NO. 74 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

16 de noviembre de 2013 • Número 74 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica Estratégica HABLAN SOBRE EL TLCAN: Kirsten Appendini Alberto Arroyo Armando Bartra Fernando Celis Max Agustín Correa Paulina Deschamps Jeff Faux José Jacobo Femat Catia Figueroa Rodríguez Gustavo Gordillo Karen Hansen-Khun Víctor Quintana Lise-Anne Léveillé Francisco López Bárcenas José Narro Céspedes Manuel Pérez Rocha Iván Polanco Héctor Robles Blanca Rubio Gerardo Sánchez Víctor Suárez Rita Schwentesius Stuart Trew Stephanie Wang Timothy A. Wise

TEMA DEL MES

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El llamamiento de La Paz

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16 de noviembre de 2013

Suplemento informativo de La Jornada 16 de noviembre de 2013 • Número 74 • Año VII

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador

DIÁLOGO AUSENTE En la cabecera municipal de Ocosingo marchan, desde distintos puntos de la ciudad, cuatro mil campesinos indígenas (…) Los campesinos gritan que Zapata vive, la lucha sigue. Uno de ellos lee una carta dirigida a Carlos Salinas de Gortari donde lo acusan (…) de vender el país en el Tratado de Libre Comercio y volver a México a los tiempos del porfirismo.

Subcomandante Insurgente Marcos.

“Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía”, escrito en 1992, publicado por el EZLN en enero de 1994

Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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e van a cumplir 20 años de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se alzó en armas, entre otros agravios por lo que representaba para México ese inicuo acuerdo comercial. En dos décadas muchas cosas han pasado pero en lo tocante a las situaciones creadas por el Tratado y el levantamiento todo sigue igual: ni se ha rediscutido el TLCAN ni se ha negociado el fin de la suspendida pero no cancelada guerra entre el EZLN y el gobierno.

La amenaza a la soberanía que suponía el desarme económico de México pactado en el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá se hizo realidad. La legitimidad de las reivindicaciones esgrimidas por los neozapatistas ha sido reconocida por casi todos.

Sin embargo, cinco gobiernos federales de dos partidos distintos han sido incapaces de abrirse a una discusión que la sociedad demanda y que ha sido propuesta reiteradamente por diversos actores.

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Diseño Hernán García Crespo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

PORTADA: David Alfaro Siqueiros

Uno de los plausibles cambios que ha vivido América Latina en lo que va de siglo es el reconocimiento de que el diálogo es un instrumento político insoslayable. No sólo la discusión entre partidos o en los ámbitos legislativos, también y sobre todo el debate incluyente y con amplia participación de los actores sociales. Hay que “escuchar la voz de la calle”, dijo Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, al iniciar el diálogo con los que airados protestaban por el contraste entre el fuerte gasto en espectáculos deportivos y la escasa inversión en servicios públicos.

Fueron coeditores en este número del suplemento: Manuel Pérez-Rocha L., invesƟgador del InsƟtute for Policy Studies, en Washington, DC, y miembro del consejo de la RMALC; Alberto Arroyo Picard, invesƟgador de la UAM-I y miembro de la coordinación colecƟva de la RMALC, y Víctor Suárez Carrera, director EjecuƟvo de la ANEC.

Pero también en esto somos la vergonzosa excepción. En México el debate verdadero ha sido suplantado por pactos y regateos cupulares entre fuerzas que no tienen mandato social para negociar lo que negocian, y por falsas mesas de avenencia entre el gobierno y algunos movimientos sociales, encuentros frustrantes donde los funcionarios apuestan al desgaste y nunca se resuelve nada.

Otra es la situación que se vive en el subcontinente. Ahí por fin las sombras van

quedando atrás y -no sin traspiés y frentazos-, Nuestra América comienza a caminar por el lado soleado de la calle. En lo que va de siglo es proverbial el corrimiento a la zurda del espectro latinoamericano. Pero la geometría política de por acá no es euclidiana sino plástica, flexible, topológica; los ríos profundos de nuestra historia no corren rectos sino que avanzan por sinuosos meandros; nuestros alineamientos sociales son fractales y no se agotan en las cartesianas derecha e izquierda. Es el que habitamos un mundo alucinante y vertiginoso formado por sociedades enrevesadas y contrahechas; paisajes abigarrados, barrocos o mejor grotescos. Y en sociedades así las cosas que en verdad cuentan no se resuelven sólo mediante mayorías y minorías definidas por votos y representadas por partidos políticos.

En territorios excéntricos y entreverados como los nuestros, la clave es el diálogo, aun si a veces lo sea de sordos y de mudos: el diálogo ininterrumpido, el diálogo a tantas y tantas voces, el diálogo en múltiples espacios y niveles que no se agotan en el ámbito legislativo.

Sin olvidar que con frecuencia los movimientos sociales dialogan con los pies y a veces dialogando se llega a las manos.

Si no fuera por este diálogo polifónico y en ocasiones airado, no se harían nuevas constituciones como la ecuatoriana que se firmó en Montecristi o la boliviana que se gestó en el Pacto de Unidad.

Sin polémicas sociales de las que nadie se excluya ni sea excluido, estas cartas magnas no aterrizarían en reglamentos y normas aplicables, en políticas públicas, en programas, en acciones... Sin debate continuado e incluyente, los nuevos marcos legislativos no devendrían prácticas sociales donde el disenso es bienvenido porque enriquece el debate, en cultura política de uso cotidiano, en sentido común.

Y la región es hoy un acalorado conversatorio. A principios del mes pasado estuve en Colombia, donde un gobierno de derecha está negociando, al parecer fructuosamente, con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero las conversaciones de La Habana no son todo; a raíz del pasmoso Paro Nacional Agrario, el gobierno de Santos tuvo que abrir negociaciones con la Mesa que representa al conjunto de los participantes, y también bilateralmente con cada uno de ellos: los caficultores, cacaoteros, cañeros, paperos y otros sectores de pequeños productores comerciales agrupados en las que llaman Dignidades, que demandan políticas de desarrollo rural; e igualmente con los mestizos, indígenas y negros de las Reservas Campesinas y otras formas de tenencia colectiva, que cuestionan que el gobierno esté cediendo a particulares tierras baldías supuestamente destinadas a las familias que las requieran y exigen una verdadera reforma agraria. Diálogo que no es sólo entre el gobierno y la sociedad organizada, sino también horizontal y entre los diferentes contingentes: los que están próximos a las FARC

y se sienten representados en los debates de la Habana, y los que no comulgan con la guerrilla y quieren negociar por sí mismos y en tierras colombianas.

Unos días después estuve en La Paz, Bolivia, en un seminario latinoamericano donde se discutió el papel que pueden tener los campesinos e indígenas de la región y del mundo en darle solución a la crisis alimentaria. El tema es importante por sí mismo, pero lo que me interesa destacar aquí es que entre los participantes había dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuya fuerza mayor es aymara y se ubica en el altiplano, y representantes de la etnia guaraní que se ubican en las tierras bajas.

Sectores que en los años recientes han estado fuertemente confrontados, en particular por la carretera del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), lo que no les impidió compartir la mesa de debates y confrontar ideas de manera respetuosa. Y lo más llamativo es que el seminario fue auspiciado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y las discusiones, donde con frecuencia se hacían ácidas críticas al gobierno, tenían lugar a unos pocos metros del despacho de García Linera.

De Bolivia viajé a Ecuador, donde hay una fuerte polémica por la decisión del gobierno de promover la extracción del petróleo que está bajo el Parque Nacional de Yasuní, dado que nunca llegó la compensación internacional que se había demandado a cambio de no sacarlo ni quemarlo. Ante la intempestiva decisión del presidente Correa, los jóvenes a los que el propio gobierno había ayudado a convencer de que Yasuní debe ser preservado, se están manifestando en la calle y buscan reunir las firmas necesarias para que el tema sea sometido a una consulta popular.

Debates intensos en un país como Colombia gobernado por la derecha, intensos debates en países como Bolivia y Ecuador gobernados por la izquierda. Debates enconados y a veces infructuosos, pero debates al fin. En cambio en México el verdadero debate entre la sociedad y las instituciones es una asignatura pendiente. Plausible es, entonces, la campaña del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para que las cuestiones en las que se juega el destino del país se sometan a consulta. La reforma laboral, la educativa, la energética, la fiscal. Pero también cuestiones estratégicas como el estatus del EZLN y el lesivo contenido del TLCAN, asuntos que pronto cumplirán 20 años. Y lo peor es que tampoco se debate públicamente el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) , que de firmarse como va, nos uncirá aún más a la yunta de la globalización asimétrica.

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FERNANDO CELIS

CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS ΈCONOCΉ El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido un verdadero desastre para el campo mexicano porque ha consolidado el dominio de las empresas agroalimentarias, que en algunos casos son trasnacionales e imponen un modelo de consumo a par r de materias primas más baratas y con alimentos que enen muchos conservadores y saborizantes.

Supuestamente son productos más baratos pero dejan muchas ganancias a estas empresas. Y el gobierno ha sido muy permisivo. Incluso México se dis ngue de otros países porque aquí las compañías pagan precios por productos agrícolas menores que los que pueden pagar en otros países. En México hay menos regulaciones para estas empresas; por ejemplo en café hay un exceso de azúcar y de saborizantes ar ficiales en varios de los productos industrializados. El TCAN ha permi do también la fortaleza de los monopolios y oligopolios, que dominan ya una buena parte de la agricultura mexicana. El TLCAN ha brindado protección a esos monopolios escudado en una aparente liberalización comercial y esto es poco conocido. Por ejemplo, en el marco del TLCAN, Nestlé -que par cipa en 65 por ciento del café tostado y molido que consume el país y en un 80 por ciento en el caso del café soluble- es beneficiada de aranceles cero para importar materia prima, pero cuenta con protección ante las importaciones de café procesado, vía reglas de origen, a tal grado que no hay entrada de cafés procesados de otras marcas de Norteamérica al mercado mexicano. Así, antes del TLCAN teníamos un mercado muy regulado, con intervencionismo estatal, y luego pasamos al otro extremo, de liberalización, pero no sólo eso, sino proteccionismo para los monopolios. Por eso estas empresas pueden tener el control del mercado. Y adicionalmente las polí cas fiscales y otras se acomodan a los intereses de estas empresas. Otra cues ón es que el gobierno mexicano aceptó esto de las “ventajas compara vas”, que implica traer los alimentos de donde resulte más barato. Así, esto ha destruido la producción nacional de arroz; se hacen importaciones masivas de maíz amarillo de Estados Unidos; se trae café robusta de Vietnam. Esto ha propiciado un exceso de importaciones que han desmantelado la producción nacional y han generado una presión de precios muy bajos para los productores. Y el movimiento campesino no ha podido responder de manera masiva para tratar de rescatar el funcionamiento del Estado y contrapesar a estas empresas. El saldo del TLCAN es muy nega vo para el campo, lo más preocupante es que hay encuestas a los campesinos que muestran que 80 o 90 por ciento de ellos prefieren que sus hijos ya no se dediquen al trabajo en el campo. Los jóvenes no ven perspec vas en el campo, pues se han demeritado no sólo los precios y los productos agrícolas, sino la imagen del trabajo rural. Hay una gran duda de qué va a pasar en 20 años, quién va a trabajar en el campo.

Es muy degradante todo el manejo ins tucional, hay mucho cinismo, pues el gobierno dicen que si no hay producción, la podemos importar. Consideran que se puede prescindir de los campesinos en México.

GERARDO SÁNCHEZ

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA ΈCNCΉ Si bien es cierto que el Tratado ha sido muy posi vo para el país en cuanto a la ac vidad industrial y de comercialización, no ha sucedido así con el campo; los beneficios se han tardado en llegar allí: ha crecido la migración hacia Estados Unidos y las ciudades más grandes del país, y esto es en razón de que no hay los apoyos suficientes para los productores y la pobreza rural se ha recru-

decido. Desde luego, se debe privilegiar más la ac vidad agropecuaria. Y eso es lo que hemos propugnado en la Secretaría de Agricultura y de cara al gobierno de la República demandamos que haya una reingeniería que nos permita potencializar al campo. Desde la negociación del TLCAN, suman 7.3 millones los campesinos que han abandonado el campo en México (2.3 millones han emigrado y los otros cinco millones se han dedicado a otras ac vidades). El riesgo es que año con año tenemos una mayor dependencia alimentaria del exterior, par cularmente de Estados Unidos, y no podemos seguir en esa condición. Tenemos que buscar a toda costa cómo diversificar la economía nacional y que el sector primario pueda crecer e incursionar en ac vidades emprendedoras que le permitan generar desarrollo para la población rural. En la negociación y aplicación del TLCAN tuvimos que haber esperado en algunos productos, que no hubiera sido la apertura defini va. La implementación del Procampo no compensó suficientemente los subsidios y apoyos que reciben los productores de Estados Unidos y Canadá. También creo que debería haber una polí ca drás ca de financiamiento, de fomento a las ac vidades produc vas, de compe vidad, de uniformar la comercialización, para que ello nos permi era hacer rentable al sector primario y no verlo como un problema. Hoy por hoy los problemas están latentes y si bien es cierto que ha crecido el Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) en el marco del presupuesto general, también es cierto que allí se han me do programas de índole social y no propiamente de rescate de ac vidades produc vas, que es a lo que tenemos que apostarle para terminar, o como una variante, para atacar la pobreza y la pobreza extrema rural. Cumplir 20 años del TLCAN es una extraordinaria oportunidad para que el gobierno federal recapitule y realice una reingeniería en el sector agropecuario, que nos permita ser más compe vos, que demos una lucha frontal contra la pobreza y la marginación y sobre todo que sea la oportunidad para capitalizar al campo y a sus habitantes.

JOSÉ JACOBO FEMAT

CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS RURALES Y PESQUEROS ΈCONORPΉ El efecto de la firma del TLCAN es una disminución en la producción de alimentos en 400 mil toneladas respecto de lo que teníamos hace 20 años; no se detonaron la capacidades produc vas del campo; se ha reducido la maquinaria agrícola, y tenemos un desplazamiento de los jóvenes de las ac vidades en el campo que nos ha dejado una población rural envejecida, con un promedio de 55 años de edad. Los jóvenes no ven que la ac vidad agropecuaria sea rentable, con futuro. También tenemos una situación de desmantelamiento del ejido y la comunidad como figuras jurídicas asocia vas que en otro momento fueron base del desarrollo económico rural; hoy son estructuras envejecidas, anquilosadas, donde los campesinos no se reúnen con la regularidad que en otro momento tuvieron, que no reúnen siquiera para obtener el quórum suficiente para tomar los acuerdos que son importantes para las comunidades. Eso da pie para que la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Reforma Agraria (la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu) tomen decisiones por encima de la voluntad de los campesinos, lo cual ha facilitado que territorios de estas comunidades sean detentados por grandes empresas en los megaproyectos mineros, par cularmente los eólicos y los de aprovechamiento de mantos de agua dulce y de explotaciones forestales. Además, a 20 años del TLCAN tenemos un mercado nacional inundado con productos alimen cios de otras naciones, pues estamos importando 43 por ciento de los alimentos que consumimos. Hemos abandonado productos estratégicos fundamentales como la soya y el arroz, de los que importamos 95 y 75 por ciento respec vamente de lo que consumimos, a pesar de que tenemos erra y agua suficiente para la producción de estos alimentos. Sin duda, tenemos también un campo devastado por el avance de la industria, de la construcción de carreteras, de proyectos mineros, y otras situaciones como el crecimiento de la ciudades, que ha generado el agotamiento de mantos acuíferos subterráneos, la contaminación de erra, la depredación de los territorios, y el que la frontera verde se vaya. Tenemos indudablemente un atraso en nuestro país, que responde a la implantación del modelo neoliberal que está poniendo en riesgo el futuro de la nación, pues entregamos recur-

sos sustan vos yestratégicos a las empresas privadas. En esto caben las reformas cons tucionales que se hicieron hace 22 años aparejadas a la firma del TLCAN, para concesionar el agua a par culares (pozos, presas, arroyos, ríos, mantos acuíferos profundos). Y también las concesiones de aprovechamiento forestal, de selvas y bosques, de mantos de agua dulce para empresas par culares, entre ellas las refresqueras principales del país, y empresas ecoturís cas privadas, como la que encabeza la ex secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias en la selva Lacandona desde hace más de 20 años, y que son las principales beneficiarias de esta polí ca de priva zación de los recursos naturales y de los territorios indígenas y campesinos.

MAX AGUSTÍN CORREA

COORDINADOR DEL CONGRESO AGRARIO PERMANENTE ΈCAPΉ

Hemos analizado que el TLCAN es simplemente la expresión comercial de una polí ca pública aplicada en nuestro país que ha dejado en el campo mexicano dependencia agroalimentaria, quebranto de los productores campesinos e indígenas; que ha dejado pobreza y miseria, y sobre explotación y destrucción de recursos naturales: de agua, suelo, bosques y selvas.

Y ese tratado ha impuesto un patrón de comercialización, abasto y consumo de alimentos; ha cambiado el régimen alimen cio de los mexicanos y nos ha dejado como consecuencia enfermedades crónico degenera vas como la obesidad, diabetes, hipertensión, y también un severo problema económico en las finanzas públicas para atender esa crisis de salud. Este modelo va acompañado del modelo Walmart que también está dejando en la quiebra a los pequeños y medianos comerciantes de alimentos así como a los mercados tradicionales y a los anguis. Sufrimos una pérdida de soberanía y de seguridad alimentaria y desgraciadamente también hambre y violencia.

JOSÉ NARRO CÉSPEDES

FRENTE AMPLIO CAMPESINO ΈFACΉ

El TLCAN ha tenido un efecto desastroso y ha llevado a la pobreza a millones de mexicanos que viven el campo, los ha expulsado, y sigue profundizando la descapitalización de los productores rurales en beneficio de un sistema que, por medio de la explotación y el atraco de la riqueza, ha ido cons tuyendo monopolios de comercialización de los diferentes productos del campo. El TLCAN oficializó el despojo, la especulación y la violencia contra los productores rurales. La riqueza de estas empresas se basa en precios bajos para el productor -en donde no se recuperan los costos de producción- y altos precios al consumidor. Así los monopolios agroalimentarios se han fortalecido en un proceso que suma 30 años. Monopolios como Maseca, Cargill, Valle Verde y La Costeña en el frijol son los que despojan y especulan con la necesidad de los productores, con el único fin de acumular riqueza, sin que hasta la fecha se cuente con ningún mecanismo o estrategia para regular el mercado. No hay libre mercado, porque se encuentra acaparado y monopolizado por dos o tres grupos de empresas comercializadoras. Los programas de subsidios y apoyo al campo, en lo fundamental, son para ellos también. El presupuesto va orientado en un 80 por ciento a programas de subsidio y el 20 restante se concentra sobre todo en apoyos a los que se dedican a la agricultura comercial y a estos grandes monopolios agroalimentarios. La Secretaría de Agricultura tendrá un presupuesto de más de 81 mil millones de pesos en 2014, en comparación con 75 mil 400 millones de gasto en 2013. El gasto por concepto de subsidios sumará 494 mil 200 millones de pesos, con lo cual tendrá una par cipación de 14.2 por ciento del gasto programable total, con un crecimiento esperado para el 2014 de 18.6 por ciento real respecto al aprobado para el 2013. Dejando a los agricultores campesinos a la deriva y en condiciones de pobreza.

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REFRESCANDO LA MEMORIA: ¿QUÉ ES EL TLCAN Y CÓMO SE NEGOCIÓ?

