. Mucho del sector agrícola es de autoconsumo, mientras que las zonas agroindustriales que tenemos, algunas muy fuertes, están muy concentradas. Es importante considerar esas asimetrías pues hay que tener muy

trial y también en algunos productos minerales, y de igual manera Nueva Zelanda tiene una relación comercial positiva frente a China en estas áreas, señaló De la Cruz. Entonces a ese TLCAN que no nos ha dado los resultados productivos que se habían deseado en el sector agrícola y en la parte agroindustrial, ahora se agrega la competencia de dos economías especializadas en esa área, y aunque se les pusieron ciertos límites, ciertos cupos a las exportaciones que van a poder realizar a Méxi-

decir que se fabriquen en Estados Unidos, Canadá y/o México con más de ese porcentaje, pero con el TPP y por presiones de Japón se reducirá a sólo 45. Esto implica que se va a enfrentar una competencia con un país que es especialista en autopartes, Japón. Hay un riesgo de que la integración productiva en el sector automotriz disminuya. Y las industrias electrónica, de computación, de maquinaria y equipo médico van a enfrentar la competencia de países como Vietnam, Singapur, Malasia, muchos de ellos vinculados con China,

para México, en áreas industriales de manufacturas estratégicas”. La alternativa de México de no participar en el TPP era algo posible, comentó; lamentablemente mucho del comercio mexicano está condicionado a las estrategias de comercio exterior de Estados Unidos. Eso es el elemento que acaba presionando a que nuestra economía también se vea involucrada o entre a esta firma de acuerdos. Por tanto, si bien es cierto que México pudo tomar la decisión de quedar fuera, el hecho de que ya tenga comprometida gran parte de su plataforma de exportación con Estados Unidos, obliga a nuestro país a insertarse en esas decisiones, a no quedarse afuera. “Esto es lo malo de tener una dependencia económica, industrial y exportadora hacia Estados Unidos”. -En México, los productores de pequeña escala se confrontan a temas como transgénicos, al tiempo que las empresas promotoras de esta tecnología insisten en su siembra. ¿La firma del TPP hace más vulnerables a los campesinos en situaciones como esta?, se le preguntó. -Me parece que sí, porque los expone a una competencia en donde, si no se hacen las adecuaciones necesarias, corren el riesgo de perder terreno frente a grandes empresas productoras del sector agrícola, y que esto vaya minimizando todavía más la presencia de este tipo de productores, de bienes agrícolas orgánicos o donde no hay la presencia de transgénicos o tecnologías propias de la agricultura de gran escala.

claro el desafío que va a enfrentar México en el TPP, comentó. Un resultado claro de la apertura de México se observa con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); el agro ha sido un sector perdedor. Una evidencia es que México está estancado en la producción per cápita de los 15 principales cultivos y productos, como maíz blanco, frijol, trigo, tomate, arroz, huevo, leche, y otros, desde 1980. “Esto nos plantea que el desafío que tenemos es el de aumentar la producción”. En particular en el área agroindustrial, lo que tenemos en el TPP es que hay dos competidores muy formidables, adicionales a lo que es hoy el TLCAN, Australia y Nueva Zelanda. Para darnos una idea, Australia tiene un superávit comercial con China de más de 30 mil millones de dólares, mucho cimentado en su sector agroindus-

co, gradualmente se va a ir flexibilizando la apertura, y dentro de 16 años se dará la liberalización total. Los 16 años suenan como un periodo largo, pero no será tal si México no toma las medidas adecuadas para afrontar esa competencia, advirtió el especialista. El sector agrícola resulta icónico, pues de manera muy clara no fue favorecido por el TLCAN, pero de igual forma ocurrió con el sector textil, el del calzado, la industria del cuero, y en menor medida, pero igualmente marcado, en algunas partes de la industria metalmecánica. Ahora con el TPP ese riesgo se amplifica. La gran estrella del TLCAN es el sector automotriz y aun ese va a enfrentar desafíos porque se redujo el contenido regional forzoso. Esto es que el área del TLCAN requiere u obliga actualmente a que el contenido regional de las autopartes esté por arriba de 60 por ciento, es

donde puede triangularse este tipo de comercio, aun cuando China no sea parte del TPP. “México va a tener que enfrentar ese otro desafío, que es cómo evitar la triangulación vía China, pues por ejemplo Singapur comparte con ese país una zona económica especial. Sectores como electrónica, maquinaria y equipo y equipo eléctrico enfrentarán esta situación”. José Luis de la Cruz afirmó: “al final del día, el gran reto de México es hacer crecer su economía y ello implica tener mayores capacidades productivas. Con o sin TPP, México tiene que enfrentar el reto de generar mayores condiciones productivas internas. Pero el TPP pone presión. Si no fortalecemos esas condiciones de manera rápida, al final la competencia se va a exacerbar, le vamos a dar entrada muy rápida a algunos países que son especialistas en áreas fundamentales

“Me parece que la competencia nos puede llevar a correr el riesgo de ver minimizada la posición campesina por la desaparición de algunos productores o por disminución de su poder económico, además de que, al ser pequeños, está más pulverizada su presencia. Esto es algo que debe considerarse porque puede conducir a una presencia en el mediano y largo plazo de productores mucho más industrializados, en particular de los que gustan de transgénicos conforme se vaya diluyendo la oposición a esta tecnología”. Una de las debilidades del país es que no hemos desarrollado a nuestros productores y a sus empresas y al final debemos enfrentar la competencia de grandes empresas trasnacionales foráneas. Si México quiere aprovechar los acuerdos comerciales, debe evitar cometer el mismo error de antaño. Debemos fortalecer nuestra producción interna, y evidentemente la agrícola y agroindustrial, concluyó De la Cruz.

16 de enero de 2016

ANÁLISIS CONTRASTANTES DEL TPP ENTRE LAS AGRUPACIONES CAMPESINAS Y DE AGRICULTORES

i bien han sido escasas las reacciones de las organizaciones campesinas y de productores agrícolas ante las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), las registradas por los medios de comunicación dan evidencia de una polaridad. Por un lado están las que, como El Barzón Nacional y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), opinan que este tratado no servirá –como no han servido otros tratados- para mejorar la condición económica y social del país ni para fortalecer a los sectores productivos, mucho menos al campo, y hay otras, básicamente el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que consideran que este acuerdo de 12 países será positivo pues fundamentalmente abrirá camino a las exportaciones a Japón.

rá la dependencia alimentaria de México además de llevar a la destrucción y a la quiebra a miles de productores y regiones de distintas partes del país. Al igual que en el TLC el sector agropecuario será uno de los más afectados pues tanto en leche, como en arroz y trigo nuestro país ha sufrido el desplome de su producción y nos ha convertido en un país absolutamente dependiente de las importaciones. El TPP y las condiciones sobre las cuales se realizará la apertura total de la desgravación de aranceles nos llevará a la práctica desaparición de los productores pequeños y medianos que se encuentran aún ligados a estos productos y a estas regiones del país”. De acuerdo con El Barzón, México no tiene el reto de firmar tratados, pues ya cuenta con suficientes, el problema real que tiene el país “es el abandono en que se encuentra la planta productiva nacional para poder aprovechar la relación comercial con otros países”.

Aunque cabe destacar dos factores: uno, que el CNA tiene entre sus representados a corporaciones nacionales y trasnacionales, como Maseca, Cargill y Monsanto, que son ganadoras históricas de los acuerdos comerciales internacionales, con resultados de mayor concentración, y dos, que el CNA modificó su opinión sobre el TPP de manera muy drástica a medida que se daba la negociación. En principio, su visión fue crítica (así se observó hasta inicios de octubre de 2015) y días después de concluido el acuerdo aplaudió su contenido. Según una nota publicada por El Financiero el 6 de octubre, Benjamín Grayeb, presidente del CNA, advirtió que los productores de leche, café, azúcar y manzana resultarían afectados con la entrada en vigor del TPP. La nota decía: “Detalló que de nada beneficia a los empresarios del campo nacional que ingresen a México productos importados que ellos cultivan y producen, pero dijo que buscarán ser más competitivos y aumentar su producción, a fin de mitigar la afectación que se podría tener con el TPP”. Grayeb dijo entonces que, como país, México había planteado una ventana estacional para el acceso de manzana de Nueva Zelanda, “pero ellos no aceptaron ese trato”; también dijo que México se había atorado en las negociaciones en cuatro productos, leche, azúcar, café y la propia manzana, y aun cuando en el sector de lácteos se logró que no se diera una apertura total y se establecieron cupos, los productores nacionales enfrentarían complicaciones.

Para el 27 de octubre, en el Foro Global Agroalimentario 2015, en Guadalajara, y según reportó una nota de El Economista, Benjamín Grayeb hizo un balance global del TPP y se enfocó en las ventajas para el sector agroalimentario mexicano; lo hizo con una visión estrictamente comercial. Una de las ventajas más importantes, dijo, es el acceso a Japón, “porque con todos los países de América que participan en el TPP ya tenemos un tratado comercial”. Afirmó que el sector agroalimentario había sido “bien cuidado” por los representantes del gobierno no obstante la complejidad de la negociación y el número de países participantes. Consideró que México se beneficiará en jugo de naranja, carne de res y de cerdo, arroz y varios frutales, aunque reconoció que uno de los temas sensibles es el de los lácteos, en el que se negociaron cupos acotados agregados (que se incrementarán paulatinamente) para Australia y Nueva Zelanda.

El presidente del CNA destacó “otro de los grandes logros para México”: el respeto a las 16 denominaciones de origen del país, entre las que destacan tequila, mezcal, charanda, chile habanero, bacanora, café de Chiapas y una clase de mango Ataulfo. En el punto extremo, la ANEC ha hecho públicas críticas al TPP, como se observa en un artículo de Víctor Suárez, director ejecutivo de esta asociación, publicado en este número del suplemento. Y El Barzón Nacional, dirigido por Alfonso Ramírez Cuellar, expresó por su parte que es una falacia la promesa gubernamental de que entraremos en contacto con 700 millones de consumidores (la población de los países socios del TPP). En la actualidad los tratados que tiene implementados México “ya nos permiten llegar a más de 500 millones de consumidores, sin embargo la debilidad de la planta productiva nacional, la poca inversión en innovación tecno-

lógica y elaboración de patentes, agravada por todos los problemas de inseguridad y la existencia de una estructura monopólica y oligopólica en la mayor parte de los mercados nacionales han impedido que nuestro país llegue a niveles mayores de desarrollo con la firma de tratados comerciales”, según expresó El Barzón en un comunicado de prensa. México tiene hoy día en operación 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Para El Barzón, “el TPP no será ninguna panacea. Por el contrario afectará de manera severa a los productores de leche, arroz, trigo, carne y profundiza-

“El gobierno mexicano está sobrevalorando los supuestos beneficios que se conseguirán con la firma del TPP. A 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los resultados han mantenido estancado el crecimiento de la economía con un promedio de dos por ciento anual y en la mayoría de las regiones dicho acuerdo comercial no ha generado ningún crecimiento del empleo y el crecimiento de las exportaciones ha descansado en mano de obra barata y en un aumento de componentes e insumos importados tanto en la agricultura como en las manufacturas”. Según El Barzón, el TPP sólo traerá beneficios para las empresas mexicanas que ya tienen presencia multinacional, como son las empresas Su Karne, Lala, Alpura, Bimbo y Maseca, “cuyo crecimiento y presencia internacional se ha logrado a partir de la dominancia de los mercados nacionales y de los grandes apoyos que reciben en materia de facilidades fiscales, de financiamientos y de apoyos presupuestales por parte del gobierno mexicano”. La agrupación convocó en su comunicado a todos los afectados con el TPP “ a sumar esfuerzos para movilizar a la población mexicana y evitar que se imponga el interés de las grandes corporaciones agroalimentarias, y sobre todo evitar que los senadores aprueben por la vía rápida un tratado que afectará económica y socialmente a nuestro país” (LR).

