17 de abril de 2010 • Número 31 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada
TEMA DEL MES
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17 de abril de 2010
ILUSTRACIÓN: Tropa Vieja, de Urquizo. Versión en historieta de A. Cardoso
LA TIERRA Y EL QUE LA TRABAJA DERECHOS TERRITORIALES Y REFORMA AGRARIA
Suplemento informativo de La Jornada 17 de abril de 2010 • Número 31 • Año III
La tierra es la condición que hace posible nuestro trabajo productivo, pero la tierra son también sus recursos superficiales y profundos, y la tierra es el territorio de las autonomías indias y los autogobiernos mestizos. Pero ante todo la tierra es raíz, es vida, es cultura... Manifiesto de Xochimilco. Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano
COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador
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odas las comunidades humanas interactúan con la naturaleza circundante y forman parte de sistemas agroecológicos que las sustentan. De ahí que todas sean directa o indirectamente territoriales y tengan derechos territoriales.
Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.
Unitaria y orgánica, esta interacción tiene diversas dimensiones. Una es el abigarrado entrevero de hombres y ecosistemas localizados. Otra, la producción de bienes y servicios, en donde los elementos del entorno natural social –tierras, aguas, biodiversidad, saberes, capacidades, infraestructura y equipamiento– aparecen como medios y objetos de trabajo. Otra más surge cuando en su labor transformadora los hombres se relacionan entre sí definiendo normas de convivencia y estableciendo nexos sociales y políticos. Y está por último la que se origina en la interacción con el medio en tanto que es práctica simbólica que otorga significados, asigna valores y define espacios culturales. Porque se hace terruño al andar, en su múltiple trajín las comunidades humanas construyen su hábitat. Espacio agroecológico, económico, sociopolítico e imaginario; ámbito territorialmente delimitado en las comunidades sedentarias y extendido si no es que discontinuo en las nómadas o que dispersó la diáspora.
nos identifica. Las comunidades tenemos derechos territoriales y en la centuria pasada la reivindicación de estos derechos dio lugar a revoluciones campesinas y reformas agrarias. El siglo XX despertó desmañanado por los perentorios gritos de ¡Zemlia i Volia! ¡Tierra y libertad!, que hermanan a los narodniki rusos con los zapatistas mexicanos, se desayunó leyendo la crónica de dos grandes revoluciones campesinas y le llegó la noche en medio de un renovado entrampe del mundo rural. Al alba del siglo XXI el malestar agrario no ha remitido y los campesinos reclaman de nueva cuenta tierra y libertad, zemlia i volia. En el amanecer del tercer milenio la reforma agraria es aún asignatura pendiente. Pero ya no es la misma reforma. Las mudanzas agrarias del pasado siglo crearon situaciones nuevas que plantean desafíos inéditos. Las transformaciones rurales del milenio en curso demandan paradigmas de repuesto.
Publicidad 56 88 7591 / 56 88 7913 Espacio unificado por el sujeto colectivo que lo conforma pero aprehensible mediante diferentes códigos: regionalizaciones agroecológicas, planos catastrales, cartografías políticas, mapeos lingüísticos o culturales.
Diseño Hernán García Crespo La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. PORTADA: Diego Rivera. Puerta de entrada al salón de actos, Chapingo
Los pobladores del Valle de México, por ejemplo, habitamos una cuenca lacustre en mala hora desecada, conformamos una monstruosa conurbación metropolitana donde predominan la industria y los servicios, pertenecemos a diversas y abigarradas circunscripciones políticas y, pese a nuestra proverbial policromía, somos irremediablemente chilangos. Pero más allá de cartas de uso del suelo, mapas políticos y guías Roji el hecho es que las comunidades somos inseparables del territorio que habitamos, del sitio donde trabajamos, del lugares donde votamos o nos abstenemos, de las calles y plazas donde protestamos contra el mal gobierno, de los ámbitos entrañables que guardan nuestro ombligo y arropan a nuestros ancestros o cuando menos conservan nuestros recuerdos. Las colectividades no ocupamos espacios preexistentes, las colectividades somos el entorno que hemos construido, somos el territorio que hemos inventado. Y tenemos derecho a este territorio. Derecho a que se nos reconozca como usufructuarios y preservadores de un específico ecosistema, como dueños de la parcela que cultivamos y del lote que habitamos, como usuarios de las calles que caminamos, como ciudadanos de la localidad donde vivimos, como portadores de la cultura que
La reforma agraria de antes debía abolir las formas de propiedad del “viejo régimen” propiciando el desarrollo de la agricultura y de la economía capitalista en su conjunto y, si era impulsada desde abajo por los campesinos, adoptaba un talante justiciero, suponía repartos territoriales más o menos extensos y con frecuencia apostaba a una acumulación de capital agrario basada en el trabajo propio, sea por una vía familiar tipo farmer o por medio de cooperativas. Sin embargo en muchos países la estructura agraria “señorial” no provenía del “viejo régimen” sino del moderno colonialismo capitalista, siempre proclive al saqueo y los modos serviles de expoliación. Entonces la reforma agraria se insertaba en la lucha por la independencia y la expropiación de latifundios extranjeros era parte del programa de “liberación nacional”. Con el “socialismo real”, que se estableció mayormente en países agrarios y en deuda con el “viejo régimen”, el siglo XX buscó soslayar los padecimientos del “despegue” capitalista transitando a la modernidad por una vía alterna. Así, las reformas democrático-burguesas se empalmaron con trasformaciones poscapitalistas y en el campo la conversión agraria antifeudal se entreveró con la progresiva implantación del socialismo rural encarnado en empresas estatales y cooperativas.
chos países periféricos se impulsaron reformas rurales fuertemente intervenidas por la burocracia y las paraestatales, lo que por un tiempo hizo poco discernibles los modelos agrarios socialistas, del semiestatizado campo de ciertos países de “economía mixta”. Así, en menos de cien años el programa de la reforma agraria se fue haciendo más diverso y complejo: a la misión original de abolir el viejo régimen de propiedad se sumó la descolonización del campo y se le añadieron diversos modelos de reordenamiento rural, unos destinados a propiciar el desarrollo del capitalismo y otros a favorecer la acumulación originaria socialista. De esta manera, la reforma agraria pasó de ser ajuste de cuentas con los remanentes del régimen feudal a ser también premisa de las experiencias poscapitalistas del siglo XX. Pero en el último cuarto de la pasada centuria se desmoronaron el “socialismo real” y el “Estado de bienestar”, Marx y Keynes salieron de las bibliografías y cobró fuerza una contrarreforma agraria neoliberal que favorecía la agroexportación sobre la soberanía alimentaria, privatizaba paraestatales, suprimía regulaciones y propiciaba la reconcentración de la tierra. Paradójicamente la apuesta librecambista no se dio tanto en las economías más fuertes –que protegieron sus agriculturas– como en las menos desarrolladas, que en muchos casos desmantelaron la producción de alimentos. En la década pasada el paradigma neoliberal topó con pared y sus recetas están siendo fuertemente cuestionadas. La crisis de los alimentos de 2007 y 2008 mostró que la total “libertad de mercado” tiene efectos perniciosos en un mundo de bloques y monopolios pero más aún en el sector agropecuario, del que depende la alimentación, es decir la vida humana, y en un ámbito ecológico donde la diversidad natural es incompatible con la uniformidad productiva. Una nueva reforma agraria global comienza a perfilarse y se anuncia más profunda que las del pasado pues incluye nuevos derechos territoriales. Los campesinos siguen reclamando tierras de cultivo, pero desde hace rato exigen también condiciones técnico-económicas que les permitan vivir dignamente de sus cosechas sin degradar el medio, demandan el derecho al usufructo de los recursos naturales y de los ecosistemas que están a su cuidado, reivindican el derecho a preservar y reproducir sus culturas y defienden el derecho a autogobernarse en los ámbitos a veces ancestrales donde habitan. Reclaman, en fin, un multidimensional derecho al territorio que, por su énfasis en la reproducción de la vida, en el cuidado del medio ambiente con aprovechamientos diversificados y en la preservación de los saberes y de la cultura, es una reivindicación con enfoque de género: una mudanza rural con rostro de mujer donde ellas y ellos ahora sí deberán tener los mismos derechos. Pero no por poner al día el programa agrario de la humanidad olvidemos que en muchos países la vieja reforma antilatifundista y descolonizadora está pendiente, que en el amanecer del tercer milenio millones de trabajadores rurales sin tierra siguen demandando dignidad y reparto agrario: ¡Zemlia i volia!, ¡Tierra y libertad!
Finalmente, después de la segunda guerra mundial, la regulación de la economía por el Estado se generalizó incluso en el mundo capitalista y en mu-
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Los campesinos rusos se inconformaron con la falsa reforma agraria zarista de 1861, que les entregó magros trozos de tierra a cambio de endeudarlos de por vida. Y al calor de sus protestas, intelectuales revolucionarios como Chernichevsky, en San Petersburgo, y Herzen y Ogariov, en el exilio, fundaron la organización Zemlia i Volia (Tierra y Libertad), que exigía la entrega de parcelas sin pago de rescate y cuyo nombre devino lema del movimiento campesino ruso. EÄ 1866, çÙ Äã ½ ¹ç® ®Ê ½ Ýãç ® Äã K Ù » þÊò, A½ ¹ Ä Ê II ½ ÖÙ ¦çÄãÌ ½ ¥ÙçÝãÙ Ê Ã ¦Ä® ® : “¿PÊÙ Øç ®ÝÖ Ù Ýã ÝÊ Ù Ã°?”, ½Ê Øç Ýã Ù ÝÖÊÄ ®Ì: “PÊÙØç ÖÙÊà ã®Ýã ½ÊÝ ÃÖ Ý®ÄÊÝ ã® ÙÙ ù ½® Ùã , ù ½ÊÝ Ä¦ Ç Ýã ”.
En 1877, en medio de la represión, Zemlia i Volia se escinde y la corriente más radical, de tendencia anarco-terrorista, funda Narodnaia Volia (Voluntad del Pueblo), cuyo periódico se sigue llamando Zemlia i Volia. Para principios de la década siguiente la organización ha sido aniquilada por la policía zarista, sin embargo el nombre de la publicación se ha vuelto consigna campesina y lema del ruralista Partido Socialista Revolucionario, fundado en 1901. En las asambleas legislativas, o Dumas, establecidas a resultas de los alzamientos revolucionarios de 1905 y 1907, los diputados campesinos confluyen en torno a la demanda de Zemlia i Volia. S îÊÄÊò: “OÝ ®Ù Øç ½ Öç ½Ê Ã « Äò® Ê Ö Ù ø®¦®Ù ½ ã® ÙÙ ù ½ ½® Ùã , ù ãÊ ÊÝ ½ÊÝ Ù «ÊÝ ®ò®½ Ý; ù ò®ò®Ù ÃÊÝ Ý®Ä ®Ýã®Ä¦ç®Ù ÄãÙ Ý ÇÊÙ Ý ù ÃÖ Ý®ÄÊÝ, ãÊ ÊÝ ÊÃÊ Ö ÙÝÊÄ Ý ù çÄÊ Ý Ù Ý ÇÊÙ Ä Ýç ½ç¦ Ù”. S Ù ãÊò: “LÊÝ ÃÖ Ý®ÄÊÝ Øç à « Ä Äò® Ê Øç° « Ä ® «Ê: ½ ã® ÙÙ Ý Äç ÝãÙ , « ÃÊÝ ½½ ¦ Ê « Ýã Øç° ÄÊ Ö Ù ÊÃÖÙ Ù½ , Ý®ÄÊ Ö Ù ãÊà ٽ ”. K ò Êò: “¿P Ù Øç Ö Ù ½ Ù ½ ã® ÙÙ ? L ã® ÙÙ Ý Ù Ö ãÙ®ÃÊÄ®Ê ÊÃéÄ ½ÊÝ ÃÖ Ý®ÄÊÝ ½ ÊÙ®ÊÝÊÝ ù ½ÊÝ ÖÙÊÖ®ÊÝ ÃÖ Ý®ÄÊÝ Ý Ù Ä Ù Ö Ùã®ÙÝ ½ ã® ÙÙ Ä ½Ê ½® , Ý®Ä ®Äã Ùò Ä ®ÌÄ ½¦çÄ ¥çÄ ®ÊÄ Ù®ÊÝ”.
La revolución de 1917, que condujo a Rusia al socialismo, se origina en el campo y se aglutina en torno a la consigna Zemlia i Volia, del Partido Social Revolucionario. AÝ° ½Ê Ù ÊÄÊ TÙÊãÝ»ù, Ö Ý Øç Ýç Ö Ùã® Ê Ù ½ ½ÊÝ Ê½ « ò®Øç Ý: “EÄ ½ÊÝ Öٮà ÙÊÝ Ã Ý Ý 1917 ½ ®Äã ½ ãç ½® ÙçÙ ½ ù ½ ÃÖ Ý®Ä Ê Ý ¦ÙçÖ ÙÊÄ ¹Ê ½ Ä Ù ÝÊ ® ½-Ù òÊ½ç ®ÊÄ Ù® T® ÙÙ ù L® Ùã ”.
EÄ Ùã ½ 31 à ÙþÊ 1913 FÙ Ä ®Ý Ê V þØç þ GÌà þ, Ý Ù® þ Ö ã : L R òÊ½ç ®ÌÄ Øç Ä ®Ì (...) ÖÙÊ ½ Ã Ä Ê ½ P½ Ä Aù ½ (..) « ÖÙÊÖ ¦ Ê ÝçÝ ® ½ Ý ÊÄã Ä® ÊÝ Ä Ýã Ý Ö ½ Ù Ý: T® ÙÙ ù L® Ùã . EÄ ÄÊà ٠½ ¦ Ä Ù ½ Z Ö ã , ®¹Ê P ç½®ÄÊ G Ù ° ½ Ù ÝãÊ ½ÊÝ Ù òÊ½ç ®ÊÄ Ù®ÊÝ ÊĦ٠¦ ÊÝ Ä 1914 Ä ½ CÊÄò Ä ®ÌÄ A¦ç Ý ½® Äã Ý: “E½ P½ Ä Aù ½ Ý ½ Ö ãÊ Ý ¦Ù Ê, ½ Äç ò ½® Äþ ½ R òÊ½ç ®ÌÄ ÊÄ ½ Öç ½Ê, Ö Ù òʽò Ù Ýã Ýç ã® ÙÙ ù ÝçÝ ½® Ùã Ý, Øç ½ ¥ç ÙÊÄ ÙÙ ã ÊÝ çÙ Äã ç ãÙÊ Ý®¦½ÊÝ. T® ÙÙ ù L® Ùã , T® ÙÙ ù JçÝã® ® , Ý ½Ê Øç Ý®Äã ã®þ ½ P½ Ä Aù ½ ”.
Anarquistas como Bakunin, estuvieron cerca de Herzen y Ogariov, en la fundación de Zemlia i Volia, de modo que el nombre vuelto consigna devino patrimonio del movimiento ácrata. Y fue por esa vía que a principios del siglo pasado llegó a los revolucionarios mexicanos afines al anarquismo que conformaban la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano (PLM), entre ellos Ricardo Flores Magón. Así, desde fines de 1910, y al calor de los alzamientos revolucionarios, la consigna ¡Tierra y Libertad! aparece en artículos publicados en Regeneración, y al año siguiente el PLM rubrica con ella el anticapitalista Manifiesto del 23 de septiembre de 1911. EÄ çÄ Ùã° ç½Ê à ùÊ 1911 Ý Ù® F½ÊÙ Ý M ¦ÌÄ: “EÄ Ù Ê½ ½ Ä Ù Ùʹ ¦Ù®ã Ä Ê ÊÄ ÄãçÝ® ÝÃÊ. ¡V®ò T® ÙÙ ù L® Ùã ! P ÙÊ ÄÊ ÊÝ ÊÄ¥ÊÙà ®Ý ÊÄ ¦Ù®ã Ù: ãÊà ½ ã® ÙÙ ù ½ ½ Öç ½Ê Ö Ù Øç ½ ãÙ ¹ Ý®Ä ÃÊÝ”.
El Ejército Liberador del Sur siempre empleó la leyenda Reforma, Libertad, Justicia y Ley, pero la cercanía entre el zapatismo y el PLM fue grande, y cuando menos desde marzo de 1913 Zapata emplea la consigna magonista Tierra y Libertad y lo hacen también sus colaboradores.
D®¹Ê SÊãÊ ù G Ã Ä çÄ ®Ý çÙÝÊ 1917 ÖÙÊÄçÄ ® Ê Ä ½ ç Ùã ½ þ Ö ã®Ýã T½ ½ã®þ Ö Ä: “EÄ V®½½ Aù ½ ÝçÙ¦®Ì ÖÙÊÄãÊ ½ Ý Ç ½ ÝÖ Ù , ½ Ä Ù ½ ÃÖ Ý®ÄÊ, ½ Ä Ù Øç ÄçÄ ® T® ÙÙ ù L® Ùã ”. EÄ ½ M Ä®¥® ÝãÊ ½ Öç ½Ê Ã ø® ÄÊ, ½ 25 Ù®½ 1918, ¥®ÙÃ Ê ÖÊÙ Z Ö ã Ý ½ : L R òÊ½ç ®ÌÄ Ý ÖÙÊÖÊÄ Ù ®Ã®Ù ½ Ù þ ®Ä °¦ Ä òʽò® Ä Ê½ ÝçÝ ã® ÙÙ Ý ù ÖÊÙ ½Ê îÝÃÊ Ýç ½® Ùã .
El yucateco Felipe Carrillo Puerto milita en el Ejército Liberador del Sur entre 1913 y 1915, y al regresar a su estado incorpora al ideario y a la estrategia del Partido Socialista del Sureste, del que llega a ser presidente, no sólo las propuestas zapatistas sino la consigna Tierra y Libertad, que se vuelve su lema. Y Tierra y Libertad se titula la primera ponencia presentada al programático Congreso de Motul de 1917. EÄ ½ Ùã° ç½Ê “E½ Äç òÊ Yç ã Ä”, Ý Ù®ãÊ ÖÊÙ C ÙÙ®½½Ê Pç ÙãÊ Ä 1923 Ý® Ä Ê ¦Ê ÙÄ ÊÙ ù ÖÊ Ê Äã Ý Ý Ù ¥çÝ®½ Ê ÖÊÙ ½ ÊÄãÙ ùç ã , Ý ½ : “EÄ çÄ Ö °Ý ¦Ù° ʽ , ã® ÙÙ ù ½® Ùã ÝÊÄ Ý®ÄÌÄ®ÃÊÝ. EÝãÊ øÖ½® Äç ÝãÙÊ ½ à ٠òÊ½ç ®ÊÄ Ù®Ê: T® ÙÙ ù L® Ùã ”.
Así, el efímero socialismo maya, que tuvo en vilo a Yucatán entre 1922 y 1924, se construye en torno a una consigna campesina internacionalista:
¡Lu´um etel almehenil!, ¡Tierra y Libertad!, ¡Zemlia i Volia! Por la búsqueda y edición: A. Bartra
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17 de abril de 2010 y los hombres desde entonces tienen sequías e inundaciones, por no respetarlo y cuidarlo.
Tierra y territorio
FOTO: LLaura E FOTO E. H Hernández á d
el maíz es identidad Martha I. Flores Pacheco y Laura E. Hernández Bautista
A
partir de diferentes estudios sobre el maíz en México, nos parece importante reflexionar sobre el vínculo entre la pérdida de nuestra tradición alimentaria y los festejos del bicentenario y del centenario, y preguntamos ¿qué debemos festejar este año las y los mexicanos? Sobre los orígenes del maíz, se sabe que algunos pueblos indígenas tienen mitos que narran un conflicto o una “lucha” entre las plantas comestibles por definir cuál de ellas es la que mejor alimenta al hombre. Existen varias historias que relatan la pelea entre el espíritu del maíz, dhipac o cinteotl y el ojite, en donde este último al perder le tocó vivir en la sierra y ayudar al hombre en época de escasez.
El hombre todos los días revisaba y cuidaba su milpa, él siempre tenía maíz, por lo que los hombres que habitaban abajo del cerro estaban enojados, ellos no tenían agua, y tenían escasez de alimentos. Como tenía exceso, decidió venderlo, cuando bajó, los hombres lo esperaron y le preguntaron por qué él tenía todo, él les dijo que realizaba rituales al espíritu del maíz, pero no le entendieron y lo encerraron. Él era el dios de las tormentas, el aire y la lluvia, convenció a todos y lo soltaron, por lo que cumplió enviando lluvia, pero los hombres querían más y subieron a exigirle. Se molestó e inundó todo. Muxi, el dios de todos los teenek que vive en el Golfo de México, se enojó con él, lo desterró al norte
El mito muestra que al transformar el proceso del maíz y concebirlo como una mercancía, se está afectando al cultivo como cereal y está ocasionando la pérdida de la cultura milenaria de los mexicanos que, en el caso de los indígenas, significa mermar su dieta y violentar sus derechos culturales, sociales y políticos colocándolos en desventaja ante los nuevos productos. La introducción del maíz transgénico está llevando a la pérdida de esta tradición alimentaria; las decisiones del gobierno de México en su afán de pertenecer al “primer mundo” y fomentar la importación de alimentos con poco valor nutricional, desestimulan la producción y el consumo de una dieta rica en los alimentos tradicionales mexicanos.