Alberto Arroyo Picard Investigador de la UAM-I; miembro de la coordinación colectiva de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y de la Alianza Social Continental (ASC)

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ceso de negociación fue secreto y cerrado para la sociedad, excepto para los grandes empresarios y algunos ficticios representantes de movimientos sociales miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la Confederación Nacional Campesina (CNC). La presión social logró abrir mesas de información, pero en ellas se nos daba información sesgada e incluso falsa, como se pudo comprobar cuando, gracias al trabajo de las redes sociales de los tres países, se logró filtrar uno de los últimos borradores de la negociación.

1.- El proyecto estratégico detrás de los Tratados de Libre Comercio (TLCs). Con la desintegración del bloque soviético, se acelera la etapa triunfalista de expansión cuantitativa y cualitativa del capitalismo y avanza su forma más salvaje llamada neoliberalismo. Para 1982, se logra imponer el neoliberalismo como pensamiento casi único y, con excepción de Cuba, es adoptado por todos los gobiernos del continente americano. Sin embargo, el primer círculo del poder de Estados Unidos, siempre previsor, se pregunta si este tan conveniente modelo podrá sobrevivir en caso de que hubiera cambios de signo político en los gobiernos de América Latina.

El temor crece con las elecciones en 1988 en México: Carlos Salinas tiene que recurrir al fraude frente a Cuauhtémoc Cárdenas, quien había roto con el PRI por considerar que la nueva ideología dominante en dicho partido no ero lo adecuado para México. Sus análisis eran correctos pues años después empiezan a ganar gobiernos progresistas o de izquierda en Sur América. El factor común de estos gobiernos era cuestionar el Consenso de Washington y buscar un camino distinto y propio. Ello lleva a Estados Unidos a plantear la idea de los TLCs, que no son otra cosa que convertir en ley supranacional obligatoria, y con mecanismos efectivos para hacerla cumplir, la ideología neoliberal.

Ello es expresado magistralmente por el primer director de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Renato Ruggiero:“Éstos son el esfuerzo de crear una constitución internacional de los derechos del capital”. Es decir, con los TLCs la orientación de la economía ya no dependería de los gobiernos o del pueblo, sino que se impondría por una legislación supranacional.

Para imponer el neoliberalismo se fueron engarzando diversos elementos. Primero, un consenso generalizado llamado el Consenso de Washington, que se complementa con la coerción económica, vía el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para finales de los 80’s lo anterior no era ya suficiente.

El sureste asiático no tiene grandes deudas y con ello está fuera de la

FOTO: Elsa Medina Castro / La Jornada

a idea de negociar un tratado para crear una zona de libre comercio entre México y Estados Unidos surge el 11 de junio de 1990 en una Cumbre presidencial entre Carlos Salinas y George W. Bush. Se inician negociaciones formales el 5 de febrero de 1991 a las que se incorpora Canadá.

Carlos Salinas firma el Tratado de Libre Comercio junto a Jaime Serra Puche el 17 diciembre de 1994.

mira del FMI, sigue con éxito su propio camino. El neoliberalismo no da los frutos prometidos y eso va debilitando el Consenso, Hay que implementar una tercera pieza en el mecanismo de garantía de reproducción del neoliberalismo: una legislación supranacional obligatoria, y los TLCs. La oposición social no se hizo esperar. Desde 1982 hay grandes movimientos frente al yugo de la deuda externa y los ajustes estructurales neoliberales. En 1991 nace la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y pronto se conforma la Red Trinacional de América del Norte.

En 1995 se conforma la Red Global Nuestro Mundo no está en Venta frente a la OMC. En 1997 se inicia la construcción de la Alianza Social Continental que logra derrotar el proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y frena el avance de TLCs bilaterales o regionales tanto con Estados Unidos como con Europa. En 2001 nace el Foro Social Mundial. En 2007 se forma la Red birregional Europa-América Latina Enlazando Alternativas.

Por supuesto, a pesar de algunos triunfos del movimiento social global, el poder globalizado no deja de impulsar este modelo económico e implementa diversas

estrategias para frenar los cambios progresistas y dividir nuestro continente. Ahora busca consolidar la zona de hegemonía neoliberal en con la Alianza del Pacífico y con el Tratado Transpacífico y un TLC entre Estados Unidos y Europa.

En México hoy se quiere dar un gran salto con las reformas constitucionales que impulsa Peña Nieto, especialmente la energética. Si se cambia la Constitución, el petróleo y la electricidad, que habían sino excluidos de los compromisos del TLC de América del Norte (TLCAN), serían sometidos a dichas obligaciones. Los inversionistas extranjeros en el sector tendrían que ser tratados igual que los nacionales, las empresas públicas energéticas licitarían como cualquier otro inversionista por los contratos y podrían perderlos, los contratos estarían sujetos al mecanismo internacional de solución de controversias que incluye la llamada expropiación indirecta (consideran expropiatoria cualquier medida gubernamental que disminuya su ganancia esperada). Más aún, podríamos ser demandados si en el futuro se tratara de revertir este cambio constitucional. Hoy la resistencia unida frente a este modelo es más necesaria que nunca.

2.- El proceso de negociación y aprobación del TLCAN. El pro-

De parte del equipo de negociación mexicano, se negoció sin tener un proyecto estratégico de país. Ello fue explícitamente reconocido por Herminio Blanco, jefe negociador, cuando a pregunta expresa de RMALC de “¿cuál era el proyecto de país que se tenía en mente al sentarse a la mesa de negociación?” contestó: “Proyecto de país, ¿para qué? El mejor proyecto de país es no tener proyecto de país y dejar que el mercado modele al México posible”. Ello muestra claramente lo que es el libre comercio y su forma legal, que es el TLC. Se trata de dejar la dinámica de la economía, y en el fondo, de la sociedad y de nuestra vida y futuro, a las solas fuerzas del mercado, es decir a la ley del más fuerte. Los TLCs son mucho más que apertura de fronteras y quitar aranceles para promover el intercambio internacional de mercancías. Incluye muchos otros capítulos que limitan o, mejor dicho, casi anulan, la capacidad de los Estados de regular la economía, de promover o impulsar un proyecto económico nacional y garantizar los derechos sociales.

La negociación termina en 12 de agosto de 1992 y el 17 de diciembre del mismo año lo firman los presidente Bush, Salinas, y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney. La ratificación por el Senado Mexicano se da a principios de 1993, pero de una forma totalmente irregular y anticonstitucional: se aprueba un texto y entra en vigor otro. El texto que aprobó la Cámara alta mexicana tiene en la primera página la leyenda que dice “Texto no oficial sujeto a correcciones”.

Dichas “correcciones” no fueron, como dijo el gobierno mexicano, un asunto de mejorar las traducciones, sino que en el proceso de ratificación del Senado estadounidense sufrió numerosos cambios.

Además, según el Artículo 133 de nuestra Constitución, no se puede ratificar un tratado que no es coherente con dicha Constitución, elemento que no cumple el TLCAN.

Todo ello fue denunciado y demostrado, pero en México la verdadera ley es tener el poder de hacerlo y en ese momento había sólo tres senadores no priistas y sólo hubo dos votos en contra. El TLCAN entra en vigor el uno de enero de 1994 3.- Conclusión. El TLCAN es un megaproyecto geopolítico estratégico que obliga a nuestras economías a dejarse llevar por el llamado mercado que no es otra cosa que la ley del más fuerte.

El resto de este suplemento mostrará lo perjudicial que ha sido para los campesinos, pero es importante tener en cuenta que ha sido malo para todo el pueblo mexicano. Peor aún, ha sido un fracaso ya que no se consiguieron los objetivos planteados por sus promotores. Veamos algunos datos duros: -Se planteó un crecimiento acelerado y constante. Durante estos 20 años, la tasa media de crecimiento del PIB por habitante fue de sólo 0.51 por ciento anual, la más baja comparada con las diversas estrategias seguidas por México desde el fin de la Revolución Mexicana.

Es uno de los países que menos crece, ocupa el número 25 de 33 países de América Latina de los que hay información comparable.

-Se planteó que mejoraría la competitividad, y de haber sido el número 40 en la medición del Banco Mundial (BM), en 2011 baja a ser el número 66.

-Se prometieron más y mejores empleos pero la tasa de desempleo abierto hoy es el doble de 1993, antes de que entrara en vigor. Además el trabajo se ha precarizado. Basados en la canasta mínima alimentaria y no alimentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), y considerando una familia de cuatro miembros en los que dos tienen empleo, resulta que en 2004 al 46 por ciento de los trabajadores no les alcanza para adquirirla y esa proporción en 2013 sube al 49 por ciento. Peor aún, en 2004 al 14.9 por ciento no le alcanza ni siquiera para alimentarse y en 2013 ese porcentaje sube a 19.53.

Estos resultados son contundentes: hay que cambiar de rumbo.

Pero quien nos gobierna plantea profundizar y acelerar este camino al precipicio. Negocia actualmente un nuevo y más profundo TLC y busca cambiar la Constitución para someter nuestro petróleo a las obligaciones del TLCAN y “compartir” las ganancias con las trasnacionales petroleras. Necesitamos rescatar nuestra nación, el futuro depende de nosotros.

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Testimonio

MUCHA IGNORANCIA Y DEBATES POCO PROFUNDOS: GUSTAVO GORDILLO subsecretario de Agricultura en el gobierno de Carlos Salinas

De si hubo consulta con los representantes campesinos, se hicieron varios eventos, pero la palabra “consulta” es muy resbaladiza. De manera muy escasa se dio la discusión de cuál era la situación de los pequeños productores y de lo que podría implicarles la apertura comercial; no hubo discusión a fondo. Había presunciones de que las cosas iban a estar muy mal, hubo muchas declaraciones de que no se debía negociar así el sector agropecuario; la verdad es que no había suficiente información.

Y no hubo una consulta detallada, sistemática, casi con ningún sector, salvo con los que estaban en el cuarto de junto o cuarto al lado –donde del sector agroalimentario estaban sólo Eduardo Bours, empresario avicultor, de Bachoco, y vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), y Juan Gallardo Thurlow, de la rama azucarera-. En cierto sentido se estaba yendo en un terreno movedizo. A todo el mundo en el gobierno básicamente le parecía una buena idea abrir los mercados, y para muchos sectores empresariales también parecía una buena idea. Aunque hubo también rubros empresariales que no querían perder la capacidad de tener protección interna, Entonces, no creo que hubo una consulta suficientemente amplia.

Además había mucha ignorancia sobre el campo de parte de los negociadores, y una idea fija y ridícula que no se les ha quitado a muchos que hacen política pública, en el sentido de que hay una cifra mágica: que en los países ricos la población rural representa menos de cinco por ciento de la total y que ello es ideal. En realidad, eso es relativo, hay muchos países desarrollados en Europa que no tienen el cinco sino el 30 por ciento en el campo. Lo que debe uno pensar es cómo se puede tener un desarrollo mucho más armónico.

Alguna vez una persona -no diré su nombre porque no tiene caso, pero es sintomático de lo que se decía entonces- afirmaba que nos sobran 20 millones de mexicanos en el campo y yo preguntaba ¿qué quieres hacer, los vas a mandar al mar? “Se van a ir a los ámbitos urbanos, y allí van a encontrar em-

Por otra parte, se definió el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). Yo hice el diseño inicial y el objetivo era tener un programa para proteger a aquellos productores pequeños que sembraban para el mercado pero que necesitaban años para poder adaptarse a la apertura, ya fuera mejorando sus técnicas o diversificando sus cultivos; por eso habíamos puesto un techo de 20 hectáreas (lo cual implicaba atender a 98 por ciento de los productores en 1992; hoy representan 94 o 95 por ciento). En la decisión final para generar el programa hubo un problema. Se aumentó el acceso a los agricultores hasta con cien hectáreas, lo cual hizo el subsidio regresivo y ya no cumplió con la función que originalmente tenía, de acompañar a los productores pequeños en la transición de la apertura.

pleo”, contestaba. Bueno, yo decía y digo, ese es un supuesto, de que van a crecer otros sectores que van a absorber la mano de obra que supuestamente es redundante. Yo tenía y tengo otra visión: la población no es redundante en un lugar u otro, sino depende del estilo de desarrollo que tiene el país. Si se tiene un desarrollo que concentra tierras y recursos, sí va a haber población redundante; si se tiene un esquema que favorece la pequeña agricultura, seguramente se van a crear muchos empleos alrededor de la agricultura, no en la agricultura, lo cual puede ayudar a definir una estructura y una economía más adecuada.

Por parte de la Secretaría de Agricultura, cuando inició el sexenio, con Jorge de la Vega Domínguez, al frente (diciembre 1988-enero 1990), la Dirección de Asuntos Internacionales estaba en mi subsecretaría, de Agricultura, pero luego entró Carlos Hank González como secretario, y también Luis Téllez Kuenzler como subsecretario de Planeación. En ese momento ya se estaba empezando a negociar el TLCAN y vi que el negociador era Jaime Serra Puche, con quien yo no tenía una buena relación, y en consecuencia decidí, y así lo discutí con Hank, que Asuntos Internacionales pasara a la oficina de Téllez.

Entonces yo participé indirectamente, con observaciones que creo importantes. En primer lugar, me parecía que iba a ser muy complicado meter en una misma negociación, aunque fuera en capítulos diferentes, temas como las manufacturas -que era lo fundamental para los negociadores mexicanos- con temas como el sector agrícola. De por sí era muy poco el conocimiento y la experiencia internacional que teníamos de cómo negociar en materia de comercio internacional agropecuario. Todavía no estaba formada la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Entre otras dificultades estaba –y eso lo argumentamos varias personas en mi Subsecretaría en particular- que los precios internacionales agrícolas se fijan con un porcentaje muy bajo de la producción mundial, por ejemplo el del arroz lo fijan fundamentalmente Tailandia y Vietnam, siendo que los grandes productores son China, Japón y Estados Unidos. Entonces hay una especie de falla de los mercados internacionales en el ámbito agrícola y en especial en cereales, Esa fue la primera observación que hicimos.

FOTO: Archivo

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l llamado “cuarto de junto” de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) integraba básicamente a empresarios. Que yo recuerde, no había un solo representante de organizaciones campesinas.

La segunda reflexión que hicimos es que en ese entonces no teníamos cuy clara la tipología de los productores rurales y no sabíamos de qué manera afectaría el TLCAN particularmente en el maíz.

En un momento dado, cuando ya entró a la discusión el sector agropecuario, sobre todo Canadá planteó que se definieran periodos diferentes de liberalización para los productos que se consideraran más sensibles y que cada país especificara los propios. Canadá planteó fundamentalmente derivados de lácteos; de lo que recuerdo, Estados Unidos, planteó jugo de naranja.

En el caso de México se planteó maíz y frijol. Y es que de varios análisis de universidades estadounidenses, hubo uno, de Stanford, que advertía que si se abría indiscriminadamente el mercado de granos, se daría un crecimiento desproporcionado de la migración de mexicanos a Estados Unidos.

El texto tenía un error porque consideraba que todos los productores producían para el mercado; de cualquier forma, era un error a nuestro favor, y representaba una pieza de negociación muy importante, y así lo planteé a la gente que estaba negociando.

Los propios negociadores estadounidenses contaban con cál-

culos propios al respecto, de tal suerte que se había dicho que los productos sensibles tendrían un periodo de diez años antes de abrir los mercados completamente, pero como iniciativa de EU surgió que a maíz y frijol de México les dieran 15 años en vez de diez. La manera como esto habría funcionado era con una cuota arancel que implicaba el acceso a México de cuotas sin arancel, el primer año en volúmenes pequeños y aranceles, altos al principio; las primeras irían creciendo y los segundos bajando hasta llegar a cero al año 15. Esto era una protección para los precios a los productores mexicanos, a tal grado que en un principio se asemejarían a los precios de garantía que se tuvieron antes.

El problema fue que, por razones de política económica interna – para acotar la inflación-, en su segundo año de gobierno, Ernesto Zedillo decidió abrir más la cuota y reducir más el arancel de suerte que mucho antes de los 15 años ya se había prácticamente abierto el mercado, y el efecto de eso sí fue muy grande en los productores de maíz, sobre todo para los que sembraban orientados en parte para el mercado y que eran buenos productores. Se vieron afectadas las zonas de la Frailesca, de Chiapas; de la Ciénega, de Jalisco, y otras.

Mi conclusión es: debimos haber visto con mucho mayor cuidado la negociación del capítulo agropecuario porque había muy pocas experiencias en ese momento de negociación, y ahora que se tiene bastante más información, es muy claro que las negociaciones o la apertura de productos agropecuarios y particularmente cereales no beneficia a la mayoría de la gente de los países. Además, si se hubiera mantenido la protección del arancel cuota para maíz y frijol, éste junto con los apoyos concomitantes, es seguro que hubiera habido un mejor resultado para el segmento de productores medios.

En otros ámbitos, es muy cierto que el TLCAN permitió avanzar.

Los logros de la manufactura, en particular automotriz, es resultado directo y claro del Tratado. Pero allí se puede uno hacer muchas interrogantes de si eso era lo que en realidad buscábamos con el TLCAN. Se planteaba también que iba a haber mayor inversión extranjera; eso ocurrió hasta 200405, cuando comenzó a decrecer bastante comparada con la que llegó a otros países de América Latina.

En cualquier caso, a 20 años nadie quiere mover el TLCAN, creo que lo que dio de sí para bien o para mal, ya lo dio. Entonces pensar en una negociación distinta, más amplia, que incluya la movilidad de mano de obra, podría ser algo interesante. Pero creo que el instrumento mismo de los acuerdos comerciales ha perdido ya mucho su atractivo respecto del que tenía hace 20 años. (LER)

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EL TLCAN: EL ARTE DE ENTREGAR LOS VALORES Timothy A. Wise Investigador del Global Development and Environment Institute de Tufts University en Boston

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alcanzaron 34 por ciento en maíz y 97 por ciento en soya.

principios de octubre atendí una invitación del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para hacer una exposición en su foro anual, realizado en la ciudad de Aguascalientes.

El tema del foro, “La nueva visión ante el reto de alimentar al mundo”, me hizo entender que viviría una experiencia surrealista, ya que a México, con una dependencia alimentaria del exterior de 42 por ciento, le falta mucho para alimentar a los propios mexicanos, y si no puede con eso ahora, menos con el reto de atender al “mundo”.

El costo para los productores mexicanos. Suponiendo que los precios de los productos en México se contrajeron en la misma proporción que el margen de dumping, el costo global de las pérdidas en los ocho productos se estima en 12 mil 800 millones de dólares para el periodo de nueve años, o mil 400 millones cada año.

Las pérdidas anuales equivalen a más del diez por ciento del valor de todas las exportaciones agropecuarias de México hacia EU (incluyendo cerveza). Las pérdidas que ha costado el dumping de EU rebasan el valor total de las exportaciones de jitomate a ese país, que aumentaron vertiginosamente con el TLCAN.

Otra muestra del surrealismo que ya viven los mexicanos como realidad cotidiana la recibí en la fiesta de cóctel del CNA. El asesor agrícola de la embajada de Estados Unidos (EU) en México me comentó con orgullo que es muy viable que este año México logre un superávit comercial para el sector. Reconocí la trampa, conozco los datos.

Los productores de maíz fueron, por mucho, los más afectados, con pérdidas por seis mil 600 millones de dólares, un promedio de 38 dólares por tonelada o 99 por hectárea. Esto es más que el pago por hectárea promedio a pequeños productores bajo el esquema de subsidios de Procampo.

“¿La balanza agroalimentaria?”, le pregunté, y respondió: “Sí”.

Repliqué: ““No la balanza agropecuaria, sino la que tiene la cerveza como exportación del agro”.

Termina la época ilusoria de la comida barata. Si esto fuera una apuesta del gobierno mexicano en el gran casino neoliberal por una política de comida barata y crecimiento dinámico, la perdió por ambos lados. Por su creciente poder, los monopolios agroalimentarios capturaron la gran parte del valor de las importaciones baratas, dejando una canasta básica cada año más costosa.

