NO. 84 Pueblos en vilo por la tierra, el agua y la vida

20 de septiembre de 2014 • Número 84 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

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Suplemento informativo de La Jornada 20 de septiembre de 2014 • Número 84 • Año VII

COMITÉ EDITORIAL

FOTO: Leticia Ánimas Vargas

Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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É

ramos un chingo. “Un zontli”, hubiera dicho Aldegundo, joven y sabio nahuatlaco de Cuetzalan que el sábado 30 de agosto conducía la camioneta que nos llevó a Olintla, comunidad otomí de la sierra nororiental de Puebla donde las redes en lucha contra las presas y en defensa de los ríos realizaban el décimo primer Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por las Presas y en Defensa de los Ríos, al que asistieron unas 400 personas. En la numeración vigesimal de los nahuas, veinte veintes, cifra significativa cuyo signo es zontli: el dibujo de una cabellera ciertamente tan poblada como la nutrida convergencia que se citó en Olintla.

De camino, además de contarme que en la escuela de la Cooperativa Tosepan Titataniske a los niños de primaria y secundaria no sólo se les enseña el náhuatl junto con el castellano, sino también el sistema vigesimal de por acá junto con el decimal que impuso Occidente, Aldegundo me explica que en su cultura los lugares no se ubican geográficamente en relación con los cuatro puntos cardinales. “Para nosotros, dice, valen el este y el oeste, es decir los rumbos por los que sale y se mete el sol, pero en lugar del norte y el sur la otra referencia es arriba y abajo, pues el mundo se divide en niveles”.

Y recorriendo los escarpados caminos de la sierra uno tiene que convenir en que a los nahuas les asiste la razón.

Diseño Hernán García Crespo

PORTADA: Hernán García Crespo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Pero los de Olintla no son nahuas, sino orgullosamente totonacos. Y el municipio cobró notoriedad porque fue ahí donde por primera vez en la región la gente detuvo la maquinaria que iba a iniciar los trabajos de una gran presa hidroeléctrica que, además de inundar tierras de labor, descompondría la cuenca y sería punta de lanza de las empresas mineras que ya pusieron el ojo en el Totonacapan. La amenaza era de por sí grave pero, como es habitual, a ella su sumó el agravio: el pueblo llevaba años solicitando inútilmente un camino a las autoridades, y ese es el camino que iban a hacer las máquinas y que las mismas autoridades aprobaron de inmediato cuando lo requirió la hidroeléctrica.

El precursor movimiento de los de Olintla fue decisivo, me dice Leonardo, quien, como parte de la Tosepan, ha estado cerca del proceso. Y es que los comuneros de la localidad le pusieron el cascabel al gato, y después de su acción exitosa, los totonacos, nahuas y mestizos de la sierra concluyeron que si la población de un municipio pequeño y aislado pudo parar a las constructoras, ni modo que los demás no fueran a poder. En cambio si las maquinas hubieran pasado en Olintla, éste podría haber sido el hilo por el que se iría toda la madeja y quizá hoy los megaproyectos se habrían adueñado de la región.

El hecho es que la resistencia cundió en la sierra poblana, como lo testimonia la numerosa presencia de gente local en un encuentro internacional donde también hay representantes de toda la República y de otros países latinoamericanos como Guatemala, Argentina y Brasil.

Olintla es pueblo chico, la gente es pobre y los congregados somos muchos, pero la generosidad de las comunidades es proverbial y en el deportivo donde comemos hay tamales, mixiotes y café para todos. Además seguramente el Señor del Gran Trueno, el Dueño del Monte o algún otro dios totonaco intercedió por nosotros y el clima es benévolo: pese a que en la sierra de por sí diluvia y estamos en agosto, este fin de semana no llovió, de modo que la enorme lona amarilla tendida a un costado de la plaza sólo protege de los rayos del sol al zontli de participantes que ahí nos arracimamos.

La gran lona cobija a los defensores de los ríos pero también –me dicen los que son de ahí– a unos cuantos personeros de los caciquillos locales que merodean atentos a lo que se habla y posiblemente abrumados por lo nutrido de la concurrencia. Y es que los que se sentían dueños de las tierras y de la gente se están quedando solos.

Aquí, como en muchos otros municipios donde los lugareños no se enteraron de las reformas políticas de las décadas recientes, sólo hay dos partidos: PRI y PAN. Y el alcalde que dio luz verde a la presa era del PAN, de modo que el de ahora –que es del PRI– se tuvo que alinear con los opositores y aunque no está presente

en la inauguración del evento nos manda saludar con un propio. Hasta los adherentes a una organización priista tan poco recomendable como Antorcha Campesina, que tiene presencia en la comunidad, en lo tocante a este tema se han mantenido neutrales. Y es que por estos rumbos los vientos de la resistencia soplan con fuerza y no tiene caso oponérseles.

Como siempre en los encuentros convocados por redes temáticas, los colectivos y la banda oenegenera se dejaron caer por Olintla con su vendimia de folletos, CDs y artesanías de la que sacan para completar lo del viaje.