El actual modelo económico, territorial y cultural que ha impuesto el gobierno de México desde hace casi tres décadas, no integra ni conjuga posiciones que fomenten la multiculturalidad y la pluralidad. Todo lo contrario, fomenta su destrucción y de paso el debilitamiento de la agricultura indígena y campesina. No es ningún secreto que el desequilibrio ecológico y las catástrofes del calentamiento global por el cambio climático responden a un exceso mercantil de ambición y lucro, donde la comercialización de alimentos y grandes ganancias para los capitalistas ya no se garantizan por la llamada revolución verde, sino que se buscan nuevas garantías en las tecnologías de hoy que se apropian del conocimiento ancestral de las comunidades y en el cambio de formas de consumo agroindustrial.
Con el cultivo del maíz se fortalecen las relaciones de parentesco, los procesos comunitarios de apoyo mutuo, la danza, la música, entre otros, y esto lo tenemos registrado en diversas fuentes históricas, relatos y estudios realizados en las distintas épocas de la historia de México, que demuestran que todos estos elementos culturales alrededor del maíz son continuos desde el pasado
FOTO: FOTO Benigno B R Robles bl R Reyes
“En la antigüedad arriba del cerro Tamab cerca de Huehuetlán, vivía un matrimonio.
A pesar de todas las disposiciones legales que establecieron los cambios al arơculo 27 consƟtucional en 1992, para promover la venta y reconcentración de la Ɵerra ejidal, y a pesar de la ausencia de políƟcas dirigidas al desarrollo del minifundio, la unidad de producción (UP) más generalizada en el campo es precisamente el minifundio. De acuerdo con el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, existen hoy día dos millones 688 mil 611 UP con menos de cinco hectáreas, que representan 71.6 por ciento del total.
¿Qué festejaremos entonces? Que en un futuro cercano la mayoría de los pueblos indígenas y campesinos no realizarán rituales vinculados al cultivo del maíz y que perderemos la variedad de productos que lo acompañan, como el frijol, las yucas y la calabaza. ¿Al maíz transgénico se le harían cantos, danzas y rituales a la milpa y a los lugares sagrados? Obviamente la planta perdería su carácter sagrado y se rompería la continuidad milenaria, lo cual violaría los derechos culturales de los pueblos indígenas. ¿Habrá un ciclo anual con fiestas ligadas a cada uno de los procesos? Si bien una característica importante de la mayoría de los pueblos y la culturas indígenas es la capacidad de intercambiar diferentes códigos culturales, podrían generarse nuevos rituales para agradecerle al maíz transgénico el otorgar el alimento, o bien dejar de realizar el ciclo ritual.
Casi toda la flora está clasificada por los pueblos indígenas, ya sea por su color, sabor o temporalidad; si son frías o calientes; silvestres o cultivadas; de la selva, del monte, de la comunidad o del solar
Un ejemplo lo encontramos en el pueblo indígena teenek (o huasteco), que vive en una zona de selva perennifolia, compartiendo con aproximadamente unas cuatro mil especies vegetales diferentes, lo que ha permitido a sus habitantes proveerse de ella durante siglos. Casi toda la flora está clasificada por los pueblos indígenas, ya sea por su color, sabor y temporalidad; si son frías o calientes; silvestres o cultivadas; de la selva, del monte, de la comunidad o del solar. Muchas de ellas han pasado por un proceso de apropiación, durante siglos, por parte de los pueblos indígenas.
PREDOMINIO DEL MINIFUNDIO
prehispánico hasta el presente, y han sido factor en la construcción de nuestra identidad como país.
Un análisis elaborado por Héctor Robles, muestra que las UP minifundistas se han mulƟplicado y han resisƟdo todas las disposiciones legales en su contra y la falta de
Año 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2007
apoyo gubernamental. Su crecimiento en 80 años es del 708.7 por ciento, al pasar de 332 mil que exisơan en 1930, a 2.6 millones de unidades en el 2007.
Unidad de Producción 614,101 858209 1,383,212 1,220,324 846,994 3,062,950 3,504,510 3,755,043
Menos de 5 ha 332,439 567,874 1,004,839 928,757 567,129 1,792,654 2,114,622 2,688,611
Fuente: Inegi. I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal
% 54.1 66.1 72.6 76.1 67.0 58.5 60.3 71.6
¿Al maíz transgénico se le harían cantos, danzas y rituales a la milpa y a los lugares sagrados? Obviamente la planta perdería su carácter sagrado y se rompería la continuidad milenaria, lo cual violaría los derechos culturales de los pueblos indígenas El fomento a la carestía de alimentos por la crisis energética y el desconocer e ignorar la cultura indígena propician una crisis socio ambiental que va a galope al permitir el deterioro del patrimonio territorial, natural, cultural de los indígenas y la violentización de sus derechos territoriales, culturales, alimentarios y políticos. Esto nos pone en la idea de que la resistencia de las comunidades indígenas no es una “resistencia en sí”, como la quieren ver algunos, sino que se trata de una “resistencia para sí”, que responde a un proceso de acción y defensa de la identidad frente a la crisis civilizatoria que fomenta la globalización mercantil en la vida humana. Entre tanto, tenemos que seguir en la reflexión para que esa ofensiva en resistencia construya certidumbre para un México pluricultural que viva en armonía con la naturaleza. ¿Cuál es la perspectiva de alimentación para nosotros los mexicanos?, ¿qué dieta debemos de tener?
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LA TIERRA Y SUS USOS
rra en nuestro país, como nos podemos dar cuenta, está olvidada de los programas oficiales, tan metidos en sus negocios de producción de agrocombustibles, siembra experimental de maíz transgénico, explotación minera y los grandes desarrollos turísticos en nuestras playas, mientras los campesinos e indígenas se van del país en busca de los recursos que se les niega aquí, para mejorar las condiciones de vida para ellos y sus familias. En el sexenio foxista se fueron dos millones, y en éste ¿será una cantidad igual?
Alejandro Cruz Juárez A Carlos Montemayor, por sus enseñanzas
Sin embargo, la mayoría de las comunidades y los ejidos se encuentran en la pobreza y carentes de infraestructura (hospitales, escuelas, carretera). La pregunta es ¿no tiene valor la tierra de la que son dueños? ¿Quién aprovecha los recursos que el gobierno dice destinar al campo?, “el presupuesto más alto en la historia de México”. ¿A quiénes llega realmente este presupuesto? Trataremos de responder. En la Colonia la única empresa que floreció fue la minería. La prosperidad de España y de Europa se debió en gran parte a la plata que recibía de la Nueva España. Hoy con gobiernos elegidos democráticamente¿?, la minería vuelve a florecer en nuestro país, con las mismas prácticas depredadoras: envenenamiento de agua, de suelos, de atmósfera, por el ruido, y destrucción de los cimientos de las casas, a consecuencia de las explosiones con dinamita, y la autoridad brilla por su ausencia. Un caso emblemático es la Minera San Javier, en la capital del estado de San Luis Potosí; a pesar de los amparos ganados para que detenga su explotación, la empresa de origen canadiense se burla de nuestras leyes, sabiendo que cuenta con la complicidad de las autoridades.
ILUSTRACIÓN: Diego Rivera
E
l territorio nacional tiene una superficie de 198 millones 512 mil 363 hectáreas, de las cuales 101 millones 937 mil 176 están en manos de poco más de 30 mil ejidos y comunidades, en donde se encuentran 80 por ciento de selvas y bosques, 74 por ciento de biodiversidad y dos terceras partes de los litorales.
Y no podemos dejar de mencionar el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente de la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) –la cual se opone a las actividades de la minera canadiense Blackfire en el municipio de Chicomuselo–, perpetrado el pasado 27 de noviembre 2009.
sin ninguna planeación, sin considerar la falta de servicios, principalmente del agua, que hoy es otro de los grandes problemas que enfrentamos debido al agotamiento de los mantos freáticos. Quienes impulsan las construcciones de unidades solamente consideran el lucro, no les importa qué pasará después.
En el caso de los desarrollos turísticos en nuestras playas, el despojo con la complacencia de las autoridades es una constante, como es el caso de los habitantes del poblado de San Antonio Ebula en el estado de Campeche, que fueron desalojados de predios que tenían en posesión desde hace 40 años, por un grupo de golpeadores, presuntamente pagados por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien fue suegro del anterior secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.(La Jornada, 15 de agosto, 2009), y las autoridades en lugar de actuar conforme a derecho, protegieron al empresario. Éste es solamente un caso, pero en la construcción de desarrollos turísticos, los que menos cuentan son los dueños de la tierra, y la represión es un hecho cotidiano.
¿Quién aprovecha los recursos que el gobierno dice destinar al campo?, “el presupuesto más alto en la historia de México”. ¿A quiénes llega realmente este presupuesto?
En cuanto a las unidades habitacionales, que hoy vemos crecer alrededor de las grandes ciudades, se edifican en tierras ejidales,
Otro uso actual del suelo es la producción de agrocombustibles. Se ha anunciado la construcción de plantas procesadoras en Sinaloa, Chiapas y Veracruz, al igual que los permisos para las siembras de maíz transgénico. Ambas cosas van de la mano ya que una de las tecnologías para la producción de agrocombustibles utiliza el maíz como materia prima, y como siempre el negocio está en la exportación del combustible. Y la producción de alimentos, que es el principal uso que debería de tener la tie-
LA TIERRA: NUESTRA MADRE María de los Ángeles Muñoz G.
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ada pueblo, cada cultura posee un sentido profundo, simbólico y mítico en su relación con la tierra; en un continuo devenir de lo abstracto a lo concreto y viceversa, esta relación recrea integralmente la vida cotidiana en el ámbito rural. La tierra juega un papel central en la vida de los hombres y las mujeres como elemento de identidad y como espacio simbólico. En la cosmovisión totonaca la tierra tiene varias acepciones: es Katiyatnit el territorio donde habitamos todos, donde nacemos, vivimos y morimos. Es tiyat, la tierra que pisamos, la porción donde nacemos y nos establecemos. A la tierra se le debe respeto porque es la que nos da de comer, es Kimpakatsikan (nuestra madre) a quien se le identifica con un ser divino femenino, omnipresente. La mujer en la cosmovisión indígena era tratada con respeto porque constituía parte esencial para la reproducción social, cultural y biológica. Se celebraban ritos, costumbres y ceremonias en la que jugaba el papel central. La mujer está vinculada con la madre tierra, sin ella no había producción ni reproducción cultural. Se expresa en vínculo simbólico mujer-tierra, mujer-semilla y mujer-madre.
La vida del ser humano es explicable biológica y socialmente; sin embargo, para los y las indígenas totonacas es uno de los acontecimientos más importantes y de gran cuidado, donde la vida del niño o niña necesita algo más allá del cuidado “normal” que sus padres puedan darle, necesita de la protección divina. La partera al recibirlo realizará “el costumbre” invocando a Makgtakalhná, que son las enanitas, las cuidanderas de los chiquitos que nacen. Estas madres se encuentran fuera de la tierra. Es algo que anda flotando por el oriente. Cuando un niño o niña nace, el primer acto ritual es ofrendar a las madrecitas. Por esto, el ombligo del niño o niña se cuelga en la rama de un árbol cuya dirección esté hacia donde nace el sol, hacia el oriente. O “si los papás quieren que su hijo sea bueno para la pesca, su ombligo lo llevarán a la rama de un sauce junto al río, hasta que se seque y ahí se quedará. Ese niño será un buen pescador”. Las mujeres paren en un petate sobre el suelo; a los seis días (seis es la mitad de las doce madrecitas que forman el makgtakalhnan) se celebra el levantamiento y con sumo cuidado se levanta la tierra donde nació el niño o niña, para depositarla en una cubeta y que no sea pisoteada por nadie, ahí se quedará, hasta que nazca otro hijo. En el levantamiento se hace el lavado de las manos y se ofrenda un guajolote a la tierra y a Makgtakalhná. Si en la familia alguien se enoja o se pelea, el niño puede enfermar y morir pronto. Por lo tanto, para
El territorio nacional tiene una superficie de 198 millones 512 mil 363 hectáreas, de las cuales 101 millones 937 mil 176 están en manos de poco más de 30 mil ejidos y comunidades, en donde se encuentran 80 por ciento de selvas y bosques, 74 por ciento de biodiversidad y dos terceras partes de los litorales Tal parece que piensan que con la importación de alimentos se podrá cubrir la demanda interna. Por eso hoy le están dando otro uso a la tierra, dicen que lo que deje más ganancias, pero quienes mal dirigen al país ni siquiera están enterados de lo que sucede en otras regiones del mundo: países como China, India y los del Medio Oriente están adquiriendo tierras en África, Asia Central, Rusia, América del Sur y Asia sudoriental, para la producción de alimentos, ya que se han convencido de que el mercado no será capaz de resolver el sustento de su población (la información se puede encontrar en http://www.grain.org/briefings/?id=214). Hoy que el gobierno de Felipe Calderón promueve los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, los pueblos indígenas no tienen nada qué festejar, a pesar de haber sido actores principales en estas luchas. Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
recuperar la armonía se reunirá a la familia y los padrinos para celebrar el rito que asegure la salud y las buenas relaciones entre la familia y con la comunidad. La creencia, la costumbre, el rito se vuelven parte de la vida cotidiana, se integra al todo, en la relación entre los miembros de la familia y la comunidad, se asegura la reproducción y el sustento desde el momento en que se nace, como aquel que puede ser un buen pescador o la niña que cuidará el fuego y el hogar. Es necesario comprender el pensamiento indígena, en el que una roca o un árbol permite construir una lógica distinta y por consiguiente mantener una forma de vivir y relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos con mayor respeto. Es determinante para nuestras sociedades recuperar la valoración de dos centros de la vida y la reproducción: la tierra y la mujer. Sobre todo hoy día cuando en la lucha diaria contra el control y poder masculino la mujer indígena tiene que librar la peor parte, superando esa triple discriminación por ser indígena, ser pobre y ser mujer. Luchar por la tierra también significa luchar por la mujer, significa comprometernos a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres para lograr el equilibrio y la armonía, en la que todas y todos tenemos voz y derechos y somos constructoras y constructores de la historia. Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
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CERTIFICADA, MÁS DE 90% DE LA TIERRA EJIDAL Y COMUNAL
Entre los ejidos que no entraron al Procede se cuentan muchos que estaban inmersos en procesos judiciales, y hoy ya concluyeron sus controversias. También están 393 núcleos agrarios que durante toda la vida del Procede manifestaron rechazo a ser regularizados. A los que hoy quieren entrar a Fanar, “les decimos, fórmate, vas a la fila”, o también está la opción de buscar su regularización con una empresa particular, la cual deberá cuidar las técnicas de medición.
ILUSTRACIÓN: Diego Rivera
• Núcleos agrarios pendientes quieren regularizar, pero el presupuesto es escaso: Procuraduría Agraria
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ntre 1993 y 2006 el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) regularizó 93 mil 132 mil 667 hectáreas otorgando certificados a los ejidatarios o comuneros integrantes de 28 mil 757 núcleos agrarios. Con ello, cubrió 90.4 por ciento del total de núcleos y más de 91 por ciento de la superficie social del país. El Procede puso en 2006 punto final a su labor, y a partir de 2007 surgió el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar) que busca certificar a los núcleos que quedaron pendientes. El problema es que Procede contaba con un presupuesto federal anual de unos dos mil millones de pesos, y el Fanar sólo tiene 17 millones por año. Entre 2007 y hasta febrero de 2010 el Fanar ha regularizado 219 núcleos con una su-
perficie de 456 mil 198 hectáreas, pero si su presupuesto se mantiene escaso “yo creo que en 200 años terminaremos de regularizar, pues el costo por ejido va de 300 mil a un millón de pesos”, señala Rocendo González Patiño, titular de la Procuraduría Agraria (PA). “Si el Congreso (de la Unión) no nos autoriza más recursos, vamos a trabajar hasta donde alcance la gasolina”. La PA ha cabildeado infructuosamente con diputados para incrementar los presupuestos de Fanar.
El Procede puso en 2006 punto final a su labor, y a partir de 2007 surgió el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar) que busca certificar a los núcleos que quedaron pendientes
LAS SECUELAS DEL PROCEDE Daniela Griego Ceballos
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l 26 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, que reguló la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), como resultado de la reforma constitucional al artículo 27 constitucional, donde se estableció el fin del reparto agrario y se sentaron las bases para la privatización del ejido y los bienes comunales. El Procede fue ejecutado por la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Registro Agrario Nacional (RAN). Desde los inicios, su aplicación estuvo acompañada de una fuerte campaña de promoción donde se resaltaban sus “bondades”, argumentando que con el Procede se certificaban los derechos agrarios y se daba certeza jurídica al campo. Sin embargo, con esto se disfrazó la verdadera intención del programa, que era desaparecer la propiedad social de la tierra, para volverla una mercancía; pero a pesar de los muchos intentos y recursos gubernamentales invertidos en la operación, esto no ha sucedido en la magnitud ni en el tiempo que se esperaba.
Según información contenida en la página web del RAN, el Procede concluyó en noviembre de 2006, y sus resultados más importantes fueron: la certificación y titulación de 28 mil 757 núcleos agrarios, de un total de 31 mil 201 que hay en el país, lo que representó un avance del 92.16 por ciento, abarcando cuatro millones 445 mil 213 familias campesinas, a quienes se les generaron poco más de 9.5 millones de documentos agrarios. Una gran parte de los ejidos sin regularizar se localizan en los estados de Chiapas y Oaxaca, debido entre otras razones a la resistencia de comunidades y organizaciones indígenas frente al Procede. Del universo de ejidos incorporados al programa, según datos del RAN de diciembre de 2008, tres mil 115 núcleos agrarios habían adoptado el dominio pleno de parcelas ejidales, cifra que representa alrededor del 10 por ciento del total; los estados con más núcleos agrarios que pasaron a dominio pleno fueron Guanajuato con 331, Jalisco con 214, Veracruz con 183, Coahuila con 179 y Sinaloa con 163. En los 13 años de su aplicación, el Procede pasó de ser un instrumento técnico agrario del gobierno a una estrategia política para ir desmembrando la vida ejidal y comunal en México, y son muchos los
El objetivo declarado del Procede fue dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra por medio de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según el caso, así como títulos de los solares a favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios. La ejecución del Procede fue responsabilidad de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), de la PA, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Registro Agrario Nacional (RAN). El Fanar lo operan sólo la PA y el RAN. El RAN realiza lo que era responsabilidad del Inegi (que hacía el posicionamiento satelital) pero con la gran limitante de la escasez de recursos. Según el procurador agrario, lo costoso de la certificación radica en que son muchos los pasos que deben darse para hacer la medición clara de los predios. “Hay que llevar peritos, ingenieros, hacer el posicionamiento satelital, pagar viáticos, gasolina, pues hay que ir al ejido no una sino diez veces o más; también está la generación de documentos, la realización de asambleas de información y de aprobación; hay que llevar el borrador, corroborar que no haya errores”. El procurador precisó que hay casos de campesinos que carecen aún de su certificado, porque, aunque sus predios están me-
casos de ejidos y comunidades en el país que evidencian esto. Además este programa dejó una serie de secuelas que han provocado y agudizado conflictos agrarios, sociales, culturales, y ambientales. Algunos problemas e irregularidades en la aplicación del Procede se pueden caracterizar de la siguiente manera: AGRARIOS: Linderos encimados entre parcelas y núcleos, certificados y títulos de solar pendientes de entregar, documentos con errores evidentes, miles de hectáreas sin asignar, parcelas mal asignadas, acaparamientos internos legalizados, violaciones a los reglamentos internos de los ejidos y comunidades, no reconocimiento de parcelamientos económicos, padrones de ejidatarios alterados, superficies no medidas. SOCIALES: Asignación de parcelas a personas sin derecho, conflictos entre colindantes, conflictos entre sucesores, no asignación de derechos a posesionarios y avecindados, división de las asambleas, debilitamiento de la vida interna de los ejidos y comunidades, desincorporación de la zona urbana del ejido, acaparamiento y especulación de empresas inmobiliarias. CULTURALES: Desaparición de formas de trabajo y de propiedad colectiva de la tierra, cambio de dinámica y de formas de toma
ORDENAMIENTO DE LA TIERRA EJIDAL Y COMUNAL Superficie del territorio nacional 196,718,300 has. Superficie de los núcleos agrarios (ejidos y comunidades) 101,832,626 has. Núcleos agrarios en el país 31,795 Núcleos agrarios cerƟficados por Procede y Fanar 28,976 Porcentaje de núcleos cerƟficados 91.13% Superficie regularizada por Procede y Fanar 93,588,865 has. Porcentaje de hectáreas ejidales y comunales regularizadas 91.90% Familias involucradas en la cerƟficación 4,445,213 didos y regularizados, hay algún asunto que detiene la entrega del certificado, como puede ser que la persona carezca de su acta de nacimiento, o que hay algún error en algún dato del documento. Pero el hecho es que la tierra ya está regularizada. Dijo que cuando el Procede comenzó a certificar hubo expresiones de temor de que la tierra iba a privatizarse, y no ha sido así. Según estadísticas del RAN, sólo unos dos millones de hectáreas han pasado de propiedad social a privada, y esto es básicamente porque las áreas donde se encontraban los poblados de los ejidos fueron escriturados y se les sacó de la operativa ejidal; pasaron a ser propiedad privada (LER).
de decisiones y tiempos en las asambleas comunitarias, exclusión de la toma de decisiones de avecindados y posesionarios. A MBIENTALES: Reparto de las tierras de uso común, medición de territorios de selva, bosques y montaña, adjudicación a particulares de nacimientos de agua, explotación desmedida de zonas arboladas.