“Sí, así es”, me respondió y explicó que la cerveza es un ejemplo emblemático del éxito del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) para México, que muestra el valor de la integración continental. “¡Aún estamos nosotros exportando a México la malta para hacerla!” Y es cierto. Desde la entrada en vigor del TLCAN han crecido en siete veces las ventas de malta de EU a México.

“Entonces, si México no contribuye ni con el grano ni con la malta, exactamente ¿cuál es el valor agregado desde el agro mexicano?”, le pregunté. Respondió sólo con una risa nerviosa.

Eso es el TLCAN para México.

Se entrega la soberanía alimentaria, con una apertura casi total y nada estratégica. Y aun con un producto como la cerveza en que el país sí tiene una ventaja comparativa frente a EU, se entrega casi todo el valor agregado a la contraparte comercial. Las ventas impresionantes no estimulan la actividad económica de los agricultores, ni siquiera a la industria doméstica de la malta. A cambio, México se convierte en una maquiladora para embotellar la cerveza. Contribuye con el agua, la cual cuenta el país en volúmenes limitados.

Y ya con la compra parcial de los dos monopolios grandes de la cerveza por parte de empresas extranjeras, ni las ganancias se quedan en el país.

Así ha sido la receta del gobierno mexicano, durante 20 años de un neo-

liberalismo intransigente. Se ha perfeccionado el arte de entregar valores.

El saldo espantoso para los agricultores. Para los agricultores mexicanos, el TLCAN desató un estado de crisis permanente, con dos periodos distintos. El primero puede llamarse “La gran inundación”.

Con la liberalización acordada, se desató una oleada de compras de cárnicos y granos provenientes de EU, muchos a precios dumping, debajo de sus costos de producción.

Con la decisión de parte del gobierno mexicano de acelerar la liberalización incluso de los productos que contaban con plazos graduales de apertura, como el maíz, la oleada se convirtió en tsunami.

He analizado a detalle ocho productos —maíz, soya, trigo, algodón, arroz, carne de res, cerdo y pollo— que compiten con productos mexicanos y cuyos niveles de exportación a México han crecido mucho desde antes del TLCAN. El volumen de las exportaciones creció considerablemente, con un mínimo de 159

por ciento en soya y un máximo de 707 por ciento en cerdo, entre el promedio 1990-2002 y 2006-08.

Los ocho productos han sido cuantiosamente apoyados por las políticas agropecuarias de EU, con subsidios que promediaron 11 mil 500 millones de dólares por año entre 1997 y 2005, y con otras políticas aún más importantes que impulsaron la sobreproducción. La mejor estimación del efecto de las políticas de EU para apoyar exportaciones se tiene en un indicador llamado “margen de dumping”, que considera el porcentaje en que los precios de exportación están por debajo de los costos de producción. Los ocho productos registraron un margen de dumping positivo durante 1997-2005, de entre 17 y 38 por ciento en los cinco cultivos y de cinco a diez por ciento en los productos pecuarios.

Los efectos sobre los precios en México también son significativos. Los precios al productor se redujeron drásticamente en todos los

productos. Al comparar los precios de 2005 con los de principios de los 90’s (ajustados por la inflación) son de 44 a 67 por ciento más bajos. Y por los bajos precios, cayó la producción de algodón, soya, trigo y arroz.

La demanda creciente por los cárnicos sostuvo tanto a la producción mexicana como a las importaciones.

Igual ocurrió con el maíz, cuya producción aumentó en 50 por ciento, contrario a lo que podría esperarse.

Esto dejó a México prácticamente autosuficiente en la producción de maíz blanco para consumo humano, pero muy dependiente de importaciones en el sector pecuario, que crece velozmente.

La dependencia de las importaciones en México aumentó significativamente en los ocho productos.

En el sector pecuario, la dependencia pasó de cuatro a siete por ciento a principios de los 90’s a niveles de 16 a 31 por ciento en 20062008. En los cultivos, los niveles de dependencia iniciales ya eran altos a principios de los 90’s (siete-74 por ciento), pero en 2006-08

Y bajo el régimen neoliberal, se estancó la economía, particularmente en aquello que más necesitaba México: empleos. Con una pérdida de al menos dos millones de empleos en el campo, y con un crecimiento lento en el sector industrial, no es de sorprender que la participación de mexicanos en el sector informal creció hasta 57 por ciento.

Como resonó la consigna en el Zócalo durante la gran marcha por los zapatistas y en contra del TLCAN en enero de 1994: “¿Primer mundo?, já já já!”

Si bien el chiste sobre la comida barata comprada con salarios industriales fue de mal gusto, se volvió cruel cuando se desplomaron los precios internacionales del maíz y de otros cultivos en 2007.

Y aún peor cuando la crisis financiera en EU provocó la Gran Recesión, que para México tumbó la fuente más importante no sólo de demanda y de capitales sino también de empleos y de las remesas enviadas por los migrantes.

Este segundo periodo del TLCAN puede llamarse “La

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16 de noviembre de 2013 dependencia costosa”. Se duplicaron los precios internacionales de cultivos básicos, provocando protestas violentas en decenas de países, incluso en México.

Se aumentó el costo de la canasta básica de comida en 53 por ciento entre 2005-11. Y estalló el déficit en la balance comercial agropecuaria, llegando a cuatro mil 600 millones de dólares en 2008. De 1990 a 2011, el costo anual de las importaciones de alimentos subió de dos mil 600 millones a 18 mil 400 millones de dólares.

UN TRATADO DISPARADOR DE VIOLENCIAS Víctor M. Quintana S.

Hacia un futuro incierto. Los precios internacionales se han calmado este año. Pero se espera una volatilidad continua, por la carencia de reservas públicas, la creciente demanda por los agrocombustibles y una especulación financiera espantosa en los mercados de commodities desde la crisis financiera. Según la presentación que hizo en el foro del CNA el investigador Mark Rosegrant, del Instituto Internacional para la Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés), el cambio climático hace aún más inciertas las perspectivas de México en el agro.

Aun en el más optimista escenario, se prevén afectaciones significativas a la productividad agrícola.

Ya emerge un nuevo consenso a nivel internacional, y esto es algo que a mí me tocó resumir en la presentación del foro del CNA: la prioridad es invertir en la productividad de los agricultores pequeños y medianos, con base en un extensionismo público enfocado en la producción agroecológica.

Como enfaticé al final, no se puede lograr tales cambios sin reorientar las políticas comerciales, lo cual sirve también para reducir el alto costo de la dependencia. Como nos han mostrado tanto China como Brasil, se puede abrir la economía estratégicamente, sin desarmarse en sectores importantes. Como hemos mostrado en un estudio reciente, México podría recuperar su autosuficiencia en maíz.

FOTO: Archivo de Proyectos

En gran parte, las importaciones de maíz causaron el déficit, ya que las políticas de apoyo al etanol en EU ya estaban desviando hasta 40 por ciento del cultivo a la producción del agrocombustible. Según otro estudio mío, esas políticas habían costado a México mil 500 millones de dólares entre 2005 y 2011 por la alza al precio del maíz atribuible a la expansión de la demanda por el etanol.

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i el campo está en llamas no se debe sólo a los “malos”, es decir a los cárteles de la droga, a los grupos de sicarios y matones. Porque la violencia criminal ni es la única, ni fue el factor que disparó la crisis humanitaria que viven amplias zonas rurales del país. La drástica transformación de las políticas públicas hacia el sector agropecuario –inducida por los programas de ajuste estructural y la apertura comercial, cuya joya de la corona es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)generó las condiciones para el surgimiento de múltiples formas de violencia en el agro mexicano.

Los gobiernos federales a partir de 1983 impusieron una serie de políticas de ajuste económico, como la expulsión de todos los productores de temporal del sistema de crédito rural; además, los precios de los energéticos se empezaron a disparar: en 1993 un litro de gasolina costaba 1.36 pesos, hoy más de 12, y la energía eléctrica para riego agrícola se disparó de 14 centavos el kilovatio/hora a 1.15 pesos. Y lo que producen los campesinos empezó a bajar de precio.

Se puede capturar el valor del comercio. Y en el proceso, se puede rescatar los valores humanos que deben de determinar las políticas económicas, no al revés. En lugar de entregar sus valores.

Y, a pesar de las múltiples advertencias de las organizaciones campesinas y de muchos investigadores, se firmó el TLCAN, cuando los productores mexicanos de granos básicos, sobre todo campesinos y agricultores medios, no pueden competir ni en términos de condiciones agroclimáticas, ni de subsidios, ni de tecnología, ni de apoyos gubernamentales, con la agricultura más poderosa del mundo.

Para mayor información, ver los siguientes estudios publicados: http://is.gd/vRZxcy, http://is.gd/qqS1O2, http://is.gd/eNbK6J

Al no poder competir con la agricultura estadounidense en condiciones de apertura comercial, centenas de miles de unida-

Las comunidades rurales se van quedando sin hombres jóvenes, convirtiéndose en poblaciones de mujeres, niños y adultos mayores; se vació la vida comunitaria; se acabaron muchas agrupaciones en los pueblos. Esta es una violencia, sorda, pero real des campesinas se sumieron en la quiebra. Así, se disparó la emigración del campo hacia las ciudades o Estados Unidos. Según la Secretaría del Trabajo, desde 1994 han dejado el campo un millón 780 mil personas. Y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reconoce que cada día salen del medio rural un promedio de 600 campesinos. Las comunidades rurales se van quedando sin hombres jóvenes, convirtiéndose en poblaciones de mujeres, niños y adultos mayores; se vació la vida comunitaria; se acabaron muchas agrupaciones en los pueblos. Esta es una violencia, sorda, pero real.

Con insumos caros y precios bajos para las cosechas, muchos productores tuvieron que intensificar la perforación de pozos para riego, abusar de los agroquímicos o incluso emplear semillas transgénicas para elevar su producción; empezaron a emplear tecnologías que ejercen una enorme violencia sobre el medio ambiente: suelos, corrientes de agua, bosques, pastos, etcétera. A resultas de ello, el desastre ambiental en el campo ha crecido, con ineludibles y costosos impactos en las ciudades

y para el desarrollo económico nacional. De los 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64 por ciento están degradadas, principalmente por erosión hídrica y eólica. Cada año se pierde la utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas en las mejores tierras irrigadas, por causa de la acumulación de sales. Ello suma ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la agricultura intensiva. Se han sobreexplotado los mantos acuíferos, se han devastado los bosques que generan el agua de las principales corrientes en México.

Luego de 20 años de la imposición del TLCAN, la agricultura mexicana se ha polarizado mucho más: el Procampo, que debiera impulsar a los campesinos pobres y medios a producir más y mejores alimentos, es acaparado por los grandes agricultores. El diez por ciento más rico de los productores concentra 45 por ciento de este subsidio y 80 del programa Ingreso Objetivo de la Secretaría de Agricultura, además de 60 por ciento de los subsidios para la energía y el agua. Todo esto ha llevado a una mayor depauperación de las familias rurales: en octubre de 2011 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) declaró que 55.7 por ciento de la población, o sea 63 millones de personas, padece inseguridad alimentaria; de éstos, 28 millones padecen pobreza por hambre, y de ellos 20 millones viven en áreas rurales. Esta enorme desigualdad es el núcleo duro de la violencia social que hoy cunde en nuestro campo.

El crimen organizado comenzó a penetrar con gran fuerza en el medio rural en los 90’s. Se ocupan los vacíos que deja el Estado al retirarse como financiador,

comprador, inversionista, regulador y promotor de la economía rural. Los capos se establecen en las poblaciones rurales de diversas formas: compran propiedades de quienes están en quiebra para inyectarles recursos y blanquear dinero: agrandan ranchos, tecnifican explotaciones, perforan pozos, mejoran razas de ganado, plantan huertos y construyen infraestructura productiva. No sólo eso, ante la retirada de la banca paraestatal y comercial de las actividades agropecuarias, se convierten en financiadores y prestamistas. También comienzan a hacerla de comercializadores, utilizando recursos financieros propios.

Esta ha sido una penetración silenciosa. Ya apoderado de buena parte de la economía rural, el crimen organizado se adueña de otros aspectos: explota ilegalmente los recursos naturales, como los bosques en Michoacán y Chihuahua; diversifica sus exacciones más allá de la venta de estupefacientes: roba maquinaria y equipo, despoja de la nómina a quienes contratan trabajadores agrícolas, extorsiona a productores y comerciantes y pide una parte de la venta de las cosechas.

También el crimen organizado se hace del control territorial de vastas zonas rurales, de manera informal y formal: controla alcaldes; ocupa las direcciones de seguridad pública de los municipios, y cobra cuotas, derechos de paso, etcétera. Para adueñarse de los territorios ha sembrado previamente el terror mediante ejecuciones, mutilaciones, secuestros e incendios. Aplica castigos ejemplares a quienes se atrevan a desafiarlo, sobre todo si lo hacen de manera organizada como las policías comunitarias. Coopta, compra o de plano se colude con los diversos cuerpos policíacos, el Ejército y la Marina. Se conforma así en el medio rural de muchos estados de la República una auténtica sociedad de crimen en donde las familias campesinas viven como una población sometida por un ejército de ocupación, con su ciudadanía minimizada, si no es que anulada.

El campo mexicano está padeciendo la más terrible crisis de violencia desde el término de la Revolución de 1910. Esta violencia, promovida por los neoliberales se multiplica al destruir las formas productivas, de asociación, de vida comunitaria, de distribución de la riqueza y de relación con el medio ambiente que había subsistido hasta antes de que ellos llegaran y facilitaran la implantación de los cárteles de la droga y el crimen organizado precisamente ahí donde el Estado falló.

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EL CAPÍTULO 11 DEL TLCAN; ORIGEN DE UNA AMENAZA GLOBAL Manuel Pérez-Rocha L.* y Stuart Trew** *Investigador del Institute for Policy Studies de Washington, DC ** Coordinador de la campaña sobre el comercio del Consejo de los Canadienses

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Afirmamos categóricamente que Canadá y de México han sido hasta hoy los grandes perdedores de este régimen, pues el gobierno de Estados Unidos no ha perdido un solo caso de este tipo. Sin embargo, los tres países han tenido que pagar cantidades millonarias por los gastos legales incurridos en su defensa de los ataques de las empresas y en las cuotas pagadas a los tribunales de arbitraje. Y los perdedores son los pueblos, pues el dinero para sufragar a las corporaciones surge del erario público.

México ha perdido cinco disputas bajo el Capítulo 11, por un total de 204 millones de dólares, incluyendo intereses. Estos son los casos de Metalclad, Feldman, Corn Products International, ADM-Tate and Lyle, y Cargill. Actualmente México enfrenta un caso más bajo el TLCAN (International Vision, que demanda a México por casi 10 millones de dólares), pero po-

dría estar encarando muchos casos más, pues muchos tribunales, como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), no hacen públicos sus registros de casos.

Aún más grave para México es la amenaza latente que resulta de la proliferación de concesiones mineras y la incapacidad para dar marcha atrás debido al Capítulo 11. Según la Secretaría de Economía, hoy existen 857 proyectos mineros, siendo el 67 por ciento del total de oro y plata, que son altamente contaminantes. Cualquier legislación futura que frene o cancele alguno de estos proyectos podría incurrir en una demanda bajo las reglas del TLCAN, pues la gran mayoría de las empresas mineras extranjeras son de origen estadounidense o canadiense.

Como lo señalamos en el texto “Extrayendo ganancias en tribunales internacionales”, las industrias extractivas, minería, gas, petróleo, etcétera, se valen cada vez más de

las reglas a favor de los inversionistas bajo los TLCs o Tratados Bilaterales de Inversión para demandar a gobiernos, y de manera creciente en América Latina, cuando éstos diseñan y aplican normativas ambientales y sociales que frenan proyectos destructivos. México se ha salvado en buena medida de ser demandado por industrias extractivas, justamente por la permisividad con la que se otorgan permisos de explotación y la falta de voluntad política para detener la destructividad con la que operan estas empresas.

El gobierno de Canadá ha perdido seis casos y erogado hasta ahora más de 157 millones de dólares en pagos o arreglos, incluyendo intereses. Estos son los casos de Ethyl, S.D. Myers, Pope and Talbot, Exxon Mobil, Abitibi Bowater y St. Mary’s VCNA. Hay un caso más que ha perdido Canadá ante la petrolera Mobil Murphy Oil (de Exxon), aunque no se sabe el monto final de la compensación a ser pagada. Pero lo más alarmante en

Los tres países han tenido que pagar cantidades millonarias por los gastos legales incurridos en su defensa de los ataques de las empresas y en las cuotas pagadas a los tribunales de arbitraje.

Y los perdedores son los pueblos, pues el dinero para sufragar a las corporaciones surge del erario público el caso de Canadá son los cientos de millones de dólares que están aún en disputa. Dos casos recientes –uno en contra de una moratoria sobre la fractura hidráulica (fracking) del gas natural en la provincia de Quebec y otro en contra de la orden de una corte de invalidar

FOTO: Archivo

Este Capítulo ha otorgado a inversionistas extranjeros no sólo con mecanismos de desregulación para el movimiento de capitales y la deslocalización de la producción, sino con instrumentos de solución de controversias tipo “inversionistaEstado”, por medio de los cuales los gobiernos pueden entrar a juicio en procesos privados en tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial u otros. Los litigios consisten en reclamos hechos por inversionistas establecidos en cualquiera de los tres países, con base en la supuesta violación de los estándares de trato mínimo bajo el TLCAN, o por la supuesta “expropiación indirecta” de sus ganancias esperadas. Es decir, en muchas ocasiones los gobiernos han tenido que amortizar a empresas por implementar políticas públicas que afecten sus valores.

FOTO: Archivo de Proyectos

l Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue diseñado para desmantelar los sistemas de regulación de la inversión extranjera, y específicamente con el pretexto de garantizar a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá con un medio para solucionar casos extremos de posibles conflictos con el gobierno de México, pues se argumentaba que el sistema jurídico mexicano era deficiente y corrupto. Pero rápidamente se hizo evidente que este régimen de derechos corporativos, que se ha extendido a escala global, más allá del TLCAN, es una herramienta útil para que las corporaciones chantajeen a los Estados y les impongan grilletes obstaculizando su actuar en el diseño y aplicación de políticas sociales y medioambientalmente responsables.

dos patentes en Canadá- han generado gran atención y crítica al régimen de derechos corporativos bajo el TLCAN. En el primer caso, la empresa Lone Pine Resources demanda 250 millones de dólares para compensar a los inversionistas por las medidas de precaución y congelamiento del fracking, medidas que fueron impuestas por la provincia de Quebec hasta que se tenga más claridad acerca de los impactos ambientales y de salud de esta actividad. En el segundo caso, Eli Lilly exige 500 millones de dólares al haber fallado dos veces ante la estricta exigencia de prueba por parte del gobierno de Canadá en torno a la utilidad de la patente, lo que resultado en la pérdida de patentes de la empresa (aunque al final de su vida útil) para los medicamentos contra la depresión más populares. El caso Eli Lilly es un ataque directo a la independencia de los tribunales canadienses.

Un problema global. El Capítulo 11 del TLCAN ha servido como modelo para los más de tres mil Tratados Bilaterales de Inversión que hay hoy día (muchos contenidos en otros TLCs) y el número de casos inversionista-Estado se está disparando aceleradamente.

Existen alrededor de 500 demandas pendientes, al tiempo que las corporaciones están descubriendo cómo utilizar este sistema a su favor y extraer cantidades millonarias de los erarios públicos, sin siquiera haber realizado inversiones tangibles.

Lo más grave es el “efecto de congelamiento” que estas reglas ocasionan, al amenazar a las naciones con millonarios castigos cuando sus gobiernos intenten garantizar el bienestar público y se interfiera con sus ganancias esperadas. Incluso, el fomento económico en entidades locales es sujeto al establecimiento de una demanda inversionistaEstado si la corporación trasnacional dirime que a ella no se le está dando el mismo “trato nacional”.