16 de enero de 2016

IMPACTO ESPERADO DEL TPP EN EL CAMPO MEXICANO

Emanuel Gómez Universidad Autónoma Chapingo pinotzin@gmail.com

l sector agropecuario es particularmente sensible a la liberalización comercial prevista en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), dada la política de reducir paulatinamente los aranceles entre los países miembros hasta hacerlos desaparecer. La experiencia mexicana después de 20 años de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es de una crisis generalizada en el campo, evidente por la expulsión migratoria de las zonas rurales hacia las ciudades de México y Estados Unidos, lo cual ha generado nuevos fenómenos sociales como la “feminización del campo”, la “desruralización”, las “comunidades rurales trasnacionales” y la existencia de grupos criminales que trafican con personas y las utilizan para el trasiego de drogas, armas e incluso órganos humanos. En los 20 años recientes, México pasó de ser un país productor agropecuario a ser un importador neto de alimentos básicos: maíz, arroz, trigo, leche, carne, huevo, manzana... En algunos rubros como hortalizas, México exporta a Estados Unidos, y solamente en el caso del café orgánico es posible asegurar que los pequeños productores participan en todos los eslabones de la cadena productiva, desde la siembra hasta la comercialización, pasando por la cosecha y la transformación de café cereza a tostado, molido y empaquetado. Según cifras oficiales derivadas del más reciente censo agropecuario, en más de 90 por ciento de los productos agrícolas los campesinos y agricultores entregan al mercado sus mercancías sin transformación, es decir, en bruto, por lo que no se benefician de las ganancias. Algunas organizaciones como El Barzón pronostican la quiebra de millones de productores agrícolas y pecuarios de gran parte del país. La Secretaría de Agricultura (Sagarpa) identifica varios productos “sensibles” o vulnerables a la apertura comercial del TPP: leche, carne, arroz y café. Leche de Nueva Zelanda; arroz y café de Vietnam; carne, trigo y

maíz de Estados Unidos; aceite de palma de Malasia; vino, camarón, langosta y berries de Chile; chile, papa, plátano, mango, azúcar, harina de pescado y ajo de Perú; entre otros productos, podrán ingresar libremente a México sin barreras arancelarias. Por otro lado, la Sagarpa trata de convencer de la viabilidad del Tratado al identificar nuevos mercados en seis países con los que México aún no tiene acuerdo comercial: Brunei, Singapur, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda y Malasia, a los cuales, dice, es posible ofrecer todos los productos agroalimentarios de México, principalmente hortalizas, bebidas alcohólicas, jugos de frutas, alimentos procesados y aguacate. Consumers International, una red de organizaciones de consumidores, emitió en septiembre de 2015 una carta abierta a los presidentes de México, Perú y Chile, en la que expuso múltiples razones para rechazar la ratificación del TPP, entre ellas que el capítulo de inversiones obliga a los Estados a derogar leyes existentes y desincentivar la promulgación de nuevas regulaciones que sean “obstáculos al comercio”, como puede ser alguna iniciativa de ley de protección al consumidor por propaganda engañosa, contenido nutricional dañino, etiquetado de alimentos o bebidas, servicios financieros o cualquier otro control de calidad que oriente a los consumidores. Sin embargo, el tabaco quedó fuera del TPP, lo que fue elogiado por redes internacionales que promueven medidas estrictas para evitar problemas de salud por el consumo de este producto. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) emitió un comunicado en noviembre de 2015 en que alerta que la ratificación del TPP por parte del Senado mexicano vulnerará más los derechos sociales, fomentará el desempleo y la destrucción de pequeñas y medianas empresas, además de que supeditará la soberanía de los Estados a tribunales privados en los que se dirimirán las controversias, con las empresas trasnacionales siendo las más beneficiadas.

TPP: OTRO ACUERDO A ESPALDAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Emanuel Gómez Universidad Autónoma Chapingo pinotzin@gmail.com

on 12 los países miembros del Tratado Transpacífico (TPP): Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, en orden alfabético. Jamás han impulsado una sola iniciativa en conjunto; si acaso, se reconocen firmantes de la Declaración Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su conjunto, estas naciones reúnen a poco más de 800 millones de personas, 77 por ciento urbanas y el resto rurales, según la División de Población de la ONU. La diversidad cultural de los 12 países consiste –según Ethnologué- en mil 588 lenguas vivas, de las cuales mil 207 corresponden a pueblos indígenas y 381 lenguas se derivan de procesos migratorios ocurridos en los 500 años pasados. Sin embargo, comercialmente la lengua en la que es posible comunicarse indudablemente es el inglés, idioma en que se han llevado a cabo las negociaciones de los gobiernos firmantes. México, Perú y Chile son los únicos países miembros del TPP que han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales; en el que se establece que el derecho de los pueblos en “decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente” (C-169 OIT, Art. 7.1). Sin embargo, en el documento oficial del TPP no se establece ningún protocolo de consulta a los pueblos indígenas para definir estrategias de desarrollo que respeten sus derechos. Los países no latinoamericanos firmantes del TPP, aun cuando no han ratificado el Convenio 169 de la OIT, reconocen la diversidad cultural de sus países por adhesión a la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Es importante mencionar que durante la 61 asamblea de la ONU en la que se aprobó dicha Declaración, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, todos ellos países en los que el inglés es la lengua oficial, votaron en contra, aunque

en la actualidad se han adherido plenamente. Quizá se debe a que en esta Declaración se establece el derecho de los pueblos a determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural (artículo 3), y todavía más: se define la obligatoriedad de los Estados a consultarles “antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado” (artículo 19). Así que entre los países miembros del TPP no se comparte la misma visión ni el mismo marco jurídico en materia de derechos indígenas. Tampoco en materia de manejo de la biodiversidad. Todos los miembros del TPP han firmado y ratificado el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), con excepción de Estados Unidos que sólo lo ha firmado después de infinidad de observaciones y condiciones. La importancia de este Convenio para los pueblos indígenas se especifica en el artículo 8-J, que establece un marco para que cada país respete, preserve y mantenga “los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización

sostenible de la diversidad biológica”, y promueva “su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas”, además de fomentar “que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”. Por el contrario, lejos de caracterizarse por la transparencia, o derivarse de un proceso participativo, en la Agenda de implementación del Tratado Transpacífico se establecen criterios de explotación de los recursos humanos y biológicos para favorecer el comercio internacional, al grado de comprometerse a homologar las legislaciones nacionales. En materia de derechos de los pueblos indígenas y campesinos a las semillas nativas, biodiversidad cultivada o recursos fitogenéticos, el compromiso es formar parte de la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV-91), que prohíbe a los campesinos guardar las semillas para volver a sembrarlas al siguiente año, como lo han hecho desde hace cientos de generaciones y los obliga a comprar semillas a las empresas que tienen registradas sus variedades y cuentan con patentes.

16 de enero de 2016

LAS COMPAÑÍAS BIOTECNOLÓGICAS DE SEMILLAS, GANADORAS EN EL TPP Ben Lilliston Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) BLilliston@iatp.org

espués de seis años de negociaciones secretas, la docena de países que integran el Tratado Transpacífico (TPP) finalmente han hecho público el texto. Las implicaciones de amplio alcance, 30 Capítulos y cinco mil páginas serán analizados intensamente en los próximos meses. Una mirada al Capítulo de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) muestra cómo sólo unas pocas líneas en el TPP pueden resultar en una gran victoria para la industria biotecnológica –y en una derrota para los derechos de los agricultores-. El Capítulo requiere protección de patentes para compañías como Monsanto y Syngenta, que dependen de regímenes fuertes de patentes para controlar el mercado de los cultivos modificados genéticamente. El Capítulo DPI refleja en gran medida la lista de deseos que BIO –el poderoso grupo comercial de la industria biotecnológica de Estados Unidos- mencionó cuando las negociaciones del TPP con nuevos socios se iniciaron en 2009. El Capítulo DPI establece que los 12 países del TPP deben apegarse a una serie de tratados internacionales de propiedad intelectual. Uno de esos es la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV 91), misma que actualiza la Convención de 1978 en varios aspectos importantes que enfatizan los derechos de las compañías de semillas por sobre los derechos de los agricultores, de acuerdo con un análisis hecho por Public Citizen and Third World Network (TWN). La UPOV91 requiere que se otorgue propiedad intelectual para todas las variedades vegetales; que ésta tenga una duración de 20 a 25 años, y que se impida a los agricultores realizar intercambio de semillas protegidas, una práctica común en muchos países de todo el mundo. De los países participantes en el TPP, México Brunei, Chile, Malasia y Nueva Zelanda aún no son miembros de la UPOV 91. En el marco del TPP, estos países podrían enfrentarse a grandes cambios en las leyes y normas que protegen los derechos de los agricultores a la hora de mejorar y guardar semillas. Malasia ya realizó los pasos para adherirse a la UPOV 91. Tendrá que cambiar sus leyes con el fin de: alargar el tiempo de protección de patentes para las empresas de semillas, prohibir a sus agricultores el intercambio de semillas que han guardado y eliminar disposiciones contra la

biopiratería que impiden que las plantas sean patentadas. Realizar cambios en las leyes sobre las patentes de plantas podría llegar a ser muy polémico en México, país considerado la cuna del maíz. Grupos de productores en México lideran la Campaña Sin Maíz no hay País, que exige la prohibición de maíz transgénico. Esta Campaña ha tenido éxito, y la prohibición actualmente se basa en un fallo judicial. Organizaciones campesinas argumentan que la biodiversidad y los recursos genéticos del país corren el riesgo de contaminación por el maíz transgénico. Por su parte, Monsanto aspira a duplicar sus ventas en México durante los próximos cinco años si se pone fin a la mencionada prohibición. También en Nueva Zelanda puede surgir una fuerte oposición. Hasta ahora ese país no ha aprobado ningún cultivo transgénico en fase comercial, exige que todo alimento importado con contenido transgénico esté etiquetado, y utiliza su condición de “libre de transgénicos” como una herramienta de promoción de sus exportaciones. Brunei acaba de desarrollar su marco regulatorio para los cultivos transgénicos. El argumento a favor de la protección de patentes es que estimula la innovación, pero esa afirmación es cuestionable en el caso de las plantas. Un estudio de 2011 que dio seguimiento a variedades vegetales durante el siglo pasado encontró una “clara demostración de que cantidades masivas de innovación ocurren sin el estímulo de patentes o leyes de protección vegetal”. En Estados Unidos, donde existe una fuerte protección de las patentes de las plantas y los transgénicos son ampliamente utilizados en el cultivo de básicos, una investigación publicada este año por la Universidad de Kansas encontró que los sistemas de cultivo en este país están llegando a ser mucho menos diversos y que “la homogeneización de los sistemas de producción agrícola” podría tener “consecuencias de largo alcance” para el sistema alimentario Preservar la diversidad genética en la producción agrícola y animal es visto como una herramienta fundamental para la adaptación al cambio climático, según un informe publicado a principios de este año por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El informe llegó a la conclusión de que:

“Es probable que el cambio climático requerirá más intercambios internacionales de recursos genéticos, así como que los países busquen obtener cultivos, ganado, árboles y organismos acuáticos bien adaptados. La perspectiva de una mayor interdependencia en el uso de los recursos genéticos en el futuro resalta la importancia de la cooperación internacional en la gestión de hoy y de asegurar que los mecanismos estén en su lugar para permitir que proceda la transferencia internacional de una forma justa y equitativa –así como ecológicamente apropiada- de estos recursos”.

Grupos de productores en México lideran la Campaña Sin Maíz no hay País, que exige la prohibición de maíz transgénico. Esta Campaña ha tenido éxito, y la prohibición actualmente se basa en un fallo judicial. Organizaciones campesinas argumentan que la biodiversidad y los recursos genéticos del país corren el riesgo de contaminación por el maíz transgénico La batalla internacional del patentado de plantas por parte de empresas biotecnológicas versus los derechos de los agricultores no es algo nuevo. Esta industria ha obtenido un régimen de patentes favorable por medio de los tratados de libre comercio y del Acuerdo de los Aspectos de Comercio Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los agricultores han luchado para proteger sus derechos sobre las semillas por medio del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, que garantiza a los agricultores el derecho de guardar y compartir semillas. El conflicto entre estos regímenes internacionales continúa y probablemente emergerá como un tópico importante durante la reunión de la Convención Internacional de la Diversidad Biológica, que se realizará en México en diciembre de 2016. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a

la Alimentación ha sido particularmente crítico de los acuerdos comerciales que requieren la aplicación de UPOV 91, y ha hecho un llamado para que los países se comprometan a una evaluación de derechos humanos (incluido el derecho a la alimentación) antes de firmar cualquier acuerdo comercial. En 2012, el Comité de Expertos de Alto Nivel de la FAO sobre Seguridad Alimentaria pidió a los países adoptar el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación y los urgió a implementar disposiciones sobre los derechos de los agricultores de conservar y cuidar los recursos genéticos, a efecto de avanzar en la adaptación al cambio climático.