Una gran parte de los ejidos sin regularizar se localizan en los estados de Chiapas y Oaxaca, debido entre otras razones a la resistencia de comunidades y organizaciones indígenas frente al Procede Al final del Procede no existió o no se dio a conocer una evaluación gubernamental de los impactos positivos y negativos del programa, así como los pendientes y las consecuencias que dejó en el campo mexicano. Sin embargo, al año siguiente en el 2007, se inició el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar), con el fin de continuar los trabajos de certificación y titulación en los núcleos agrarios que no fueron incorporados el Procede. Integrante de la Coordinación Estatal del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) en Veracruz
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LOS CONFLICTOS DE LA TIERRA, MENOS VIOLENTOS HOY QUE ANTES: SRA Lourdes Edith Rudiño
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esde la óptica de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), los “conflictos gravísimos” por la tierra, los cuales generaban muchas muertes, son cosa del pasado, y si bien hoy se observan conflictos difíciles y graves, ya se ha reducido sustancialmente la violencia pues los campesinos prefieren conciliar amigablemente, llegar a acuerdos comunes. De acuerdo con el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA, Jaime Tomás Ríos Bernal, “el año 1992 marca una pauta en que hay muchas muertes en el campo; después estas muertes van disminuyendo por la conciliación que propician programas federales (....) y la meta de este gobierno es concluir el sexenio con una reducción sustancial de los conflictos; tal vez dejarlos en unos 200, que sean manejables” y al mismo tiempo que el Registro Agrario Nacional (RAN) cuente con un mapa de toda la República identificados los dueños de la tierra con nombre y apellido.
“Hay muchos que dicen ‘quiero tierra’, pero ya el reparto se terminó (en 1992 con la modificación al 27 constitucional)” En entrevista señaló que los conflictos agrarios identificados al inicio de 2010 suman 546, y los estados donde se concentra el mayor número son Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Algunos casos corresponden a problemas añejos centrados en comunidades, como los que hay en los pueblos huichol, yaqui y purépecha, así como en la Selva Lacandona (este último donde la SRA ha logrado avanzar en conciliación en 90 por ciento) o los Chimalapas, en los límites de Oaxaca y Chiapas, donde el conflicto suma ya 80 años y entre el sexenio anterior y el actual ha habido tres intentos de conciliación, “dos que se nos cayeron, y el actual, donde llevamos un avance de 50 por ciento”. Para hablar del grado de dificultad de estos casos, ejemplificó con el conflicto de la Meseta Purépecha, el cual involucra a 49 de las 64 comunidades indígenas presentes en los 17 municipios de la meseta; sus controversias por la tenencia de la tierra –por límites, resoluciones y sentencias no ejecutadas, sobreposición de planos, posesiones irregulares y procedimientos agrarios inconclusos— tienen una antigüedad promedio de 60 años y en ese periodo se han registrado 122 enfrentamientos con saldo de 300 muertos y mil heridos, y hay más de 22 mil 500 hectáreas y 25 mil 267 sujetos involucrados.
El funcionario explicó que el gobierno de Felipe Calderón puso en marcha el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), para atender todos los problemas por la tierra. Con ello, dejó de manejarse los conceptos de focos rojos y focos amarillos que utilizó la SRA el sexenio anterior, que significaban conflictos de gran magnitud en el primer caso y de menor grado en el segundo. (Recordemos que los focos rojos contabilizados al inicio del sexenio de Fox eran 14 en 11 estados, con 288 conflictos implicados y los focos amarillos eran 364 en 25 estados). Aclaró que el Cosomer –el cual compensa con dinero a quienes en los conflictos quedan como perdedores de la tierra– deja fuera demandas como las de los campesinos que fueron desplazados en Chiapas en el marco de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). “A muchos de los desplazados no se les dio tierra; a otros sí. Hoy (los primeros) vienen y nos dicen que les demos tierra, pero nosotros no tenemos tierra y no podríamos abrir la puerta para decir fórmense para atenderlos. No tendríamos fondo. El gobierno del estado los ha contenido, y nos coordinamos con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para atender la situación. Son grupos chiquitos, de 30 o 20 familias, pero no sé cuanta tierra están demandando”. Asimismo, la SRA detecta que hay asuntos “artificialmente creados” que buscan obtener dinero del Cosomer, “pero esos no los atendemos. Tratamos de saber de dónde viene la conflictividad, y en general (además de los muy viejos mencionados arriba) los asuntos que atendemos tienen diez, 20 años”. Las invasiones de tierra recientes también quedan fuera del Cosomer; éstas se observan en casi todos los estado de la República, y “Chiapas tiene mucha conciencia y no permiten las invasiones, y si las hay, van y los sacan, pero hay otros lugares como Oaxaca, donde, por no tener broncas, las permiten. En Veracruz en algunos casos el gobierno entra con la policía y desaloja, pero tiene que ser muy fresquesito, muy rápido, para que no se establezcan”. El Cosomer ha ejercido un presupuesto de mil 990 millones 800 mil pesos entre 2007 y lo que va de 2010 (hasta el 17 de marzo) para resolver 532 conflictos “uno en promedio por cada dos días”, que involucraban a más de 48 mil personas y donde estaban en juego casi 226 mil hectáreas. El número de conflictos no es estable, “hay nuevos que van surgiendo”, así a veces la situación se vuelve “un cuento de nunca acabar”. Pero el funcionario confía en que al cierre del sexenio habrá un avance importante de conciliación. Este año 2010, con un presupuesto de 837 millones de pesos, el Cosomer lleva más de 30 casos resueltos y “tenemos dinero para cerrar el año resolviendo unos 170”.
FOTO: Lourdes Edith Rudiño
• Con pagos y conciliaciones, se ha logrado generar paz • Persisten problemas, sobre todo en el sureste y Michoacán
Jaime Tomás Ríos Bernal, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA
¿Qué hace el Cosomer? “Tenemos grupos especializados de personas que capacitamos en negociación y conciliación. Ellos conviven con la gente en los lugares, van platicando, les explican las bondades, con mucho cuidado, tiempo y paciencia, y ya cuando están cabildeados, entramos, nos permiten medir, hacer avalúos de la tierra, y ver si les falta o les sobra tierra (respecto de lo que muestran sus papeles de posesión)”. Quienes tienen en uso menos tierra de la que les corresponde, se les paga una “contraprestación”, una especie de indemnización, para que ya no reclamen la tierra que está en posesión del grupo con el que tienen conflicto, y al que tiene la tierra en uso se le da certeza jurídica de esa posesión, para que en adelante ya no haya reclamos. A quienes se les paga la “contraprestación” se les entrega cheques, preferentemente personalizados, a menos que la asamblea decida que sea una sola persona la que reciba el dinero, y se hace el trámite ante tribunales, con la lista de las personas beneficiarias, a fin de que no resurjan los conflictos. Y los campesinos saben que si incurren nuevamente en confrontación por la misma tierra ya el Cosomer no entrará. El monto de los pagos los define el área jurídica de la SRA. Ya medidos los predios a pagar, se hace una valuación considerando el tipo de tierra que es (de agostadero, riego, etcétera) “y la verdad negociamos hacia abajo, pues es una contraprestación. No tomamos en cuenta contenidos de la tierra (si tiene caña, o una casa) ni potencial”.
Ríos Bernal comentó que la Ley de Amparo ha permitido que muchos de los conflictos se prolonguen Ejemplificó con el caso de los Chimalapas. Allí los pueblos de Santa María y de San Miguel están confrontados desde hace 80 años. En la actual década ha habido dos intentos de conciliación que se cayeron por diversas causas (conflictos por religión, intereses por la tala de árboles, pues es zona boscosa, liderazgos en las comunidades que impiden la negociación). “Desde hace año y medio, hemos ido allá; un mes vamos a Chiapas y otro a Oaxaca. En el caso de Santa María ya nos permitieron entrar a medir, que es el primer paso para poder decir ‘tú tienes una resolución presidencial que señala que tienes tantas hectáreas, vamos a ver que esas hectáreas estén delimitadas y podamos medir’ (...)
Si en una de las dos partes la superficie se pasa de lo que dice la resolución, les decimos ‘se pasaron mil hectáreas’ por ejemplo, ‘ya están ocupadas, hay siembras, animales, comunidades, lo más fácil es que te la paguemos. Tú vas a recibir un dinero y podrás aplicarlo productivamente a la tierra que tienes’. Ya cuando conciliamos, podemos titular y dar la certeza jurídica que buscamos”. Ríos Bernal comentó también que la Ley de Amparo ha permitido que muchos de los conflictos se prolonguen. “Hay grupos de campesinos que se promueven un amparo y lo ganan, pero luego la otra parte también se ampara, van a los tribunales, cambian sentencias y reviven los problemas. Y no creamos certeza jurídica en la tierra. Viene amparo tras amparo, tras amparo y nunca terminamos. Modificar esta Ley de Amparo nos ayudaría muchísimo y terminaríamos más rápido con los conflictos. A las organizaciones, a muchos grupos no les interesa que se termine el amparo porque es un instrumento de defensa que pueden activar en cualquier momento, pero para nosotros lo mejor sería que los conflictos concluyan pronto”. –Pero, ¿será que hay todavía mucha gente sin tierra que tiene expectativa de obtenerla?’ –Sí, pero también hay muchos intereses. Normalmente la gente más callada es la gente que está satisfecha y está siendo productiva y hay intereses por fuera que quieren tener la tierra para venderla y hacer un negocio de ella (...) Hay muchos que dicen ‘quiero tierra’, pero ya el reparto se terminó (en 1992 con la modificación al 27 constitucional). Es muy difícil que actualmente el gobierno sea tan paternal para decir ahora le vamos a dar un pedacito de tierra para todos los que faltan. Lo que estamos buscando ahora en la Reforma Agraria es pasar a la siguiente etapa de hacer productiva esa tierra porque hay mucha que está improductivas. Lo que hay que hacer ahora es meter inversión. Y que muchas de las personas que viven en los núcleos agrarios, que no tienen sus parcelas, que ellos tengan proyectos productivos dentro de la misma comunidad o del mismo núcleo ejidal, para que puedan vivir de una mejor manera. “Hay que meter inversión privada y pública. Y ya los ejidatarios han abierto su mente. Aceptan que vengan inversionistas privadas, pues así reciben beneficios, trabajo, carreteras, luz, agua, que las empresas llevan. Hay campesinos que dicen ‘ese cerro es mío’, pero de qué sirve si no es productivo, y teniendo potencial para ser una mina, es susceptible de inversión privada.”
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FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE CAMPESINOS Y CAPITAL PRIVADO, LABOR DE LA PROCURADURÍA AGRARIA
Tenemos este objetivo de jalar inversión al campo (...) Hay ejidos más grandes que muchos estados del país. Uno queda impresionado por la real situación de estas propiedades, que son terrenos inmensos y que requieren también proyectos de esa magnitud. Hablar de aprovechar 20 mil hectáreas en un proyecto agrícola es viable, porque se tiene el terreno. (Pero) tenemos la idea de que cuando hablamos del campo es sólo maíz y frijol y no es así; hay potenciales urbano, industrial, ecológico, minero y es donde deben aterrizar los proyectos que estemos presentando”.
• Suman más de 900 proyectos en 227 mil hectáreas desde 2008 Lourdes Edith Rudiño
El titular de la PA, Rocendo González Patiño, precisó en entrevista que del universo de 28 mil 976 núcleos agrarios certificados, con 93 millones 588 mil 865 hectáreas, la Procuraduría ha recibido solicitudes de 2 mil 820 núcleos, poseedores de 14 millones 39 mil 435 hectáreas, para ser objeto, en parte de sus superficies, de desarrollos empresariales en los diversos sectores, y hay un directorio de 723 inversionistas interesados en asociarse con los campesinos. Y desde 2008 la PA ha facilitado asociaciones de este tipo en el marco de su esquema Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP). En 2008 y 2009 contabilizó 896 proyectos de inversión formalizados, con una inversión total aproximada de casi 40 mil millones de pesos sobre 227 mil 32 hectáreas, y que involucra a 57 mil 332 ejidatarios o comuneros. El beneficio comprometido para los campesinos (pagos por renta o venta de tierra, regalías, utilidades, etcétera) en los proyectos, que son multianuales, es de 3 mil 634 millones de pesos. Y el programa sigue avanzando este 2010; hasta febrero se tenían 47 proyectos for-
FOTO: LLourdes FOTO d Ed Edithh R Rudiño d
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a Procuraduría Agraria (PA), nacida en 1992 y concebida como ombudsman o defensora de los derechos de los ejidatarios y comuneros, está enfocando hoy gran parte de su atención y su labor a asociar a los campesinos con inversionistas privados o con gobiernos para que desarrollen proyectos empresariales tanto en el sector agropecuario como en el turístico, el industrial, en energía alternativa, minería, en desarrollos inmobiliarios, en servicios y equipamiento urbano y más.
Rocendo González Patiño, titular de la Procuraduría Agraria
malizados con una inversión comprometida de mil 127 millones de pesos.
“La ley permite la asociación, celebrar contratos, convenios. Como PA, estamos trabajando para dar seguridad a ambas partes; buscamos que los contratos sean trasparentes, legales, que beneficien a ambas partes, que sean justos, que haya seguridad jurídica, que se cuiden todas las formalidades, como la convocatoria de las asambleas, para evitar que haya conflictos a futuro (...) Buscamos que el campesino no venda su tierra, que sea parte del proyecto y tenga participación de las utilidades (...) Hay empresarios que dicen ‘yo quiero hacer bien las cosas, no quiero robar; quiero ganar pero que también el otro gane’.
La PA Ɵene un mapa donde idenƟfica los núcleos agrarios que hasta hoy ha detectado con potencial agropecuario, ecológico, turísƟco, de desarrollos urbanos, mineros, de infraestructura, industriales, etcétera, y Ɵene el registro de los convenios donde ha parƟcipado como facilitadora. Entre esos proyectos aparece uno turísƟco en la comunidad de San José de Gracia, en
Ejemplificó con un proyecto en firme de una central eólica de energía eléctrica, que implicó un contrato de usufructo parcelario entre el ejido La Venta, de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y la empresa española Eurus SAPI de CV. El proyecto, donde también participa Cemex, implica 2 mil 450 hectáreas, esto es 40 por ciento del total de superficie parcelada del ejido. La inversión es superior a los 500 millones de dólares; su duración es de 30 años con posibilidad de prórroga y los beneficios comprometidos
ILUSTRACIÓN: Diego Rivera
Para facilitar los convenios de asociación entre campesinos e inversionistas privados o públicos, la Procuraduría Agraria (PA) realiza acciones de cerƟficación, expropiación, aportación de Ɵerras, adopción de dominio pleno (paso de propiedad social a privada) y la celebración misma de contratos y convenios.
Por ello surgió el FIPP. “Empezamos a unir a campesinos y a inversionistas. Se presenta (a los campesinos) el proyecto que se pretende, cuánto se va a ganar; decimos cuál es el convenio o el esquema más adecuado. Buscamos trajes a la medida. En los contratos absolutamente todo se anota, nada queda a la interpretación, hacemos los registros que marcan las leyes de Inversión, de Minas, los trámites ante el Registro Agrario Nacional (RAN) ante el Registro Federal de la Propiedad, ante Relaciones Exteriores y cerramos la pinza, y nos mantenemos al pendiente de que vayan caminando los contratos suscritos”.
El funcionario dijo que así se está iniciando la tercera etapa agraria, de capitalización, luego de la primera, de reparto, que duró 77 años (de 1915 a 1991), y la segunda iniciada en 1993, de ordenamiento de la tenencia de la tierra social, con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) y con el actual Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar).
PROYECTOS CON GOBIERNOS Y CON PRIVADOS
el municipio del mismo nombre, en Aguascalientes. Es un contrato de usufructo suscrito entre el ejido y el gobierno del estado. Están involucradas en el convenio 30 hectáreas de uso común (de un total de 8 mil 711 hectáreas cerƟficadas). La inversión es de 50 millones de pesos; 50 por ciento de los frutos industriales y beneficios que se obtengan se entregarán a los campesinos. Se generarán 20 empleos directos y 40 indirectos, y concesiones para manejo de palapas y comercios, y al vencimiento del contrato, que es de 30 años, la infraestructura pasará a ser propiedad del núcleo agrario.
Rocendo González comentó que en 2007 la PA intervino en la defensa o conciliación de campesinos en 47 mil juicios. Algunos relativos a tierras sin testamento, otros a conflictos entre vecinos, otros más en búsqueda de reconocimientos parcelarios, pero también en estos juicios estaban involucrados muchos donde los ejidos demandaban nulidad de contratos de arrendamiento o usufructo de la tierra de proyectos empresariales fallidos, “y nos dimos cuenta que había muchos errores a la hora de convenir tanto del campesino como del empresario; a veces los contratos no se validaban por la asamblea. Vimos esta laguna institucional para jalar inversión”.
Otro proyecto es uno de asociación en parƟcipación entre el ejido La Gloria, de Perote, Veracruz y la empresa Construcciones NAVI SA de CV. El convenio, que pretende la extracción, industrialización y comercialización de mármol, durará casi 20 años e involucra el total de mil 566 hectáreas de las Ɵerras de uso común del ejido (el resto, parcelado, de 2 mil 870 hectáreas queda al margen del plan). La inversión es de 650 millones de pesos, y la empresa se compromete a pagar a los campesinos 711.53 millones de pesos como resultado del pago mensual de tres mil 288 pesos a parƟr de la primera extracción del mineral más un bono anual de 20 mil dos pesos a cada uno de los 665 miembros del ejido durante los 18.5 años de operación del proyecto. Asimismo, la empresa dejará en manos de los ejidatarios 10 por ciento del total de la mina y les concederá créditos con tasa de cuatro por ciento anual para el desarrollo de proyectos producƟvos.
para los campesinos son por 472 millones de pesos. La energía se vende a la Comisión Federal de Electricidad. “Allí (en La Venta) por más que pongan semilla, el aire se la va a llevar. Les dijimos ‘tu tierra no es agrícola’. Hay ejidatarios allí que tienen 30 hectáreas y van a recibir más de medio millón de pesos anuales por la renta de su tierra a Eurus, otros van a recibir 20 mil, todo depende de su ubicación (dentro del proyecto). Además la empresa se compromete a darles trabajo calificado o no calificado. Se requieren materiales y les piden que participen en el acarreo”. Señaló que algunos de los proyectos implican la privatización de la tierra, pues corresponden a fraccionamientos inmobiliarios o turísticos en zonas urbanas, pero el ejidatario se vuelve empresario y se abre a la coinversión con privados y la tierra no se valúa en términos de hectáreas sino de metros cuadrados, con lo cual su precio es mucho mayor al que obtuvieron campesinos de la misma zona en ventas que hicieron en el pasado dentro del proceso del crecimiento de la mancha urbana. “En Huixquilucan, estado de México, hay un desarrollo inmobiliario de un ejido que se llama Chichicaspa. En Sinaloa hay otro ejido, la Isla de la Tierra, que también está aportando tierra a una sociedad inmobiliaria. En Guerrero hay un ejido que aporta tierra para un proyecto ecoturístico. Ellos son los dueños y abren su sociedad a inversionistas”.
La Procuraduría Agraria está enfocando hoy gran parte de su atención y su labor a asociar a los campesinos con inversionistas privados o con gobiernos Esto deberá escribir un capítulo nuevo en el uso de tierra ejidal para crecimiento urbano pues, según el procurador, “tan sólo en el Distrito Federal la gran mayoría de los desarrollos inmobiliarios se realizaron de forma irregular (sobre tierra ejidal). En Oaxaca tenemos más de seis mil desarrollos urbanos en tierras ejidales. En Morelos hay problemas por desarrollos urbanos en tierras comunales, y la junta directiva de la comunidad pasa cada año y les pide ‘cáiganse con su renta’. Hubo ventas de manera directa, simple, sin pasar por los procesos que marca la ley, y mientras esa tierra no se ordene (vía expropiación que debería realizar la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett) va a seguir habiendo problemas”. Y lo mismo ocurre con desarrollos turísticos que adquirieron tierra social de forma irregular. En cuanto a otros convenios firmados previo a que comenzara a intermediar la PA, el funcionario comentó que “hay miles que se han suscrito de manera directa entre ejidos y empresarios y muchos salen mal. (En el caso de los de energía eólica), en donde nosotros participamos no hay problema. Hay otros que se hicieron antes y no intervino la PA; los empresarios negociaron directamente, y la ley los faculta. Si a nosotros el ejido nos pide que hagamos una demanda (contra el empresario) tenemos la obligación de hacerlo”. Hoy la participación activa de la PA en estas asociaciones es “porque queremos dar seguridad en la tenencia de la tierra, que el empresario sepa que no hay ningún problema con el ejidatario, con el comunero, que jamás lo va a demandar por la cuestión del suelo. Nosotros estamos garantizando”.