Incluso, si un país demanda algún requerimiento a un inversionista, como permanecer en un país por un mínimo de tiempo o incluir un cierto porcentaje de contenido local en su producción, puede ser demandado, ya que violaría la regla de prohibición de “requerimientos de desempeño” que incluyen estos tratados modelados bajo el Capítulo 11 del TLCAN. Es precisamente el modelo de “maquiladora” el que estos tratados protegen; el de otorgar a las trasnacionales la total libertad de movilidad de capitales, bienes y servicios o la capacidad de demandar a los países en tribunales secretos y a puerta cerrada, generalmente en Washington DC o Nueva York. Esta fue la idea genial del TLCAN del que tanto se sirven las corporaciones y por la cual estamos todos bajo permanente amenaza, a pesar de que tan poco se sepa.

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LA CONCENTRACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA EN MÉXICO: UNA HISTORIA DE POLARIDADES Catia Figueroa Rodríguez* y Rita Schwentesius Rindermann** * Colegio de Posgraduados, Córdoba fkatia@colpos.mx ** CIIDRI-IISEHMER, Universidad Autónoma Chapingo rschwent@prodigy.net.mx

La tendencia a la concentración es inherente al sistema capitalista: las empresas tienen que crecer o van a desaparecer. Eso no es una cuestión moral, pero si lo es cómo logran este crecimiento: destruyendo los sistemas tradicionales de producción y abasto de alimentos; dejando a mil millones de seres humanos en el mundo en el hambre, y produciendo alimentos grasosos y/o azucarados que provocan más ansiedad por comer, y así es que mil 600 millones de personas sean obesas con baja expectativa de vida.

México se ha convertido en el laboratorio y modelo para este desarrollo con el TLCAN. Su importancia radica en el peso que tiene el sector en el gasto de los mexicanos. En 2004, el gasto en alimentos, bebidas y tabaco representaba 30.8 por ciento de la estructura de gastos, para pasar en 2008 a 33.6 y en 2010 a 32.7 por ciento. Ningún otro componente tiene tal relevancia en el gasto (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2004-2010, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi) y eso a pesar de que se hizo creer a los ciudadanos que con el TLCAN se importarían alimentos baratos y el gasto en ello iba a bajar. Pero las preguntas que surgen son: ¿quién nos alimenta? Y ¿cómo estas empresas se han beneficiado o no del TLCAN? Menos pero más grandes. Analizando el comportamiento del número de empresas que existían en 1998 con respecto a 2008 –que es el más reciente Censo Económico realizado por el Inegi- se observar que de las 11 ramas de actividad relacionadas con alimentos, bebidas y tabaco, cinco han tenido reducciones en el número de empresas en aproximadamente 50 por ciento, lo que implica que más de la mitad de las empresas han desaparecido. Mientras que por el contrario sólo tres ramas han

las empresas tratan de invertir nada más en lo indispensable para la producción, dejando de lado cuestiones de seguridad. La más reciente explosión en una fábrica de dulces en Ciudad Juárez, donde fallecieron cinco trabajadores, sirve de ejemplo lamentable.

tenido de manera constante comportamientos positivos, destacando la de agua embotellada, que es la única clase realmente en desarrollo en el sector de los alimentos, bebidas y tabaco, al pasar de ocho mil 746 a 138 mil 838 empresas.

Aquí cabe recordar que se trata de una industria joven, que apareció con el problema del cólera a principios de los 90s, como aparente solución ante la falla del gobierno mexicano de ofrecer este líquido vital en forma sana a los habitantes. Con el nuevo brote de cólera en México, queda claro que en más de 20 años no se ha avanzado en garantizar a la gente una vida con salud.

Continuamos con el análisis, si se hace según el número de empleos por empresa promedio, es notable el grado de concentración para la mano de obra. Por ejemplo, las ramas con crecimiento negativo en número de empresas han incrementado de ma-

FOTO: Archivo de Proyectos

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esde 1994, año en que inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se han presentado cambios a nivel global de concentración en la agroindustria: cada vez son menos las empresas que domina el mercado de insumos agrícolas, así como de la producción de alimentos procesados. Al centro de este fenómeno se encuentra la industria de alimentos, que captó en 2010 ingresos por tres mil 951.5 billones de dólares (aproximadamente 50 billones de pesos), con una tasa de crecimiento promedio de 5.6 por ciento entre 2006 y 2010. Una sola empresa tiene 1.5 por ciento del mercado mundial de alimentos, Nestlé, y las otras dos grandes que se le acercan son Kraft con 1.2 y Unilever con uno por ciento.

nera considerable el número de empleos, el caso más notable es la rama de la carne (matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles), que pasó de 9.6 empleos por empresa a 26.8, es decir un crecimiento del 178 por ciento. Por lo que cada vez se tienen, en general, menos empresas

de mayor tamaño. Otra forma de responder a la presión de sobrevivencia por parte de las empresas es reducir el número de empleados, eso es precisamente el caso en aquellas industrias donde el número de establecimientos se mantiene: ocurre el fenómeno llamado outsourcing o se despide a empleados. Finalmente,

Cambio en el número de empresas por rama de actividad

Fuente: INEGI, Censos Económicos (1999, 2004, 2009).

Empleos por empresa promedio por rama de la actividad económica, 1998-2008 (número por empresa)

INDUSTRIA ALIMENTARIA

1998

2003

2008

% de incremento 1998-2003

% de incremento 1998-2008

5.7

6.0

5.8

5.2

1.8

21.3

11.8

35.4

-25.1

INDUSTRIA DE BEBIDAS Y DEL TABACO 15.8 RAMA DE LA ACTIVIDAD ALIMENTOS PARA ANIMALES*

25.2

34.9

35.0

38.2

38.7

MOLIENDA DE GRANOS*

17.6

35.9

33.6

104.0

91.3

AZÚCAR Y DULCES

45.5

52.2

32.3

14.6

-29.0

FRUTAS, VERDURAS Y GUISOS

56.5

55.8

44.8

-1.2

-20.6

LÁCTEOS*

5.5

6.0

7.4

9.6

34.1

CARNE*

9.6

23.8

26.8

147.4

177.8

PESCADOS Y MARISCOS*

30.0

44.3

60.7

47.9

102.3

PANADERÍA Y TORTILLAS

3.4

3.4

3.5

1.7

4.6

BEBIDAS

32.4

20.7

11.5

-36.0

-64.4

TABACO*

1.5

94.1

87.5

6,088.8

5,652.2

(*) Ramas con decrecimiento en el número de empresas. Fuente: INEGI Censos Económicos (1999, 2004, 2009).

Es posible ver la concentración de la agroindustria y su importancia en el comercio internacional si revisamos el listado de las 500 empresas más importantes de México que publica la revista Expansión.

Por ejemplo, las ventas de empresas que producen las bebidas representan el 229 por ciento de las ventas de la rama productiva; las de la carne, el 111 por ciento, y las de la panadería y tortillería, el 130, por lo que son empresas altamente exportadoras. Mientras que a nivel nacional, las ventas de las empresas que producen dulces representan el 20 por ciento de la ventas de la rama económica de azúcar y dulces; las de las frutas, verduras y alimentos preparados, el 27 por ciento, las de los lácteos el 88, las de pescado y mariscos el 64, y el cinco por ciento para los cereales.

El TLC, simplemente no es para todos. Según los datos de la encuesta anual de la industria manufacturera del Inegi (2009-2011), únicamente siete de las 45 clases de las ramas económicas reportadas del sector alimentos bebidas y tabaco tienen ventas a nivel internacional, que constituyen cerca de 50 por ciento o más en relación con sus ventas a escala nacional. Éstas son: congelación de frutas y verduras (408 por ciento), elaboración de levadura (88.3), elaboración de bebidas destiladas (85.1), elaboración de bebidas destiladas de agave (99.6), beneficio de tabaco (98.9%), beneficio del café (62.4) y elaboración de cerveza (49.3 por ciento). Mientras que para 33 de las 45 clases, en promedio, sus ventas internacionales sólo representaron el 8.8 por ciento, y para cinco clases sus ventas internacionales fueron nulas. Estas últimas son el beneficio de arroz, la elaboración de malta, la panificación tradicional, la elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal y la purificación y embotellado de agua.

Los números reflejan las polaridades vividas a nivel nacional, por una parte muchas empresas que producen alimentos tradicionales para un mercado nacional contra un pequeño número de empresas orientadas a la exportación de pocos productos. Revisando los números, resulta fácil e incluso evidente la respuesta a la pregunta de ¿a quién ha beneficiado el TLCAN? En esa respuesta no están los pequeños.

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EL TLCAN Y EL MAÍZ: UNA REFLEXIÓN A 20 AÑOS* Kirsten Appendini kirsten@colmex.mx

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El maíz que se comercializaba venía principalmente de Jalisco, Chiapas y Estado de México (el 39 por ciento de la producción en promedio, entre 1985 y 1989). Sinaloa sólo contribuyó con 6.9 por ciento en el mismo periodo. Con el apoyo de la SARH y precios relativamente favorables frente a los cultivos “liberalizados”, los agricultores empresariales de Sinaloa reconvirtieron grandes superficies de riego al maíz blanco. Cuando se firmó el TLCAN, Sinaloa ya había logrado rendimientos que competían con los agricultores de Estados Unidos, y cuando desapareció la Conasupo, a finales de los 90’s, Sinaloa había consolidado su posición como el abastecedor nacional en la cadena maíz-tortilla.

Por otra parte, el promedio anual de producción entre 2009 y 2011 fue de 20.2 millones de toneladas de maíz (principalmente blanco), cuando en 1990 fue de 14.6 millones. Logro nada despreciable en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En 1990, 20 millones de toneladas hubieran satisfecho la demanda interna de una población de 83.9 millones, pero en 2010 los habitantes sumaban ya 112 millones. La producción nacional actual se logró con base en el crecimiento de los rendimientos en las tierras de riego, mientras que la superficie sembrada total se mantuvo alrededor de 7.8 millones de hectáreas. ¿Es que fueron erróneas las previsiones que hicieron los tecnócratas neoliberales “optimistas” o los anti-TLCAN defensores de la exclusión del maíz en el capítulo agropecuario –“pesimistas”-, sobre el desplome de la agricultura maicera una vez entrado en vigor el TLCAN? Previsión que compartían ambos lados del debate en torno al TLCAN y el maíz.

La estrategia para lograr la eficiencia y competitividad en la agricultura fue el programa de “modernización para el campo mexicano”, que lanzó en 1990 el entonces presidente Carlos Salinas. Su instrumentación fue bastante más compleja. En un momento en que aún se cuestionaba la legitimidad electoral del gobierno, no se podía ignorar al campesinado organizado, cuya mayoría había sido un pilar de los sucesivos gobiernos (del PRI). Salinas debía construir los acuerdos con los grupos organizados para realizar los cambios institucionales necesarios para lograr las reformas de la política agrícola: el fin de apoyos a la producción y comercialización con recursos públicos –crédito, asistencia técnica, precios de garantía, empresas paraestatales específicas- y las reformas a las leyes que regían la propiedad social – el Artículo 27 constitucional-. Reformas que antecedían las condiciones de la firma del TLCAN. Este proceso no estuvo libre de

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n 2011 México importó 8.7 millones de toneladas de maíz, o sea la mitad de la oferta total del grano. Si bien ese fue el año del desastre climático que afectó las cosechas, principalmente en el noroeste, la dependencia alimentaria ha tendido a crecer desde la liberalización del maíz: se importó 39 por ciento de la oferta nacional en promedio en 2009-2011. Tan sólo entre 2005 y 2010, la tasa de incremento anual de las importaciones de maíz blanco fue de 40.5.

tensiones. Para mitigarlas, el gobierno promovió una política de concertación que apoyaba proyectos productivos de grupos de productores organizados, pero fueron acciones muchas veces específicas y para actores focalizados, lo cual dividió y mantuvo a productores y organizaciones en una situación de fragmentación e incertidumbre. Finalmente, se lanzaron los grandes programas para el campo que definirían los recursos al sector –a manera de transición-. Fueron resultado del proceso de negociación para tener un consenso, o por lo menos fragmentar la oposición al modelo global: el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo); el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede).

En el caso del maíz, interesa en particular el Procampo, anunciado en 1993. El programa fue agitadamente debatido, pero al final los productores, incluyendo el sector campesino, lo aceptaron. Se “vendió” con el discurso “campesinista” como un subsidio incluyente, ya que beneficiaría a todos los productores, y no sólo a aquellos que vendían a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo); para los grandes, era una buena renta por cada hectárea.

El año 1993 fue clave, se negociaba el capítulo agropecuario para el TLCAN, a pesar del reclamo de importantes sectores del campesinado organizado y de la sociedad civil en contra de su inclusión en

el Tratado. Para la agroindustria y los grandes productores pecuarios, incorporar al maíz y granos y oleaginosas en general era clave para abaratar los insumos que utilizaban. Obviamente, este sector concordaba con la posición oficial, en particular de la entonces llamada Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), que estaba al frente de las negociaciones. Se logró, no obstante, calificar tres cultivos como sensibles a la liberalización inmediata: maíz, frijol y leche en polvo. Un periodo de 15 años fue otorgado al maíz, con una cuota de importación libre de arancel para el promedio histórico de importación, y una tarifa que comenzó en 215 pesos por tonelada y disminuiría progresivamente hasta liberar totalmente en 2008, ¡fecha lejana en 1993/1994!

Sin embargo, un factor decisivo para el futuro del maíz ya se había anclado. Sorpresivamente el titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), Carlos Hank González, veterano y astuto político, anunció en enero de 1990, que habría precios diferenciales de maíz blanco y amarillo, dando un premio al blanco (aumentó en 37 por ciento mientras que el amarillo lo hizo en 15 por ciento). El diferencial de precio se mantuvo hasta 1993, dando fuertes incentivos a la producción de maíz blanco.

Frente a los tecnócratas, incluso de la Subsecretaría de Agricultura en la propia SARH (liderada por Luis Téllez) y desde luego de Secofi, la intervención de Hank

González fue una jugada que entorpeció el proyecto global, y reflejó posiciones divergentes dentro del gobierno acerca del futuro de la seguridad alimentaria en relación con el maíz: la de los neoliberales ortodoxos, que argumentaban por el abasto de alimentos básicos baratos, entonces disponibles con los futuros socios del TLCAN, y la de la vieja guardia del Estado corporativo, a favor de incrementar la producción nacional de maíz blanco. Con esto, Hank se ganaba tanto a los grandes agricultores empresariales, como a los campesinos organizados con fines productivos, que habían apoyado, a fin de cuentas, el proyecto “modernizador” de Salinas.

Irónicamente, las organizaciones campesinas, algunas como la Confederación Nacional Campesina (CNC), pilar histórico del PRI, y otras más independientes como Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), fueron marginadas incluso antes de que terminara el sexenio de Salinas.

El juego del poder se inclinó hacia otros intereses, los del sector empresarial de agricultores y de la agroindustria.

Hoy las grandes extensiones de los distritos de riego de Sinaloa, son el “granero/maicero” que abastece el maíz para las tortillas de la población urbana del país.

Contribuye con 25 por ciento de la oferta nacional, y se estima que con la mitad del maíz comercializado. Antes de las reformas a la política agropecuaria, no era así.

La agricultura campesina no abandonó el cultivo, pero difícilmente tenía los medios para mantenerse en el mercado nacional, salvo experiencias excepcionales y regionales. Se cultivaba para obtener el maíz para autoconsumo; para forraje del ganado, que era más rentable, y para los mercados locales y regionales, cuando había excedente. Estas estrategias explican por qué no disminuyeron radicalmente la superficie del cultivo y la producción en temporal.

La geografía del maíz y la estructura de la oferta habían cambiado radicalmente.

El gobierno de Ernesto Zedillo persiguió la consolidación de las reformas del modelo global: en el caso del maíz, la desregulación y privatización de la cadena maíztortilla. Se cerró la Conasupo; se retiraron los subsidios que aún quedaban para el consumo de tortillas en las grandes ciudades, y se permitió la importación de maíz en cantidades importantes arriba de las cuotas acordadas en el TLCAN libre de arancel.

Recién iniciado el gobierno panista de Vicente Fox, agricultura y maíz eran de nuevo asunto de movilizaciones; la demanda era la renegociación del capítulo agrícola y la exclusión del maíz del TLCAN. Se trataba del futuro del campo y de los millones de pequeños productores, que eran la mayoría. El movimiento Sin Maíz no hay País fue el símbolo de las protestas. Como consecuencia, Fox finamente firmó la Ley de Desarrollo Rural Sostenible en 2003, y se aumentó sustancialmente el presupuesto de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Pero los beneficiarios fueron los grandes productores, corporaciones e intermediarios.

La cadena maíz-tortilla se consolidó con base en agentes privados.

El TLCAN facilitó el libre flujo de mercancías y capital en-

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A partir de 2000 se hizo uso de los subsidios de Aserca en apoyo a la comercialización de básicos.

Primero el programa de Ingreso Objetivo, a fin de garantizar un ingreso mínimo a los agricultores en relación con los precios internacionales (que entonces tendían a la baja). Ente 2000 y 2005, los productores maiceros de Sinaloa recibieron en promedio 68 por ciento del presupuesto, mientras que sólo aportaron el 17 por ciento de la producción. Cuando los precios internacionales se incrementaron a partir de 2006, y el subsidio al Ingreso Objetivo no era necesario, Aserca no abandonó al grupo empresarial. Con el “objetivo” de facilitar a éste operar en un mercado incierto, se activaron programas diseñados para darle condiciones de seguridad y cubrir riesgos a futuro. Los programas Cobertura de Precios, Agricultura por Contrato y Compras Anticipadas sustituyeron al programa Ingreso Objetivo.

El presupuesto de estos programas a partir de 2007 llegó a montos casi equivalentes al que había tenido Ingreso Objetivo. Igualmente, en el caso del maíz benefició a los grandes agricultores y a los agentes comercializadoras, así como a los compradores directos de la industria de harina de maíz.

Si se considera que sólo 0.3 por ciento de los productores del país son empresariales dinámicos (con el estrato empresariales pujantes alcanzan 8.7 por ciento); que dos empresas harineras concentran más de 90 por ciento de la producción de harina, siendo Maseca la principal; que la industria de tortilla de nixtamal utiliza la harina en crecientes cantidades para la elaboración de la tortilla “tradicional”, y que Cargill y otras comercializadoras trasnacionales se han posicionado en el mercado nacional, el resultado de las dos décadas recientes indica que la cadena maíz y la tortilla se ha globalizado y es un negocio tan redondo como la tortilla.

Hoy día, el régimen alimentario mexicano basado en el maíz es corporativo, concentrado en muy pocos y muy poderosos agentes trasnacionales, de origen mexicano y estadounidense. El costo económico, social y político para la población y su seguridad alimentaria es muy preocupante. El alza de precios de los alimentos desde 2008 señala la vulnerabilidad ante la dependencia alimentaria del exterior.

La crisis del campo; la falta de capacidad de respuesta de los pequeños y medianos productores frente a los incentivos del mercado, el poco interés por parte de la política pública para apoyar la producción de maíz en estos sectores y el poder de las corporaciones delinean un futuro –ya presente- poco alentador. A esto se suman los dos grandes retos sobresalientes en la agenda “global”: el cambio climático y el abasto futuro de alimentos de la población mundial con base en una agricultura sustentable.