El Capítulo de Propiedad Intelectual del TPP representa tan sólo una de una larga lista de acciones del gobierno de Estados Unidos que abogan a favor de las empresas, incluida una demanda ante la OMC contra regulaciones europeas sobre transgénicos, y ha utilizado a los agregados del Departamento de Estado para presionar a los gobiernos a aceptar esta tecnología. La influencia de la industria dentro de la oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) es considerable. El especialista agrícola asistente en la USTR es un ex vicepresidente de BIO, el grupo de cabildeo de la industria. BIO también está presente en el Comité Asesor de la USTR sobre Propiedad Intelectual.

La petición del gobierno de Estados Unidos de que los países se unan a la UPOV 91 como parte de los acuerdos de libre comercio está comenzando a ver resistencias. El año pasado, Guatemala derogó su legislación de obtenciones vegetales, conocida como ley Monsanto. Esa ley había sido aprobada como un paso para que Guatemala se uniera a la UPOV 91, según lo dispuesto en el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica (Cafta). La ley había desatado masivas protestas de los agricultores y de los movimientos indígenas.

El Capítulo sobre DPI ofrece un vistazo a lo que trata este nuevo acuerdo de mega libre comercio. El requerimiento del Capítulo de que los países otorguen protección de patentes para las empresas de semillas biotecnológicas multinacionales tiene poco que ver con el comercio y nada que ver con respetar las innovaciones de los agricultores, sus modos de vida o la seguridad alimentaria de sus países. De lo que se trata es de ratificar el poder corporativo sobre las naciones soberanas y los agricultores que viven en ellas.

16 de enero de 2016

NUEVO DESAFÍO PARA EL DERECHO HUMANO AL AGUA Jéssica Estefanía Jiménez Montoya y Edgardo Monroy Rodríguez Miembros de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida

que es el retorno al manejo público estatal y público no estatal, como las experiencias de Grecia, Bolivia, Alemania y Francia, entre otras. El cuestionamiento al modelo privatizador cobra especial relevancia ante casos de autoadministración y autogobierno del agua en comunidades, pueblos y barrios que bajo el arraigo popular y comunitario demuestran la eficacia y vigencia de los derechos ancestrales de los pueblos sobre su territorio y sus recursos naturales.

Paradójicamente, el TPP otorga un carácter voluntario al cumplimiento de leyes de protección al medio ambiente y uno obligatorio a lo relacionado con inversiones. Sobre el tema del agua, profundiza el paradigma caduco de extracción-desecho La amenaza al cada vez más pequeño sector público de los servicios es sistemática, ahora busca entrar a la dinámica de la competencia donde legalmente no habrá más posibilidad de un trato preferencial al mercado nacional. Múltiples voces a nivel mundial se han pronunciado contra los peligros del nuevo Tratado. La Internacional de Servicios Públicos (ISP) denuncia la ausencia de trabajadores y usuarios en las negociaciones, contrario al inmenso poder y participación de las empresas.

ay en el mundo una oleada de acuerdos y tratados para consagrar la apertura comercial y ampliar la privatización de los servicios públicos. Se reforma el orden jurídico nacional para proteger las ganancias de las trasnacionales. En este marco se presenta el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) como el siguiente hito en la historia del libre comercio, denominado “la negociación comercial más importante y ambiciosa a nivel mundial”. A lo largo de los 30 capítulos del Tratado no se mencionan compromisos, medidas de protección, consultas vinculantes, ni sanciones ante incumplimiento, daños y perjuicios a los ecosistemas o medio ambiente, ni por violaciones a los derechos humanos. Paradójicamente, el TPP otorga un carácter voluntario al cumplimiento de leyes de protección al medio am-

biente y uno obligatorio a lo relacionado con inversiones. Sobre el tema del agua, profundiza el paradigma caduco de extraccióndesecho. Los intereses económicos relacionados con la minería, el fracking, petróleo, la construcción de presas, plantas de tratamiento, hidroeléctricas etcétera, encuentran en el TPP otra capa jurídica protectora frente a las políticas ambientales y resistencias de los pueblos. El Capítulo 20 sobre “Medio ambiente” plantea como objetivo la promoción de políticas comerciales y ambientales. Se enuncia la preocupación por la descarga o emisión de contaminantes; el control de químicos, desechos y sustancias tóxicas, y la protección de la capa de ozono y de la diversidad biológica y de la flora y fauna. Sin embargo, los mecanismos para garantizar la protección no son visibles ni obligatorios, sólo se pide que “sus inversiones se realicen de

manera sensible”. Las demandas, reglas y sanciones competen sólo al rubro de inversiones. La intervención de la iniciativa privada, en particular de las corporaciones, en el servicio público del agua en México se ha fomentado en el neoliberalismo desde la modificación a la Ley de Aguas Nacionales en 1992, las posteriores reformas a las legislaciones de los estados y el préstamo del Banco Mundial solicitado en 2001 por el gobierno del presidente Vicente Fox. La privatización del agua implica el traspaso del control y la gestión de las operaciones a empresas privadas que convierten el agua en objeto de lucro. En 2014 la reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas sentó las bases jurídicas para promover la intervención privada ilimitada y sin evaluación, a contracorriente de la tendencia mundial más avanzada en la gestión del agua,

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declara que México negoció consultando a los “sectores relevantes”. En los hechos ha excluido a sindicatos, universidades, pueblos y comunidades, a la población en general, aunque su futuro se hipoteca, más aún, con la firma del TPP. Así, la privatización de los servicios públicos como el agua es parte de la agenda del capital transnacional y el TPP es su instrumento. No muestra voluntad ni mecanismos para frenar la avanzada contaminación y devastación ambiental, sino que promueve la desregulación a las corporaciones. No obstante, en la agenda de los movimientos y organizaciones sociales está la lucha por garantizar Agua para Tod@s, Agua para la Vida, fuera de la lógica mercantil de las trasnacionales y gobiernos corruptos. El freno a la privatizadora Ley de Aguas impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue una de las victorias del movimiento México por el Derecho Humano al Agua (DHA), fruto del proceso colectivo que da cuenta de la fase madura del movimiento en defensa del agua, con orientación a trabajar una propuesta conjunta con la consigna de sumar esfuerzos y propuestas a la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas como parte de un proceso nacional de construcción de consensos. El freno a Tratados y Acuerdos que pongan en riesgo el futuro de las generaciones presentes y futuras es parte de la estrategia emprendida ante los desafíos que enfrenta el DHA. ¡No al Tratado Transpacífico!

16 de enero de 2016

EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL, INSTRUMENTOS PARA EL DESPOJO Mauricio González González CORASON Huasteca-Totonacapan/AMCF mauroglez@gmail.com

l mundo rural contemporáneo es uno que, históricamente configurado, no ha renunciado a construir prácticas que ponen en disputa sus apuestas de vida frente a intereses que intentan reducirlo a imperativos de acumulación.

La conflictividad social de nuestros días lleva por característica la de ser territorial, puesto que la defensa de los espacios de vida se ha vuelto apremiante en la reciente década. Por todo el país cunden proyectos de desarrollo que casi siempre se dan a ver a partir del antagonismo que comunidades, activistas y organizaciones ponen en marcha, al presentarse como una afrenta a las condiciones de reproducción campesina-indígena. Ello es evidente, y no sólo los descamisados se han percatado, gobierno y empresas han tomado nota. La Ley de Hidrocarburos, en su artículo 119 contempla un tipo de investigación social que debe realizarse previo a la asignación o a la publicación de una convocatoria para licitación, donde “la Secretaria de Energía, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias y entidades competentes, realizará un estudio de impacto social respecto del área objeto de la Asignación o el Contrato”, con el fin de respetar los principios de “sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos” contemplados en el artículo 118 de la misma Ley. Ante ello, se diseñaron las Evaluaciones de Impacto Social (EIS), con las que se busca dar cuenta de las implicaciones socioculturales que tiene la implementación de proyectos e infraestructura asociada a exploración y explotación de hidrocarburos, los cuales emulan los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) que en materia de regulación ecológica imponen las leyes ambientales y cuyo rastro de simulación es nada envidiable. Una condición de las EIS es que sean producidas bajo metodologías participativas, las cuales desde la década de 1980 han gozado de buena salud en las intervenciones rurales. Estas metodologías tienen por cualidad incluir a los habitantes como principales actores de la investigación, diseño, planeación, implementación y monitoreo de los procesos que toman curso a partir de la propia metodología, la cual ha sido muy útil para articular a diversos interesados en áreas que otrora se mantenían bajo fuero de especialistas y extensionistas. Las metodologías participativas buscan hacer agentes de la intervención a los mismos que son in-

tervenidos. No obstante, a pesar de su generosidad, también pueden manipularse, y no pocas variantes instrumentales han aparecido al servicio de intereses que las llevan a cabo como requisito administrativo en el mejor de los casos. La participación puede ser tan parcial como lo requieran los proyectos, pues en el fondo el principal problema de estos instrumentos es que el dispositivo de participación se ofrece por los propios facilitadores que las implementan, por lo que pueden adecuarse y ejercerse a modo, al gusto del financiador.

Hoy las ciencias sociales son nuevamente convocadas a participar en el proyecto de nación, pero esta vez bajo la actual fase de acumulación en donde ya no se requiere insertar a los pueblos al proyecto de desarrollo, sino expulsarlos: estamos en un momento en el que el sistema económico ya no requiere de un ejército industrial de reserva al servicio del capital, ahora le sobran vidas, las desecha, por lo que aquellos que conservaron milenariamente los territorios son sus enemigos

No son pocos los ejemplos de ello, e instancias federales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) las han llevado a ser pieza fundamental de la pérdida de soberanía territorial de las comunidades en las que intervienen. Sin embargo, bien ejecutadas, las metodologías participativas pueden no sólo orientar las decisiones de quienes implementan proyectos de desarrollo, sino incluirlos en la solución de problemas locales significativos. ¿Las EIS lo consideran? A decir de funcionarios de la Dirección de Evaluación del Impacto Social de la Secretaría de Energía, las EIS son instrumentos que orientan a las empresas para considerar posibles agravios a los pueblos y, en ese mismo movimiento, a su bolsillo, pues la experiencia nos demuestra que las resistencias locales son costosas para los inversionistas, cuyo imperativo moral es la ganancia máxima, nunca las pérdidas. La pregunta es ¿cómo una EIS podría avalar la extracción de gas shale por medio de la técnica de fractura hidráulica (fracking), que requiere millones de litros de agua por pozo y contamina suelos, aire y recursos hídricos, poniendo en riesgo la salud de los habitantes? ¿Cómo podría avalarse una intervención que compite con cualquier otro modo de reproducción de la vida? En otras palabras, si las EIS son hechas de forma adecuada, justa, no habría manera de sostener ningún proyecto con fracking.

Por otro lado, la realización de estos estudios se realizará por medio de consultores, lo cual deja a la Secretaría de Energía la evaluación de su desempeño y los pone bajo el escrutinio de cómo hacer para que el conocimiento cualitativo propio del saber sociocultural tenga el mismo peso que el conocimiento cuantitativo propio de los análisis de costo-beneficio económico. A finales de la década de 1930 y principio de los años 40’s, la antropología fue llamada a la palestra del proyecto de nación

pos-revolucionario, uno que necesitaba incluir a los pueblos indios al engranaje modernizador que el gobierno adoptó. El costo fue el llamado indigenismo, que construyó discursos, prácticas y dispositivos para que los diversos renunciaran a su singularidad, lo cual fracasó. Hoy las ciencias sociales son nuevamente convocadas a participar en el proyecto de nación, pero esta vez bajo la actual fase de acumulación en donde ya no se requiere insertar a los pueblos al proyecto de desarrollo, sino expulsarlos: estamos en un momento en el que el sistema económico ya no requiere de un ejército industrial de reserva al servicio del capital, ahora le sobran vidas, las desecha, por lo que aquellos que conservaron milenariamente los territorios son sus enemigos. Las EIS no son otra cosa que una modalidad de investigación al servicio del despojo, cuyo “rostro humano” no tiene otra misión más que garantizar las mejores condiciones de maximización de beneficios económicos. Como instrumento de defensa, las EIS son inútiles, pues sólo sirven cuando el proceso de asignación o licitación no las ejecutó, es decir, como irregularidad en el procedimiento. En otras palabras, sirven cuando no están, por lo que su realización ha de ser considerada como una de las primeras fases de intervención de las empresas petroleras, ante la cual habrá que oponerse. Participar en las EIS es abrir la puerta al despojo.