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17 de abril de 2010 es sabido que varios de sus principales accionistas tienen vínculos muy estrechos con el Partido Popular de España, aliado al gobernante PAN, al que pertenecen Mouriño y Calderón.
Proyecto eoloeléctrico del Istmo y la destrucción del ejido Alejo Girón y Carlos Beas Torres
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l principio. Desde hace más de 30 años algunos investigadores ya habían advertido el gran potencial eólico del Istmo mexicano. Los vientos del norte en otoño-invierno y los del sur en primavera, con rachas sostenidas de más de 80 kilómetros por hora y durante un promedio de 240 días al año hacían de la región del Istmo de Tehuantepec un escenario propicio para la generación de energía eléctrica con el uso del viento. A principios de los 90s del siglo pasado, de pronto aparecieron personajes extraños en los pueblos de La Venta y La Ventosa, próximos a la ciudad zapoteca de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Eran agentes inmobiliarios que apartaban tierras de los campesinos e indígenas para un misterioso proyecto. Para la gente del lugar resultaba sumamente extraño que “gentes venidas de México den 50 o 100 pesos al año para rentar las tierras y no hacer nada en ellas”. A la par, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó estudios técnicos y negoció una franja del terreno en el ejido La Venta, ubicado a un costado de la carretera que comunica al centro del país con el estado sureño de Chiapas. En 1994 se construyeron los siete primeros aerogeneradores; estos ventiladores, como los llamaron los campesinos del lugar, se convirtieron en el Proyecto Piloto La Venta I. En 1999 los ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. Como resultado de esta protesta, en el 2001 el gobierno ordenó la aprehensión de 12 campesinos y encarceló al representante ejidal Arturo Hernández. En marzo de 2001, en El Salvador, el entonces presidente Vicente Fox anunció el lanzamiento del Plan Puebla-Panamá (PPP), un gigantesco megaproyecto orientado a construir y modernizar infraestructura energética y de comunicaciones en el área mesoamericana. El gobierno mexicano fue el instrumento para impulsar entre los gobiernos de Centroamérica un plan que en el fondo buscaba proveer de energía y materias primas baratas a la economía de Estados Unidos y que respondía además plenamente a la lógica de seguridad nacional de ese país.
Puertos, represas, aeropuertos, carreteras, nuevas refinerías, tendidos eléctricos y parques eólicos formaban parte del portafolio de proyectos del PPP a realizar en la región mesoamericana. Es por ello que a partir del año 2002 se intensifica en la región la presencia de los arrendadores y su campo de acción se extiende ahora por toda la parte oriental y central del Istmo de Tehuantepec. La destrucción de un ejido. En el 2002 la empresa Windrock International, realiza en la zona de La Venta nuevos estudios técnicos y, ante la resistencia de los campesinos para arrendar sus terrenos, el gobierno estatal criminaliza al representante ejidal Rafael Solórzano Ordaz, quien es acusado de falsos delitos, calumniado, encarcelado y destituido. El gobierno estatal entonces impone nuevos representantes ejidales, quienes con engaños y amenazas tratan de arrendar un polígono de dos mil 80 hectáreas para la edificación de un nuevo parque eólico. El evidente interés gubernamental existente detrás de este proyecto, explica el acelerado ritmo de ejecución y la presión ejercida contra los campesinos. Es grande el impulso que dan a este proyecto Felipe Calderón, quien era entonces secretario de Energía, y el entonces diputado Juan Camilo Mouriño, quien fungía como presidente de la Comisión de Energía de la legislatura federal. Ambos tenían fuertes nexos con las compañías eléctricas españolas y más Mouriño, quien era socio de la empresa GES, sumamente involucrada en estos proyectos. Además de la represión directa, el gobierno impuso en el ejido La Venta el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), un programa de supuesta regularización agraria, que ha sido el medio para la privatización de las tierras ejidales y la destrucción de la asamblea de ejidatarios como eje organizador del núcleo agrario. A pesar de ello, y gracias a la resistencia campesina, el proyecto se reduce primero a mil 310 hectáreas y al final de cuentas a un polígono de 850 hectáreas, menos de la mitad de las dos mil 80 originalmente proyectadas. La construcción del Parque La Venta II consistente en 98 aerogeneradores, con una capacidad para generar 93.3 megavatios, inició a fines del 2005 con una inversión cercana a los 110 millones de dólares. La obra fue asignada a las corporaciones españolas Gamesa Eólica e Iberdrola. De esta última
FOTO: Archivo UCIZONI
LA CONTRAREFORMA AGRARIA
En la ejecución de este proyecto se incurrió en numerosas irregularidades, ya que los campesinos no fueron informados de los alcances y restricciones de los contratos de arrendamiento, los cuales tienen una vigencia de 30 años, y ni siquiera recibieron copia. El mismo proyecto fue una verdadera imposición a pesar de que algunos empleados del Banco Mundial hicieron un simulacro de consulta. En La Venta ocurrió un verdadero despojo de tierras maquillado de legalidad. Otra de las irregularidades más evidentes es un truculento estudio de impacto ambiental, aprobado por el gobierno mexicano que oculta que la zona de edificación del parque es una de las rutas de aves migratorias más importantes del mundo, ya que los especialistas estiman que en las noches de otoño y a principios del invierno, cruzan esa región más de 800 mil aves al día. La construcción de este parque trajo graves impactos en la vida del ejido La Venta, pues se generó un profundo divisionismo y conflictos internos, mismos que provocaron el desgarramiento del tejido social. El despojo alcanzó incluso tierras de uso común, mismas que fueron cedidas de manera fraudulenta; por las tierras arrendadas se pagaron bajos precios y las obras realizadas perjudicaron los terrenos de cultivo ubicados dentro del polígono. En marzo de 2007, pocos días antes de que el ya presidente Felipe Calderón inaugurara el Parque La Venta II, los gobiernos federal y el de Oaxaca dieron un nuevo golpe represivo contra los campesinos de La Venta, quienes en septiembre de 2006 habían recuperado tierras de uso común que les habían sido arrebatadas de manera ilegal por la CFE. Sin aviso previo, a principios de marzo de 2007 fueron brutalmente desalojados por 350 policías federales; 73 de los campesinos fueron demandados penalmente, acusados de los delitos federales de obstrucción de obra pública y daños por un monto de 19 millones de pesos. Los dueños de la tierra además de ser despojados fueron convertidos en criminales. Despojados, enfrentados y perseguidos terminaron siendo los campesinos de La Venta por un proyecto de “energía limpia” ejecutado de “manera sucia”. Un nuevo despojo. Apenas había sido inaugurado el Parque La Venta II, por cierto en medio de un gigantesco operativo policiaco-militar, cuando ya operadores de la empresa Maderas y Granos de la Laguna, propiedad de políticos panistas ligados a Vicente Fox, recorrían de nuevo los terrenos de la zona de riego del ejido La Venta con el fin de negociar tierras para un nuevo y gigantesco proyecto. En La Venta, en terrenos de gran valor económico, por existir ahí una zona de riego, la empresa Acciona inició en 2008 –con una inversión superior a los 550 millones de dólares y en unas dos mil 250 hectáreas– la construcción del que, dicen, será el parque eolo-eléctrico más grande de América Latina: El Parque Eurus; en la construcción de este Parque han tenido lugar numerosos problemas, derivados del despojo de tierras, daños a las parcelas y abusos cometidos contra los trabajadores. De nueva cuenta, los operadores inmobiliarios hicieron ofrecimientos
extraordinarios y sin dejar copia de los contratos a los campesinos. Con engaños, presiones y amenazas contrataron las tierras por seis mil pesos al año (unos 480 dólares). En algunos casos se apoderaron de predios sin haberlos contratado y destruyeron palmares y arbolado nativo, ante la mirada pasiva de las autoridades ambientales mexicanas. La construcción del parque Eurus ha enfrentado numerosos retrasos, una veces ocasionados por protestas de los trabajadores, que se quejan de las pésimas condiciones y la ausencia de las prestaciones que marca la ley laboral mexicana, y otras veces por la resistencia de los campesinos.
Más de 15 mil hectáreas ejidales y comunales han sido privatizadas bajo esquemas de arrendamiento, dando vida a un verdadero despojo y a una gigantesca contrarreforma agraria en el Istmo de Tehuantepec Pero el caso del ejido La Venta no es aislado; en los vecinos ejidos La Ventosa, Unión Hidalgo e Ingenio Santo Domingo, las empresas se han apoderado ya de más de dos mil 500 hectáreas. Para principios de 2009 los analistas consideran que más de 15 mil hectáreas ejidales y comunales han sido privatizadas bajo esquemas de arrendamiento, dando vida a un verdadero despojo y a una gigantesca contrarreforma agraria en el Istmo de Tehuantepec. Hasta ahora el megaproyecto eólico del Istmo mexicano sólo ha beneficiado a las trasnacionales europeas y a políticos y funcionarios mexicanos de diferentes niveles; mientras que para los campesinos este proyecto ha significado pérdida de empleos rurales, disminución de la capacidad de producir alimentos, despojo de tierras, daños ambientales, conflictos internos y violación generalizada a sus derechos. El final. En el Istmo de Tehuantepec se ha venido imponiendo a pasos acelerados un megaproyecto de “energía limpia y renovable” que ha significado un pingüe negocio para empresas eléctricas españolas y funcionarios gubernamentales mexicanos y que a la vez ha representado graves impactos socio-ambientales para las comunidades indígenas de la región. Sin embargo lo que se vive en el Istmo mexicano no es un hecho aislado; en toda la región mesoamericana han avanzado los procesos de privatización de los servicios públicos y en particular del sector eléctrico, lo cual ha significado un mal servicio y altas tarifas, pero también ha significado la imposición de parques eólicos, represas y tendidos eléctricos. Esta expansión acelerada, esta nueva invasión se ha dado en el marco del PPP, ahora llamado Proyecto Mesoamericano de Integración y Desarrollo. La lucha de los pueblos mesoamericanos no es sólo es ahora en contra de los despojos de territorio y graves daños ambientales que dejan los megaproyectos; también es en contra de la privatización de los servicios públicos y la criminalización gubernamental de los movimientos ciudadanos. Mesoamérica sufre una “nueva invasión” al cumplirse 200 años de su Independencia. Grupo Solidario La Venta, UCIZONI, MAIZ-Oaxaca
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17 de abril de 2010
CIEN AÑOS DE LUCHA POR TIERRA Y LIBERTAD
FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC
…Y ZAPATA SIGUE CABALGANDO
Plutarco Emilio García Jiménez Tu lucha, señor, no era el combate, la fugaz marea, el odio de la turba pasajera; era la tuya, pelea esencial de un territorio; sin tierra no hay destino, ni sueño, ni bandera. Efrén Orozco
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ace cien años, en 1910, antes de que estallara la revolución maderista, el joven Emiliano Zapata encabezó a petición de sus coterráneos la primera toma de tierras en el campo El Guajar de Anenecuilco, las cuales habían sido despojadas a la comunidad por la hacienda de El Hospital. En el mismo año, Zapata y sus compañeros recuperaron tierras en los pueblos de Villa de Ayala y Moyotepec. Estas fueron las primeras acciones de una centenaria lucha agraria que aún no ha terminado en México. El pensamiento y la praxis agrarista del zapatismo quedaron plasmados en el Plan de Ayala, firmado y promulgado por el Ejército Libertador del Sur en Ayoxustla, el 28 de noviembre de 1911. Este histórico documento también marca la ruptura definitiva de Zapata con Francisco I. Madero, quien siendo ya presidente se negó a entregar la tierra a los campesinos violando el espíritu del Plan de San Luis. Si Madero no cumplió su compromiso con los hombres del campo, tampoco lo hicieron Carranza, Obregón y Calles. Fue el general Lázaro Cárdenas, quien entendió la importancia histórica de dar solución al problema de la tierra, por lo que, con una alianza con los campesinos en pie de lucha, impulsó una reforma agraria integral a partir de la cual el gobierno repartió a los campesinos más de 20 millones de hectáreas, cantidad varias veces mayor que las que repartieron todos los anteriores gobiernos posrevolucionarios. La contrarreforma, modernización y monopolización. En 1946, Miguel Alemán reformó la Constitución para implantar el amparo agrario a favor de los terratenientes y ampliar los límites de la pequeña propiedad. Esta acción de gobierno sentó la base jurídica para una nueva concentración de la tierra, que en los gobiernos subsecuentes daría lugar al surgimiento de nuevos latifundios y al crecimiento de los ya existentes. Durante 1940-1965, la agricultura mexicana contribuyó con excedentes y divisas al desarrollo industrial. Fueron tiempos en que el producto agropecuario creció a un promedio del cinco por ciento anual. Algunos investigadores llamaron a este período la etapa de la “modernización” de la agricultura, otros el “milagro mexicano”. Después de esos años siguió floreciendo la agricultura empresarial a costa de la agricultura campesina tradicional que iniciaría una crisis crónica.
A fines de la década de los 50s y principios de los 60s, se produjeron importantes movilizaciones campesinas por la tierra. Las más notables fueron las impulsadas por la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en Sonora, Sinaloa y Durango. En Morelos, Rubén Jaramillo apoyó las luchas de los comuneros despojados por los fraccionadores y tomó tierras de los llanos de Michapa y El Guarín, de donde los campesinos fueron desalojados en dos ocasiones y Jaramillo fue asesinado con su familia el 23 de mayo de 1962. Las luchas agrarias seguirán activas en varias regiones, donde sonarán los nombres de líderes como Jacinto López, Ramón Danzós Palomino y Álvaro Ríos.
El gobierno de José López Portillo, decidido a terminar con el Estado mediador de las contradicciones entre el campesinado y los terratenientes, anunció el fin del reparto agrario, pero esto alborotó aún más el panal, y las acciones cada vez más radicales de los campesinos sin tierra no se hicieron esperar. Tal como lo hizo su antecesor Echeverría, tuvo que matizar su discurso y sus pretensiones, y de ser –como sostiene Armando Bartra–, el primer presidente antiagrarista, optó por ser el último presidente agrarista. Sin embargo, López Portillo dio prioridad a la política productivista, lanzando la llamada Alianza para la Producción y la Ley de Fomento Agropecuario.
Mientras tanto, el nuevo modelo agropecuario hace florecer la ganadería extensiva, monopoliza la tierra y sustituye los cultivos de granos para consumo humano, como el maíz y el frijol, por la producción forrajera y productos de exportación. Un modelo basado en la especulación, en la dependencia de exterior, en la depredación de recursos naturales y el deterioro del medio ambiente, con la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria.
A finales de los 70s el campo continuaba incendiado: los combates por la tierra seguían extendiéndose por todo el país, con formas de lucha y de organización cada vez más avanzadas, construyendo uniones y coordinaciones regionales, incorporando a las mujeres y a los jóvenes. La lucha de clases en el campo cobraba la dimensión de una guerra rural, donde los campesinos llevaban la peor parte. Cada mes eran asesinados en promedio 20 campesinos y encarcelados cientos de ellos. Tan grave era la situación que Mateo Emiliano, hijo menor del general Zapata, siendo priísta, exigió a López Portillo la libertad de los presos políticos en el centenario del nacimiento del Caudillo del Sur.
Las últimas grandes batallas por la tierra. Al comenzar la década de los 70s el campo mexicano estaba en llamas. No era para menos, pues había tres millones de campesinos demandantes de tierras, agrupados en 60 mil comités particulares ejecutivos, los cuales enfrentaban fallos negativos de los tribunales, amparos a favor de los terratenientes, resoluciones sin ejecutar, expedientes agrarios rezagados por decenios, ejidatarios y comuneros sin carpeta básica y expuestos a los despojos; y los ejidatarios y comuneros que tenían asegurada su parcela, tenían que dividirla entre los hijos para subsistir en la precariedad. A toda esta situación había que agregar el despotismo y la corrupción de la burocracia agraria. Desde los inicios del gobierno de Luis Echeverría (1970-76), surgieron como hongos brotes de descontento campesino en la mayor parte del país. En el trienio de 197173, había tomas e invasiones de tierras en Puebla, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Nayarit. Los campesinos hacían campamentos, donde día y noche cuidaban las tierras ocupadas; realizaban caravanas hacia la capital del país, tomaban oficinas del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC). Tan sólo en 1973 se reportaron más de 600 tomas de tierras en todo el país. La efervescencia en el campo obligó a Echeverría a moderar su postura antiagraria, a cambiar su discurso, a declarar la “apertura democrática” y a anunciar mayores recursos para el campo. Al mismo tiempo, llamó a la unidad desde arriba a las organizaciones campesinas más importantes, para que por medio del Pacto de Ocampo legitimaran su política rural. Como una demostración de su “agrarismo”, expropió latifundios en Sinaloa y, ante la presión y las crecientes tomas de tierras en el sur de Sonora, un día antes de dejar la Presidencia, decretó la expropiación de enormes latifundios en los valles del Yaqui y Mayo, donde se creó la Coalición de Ejidos.
En este contexto, del 12 al 14 de octubre de 1979, se reunieron en Milpa Alta más de 40 organizaciones campesinas regionales y nacionales, las cuales, después de tres días de deliberaciones, acordaron constituir la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). Este proyecto frentista, que se declara de inicio independiente del gobierno y los partidos políticos, representa la ruptura con el agrarismo hecho gobierno y con el corporativismo de las organizaciones oficialistas o paraestatales. Integraron la CNPA cientos de comités particulares ejecutivos y grupos que inicialmente daban seguimiento a más de 650 expedientes de solicitudes de tierras, restituciones, o regularización de tierras ejidales y comunales con sus carpetas básicas. Así tocaba a su fin el modelo agropecuario que se mantuvo vigente por más de 40 años y surgía el frente más representativo de lucha por la tierra.
Pág. 46. La firma del Plan de Ayala
poner en práctica su estrategia neoliberal de privatización de la economía y liberalización comercial, gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, echado a andar en 1994. El llamado finiquito agrario y la entrega de certificados que acreditaban la propiedad individual de solares urbanos y parcelas ejidales abrieron la puerta a la privatización de la tierra de propiedad social. Para ello Salinas privilegió la interlocución con el Congreso Agrario Permanente (CAP) creado por él en 1989, a cambio de prebendas y corruptelas de varios de sus líderes. Esta práctica contrastó con las recuperaciones de tierras en Chiapas, que dirigió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con la lucha combativa que sostuvieron en 2003 organizaciones de El Campo no Aguanta Más. Actualmente, la lucha agraria se manifiesta aisladamente en territorios indígenas y comunidades donde miles de expedientes se cerraron tras la reforma al 27; ante la presión de algunas organizaciones rurales, el gobierno ha comprado tierras, más con un fin clientelar que como un reconocimiento del derecho de los campesinos a la tierra.
Ante la deslegitimación campesina, López Portillo intensificó la represión. Más de 800 campesinos miembros de la CNPA llenaban las prisiones en todo el país, quienes para ser liberados hicieron huelgas de hambre, al tiempo que los campesinos se movilizaban en varios estados. La CNPA no sólo enfrentó la represión policíaca y militar, también fueron asesinados muchos de sus militantes por pistoleros a sueldo, guardias blancas de los caciques y grupos paramilitares de Antorcha Campesina. Pese a lo anterior, la CNPA continuó su lucha, y a 30 años de su fundación no ha arriado la bandera agrarista.
Esta somera revisión histórica de la lucha agraria nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de un debate en torno a la política agraria de gobiernos de derecha; la viabilidad de la reforma agraria; las formas de tenencia de la tierra en el futuro; la propiedad social no sólo de la tierra, sino de todos los recursos naturales, culturales e históricos; sobre el papel futuro del campesinado como portador de formas de producción y de vida, como promotor de la multifuncionalidad de la tierra y defensor de la soberanía alimentaria, como parte de una clase social que ha contribuido al cambio, como portador de valores y de la utopía zapatista.
Clausura oficial de la reforma agraria, la resistencia sigue… Si López Portillo no pudo darle sustento legal a la clausura de la reforma agraria, debido a la resistencia del campesinado, esto lo conseguiría Carlos Salinas de Gortari con la reforma decretada al artículo 27 de la Constitución en 1992, ante un movimiento campesino debilitado y disperso. En estas condiciones el gobierno salinista pudo
Todavía son millones los campesinos e indígenas que siguen aferrados a sus legítimos territorios, que siguen defendiendo sus tierras, sus organizaciones, sus semillas, sus maíces y su cultura. Por ello, a cien años del inicio de su lucha, Zapata sigue cabalgando, y no hay duda de que mientras haya concentración de la tierra en el campo y las ciudades, habrá lucha agraria.