En los años recientes, los efectos desastrosos del clima han mostrado la vulnerabilidad del abasto de maíz dependiente de los campos de Sinaloa, e inclusive de Estados Unidos, donde el medio oeste sufrió severas sequías en 2012.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado que 2014 será el año de la “pequeña agricultura familiar”. Representa un cambio de enfoque en la agenda internacional, que comenzó con la crisis de 2008. ¿Hasta cuándo el gobierno mexicano va a ignorar la indiscutible necesidad de instrumentar una política de seguridad alimentaria que atienda los problemas globales referentes al clima y el ambiente, a la desnutrición y malnutrición de parte de la población mexicana y a la exclusión de la población rural que tiene la capacidad de producir alimentos “seguros y nutritivos y que satisfacen sus preferencias alimentarias”? ¿Cuándo la población mexicana urbana podrá tener acceso a una tortilla nixtamalizada con maíz criollo, en vez de la corporativa-industrial?

La sociedad civil organizada muestra una fuerza creciente y con importantes avances, como muestra la lucha contra la siembra de transgénicos, por un lado y el logro del derecho a la alimentación a nivel constitucional, por otro. El reto enorme es ejercer y materializar este derecho por parte de la población, en todos sus frentes. *Para la historia de las negociaciones sobre el capítulo agropecuario desde una perspectiva de los actores, ver el excelente trabajo de Lasala, Narayani, El acuerdo maicero que suscribió México con Estados Unidos en el TLCAN. Tesis de Maestría, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, 2003.

DE TLCS, DOMINIO AGROALIMENTARIO Y VÍAS ALTERNATIVAS EN AMÉRICA LATINA Blanca Rubio

A

partir de los años 90’s Estados Unidos (EU) perdió el dominio absoluto sobre el mercado agroalimentario mundial, pues la Comunidad Económica Europea empezó a disputarle el segmento cerealero. Para resarcirse, EU impulsó una estrategia basada en la desvalorización de los productos agropecuarios: dentro del país el trigo se pagaba 45 por ciento debajo del precio de costo y el maíz 25 por ciento. A los productores se les compensaba de los bajos precios mediante enormes subsidios. Así se impulsó la competencia internacional con los rivales europeos, quienes se protegieron cerrando las fronteras a la importación de bienes estadounidenses.

Ante tal fracaso, la Unión Americana orientó la competencia desleal, con precios dumping, hacia los países del Sur. A la par con la desvalorización, impulsó los Acuerdos de Libre Comercio para colocar sus mercancías abaratadas sin aranceles. Fueron pioneros en este terreno los acuerdos establecidos con Israel y con México y Canadá en los 90’s.

En los tempranos 2000, EU perdió el control sobre los precios del petróleo y por ende sobre los de los alimentos. Sobrevino una crisis de hegemonía al declinar su poder en relación con los nuevos rivales, China, India y Rusia.

En consecuencia, fortaleció su estrategia de dominio, impulsando Acuerdos de Libre Comercio con 33 países entre 2000 y 2012, hasta lograr que 42 por ciento de sus exportaciones agroalimentarias se orienten a esos países. En el caso de Latinoamérica, ingresaron Chile, en 2003; los centroamericanos –Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana-, en 2004; Perú y Colombia, en 2006, y Panamá, en 2007.

A la par de este proceso, varios países latinoamericanos aprovecharon las transformaciones mundiales de los años 2000 para impulsar políticas distintas del neoliberalismo o que los libraran de la égida estadounidense. Ellos no firmaron acuerdos comerciales con EU. Los llamados “postneoliberales”, por sus propuestas alternativas al modelo económico –Venezuela, Bolivia y Ecuador-, y los “progresistas”, por impulsar un capitalismo corporativo con gasto social –Brasil y Argentina-, quedaron al margen de la estrategia de EU. Después

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tre sus socios económicos, excepto la fuerza de trabajo. No obstante, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos fue en aumento hasta la crisis de 2008.

La gran trasnacional mexicana Gruma (con la industria de harina Maseca en México), expandió sus inversiones en la Unión Americana para satisfacer la demanda de tortillas y derivados de la población hispana. Las gigantes empresas comercializadoras mundiales, como Cargill y Archer Daniels Midland (ADM), ocuparon el espacio que dejó la Conasupo; se establecieron como agentes intermediarios entre los grandes productores de maíz, la industria de tortilla y los grandes mercados regionales. Y, obviamente, los productores estadounidenses de maíz continuaron con exportaciones a México, liberado totalmente en 2008, de acuerdo con las reglas del TLCAN.

de 20 años, puede verse cómo éstos tienen una mejor posición alimentaria que los que asumieron de manera ortodoxa el modelo neoliberal, como México.

Los principales países importadores de cereales son en su mayoría los que en 2010 continuaban con políticas neoliberales y firmaron acuerdos comerciales, como México, Colombia, Perú y Chile.

Juntos, concentraban el 55 por ciento de las importaciones de cereales. Brasil, en cambio, bajó de una participación del 30 por ciento en 1994 al 17 en el 2010.

Los países andinos, tradicionalmente importadores de alimentos, han impulsado también políticas para reducir su dependencia, como Venezuela, donde las importaciones de maíz crecieron en volumen en 1.1 por ciento entre 1998 y 2009, luego de que habían aumentado en 7.3 por ciento en 1990-98. Las de trigo crecieron en 1.6, luego de que habían aumentado en 1.8 por ciento en el periodo anterior, y las de soya decrecieron en 21.7 por ciento de 1998 a 2009.

En Bolivia, el gobierno logró reducir ampliamente las importaciones de trigo, pues de 2006 a 2009 cayeron en 32 por ciento, mientras que las de maíz han crecido moderadamente en 1.1. En Ecuador la importación de maíz, que había crecido en 22.5 por ciento de 1990 al 2000, se redujo en 22 por ciento en los tres primeros años del gobierno de Correa.

Los llamados progresistas, como Brasil y Argentina, son básicamente excedentarios de granos; se observa, sin embargo, un fortalecimiento de la producción campesina, sobre todo en Brasil. Este país fue pionero en

una política que apuntaló a la unidad campesina por medio del Programa de Adquisición de Alimentos en 2003, el cual reorientó las compras que antes se hacían a grandes agricultores hacia pequeños productores para abastecer escuelas, hospitales, guarderías etcétera, generando así una demanda para la agricultura familiar, la cual representa en el país 70 por ciento de las unidades productivas.

México, en cambio, constituye uno de los países con mayor dependencia alimentaria de la región. En 1994 participaba con 27 por ciento de las importaciones de cereales en América Latina, y para 2010 había ascendido a 32 por ciento, ocupando el primer lugar. En el PIB agropecuario presenta un crecimiento en el periodo de 2005 a 2011 apenas superior al uno por ciento, frente a Brasil que creció arriba de 3.5.

México era en 2010 el segundo país con la balanza comercial agropecuaria más baja del continente –por debajo de cero-. Para 2011, el 36 por ciento del maíz consumido era importado, así como el 94 por ciento de la soya, el 85 del arroz, el 61 del trigo y el 20 por ciento del frijol. Actualmente, el país produce menos trigo y arroz que hace tres décadas (1985) y menos frijol que en 1990.

Conclusión: los países como el nuestro viven una grave situación, justo en una etapa de precios altos a raíz de la crisis alimentaria iniciada en 2008.

En cambio, los no alineados demuestran que hay alternativas y son justamente los que tienen viabilidad en esta etapa de transición capitalista. Las lecciones están ahí, pero como dice el refrán popular: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”.

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EL TLCAN Y LA CAFETICULTURA MEXICANA Fernando Celis Callejas Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

Hasta julio de 1989 México participó en la Organización Internacional del Café (OIC), integrada por países productores y consumidores. Por medio de ella, se operaba un convenio que establecía como objetivo central un precio remunerativo para los caficultores, y se definía anualmente una distribución de cuotas de exportación por país a efecto de mantener una banda de precios entre 120 y 140 dólares las 100 libras.

Esto, junto con el aumento de precios del café después de las heladas en Brasil en 1975, llevo a una época de auge para los productores. En México se tuvo además una fuerte intervención del Estado por medio del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), que llegó a operar hasta 45 por ciento de la comercialización del aromático. Este organismo establecía un precio de garantía, otorgaba créditos sin muchos requisitos, fertilizante y plantas de café; incluso “organizaba” a los productores en figuras sencillas con sólo levantar el acta de una asamblea y la firma de los interesados. Aun cuando el Inmecafé fue un organismo con mucha ineficiencia, todavía muchos productores añoran esta época que está ligada a mayores precios y más certidumbre.

En 1989 el gobierno mexicano fue uno de los principales impulsores del rompimiento del sistema de

Persiste el dominio de la comercialización nacional del café por empresas como AMSA California y Becafisa y se ha sumado OLAM (de Singapur) y Dreyfuss, los cinco mayores compradores a escala mundial, con precios a los productores más castigados que los que pagan en otros países.

cuotas de la OIC, con el argumento de que se podría exportar más café a Estados Unidos (EU). En esa época se hicieron cálculos alegres de que los precios tendrían una baja no tan fuerte y después se recuperarían; en realidad durante cuatro años se tuvieron precios muy bajos.

En los años posteriores el gobierno mexicano rechazó participar en los intentos de los demás países productores por definir nuevas medidas de regulación del comercio mundial del café, y se decía que la negociación del TLCAN acotaba a México.

En las negociaciones del TLCAN, la Nestlé obtuvo una rápida quita de los aranceles para la importación de café verde, pero también negoció un esquema muy proteccionista para impedir la competencia de cafés procesados de otras empresas de EU. Por medio de reglas de origen, se impidió la entrada de café tostado y molido de EU, ya que ciento por ciento debía ser de contenido regional y en el caso de soluble el 40. Ello, cuando en EU, en Hawaii particularmente, se cultiva muy poco café.

Como resultado de la firma del TLCAN, el gobierno de Zedillo decía que México podría atender la demanda de Estados Unidos, de 20 millones de sacos de café (de 60 kilos) anuales, y se embarcó en un proyecto de renovación de cafetales para producir cuando menos 13 millones de sacos en el año 2000.

Con gran desperdicio de recursos fiscales invertidos en ese proyecto, se llegó en el ciclo 1999-2000 a 6.2 millones de sacos (en la época del

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a firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) consolidó el dominio de un pequeño grupo de trasnacionales sobre la comercialización e industrialización del café mexicano.

Inmecafé se alcanzaron hasta 5.5 millones) y se exportaron 5.3 millones de sacos. México contribuyó con sus mayores exportaciones al derrumbe de los precios internacionales del café a partir del 2000, y en marzo de ese año el café mexicano se exportaba hasta 23 dólares las 100 libras por debajo de los niveles de la Bolsa del café de Nueva York. A las trasnacionales les interesaba más vender mayores volúmenes y tener más ganancias y no les preocupó propiciar una mejora en la calidad del café mexicano.

De 2000 a 2004 los productores de café enfrentaron una crisis brutal, con una reducción de sus ingresos de no menos de 70 por ciento, y para el ciclo 2004-05 la producción se había reducido a 3.8 millones de sacos.

Si bien la mayoría de los productores no quitó sus cafetales, sí cambió mucho el manejo de su economía familiar: diversificaron sus ingresos

a partir de la migración y otras actividades y ya no le apostaron tanto al café. Para el ciclo 2012-13 tuvimos una producción de 4.3 millones de sacos, menor que el promedio de la década de los 80’s y 90’s.

Con facilidades dadas por los gobiernos de Fox y Calderón, la Nestlé decidió establecer en México la mayor planta del mundo de producción de café soluble, que utiliza principalmente café robusta. Pretende ampliar su participación en el mercado interno y exportar a EU y otros países, y como en México se produce muy poco café robusta, está aumentando sus importaciones, mismas que para el ciclo 2012-13 se calculan en cerca de 1.5 millones de sacos.

La nueva situación barrió a los antiguos acaparadores de café ligados a la dupla PRI-Confederación Nacional Campesina (CNC). La comercialización pasó a manos de trasnacionales como AMSA (ECOM a nivel mundial), Becafisa (Volkaffe) y Cafes California (Neumann), que son las tres principales compradoras de café globalmente, y en el consumo nacional se fortaleció a la Nestlé.

Durante los 20 años recientes, el gobierno mexicano ha hecho poco para mejorar las condiciones de comercialización del café y para el aumento de un consumo interno de cafés de más calidad. Y se ha desligado de la cooperación internacional en el marco de un mercado global desordenado. En el ciclo 2013-14 se tienen nuevamente precios muy bajos del café, y han descendido en más de 60 por ciento en dos años.

Hoy día surge una nueva crisis de bajos precios ante la mayor producción de cafés robustas más baratos de Vietnam y naturales (arábigos no lavados) de Brasil, y el estancamiento en el consumo en la Unión Europea, EU y Japón derivado de la crisis económica de 2008-09.

Muchos piensan que es difícil que buena parte de los productores se sostengan en la producción de café. Desde el gobierno federal ya hay voces que señalan que hay que reducir en este sexenio el cultivo del café de cerca de 700 mil hectáreas a no más de 400 mil.

LAS REGIONES FORESTALES DE MÉXICO A 20 AÑOS DEL TLCAN Paulina Deschamps Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.

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omo resultado de la Revolución de 1910, el Estado mexicano incorporó en el Artículo 27 de la Constitución el reparto agrario, reconociendo la propiedad social de la tierra a los ejidos y las comunidades agrarias. Este proceso ha conducido al establecimiento de regímenes de propiedad social entre el 50 y 80 por ciento de los territorios forestales, siendo habitados por cerca de 13 millones de personas, en su mayoría indígenas, que mantienen formas de autogobierno local y tradiciones de uso campesino de los recursos.

No obstante, en buena parte del siglo XX el carácter social de las regiones forestales fue poco integrado en las políticas gubernamentales hacia el sector, las cuales se distinguieron por la centrali-

zación del Estado de los recursos forestales y por la negación de derechos a los campesinos para acceder y aprovechar los recursos de sus bosques. Las concesiones a empresas privadas para el aprovechamiento, el establecimiento de vedas estrictas y las concesiones paraestatales dejaron fuera del control, decisión y aprovechamiento a los ejidos y comunidades, produciendo situaciones de acceso abierto, tala ilegal y corrupción.

Además, los métodos extractivos empleados produjeron bosques degradados e impactaron adversamente a la biodiversidad, lo que permanece hasta hoy en la mayoría de las regiones afectadas. Lo anterior derivó en un creciente descontento y movilización de las comunidades y los ejidos contra los efectos sociales y ecológicos nega-

tivos de las concesiones forestales.

La respuesta gubernamental fue la paulatina promoción del aprovechamiento forestal con la participación de ejidos y comunidades, y la proscripción de las concesiones forestales en la Ley Forestal de 1986.

A pesar de este impulso al manejo forestal comunitario, la crisis económica mexicana de los años 80’s derivó en un proceso de apertura comercial que como parte de un contexto económico neoliberal produjo un abandono del campo y del sector forestal, debido a la percepción gubernamental de su baja competitividad y de su ineficiencia económica. Es así como la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 reveló a un sector forestal que no contaba con las capacidades indispensables ni con

el apoyo del gobierno para desarrollar esquemas de competitividad necesarios para obtener beneficios de la apertura comercial.

El periodo de liberalización del sector forestal estuvo acompañado por una fuerte política de expansión acelerada de áreas naturales protegidas que, al limitar los derechos de las comunidades y los ejidos al acceso y uso de los recursos, eliminó incentivos positivos para su conservación por medio del manejo forestal sustentable.

Asimismo, se estableció una sobrerregulación para la producción maderable en bosques naturales con el objetivo de destinarlos a la conservación, al considerar erróneamente que la oportunidad de negocios para el sector forestal mexicano era la importación de materias primas forestales, extra-

yendo recursos naturales ajenos y conservando los propios.

A partir de la puesta en marcha del TLCAN y de la apertura comercial con otros países y regiones, el mercado nacional tuvo que enfrentar la entrada de madera barata de Estados Unidos, Canadá y Chile, entre otros. Actualmente, la gran mayoría de las empresas forestales comunitarias (EFC) en el país no sólo compiten con productos forestales baratos subsidiados por diversos países, sino que también carecen de acceso a crédito, innovación tecnológica y de información sobre mercados; cuentan con pocos vínculos y entrada a redes comerciales, e incurren en cuantiosos gastos para certificar su buen manejo forestal, lo que las coloca en una posición de desventaja para su participación en la economía nacional e internacional.

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EL TPP: TIRO DE GRACIA PARA EL CAMPO MEXICANO Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); twitter: victor_suarez dos Unidos (EU) crea la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia, Perú y México y la participación de éstos en el TPP. Asimismo, el TPP tiene la finalidad de aislar a China y obstaculizar el proceso de integración económica de los países asiáticos sin EU (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN).

FOTO: Archivo

Los países que están negociando el TPP son: EU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Perú, Chile y México. Japón y Tailandia están en proceso de incorporación.

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os décadas de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994-2013) y sus funestas consecuencias para el campo mexicano parecen haber vacunado al movimiento campesino y a los estudiosos del agro respecto de la existencia en progreso de otros y mayores peligros como lo son la privatización petrolera y el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica Estratégica (TPP), que amenazan con dar el tiro de gracia a la soberanía alimentaria del país y a la perspectiva de un campo con campesin@s, comunidades rurales y pueblos indígenas, así como con sustentabilidad, derechos y dignidad.

Efectivamente, diversas voces en el movimiento campesino nacional argumentan que el TLCAN y la mercadocracia ya no representan un problema para el sector agroalimentario, toda vez que los mercados agrícolas internacionales se encuentran en una fase de precios altos y, por lo tanto, las importaciones de alimentos ya no representan un problema para los productores nacionales.

Los hechos contradicen por completo estas interpretaciones simplistas y pragmáticas dado que la cesión de soberanía en el comercio exterior agroalimentario a favor de las corporaciones trasnacionales ha cancelado, ya sea con precios bajos o con precios altos, toda posibilidad para el establecimiento de una política nacional de largo plazo para la autosuficiencia alimentaria sustentable, con base en la pequeña y mediana unidad de producción, que permita el establecimiento de precios remunerativos al productor y proporcione un horizonte de certidumbre en la comercialización. En suma, que posibilite una justa valorización del traba-

jo campesino y de la vida rural, así como una nueva relación naturaleza-sociedad-Estado.

A 20 años del TLCAN pareciera que el “libre mercado” y el poder –comercial, económico, financiero y político- de los monopolios agroalimentarios ya es parte de nuestra weltanschauung, de nuestra cosmovisión de lo agroalimentario y rural, y que, efectivamente, el neoliberalismo ha obtenido una “victoria cultural” en México.

La mala noticia es que sí hay algo peor que el TLCAN: el TPP, que es un TLCAN recargado que el gobierno de Peña Nieto negocia en la clandestinidad, continuando con los acuerdos del calderonato, y que se pretende concluir y firmar a finales de 2013.

El TPP es un acuerdo vergonzante puesto que ya no se atreven a incluir las palabras “libre comercio”

y “privatización”. Dos décadas de fracasos sistemáticos y promesas incumplidas del TLCAN han sido suficientes para descontinuar el uso de dichos términos y sustituirlos por eufemismos tales como “asociación económica estratégica” y “modernización”, respectivamente.

El TPP obedece a una iniciativa estadounidense de carácter geopolítico y geoeconómico de múltiples alcances. Por un lado, busca eludir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) con TLCs con países incondicionales, toda vez que en los tres lustros recientes dicho organismo multilateral no se ha plegado plenamente a sus intereses. Por otro, ante el fracaso del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el avance de los procesos autónomos de integración de los países sudamericanos (Mercosur, Unasur, Banco del Sur), Esta-

El proceso del TPP inició en 2005 y después de 14 rondas de negociación nuestro país se incorpora en junio de 2012 a “invitación” de Obama a Calderón en la Cumbre de Grupo de los 20 de Los Cabos.