16 de enero de 2016

EL TPP AMENAZA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PRIVACIDAD EN LA RED Jesús Ramírez Cuevas jesusramirezcuevas@gmail.com

ras siete años de negociaciones secretas, la firma del propuesto Acuerdo Estratégico Tanspacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) amenaza la libertad en internet, la libre circulación de contenidos y la privacidad de los usuarios bajo el argumento de proteger la propiedad intelectual o copyright.

señalado que no es posible hacer responsables a los que prestan los servicios de internet por actos ilícitos en que incurran los usuarios. Esto es un principio clave para el respeto de la libertad de expresión en internet. El texto final del TPP obliga a los países a “cooperar” con los titulares de derechos y adopta el modelo de la legislación estadounidense para bajar y censurar contenidos que sean denunciados, sin dar garantías de defensa efectivas.

El Acuerdo afecta los derechos de autor, pues aumenta 20 años más la explotación monopólica de las obras, sin ninguna justificación. Sólo se homologan las leyes de los países firmantes con el sistema estadounidense. De acuerdo con el estándar internacional, una obra pasa a ser patrimonio común después de 50 años (Convenio de Berna), pero con el TPP se aumentará el tiempo a 70 años, beneficiando a las grandes empresas titulares de derechos de autor que gozarán más tiempo de su monopolio.

El TPP autoriza la censura a petición privada. La ley de propiedad intelectual sobre internet y tecnologías digitales establece responsabilidad en caso de no remover contenido con un simple aviso privado por alguna infracción supuesta como catalizador de la obligación de retiro. Esto implica crear un sistema de retiro de contenidos sin defensa alguna. Además, el TPP legaliza la vigilancia de contenidos y el aumento de penas criminales para el descifrado de señales satelitales. El TPP va más allá del Convenio de Berna y no garantiza los derechos del público, sólo los intereses de las empresas monopólicas. No considera garantías para la distribución y acceso a la información y contenidos abiertos ni del papel de las bibliotecas y archivos digitales ni considera los derechos de los usuarios.

El TPP legaliza la vigilancia de contenidos y el aumento de penas criminales para el descifrado de señales satelitales. El TPP va más allá del Convenio de Berna y no garantiza los derechos del público, sólo los intereses de las empresas monopólicas En el caso de internet, de aprobarse el TPP, los usuarios serían vigilados y perseguidos, atentando contra el derecho a la libertad de expresión y la libre circulación de ideas. El TPP prevé procesos judiciales y duras penas por uso de programas y contenidos sin autorización o licencias de sus propietarios. Un aspecto particularmente grave del TPP son las amenazas que representa para la libre circulación de contenidos facilitada por internet. El TPP amplía los mecanismos de sanción a las infracciones y se propone limitar la circulación de obras lícitas entre países. Esto afecta la libertad de expresión y el acceso de contenidos para los usuarios. A pesar de las objeciones de especialistas, usuarios y organismos internacionales, y violando las reglas de neutralidad de la red y las libertades, el TPP da a los intermediarios del servicio de internet y a los gobiernos el poder de controlar los contenidos en la red.

El TPP revive mecanismos de control y sanción muy parecidos a la derrotada Ley SOPA, para que los prestadores de servicio de internet detecten material que viole leyes y bloqueen contenidos no autorizados. Todo, en nombre del derecho de autor, sin considerar de condiciones mínimas de debido proceso cuando se incurra en actos de censura de contenidos por razones políticas o económicas. Es decir, el TPP promueve la censura sin posibilidad de defensa. La regulación que hace el TPP del uso de tecnológicas protegidas eleva las sanciones para quienes no paguen derechos de propiedad intelectual por uso de programas y contenidos, pero también a quienes prestan servicios y no controlen su uso. Las sanciones no sólo serán civiles sino también penales, es decir, se criminaliza a usuarios y a prestadores de servicios. Organismos civiles y relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) han

El TPP termina por consagrar un modelo de censura que puede ser controlado desde Estados Unidos en beneficio de intereses geopolíticos y que satisface a la gran industria en perjuicio del interés público. Cabe mencionar que el capítulo de propiedad intelectual es solo uno de los casi treinta que componen el acuerdo. Frente a estas amenazas, a la manipulación de la censura por razones políticas y económicas, se requiere una discusión seria, profunda e informada sobre los alcances de un tratado internacional negociado en secreto. Sobre todo en lo que se refiere al acceso de contenidos de la red y de las formas de comunicación e intercambio de información del siglo XXI. La sociedad mexicana tiene la palabra, el Senado debe escuchar y legislar de acuerdo al interés público mexicano y no exclusivamente de las empresas estadounidenses. Con la firma del TPP se pone en juego la libertad de expresión, la libre circulación de las ideas y de contenidos en internet, privilegiando los intereses de empresas y gobiernos por encima de los derechos ciudadanos.

16 de enero de 2016

IMPACTOS DEL TPP EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN Mauricio Macossay Vallado Universidad Autónoma Chapingo (UACh)

n cuanto entre en vigor, el Acuerdo Transpacífico (TPP) provocará pronto fuertes impactos y afectaciones en diversas actividades económicas nacionales y en las clases y los grupos sociales populares, en particular en el medio rural y en las familias rurales y campesinas. Impactos que profundizarán sin duda el camino que abrió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) desde 1994 y que ha modificado a fondo el panorama de la Península de Yucatán. Aquí sentirán su rigor los trabajadores rurales y urbanos –cuyas condiciones laborales son duras y sus ingresos muy limitados-; se observará un acelere de las políticas capitalistas neoliberales, que ya han modificado la situación económica y social (y algo la político) en los 35 años recientes. Esta Península, con fuerte presencia maya y mestiza, era en 1980 un territorio donde dominaba económica y socialmente la producción agroindustrial y agropecuaria, con la agroindustria henequenera manejada casi en su totalidad por el Estado, la industria camaronera privada subsidiada también por el

Estado, la agroindustria arrocera campesina, la producción bovina privada, la producción citrícola comercial campesina, la producción hortícola campesina comercial y la milpa campesina maya de larga memoria, entre otras; y donde los servicios y las actividades petroleras y turísticas eran de pequeña escala, aunque ya en ascenso. En 2016, en cambio, la Península es un espacio geoeconómico dominado por el capital financiero trasnacional en la industria turística, principalmente en Quintana Roo y algo en Yucatán y Campeche; la industria petrolera en la sonda de Campeche; la industria avícola y porcícola con medianas empresas y servicios; el henequén derrumbado y casi desaparecido, al igual que la producción arrocera y camaronera, y la producción bovina, citrícola y hortícola acotada y con fuertes problemas, mientras pese a todo persiste, a duras penas, la milpa maya campesina. Los cambios han sido rápidos, profundos y devastadores. Se han hundido o desaparecido importantes actividades que brindaban empleo y sustento a decenas de miles de familias campesinas y urbanas. Ello, a partir del TLCAN, desde 1994, y también del impulso a las maquiladoras textiles de capital extranjero (estadounidense principalmente, si bien reducidas en los diez años recientes), y del enorme fomento a la producción petrolera y al turismo en toda la costa del Caribe mexicano, desde Cancún hasta Majahual y Chetumal. Los fenómenos resultantes incluyen una migración enorme hacia Quintana Roo y Estados Unidos, frenada en los años recientes, y duras condiciones laborales, bajos salarios y bajas prestaciones, con los derechos laborales y sindicales (colectivos) virtualmente inexistentes. El avance del capital financiero trasnacional, y del propio Estado, que cambió completamente sus políticas y acentos, ha sido imparable, con muy escasa resistencia popular y maya, apenas unos cuantos focos de lucha y reivindicación de derechos elementales. En los años recientes, con el rechazo a la soya transgénica que pretende imponer Monsanto, ha venido creciendo la movilización social, aunque todavía focaliza-

da y no generalizada. El huracán neoliberal ha sido fuerte y profundo, los cambios y daños en los tejidos sociales populares y de los sectores medios también. El TLCAN abrió de par en par las puertas al capital financiero trasnacional para hacer y deshacer casi a su antojo, como en el caso de WalMart, que ha penetrado y crecido hasta dominar la distribución comercial de alimentos y mercancías en las principales ciudades peninsulares y desde ahí prácticamente en todas las urbes del área. El TPP profundizará esta dinámica, afectando más a fondo importantes renglones peninsulares, como la producción alimentaria (mielera, citrícola, hortícola y maicera) y las semillas campesinas, con un fortalecimiento de la concentración monopólica. Y seguramente hará crecer los flujos migratorios hacia la costa del Caribe, acelerando el desordenado y violento crecimiento de Cancún y Playa del Carmen, y hacia Estados Unidos, despoblando sobre todo de sus jóvenes a muchas poblaciones peninsulares.

La milpa maya, refugiada en cientos de poblaciones medianas y pequeñas por toda la península, ha resistido ejemplarmente, pero está a la defensiva, a merced de poderosas fuerzas y grupos económicos. El TPP generará más desequilibrios y mayores problemas sociales, económicos y seguramente políticos a la gran mayoría de la población peninsular, mientras el capital financiero trasnacional, asociado con capitales nacionales medianos y pequeños, continuará profundizando su dominio y sus intereses, imponiendo más y más tensión. En 1847 las enormes presiones sociales acumuladas por la dureza del dominio de los hacendados criollos peninsulares generaron una importante guerra campesina, que aunque al final fue sofocada a inicios del siglo XX, permanece en la memoria maya y popular profunda. Hay ahora brotes de resistencia que podrían crecer y prosperar. Hay que estar atentos.

16 de enero de 2016

22 chile

EL TPP, UN ACUERDO PRO TRANSNACIONALES: MONSANTO SE APRONTA A GOBERNARNOS Lucía Sepúlveda Ruiz Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile y campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, miembros de la Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP, www.mejorsinttp.cl lusr20@gmail.com

La agroindustria dejará en el país sólo lo no exportable, y las “cadenas cortas” consumidor-productor, que se presentan como alternativas nuevas y saludables, sin agrotóxicos, abortarán Entre los redactores del TPP está Monsanto –la transnacional productora de híbridos, transgénicos y plaguicidas- junto a la industria farmacéutica, los fabricantes de automóviles y otras corporaciones. Pretende obtener así lo que no logra por la vía legal ni por tribunales. Un poderoso movimiento social defendió en Chile la semilla campesina e indígena logrando en 2014 detener la tramitación del proyecto de Ley Monsanto (Obtentores Vegetales). Para las organizaciones socio-ambientales que dieron esas luchas, las victorias alcanzadas por las organizaciones mexicanas defensoras del maíz son altamente valoradas y admiradas por su capacidad de alianzas y sus logros en el plano jurídico y también social. De aprobarse este tratado, los presidentes Michelle Bachelet y Enrique Peña Nieto y los respectivos parlamentos serán los responsables históricos de una inédita entrega de la soberanía nacional. Por eso en Chile la estrategia de lucha contra el TPP incluye acosar a los parlamentarios para lograr que en el Congreso voten en contra, tras la anunciada ratificación por los presidentes, que tendría lugar en febrero próximo. Hasta el año 2013, el negociador de temas agrícolas del TPP por Estados Unidos fue Islam Siddiqui, ex cabildero de Monsanto. Se retiró tras asegurar en la redacción los

intereses de la trasnacional. El capítulo 18, de Propiedad intelectual, en su párrafo 7.2, letra d), por ejemplo, obliga a Chile y a México a ratificar la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV-91), de propiedad intelectual de las semillas. Eso implica derogar la actual ley de semillas y aprobar el proyecto de Ley de Obtentores, que es la traducción al castellano del Convenio UPOV 91 y pavimenta el camino a los transgénicos. En Chile, reponer la Ley Monsanto por medio del TPP significa impedir el ejercicio del derecho ancestral al libre intercambio de semillas, y extender el registro de semillas a todas las variedades vegetales. Habrá más emigración campo-ciudad, por el colapso de la agricultura familiar campesina, y ello generará espacio para la expansión de los cultivos transgénicos y de la contaminadora industria forestal. Sin agricultura familiar campesina, que actualmente abastece las ferias libres y otros espacios de venta de frutas y verduras, los consumidores dependerán exclusivamente de los supermercados. La agroindustria dejará en el país sólo lo no exportable, y las “cadenas cortas” consumidorproductor, que se presentan como alternativas nuevas y saludables, sin agrotóxicos, abortarán.