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Pag 54. El zapatismo habla en náhuatl
Tierra y libertad. Guión: Armando Bartra. Dibujo: Ángel Mora. De la serie México historia de un pueblo, SEP 1982
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DON FÉLIX SERDÁN: FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC
TODA UNA VIDA DE LUCHA
Juan Gómez Bravo
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l asesinato del líder zapatista Rubén Jaramillo el 23 de mayo de 1962 en Xochicalco Morelos, ejecutado por soldados, dio qué hablar en todo el país y a pesar del humo que manchó el ambiente del crimen, la responsabilidad histórica recayó en el presidente López Mateos, con quien se había entrevistado algunos días antes de la tragedia. Jaramillo promotor –fundador del ingenio azucarero de Zacatepec y primer presidente del consejo cooperativo–, desde niño se enlistó en las filas de la revolución de Zapata, a la orden del general Dolores Oliván, quien actuaba en el sur de Puebla, Huachinantla su tierra natal, Ayoxuxtla e Ixcamilpa, donde Zapata ejecutó el primer reparto agrario de tierras fértiles a la orilla del río, que pronto volvieron a manos de los terratenientes, luego de la muerte del Caudillo del Sur. Rubén, por su decisión revolucionaria alcanzó el grado de capitán a los 17 años, al mando de 75 hombres armados. Conoció a Zapata de manera directa, siguiendo en la guerrilla hasta el trágico suceso de Chinameca, momento en que dijo a sus hombres: “Frente a las condiciones actuales de fatal decadencia revolucionaria, nosotros de ninguna mane-
ra debemos ir a entregarnos en las manos de nuestros enemigos (…) guarden sus fusiles cada cual donde los puedan volver a tomar”. Y los volvieron a empuñar en 1943, cuando Jaramillo llamó a sus compañeros a remontarse a los cerros en calidad de rebeldes; fue entonces cuando Félix Serdán, luego de pedir opinión a sus padres, se integró a la guerrilla de Rubén, quien se movía entre Morelos y Puebla, entre Ayoxuxtla y Tlanquiltenango, donde vivían todavía sus compañeros de armas. Félix Serdán Nájera, de pequeña estatura, cara ligeramente redonda, con una sonrisa siempre en sus labios, de bigote poblado, sombrero de ala corta doblada hacia abajo y envidiable condición física, prefería prestar su cabalgadura a un compañero cansado, prefería caminar a pie. Dejó aulas, pizarra y silabario para empuñar un fusil y cargar una máquina de escribir, después de haber formado parte de los maestros pioneros de la escuela rural, cuando Rubén lo invitó a participar como su secretario y escolta. Los motivos, los mismos: luchar por la tierra que no se había repartido, mientras los hacendados estaban recuperando las tierras que habían sido suyas antes de la rebelión, con apoyo de los gobiernos que decían ser “gobiernos de la revolución”. También se luchaba por la justicia, en contra de los precios injustos que recibían los campesinos por sus cosechas y detener las actitudes caciquiles de personajes que en los pueblos imponían su autoridad y su ley –nos dice en entrevista Félix Serdán–. Se juntó también el motivo de “leva” que el gobierno había impuesto a los jóvenes con motivo de la segunda guerra mundial y que los padres de los muchachos no estaban de acuerdo en que sus hijos fueran a pelear por causas ajenas.
“La gente de los pueblos nos brindaba su apoyo, nos daban bastimentos, nos entregaban pastura para nuestros caballos, nos avisaban en caso de peligro y algo muy importante, nos entregaban a sus jóvenes hijos como una aportación a la causa, de tal manera que a veces Rubén les agradecía y tenía que rechazar algunas ofertas por cuestión de alimentos.
Félix Serdán, luego de pedir opinión a sus padres, se integró a la guerrilla de Rubén Jaramillo, quien se movía entre Morelos y Puebla, entre Ayoxuxtla y Tlanquiltenango “Un día, continúa don Félix, nos dijeron que había una partida de soldados en las cercanías; como era tiempo de secas, se miraba el polvo de los caballos tanto de ellos como los nuestros y no pudimos más que enfrentarnos en un terreno a su favor, recibimos orden de dispersarnos y algunos de los nuestros hicieron disparos para que los demás avanzaran a su refugio; de pronto sentí una herida en el pie y no pude dar paso alguno, inmediatamente me afianzaron el arma que ya no disponía de cartuchos y me exigieron la ubicación de mis compañeros, les di dirección contraria. “Me trasladaron inconsciente en camión militar, cuando volví en mí, un doctor me ubicó en la ciudad de México en el hospital militar; días después, cuando podía caminar en muletas, me llevaron ante un jefe de alto rango quien me hizo preguntas sobre los sublevados, le di nombres ficticios, mientras esperaba un posible fusilamiento. Me llevaron ante el presidente Ávila Camacho, me levantó un poco la voz para decir que cómo era posible que en momentos de guerra mundial, anduviéramos sublevados y me planteó dos opciones, el destierro a Quintana Roo bajo vigilancia, y la otra, entendí que sería responsabilidad de un tribunal designado. Considero que pesó la opinión del general Lázaro Cárdenas que era autoridad militar en ese momento. “Me fui unos años a las montañas peninsulares, como un colonizador más de esas selvas vírgenes con árboles de maderas preciosas y abundancias inimaginables, trabajé bajo vigilancia que más bien sentí como protección por parte de Javier Rojo Gómez, quien era como el gobernador del lugar. “En pocos años cambiaron las cosas y pude regresar a Morelos para sumarme al movimiento de Jaramillo, que jamás se cansaba de luchar por los trabajadores, campesinos y obreros y en busca de apoyo fue a entrevistarse con
López Mateos quien conocía su rebeldía, y en respuesta, el 23 de mayo de 1962, sitiaron su casa con ametralladoras y armas de alto poder, el teniente Martínez y un grupo de militares le pidieron el rendimiento y junto a sus hijos y esposa, los llevaron a Tetecala, sin embargo se desviaron a Xochicalco y ahí los masacraron. “En 1980-86 volvimos a la región de Ixcamilpa y Huachinantla, me invitaron a organizarlos y con ese motivo, iniciamos la formación de lo que llamamos Unión Regional de Ejidos y Comunidades del Sur del Estado de Puebla, Urecsep; muy pronto crecimos y pudimos luchar y construir brechas a pico y pala como la de Tepemexquitla que enlazamos a la ruta Huachinantla-Axochiapan; logramos otros apoyos y exigimos ante la Secretaría de la Reforma Agraria la ejecución del primer reparto de tierra de Zapata, en Ixcamilpa, sin haberlo logrado ante un gobierno bien identificado con los ricos. “Cuando se da el derrumbe de los países soviéticos –nos dice don Félix Serdán– nos pesó la nostalgia al creer que los movimientos sociales se paralizarían mientras que el imperio yanqui daba pasos agigantados metiendo las narices hasta el rincón más lejano de los países pobres, mediante el Tratado de Libre Comercio; sin embargo, con el levantamiento zapatista de Chiapas el 94 volvimos a nacer, Zapata volvió a cabalgar junto al pueblo y los nombres de Zapata, Villa, El Che, Jaramillo y Lucio Cabañas volvieron a escucharse en las calles y plazas públicas. Me sorprendió el hecho que los zapatistas encabezados por el Subcomandante Marcos, en una de sus convenciones, me hicieron el honor inmerecido de darme el nombramiento de Mayor Honorario. “Lo que tenemos muy claro es que los descendientes de los mismos que traicionaron a Zapata, Villa y Jaramillo son los que siguen traicionando al pueblo, entregando nuestras riquezas al extranjero, los ferrocarriles, los territorios con minerales, las costas y manglares, los bancos e industrias importantes y se les hace tarde la venta de lo que queda de nuestro petróleo, sin embargo, los vientos del mundo soplan hacia nuestra liberación y México no se quedará atrás”, termina diciendo el legendario veterano, que está por cumplir un siglo de vida y sin embargo, sigue en lucha y de pie. Éstos son los imprescindibles.
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17 de abril de 2010 primer gobierno civil de asentar un millón 400 mil familias en cinco años resultó en un asentamiento de apenas 83 mil 687.
Reforma Agraria en Brasil:
El debate sobre el tema marcó una nueva Constitución brasileña, aprobada en 1988. En ella se estableció que el inmueble rural debe cumplir una función social, pero también definió que las tierras productivas no podían ser expropiadas. En este cuadro jurídico ambiguo pueden entenderse algunos de los impasses de la política actual de asentamientos, principalmente las dificultades de obtener tierra para dar continuidad al asentamiento de nuevas familias.
un balance provicional
FOTO: Daniel Zanini H.
Leonilde Sérvolo de Medeiros y Sergio Pereira Leite
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n los pasados 30 años Brasil desarrolló una política de asentamientos rurales que permitió que cerca de un millón de familias tuviese acceso a un lote de tierra. Esos asentamientos se hicieron en momentos en que el exacerbamiento de la lucha por la tierra era más intenso y se distribuyeron de forma desigual en el país: se concentraron en la región norte, mientras que las ocupaciones de tierra ocurrían principalmente en el centro-sur y noreste del país. A pesar de los percances de la política de asentamientos a lo largo de las tres décadas, el hecho es que el tema de la reforma agraria nunca salió de la agenda política nacional.
Para ello concurrieron diversos procesos: la continuidad de la luchas de resistencia por la tierra en las áreas donde se expandían las grandes inversiones agrarias (productivas y especulativas) y las ocupaciones de inmuebles rurales ocurridas en la región centro-sur del país. En una situación en que los conflictos agrarios eran generalizados y constantes, en el proceso de redemocratización del país, la bandera de la reforma agraria fue incorporada por la Alianza Democrática, complejo arreglo de fuerzas políticas que tenía como único punto de consenso la crítica al régimen militar. En 1985, una propuesta del Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA), basado en el Estatuto de la Tierra –ley de reforma agraria aprobada después del inicio el régimen militar (1964)– encontró fuerte oposición, en especial de los intereses relacionados con la propiedad de la tierra. La promesa del
Gráfica 1. Número de Proyectos de Asentamientos Implantados – Brasil – 1995/2008 120.000
FOTO: Luciano García
A lo largo de los años 90s las ocupaciones y los campamentos organizados por los diferentes movimientos sociales rurales se intensificaron y se extendieron por todo el país. La presión social forzó que se aceleraran las expropiaciones y el asentamiento de un significativo (comparado con períodos anteriores) contingente de familias. Paralelamente se observaron intentos de impedir las ocupaciones, determinando que tierras ocupadas no podían ser expropiadas. También se intentó estimular, con apoyo del Banco Mundial, el acceso a la tierra por medio del mercado, con apoyo del programa de crédito agrario.
las críticas se centró en el hecho de que el concepto “asentamientos rurales” involucró el asentamiento de familias en tierras expropiadas y en tierras públicas (federales, estatales y municipales), además de contemplar procesos de reordenamiento y regularización agraria. Podemos suponer que, tal vez, el recurso del uso de tierras públicas no estuviera en las intenciones iniciales del gobierno. Pero, frente a las dificultades administrativas, y particularmente jurídicas, de ejecutar el proceso de expropiación, se recurrió a ese instrumento que acabó siendo una proporción por encima de lo deseable.
Hubo estímulo para la expansión de las grandes empresas en el campo, en especial las encargadas de la producción de granos y de caña con miras a la producción de agrocombustibles. Es así como Brasil sigue siendo uno de los países con más alto grado de concentración agraria, con un índice Gini del orden de 0.85
Debe mencionarse que el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) fortaleció el reconocimiento de una diversidad de situaciones agrarias, especialmente aquellas encontradas en la región norte del país, mostrando diferentes modalidades de proyectos de asentamiento (los llamados proyectos ambientales: agroextractivistas, de asentamiento forestal, de desarrollo sustentable), con lo que evitó restringirse a un único modelo de asentamiento de familias.
Durante los dos mandatos del gobierno de Lula (2003-2010), se elaboró un segundo PNRA y se mantuvieron las presiones y los asentamientos continuaron, aunque no en el ritmo esperado por los movimientos sociales que lo habían apoyado: 2005 marca el punto más alto del desempeño gubernamental, y partir de entonces los resultados son cada vez más modestos, especialmente aquellos del segundo mandato (2007-10). A pesar de que las metas en términos de familias asentadas propuestas por el segundo PNRA hayan sido limitadas (400 mil) en relación al cuadro general de demandantes potenciales, éstas no fueron completamente cumplidas. Una de
Estudios de caso en asentamientos así como investigaciones más amplias que cubren diferentes regiones muestran que, en general, hubo una mejoría en las condiciones de vida de las familias asentadas, en especial cuando se compara su pasado con su presente: garantía de alimentación, morada, acceso a crédito, posibilidades de pro-
Gráfica 2. Número de Familias Asentadas – Brasil – 1995/2008 1000
873
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Funte: INCRA. Datos elaborados por IPEA.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Funte: INCRA. Datos elaborados por IPEA.
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17 de abril de 2010 ducción, acceso a mercados locales, escolarización, participación política, etcétera, para un contingente de familias que antes estaban expuestas a limitaciones económicas importantes, procesos de desestructuración de lazos sociales y poco o ningún acceso a sus derechos. Para ello, contribuyó no sólo el acceso a la tierra, sino también un conjunto de políticas públicas (crédito y asistencia técnica), así como los esfuerzos de las organizaciones que estuvieron al frente de las ocupaciones (el Movimiento de los Sin Tierra, MST, en especial) de estimular formas diferenciadas de organización de la producción, presionar por mejores condiciones de educación, etcétera.
Profesores del Programa de Postgrado en Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y. Sociedad de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro
FOTO: Leandro FOTO L d Bierhals Bi h l
Sin embargo, la situación precaria aún es notable, en especial en lo que se refiere a infraestructura de carreteras, comunicación, etcétera. Además, a pesar del número de familias asentadas y de algunas alteraciones agrarias locales, no hubo cambio en el cuadro de la concentración de tierras en el plano nacional. Eso porque, paralelamente a los asentamientos, hubo estímulo para la expansión de las grandes empresas en el campo,
mecanismos institucionales para su encuadramiento. Al mismo tiempo, las demandas provocaron la necesidad de reconocer las necesidades de las diversas poblaciones del campo y de sus necesidades, haciendo que el propio modelo único de asentamientos se flexibilizara para atender la complejidad que brota del medio rural brasileño.
en especial las encargadas de la producción de granos y de caña con miras a la producción de agrocombustibles. Es así como Brasil sigue siendo uno de los países con más alto grado de concentración agraria, con un índice Gini del orden de 0.85.
En este panorama ambiguo, no se puede negar un conjunto de cambios provocados por esa nueva realidad, inclusive dentro del Estado, que pasó a reconocer los conflictos que surgen y a intentar redireccionar sus demandas, resignificándolas y generando
con preferencia y a los indígenas se les arrebató la tierra. Eso no puede ocurrir más. Es una casta que ahora está en serios problemas”.
Bolivia
LATIFUNDISMO BOLIVIANO, RETO PARA EVO MORALES
S
ólo 20 familias poseen la mayor parte de las tierras agrícolas de calidad en Bolivia. Algunas de ellas cuentan hasta con 200 mil hectáreas, y si bien Evo Morales, que arribó en 2006 a la Presidencia del país, ha dado los primeros pasos para una reforma agraria –al determinar un límite legal de hasta cinco mil hectáreas por posesión—, los latifundistas se mantienen intocados pues negociaron con el gobierno que esta regla no fuera retroactiva.
Tenemos la certidumbre de que el gobierno va a hacer cumplir la normativa de que la tierra cumple una función social, y las que no la cumplan tendrán que retornar al Estado para que éste las redistribuya Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización del Ministerio de Cultura de Bolivia, afirma que la situación es crítica, no equitativa y tendrá que modificarse, pues esas familias de origen europeo –“que no quieren para nada a Bolivia, pues no es su país”— han gozado en el pasado de concesiones a cambio de nada (la propia tierra y condonaciones de deuda de recursos públicos que les hacían con complicidad los gobiernos de derecha en el pasado) y mientras la mayor parte de los indígenas aymaras, quechuas y de otras 34 etnias presentes en Bolivia no tienen ni una hectárea. En entrevista –en el marco de una conferencia que dio en la Universidad Autónoma
de México, unidad Xochimilco–, el funcionario explica que la prohibición del latifundio ya existía en la anterior Constitución de Bolivia, pero no se definía qué significaba latifundio. El gobierno de Evo Morales sometió a votación popular el concepto y se determinó y legisló que de cinco mil hectáreas en adelante cualquier posesión sería latifundio e ilegal. “Esa medida sigue y seguirá siendo excesiva mientras haya indígenas que no tienen ni una hectárea, pero era la forma de negociar con la gente de derecha que generalmente es dueña de periódicos importantes, de medios de televisión influyentes que han hecho terrorismo mediático en contra del gobierno, con el mensaje de que se venía encima una dictadura, un socialismo (...) Para viabilizar la aprobación de la nueva Constitución no hubo más remedio que ponerse de acuerdo con la derecha y ésta puso como condición, por ejemplo, el tema de la no retroactividad de la ley”. Optimista, Félix Cárdenas dice sin embargo que en virtud de que el gobierno de Morales logró en las elecciones de diciembre un nuevo triunfo con una votación de 64 por ciento (contra la anterior de 54) y tiene hoy mayoría absoluta en las cámaras de senadores y de diputados, “es posible que ese techo de cinco mil se discuta pues es un insulto para la mayoría de los bolivianos, de los campesinos que han sido arrebatados de sus tierras o que las han perdido por los desastres naturales”. Y además “tenemos la certidumbre de que el gobierno va a hacer cumplir la normativa de que la tierra cumple una función social, y las que no la cumplan tendrán que retornar al Estado para que éste las redistribuya entre los campesinos que no tienen tierra”, cosa que sí afectaría a las 20 familias.
FOTO: Lourdes Edith Rudiño
• 20 familias, dueñas de las tierras de calidad Lourdes Edith Rudiño
A lo largo de los años 90s las ocupaciones y los campamentos organizados por los diferentes movimientos sociales rurales se intensificaron y se extendieron por todo el país. La presión social forzó que se aceleraran las expropiaciones y el asentamiento de un significativo contingente de familias
Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización del Ministerio de Cultura de Bolivia
Explica: antes (del gobierno actual) había disposiciones normativas sobre el tratamiento de la tierra (que regulaban su uso para fines agrícolas con propósitos sociales), pero no se acataban porque esas familias eran parte de las “castas” del poder y “ellos mismos eran los ministros”. Cuando el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) iba a los predios de esta gente a comprobar si realmente utilizaban la tierra para producir alimentos, observaba que las vacas que estaban en un rancho aparecían luego en otro al momento de ser verificado. “En Bolivia los perros hacen de pastores, y cuando se trasladaban las vacas, también iban los perros, eso no lo podían controlar. Entonces un mismo perro estaba en varios lugares”. Así, “los terratenientes argumentaban que tenían producción y ganadería, pedían préstamos al gobierno y los gobiernos, como eran de ellos, les prestaba, y luego se declaraban en quiebra y el gobierno les condonaba. Esa fue la forma perniciosa, permanente de enriquecerse a costa del Estado”. Esas 20 familias son descendientes de europeos que en el pasado llegaron a Bolivia desde Croacia, Alemania y otros países en el marco del interés de las autoridades de entonces de “blanquear a la gente, de limpiar lo indio” y también del interés de captar recursos económicos. “A ellos se les entregó tierras
El viceministro comenta que la revolución boliviana de 1952 implicó una reforma agraria pero que fue una farsa, un juego de manos. “Los empresarios de las minas, que también eran patrones en el altiplano, fueron expulsados de esa zona pero se trasladaron a las tierras bajas y se apropiaron de ellas, expulsando a los pueblos indígenas”. Y si bien es cierto que tierras que eran de los patrones fueron distribuidas entre campesinos, el Estado se olvidó de brindarles apoyo, los dejó “bajo su propio riesgo” y no pudieron hacer producir la tierra. “Por eso ahora el gobierno está diciendo que hay que hacer la revolución agraria de otra forma, y la gente que ha salido del país (campesino o no) tiene la posibilidad de volver, y se les entrega tierra y apoyo técnico y económico para fomentar y entrar en el tema de la soberanía alimentaria”. Explica que esta decisión todavía no define cuánta tierra entregará, “pero no serán posesiones individuales, sino colectivas. Tendrán que conformarse grupos de gente que acepten vivir en algún lugar, hacer comunidad y luego tendrán las posibilidades del apoyo del Estado”. Félix Cárdenas –quien sostiene que Bolivia está en un proceso de muerte y parto en las formas de ver, de ser y de hacer, pues se está descolonizando, es decir abriendo una forma de desarrollo nueva, sin precedentes (que está apenas en definición) para la población, que en 70 por ciento es indígena— dice que hay peligros para el país, pues éste cuenta con grandes riquezas en litio y gas, “y debemos prever que al ser dueños de estos recursos no van a faltar los pretextos, como ocurrió con Iraq y otros países, que en nombre de la democracia, son invadidos. Por eso hay que pensar seriamente que el pueblo boliviano tiene que estar preparado ante cualquier agresión. Estamos en el ojo de la tormenta, y sólo nos da confianza la movilización permanente del pueblo boliviano, que es lo que ha logrado arrinconar a la derecha y es lo que va a continuar logrando este Estado plurinacional”.
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CHIHUAHUA
CONFLICTOS Y MOVIMIENTOS AGRARIOS Víctor M. Quintana S.