Un principio de la negociación es que todo se negocia y nada se excluye y que los países que se van incorporando al proceso aceptan tal cual todo lo negociado en las rondas previas. Sin embargo, cabe resaltar que el gobierno japonés tiene un mandato de su congreso de excluir al sector agropecuario de toda negociación en el TPP, si bien no hay un capítulo agropecuario propiamente dicho y los textos en proceso de negociación no son conocidos.

El TPP busca profundizar el TLCAN y superar los límites que no pudieron ser salvados en dicho acuerdo: liberalización comercial total, libertad y protección absoluta a inversiones extranjeras, tribunales independientes para dirimir controversias entre Estados y corporaciones, ampliación de la protección a la propiedad intelectual y en especial extensión de la vigencia de las patentes principalmente farmacéuticas, reglas de reproduc-

ción y copia en internet (copyright, ACTA), ningún sector se excluye.

Para el sector agroalimentario mexicano, el TPP+TLCAN implicaría pasar de 42 por ciento de dependencia alimentaria a 80 en el próximo decenio.

La rama cafetalera estaría amenazada por la libre importación de café robusta proveniente de Vietnam.

Bajo la nestlización de la política cafetalera, nuestro país avanzaría hacia la “robustización” de su sector cafetalero afectando a cientos de miles de pequeños productores indígenas de café arábiga de altura.

La rama de lácteos se vería afectada severamente por la libre importación de leche en polvo, quesos y otros derivados. Al respecto baste mencionar que los productores lecheros estadounidenses asumen que quedarán fuera del mercado si se concreta el TPP. Por lo que hace a los cárnicos, verán afectada su participación en el mercado nacional por las importaciones de Australia y Nueva Zelanda.

Para los arroceros, las amenazas para completar la dependencia total de las importaciones provienen de la libre importación de Vietnam y de Tailandia, en su caso.

Y para la producción de trigo, los riesgos estarían por el lado de las importaciones provenientes de Australia.

Como se observa, el TPP representa el tiro de gracia para el campo mexicano, dado que completaría el proceso de pérdida de soberanía alimentaria y abandono del campo llevado a cabo por el TLCAN y las políticas gubernamentales nacionales.

Es urgente romper con el secretismo de las negociaciones gubernamentales, promover una deliberación pública abierta y asumir que 20 años del TLCAN son suficientes para frenar el TPP. Asimismo, es ineludible que el tema sea parte de la agenda de cambios de la política agroalimentaria y rural que enarbolan las organizaciones campesinas autónomas.

Las recientes modificaciones constitucionales en favor de los derechos humanos y su primacía sobre los tratados comerciales, la elevación del derecho a la alimentación a rango constitucional así como otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, constituyen nuevas herramientas de lucha y resistencia contra el TPP en particular y contra las políticas neoliberales hacia el campo en general.

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EL ACUERDO TRANSPACÍFICO: UN TLC RECARGADO Alberto Arroyo Picard Investigador UAM-I y miembro de la coordinación colectiva de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) Hay que preguntarnos qué más se pactará en esta materia en el TTP. ¿Acaso la llamada cláusula de abasto seguro, de la que México se excluyó en el TLCAN? Esta cláusula obliga a Canadá a mantener constante el porcentaje de su plataforma petrolera de exportación que vende a Estados Unidos.

Esto implica que si por alguna razón disminuye la extracción de petróleo, hay que mantener el porcentaje de dicho petróleo que se exporta a Estados Unidos y ello podría implicar que importe petróleo para su propio consumo.

FOTO: Backbone Campaign

decir competirían en igualdad de condiciones con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No es verdad que estas empresas estatales licitarían sólo lo que consideren; estarían obligadas a abrir a licitación internacional prácticamente todos sus contratos y compras públicas y podrían perderlos.

1.- No se aprende. México tiene acuerdos de liberalización económica con 57 países a nivel internacional. Lo menos que se le debe exigir al gobierno mexicano es que haga caso de los múltiples balances serios e independientes de los resultados de dichos Tratados de Libre Comercio (TLCs). La realidad exige cambiar el rumbo y no embarcarnos en un nuevo acuerdo que profundiza todos los conocidos.

un marco de acuerdo, aunque se mantiene en secreto) y le impusieron una serie de condiciones de las que destaco sólo dos expresadas por la poderosa Asociación de Industriales de Estados Unidos (NAM, por sus siglas en inglés):

2.- Origen del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TTP). México solicitó sin consultar, ni siquiera al Senado, menos al pueblo, su incorporación a las negociaciones de este nuevo tratado en noviembre de 2011. Los países ya incorporados a la negociación sí realizaron consultas sobre aceptar la solicitud de México y casi un año después, y con condiciones de las que hablaremos más adelante, el 8 de octubre de 2012, le comunicaron a México su aceptación oficial en la negociación del TTP.

Es decir, se trata de una adhesión y no propiamente de una negociación. México informó al Senado que iniciaría negociaciones, y no como debió haberlo hecho, apegándose a la legislación aplicable, haber entregado el texto consolidado del estado de la negociación para que fuera ratificado por la Cámara de Senadores.

3.- Condiciones impuestas a México. Es importante destacar que México se incorporó cuando la negociación ya estaba muy avanzada (desde noviembre de 2011 hay

Ello implica muchas cosas, pero destaquemos al menos las tres siguientes: -Los monopolios globales de la energía tendrían trato nacional, es

Lo que es claro es que Estados Unidos quiere aprovechar la negociación del TTP para lograr en materia energética lo que no se pudo con el TLCAN. Los asesores del Congreso de Estados Unidos lo dicen expresamente: “Las negociaciones del TPP pueden proporcionar un espacio para abordar cuestiones adicionales, tales como el reconsiderar la exclusión en México de la inversión extranjera en su industria petrolera.

-Los TLCs y peor el TTP convierten estas reformas legalmente en casi irreversibles. Incluso si nos atreviéramos a salirnos de los TLCs, estos prevén que mantendrían su vigencia al menos diez años más. Es inviable lo que plantea Cuauhtémoc Cárdenas, de que en la eventualidad de que seamos derrotaros y se consumen los cambios del 27 y 28 constitucionales, podamos revertirlo en una consulta vinculante en el 2015. Habría múltiples elementos en los TLCs que les permitiría demandarnos.

4.- La estrategia geopolíticaeconómica estadounidense de la cual forma parte el TTP. Esta estrategia se puede vislumbrar en un documento de los asesores del Congreso de Estados Unidos del que entresacamos algunas de sus ideas principales.

Se trata de un acuerdo que progresivamente vaya incorporando a nuevos países, pero los invitados iniciales deben ser gobiernos absolutamente convencidos de las bondades del libre comercio para poder avanzar.

b) “Los países deben comprometerse a un acuerdo global sin exclusiones a priori”.

Es decir que no plantee excepciones o exclusiones (léase lo que le prohíbe la Constitución). Esta es una de las razones por las que Peña Nieto propone la reforma constitucional en materia energética. México acepta esta condición a diferencia de Japón que, antes de aceptar entrar al grupo, negocia sectores que excluirá.

Si se consuma la intención de Peña Nieto de reformar los Artículos 27 y 28 constitucionales, el petróleo y la electricidad entrarán a las obligaciones pactadas en los TLCs. Lo anterior es expresamente legislado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al decir: “…en la medida en que una Parte permita realizar una inversión en

FOTO: Backbone Campaign

El TTP se firmó originalmente en 2006 entre cuatro países (Singapur, Nueva Zelanda, Chile y Brunei).

Estados Unidos se incorporó en 2008 agregando obligaciones sobre inversiones y servicios financieros, y después se invitó a otros países (Australia, Perú y Vietnam). Actualmente participan 12 países: Brunei, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú y recientemente se incorporó Japón.

Han manifestado sus intenciones de incorporarse, entre otros, Costa Rica, Panamá y Corea del Sur.

a) “… aceptar el texto ya acordado por los negociadores de los nueve países originales y no reabrir esos capítulos…”

una actividad establecida en el Anexo III o en el Anexo 602.3 (anexos que enlistan las actividades que son exclusivas del TLCAN), tal inversión estará cubierta por la protección del Capítulo XI, Inversión” (Nota dos referente al Artículo 1101, ámbito del capítulo de inversiones, y al anexo 602.3 que marca las excepciones en el capítulo sobre energía).

-Los inversionistas extranjeros en este estratégico sector adquieren todos los derechos que les dan los TLCs. Entre ellos demandarnos en tribunales de arbitraje fuera del país. Por ejemplo, si México modifica un contrato, o incluso define una política pública que los inversionistas extranjeros consideran que afectará sus ganancias, nos pueden demandar por la llamada expropiación indirecta (se considera una expropiación de las ganancias esperadas cuando decidieron invertir”, y como toda expropiación hay que pagarla). ¿En estas condiciones se atreve a hablar el gobierno de que conserva la soberanía?

La forma de negociar el TTP surge de una evaluación implícita de que las dificultades de la fallida Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de la estancada Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se debe a que en ella han estado países no convencidos y ello impide avanzar o llegar a acuerdos más profundamente liberalizadores. Con el TTP en cambio, se pretende acordar entre los países afines al libre comercio para buscar un acuerdo que no deje sectores protegidos, incorporar nuevas disciplinas en materia de competencia, papel del Estado y las compras públicas, inversiones y propiedad intelectual, y, una vez concluido, se invitaría a todo el que quiera adherirse sin modificar lo ya acordado. Incluso llegan a decir que quizá es la forma de destrabar o a largo plazo sustituir a la OMC. Por otra parte, en la visión de Estados Unidos, el TTP no sólo

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El proceso del TTP está estrechamente vinculado al de la llamada Alianza del Pacífico. Esta alianza es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril de 2011, en la que homologan y profundizan los TLCs bilaterales que han firmado. Estados Unidos y una creciente lista de países ya están en la lista de espera para entrar. Especialmente peligroso es que están jalando a Uruguay y Paraguay del Mercado Común del Sur (Mercosur), y a Ecuador, República Dominicana y Nicaragua, que son parte de la Alianza Bolivariana para América (Alba), y con ello dividir y obstaculizar los esfuerzos de una integración diferente.

En síntesis, con la Alianza del Pacífico Estados Unidos busca consolidar el bloque de países afectos al libre comercio y sobre los que aún tiene una hegemonía, pero a la vez dividir los bloques que buscan una integración distinta.

Posteriormente Estados Unidos buscará que los agrupados en la Alianza del Pacífico se adhieran al TTP que es el TLC más ambicioso del que se tenga registro.

5.- Conclusión o tareas. Hoy hay creciente conciencia de que el modelo del libre comercio e inversión no sólo ha fallado en dar los frutos prometidos, sino que en la medida en que se ha consolidado en legislación supranacional, impide a los países buscar caminos distintos.

Esta conciencia ya no es únicamente del movimiento social globalizado, sino de gobiernos en nuestro continente y en el mundo. Con diversos grados de congruencia y radicalidad es el caso de procesos como el Mercosur, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y Alba, pero también de Sur África y la India, que están buscando renegociar o romper los acuerdos de libre comercio y los tratados de inversión. El actual gobierno mexicano se mantiene ajeno a estos procesos y dando pasos en camino contrario.

LA REFORMA AL ARTÍCULO 27 Y LA REVOLUCIÓN DE LOS RICOS Francisco López Bárcenas

FOTO: SINAFO-Fototeca Nacional INAH

busca penetrar con sus exportaciones e inversiones la región más dinámica del mundo actual, sino también hacerle contrapeso, en su propia región, a China.

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a firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concretada hace 20 años culminó una serie de medidas que desde décadas atrás se venían realizando en la “revolución de los ricos”, como Carlos Tello y Jorge Ibarra denominan a la etapa neoliberal del capitalismo mundial, en una obra que publicaron el año pasado.

Un año antes de este acontecimiento, el 6 de enero de 1992, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Artículo 27 constitucional, para permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales, y legalizar la entrada del capital privado en ellas. Esas reformas fueron de tal magnitud que implicaron el rompimiento del pacto social plasmado en la Constitución Federal de 1917 y afectaron profundamente la propiedad de los recursos naturales, incluidos la tierra, el agua, los bosques y la minería.

Ya desde febrero de 1971 la diputación panista de la XLII Legislatura haría propuesto transformar el ejido en propiedad limitada, permitir la asociación de pequeños propietarios con capitalistas privados, y declarar el fin del reparto agrario y crear tribunales que lo finiquitaran.

Entonces, esas propuestas merecieron el rechazo priista y hasta un ataque del ala de la Confederación Nacional Campesina (CNC) contra algunos diputados panistas que las impulsaban, entre ellos los hermanos Álvaro y Diego Fernández de Ceballos.

listas y ejidos, lo que permitía a los primeros el aprovechamiento de las tierras de los segundos. La reforma era un avance pero no satisfizo a los empresarios, que iniciaron una embestida para conseguir sus propósitos. En 1984 crearon el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), aglutinando a las asociaciones agrícolas, agroindustriales y ganaderas de corte empresarial, cuyo logro más visible fueron los 293 mil 884 certificados de inafectabilidad que Miguel de la Madrid les entregó. Cifra considerable si se compara con los 193 mil 97 que hasta el sexenio anterior se habían entregado.

La iniciativa panista no tuvo éxito pero la demanda empresarial para lograr la reforma persistió… desde el gobierno priista. En 1979 el entonces presidente José López Portillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1980. En ella, por primera vez en la historia del siglo XX, se admitió la firma de contratos entre propietarios capita-

Hay que socializar los peligros del TTP e impulsar la organización, tanto nacional como internacional, para enfrentar este proceso.

El balance de resultados a 20 años del TLCAN y 30 de neoliberalismo en México debe servir como un insumo en este proceso de resistencia. Los 20 años del TLCAN nos dan suficientes razones para decir no al TTP.

FOTO: Archivo de Proyectos

En lo inmediato hay que exigir transparencia y divulgación sobre el contenido de lo que se está negociando en el TTP y demandar al Senado Mexicano que ejerza sus facultades en materia de política exterior.

En 1988, cuando iniciaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los miembros del CNA sostenían que la modernización del campo requería finalizar el reparto agrario, rediseñar el ejido para permitir su capitalización y combatir el minifundio con los mismos fines. Para 1990 recomendaban eliminar del cuerpo de la ley los apartados que habían fundamentado jurídicamente el reparto agrario, flexibilizar el sistema ejidal con una clara y sostenida tendencia a la privatización y reconocer el derecho del ejidatario a arrendar su tierra.

Cuando Salinas presentó su iniciativa de reforma del Artículo 27 constitucional recogió sustancialmente los mismos propósitos: terminar el reparto agrario, dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y permitir el arrendamiento y venta de la tierra para capitalizarla. Así se preparaba el despojo a los ejidos para convertir su patrimonio, hasta entonces colectivo, en propiedad privada.

Con la reforma del Artículo 27, se abrió la puerta al TLCAN, y se concretó el trazado para despojar a México de sus recursos naturales.

Si bien desde antes el sistema jurídico ya permitía que las empresas

trasnacionales se apropiaran de la riqueza natural del país sin problema, el Tratado borró aspectos claves de la soberanía nacional, como la cláusula Calvo, punto clave de la protección de la soberanía de los Estados. Y bajo el rubro de protección a la inversión extranjera del Capítulo 11 del TLCAN, el Estado mexicano renunció a su derecho soberano de someter a juicio a las trasnacionales si no se ajustaban a las normas del país.

Con base en la reforma al 27 y en disposiciones del TLCAN, se reformaron varias leyes enfocadas a crear el entramado institucional y normativo que necesitaban para sustentar el nuevo sistema de acumulación y despojo. Destacan la Ley Minera, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Inversión Extranjera y el Código Civil y los reglamentos de varias de ellas.

Con base en estas reformas, tierras que antes producían alimentos para los mexicanos, han sido adquiridas o arrendadas por los capitalistas para la siembra de productos de exportación, proyectos turísticos o inmobiliarios; los recursos mineros, que antes fueron de los mexicanos, están en poder de trasnacionales, principalmente canadienses; el agua, indispensable para la vida, está yendo a parar a empresas privadas que la convierten en mercancía; los recursos genéticos contenidos en la biodiversidad nacional, así como el conocimiento tradicional asociado a ellos, corren la misma suerte; los campesinos y pueblos indígenas están perdiendo en control de sus tierras y territorios por la vía de creación de Aéreas Naturales Protegidas y los servicios ambientales.

La revolución de los ricos está en pleno apogeo. Está pendiente una reforma constitucional que permita la entrega de las playas a los extranjeros, junto con otra a la Ley Agraria para volver más fácil la conversión de las tierras ejidales.

Pero la más agresiva es la reforma energética y petrolera propuesta por el presidente de la República.

Todo indica que esta revolución sólo podrá ser detenida por movilizaciones populares organizadas, pero además alejadas de los círculos institucionales de poder, donde toda lucha reivindicativa termina en negociaciones que llena los bolsillos de los dirigentes mientras el despojo a los mexicanos y al país sigue adelante.

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LUCES Y SOMBRAS: 20 AÑOS DESPUÉS DE LAS REFORMAS DE 1992 AL MARCO LEGAL AGRARIO Héctor M. Robles Berlanga

FOTO: Archivo de Proyectos

Distribución de la tierra en América

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e cumplieron 20 años de las reformas de 1992 al Artículo 27 constitucional, lo que permite identificar varios cambios que distinguen actualmente el campo mexicano. Estos cambios no se deben sólo a las reformas al marco legal agrario, sino también a modificaciones estructurales que se llevaron a cabo en nuestro país en las tres décadas recientes, en especial lo que significó la apertura mercantil con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la retirada del Estado en las actividades agropecuarias y forestales.

1.- Las modificaciones a la legislación agraria tenían cinco propósitos: dar certidumbre al campo mediante el fin del reparto agrario, revertir el minifundio, capitalizar el campo, promover la organización y asociación productiva y la circulación de la tierra.

Ahora se puede decir que si bien concluyó el reparto de tierras bajo la responsabilidad del Estado, se dio un reparto social de tierras, lo que provocó que en tres lustros accedieran a las tierras ejidales y comunales 2.1 millones de nuevos titulares; el tamaño de la parcela disminuyó de 9.1 a 7.5 hectáreas por sujeto, por lo que en este momento el minifundio es la unidad de producción más difundida en el campo mexicano.

Asimismo, se incrementó el número de organizaciones de primer grado y disminuyeron las de segundo grado, con lo que se limitan las posibilidades de generar economías de mayor escala; actualmente, de acuerdo con la información censal, los ejidos y las comunidades se encuentran menos tecnificados y por lo tanto enfrentan mayores dificultades para insertarse en la economía global. Y se extendieron dos nuevos fenómenos

en el campo mexicano: la feminización, con un millón 165 nuevas titulares de tierra, y la migración, pues en cerca de 13 mil núcleos agrarios no hay permanencia de la mayoría de los jóvenes.

Sumado a estos resultados, ahora encontramos una gran diferenciación en los núcleos agrarios: en un mismo ejido podemos encontrar ejidatarios con tierras de uso común (TUC), parceladas y su solar; ejidatarios con sólo TUC o sólo con tierras parceladas; posesionarios con certificados parcelarios; avecindados con títulos otorgados por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede), y avecindados sin títulos.

2.- Uno de los temas que más preocupó de las reformas de 1992 era que las tierras de los ejidos y las comunidades se vendieran o se rentaran. Al analizar los resultados del IX Censo Ejidal 2007 se observó que en dos de cada tres núcleos agrarios hay ventas de tierras; en el 82.4 por ciento de los ejidos en donde se reportó circulación de la tierra, ésta se dio entre los propios miembros del ejido y en un

54.1 por ciento las transacciones se dieron con personas ajenas al ejido.

En los diez años recientes, la compra venta de tierras involucró tres millones 97 mil hectáreas.