FOTOS: Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP

i los parlamentos de México y Chile aprueban el Acuerdo Transpacífico TPP, se habrán hecho el harakiri. ¡Mejor se van para la casa al otro día! Porque este Tratado en realidad es una ley global elaborada en secreto por los gobiernos de 12 países comandados por Estados Unidos, junto a las trasnacionales y sus aliados locales. Ante cualquier futura ley que defienda los intereses nacionales en materia ambiental, agrícola, de salud o educación, las corporaciones –citando el tratado- podrán demandar a los Estados en un tribunal internacional, donde sólo ganan los poderosos.

|Biopiratería legal. En este mismo capítulo 18, el TPP impulsa la formación de expertos en el registro de patentes de conocimiento indígena sobre plantas. Los expertos patentarán conocimientos ancestrales, un procedimiento rechazado por las organizaciones de los pueblos originarios y cuyo patrimonio genético y conocimientos ancestrales han sido víctimas de la biopiratería desde hace rato.

Este Tratado sigue alentando la biopiratería e ignora los compromisos del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, firmado por México. Nueva Zelanda negoció excepciones a favor de sus pueblos indígenas derivadas del Tratado de Waitangi. Chile ni siquiera prevé la consulta indígena, según ha afirmado la Cancillería, ignoran-

do las disposiciones del Convenio 169 de Derechos de los Pueblos Indígenas. Una camisa de fuerza. La maraña de disposiciones genera una suerte de camisa de fuerza respecto de nuevas normas. El capítulo 2 sobre Trato Nacional y Acceso a Bienes, en su párrafo 27.10 establece un Grupo de Trabajo sobre Biotecnología que analizará “las leyes, reglamentos y políticas nacionales, existentes y propuestos”. Por ejemplo, un proyecto de moratoria a los cultivos transgénicos y uno de etiquetado de alimentos transgénicos, o políticas públicas de compras de alimentos agroecológicos/orgánicos podrían ser considerados un obstáculo al comercio y quedarían “congelados”. El Capítulo 15 es sobre Compras del Sector Público, y el Capítulo 8, sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Esas normas podrían ser vistas como acciones que van en contra de las “expectativas razonables de ganancias” de los inversores de la agroindustria. El Estado no se arriesgará a posibles demandas porque firmó el Capítulo 28 sobre Resolución de Controversias (tribunales internacionales con fallos inapelables y sesgados), y el Capítulo 9 sobre Inversiones. La resistencia de los pueblos a este Tratado Transpacífico Pro Transnacionales ha comenzado en Chile, México, Perú y Malasia. Generar coordinación será una forma de fortalecer estas luchas, irrumpiendo con el verdor de la semilla que no pide permiso para brotar.

16 de enero de 2016

chile

EL TPP Y LOS DERECHOS HUMANOS José Aylwin Codirector de Observatorio Ciudadano; miembro de la Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP jose.aylwin@gmail.com ner un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyen acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo por medio de tratados o contratos de inversión”. La presidenta Bachelet ha dado su total respaldo al TPP afirmando que es “bueno” para el país. Hasta ahora la Cancillería no ha dado a conocer los estudios que avalan esta afirmación requeridos por la coalición Chile Mejor sin TPP, que agrupa a un centenar de organizaciones sociales. Tampoco ha señalado cómo se han considerado los derechos humanos para adoptar la decisión de suscribir este acuerdo.

n octubre pasado el gobierno de Chile, junto a otros 11 gobiernos, concluyó las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, más conocido como TPP (Trans Pacifc Partnership), acuerdo comercial negociado por años en secreto cuyo objetivo es la creación del mercado más grande del planeta, con la participación de Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, México, Perú y Chile, entre otros Estados, los que representan el 40 por ciento del PIB mundial.

Junto a Estados Unidos, los promotores más activos del TPP han sido las corporaciones trasnacionales. El análisis de sus contenidos permite entender su interés en este acuerdo. Así por ejemplo, el TPP permite la extensión hasta ocho años de la protección de datos de medicamentos biológicos, impidiendo la entrada al mercado de versiones genéricas de remedios después de su primer registro. En el caso de Chile ello tendría, según la Subsecretaría de Salud, un costo de 770 millones de dólares anuales por cada año adicional a los cinco actuales de protección. El TPP amenaza los conocimientos tradicionales al reiterar la obligación que Chile había asumido en anteriores acuerdos comerciales de ratificar la Convención Interna-

cional para la Protección de Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV 1991), la cual establece un sistema de “protección” de los derechos de los “obtentores vegetales”, entre ellos la reproducción y la comercialización de variedades vegetales, muchas de ellas desarrolladas con base en conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. En materia medioambiental, el TPP dispone que los Estados no pueden fallar en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales por medio de una acción o inacción que afecte el comercio o la inversión, supeditando la política ambiental al intercambio mercantil. El TPP establece la obligación de los Estados de otorgar a los inversionistas un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas”, y de no expropiar ni nacionalizar sus inversiones, sea directa o indirectamente, salvo que sea con un propósito público, de una manera no discriminatoria, mediante el pago de una indemnización efectiva. Para determinar si un acto estatal constituye una expropiación indirecta, el TPP considera su carácter, su impacto económico y la interferencia con “expectativas inequívocas y razonables de la inversión”, lo que deja abiertas las puertas a los inversionistas para impugnar decisiones de política pública por conside-

rarlas expropiación indirecta. Además, se faculta a los inversionistas para llevar sus controversias con los Estados al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), lo que lesiona la soberanía de los Estados para impulsar medidas legislativas o políticas para cumplir con sus compromisos de derechos humanos, medidas que en años recientes se han visto impugnadas por corporaciones por su contrariedad a los acuerdos comerciales. Así al 2014 había más de 600 demandas de inversionistas ante el CIADI por “incumplimientos” por parte de los Estados de sus obligaciones al amparo de acuerdos comerciales. De 269 casos concluidos el 2013, 82 involucraban a Estados latinoamericanos (es decir 30.5 por ciento), muchos de ellos en forma adversa para éstos. Esta proporción se ha incrementado dramáticamente en los años recientes, ya que de 175 casos pendientes, 74 son contra Estados latinoamericanos (un 43.5 por ciento). Se trata de una situación que contraviene los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos con el voto de Chile el 2011, en los que se insta a “mante-

Resulta evidente que los 24 acuerdos comerciales que Chile ha suscrito con más de 60 Estados han incidido de manera directa en el incremento de las inversiones extractivas y productivas –minería en el norte, forestación y salmonicultura en el sur, proyectos energéticos y de infraestructura a lo largo del país- en tierras y territorios indígenas. Ello por medio de la atracción de inversiones de corporaciones domiciliadas en los países con los que Chile ha suscrito estos acuerdos comerciales, y también por medio de la apertura de mercados para las empresas de capitales nacionales. Al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Chile se obligó a consultar a los pueblos indígenas las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. No obstante ello, representantes de Cancillería han señalado preliminarmente que el TPP no requeriría de consulta indígena. En paralelo a las negociaciones que el Estado llevó adelante en torno al TPP, el gobierno anunció el 2014 la elaboración de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, el cual, con la participación activa de la ciudadanía, debería permitir revisar la consistencia del marco normativo y de la política pública del Estado, así como la actuación de las empresas, con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. El debate en torno al TPP no puede estar ausente en el proceso de elaboración de este Plan. Tampoco puede estar ausente en este debate el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre la conveniencia o no de la ratificación de este acuerdo comercial. Se abre entonces la posibilidad de generar un debate abierto con la ciudadanía y estos pueblos sobre la suerte del TPP, el que muchos estimamos, con fundamentos hasta ahora no escuchados, limita gravemente los derechos humanos. Esperamos que el gobierno y al parlamento así lo entiendan.

ESTÍMULO A LA CONTAMINACIÓN POR TRANSGÉNICOS

En el Capítulo 2 del TPP, su párrafo 29 se cuida de asegurar la exportación ininterrumpida de transgénicos sin penalizar la contaminación, aplicando normas más débiles que las del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biodiversidad o las del Codex Alimentario. Chile, alineado con Estados Unidos, lleva décadas negándose a ratificar este Protocolo que regula la exportación de transgénicos. Estados Unidos, Canadá, Chile y Australia, no firmantes del mismo, impusieron su criterio respecto de aplicar normas más bajas que los estándares internacionales frente a los incidentes de contaminación de embarques con niveles bajos. México es firmante del Protocolo pero con el TPP tendría que tolerar que continúe ingresando maíz transgénico no autorizado al país.

En los años recientes, en Chile las exportaciones de maíz convencional de LimaGrain se han visto afectadas por contaminación de transgénicos y en más de diez oportunidades fueron devueltas desde Alemania, que las rechazó. La falta de control de la contaminación por transgénicos será una amenaza creciente para la exportación de alimentos a países con tolerancia cero a los transgénicos (Alemania, Rusia) o con tolerancia cero a los no aprobados (entre otros, Francia, Malasia, China) ya que si adoptan medidas como el rechazo, también podrían ser demandados por las trasnacionales.

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24 Canadá

REPENSAR EL MODELO ECONÓMICO DEL LIBRE COMERCIO Pierre-Yves Serinet Coordinador de la Red Quebequense Frente a la Integración Continental (RQIC) serinet.py@gmail.com

n Canadá el libre comercio volvió a ocupar el centro de la discusión pública. El anuncio del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), el 5 de octubre pasado en medio de la campaña electoral federal, hizo reaccionar a todos los partidos. El primer ministro canadiense electo, Justin Trudeau, prometió romper la falta de transparencia con “un debate público profundo y abierto de manera que las y los canadienses sean consultados”.

Evento: Encuentro Internacional de Movimiento Sociales frente al TPP. Organizan: Varias Organizaciones. Fecha, lugar: 2729 de enero de 2016. STUNAM / SME. 09:00 a 18:00 horas. Informes: www.sinmaiznohaypais.org

Esas consultas deben ser públicas y estructuradas, llevarse a cabo en todo el país y tratarse con honestidad, puesto que es probable que exijan la revisión y renegociación del Acuerdo. La población merece más que una consulta de fachada. La soberanía de los Estados, amenazada. El TPP pertenece a una nueva generación de Tratados de Libre Comercio (TLCs) donde no se trata tanto de favorecer los intercambios comerciales, sino de construir un nuevo sistema de reglas que esencialmente buscan restringir la capacidad de los Estados a gobernar y regular en función del interés público. El modelo del libre comercio provoca un deslizamiento del poder de los legisladores electos democráticamente hacia los actores económicos trasnacionales. Comparable a un “golpe empresarial”, los TLCs imponen una instrumentalización del Estado, forzándolo a intervenir únicamente para favorecer el laisser faire (libre comercio) y prohibiéndole orientar la actividad económica y desarrollar políticas sociales para corregir las injusticias del mercado. ¡Cooperen o lo demandamos! La emulsión de la soberanía se expresa de múltiples maneras. Por ejemplo, los nuevos TLCs incluyen mecanismos de “cooperación reglamentaria” que soslayan a las instancias democráticas de cada país al imponer una revisión previa de toda nueva política pública –con participación empresarial– afecto de asegurar su “coherencia” con la libertad económica. Los TLCs también incluyen el controvertido mecanismo de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (ISDS), que permite a las empresas trasnacionales demandar a los Estados ante un tribunal de arbitraje supranacional cuando éstos adoptan políticas susceptibles de afectar sus “expectativas legítimas” de realizar ganancias.