L
a lucha agraria acompaña la historia de Chihuahua. Los antecedentes inmediatos de la Revolución de 1910, de la que este estado norteño fue cuna, remiten a las movilizaciones de los pueblos de los distritos del oeste y noroeste de la entidad por recuperar sus tierras arrebatadas por caciques y latifundistas. Los contingentes orozquistas y villistas de la gesta revolucionaria estaban formados y motivados en buena parte por rancheros que buscaban defender o acceder a un pedazo de tierra. No para la derrota de los ejércitos campesinos y populares y la “reforma agraria desde arriba” la lucha del agrarismo chihuahuense. Los años 20s y 30s ven de nuevo a campesinos armados demandando tierra. Algunos la logran en forma de ejidos, otros en forma de colonias estatales o colonias nacionales. Es de destacarse la gesta de Socorro Rivera y compañeros, que luchan por el reparto del latifundio Babícora, propiedad del magnate estadounidense de la prensa Randolph Hearst, que los lleva a ser asesinados por las guardias blancas de éste en 1938. Sin embargo, la lucha da sus frutos, pues la Babícora comienza a repartirse en ejidos en los mismos años 30s y la Baja Babícora se reparte en siete colonias apenas en 1954. Al cumplirse los primeros 25 años de los certificados de inafectabilidad ganadera, a media-
dos de los años 6Os, hay un gran ciclo de movilizaciones agrarias en Chihuahua. Las dirige en su mayoría la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), de Jacinto López. En Chihuahua comandan el resurgimiento agrarista Arturo Gámiz, el doctor. Pablo Gómez y Álvaro Ríos. Los dos primeros pasan de la lucha agraria a la guerrilla rural. Álvaro seguirá combatiendo por la vía pacífica hasta el final de sus días como dirigente de la UNORCA. Las batallas pacíficas y hechos como el ataque al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965, o el del ataque al aserradero de Tomóchi en el verano de 1968, por el grupo guerrillero comandado por Óscar González Eguiarte, no son en vano. Logran que se repartan algunos latifundios que aún quedaban, como el de Bosques de Chihuahua, en 1971. De entonces en adelante, el grueso de las movilizaciones agrarias han sido más bien defensivas. Las han conducido la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) a principios de los años 80s y posteriormente el Frente Democrático Campesino y El Barzón. Aquí debe destacarse la lucha por la recuperación las tierras ejidales de Palanganas, en Casas Grandes, donde ambas organizaciones logran la restitución de 11 mil hectáreas a los ejidatarios en 1997. Actualmente la situación ha cambiado en la mayor parte del estado, salvo en la Sierra Tarahumara. La emigración de la inmensa mayoría de los municipios, sobre todo del llano, donde no habitan indígenas, ha disminuido la presión sobre la tierra. La conflictividad
Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable ¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan! ¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición! A las Diputadas y los Diputados Federales A los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados LXI Legislatura A la opinión pública Las organizaciones que integramos el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) nos sumamos a la iniciativa de diversas organizaciones de la sociedad civil y de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos para urgir a los diputados la aprobación inaplazable por el pleno de la Cámara de Diputados de la Minuta del Senado de la República mediante la cual se reforma el artículo 4º de nuestra Carta Magna para elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación. Dicha Minuta, enviada por el Senado a la Cámara de Diputados desde el año de 2005, adiciona el siguiente párrafo al artículo 4º y un segundo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución, para quedar como sigue: “Artículo 4º .El Estado tiene la obligación de garantizar eficientemente el acceso de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental. Artículo 27.XX. Las políticas para el desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrán como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.” La demanda de la sociedad civil por elevar a rango constitucional uno de los derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a no padecer hambre y malnutrición, ha sido una larga e incansable lucha que, desde 1992 a la fecha, han llevado a cabo una amplia y plural gama de organizaciones campesinas, proderechos humanos, sindicales, urbanas, magisteriales, religiosas, de académicos e investigadores, de profesionistas de la nutrición así como de innumerables intelectuales, científicos, artistas y ciudadanos y ciudadanas de a pie.
agraria, sin embargo, no ha disminuido. Se manifiesta de muy diversas formas: mancomunes con documentos denominados “hijuelas” que datan del siglo XIX y no se han regularizado; posesionarios de terrenos ejidales; posesionarios inmemoriales de terrenos nacionales y/o pequeñas propiedades, y sobreposiciones de ejidos. Las demasías de la pequeña propiedad ganadera se estiman en más de 300 mil hectáreas en el estado; por otra parte hay todavía faltantes de terrenos dotados en la resolución presidencial, y en las pasadas dos décadas se ha disparado la compra-venta de terrenos ganaderos con excedencias por parte de menonitas para convertirlos en zonas de riego (Datos proporcionados por Martín Solís, de El Barzón). Ahora bien, en estos años recientes, el grueso de la problemática por la tierra, así como los movimientos más significativos se concentran en la Sierra Tarahumara. Ahí las comunidades indígenas, rarámuris sobre todo, se las han tenido que ver con los negociantes que acosan sus territorios como hidra de mil cabezas. Una primera forma de despojo a los terrenos comunales es que, al terminar la Revolución, muchos de ellos fueron considerados como “terrenos nacionales”, sin tomar en cuenta a los indígenas que tenían posesión –a su modo– de ellos desde tiempos inmemoriales. Los “chabochis”, es decir, los mestizos negociantes, denuncian los terrenos, se los adjudica el gobierno y luego quieren echar a los indígenas de donde siempre han vivido. En este tipo de problemática se ubican las luchas de las comunidades de La Laguna en Bocoyna y Repechike, también en Bocoyna.
Si nuestro país quiere transitar hacia un Estado democrático, cuyo desarrollo sea social y medioambientalmente sustentable, justo e incluyente que le permita, por ello, enfrentar eficientemente la crisis alimentaria por la que atraviesa, no puede seguir soslayando el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como los contraídos en la Cumbre Mundial de la Alimentación y la Cumbre del Milenio. Al respecto de estos últimos, nuestro país se comprometió a reducir a la mitad el hambre y la desnutrición de sus ciudadanos para el año 2015. La inaceptable realidad en México es que el hambre se está incrementando en 50% respecto al año base, mientras que en la mayor parte de América Latina y el Caribe (ALC), ésta se reduce al igual que la malnutrición, con los ejemplos notables de Brasil y Cuba. Al respecto del artículo 11 del PIDESC, en el cual se establece la obligación de los Estados a reconocer el derecho a la alimentación, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha emitido la Observación General 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada en la que establece lo siguiente: “El Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos para todos.” (PIDESC; 1999; E/C.12/1999/5). La falta de atención a una de las demandas más sentidas del pueblo mexicano –elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación–, y con ello, el incumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ha propiciado que nuestro país se encuentre en un lamentable e inaceptable estado de hambre, malnutrición, inseguridad y vulnerabilidad alimentarias que afecta a la mayoría de la población, violando flagrantemente el Estado de Derecho y comprometiendo gravemente el futuro de nuestro país, la seguridad nacional y nuestra soberanía. Hoy en pleno siglo XXI y en el año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, más del 20% de la población padece hambre y desnutrición y más del 50% de los mexicanos se encuentra en el nivel de pobreza. Por si fuera poco, el modelo agroalimentario y nutricional hegemónico ha impuesto a nuestro país una epidemia de obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006), padecen sobrepeso y obesidad el 72% de las mujeres y 67% de los hombres; 34% de los adolescentes y 26% de los niños y niñas de 5 a 11 años. Al mismo tiempo, crecen la dependencia alimentaria del país, el abandono del campo, la degradación de suelos y el agotamiento de acuíferos, el poder de los monopolios agroalimentarios, la carestía de los alimentos y, con ello, crecen la inseguridad y vulnerabilidad alimentarias de nuestro país expresadas en la crisis de la tortilla del 2007 y las consecuencias negativas que han conllevado las crisis mundiales de alimentos y la económica de 2008-2010. Todo esto se da a la par de la abdicación en la práctica de las obligaciones del Estado en lo tocante a los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas; consecuencia de la adopción a raja tabla y acrítica del modelo de libre mercado. La alimentación es un derecho humano fundamental, no es una mercancía. Es una obligación del Estado garantizar su cumplimiento a partir de un mandato constitucional y una política de Estado de largo plazo, con la participación
Vienen luego los casos en que los ganaderos invaden terrenos de la comunidad indígena, a veces aprovechándose de los mestizos que son parte del ejido. Es el caso de las comunidades de Bakéachi y Wawachérare en el municipio de Carichí. Gracias a una adecuada combinación de la movilización comunitaria y la asesoría legal, estas comunidades han recuperado sus tierras. Aunque ocasionó el asesinato hace menos de un mes al licenciado Ernesto Rábago, compañero de la abogada agrarista Estela Ángeles. La tercera forma de despojo, la más actual, la más extendida, es la que emprenden los proyectos turísticos en la Sierra Tarahuamara en contra de las comunidades indígenas. Aquí destacan los casos de las comunidades de Recowata, Abogato, Bacajípare y El Madroño, entre otras. La construcción del teleférico de las Barrancas del Cobre y todo el “desarrollo” turístico que se hará en torno a él significa un despojo y una invasión real a varias comunidades rarámuris. En total, según la ONG Consultoría Técnica Comunitaria, AC, y el Programa Interinstitucional de Apoyo al Indígena, existen 22 casos agrarios, 11 de ellos documentados, en que las comunidades indígenas han sido afectadas por proyectos turísticos gubernamentales o privados. En los casos documentados se afecta a mil 712 familias de 11 comunidades en una superficie de 115 mil 79 hectáreas (Datos proporcionados por Diana Villalobos, de CONTEC). Nadie puede decir, pues, que en Chihuahua se haya levantado la “bandera blanca” del fin del reparto y de los conflictos agrarios. Mientras haya hombres y mujeres del campo sedientos de justicia por su tierra y sus recursos naturales, la lucha seguirá cundiendo por los llanos dorados y los cerros de pinos y los barrancos a tajo.
corresponsable de los poderes de la República, los tres niveles de gobierno y la sociedad. El mercado no puede ni podrá jamás garantizar el derecho a la alimentación. Menos lo podrá hacer el ya histórico asistencialismo clientelar de los programas gubernamentales o la filantropía privada. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), en 2009, por la recesión económica aumentaron en 9 millones de personas en condiciones de pobreza en ALC, de los cuales el 40% correspondió a México; es decir, tenemos 3.6 millones de pobres más. Si hoy nuestro país vive una crisis alimentaria sin precedentes, la situación puede tornarse aún más dramática en virtud de las amenazas del entorno mundial, a saber: a) el cambio climático global y su impacto en la producción y disponibilidad de alimentos; b) agotamiento de los hidrocarburos y la volatilidad de los precios del petróleo; c) el uso creciente de alimentos y de tierras para la producción de biocombustibles; d) el agotamiento de la disponibilidad del agua para la agricultura y su disputa por usos alternativos; e) la inversión sin regulación de fondos especulativos en las bolsas de granos; f) la inestabilidad económica y financiera global, incluyendo una alta volatilidad en los tipos de cambio; g) el poder creciente de las megacorporaciones agroalimentarias en el comercio y las políticas agrícolas internacionales y nacionales; h) la creciente preeminencia de la agricultura empresarial y/o de gran escala –ya sea de exportación o de básicos– en detrimento de las agriculturas de pequeña escala y/o familiar, y, con ello la agudización de la desigual distribución de recursos públicos, la polarización entre productores y regiones, el privilegio de la urbanización frente al “descuido” del sector rural; i) el uso geopolítico del poder alimentario; e, i) el deterioro de los hábitos alimentarios y la dieta tradicional por el impacto de la comercialización y de la publicidad de la industria procesadora de alimentos. Sin alimentos no hay vida, no hay salud, no hay educación, no hay libertad, no hay posibilidad de trabajar, no hay posibilidad de criar y formar a los hijos e hijas, no hay ciudadanía, no hay democracia, no hay futuro, no hay país. El derecho a la alimentación es integral e inherente a otros derechos. Hoy es la oportunidad. No la dejemos ir. En medio de la desesperanza, abriguemos una esperanza y luchemos por ella todos y todas, sin excepción, en la pluralidad y en la corresponsabilidad. Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable. ¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan! ¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición! Atentamente, Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC: Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) Coordinadora Estatal de los Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC) Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) www.conoc.org.mx
contacto@conoc.org.mx
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17 de abril de 2010
PROBLEMAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS
L
a creación de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (RBLT) en Veracruz es parte de un proceso de protección y conservación de los recursos naturales de la región que data de 1936, cuando el gobierno federal establece la Zona Protectora Forestal Veda de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Catemaco, abarcando una superficie de 28 mil 500 hectáreas.
Es necesaria una propuesta de solución integral que abarque lo agrario, lo ambiental, lo productivo y lo social, que incorpore a los pobladores en la vigilancia y protección de la selva Después, en 1967 se funda la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas” con una superficie de 700 hectáreas, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México; entre 1979 y 1980 se decreta la Zona Protectora Forestal y Refugio Faunístico en las regiones de los volcanes de San Martín y Santa Marta. El 13 de noviembre de 1998, por decreto presidencial, se crea la RBLT abarcando 155 mil 122 hectáreas de territorio de ocho municipios de la región: Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Pajapan. Para su creación, en otros dos decretos expedidos por el gobernador de Veracruz del 13 y 19 de noviembre de ese mismo año, se expropian nueve mil 366 hectáreas de terrenos ejidales y seis mil 318 hectáreas de pequeña propiedad. El decreto abarca ocho ejidos, y tuvo como fin dedicar estas superficies a la conservación de un área natural protegida (información tomada del Programa de Conservación y Manejo de la RBLT). Los ejidos expropiados fueron indemnizados con dos mil pesos por hectárea más el pago por bienes distintos a los de la tierra en algunos casos. Sin embargo, la mitad de
los ejidos estuvieron inconformes con los montos y en general con el proceso de creación de la Reserva. Fue el caso de los ejidos Península de Moreno, Miguel Hidalgo, El Mirador del municipio de Catemaco, y Mazumiapan y el Poblado Nuevo México del municipio de Soteapan. La creación de la Reserva de la Biosfera presenta de origen serias inconsistencias que a lo largo de los años han hecho surgir problemas que están aún sin solución y que se suman a problemas anteriores que afectaban a la zona: PROBLEMAS AMBIENTALES: La deforestación y pérdidas de hábitat; sobreexplotación de recursos; uso de plaguicidas y agroquímicos; erosión de suelos; agotamiento del agua; aprovechamiento irregular de materiales pétreos, arenas y gravas, y concesiones mineras. PROBLEMAS PRODUCTIVOS: Falta de alternativas productivas, sobreexplotación de zonas turísticas y grandes extensiones dedicadas a la ganadería. PROBLEMAS AGRARIOS: Concentración de tierras en manos privadas, asentamientos irregulares, resoluciones presidenciales no ejecutadas, constitución de colonias agrícolas y ganaderas, poblados con la amenaza de ser desplazados y reubicados, predios inexistentes que cobraron su indemnización, falta de un censo real de propietarios y ejidatarios en las zonas núcleo, falta de un deslinde a tiempo y real de las zonas de la Reserva. PROBLEMAS SOCIALES: Desarrollo urbano desordenado y concentración de población marginada, visión depredadora y falta de educación y conocimiento ambiental, confrontación entre ejidatarios y autoridades gubernamentales, nula consulta para la creación de la Reserva y para la expropiación de las tierras ejidales, falta de información y participación del manejo de la Reserva y de la situación agraria y legal de los ejidos. PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS: Falta de vigilancia, falta de coordinación entre dependencias gubernamentales estatales y
ÑUSABI, UNA TIERRA JOVEN Eva Gálvez y Fernando Urbano Sus destellos florecen en el sur, le llaman la tierra del sol, pero los más primeros le llamaban Ñusabi. El Ñu, nuestro pueblo más reciente, ha caminado las travesías que acarrea la migración, la mayoría ha jalado pa’l norte. Quizás, hace unos tres o cuatro años, las cosas han venido cambiando, y donde más se mira este cambio es en los jóvenes.
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FOTO: Archivo MAÍZ Veracruz
Ángel Pérez Silva
ara los pueblos indígenas, la juventud no existe, se es niño, niña, o se es adulto. Los jóvenes empiezan a ser llamados así conforme se abren espacios educativos o de atención médica que introducen la categoría. Sin embargo, distintas experiencias nos advierten no sólo sobre la vulnerabilidad de estos grupos, sino también sobre la tarea histórica que recae en ellos.
federales, falta de planeación en el manejo de los recursos naturales, manejo a discreción de recursos económicos destinados a la Reserva. Si algo hay que tener claro en cuanto a los casos de los ejidos expropiados en el proceso de creación de la Reserva, es que se violentaron algunos derechos de los pobladores de las zonas núcleo, además de irregularidades administrativas que se han cometido. Esto se debe en gran parte a: –Que los pobladores y ejidatarios campesinos e indígenas no fueron consultados para la creación de la Reserva, y resultó un proceso impuesto no consensuado ni consultado y violó lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto al derecho de consulta de los pueblos indígenas, y que en el caso de ser reubicados debería ser en tierras de la misma o de mejor calidad y con la misma superficie. –La visión de conservación y protección de los recursos naturales por encima de las poblaciones campesinas e indígenas y no conjuntamente con ellas. –La falta de voluntad y disposición de autoridades, funcionarios, investigadores a dialogar sus actos y decisiones con los ciudadanos implicados. –La falta de reconocimiento gubernamental de los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, ya que han sido éstos quienes primeramente han cuidado sus recursos porque han vivido por años y en algunos casos por siglos en la región.
La pobreza y el rezago educativo en las regiones indígenas, han provocado la migración hacia los estados del norte de México y a Estados Unidos. En este contexto no originario, los jóvenes son híbridos culturales, hablan inglés y mixteco, bailan chilenas vistiendo sus blue jeans. Al igual que sus padres, su horizonte se encuentra en el norte, su caminar y su esperanza buscan esas tierras. Sin embargo, algunas propuestas comienzan a revertir la situación; los esfuerzos comunitarios que se desarrollan en la región mixteca permiten que estos jóvenes tengan otras expectativas de vida. Las preparatorias comunitarias, que CACTUS ha impulsado, se crean a partir de la preocupación por detener la migración, pero también se han concebido como espacios de resistencia y reflexión cultural. Las aulas son el lugar donde se pretende que los jóvenes se reconozcan como indígenas, comprendan el acontecer histórico que los ha situado en esa realidad y se dispongan a la transformación.