Si agrupamos la venta de tierras con los contratos que involucran el usufructo de la tierra (renta, aparcería y préstamo de tierras), dominio pleno y conformación de sociedades mercantiles, nos dan 11 millones 553 mil hectáreas, cifra nada despreciable, que representa 6.5 por ciento de la superficie rústica y 36.7 de la laborable del país.

En síntesis, cuatro de cada diez hectáreas fueron transmitidas a terceras personas (derechos directos) o cambiaron de régimen de propiedad, mientras que las otras seis hectáreas fueron dadas sólo en usufructo (derechos indirectos).

3.- Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizó un estudio en 17 países sobre las Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina. El objetivo era analizar antecedentes que muestren la dinámica del mercado de la tierra en la región, que conduce, en

Fuente: elaborado por Robles a partir de los censos agropecuarios y documentos de FAO y BM.

determinados casos, a procesos de concentración y de extranjerización de la tierra.

En el estudio de caso de México se reportan las siguientes conclusiones: a) la vía para concentrar tierras en México no es por medio del mercado de tierras, sino mediante el control de los procesos productivos; b) si bien la agroindustria existía desde hace muchos años, su crecimiento y consolidación se da a partir de la implementación de las reformas estructurales en los años 80’s; c) este proceso da lugar a la concentración y polarización.

Por un lado, las agro-empresas concentran grandes volúmenes de producción, procesan y comercializan, especialmente para el mercado internacional, y obtienen las mayores ganancias. Por otro lado, vemos una gran cantidad de pequeños productores que viven al día; d) no sólo se está dando un proceso de concentración de tierras de manera indirecta, sino también, cada día son menos las empresas que participan de la globalización; e) en la compra e industrialización de maíz sobresalen seis empresas; en caña de azúcar, 12 grupos industriales; hortalizas,

Las modificaciones a la legislación agraria tenían cinco propósitos: dar certidumbre al campo mediante el fin del reparto agrario, revertir el minifundio, capitalizar el campo, promover la organización y asociación productiva y la circulación de la tierra 22; frutas, seis; café, cinco; cebada, dos; tequila, cuatro; tabaco, tres; producción avícola, tres, y leche, cinco empresas; f) varias de estas empresas participan en distintos sectores, por ejemplo, la Nestlé tiene una participación importante en leche, café, hortalizas y frutas; Cargill, en granos, producción de aves y hortalizas; Herdez, en frutas y hortalizas, por mencionar algunas empresas; g) estas agroindustrias tienen el control productivo de una superficie de 3.9 millones de hectáreas, sin considerar la superficie de granos básicos y

Comparativo propiedad ejidal versus privada CARACTERÍSTICA Edad (Promedio años) Promedio Ɵerras de labor (ha) Tierras de labor % Hasta 5 hectáreas % Sujetos con un solo predio % Superficie de riego % Sólo uƟlizan tracción mecánica % Sólo uƟlizan herramientas manuales % Que venden al extranjero % Venden local, regional o nacional % Con crédito y seguro % AcƟvidad agrícola principal acƟvidad %

EJIDAL 55,5 6,6 16,6 66,8 67,6 14,6 31,0 34,0 0,1 60,2 4,6 88,7

PRIVADA 56 11,9 16,4 72,7 80,8 20,4 26,0 36,0 0,1 55,7 2,8 84,1

Fuente: elaborado con información del INEGI. VII Censo Agrícola y Ganadero 2007

CARACTERÍSTICA Pérdida por cuesƟones climáƟcas % Alto costo de insumos y servicios % Diİcil acceso al crédito % AcƟvidad agropecuaria o forestal % Apoyo gubernamental % Mujeres % Hablantes de lengua indígena % Sin escolaridad % Primaria % Agua entubada % Drenaje conectado a una fosa sépƟca % Energía eléctrica %

EJIDAL 80,3 32,4 22,7 82,4 9,7 15,7 27,6 38,1 76,7 77,7 28,7 93,4

PRIVADA 76,8 33,1 20,0 77,2 7,1 16,5 24,6 37 72,5 75,6 31,8 93,3

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4.- Para darnos una idea de cuál es la situación de la concentración de la tierra en México dentro del contexto latinoamericano, se presenta el índice de Gini por país. En América Latina existen grandes desigualdades en la distribución de la tierra, el índice de la distribución de la tenencia de la tierra en el continente es de 0.81 por ciento, el más alto en el mundo. En el continente los productores que tienen menos de diez hectáreas representan 70.78 por ciento y poseen 4.31 por ciento de la superficie, con un promedio de 2.65 hectáreas; los productores que tienen entre diez y menos de cien hectáreas representan 24.08 por ciento del total y ocupan el 13.53 por ciento con predios promedios de 24.43 hectáreas; los productores que están en un rango de cien a menos de mil hectáreas son el 4.4 por ciento y poseen el 29.20 de la superficie con predios promedios de 288.45 hectáreas, y los que tienen mil hectáreas o más representan el 0.73 por ciento y son dueños del 52.96 por ciento con predios promedios de tres mil 150 hectáreas. En este contexto, México, Perú y Bolivia son los países menos desiguales en la distribución de la tierra.

5.- Algunas opiniones sobre las reformas de 1992 eran que se quedaron cortas y que deberían de permitir la privatización de los ejidos como solución a los problemas del campo. Incluso esta percepción sigue presente y se han promovido iniciativas de ley para facilitar adoptar el dominio pleno en los núcleos agrarios porque se considera que las dos formas de tenencia de la tierra son diametralmente distintas. Esta afirmación no corresponde a la realidad; se puede decir que la mayoría de los propietarios privados se encuentran en una situación económica y social igual o más desfavorable que los ejidatarios y comuneros.

La anterior afirmación se puede observar cuando se comparan distintas variables por régimen de tenencia de la tierra del VII Censo Agrícola Ganadero 2007: edad, promedio de tierras de labor, tamaño de predio, disponibilidad de riego, tipo de tracción utilizada, porcentaje de los que venden al extranjero, propietarios que cuentan con crédito y seguro, problemática, número de mujeres propietarias de tierra, hablantes de lengua indígena y escolaridad.

Una vez revisados los datos, podemos afirmar que la respuesta a la problemática del campo mexicano no debe de estar condicionada al régimen de tenencia de la tierra. Tanto la propiedad privada como la ejidal son vigentes.

EL IMPACTO DEL TLCAN EN LOS TRABAJADORES DE ESTADOS UNIDOS Jeff Faux Fundador y actual miembro distinguido del Economic Policy Institute, en Washington DC. Su libro más reciente es The Servant Economy acuerdo, y cuando el demócrata Bill Clinton fue elegido presidente en 1992, se dio por hecho que el péndulo político podría alejarse de la derecha y que, por lo tanto, el TLCAN nunca pasaría.

Pero Clinton se rodeó de asesores económicos de Wall Street, y en su primer año impulsó la aprobación del TLCAN en el Congreso.

FOTO: Leyla Arsan

la asociada a la ganadería.

Estimaciones conservadoras hablan de que estás empresas controlan 25 por ciento de las mejores tierras del país y más de 80 por ciento de la producción agropecuaria.

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l Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue la puerta por la cual los trabajadores estadounidenses fueron empujados para entrar al mercado laboral neoliberal global.

Al establecer el principio de que las empresas estadounidenses podrían trasladar su producción a otros lugares desde los cuales vender de nuevo a Estados Unidos (EU), el TLCAN socavó el poder de negociación de los trabajadores, el cual había impulsado la expansión de la clase media desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El resultado ha sido 20 años de estancamiento de los salarios y la redistribución hacia arriba del ingreso, la riqueza y el poder político.

El TLCAN ha afectado a los trabajadores de EU de cuatro maneras. Primera: cuando la producción se trasladó a México, causó la pérdida de unos 700 mil puestos de trabajo, sobre todo en California, Texas, Michigan y otros estados donde se concentran las manufacturas –y a los cuales llegan muchos inmigrantes desde México-. Sin duda, se crearon algunos empleos a lo largo de la frontera en los sectores de servicios y de ventas al menudeo, como resultado de un mayor tránsito camionero, pero estas ganancias son pequeñas en relación con la pérdida, y se encuentran en ocupaciones peor remuneradas. La gran mayoría de los trabajadores que han perdido puestos de trabajo a causa del TLCAN sufrieron un desplome permanente de sus ingresos.

Segunda: el TLCAN fortaleció la capacidad de los empleadores

El TLCAN ha sido el modelo para las reglas de la nueva economía mundial, en que los beneficios se trasladan al capital y los costos al trabajo en EU para obligar a los trabajadores a aceptar salarios y prestaciones más bajos. En cuanto el TLCAN fue firmado, los administradores de las empresas comenzaron a decir a sus trabajadores que éstas se trasladarían a México a menos de que bajara el costo de mano de obra. En medio de las negociaciones colectivas con los sindicatos, algunas compañías incluso empezaron a cargar maquinaria en camiones diciendo que se irían a México.

Las mismas amenazas se utilizaron para combatir los esfuerzos de organización sindical. El mensaje era: “Si usted vota en un sindicato nos mudaremos al lado sur de la frontera”.

Tercera: el efecto destructivo del TLCAN en la agricultura y en pequeñas empresas mexicanas dislocó a varios millones de trabajadores mexicanos y sus familias, y fue una razón principal del espectacular aumento de indocumentados en el mercado laboral de EU. Esto ha incidido en una presión a la baja para los salarios estadounidenses, especialmente en la mano de obra menos calificada que de por sí ya sufría de baja paga.

Cuarta, y la más importante: el TLCAN ha sido el modelo para las reglas de la nueva economía

mundial, en que los beneficios se trasladan al capital y los costos al trabajo. La clase gobernante de EU –en alianza con las élites financieras de sus socios comerciales- aplicaron los principios del TLCAN a la Organización Mundial del Comercio y a las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, así como al acuerdo que permitió que los empleadores de la gran oferta de trabajo de bajos salarios de China accedieran a los mercados de EU a cambio de que las corporaciones multinacionales estadounidenses tuvieran derecho a invertir en su país.

La doctrina del TLCAN de socialismo para el capital y libre mercado para la mano de obra también condujo la política de EU en la crisis del peso mexicano de 1994 y 1995, la crisis financiera asiática de 1997 y el colapso financiero mundial de 2008. En cada caso, el gobierno de EU organizó el rescate de los bancos y de los inversionistas corporativos del mundo, y dejó en cambio que los trabajadores se valieran por sí mismos.

En términos políticos, en EU la aprobación del TLCAN mostró que el Partido Demócrata, considerado el lado “progresista” del sistema bipartidista del país, había aceptado la ideología económica reaccionaria de Ronald Reagan. Un “Acuerdo de América del Norte” fue propuesto por primera vez por el republicano Reagan en 1979, un año antes de ser elegido presidente. Una década más tarde, su sucesor George H. W. Bush, negoció el acuerdo final con México y Canadá.

Los demócratas que controlaban el Congreso no aprobaban el

A pesar de la retórica, el objetivo central del TLCAN no era “la expansión del comercio”. El propósito central del TLCAN era liberar a las corporaciones estadounidenses de las leyes que protegen a los trabajadores y al medio ambiente. Además, se allanó el camino para el resto de la agenda neoliberal en EU: la privatización de los servicios públicos, la desregulación de las finanzas y la destrucción del movimiento sindical independiente.

El resultado inevitable fue socavar las condiciones de vida de los trabajadores en toda América del Norte. Los salarios y las prestaciones se han quedado atrás de la productividad de los trabajadores en los tres países. Por otra parte, a pesar de la disminución de los salarios en Estados Unidos, la brecha salarial entre el trabajador mexicano típico y el estadounidense típico en la industria manufacturera sigue siendo la misma. Incluso después de hacer ajustes por diferencias en el costo de vida, los mexicanos siguen ganando alrededor de 30 por ciento de los salarios de sus homólogos de EU. Por lo tanto, el TLCAN es a la vez símbolo y esencia de la “carrera hacia el fondo” global.

En América del Norte hay dos estrategias políticas alternativas para el cambio. Una de ellas es la derogación. El TLCAN le da a cada país el derecho a salirse del acuerdo. Pero las economías y las poblaciones de los tres países se han vuelto tan integradas que una “desintegración” podría causar un desplazamiento generalizado, desempleo y una caída sustancial en los niveles de vida.

La otra opción es construir un movimiento político transfronterizo para reescribir el TLCAN de una manera que dé a ciudadanos comunes derechos y protecciones laborales al menos iguales a los privilegios actuales que se dan a los inversionistas corporativos. Obviamente, esto no será fácil. Pero ya se ha establecido una base por la creciente colaboración entre inmigrantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otras organizaciones de activistas en los tres países.

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TLCAN Y LOS AGRICULTORES DE ESTADOS UNIDOS

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Karen Hansen-Kuhn Internacional Program Director, Instituto for Agriculture and Trade Policy (IATP)

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na de las historias más claras de la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la devastación causada en el campo mexicano por un aumento masivo de las importaciones de maíz barato de Estados Unidos (EU). Pero el que los agricultores mexicanos, especialmente los de pequeña escala, sean perdedores debido al Tratado, no significa que los agricultores estadounidenses sean ganadores.

Los precios de los productos del campo han estado en una montaña rusa, con volatilidad extrema causada por las injustas políticas agrícolas, la especulación temeraria desregulada y el aumento de las sequías y otros tipos de fenóme-

caso de esta política fue evidente, ya que los precios de las materias primas cayeron como una piedra, y el Congreso recurrió a los pagos “de emergencia”, que más tarde volvieron a ser codificados como subsidios agrícolas, para arreglar el lío y mantener a flote las economías rurales.

especialidad para los mercados de agricultores locales. El número de granjas de tamaño intermedio -las que son pequeñas pero comercialmente viables por sí mismas- se redujo en 40 por ciento; pasaron de representar la mitad de las explotaciones totales en 1982 a menos de un tercio en 2007.

Luego, cuando la nueva demanda de los agrocombustibles aumentó los requerimientos de maíz, y los inversionistas huyeron de los mercados hipotecarios fracasados para especular en los granos, la energía y otras materias primas, los precios se dispararon. Y no sólo los precios de los productos agrícolas, también los de la tierra, los combustibles, los fertilizantes y otros agroquímicos basados en petroquímicos. Los ingresos agrícolas netos se tornaron mucho más erráticos.

Las empresas involucradas en la agricultura y la producción de alimentos también entraron a un proceso de consolidación. Mary Hendrickson, de la Universidad de Missouri, ha calculado el porcentaje de la producción de diferentes ramas que está en manos de sólo cuatro empresas.

En muchos sentidos, los agricultores familiares que habían sido la columna vertebral de las economías rurales realmente se convirtieron en grandes o salieron, dejando un sector caracterizado por la desigualdad y la concentración corporativa. Durante los 20 años recientes, ha habido un marcado cambio en el tamaño de las granjas estadounidenses, con un crecimiento dramático del número de las explotaciones muy pequeñas y de las muy grandes.

nos climáticos. Cada vez que los precios tuvieron su viaje aterrador hacia abajo, muchos productores agrícolas pequeños y medianos se vieron obligados a declararse en bancarrota, y la concentración de la propiedad de la tierra y la producción agrícola creció.

Es difícil separar los efectos del TLCAN de otro gran cambio en la política agrícola de EU, la Ley Agrícola o Farm Bill de 1996, que puso en marcha un cambio de gestión de la oferta y los mercados regulados a una política de “sea grande o sálgase”. Los agricultores fueron animados a aumentar la producción con la promesa de ampliación de los mercados de exportación, incluyendo México.

Pero, casi inmediatamente, el fra-

El aumento en el número de pequeñas explotaciones se debe a varios factores, como la población urbana que regresa a la tierra (casi todos son dependientes de empleos no agrícolas para subsistir) y el crecimiento de los cultivos de

La participación de las cuatro principales empresas (Cargill, Tyson, JGF y National Beef) en la producción total de carne, por ejemplo, aumentó de 69 por ciento en 1990 a 82 por ciento en 2012.

La historia es la misma en aves de corral, carne de cerdo, molienda de harina y otros sectores. El que pocas empresas controlen porcentajes de producción total cada vez más grandes hace aún más difícil que los agricultores obtengan precios justos o ganarse la vida con su producción.

Esas empresas se aprovechan de las reglas en el TLCAN para hacer operaciones transfronterizas.

Empresas estadounidenses engordan ganado en Canadá y producen cerdo en México que luego trasladan a EU para sacrificio y venta. En el camino, productores independientes de cerdo y aves de corral de EU prácticamente han desaparecido.

Existe un amplio reconocimiento entre el pueblo estadounidense de la necesidad de cambiar las políticas alimentarias y agrícolas para garantizar alimentos más saludables y economías rurales más estables, pero los responsables políticos en el Congreso y la administración Obama continúan empujando duro a favor de las mismas políticas fallidas. Más acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, en gran parte cortado y pegado del TLCAN, pero con nuevas ideas peligrosas para limitar las restricciones restantes sobre los organismos genéticamente modificados (OGMs) y los aditivos alimentarios cuestionables, y para allanar el camino a tecnologías emergentes aún más cuestionables.

En muchas comunidades en todo el país, la gente está optando por salir del sistema de big food existente, para reconstruir opciones más pequeñas y saludables que tienen su origen en las economías locales y que conecta a los agricultores con los consumidores. Si esas experiencias podrán construir a partir de lo local a la agricultura nacional y la política de cambio es una gran pregunta, y parece difícil por el gran predominio de los intereses corporativos. Pero la reconstrucción del sistema desde el base, con consideración de cómo hacer enlaces más justos para los agricultores en México y en otros lugares, es realmente el único camino a seguir.

DEL TLCAN AL CETA: GRANJAS FAMILIARES CANADIENSES BAJO ATAQUE Stephanie Wang Coordinadora del Comité de Programa Internacional, National Farmers Union (NFU), www.nfu.ca/, wang@nfu.ca*

FOTO: Archivo

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espués de 25 años de «libre comercio», las granjas canadienses continúan luchando por sobrevivir en un modelo de desarrollo agrícola regido por el imperativo de «crecer grande o morir». Los procesadores de alimentos y vendedores de insumos disfrutan de los beneficios de la reducción de costos, debido en parte a la tendencia de largo plazo de precios bajos, mientras que los agricultores se ven presionados por los márgenes cada vez más estrechos. Para muchos agricultores, la supervivencia significa producir más, por lo general por la vía de profundizar sus deudas para comprar más tierra, equipos más grandes, más animales para su hato o más productos químicos, tan sólo

para mantener su nivel de ingresos. Aunque los ingresos agrícolas brutos canadienses se han elevado desde la década de los 70’s, en realidad los ingresos netos de los predios se han mantenido estancados.

aumentado. Las únicas ganadoras son las empresas de agronegocios globales cada vez más grandes y escasas, que dominan la compra, transformación y venta de productos alimenticios y agrícolas.

Es claro que los agricultores no han prosperado como prometieron los promotores del libre comercio; sin embargo, siguen siendo quienes constituyen la base para los “agronegocios” exitosos. Pero los agricultores que sobreviven se enfrentan a deudas agobiantes. Entre 1986 y 2011, cerca de cien mil granjas quebraron. Los consumidores no se han beneficiado de la expansión de las exportaciones que fomenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los precios de los alimentos han

La soberanía alimentaria. Los acuerdos comerciales, incluyendo el TLCAN, dan un tratamiento a los productos agrícolas y alimentarios igual que a cualquier otra materia prima. No obstante, la Unión Nacional de Agricultores (NFU) y nuestras organizaciones hermanas de La Vía Campesina, reconocemos el papel central de la comida en la vida de las personas y la importancia de que las comunidades locales mantengan un control democrático sobre las decisiones importantes de la producción de alimentos.