Profundizando el alcance de este mecanismo, ya presente en el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la interpretación de los “derechos” otorgados a los inversionistas extranjeros toca un elenco cada vez más amplio de políticas públicas: se impugnan aumentos al salario mínimo (Veolia contra Egipto), medidas de precaución ambiental (TransCanada contra Estados Unidos por el oleoducto KeystoneXL), eliminación gradual de la energía nuclear (Vattenfall contra Alemania), políticas de salud pública (la tabaquera Philip Morris contra Uruguay), e incluso decisiones jurídicas (la farmacéutica Eli Lilly contra Canadá). Los TLCs otorgan privilegios y derechos extraordinarios a los inversionistas extranjeros, pero no incluyen mecanismos equivalentes para obligar a las trasnacionales a rendir cuentas cuando sus actividades destruyen el medio ambiente o violan los derechos humanos. El mecanismo ISDS no se justifica en términos políticos ni económicos, y debe sencillamente ser retirado de los acuerdos. Austeridad, servicios públicos y soberanía alimentaria. El texto del TPP confirma la liberalización de los servicios públicos. Están protegidos únicamente si se proveen en contexto de no competencia con otros proveedores y si no se basan en una lógica comercial. Hoy por hoy, en nuestros países los sistemas públicos de salud, de educación y de servicios sociales cohabitan y compiten con el sector privado, por ende el acuerdo negociado tiende a favorecer una ampliación de la

La soberanía de los Estados, amenazada. El TPP pertenece a una nueva generación de Tratados de Libre Comercio (TLCs) donde no se trata tanto de favorecer los intercambios comerciales, sino de construir un nuevo sistema de reglas que esencialmente buscan restringir la capacidad de los Estados a gobernar y regular en función del interés público privatización a costa de mermar la gestión pública de los servicios. Más allá de topes determinados, los gobiernos, los municipios y las empresas estatales se verán obligados en abrir sus mercados públicos y someter sus licitaciones a la competencia extranjera, y atribuir los contratos al proveedor con más bajas cotizaciones. Ya no se podrá utilizar las compras gubernamentales para estimular el desarrollo local, crear empleos de calidad, afianzar los saberes técnicos, innovar a nivel ambiental. Por otro lado, el TPP no sólo golpeará a la de por sí debilitada agricultura familiar y a las alternativas agroecológicas de proximidad, sino profundizará la crisis alimentaria de nuestros países, cada vez más víctimas de los cambios climáticos,

como bien lo señalan el Movimiento Agrícola Nouminren en Japón y la Liga Campesina Coreana (KPL). La situación es más peligrosa aún dado que el libre comercio y las políticas de austeridad se complementan para transformar el rol del Estado. La nueva ola de TLCs busca sellar de manera definitiva las privatizaciones. Mediante el llamado “efecto del trinquete” (ratchet en inglés), será imposible regresar a la gestión pública a los sectores ya privatizados, aun cuando se llegue a juzgar que las privatizaciones fueron ineficaces o contrarias al interés público. Todo acuerdo de libre comercio que paraliza la vida democrática y alimenta la espiral de la austeridad debe ser rechazado. Repensar el paradigma a la luz de los hechos. Mientras que los nuevos acuerdos prolongan y van más allá del TLCAN, es asombroso que no exista ninguna evaluación oficial rigurosa de los impactos del “modelo” norteamericano. La vivencia de nuestros pueblos no puede ser más clara: 30 años de políticas de liberalización y de desregulación fueron un desastre para el frágil equilibrio del planeta y profundizaron las desigualdades sociales al servir principalmente a los intereses de las empresas trasnacionales. Un cambio de paradigma es urgente. Pero ante la falta de voluntad política de las élites, nos encontramos en un punto de inflexión: el de seguir impulsando, desde la acción, la articulación planetaria de nuestros movimientos, y asumir que con las alternativas que desarrollamos, nosotros somos el otro mundo posible y juntos lo podemos construir.

Evento: Foro: Biodiversidad, Semillas Nativas y Propiedad Intelectual. Organizan: Varias Organizaciones. Fechas, lugar y hora: 28 de enero de 2016. Auditorio Emiliano Zapata, Chapingo, Estado de México. UACH. De 09:00 a 18:00 horas. Informes: redmaizchiapas@ gmail.com

Evento: I Congreso Internacional: Los Territorios Discursivos en América Latina. Interculturalidad, Comunicación e Identidad. Organizan: Varias Organizaciones. Fechas, lugar y hora: 12 al 14 de septiembre de 2016. Quito, Ecuador. Informes: http://ciespal.org/ event/i-congreso-internacional-los-territorios-discursivos-america-latinainterculturalidad-comunicacion-e-identidad/

16 de enero de 2016

Perú

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS Luis Vittor Asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

principios de la última década del siglo XX el Perú adoptó profundas reformas económicas y de liberalización comercial. En parte buscó mejorar su participación en el comercio internacional por la vía de aumentar sus exportaciones. En este proceso los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio (TLCs) constituyeron un instrumento clave para consolidar y/o ampliar los mercados existentes y abrir nuevos. Hoy acumula 20 acuerdos suscritos a es-

cala regional o bilateral. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el resultado ha sido que las exportaciones se quintuplicaron durante la primera década del siglo XXI, pasando de seis mil 883 millones de dólares a 35 mil 806 millones. Actualmente el gobierno peruano está negociando dos acuerdos bilaterales (con El Salvador y Turquía) y uno regional (Acuerdo de Comercio para los Servicios, TISA). En octubre de 2015 con-

cluyó negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), donde participa con otros 11 países de tres continentes (América, Asia y Oceanía). De acuerdo con el documento relativo del Mincetur, con el TPP Perú obtendrá cinco nuevos mercados (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia y Vietnam) y logrará “mejores condiciones que las obtenidas en los acuerdos comerciales” vigentes con otros miembros del TPP (Canadá, Chi-

le, Estados Unidos, Japón, México y Singapur). Se ha estimado un incremento potencial de dos mil 250 millones de dólares en exportaciones no tradicionales tras la entrada en vigor del TPP. En general los debates sobre los acuerdos comerciales se centran en sus beneficios económicos y están casi ausentes las consideraciones sobre las consecuencias en los derechos humanos. En la práctica, los acuerdos comerciales pueden implicar reformas de las normas nacionales y afectar los derechos humanos de diversos grupos. Por ejemplo, se reconocen sus efectos sobre los derechos de los trabajadores, por lo que cada vez más se incluyen disposiciones laborales para reducir las consecuencias negativas. Sin embargo, las consecuencias sobre los derechos de otros grupos –en particular los pueblos indígenas- no son abordadas adecuadamente en las negociaciones de los TLCs ni los Estados asumen medidas de protección tras su ratificación. Considerando los antecedentes de las implicaciones del TLC Perú-Estados Unidos para los derechos de los pueblos indígenas, surgen preocupaciones por la implementación de los acuerdos del TPP detallados en 30 Capítulos. En primer lugar, un tratado como el TPP requiere un proceso de adecuación de las normas nacionales para su puesta en vigor, lo que implica el desarrollo de nuevas normas y la modificación de otras. Al respecto, la ministra Magali Silva, del Mincetur, ha señalado que considerando la implementación del TLC con Estados Unidos, “el Perú tendrá que desarrollar pocas normas para implementar el TPP”. La preocupación de los pueblos indígenas es precisamente sobre las normas que el gobierno requiere aprobar para el TPP. En el caso del TLC Perú-Estados Unidos se emitió un paquete de más de cien decretos ley. Al menos 11 de ellos fueron cuestionados por los pueblos indígenas por afectar sus derechos y emitirse sin consulta previa. Está vigente una Ley del derecho a la consulta previa, pero nada garantiza que las medidas a promulgarse para implementar el TPP sean efectivamente expuestas a consulta. En segundo lugar, surgen preocupaciones relacionadas con el Capítulo de Inversión, cuyas obligaciones se aplican a las medidas

adoptadas o mantenidas por los gobiernos nacional, regional o local, e incluye una sección de solución de controversias inversionistaEstado. En situaciones donde pueblos indígenas se oponen a la minería en sus territorios, el gobierno podría forzar la aprobación de los proyectos mineros con el fin de evitar un arbitraje internacional al amparo de un acuerdo comercial como el TPP o podría cancelar un proyecto minero –ejemplo: por no obtener el consentimiento de los pueblos indígenas- y la empresa podría someter al Estado a un arbitraje internacional por violación de un acuerdo comercial.

Actualmente el gobierno peruano está negociando dos acuerdos bilaterales (con El Salvador y Turquía) y uno regional (TISA). En octubre de 2015 concluyó negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), donde participa con otros 11 países de tres continentes (América, Asia y Oceanía) En el Perú tenemos el caso del proyecto minero Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. En 2011 indígenas aymaras de la región de Puno realizaron protestas exigiendo la cancelación de actividades mineras, entre ellas ese proyecto. Tras la movilización social y con evidencias de que la empresa habría violado el Artículo 71 de la Constitución, referido a la propiedad de extranjeros dentro de los 50 kilómetros de la frontera excepto en caso de necesidad pública, el gobierno decidió mediante decreto supremo –entre otros puntos- derogar la declaración de necesidad pública de Santa Ana. En agosto de 2014 la empresa inició arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), invocando el TLC Canadá-Perú suscrito en 2009, pero dice estar abierta a encontrar una solución con el gobierno peruano. En el escenario hay otros proyectos mineros de inversionistas de países del TPP con fuerte oposición social, como Tía María de propiedad del Grupo México.

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26 Nueva Zelanda

LOS PELIGROS DEL TPP PARA LA SOCIAL DEMOCRACIA Kathryn Lehman y Dominic Hartnett University of Auckland promiso ha provocado críticas por parte de las islas vecinas del Pacífico más afectadas por el cambio climático, como Tuvalu.

esde 2012, más de 20 organizaciones de diferentes sectores de la salud pública, grupos indígenas, sindicatos y asociaciones protectoras del medioambiente han estado uniendo fuerzas para informar al público neozelandés sobre las amenzas para la socialdemocracia del país que presenta el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo cual puede observarse en la página web http://itsourfuture. org.nz/ (“Es nuestro futuro”). La figura pública que ha asumido mayor responsabilidad en la comunicación de los detalles legales del texto en un lenguaje popular y entendible para todos es la doctora Jane Kelsey, profesora de Derecho de la Universidad de Auckland. Según esta experta, “la gente debería estar muy preocupada, ya que esto confirma viejos temores de que Nueva Zelanda tendrá menos control sobre su destino”. Nueva Zelanda ha sido uno de los mayores promotores de este Tratado porque tanto el Partido Laboral como el Partido Nacional están de acuerdo en que el Estado debe subvencionar al sector agroexportador, especialmente de productos lácteos, bovinos y frutícolas (dirigidos a los mercados en China, Asia y América Latina). Con la entrada del Reino Unido en la Unión Europea en 1973, Nueva Zelanda perdió su estatus de privilegio como miembro de la Commonwealth. No obstante, las políticas del Partido Nacional son mucho más radicales que las del Partido Laboral, y la privatización de empresas

públicas ha sido el mayor objetivo de su gobierno. De este modo, el Estado del bienestar creado en los años 30’s se ha ido desmantelando rápidamente, lo que ha convertido a Nueva Zelanda en el miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa de desigualdad que más rápido ha crecido en los años recientes. El TPP representa la última fase de este proceso neoliberal porque no permite la participación democrática, contraviene el Tratado de Waitangi y va a resultar en un mayor crecimiento de las desigualdades sociales. En un país con un aumento de la exportación de alimentos, paradójicamente, las cifras de hambre y pobreza están alcanzando niveles inéditos en nuestra historia. En dicho contexto, los expertos consideran que el TPP representa una amenaza grave para los siguientes logros más valorados por la sociedad neozelandesa: 1. La provisión de medicamentos a precios accesibles. 2. El derecho de los maori a mantener su autonomía (garantizado en el Tratado de Waitangi, 1840). 3. El derecho a proteger el medio ambiente. 4. Los derechos laborales. Amenaza a la salud pública. Los profesionales de la salud pública han denunciado con vehemencia el aumento del costo de medi-