–Que la creación de la Reserva fue más un acto político de parte de los gobiernos estatal y federal que ya se iban, que un verdadero acto de preocupación por el cuidado y la protección de los recursos naturales y la biodiversidad de la región, al decretar una reserva y expropiaciones sin la debida planeación y transparencia, resultando predios expropiados sin dueños pero de los que se cobró la indemnización, propietarios que no les pagaron, ejidos que no se enteraron que fueron expropiados, pago de indemnizaciones por cantidades injustas, amenazas de desalojos, judicialización de la vigilancia y del cuidado de la Reserva (en algún tiempo se siguieron procesos judiciales contra campesinos de Nuevo México acusados por la tala de árboles), deslindes y ejecuciones de escritorio y mediciones que encimaron ejidos y propiedades privadas. En 2005 Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) logró poner el caso en la agenda del gobernador Fidel Herrera, quien en una reunión en agosto de ese año con comisariados ejidales, representantes de MAIZ y el director de la Reserva, se comprometió a resolverlo durante su sexenio, se avanzó en la medición en campo y la elaboración de un nuevo padrón, y se propusieron una serie de mesas para la negociación con la dependencias, sin embargo hasta ahí se quedó, lo que evidenció una vez más que no hay voluntad política para resolver este conflicto. Es necesaria una propuesta de solución integral que abarque lo agrario, lo ambiental, lo productivo y lo social, que incorpore a los pobladores en la vigilancia y protección de la selva, y rompa con la visión conservacionista que ha prevalecido desde la creación de la Reserva. Coordinador estatal de MAIZ en Veracruz
En el pasado, el campo floreció en manos de nuestros abuelos. Hoy, la globalización predica que “es más barato comprar que producir” y la tierra casi nos es extraña. Pero las escuelas comunitarias abren brecha ante estos escenarios, invitando al reencuentro de la tierra con sus hijos, los más pequeños, para construir procesos de autonomía, de soberanía alimentaria. Para los jóvenes del campo y la ciudad, la tarea no es sencilla: luchar por nuestra dignidad. Así lo escribió Carlos Montemayor “La dignidad de nuestro abuelos y nuestros padres no asegura hoy nuestra dignidad. Cada generación tiene el compromiso con su propia dignidad. La dignidad se acrisola con el paso de los días, de los años, de las luchas, de las dudas, para no pisotear lo que orgullosamente fuimos, para que nadie se vuelva contra sí mismo y contra lo que amó, contra lo que respetó, contra lo que aspiraba a ser”. CACTUS-Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
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Damián G. Camacho Guzmán
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esde 2000, con el PAN en el gobierno, la confrontación del Estado contra el movimiento social se ha agudizado y su escenario se ha trasladado a una arena de violencia política. Para ello se ha modificado el marco jurídico, se concibe la política de seguridad como prioridad nacional, se ha subordinado la política interna a la seguridad del imperio estadounidense y se ha lanzado una campaña mediática e ideológica que justifica y normaliza esa situación. Las razones son claras: la profundización de la mundialización capitalista en nuestro país, la búsqueda de legitimación del gobierno y la disputa por el poder político para afianzar la ideología clerical panista. Así lo vivimos en el caótico 2006 cuando, en mayo, en el ataque al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, habilitaron a elementos del Ejército Mexicano como Policía Federal Preventiva (PFP) para emprender la ocupación y controlar a la población. En noviembre de ese año, para someter a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, también incursionó la PFP, pero la acción incluyó la intervención directa de la Marina, como un rasgo novedoso luego de la llegada al poder de Felipe Calderón. Poco después el gobierno federal anunció su espectacular guerra contra el crimen organizado, cuya finalidad ha sido militarizar al país y normalizar esa situación en el norte de México, en particular en Ciudad Juárez, y en Michoacán. El hecho significativo de esta escalada se dio cuando en octubre de 2008 el Ejército acudió a desbloquear las carreteras tomadas por el Movimiento Magisterial de Bases, junto con los padres de familia y varias comunidades del Consejo de Pueblos de Morelos, y lo mismo
hizo en Puebla y Guerrero. De igual forma, en octubre de 2009 fue el Ejército el que tomó las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro cuando el gobierno anunció su extinción, con la finalidad de evitar la respuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas, y en diciembre de 2009 el gobierno federal ordenó una acción espectacular con la participación de fuerzas especiales de la Marina para asesinar a Arturo Beltrán Leyva. El mensaje es claro, si antes había que cubrir los requisitos legales para vestir al Ejército de PFP, ahora no hace falta tomarse esa molestia, porque el Ejército ya está en las calles, mientras que para las acciones especiales y la confrontación con la protesta callejera generalizada es la Marina la principal aliada de Calderón. Lo que se ha venido gestando en los primeros años del gobierno ilegítimo son una serie de modificaciones legales como la reforma judicial que le da mayores facultades al ministerio público, a la Policía Ministerial o Judicial, a la seguridad pública y en particular a las Fuerzas Armadas, que rebasan el ámbito doméstico con la implementación del Plan Mérida o Plan México, además de las funciones en seguridad pública que poco a poco van copando altos mandos castrenses. El objetivo es la normalización de la presencia militar, la reducción y restricción de derechos humanos, así como la resolución de la problemática social vía la dominación pura y maciza mediante la confrontación militar. Otro rasgo de la forma de confrontar a los movimientos sociales por parte del gobierno de Calderón es la represión selectiva, como una medida de la campaña de contrainsurgencia cuya finalidad es detectar y destruir a los miembros de los grupos, organizaciones y movimientos sociales para buscar
DESMITIFICAR EL CAFÉ ROBUSTA, PIDE RODOLFO TRAMPE El fomento a la producción de café robusta en México es un tema que genera polémica: contrapone el interés de productores con el de industriales y con la posición gubernamental. Mientras caficultores denuncian que hay una intención deliberada del gobierno por apoyar básicamente a la Nestlé para ampliar la producción de esta especie de café (cuyo precio es menor al arábiga, predominante en el país) y con ello demeritar los intentos para que México repunte en términos de café de alta calidad, por otra parte el gobierno jusƟfica el impulso al robusta y dice que lo que está detrás es sólo na visión realista del mercado. El asunto ha sido objeto de espacios periodísƟcos, incluido el número anterior de La Jornada del Campo, que expuso la posición de los productores. En entrevista, Rodolfo Trampe, coordinador nacional del Sistema Producto Café (SPC), reconoció que el Programa de Trópico Húmedo, cuyo presupuesto anual ronda los 600 millones de pesos, apoya la renovación de cafetales y la cerƟficación de café robusta, pero el programa también está enfocado a otros diez culƟvos del sur-sureste, como el hule y el cacao. No todo el monto va al grano robusta y además, dijo, “no se trata de ampliar la frontera agrícola del robusta, sino hacer que los 20 mil productores de robusta que ya existen (en Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca) sean más compeƟƟvos” pues México es deficitario en esta especie. Hoy el país produce 200 mil sacos (de 60 kilos) de grano robusta, que representan sólo cuatro por ciento de la producción nacional. Y las industrias solubilizadoras demandan el grano robusta tanto para el mercado interno como para la exportación de producto procesado, y deben obtener buena parte de su materia prima de la importación.
ILUSTRACIÓN: Josh Macphee & Favianna Rodríguez
LA OFENSIVA CONTRA EL MOVIMIENTO SOCIAL
neutralizar y desanimar la protesta social. La característica es que, para implementar la estrategia de contrainsurgencia, aparecen actores ajenos al aparato de seguridad del Estado. En todos ellos hay conflictos entre partes antagónicas (campesinos contra caciques o empresas), intracomunitarios (campesinos e indígenas contra iguales) y grupos paramilitares, guardias blancas y narco paramilitares contra guerrilleros o activistas.
El objetivo es la normalización de la presencia militar, la reducción y restricción de derechos humanos, así como la resolución de la problemática social vía la dominación pura y maciza mediante la confrontación militar Los ejemplos de la escalada de la represión selectiva son varios: en julio de 2009, en la comunidad tzotzil de Mitziton, en Chiapas, el Ejército de Dios, grupo paramilitar al mando de Carmen Díaz López, asesinó a Aurelio Díaz Hernández e hirió a cinco más, por la oposición que presenta esa comunidad a la construcción de la autopista que va de San Cristóbal a Palenque; en el movimiento que realizan en el pueblo nahua de Ostula, Michoacán, por la defensa de la tierra, la autonomía y la auto-organización con
Dijo que, efecƟvamente en el seno de la Amecafé (instancia operaƟva del SPC), se escucha de parte de representantes de productores “discursos que datan de los años 70s u 80s cuando el café robusta se consideraba de segunda categoría. En ese entonces el mundo tenía un consumo de café donde el robusta representaba 20 o 25 por ciento del total (el resto eran arábigas). La cafeƟcultura ha cambiado radicalmente; en los 90s emergió Vietnam como gran productor de robustas, lo cual llevó al mundo a un consumo de 40 por ciento de robustas y 60 de arábigas, y los robustas, que se usan para producir soluble, están presentes en las preparaciones de expresos, frapuchinos y otros que están ganando espacios en la demanda. Reiteró que no hay intención de ampliar la frontera agrícola del robusta, pero señaló también que en México hay predios de café arábiga debajo de la línea de 600 metros sobre el nivel del mar, y esa altura no es ópƟma para el arábiga, pues merma su rendimiento y lo hace muy vulnerable a la plaga de la broca. “Sin embargo está comprobado cienơficamente que la producción de robustas puede ser muy eficiente en estos niveles y brinda a los productores una alternaƟva importante”. Señaló que el mundo presenta una demanda de café que crece anualmente en 2.5 por ciento, sobre todo en los mercados emergentes, como China y Rusia, y que, considerando que hoy la demanda es de 130 millones de sacos, dentro de diez años se va a generar un mercado adicional de 40 millones, y México debe ver cómo parƟcipa de este pastel. Y debe considerar que la demanda global es en 13 por ciento de cafés especiales (orgánicos, de alta calidad, con diversas cerƟficaciones) y 87 por ciento es de café genérico. Se le comentó al entrevistado que los productores descontentos con el impulso al robusta manifiestan en general preocupación por el domino de las trasnacionales, como Nestlé y Agroindustrias Unidas de México (AMSA), en el comercio del grano en México, por su capacidad
su policía comunitaria, denunciaron que de agosto a finales de 2009 han asesinado a ocho de sus miembros por conflictos con rancheros y grupos paramilitares a su servicio; nuevamente en Chiapas, el ataque a la organización Emiliano Zapata con el asesinato de dos de sus miembros en la detención de Chema, el atentado y las amenazas a los miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y a fines de noviembre, el asesinato de Mariano Abarca en Chicomosuelo, a manos de un empleado de la empresa minera canadiense Blackfire; en Morelos, el asesinato de Miguel Pérez, comunero de Santa Catarina, Tepoztlán, por parte de los priístas vendedores de tierras comunales a principios de noviembre pasado; en Guerrero, el asesinato del Comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente a principios de noviembre a manos de narcosicarios al mando de los principales caciques del estado; en Chihuahua, el asesinato de activistas y familiares de activistas defensoras de la justicia por los casos de los feminicidios en Ciudad Juárez. En ningún caso aparecen ligados el gobierno federal, los gobiernos estatales o los municipales. Estos asesinatos se suman a la estadística que produce la ola de violencia de la llamada “guerra contra el crimen organizado” y se invisibilizan. Además hay que agregarle la situación de impunidad en la que se encuentran. Para analizar estos casos no basta saber quiénes asesinaron a cada uno de los activistas sino identificar a quiénes favorecen esas muertes. Es importante saber en qué sentido se desarrolla la confrontación de clase, por eso si el gobierno de Calderón trata de llevar la resolución de los conflictos sociales al terreno militar para apartarlos del escenario político y social, pues el reto del movimiento social es trasladar nuevamente estos conflictos a la arena política para evitar caer en la confrontación desigual que consumaría la dominación pura y maciza.
para demeritar y manipular los precios en campo (pues la competencia en la compra a los campesinos es poca, los coyotes son pagados por la propia AMSA) por su influencia sobre el aparato público del café. Rodolfo Trampe afirma que es una “leyenda urbana” que AMSA controle un 50 por ciento de la exportación (como lo señalan productores). Las exportaciones del grano, que en 2009 sumaron 2.8 millones de sacos, están en 78 por ciento en manos de 10 empresas, según cifras de Aduanas, dijo. Detalló los principales: 17 por ciento corresponde a exportaciones de AMSA, otro 17 de Cafés de California, ocho por ciento de Nestlé, diez por ciento de Compromex, ocho por ciento Expogranos, siete Cafiver, tres Descafeinadores Mexicanos y tres Industrias Marino. Ante la pregunta de qué debe hacer el gobierno para proteger a los productores de café (casi 500 mil en el país) ante las prácƟcas anƟcompeƟƟvas de los compradores, señaló que en la Amecafé (donde hay tres representantes caficultores, tres de la industria y la exportación y cuatro de instancias estatales del café de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla) se está discuƟendo la modificación de la norma de cafés verdes, que data de los años 70s, y que establece los parámetros para definir calidades según altura, “Queremos establecer una norma de convivencia que sea aceptada y observada por los integrantes de la cadena y que pueda tener seguimiento desde el ámbito insƟtucional”. Asimismo, desde la Amecafé “podemos entrar a temas de trazabilidad y generar en las cadenas de suministro entre productores, comercializadores y exportadores un mecanismo para observar de dónde proviene el café, qué calidad Ɵene (...) que podamos llegar al punto de ofrecer a los mercados de exportación (la información) de cuánto es lo que se le paga al productor por quintal o por kilo. Hoy las cerƟficadoras, que privilegian la sustentabilidad (económica, social y ecológica) insisten mucho en eso” (Lourdes Edith Rudiño).
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17 de abril de 2010 En el número 30, de marzo de 2010, publicamos el arơculo Ɵtulado “No hay políƟca migratoria sin desarrollo y jusƟcia” de John Burstein W. A conƟnuación presentamos la segunda entrega del texto.
LA AMÉRICA DEL NORTE IMAGINADA
Y LA NUEVA RURALIDAD John Burstein W.
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ongámonos a soñar y preguntémonos: ¿cuál sería la agenda migratoria de una supuesta América del Norte consolidada y progresista? Con ello quiero decir poseedora de una traslatinidad madura y una cultura política que comparta el sentido de responsabilidad entre México y Estados Unidos (EU). Supongamos también que predomina tanto una economía formal como la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en lo político. Lo que es más, imaginemos que esta región trasnacional logró avanzar suficientemente para contar con un parlamento o por lo menos con un espacio de debate por el estilo. La agenda migratoria se entendería entonces como un instrumento para nivelar las desigualdades económicas, estableciendo un mercado laboral eficiente que permita el acceso de mayores sectores de la población a las oportunidades de crecimiento. Para ello, podríamos adaptar el modelo europeo de “fondos estructurales”, que logró la armonización económica en esta región supranacional. En nuestro caso, la comunidad traslatina podría jugar un papel determinante, tanto por motivación y convicción propias (mercado solidario), como por ventaja comparativa. Esto surge de las particu-
laridades del mercado trasnacionalizado debido a afinidades culturales, lingüísticas y demás. En las instituciones y praxis de esta América del Norte imaginada, las expresiones autonómicas habrán encontrado eco. La experiencia mexicana de las autonomías de los pueblos indígenas habrían aportado a este modelo socio-político descentralizado. El sector rural será una palanca potente en el desarrollo de toda América del Norte, mediante la transformación del modelo agrícola, siempre incorporado la planeación ambiental global. El nivel de vida será mejorado por la ampliación de los servicios sociales de salud y educación; asimismo, la economía diversificada de la “nueva ruralidad” será consecuente con el actual desarrollo de la tecnología informática, que contribuirá a la definición de la ciudadanía trasnacional. Proponiendo justicia. Si tal fuera la visión consensuada para el futuro de América del Norte, primero tendríamos que revalorar a fondo la migración masiva de los 20 años recientes. Lo anterior se debe ligar a la generación de un estímulo a la inversión para el desarrollo. Los discursos políticos de hoy prescinden de perspectivas que impiden darnos cuenta sobre los significados de la gran migración de esta época. Por ello es preciso un re-
Tlaxcala
CUSTODIOS DEL MAÍZ
13ª Feria del Maíz Nativo en Vicente Guerrero Pánfilo Hernández* y María Cecilia Oviedo**
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FOTO: Héctor Domínguez
l segundo sábado de marzo de cada año, la organización campesina Grupo Vicente Guerrero con sede en la comunidad de Vicente Guerrero en Españita, Tlaxcala, realiza la feria del maíz nativo y otras semillas; este año tuvimos la décimo tercera feria y participaron campesinos de los estados de: Puebla, Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala, así como invitados del Distrito Federal, Estado de México y Veracruz.
Se contó con la presencia de 95 campesinos y campesinas que expusieron y compartieron alrededor de 20 razas de semillas de maíces nativos de 10 colores (rojo claro e intenso, amarillo, cremoso, blanco, azul, negro, pinto, anaranjado, cristalino) así como 30 expositores que llevaron hortalizas, productos de plantas medicinales, hongos setas, miel, huevos, artesanías de hoja de maíz y de pino, pinole de maíz, amaranto, antojitos y pulque.
cuento puntual y contable del fenómeno en términos económicos, sociales y políticos, reconociendo las consecuencias profundas en cuanto al tejido social, el papel de las mujeres, los efectos en los pueblos indígenas, y la explotación económica, por citar algunos aspectos. De esta forma se podría garantizar que las acciones dirigidas a fomentar el desarrollo regional estuvieran comprometidas con la justicia. El mecanismo conocido como “comisión de la verdad” es aplicado cuando el sistema de justicia ordinario es inadecuado para administrarla, sea por el gran número de víctimas o por el hecho de que el gobierno no condenara los actos delictivos en el momento en que se originaron. En dicho caso, esta “comisión” visibilizará elementos diferentes que pueden comprender desde el abuso sistemático de los derechos laborales; el tráfico de personas y sus consecuencias (de manera destacada el abuso hacia las mujeres); el narcotráfico y el crimen organizado; y hasta la pérdida inconmensurable del tejido social en la familia, la comunidad y el país, cuyo impacto resulta particularmente grave en las y los jóvenes. Con respecto a los cálculos de los efectos económicos, hay quienes argumentan que los migrantes se benefician de los programas sociales de EU, y otros, que subsidian a los mismos. Una comisión de la verdad ponderará ambas posturas y se pronunciará sobre este importante punto. De manera semejante, podría hacer un balance entre el impulso de la migración a la economía estadounidense, la aportación de remesas a la estabilización del peso y la demanda adquisitiva de las economías lo-
También participaron campesinos de las comunidades y ejidos de Cuaula, Sultepec, San Felipe Hidalgo, Moxolahuac, Nanacamilpa, Mazapa, San Juan y San Francisco Mitepec, Álvaro Obregón, López Mateos, Miguel Aldama, Reforma, Españita, Pipillola, Vicente Guerrero, Atotonilco, Alpotzonga, Espíritu Santo, La Calera, La Magdalena Tlatelulco, Santa María Texcalac, Ixtenco, Atlangatepec, Xiloxoxtla, Texoloc, Tepetitla, Techalote, Santa Ana y Zacatelco. Hicieron presencia personas que representaban a: MAELA México, Museo de Historia Natural, Economía Solidaria, Semillas de Vida, Alumbral Axochiatl, Red Indígena de Turismo Alternativo, Radio Educación, Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria (PIDAASSA) México, Mercado Alternativo de Tlaxcala y Guerreros Verdes. También investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Colegio de Postgraduados, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Universidad Autónoma Chapingo, UNAM, Universidad de la Ciudad de México, profesionistas independientes y público en general, sumando 600 personas, que llegaban con gran interés, expectativa y solidaridad. La feria se inició con la bienvenida del comisariado ejidal de Vicente Guerrero, con un saludo ceremonial del grupo de Niños Guerreros por la Naturaleza de Vicente Guerrero y con una danza prehispánica de ofrenda al maíz, con danzantes de Tlaxcala, Xochimilco y otros lugares. Custodios del maíz nativo. Se dio a conocer y se realizó la toma de protesta de los integrantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa y Preservación del maíz Nativo del Estado de Tlaxcala, en la cual participarán ejidatarios, ejidatarias, campesinos, campesinas e indígenas; con el objetivo principal de defender a los maíces
cales mexicanas, y la justicia social de estas transacciones macroeconómicas. Este proceso de “justicia transicional” depende del reconocimiento público como factor para que la población –tanto la víctima como el perpetrador– pueda cerrar un período histórico, caracterizado por la injusticia, sin dejar de exigir la reparación del daño debida, aunque fuera dada de manera colectiva y con el fin de reconstruir el tejido social. En este caso, la reparación podrá tomar la forma de un fondo estructural de fomento a la superación de la pobreza y la marginación, en especial la de las zonas de mayor emigración. Dicho fondo deberá ser construido con las aportaciones de los Estados, que se hacen responsables de las injusticias estructurales de marras. Este fondo estructural de desarrollo regional abandonaría el paradigma de la “ayuda” de los países ricos a los pobres, al reconocer que los fondos generados por ambos países provienen de manera importante del trabajo de los migrante y sus familias. Con esta reparación, se les restituiría la riqueza que las diásporas y sus comunidades generaron. Esto contribuiría a la regionalización trasnacional en marcha y a la construcción de una ciudadanía trasnacional y traslatina, como sujetos individuales y colectivo. En conclusión, creemos que una reforma migratoria realmente integral pasa por la reformulación de la visión política del desarrollo regional y sus instituciones, ligada a un proceso de justicia socio-política profundo en América del Norte y basada en un replanteamiento de las relaciones trasnacionales y la construcción de la identidad traslatina. www.tsotsil.com; burstein4@gmail.com
nativos y detener la entrada de las semillas transgénicas en ese estado. También se presentó el primer comité de custodio comunitario del fondo regional de semillas nativas que beneficiará en una primera etapa a cuatro municipios (Nanacamilpa, Españita, Calpulalpan e Ixtacuixtla) del nororiente del estado de Tlaxcala. Este comité manejará, administrará y tendrá bajo su custodia este año cinco variedades de maíces nativos (azul, amarillo, chalqueño, blanco y cañuela) que se prestarán a campesinos que estén interesados en la obtención de semillas, así como de formar parte del padrón de custodios. Cada campesino o campesina que reciba semilla de maíz este año tiene el compromiso moral de entregar el doble para la próxima feria. Ejidos se declaran libres de transgénicos. Se informó también sobre el proceso de la iniciativa de Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario para el Estado de Tlaxcala, la cual se encuentra en comisiones unidas del Congreso del estado en revisión. Un momento muy importante fue cuando se dieron a conocer las declaratorias de las asambleas ejidales de Cuaula y San Felipe Sultepec del municipio de Calpulalpan; de Vicente Guerrero, Álvaro Obregón y San Juan Mitepec del municipio de Espanta, y de Santa María Texcalac del municipio de Apizaco, donde se declaran libres de transgénicos. Este momento muy emotivo fue aplaudido por todos. En las siguientes semanas se sumarán otros ejidos, y nuestra expectativa es lograr, junto con otras organizaciones, que esto se haga en todas las comunidades del país, para que México sea realmente nuestra Tierra del Maíz libre de transgénicos. *Grupo Vicente Guerrero ** Secretaria técnica del PIDAASSA
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17 de abril de 2010 de la agricultura. Sumiso al mercado y movido sólo por la ganancia, el gran dinero vive obsesionado por incrementar de la productividad mediante tecnologías estandarizadas y siempre en vertiginosa renovación. El campo en cambio es reducto de la diversidad natural-social siempre resistente al uniformador modelo de agricultura industrial. Es verdad que el monocultivo tuvo algún éxito en las grandes planicies templadas y fácilmente mecanizables, pero cuando irrumpe en las regiones equinocciales en las que la poca fluctuación climática propicia una gran diversidad ecosistémica, la especialización extrema resulta suicida y el único paradigma viable es el de la milpa.
FOTO: Joseph Sorrentino
De milpas, mujeres y otros * mitotes *Mitote (del náhuatl, mihtotía: danzar) alcaraza, bulla, escándalo, alboroto.