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LOS TRATADOS, EN DETRIMENTO DE LOS AGRICULTORES, LOS CIUDADANOS Y EL MEDIO AMBIENTE Lise-Anne Léveillé Miembro del comité internacional de la Unión Paysanne, Quebec

A 20 años del TLCAN, la Unión Campesina (Union Paysanne), de Quebec, constata que los gobiernos siguen apoyando a las empresas multinacionales en la consolidación de un sistema de comercio que no beneficia a los ciudadanos en general, ni al medio ambiente, ni a los campesinos, sino que más bien sirve a los intereses del mercado.

Para Quebec, la adopción primero de un Tratado entre Canadá y Estados Unidos y luego del TLCAN motivó graves cambios en la intervención gubernamental en materia agrícola. Los años 90’s estuvieron marcados por el predominio de un discurso del gobierno que impulsaba las exportaciones agrícolas, con el consentimiento de la Unión de Productores Agrícolas (UPA), aunque ésta se había manifestado antes en contra de este tipo de acuerdos.

El Partido Quebequense (PQ), que había promovido activamente la autosuficiencia alimentaria en los años 70’s, se volteó y se abrió a la idea del libre comercio.

agricultura, la rama porcina fue escogida como eje principal del modelo industrial. Apoyándose en la debilidad del dólar canadiense, definieron la meta de duplicar hasta el 2005 las exportaciones de cerdo. Para lograrlo, el gobierno se empeñó en apoyar la creación de mega granjas porcinas, según ellos más eficaces y productivas, y por ende más competitivas en los mercados internacionales.

Desde entonces, las políticas del gobierno quebequense se orientan en función de este modelo de producción neoliberal. El volumen de producción determina el monto de las subvenciones: mientras más grande es el productor, más ayuda gubernamental recibe. En Quebec, las explotaciones con ingresos menores a 50 mil dólares por año reciben sólo el siete por ciento del total de subsidios al agro, a pesar de representan 37 por ciento del total de fincas. En cambio, 50 por ciento de los apoyos está dirigido a los productores que tienen un ingreso anual de más de 250 mil dólares, aunque representan sólo 13 por ciento del conjunto de fincas.

En materia de producción porcina, los apoyos del gobierno quebequense, incluyendo el Seguro de Estabilización de Ingresos Agrícolas, sumaron cuatro mil millones de dólares entre 1999 y 2007. Así, el dinero invertido en la promoción del “libre mercado” es sustancial.

Es así como en 1998, durante el “Encuentro de las partes” de la

Las prácticas de libre comercio provocaron transformaciones im-

En Canadá, los sistemas de administración de la oferta de productos lácteos, huevos, pollo y pavo hacen concordar la producción con la demanda regional. Replicada con éxito, esta fórmula podría dar estructura a un sistema agrícola y alimentario basado en la soberanía alimentaria. En estos tiempos, sin embargo, la administración de la oferta está siendo atacada; intereses corporativos exigen al gobierno de Canadá que abandone esta tarea.

La soberanía política y las compras locales. El infame Capítulo 11 del TLCAN permite a las corporaciones demandar a los gobiernos por la promulgación de cualquier ley que atente contra las «ganancias esperadas» de la empresa. Este enfoque, que se está replicando en cada nuevo acuerdo de comercio que firma Canadá, disminuye nuestra soberanía nacional y nuestro espacio democrático. Los gobiernos canadienses no podrán aprobar leyes o implementar regulaciones que protejan nuestros intereses en cualquier frente: económicos o ambientales, alimentos o soberanía, licitación de proyectos o programas sociales de protección.

La gestión de la oferta logra frenar el dumping de bajos precios por exceso de producción y/o por subvenciones en nuestros mercados, dumping que socava nuestra capacidad de alimentarnos a nosotros mismos y que pueden dañar las economías de otros lugares. Además, una estrategia de administración de la oferta protege tanto a los agricultores como a los consumidores de las fluctuaciones de precios y de periodos de escasez que caracterizan a los mercados internacionales de productos básicos.

Si el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y Europa (CETA) es ratificado como está previsto, dentro de dos años, la Unión Europea tendrá acceso a la contratación pública a nivel provincial y local –incluyendo escuelas, hospitales y prisiones-. Canadien-

portantes en el agro. En 2008, 45 por ciento de la producción agrícola canadiense se exportó. En 2006, el 60 por ciento de la producción porcina fue al exterior. Entre 1989 y 2009, la producción de maíz, trigo, cebada, canola, soya y de carnes de res y de cerdo aumentó drásticamente para destinarse principalmente a los mercados extranjeros, pues las ventas al exterior se cuadruplicaron. A la par, se dio un aumento significativo de las importaciones agrícolas canadienses, que pasaron de nueve mil 600 millones de dólares en 1975 a 20 mil 400 millones en 2004.

El incremento de las importaciones, de las exportaciones, y de la agricultura industrial en general, tiene consecuencias devastadoras tanto para los ciudadanos como para los agricultores y el medio ambiente.

Primero, la agricultura está completamente desconectada de las necesidades de nuestras comunidades. Por esta razón, la alimentación de los quebequenses se alejó de nuestra agricultura.

Más de la mitad de los alimentos que consumimos se importan y enfrentamos varias crisis, de obesidad, de pérdida de la tradición culinaria y otras. Con el TLCAN, el alimento es considerado mercancía, y la prioridad está en la gran distribución y en garantizar la uniformidad de los productos en los supermercados en precio, color, gusto y forma. El Informe Pronovost dice que 90 por ciento de la producción quebequense es

ses, incluyendo varios municipios grandes, han denunciado la cláusula CETA, que indica que ningún gobierno o agente del mismo podrá dar un trato preferencial a los proveedores locales. Esta cláusula pone en peligro el creciente movimiento local de alimentos, debido a que las ciudades, las universidades, las escuelas y los hospitales no tienen permitido «comprar local» o promulgar políticas de apoyo para sus servicios de alimentación. Siendo el primer acuerdo de libre comercio que incluye las adquisiciones de los gobiernos subnacionales, CETA abre la puerta para permitir que las empresas mundiales se entrometan profundamente en las economías locales en las futuras negociaciones de acuerdos comerciales.

La soberanía en semillas. Los agricultores canadienses advierten que los derechos de propiedad intelectual considerados en el CETA podrían implicar un decomiso «precautorio» de los activos de los agricultores, con base sólo en

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l Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se inscribe en una gran tendencia de liberalización de los intercambios agrícolas, que es cada vez más dominante, como lo demuestra la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión Europea, en octubre del 2013.

no diferenciada, estandarizada, a fin de responder a las exigencias de los mercados masivos tanto interna como externamente. Este esquema soslaya la calidad nutritiva, la salud animal, el bienestar de las comunidades rurales y la diversidad de los productos.

Segundo, ya sea en México, Canadá o Estados Unidos, el TLCAN ha sido negativo para los agricultores y en cambio ha generado beneficios para las multinacionales agroalimentarias. Éstas controlan los mercados comprando a bajo precio los insumos y controlando la transformación e incluso la venta al menudeo. La industrialización es la causa de la casi desaparición de los agricultores de Quebec, quienes en 2008 no representaban más de 1.3 por ciento del total de la población. Entre 1981 y 2001, aquí desaparecieron

denuncias de violación de patentes. Los agricultores cuyos bienes fueran incautados no tendrían los recursos necesarios para pagar su defensa legal, ni serían capaces de seguir cultivando y ganarse la vida. Además, se le puede requerir a Canadá que ponga en práctica la UPOV ‘91 -un régimen de semillas muy restrictivo- tal vez bajo el CETA, y muy seguramente bajo el Acuerdo Económico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

La protección concedida por la UPOV ‘91 aumentará el desarrollo privado de variedades de cultivos que se pueden proteger. El uso de cultivos modificados genéticamente pondrá en peligro los medios de subsistencia de los agricultores -tanto orgánicos como convencionales- que no quieren recurrir a los transgénicos, ya que las semillas en inventario y los campos finalmente serán contaminados por medio de la polinización cruzada, el viento, la vida silvestre y otros vectores.

en promedio 780 fincas por año.

Esto provocó despoblamiento y desmantelamiento de las comunidades rurales, así como la desocupación del territorio y una creciente expansión urbana sobre tierras agrícolas.

Tercero. se ha podido constatar que el modelo provocó varios problemas en materia ambiental en Quebec y en todo Canadá. El más importante es la contaminación del agua debida a la descarga de estiércol líquido en los pozos, los mantos freáticos y los ríos. La producción intensiva de maíz como alimento para la ganadería conllevó la desaparición de bosques, la erosión del suelo y la utilización a gran escala de fertilizantes y pesticidas químicos. Estos problemas ecológicos están estrechamente ligados con la mega producción que promueve el libre comercio.

En conclusión, la NFU considera que los acuerdos económicos y comerciales son instrumentos que permiten a las empresas proteger sus ganancias -ahora y en el futuro- por medio de subvertir los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, en detrimento de los intereses democráticos, sociales, económicos y ambientales de los ciudadanos canadienses.

Tales acuerdos comerciales son incompatibles con lo que aspira la NFU de parte de la política agro alimentaria: la soberanía alimentaria. *La Unión Nacional de Agricultores (NFU) es una organización agrícola nacional no partidista, voluntaria y con membresía directa. En representación de miles de familias de agricultores en todo Canadá, la NFU aboga por políticas económicas y sociales que permitan que las pequeñas y medianas granjas familiares sean las productoras primarios de alimentos en el país.

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LLAMAMIENTO DE LA PAZ, BOLIVIA A LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA, A LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS Las comunidades, que han mostrado bajo la opresión más dura condiciones de resistencia y persistencia realmente asombrosas, representan (…) un factor natural de socialización de la Ɵerra. El indio Ɵene arraigados hábitos de cooperación. Aun cuando de la propiedad comunitaria se pasa a la apropiación individual, la cooperación se manƟene; las labores pesadas se hacen en común.

Mariátegui, Ideología y políƟca

En el marco de un debate iniciado por el Foro Mundial de AlternaƟvas (FMA) respecto del desƟno de las agriculturas y las poblaciones del campo en Asia, América LaƟna y África, debate cuyo primer episodio tuvo lugar en Beijing, China, en octubre de 2010, y el segundo en La Paz, Bolivia, los días 22 al 24 de octubre de 2013, los parƟcipantes: representantes de organizaciones sociales y producƟvas, miembros de organismos civiles, académicos, funcionarios públicos y legisladores, formulamos el siguiente llamamiento a los pueblos y gobiernos de nuestro ConƟnente.

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mérica LaƟna, el Caribe y el mundo enfrentan un reto de enormes proporciones, una crisis que incluye entre otras dos dimensiones fundamentales: el dramá co deterioro ambiental y la profunda debacle alimentaria.

Estamos en una encrucijada de orden civilizatorio ante la que sólo se abren en dos caminos: el de un acaparamiento, concentración y extranjerización de las erras de los campesinos, de los indígenas originarios y de los afrodescendientes sólo comparable con la que se dio durante la Colonia, para operar en los nuevos la fundios minería tóxica con tajos a cielo abierto, grandes presas que destruyen cuencas y una agricultura extrac va, ren sta y especula va, vía que profundiza la crisis; y el que mediante el fortalecimiento del mundo campesino-indígena y de la agricultura que prac can sus hombres y mujeres, tanto la comunitaria de los ayllus y otras figuras ancestrales, como la familiar y la coopera va, de ene el deterioro ambiental y la crisis alimentaria a través de aprovechamientos sostenibles, diversificados y respetuosos de la naturaleza.

La disyun va es civilizatoria y supone definiciones globales y estratégicas. Al respecto, nuestra opción es clara: entre el agro-negocio y la agri-cultura nos adherimos al paradigma que inspira a las comunidades indígenas originarias, afrodescendientes y campesinas; alterna va con la que coinciden muchas voces, entre ellas la del relator de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y todas aquellas instancias internacionales que han reconocido las virtudes produc vas y socio ambientales de la pequeña y mediana agricultura.

La vía que proponemos es estratégica, pero su adopción demanda también acciones inmediatas: leyes, polí cas, programas e inicia vas específicas que avancen por la ruta de la soberanía alimentaria, la defensa de la naturaleza y la restauración de la convivencia social. Esto pasa por el respeto a la diversidad sociocultural de los pueblos y el reconocimiento de sus derechos territoriales y autonómicos de base comunitaria, pero también por la profundización e intensificación de los procesos democrá cos nacionales.

El problema del hambre, que agravia a más de 800 millones de personas, nos concierne a todos: quienes producen y consumen alimentos y quienes sólo los consumen, razón por la cual demanda estrategias integrales de planeación rural y urbana. Pero ante todo es necesario que las comunidades, las regiones, los países y la humanidad entera recuperen la soberanía alimentaria cedida a las trasnacionales. Y para recuperarla no podemos apostar por un agronegocio al que sólo mueven las ganancias que reportan la agroexportación y el monocul vo; un modelo tecnológicamente predador, socialmente injusto y ambientalmente insostenible que con su abuso de los agrotóxicos envenena a la naturaleza, a los productores y a los consumidores; una economía especula va que lucra con el hambre. Sin ser excluyente, pues cuando se trata de los alimentos nadie está de más, la opción más promisoria y estratégica es la pequeña y mediana producción; una agricultura que pese al abandono, desgaste y agresiones a los que ha sido some da, sigue alimentando a gran parte del mundo con productos no sólo sanos sino también iden tarios, es decir representa vos de la diversidad sociocultural.

Pero la pequeña y mediana agricultura no podrá potenciarse y alimentar a una población mundial creciente si se les siguen quitando erras y aguas a los campesinos, las comunidades indígenas originarias y los afrodescendientes.

Despojo que se intensificó en las úl mas décadas y que en los años recientes devino carrera ver ginosa por repar rse el mundo barriendo con quienes lo habitan y lo man enen vivo. Es necesario, es urgente, detener y rever r este proceso res tuyendo las erras y territorios que les fueron arrebatados a los indígenas, campesinos y afrodescendientes, incluyendo especialmente en este acto de jus cia a las mujeres, cuyos derechos generales y agrarios han sido históricamente ignorados por el patriarcalismo ancestral y aún imperante. Y este rediseño de la tenencia de la erra habrá que lograrlo no mediante bancos de erras o entrega condicionada y a cuentagotas de parcelas familiares, sino a través de verdaderas reformas agrarias: mudanzas profundas que permitan restaurar la relación originaria de las comunidades con sus ámbitos territoriales, rota de an guo por un sistema priva zador y an campesino.

La resƟtución es indispensable desde la perspecƟva del hambre, pues no se puede esperar un aporte decisivo de los campesinos a la soberanía alimentaria si éstos no enen erras suficientes. Pero la res tución debe hacerse también, y sobre todo porque es un derecho de los pueblos, un derecho histórico sustentado en la ocupación ancestral y reafirmado por el trabajo.

Defender y potenciar la buena agricultura que prac can las mujeres y los hombres del campo pasa por cambiar los patrones actuales

de tenencia de la erra y por reconocer los sistemas polí cos de los pueblos indígenas originarios.

Pero no puede quedarse en esto, pues está visto que en un entorno económico desfavorable y sin recursos para cul varlas y vivir dignamente de ellas, los campesinos abandonan o enajenan sus parcelas. Es necesario entonces que los gobiernos se comprometan con polí cas de fomento agropecuario diseñadas no como hasta ahora para favorecer al agronegocio y hacer dependientes a los campesinos fomentando el uso de agrotóxicos y de semillas transgénicas, sino adecuadas a sus necesidades, usos, y prác cas agrícolas; lo que incluye infraestructura, crédito, esquemas de comercialización, inves gación tecnológica, entre otros bienes y servicios. Polí cas y acciones que no deben diseñarse e implementarse desde arriba sino en diálogo y consenso con los productores, sus comunidades y sus organizaciones, que son quienes en verdad saben lo que necesitan.

La crisis ambiental que nos sacude es una catástrofe antropogénica, o más bien mecadogénica, que a todos incumbe. Sin embargo, lo que se haga en el ámbito rural por contenerla es decisivo pues es ahí donde se escenifica la más dramáca destrucción de los ecosistemas y las culturas rurales y donde la batalla por su preservación y restauración es más intensa. Y en esta batalla los campesinos, indígenas originarios y afrodescendientes son protagonistas mayores pues, para ellos la madre Tierra no es un simple medio de producción ni menos una mercancía, sino parte sustan va de un binomio inseparable, de un todo armónico constuido por sociedad y naturaleza.

Los campesinos no sólo nos alimentan, al mismo empo preservan la vida del planeta. Pero también en este ámbito enen derecho al apoyo: por una parte la comprensión, respaldo y corresponsabilidad de la población urbana, y por otra el reconocimiento y retribución de sus aportes por parte del Estado. La madre naturaleza no ene precio pero los esfuerzos para devolverle la salud que le hemos quitado suponen costos que la sociedad debe reconocer y sufragar.

Sin la par cipación de todos en las decisiones, es decir sin democracia, los caminos se cierran. Y

el mundo rural la necesita con urgencia. Pero también en esto los indígenas, campesinos y afrodescendientes nos enseñan que no hay una sola manera que prac car la democracia sino muchas. Y ellos priorizan la democracia par cipava y consensual, una democracia desde abajo, una democracia comunitaria que es la única que legi ma a los gobiernos locales, provinciales y nacionales.

La gran crisis no sólo es ambiental y alimentaria, también es civilizatoria por cuanto pone en cues ón los grandes paradigmas de la modernidad: el desarrollo y el progreso entendidos como crecimiento económico a toda costa. Y también ahí el mundo indígena y campesino nos da lecciones. Por una parte el concepto del buen vivir propio de los pueblos mesoamericanos, andino amazónicos, chaqueños, de la sabana, del Orinoco, entre otros muchos originarios; pero también el concepto de bienestar como aspiración ancestral de todos los campesinos del mundo.

Paradigmas, estrategias de pensamiento y sistemas de valores que en empos de crisis e incer dumbre son sin duda inspiradores.

Colombia es emblemáƟca tanto de la crisis como de las vías que se van creando para superarla. Por ello los par cipantes en el seminario manifestamos a la comunidad internacional nuestro apoyo al proceso de paz, en la perspecva en que contribuya a la transformación de la estructura agraria de un país al que caracteriza la más extrema concentración de la erra. De igual manera hacemos votos porque el fin del conflicto armado signifique el pleno reconocimiento de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han sido sus principales víc mas.

Estamos ante una encrucijada de orden civilizatorio que ni los pueblos ni los gobiernos la noamericanos pueden soslayar. El orden clasista, colonial y patriarcal que además de destruir a la naturaleza explota a los trabajadores, somete a los colonizados, oprime a las mujeres y excluye a los jóvenes robándoles el futuro, debe ser dejado atrás. Los par cipantes en el debate sobre alterna vas globales celebrado en La Paz, Bolivia, pensamos que la vía más promisoria es la que señalan los indígenas y campesinos. Escuchemos sus voces.

Foro Mundial AlternaƟvas: Francois Houtart. ArgenƟna: Luis Daniel Hocsman - Juan Wahren. Bolivia: Oscar Bazoberry - Claudia Pilar Lizarraga - Carlos Vacaflores.

Brasil: Osvaldo Aly - Eraldo da Silva - Bernardo Mançano - Carlos Porto Gonçalvez - Antonio Thomaz Jr. - Eliane Tomiasi - Clifford Andrew Welch. Colombia: Eladio Morales - Juan Guillermo Ferro Medina - Gabriel John Tobón. Cuba: Angelina Herrera - Juan Valdés Paz. Ecuador: Esteban Daza - Gonzalo Herrera - Francisco Hidalgo - Carlos Pastor. Guatemala: Licerio Camey - Mario Sosa. México: León Enrique Ávila - Armando Bartra - Luciano Concheiro - Patricia Couturier - Elsa Guzmán Gómez - Eduardo Marrufo - Yolanda Massieu Trigo - Violeta Nuñez - Carlos Rodriguez. Perú: Laureano del Cas llo - Miluska Carhuavilca .