camentos que supondrá el TPP. Desde 1993, la agencia estatal PHARMAC ha logrado negociar el precio de los medicamentos con las empresas farmacéuticas para mantener al mínimo el precio para el ciudadano. Según la doctora Deborah Gleeson, el TPP reducirá la autonomía de PHARMAC porque tendrá que asumir mayores costos administrativos, además de entrar en procesos de consulta previa con las empresas farmacéuticas y con los Estados miembros. Asimismo, el Capítulo sobre Inversiones podría permitir que una empresa demande al gobierno neozelandés por incumplimiento de los acuerdos establecidos. Pero lo más preocupante de todo es el Capítulo de la Propiedad Intelectual, que Gleeson considera “nada menos que un desastre para la salud global”. Dicho capítulo contiene provisiones sobre la extensión de patentes para medicamentos y sobre la exclusividad en el mercado de los nuevos “biofármacos” durante ocho años. Como consecuencia, habrá una mayor demora en el acceso a las versiones genéricas de estos medicamentos, lo que se traduce en un gasto superior para PHARMAC. Esto, a largo plazo, redundará en precios más altos para la población. Falta de consulta previa al pueblo maorí. El pueblo maori ha luchado fuertemente para defender su soberanía a lo largo de siglos de inmigración europea. En 1840, el Tratado de Waitangi entre la Corona británica y los 540 rangatira (jefes) maori estableció un mecanismo legal para reconocer los derechos del pueblo maori a tener autoridad sobre sus tierras, recursos naturales

y tribus. Un siglo después (en 1985), se creó el Tribunal de Waitangi para resolver reclamos relacionados con violaciones del Tratado. Aunque ciertos grupos están a favor, otros representantes del pueblo maori han recurrido al Tribunal para dejar constancia de las siguientes reivindicaciones: 1. La falta de consulta previa en el proceso de negociación del TPP representa una violación clara del Tratado. 2. Cualquier incremento en el costo de los medicamentos afecta al pueblo maori de forma desproporcional, como lo indican las estadísticas. 3. El Capítulo de la Propiedad Intelectual permitiría la comercialización de su cultura, lengua y arte. 4. La falta de consideración del impacto a largo plazo del TPP sobre su control y acceso al agua y otros recursos naturales. Amenazas del TPP al medio ambiente. Aunque Nueva Zelanda se presenta como “limpia y verde” en sus campañas de promoción, el gobierno del Partido Nacional no se ha comprometido a crear una política económica o ambiental que logre los objetivos globales para reducir emisiones de CO2 acordados en el COP21. De hecho, según la Climate Action Tracker, Nueva Zelanda es el país que menos se compromete a enfrentar el cambio climático entre los participantes del TPP. Esta falta de com-

El TPP amenaza los acuerdos globales del Conferencia de las Partes 21 sobre Cambio Climático (COP21) porque exigen cambios drásticos en las políticas económicas y ambientales a nivel global, pero el texto del TPP no menciona ni una vez el cambio climático; al contrario, promueve siempre “crear un marco de comercio e inversiones predecible”. Además, las provisiones de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (ISDS) del TPP permitirían a las empresas extranjeras demandar al gobierno. Este fue el caso de la petrolera Lone Pine, que demandó al gobierno de Canadá por unos 250 millones de dólares bajo las provisiones ISDS del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por la prohibición del fracking. De hecho, 70 por ciento de las demandas ISDS está relacionado con los recursos naturales y el medio ambiente. Amenazas del TPP a los derechos laborales. El Consejo de Sindicatos de Nueva Zelanda (NZCTU) se unió con otros sindicatos de los países del TPP para proponer un capítulo laboral que habría obtenido su apoyo (http:// www.ituc-csi.org/the-trans-pacific-partnership-16694). La versión final del capítulo laboral del TPP no incluye las enmiendas importantes que habrían protegido a los trabajadores y trabajadoras. La Confederación Sindical Internacional (CSI) reconoce la profunda decepción sentida por los sindicatos al leer este texto. Sharan Burrow, secretaria general de la CSI afirma: “Las empresas se gobernarán a sí mismas, y podrán aplicar mano dura a los gobiernos, mientras los trabajadores son abandonados a su suerte. No es de extrañar que ciudadanos del mundo entero rechacen acuerdos desnivelados como el TPP”. Sistemáticamente, el gobierno del Partido Nacional ha utilizado tácticas legales y mediáticas agresivas en secreto para reducir la protección de los derechos laborales en Nueva Zelanda. Las industrias más atacadas en años recientes han sido la minería, el trabajo portuario, los empleados que trabajan en la industria del cine (la “Ley Hobbit”) y los servicios de limpieza. En resumen: desde la perspectiva de la sociedad civil de Nueva Zelanda, el TPP pone en peligro la participación democrática, el empleo, el medio ambiente, los servicios públicos y los derechos del pueblo maori.

16 de enero de 2016

Australia

CAMPAÑA CONTRA EL TPP Patricia Ranald Coordinadora de la Red Australiana de Comercio e Inversiones Justos

a Red de Comercio e Inversiones Justos de Australia (Aftinet, por sus siglas en inglés) es una red de organizaciones de 60 comunidades, que incluye los rubros de sindicatos, Iglesia, salud pública, medio ambiente, mujeres, pensionistas, ayuda y desarrollo y grupos de derechos humanos, y que aboga por un comercio justo basado en los derechos humanos, los derechos laborales y la sostenibilidad ambiental. Ver www.aftinet.org.au La campaña australiana contra el TPP fue lanzada en 2009 y en los seis años recientes ha participado en cientos de foros públicos y reuniones de la comunidad, ha realizado cabildeo político y ha organizado manifestaciones públicas. Más de 150 mil personas y organizaciones firmado peticiones contra el TPP, y entre ellas están grupos de consumidores, como CHOICE, y grupos de comunicación social, como GetUp. Las encuestas muestran que el 61 por ciento de los australianos se opone a los derechos especiales que otorga el TPP a las corporaciones extranjeras para demandar a los gobiernos en los tribunales internacionales, teniendo éstos primacía sobre las legislaciones nacionales (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). Los tribunales se integran por abogados de inversión que no son jueces independientes, y no se toman en cuenta precedentes ni apelaciones.

medicamentos más baratos. El TPP también impone normas regionales que dan más derechos a las corporaciones globales y ponen frenos a los gobiernos en sus intenciones de regular a favor del interés público en otras áreas. Nuestra campaña ha promovido mucho los comentarios críticos en los medios de comunicación, tanto digitales como las principales publicaciones, como Sydney Morning Herald, The Melbourne Age y Canberra Times. Después del lanzamiento del texto TPP el 5 de octubre de 2015, el análisis hecho por el equipo de expertos de Aftinet fue citado ampliamente en los medios de comunicación, sobre todo en lo relativo a medicamentos e ISDS. Hemos producido resúmenes en lenguaje sencillo que se encuentran en nuestro sitio web. Aunque algunas de las peores propuestas presentes en los documentos de las negociaciones que fueron filtrados por la prensa han sido eliminadas en el texto oficial difundido recientemente, hay muchos demonios en los detalles. El TPP fortalece los derechos de monopolio para las corporaciones, a costa de los derechos de las personas y, pese a las promesas, no proporciona normas ambientales exigibles eficaces o derechos laborales. Para la sociedad civil de Australia, las cuestiones clave en el texto son: Derechos de los inversionistas extranjeros a demandar a los gobiernos sobre las leyes nacionales

La oposición de la comunidad impidió que el gobierno conservador de Howard incluyera ISDS en el acuerdo de libre comercio entre Australia y Estados Unidos en el año 2004. Por esa razón fue que la tabacalera Philip Morris, con matriz en Estados Unidos, tuvo que cambiar algunas inversiones a Hong Kong y utilizó un oscuro acuerdo de inversión con Hong Kong, que incluye ISDS para demandar al gobierno de Australia por su ley pionera sobre el empaquetado del tabaco en 2011. Se desató un proceso de cinco años, con gastos de 50 millones de dólares en honorarios legales, y al final un tribunal internacional determinó que Phillip Morris no era una empresa de Hong Kong y desechó la demanda en diciembre 2015 . El gobierno conservador actual ha aceptado el ISDS en el TPP.

• Sin embargo, la necesidad de la exclusión específica de regulación del tabaco muestra que las “salvaguardas” generales para otras leyes de interés público son débiles, de forma similar a las cláusulas en otros acuerdos recientes, y no impedirán que las corporaciones presenten casos sobre la regulación ambiental de la minería, la regulación de medicamentos, e incluso la regulación de los salarios mínimos.

La mayoría de los australianos también se oponen a los fuertes derechos de monopolio a favor de las empresas farmacéuticas, los cuales retrasarán el acceso a

• Las “salvaguardas” en la definición de “trato justo y equitativo” para los inversionistas siguen siendo objeto de una amplia interpretación por parte de los tribunales.

• Campañas de salud pública se han traducido en una cláusula específica en el TPP que excluye futura regulación del tabaco a partir de casos de arbitraje internacional. Esta es una victoria y deberían prevenirse futuros casos como el de Philip Morris.

• Las mejoras procedimentales no toman en cuenta el hecho negativo fundamental de que los tribunales ISDS carecen de un poder judicial independiente y excluyen precedentes o apelaciones. Fortalecimiento de los derechos de monopolio para las empresas farmacéuticas e incremento en los precios de las medicinas Las compañías farmacéuticas contarían con derecho de 20 años de monopolio sobre las patentes y con precios más altos en los nuevos medicamentos antes de que versiones más baratas estén disponibles. Campañas de salud pública eliminaron algunas de las propuestas más extremas del TPP, pero para muchos países el TPP fortalecerá los derechos de patente y proporcionará derechos de monopolio adicionales para los costosos medicamentos biológicos que se utilizan para tratar el cáncer y otras enfermedades graves. Expertos australianos en salud y Médicos sin Fronteras (MSF) dicen que el TPP restringirá y retrasará el acceso a medicamentos de menor precio a millones de personas, especialmente en los países en desarrollo. La ley australiana sobre monopolios biológicos no va a cambiar de inmediato, pero el texto del TPP es ambiguo en cuanto a “otras medidas” que “entreguen un resultado de mercado comparable”, y respecto de una futura revisión que podría resultar en hasta tres años adicionales de monopolio.

Cada año de retraso en la disponibilidad de medicamentos biológicos más baratos le costaría al gobierno australiano cientos de millones de dólares, y se generaría una presión para elevar los precios al consumidor. Capítulo Medio Ambiente: principios no jurídicamente vinculantes • Sólo menciona cuatro de siete acuerdos internacionales prometidos, y sólo uno es exigible (el de comercio de especies en peligro de extinción). • No se refiere al cambio climático, sólo a las medidas voluntarias para reducir las emisiones. • Contraste con fuertes derechos legales de los inversionistas extranjeros para demandar a los gobiernos. Capítulo sobre el Trabajo: débil en su implementación • Debe demostrar “violaciones sostenidas o violaciones que ocurren” de los derechos laborales de una manera “que afecten el comercio o la inversión”; no se incluyen los sectores donde no hay comercio. • No se prohíben productos derivados de trabajo forzoso, en su lugar, se postula como objetivo la eliminación de estas prácticas, sin especificar cómo.

• Los procesos prolongados de quejas no han dado lugar a una acción eficaz en los capítulos similares de otros acuerdos. Debatiendo el texto TPP y haciendo campaña en contra de sus leyes de aplicación en 2016 Aftinet presentó su análisis preliminar del texto en nuestro foro público el 18 de noviembre de 2015. También hablamos en un foro público el 30 de noviembre de 2015, en la Casa del Parlamento en Canberra, organizado por el Grupo Parlamentario de todos los partidos para el TPP y al que asistieron 50 miembros del Parlamento y su personal. Se prevé que los ministros de Comercio del TPP celebrarán una ceremonia de la firma a principios de febrero, y es probable que el texto se presente en el Parlamento de Australia en la primera semana de febrero. Habrá indagaciones parlamentarias durante febrero y marzo antes de que el Parlamento vote la legislación de implementación. Aftinet estará organizando eventos públicos, difusión en medios de comunicación y acciones para mantener bajo observación a los políticos durante tales indagaciones. El gobierno no tiene la mayoría en el Senado, por lo que esta es la última oportunidad para frenar el TPP. Estaremos haciendo campaña con la mayoría en el Senado –el Partido Laborista, los Verdes y los independientes- para que voten en contra de la legislación de implementación del TPP.

16 de enero de 2016

ORGANIZACIONES Y CIUDADANOS DE A PIE EN MÉXICO, MOVILIZADOS CONTRA EL TPP Identificado con el lema ¡21 años de TLCAN han sido suficientes!, ¡El TPP es peor de lo que imaginábamos!, un colectivo de 56 organizaciones campesinas, forestales, ambientalistas, sindicales, defensoras del agua, de los derechos humanos y del comercio justo, entre otras, junto con más de 30 personajes con autoridad moral en todos estos temas, iniciaron una campaña para impedir que el Senado de la República ratifique el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). Este grupo advierte una serie de amenazas y trampas contenidas en el TPP, que ponen en serio riesgo los derechos humanos a la salud, la alimentación, el trabajo, a la tierra, etcétera, y exige al Ejecutivo que dé a conocer el texto del Acuerdo en su totalidad, “sin letras chiquitas” –pues se mantienen en secreto negociaciones, anexos y acuerdos paralelos- y que abra un diálogo directo con la sociedad para analizar las implicaciones del TPP. Llaman también a la ciudadanía a integrarse a este bloque “para enfrentar y derrotar al TPP”.