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ay que repetirlo: los mesoamericanos no sembramos maíz, los mesoamericanos hacemos milpa. Y son cosas distintas porque el maíz es una planta y la milpa un modo de vida. La milpa es matriz de la civilización mesoamericana. Si en verdad queremos preservar y fortalecer nuestra identidad profunda, no sólo agroecológica sino socioeconómica, cultural y civilizatoria, debemos pasar del paradigma maíz al paradigma milpa: un concepto complejo que incluye al maíz pero lo rebasa por la izquierda. Solo y su alma el maíz es monotonía mientras que la milpa es de por sí diversidad. En la milpa el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el chayote, el tomatillo, los quelites, los árboles frutales, el nopal, los magueyes y las vestezuelas del campo se hacen compañía. A diferencia de los uniformados maizales, las milpas son abigarrados policultivos. El maíz es uno la milpa es muchos; el maíz discursea la milpa dialoga; el maíz es ensimismado la milpa solidaria; el maíz es monocorde la milpa polifónica; el maíz es singular la milpa plural; los maizales son disciplinados cual desfiles militares las milpas jacarandosas y desfajadas como carnavales; el maíz se siembra la milpa se hace; el maíz es un cultivo la milpa somos todos. Los mesoamericanos no nos distinguimos de los europeos y estadounidenses en que para comer ellos siembran trigo y nosotros maíz, porque a fin de cuentas entre un maizal y un trigal no hay tanta diferencia. Lo que nos distingue de los pueblos de climas fríos y templados es que ahí se siembran granos y nosotros hacemos milpa; ellos producen su alimento en plantaciones homogéneas y nosotros –si nos dejan– lo cosechamos en barrocos jardines. Hacer milpa es cultura. Pero es un hecho cultural que resulta de un condicionamiento natural. Los ecosistemas de climas
fríos y templados son poco diversos y a la vez estables y resistentes a las perturbaciones pues su biota está impuesta a los cambios extremos de temperatura. En cambio los ecosistemas ecuatoriales son más diversos y sin embargo más frágiles pues su biota no tiene que lidiar con severas variaciones estacionales.
con nuestra biosfera, nuestros suelos, nuestros sistemas hídricos, nuestras culturas. “Francia es diversidad”, se ufanaba el historiador Fernand Braudel en Las civilizaciones actuales. Pero es que Braudel no conocía México: una región y un pueblo muchas veces más plural, más variopinto, más biodiverso que el galo. Y si los europeos abonan sus raíces identitarias cuantimás debemos hacerlo nosotros. Honremos nuestra diversidad de suelos, topografías, climas, paisajes y ecosistemas. Cultivemos nuestra riqueza cultural, lingüística, culinaria, espirituosa, musical, festiva, indumentaria… Hagamos de México, no un monótono maizal del noroeste, sino una milpa multicolor; un mosaico de aprovechamientos diversos pero entreverados y complementarios; un policromo mural de paisajes agroecológicos pero también de otros aprovechamientos, que el modelo milpero no vale sólo para la agricultura sino para la vida toda. Porque no está mal escuchar las “señales del mercado” –siempre que no nos atrapen como cantos de sirena– pero lo primero es atender las señales de la naturaleza.
Hagamos de México, no un monótono maizal del noroeste, sino una milpa multicolor; un mosaico de aprovechamientos diversos pero entreverados y complementarios Los ecosistemas sutiles de diversidad abigarrada en frágil equilibrio son nuestro sino, nuestra fatalidad natural. Hagamos de ellos patrimonio, virtud, ventaja, orgullo. No demos la espalda al nicho ecológico que nos es propio, no traicionemos nuestra condición equinoccial dejándonos llevar por los vertiginosos cultivos del Norte. No nos dejemos seducir por las rudas tecnologías que arrasan
La fuerza de la milpa no está en la productividad del maíz o del frijol o de la calabaza o del chile o del tomatillo medidas por separado. Su virtud está en la sinérgica armonía del conjunto. Su eficacia no le viene de las partes sino de su entrevero, de su abigarrada simbiosis. Fuerza de lo diverso solidario que es recurso de primera necesidad en tiempos de cambio climático antropogénico. Años turbulentos en que lo único seguro es la incertidumbre. Y cuando la creciente incertidumbre medioambiental se asocia con la cada vez mayor incertidumbre económica, no hay mejor estrategia que atender a la sabiduría popular que recomienda no poner todos los huevos en una misma canasta y apostar a la diversidad entreverada. FOTO: Joseph Sorrentino
Armando Bartra
Un último argumento para hacer milpa es que la milpa es anticapitalista. Porque capitalismo es sinónimo de especialización y homogeneidad, es separación del campo y la ciudad, es desarrollo de la industria a costa
Los usos y costumbres del capitalismo marchan del frío al calor y a los pueblos equinocciales nos llegaron del norte. No es casual que en los climas templados donde la naturaleza aguanta más o resiente menos el trato rudo y las intervenciones desconsideradas, haya nacido y embarnecido el mercantilismo absoluto. Pero en el trópico el avasallante y emparejador modelo de agricultura industrial resulta literalmente contra natura. Nuestra vocación agroecológica son los aprovechamientos múltiples, biodiversos, tecnológicamente plurales y de manejo holista. Es nuestra vocación natural y socioeconómica la integración armónica del campo y la ciudad, la articulación virtuosa de agricultura e industria. Por temperamento y por cultura se nos da la policromía societaria, la solidaria pluralidad de talantes. En el trópico la gente es risueña, cantadora, fiestera, desfajada, libertaria, imaginativa, soñadora. Pero todo esto que somos por inclinación y por naturaleza es mal visto por un capitalismo mandón, rígido, disciplinado, racional que al sueño contrapone una vigilia perpetua. Entonces, hay que resistir al capitalismo que nos llegó del frío. Hay que pararlo antes de que sea tarde. Pero resistir no basta, hace falta también paradigmas de repuesto. Y en Mesoamérica el más inspirador, el más sugerente, el más poderoso, el más visionario paradigma alternativo es la milpa. Porque sin maíz no hay país, hagamos milpa. Y hacer milpa es mirar el campo – mirar el mundo– con otros ojos: con ojos de mujer. Asomarnos al agro adoptando el punto de vista de las mujeres es fijar los contornos de un universo que está ahí pero que desde otras perspectivas resulta invisible. Por ejemplo: las calamidades del campo a todos atosigan, pero nombrar la penuria rural con la voz de las campesinas es darle un contenido distinto y más filoso a las palabras. Porque adoptar un enfoque de género no es documentar la situación particular de las mujeres sino asumir que la realidad está cruzada por una injusta y asimétrica diferenciación sexual históricamente construida. Y ese profundo desgarramiento, que en el agro es aún más doloroso, sólo puede ser develado desde la perspectiva de las oprimidas. El “feminismo” es una filiación ideológica y política con la que se puede concordar o no. Pero el enfoque de género es insoslayable. Y el enfoque de género es feminista o mujerista por las mismas razones por las que el enfoque de clase exige ponerse en el lugar de los explotados: porque cuestionar la sociedad patriarcal y el sistema capitalista es tomar partido por sus víctimas, por las y los oprimidos.
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17 de abril de 2010 dolo como la estructura del “conocimiento que organiza nuestras percepciones”. Y creo que esto es lo que necesitamos hacer. Conversión intelectual y política trascendente porque otro mundo será posible si, y sólo si, lo soñamos y lo construimos desde la perspectiva de los oprimidos. Y el género es una de las formas más filosas de la opresión.
Documental: Aguasabajo “el proyecto de presa paso de la reina”. Realización y edición Roberto Stefani. Productores: PRODH, COPUDEVER, EDUCA, CDH TIERRA DEL SOL, LA VENTANA. Fecha: 2010.
FOTO: Eunice Adorno
Pero además ese enfoque es importante porque la utopía se construye desde la crítica al orden inicuo pero también desde el proyecto alternativo. Visión de futuro que por lo general se inspira en las formas generosas y solidarias de convivencia, en las utopías hechas a mano que a pesar de los pesares florecen en los intersticios del sistema.
Toma de partido que es opción política pero también epistémica pues más allá de darle visibilidad a prácticas y espacios sociales poco atendidos si no es que soslayados, de lo que se trata de ejercitar un modo de ver el mundo distinto del hegemónico que corresponde a un modo distinto de estar en el mundo. Adoptar el género como atalaya y como trinchera no se agota en documentar lo invisibilizado, exige repensarlo todo: edificar una nueva sociología, una nueva economía y una nueva historia; demanda restaurar la unidad del trabajo productivo y el reproductivo; convoca a construir un nuevo tipo de organización social y gremial; supone rediseñar las relaciones laborales y las formas de convivencia. Dice bien Mercedes Olivera en El impacto de la crisis alimentaria en las mujeres rurales de bajos ingresos en México: “El género, por su transversalidad en todos los ámbitos de la realidad, es una categoría útil para
analizar los efectos de la crisis alimentaria y global actual, proporcionándonos una visión amplia capaz de contemplar desde nuestra condición de mujeres, los múltiples factores, dimensiones y diversidades que son causa y consecuencia de este complejo proceso”. En Género e historia, Joan Wallach Scott, una de las mayores teóricas del feminismo, hace una crítica del empobrecimiento del término género. A veces pareciera que “género es tan sólo otra manera de referirse a las mujeres y a los hombres (Con frecuencia) los libros que supuestamente practican un “análisis de género” (…) no son más que estudios, bastante predecibles sobre las mujeres o sobre las diferencias de estatus, de experiencia, y de posibilidades que se ofrecen a las mujeres y los hombres (…) En nuestros días, el género es un término que ha perdido su filo crítico”. La propuesta de Joan es devolverle al concepto su carácter subversivo asumién-
VICENTA MÉNDEZ
FOTO: PIDAASSA México
Del 22 al 24 de marzo la ARIC Independiente y Democrática realizó su asamblea general y Vicenta Méndez Ruiz fue elegida presidenta de la organización por los más de 400 participantes. Ella compartirá la dirección de la ARIC ID con Rosario Vázquez, Antonio López y Antonio Pérez. Esta elección es única en la historia de la ARIC, por ser la primera vez que una mujer ocupa el máximo cargo de dirección. Los miembros de la organización están convencidos de la necesidad de avanzar en la equidad de género y de lograr “una buena vida”. Faustino Guzmán le dio a Vicenta un mensaje de felicitación en tzeltal: Tse’eluk a wotan yu’un te atel. Junuk a wotan, spisil de a p’ijilal te snopel a wu’un ya koltayat ta ja watel. SKan Dios te bintik Kot ta pasel ta ARIC yakuk xscojt ta pasel ta yantik tsoblej. Kilojtik te atel yu’un te antsetik te yakal stsakbel yip, abeya yipal te atel. Te yantik antsetik sok winiquitik soknix te Dios ya scoltayat. Tse’eluk a wotan. En español: Que estés muy contenta por el trabajo. Ánimo, toda sabiduría y conocimiento te ayudan en el trabajo. Gracias a Dios que haya sucedido este nombramiento en ARIC y que esto pueda suceder en otras organizaciones. Hemos visto que el trabajo de la mujeres está tomando fuerza, mucha fuerza, en el trabajo. Las demás mujeres, hombres y Dios te ayudan en el trabajo. Que estés muy contenta.
Y una de las experiencias altermundistas más inspiradoras es la de los campesinos y las campesinas. Tercos defensores de un mundo desgarrado y escarnecido donde sin embargo se mantiene viva la memoria, donde –en la medida en que los dejan– se preserva la naturaleza, donde la producción y la reproducción no son ámbitos tan separados (…) Núcleo civilizatorio duro de cuya preservación se han ocupado siempre las mujeres. Territoriales, multiactivas, duchas en el bricolaje y las estrategias holistas; preservadoras de la naturaleza, los saberes locales y la memoria las mujeres de la tierra abordan la producción económica desde la reproducción social privilegiando la calidad sobre la cantidad, el valor de uso sobre de cambio y la vida sobre la economía. Y es por eso que las mujeres rurales representan en mayor medida que los varones los recursos civilizatorios necesarios para salvar al campo. Arrinconada pero poderosa, persiste la economía moral del mujerío, un virtuoso modo de hacer cuyo paradigma no es la empresa sino la familia y la comunidad. Porque el campo profundo es femenino, el nuevo mundo –si lo hay– tendrá rostro de mujer.
POSDATA Dicen que el campo se ha feminizado. ¡Falso! Una cosa es que en las comunidades rurales predominen las mujeres, los viejos y los niños, y otra muy disƟnta es que el campo tenga ya rostro de mujer. Lo primero es un saldo nefasto del agrocidio, lo segundo una tarea pendiente. Este agro desertado mayormente por una de sus dos mitades, este agro de familias desgarradas, este agro mocho no es –en modo alguno– un agro femenino. Hay que feminizar al campo, sí. Pero el campo tendrá rostro de mujer cuando se restauren las estrategias de sustentabilidad ambiental y seguridad alimentaria que en sus ámbitos ellas han seguido pracƟcando; cuando se ponderen, armonicen y redistribuyan equitaƟvamente el trabajo producƟvo y el reproducƟvo; cuando se recupere la memoria histórica resƟtuyendo los saberes tradicionales que ellas han preservado; cuando los varones reconozcan que en la crisis del producƟvismo mercanƟlista y depredador se impone el regreso a las estrategias femeninas del buen vivir. El campo se feminizará cuando ni ellos ni ellas tengan que migrar a fuerzas, cuando las mujeres y los hombres de la Ɵerra encuentren –si así lo quieren– un futuro promisorio en sus propias comunidades.
Evento: Muestra “Paraíso recobrado. Escenario Rural del arte mexicano”. Organiza: Financiera Rural y el Museo Nacional de Arte. Fecha: Del 16 de marzo al 31 de mayo de 2010. Lugar: Museo Nacional de Arte (Tacuba 8, Col. Centro Histórico). Informes: Salvador Leal 5230 1600 ext. 2177, sleal@financierarural.gob.mx Evento: Primer Expo Agropecuaria. Organiza: Consejo Impulsor para el Desarrollo Agropecuario A.C. (CIDAP). Fecha: Del 30 de abril al 16 de mayo de 2010. Lugar: Apizaco, Tlaxcala. Informes: http://www.imperium.org. mx/ExpoAgropecTlax2010.html informes@imperium.org.mx / www.cidap.org.mx Evento: Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles”. Organiza: Foro Social Mundial – México. Lugar: Zócalo de la Ciudad de México. Fecha: 2 – 4 de mayor de 2010. Informes: www.fsmexico.org / fsmtmexico2010@gmail.com Evento: 6to Festival de cine y video Indígena. Organiza: La Comisión Interinstitucional para la Cultura de los Pueblos Indígenas de Michoacán, así como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del Centro de Investigación de la Cultura P’urhépecha, el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán a través de la Filmoteca Michoacana, el Ayuntamiento de Morelia y Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Centro de Video Indígena “Valente Soto Bravo” de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Informes: www.cdi.gob.mx/festivaldevideoindigena
Documental: El Ciruelo (la desaparición de un pueblo bajo las aguas). Producción Foprocine, Pysma Films, Bambu Audiovisual. Guión y dirección – Carlos Rossini, Emiliano Altuna. Año: 2008.
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EL MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS
La construcción de presas implica desplazamientos masivos. La constante ha sido la imposición a toda costa de los proyectos, desplazando de sus tierras, territorios y poblados a decenas o cientos de miles de afectados, pisoteando sus derechos. Por los fuertes impactos sociales y ambientales, los constructores, las instituciones promotoras de los proyectos y los tres niveles de gobierno se han valido de promesas, engaños y actos ilegales para que los afectados cedan los derechos sobre sus tierras, o prometen pagos que nunca cumplen y en casos extremos realizan desalojos forzosos. Esta ha sido la tónica por mucho tiempo y en el mundo globalizado se ha endurecido con el papel asignado a nuestro país, como proveedor de recursos estratégicos, lo que ha generado la rapiña sobre territorios y recursos básicos comenzando con el acaparamiento de tierras y el dominio sobre el agua. La resistencia frente a la construcción de presas deja al desnudo el nuevo proceso de acumulación capitalista basado en el saqueo y el despojo. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas nace de la decisión de los afectados de distintos estados para integrar una resistencia unificada frente a la agresión. En México las instituciones encargadas de abrir el camino a los capitales saqueadores son la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente como agente de ventas y permisos para el saqueo y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para validar el despojo de tierras. Estas promotoras gubernamentales entregan los proyectos a las grandes constructoras, sobre todo por medio del esquema de inversión financiada con capitales contratados con la banca internacional básicamente por medio de Pidiregas, que vendrían a originar deuda pública millonaria que tendríamos que pagar todos los mexicanos. Por citar un caso, para hablar de montos, el presupuesto programado para el proyecto Presa La Parota, hoy suspendido por la lucha de los pueblos, era de mil millones de dólares. El Primer Encuentro del Mapder se realizó en octubre de 2004 en Guerrero, en la resistencia contra la Presa La Parota. Con base en las experiencias compartidas por afectados de todo el país y la asimilación de la información vertida por organizaciones y expertos, se definieron los lineamientos de una lucha común en defensa de tierras, territorios y recursos naturales. Se comenzó a trabajar en un esquema de derechos. Se definieron las bases para una correcta defensa
FOTO: Maribel Roldón
nea política independiente del movimiento y se adoptó la movilización como método fundamental de lucha. El Mapder integra las resistencias contra los proyectos de las presas La Parota en Guerrero; Arcediano en Jalisco; El Cajón y La Yesca en Nayarit; Itzantún en Huitiupán, Chiapas; los proyectos binacionales compartidos con Guatemala en el Río Usumacinta, y la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués, Oaxaca, y representa a grupos de desplazados desde décadas atrás por las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro en la Cuenca del Papaloapan, y a quienes ahora enfrentan las mayores agresiones por los proyectos El Zapotillo en Jalisco y Paso de la Reyna en Oaxaca, además de que apoya a los desplazados por la presa Picachos en Sinaloa. Nuestros esfuerzos se centran en las resistencias locales que son diversas, con características propias y niveles distintos de respuesta y, a la vez, trabajamos en fortalecer el carácter nacional del Mapder, definir su
La resistencia frente a la construcción de presas deja al desnudo el nuevo proceso de acumulación capitalista basado en el saqueo y el despojo programa y estrategia nacionales y darle una visión de largo plazo que vaya más allá de los movimientos locales y acciones coyunturales. Deberemos avanzar en la discusión sobre el problema energético en general en tanto que la construcción de presas tiene un lugar estratégico en las definiciones sobre el control de la energía. Nos corresponde convencer de que la lucha contra las presas corresponde a toda la población. La lucha ha rendido frutos. Arcediano está cancelada y La Parota suspendida por decisión de los pueblos. Las últimas agresiones recaen sobre El Zapotillo ante las declaraciones del gobernador de Jalisco y del director de la cuenca Lerma Santiago de la Conagua que afirman
que no harán caso de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y amenazan con expropiar a pobladores que se niegan a vender sus tierras y sus casas. En Sinaloa, los desplazados por la presa Picachos culpan al gobierno de la muerte de seis compañeros atrapados por fuego cruzado, muertos cuando regresaban del plantón en el Congreso local en el que exigían, junto con muchos más, el cumplimiento de compromisos y la indemnización por sus tierras inundadas. Estamos preparando, junto con muchas organizaciones, la exposición “Agua, Ríos y Pueblos” que se expondrá en el Bosque de Chapultepec del 13 de abril al 5 de junio y será acompañada de actividades en diferentes puntos de la ciudad. Además tenemos por delante la realización del Tercer Encuentro Mundial de Afectados por las Presas que tendrá lugar del uno al siete de octubre de este año en Temacapulín, Jalisco, el pueblo en resistencia contra el proyecto de la presa El Zapotillo. Al Mapder le toca unir las voces de los afectados de todo el mundo. Vendrán representantes de 60 países para hablar de las afectaciones y también de las resistencias ante la depredación, el ecocidio y los daños sociales ocasionados por esos megaproyectos que son las grandes presas, generadoras de energía acumulable para las trasnacionales. Al sur de México y Centroamérica les ha sido asignada la creación de uno de los grandes mercados de energía, como programa estratégico del Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá. A los afectados por las presas nos toca visibilizar, además de enfrentar ese nuevo esquema depredador y de saqueo del capitalismo mundial.
FOTO: Javier Verdín R. / La Jornada Guerrero
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a resistencia de comunidades y pueblos amenazados con el desplazamiento y el despojo por la construcción de presas comienza a posicionarse en los medios y en los ámbitos social y de defensa de los derechos humanos, por el avanzado nivel de organización de los afectados, agrupados en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), que acaba de realizar su Séptimo Encuentro Nacional en los territorios de los compañeros mixtecos y chatinos amenazados por el proyecto de presa Paso de la Reyna en la costa de Oaxaca.
jurídica como respaldo de los movimientos en los terrenos penal y agrario. Se reforzaron lazos de cooperación con defensores de derechos humanos y se fijaron líneas de defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; además se integraron expedientes para ejercer derechos como pueblos indígenas. Se definió además la lí-
FOTO: Gonzalo Pérez
Rodolfo Chávez Galindo