13 RAZONES para decir no al Tratado Trans Pacífico (TPP) Las organizaciones y ciudadanos que firmamos este pronunciamiento decimos NO al Acuerdo de Asociación Trans Pacífica (TPP) que disfraza un nuevo tratado comercial Decimos NO porque se ha negociado a espaldas a la ciudadanía, pero también por las graves implicaciones que tendría para México. Estas son 13 consideraciones que nos llevan a rechazar el TPP 1. El TPP es una negociación secreta. Luego de más de tres años de negociaciones a espaldas del pueblo, el gobierno de México dio a conocer el texto preliminar del Acuerdo de Asociación Trans Pacífica. Este borrador aún está siendo modificado en secreto, de la misma forma que ocurrió hace 22 años con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 2. El TPP ahonda los impactos negativos del TLCAN. El análisis del borrador evidencia que es un acuerdo mucho peor que el TLCAN, pues amenaza con profundizar la destrucción de la agricultura campesina, de la agroecología, de la biodiversidad, de la salud pública y ambiental, de lo que queda de industria mexicana, además de que va a afectar nuestros derechos digitales. Asimismo, va a aumentar nuestra subordinación económica y política a los intereses de las empresas trasnacionales, encabezadas por Estados Unidos.

7. El TPP pone en riesgo la salud pública. Diversos artículos (del 18:50 al 18:54) de la subsección C sobre Productos Farmacéuticos ponen en riesgo el acceso a medicamentos a precios accesibles y socavan las medidas para proteger los presupuestos públicos en compras de medicamentos, dispositivos o tecnologías, tal y como lo ha expuesto la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para proteger los intereses corporativos de los grandes laboratorios se obstaculiza el acceso a los genéricos. 8. El TPP privilegia el interés comercial. En el capítulo 28, el TPP refuerza el muy cuestionado derecho de los inversionistas extranjeros a demandar, en tribunales supranacionales privados, exigiendo miles de millones de dólares a los gobiernos, cuando éstos adopten reglas de interés público; de protección ambiental; de salud; de educación; de estabilidad financiera y de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas. 9. El TPP limita y condiciona la adopción de políticas de interés público. El artículo 9.15 del capítulo 9 de Inversionistas es presentado por los negociadores como una salvaguarda para que los gobiernos adopten políticas de interés público. Sin embargo, expertos internacionales han demostrado que es una redacción engañosa, debido a que condicionan tales salvaguardas mediante la frase “a menos que sea consistente con este capítulo”. Capítulo en el cual se establecen los privilegios de los inversionistas extranjeros.

3. El TPP socava la Constitución y las leyes mexicanas que reconocen los derechos humanos. En cualquier controversia la única ley aplicable es la contenida en dicho tratado. Los “negociadores” mexicanos han ignorado y violado el artículo 1º constitucional, que garantiza la primacía de los derechos humanos y sus garantías, al avalar que el comercio, los tribunales supranacionales y los mecanismos de solución de conflictos entre el Estado y los inversionistas del TPP estén por encima de la Constitución.

10. El TPP es incompatible con el orden público internacional. Los capítulos 9 y 28, sobre Inversión y sobre Solución de Diferencias, garantizan los privilegios de los inversionistas extranjeros a través de instrumentos de cumplimiento obligatorio, severas sanciones y represalias. Esto se antepone a los derechos humanos,” es incompatible con el orden público internacional y puede considerarse contrario a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y nulo en tanto que contrarios a las buenas costumbres”, tal y como lo refiere el Informe de julio de 2015 del Experto Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

4. El TPP es un “tratado del siglo 21” en contra de la producción nacional y a favor de las trasnacionales. En su capítulo 2, el TPP profundiza la dependencia alimentaria y daña aún más a los sectores cafetalero, lácteo, cárnico, frutícola, cerealero y azucarero, además de que permite la entrada indiscriminada de cultivos transgénicos, de peligrosos productos biológicos y nanotecnológicos (apartado 2.29). De aceptarse, se contaminarán las variedades de maíz, calabaza, chile y otros cultivos que son el sostén de la agricultura campesina y la alimentación de los mexicanos.

11. El TPP es obligatorio en prerrogativas para las empresas y voluntario en lo demás. El TPP deja en la retórica sus contenidos sobre el Trabajo (capítulo 19), Medio Ambiente (capítulo 20), Cooperación y Desarrollo de Capacidades (capítulo 21), Desarrollo (capítulo 23), Pequeñas y Medianas Empresas (capítulo 24) y Transparencia y Anticorrupción (capítulo 26). Mientras los mecanismos y compromisos favorables a las empresas trasnacionales son obligatorios; los capítulos citados son voluntarios, no exigibles y no están sujetos a sanciones ni castigos en caso de incumplimiento.

5. El TPP implica aceptar otros acuerdos negativos para el país. Con el TPP, México automáticamente acepta otros tratados internacionales a favor de las trasnacionales. Entre ellos el capítulo 18 de Propiedad Intelectual del Tratado UPOV91 que prohíbe el intercambio de semillas entre campesinos, práctica existente desde hace más de ocho mil años. Esta prohibición busca favorecer la compra de semillas a las trasnacionales.

12. El TPP contraviene los derechos garantizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a los que México se ha adherido. Las Cartas Paralelas de Compromisos Laborales que acordaron Vietnam, Malasia y Brunei dejan en manos de Estados Unidos y sus trasnacionales la posibilidad de usarlos como mecanismos punibles. Este arreglo paralelo al TPP es contrario a los compromisos multilaterales de la OIT. Por ahora México quedó exento de estas cartas, al parecer, a cambio de no interferir en el acuerdo entre Japón y Estados Unidos sobre el contenido regional del sector automotriz.

6. El TPP infringe diversos derechos de los pueblos y la ciudadanía. Para empezar, ignora los derechos de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada. Además, en su capítulo de Propiedad Intelectual incluye disposiciones que violan nuestros derechos digitales, la libertad de expresión y la privacidad en nombre del copyright.

13. El TPP sirve a los intereses político-militares de EUA, no de México. Un objetivo de este acuerdo es contribuir a que Estados Unidos acote a China y mantenga su hegemonía, hoy

en declive, a costa de socavar e incluso contraponer tratados internacionales e instituciones multilaterales como la OMC, la OMS y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Es absurdo que los negociadores de México aten nuestro futuro a la potencia en declive y nos confronten con las potencias del siglo 21. México no puede permitir que sus recursos naturales, su economía, su sociedad y sus instituciones públicas se sometan a los intereses de las empresas globales. Los derechos de los pueblos están por encima de los derechos de las transnacionales. Corporaciones a las que no podemos permitir que dicten políticas de comercio y establezcan tribunales privados para dirimir controversias laborales, comerciales o ambientales. Exigimos que se libere el texto negociado íntegro (incluyendo todos los anexos y acuerdos paralelos) del TPP y que se haga una amplia discusión nacional democrática sobre el rumbo económico de nuestro país que dicho tratado compromete todavía más. Curso que se torció con la firma del TLCAN y que se pervertirá aún más peligrosamente, de ratificarse el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico, el Acta UPOV 1991 y otros tratados negociados por el gobierno federal que tampoco han sido consultados con la población. México es una nación pluricultural sustentada en una historia milenaria y, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una obligación del Estado consultar a los pueblos y en particular a los indígenas antes de la adopción y ejecución de políticas que los afectan, por lo que un acuerdo como el TPP, que compromete el modelo de desarrollo y las reglas del comercio poniendo en riesgo las semillas nativas, la agrobiodiversidad y el medio ambiente debe ser consultado previamente con la sociedad mexicana y en particular con los pueblos originarios. Por estas y otras razones, las organizaciones firmantes exigimos a los miembros del Senado: • Rechazar la ratificación del TPP. • Propiciar una amplia discusión democrática sobre los contenidos del TPP. • Exigirle al Ejecutivo el Texto Legal Definitivo, sin letras chiquitas y difundirlo ampliamente entre la sociedad. • Exigir o propiciar una evaluación independiente de las consecuencias políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales del TPP. • Abrir un diálogo directo con las organizaciones sociales que suscribimos este pronunciamiento. Hacemos un llamado fraternal a conformar un frente amplio, multisectorial, plural, incluyente, de organizaciones, sindicatos, movimientos, estudiantes, científicos, académicos, intelectuales, artistas, ONGs, iglesias, ciudadanía de a pie… para enfrentar y derrotar al TPP. ¡21 años de TLCAN han sido suficientes! ¡EL TPP es peor de lo que imaginábamos! México, D.F. a 1 de diciembre de 2015

SE ADHIEREN Organizaciones: 1. Campaña Nacional Sin Maíz no hay País. 2. Nueva Central de Trabajadores (NCT). 3. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). 4. Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC). 5. Grupo de Estudios Ambientales (GEA). 6. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”. 7. Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). 8. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). 9. Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida. 10. Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC). 11. Vía Orgánica. 12. Millones contra Monsanto. 13. FIAN México. 14. CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del Inca Rural (INCA). 15. ENLACE, Comunicación y Capacitación. 16. Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni). 17. Semillas de Vida. 18. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA). 19. Comité Amigos de Puerto Rico (CAPR). 20. Frente del Pueblo (FP). 21. Kolectivo “El Rebelde”. 22. Movimiento Migrante Mesoamericano. 23. Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad (LIDECS). 24. Promotora de Servicios para el Desarrollo. 25. Unión de Pochtecas de México. 26. Ayuntamiento Popular de Ixtacalco. 27. Democracia Directa APN. 28. Red Nacional Genero y Economía. 29. Mujeres para el Diálogo. 30. Siembra. 31. Unión Popular Valle Gómez. 32. Grupo de Tecnología Alternativa. 33. Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an. 34. Propuesta Integral para la Sustentabilidad. 35. Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA). 36. Fundación Ambientalista Mariano Abarca. 37. Servicio Internacional Cristiano en Solidaridad con América Latina (SICSAL). 38. Revista La Guillotina. 39. Unión Campesina Democrática (UCD Tlaxcala) . 40. CNTE-Tlaxcala. 41. Sindicato Único de Trabajadores del CONALEP-Tlaxcala. 42. Comité Monseñor Romero. 43. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO). 44. Mujeres por México Chihuahua. 45. Carnaval del Maíz. 46. Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT). 47. Centro de Orientación Alimentaria (COA Nutrición). 48. Sindicato UNTyPP . 49. Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. 50. Periódico Regeneración. 51. Bia’lii, Asesoría e Investigación. 52. Guerreros Verdes. 53. Colectivo MA OGM. 54. Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh). 55. Movimiento Democracia Directa (MDD). 56. Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Personas: 1. Alberto Montoya Martín del Campo. 2. Fabiola Sánchez. 3. Gilberto López y Rivas. 4. Perla Ferreira. 5. Arnulfo Arteaga García. 6. Josefina Mena Abraham. 7. Enrique González Ruiz. 8. Eugenia Mata. 9. José Espino Espinoza. 10. Julieta Ponce Sánchez. 11. Mario Saucedo Pérez. 12. Perla Ferreira. 13. Mauricio Macossay Vallado. 14. Jaime Antonio Preciado Coronado. 15. José Efraín Cruz Marín. 16. Fernando Melo . 17. Raúl Lugo Rodríguez. 18. Carlos Rivera . 19. Germán Hurtado. 20. José Antonio Salas. 21. René Ortiz Muñiz. 22. Juan Manuel Sandoval Palacios. 23. Alfonso Saucedo Garza. 24. Moisés Flores Salmerón. 25. Manuel Pérez Rocha Loyo. 26. Saúl Escobar. 27. Jesús Ramírez Cuevas. 28. Andrés Peñaloza. 29. José Martín Velázquez. 30. Jesús Tamayo Sánchez. 31. Sócrates Silverio Galicia Fuentes. 32. Jesús Vega Lugo. 33. Armando Bartra