Sin embargo, en las intervenciones –que un prendidísimo serrano bilingüe traduce al totonaco o al castellano, según sea la lengua que emplea el orador– domina con mucho el discurso de los locales y en particular de las mujeres: una, en totonaco, dice que hay que resistir a los megaproyectos, pero también a los programas gubernamentales clientelares como Oportunidades, ahora Prospera; otra, en castellano, nos cuenta que hace unos años su esposo se enfrentó a los caciques y la familia tuvo que salir del pueblo, pero ahora ella está de regreso y dispuesta a continuar la lucha. Y es que en la defensa de los territorios las mujeres van por delante.

La gente de por acá hace milpa para comer y en las huertas que generan ingresos monetarios tiene café, pimienta, plátano y otros frutales, productos que en muchos casos hay que sacar a lomo de bestia. Los arrieros, cuyas interminables recuas de mulas cruzan el pueblo, nos recuerdan lo escarpado del lugar en que nos encontramos.

Y nos recuerdan también que estamos en el México profundo, que el Totonacapan y la zona náhuatl de las sierras norte y nororiente de Puebla son mundos rurales de hondas raíces, sociedades fuertemente cohesivas donde el entrevero de indígenas y mestizos que resultó de una historia difícil se resiste con todo a ceder sus espacios vitales.

PD Ayer nuestro periódico cumplió tres décadas, y con este número La Jornada del Campo llega a siete años de ser parte de la aventura. Estamos de fiesta.

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ález / ENAH Migue l Muño z, Milto n Gabri el Herná ndez y Maur icio Gonz ález Gonz

CIEGOS Y SORDOS, OS: PERO NO MUNAD MENTAL CONTRAPOPULAR LA INVESTIGACIÓN PARAGUBER

A diez minutos de Ciudad Universitaria, en el sur de la Ciudad de México, se encuentra una bodega pintada de blanco con un portón gris. Afuera hay vendedores de tamales en triciclos y un “acomodacoches”. Parece eso una bodega, pero al entrar se ingresa a un lobby donde piden entregar el teléfono celular apagado y una idenƟficación: no puedes ver a quien está del otro lado, tan sólo una mano se asoma para recoger lo solicitado. Dos puertas, una conduce al estacionamiento y la otra a un largo pasillo poco iluminado; hay que dejar todo, sólo pluma y documentos a la mano. Varias oficinas lo circundan, la más amplia es un salón que en una de las paredes Ɵene el logoƟpo del Centro de InvesƟgación y Seguridad Nacional (CISEN).

Se deben llenar unos formularios de idenƟficación personal. Allí está indicado cuál es el puesto que se ofrece, la paga y las funciones que implica.

Frente al desempleo generalizado y las limitadas oportunidades de ejercer como invesƟgador social, la oferta resulta por demás suficiente, con honorarios que van desde 18 mil pesos hasta 30 mil. Luego de varios filtros, es evidente que lo que se está reclutando no son sólo invesƟgadores, sino espías e informantes; el interés por el bagaje en historia, políƟca y conflicƟvidad social es notorio.

El CISEN con Peña Nieto ha recibido más presupuesto, lo que Ɵene una alta correlación con acciones de golpeadores que amedrentan a campe-

aliente la contratación de especialistas para tal efecto. sinos, como sucedió recientemente con integrantes y simpaƟzantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT). Elevar el número de plazas de invesƟgadores en el CISEN es directamente proporcional al aumento del espionaje y la represión contra movimientos sociales legíƟmos.

La experiencia de un joven desempleado que encuentra oferta laboral en la Secretaría de Gobernación es la de muchos antropólogos y sociólogos recién egresados de diferentes centros de estudio, quienes Ɵenen allí la posibilidad de un empleo negado en esferas académicas; eso, en el orden civil, está tomando un perfil poco favorable a las causas populares.

La Ley de Hidrocarburos exige que se realicen estudios de impacto social y cultural para determinar la “suscepƟbilidad” de posibles afectaciones a los intereses y derechos de las comunidades en donde se desplegarán proyectos de desarrollo energéƟco, lo que ha generado que el espíritu emprendedor de algunos consultores

La experiencia en manifiestos de impacto ambiental que los proyectos de desarrollo también requieren debilita la esperanza, porque éstos suelen reducirse a meros requisitos de operación de proyectos, y también porque en materia sociocultural la información registrada diİcilmente no ofrecerá un mapeo organizaƟvo que coloque en franca vulnerabilidad a las comunidades en que se realicen estos registros. Frente a un ley que privilegia la extracción petrolera sobre cualquiera otra forma de aprovechamiento, las líneas de acción que resulten de estos trabajos están ya limitadas y enmarcadas en la servidumbre.

Las condiciones laborales actuales hacen de estas ofertas un nudo de contradicciones: la circulación de muchas de estas ofertas ocurre por medio de presƟgiados cuerpos académicos, lo que dificulta leer los efectos negaƟvos que ello Ɵene en materia de seguridad a nivel local. Un ejemplo lo ofrece el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, AC (CEAS), que a finales de los años 70’s se caracterizó por la sólida críƟca al indigenismo integracionista y a las labores de contrainsurgencia que desarrollaba el

InsƟtuto LingüísƟco de Verano (ILV) en complicidad y con anuencia con la Secretaría de Educación Pública. El CEAS hoy en día difunde entre sus listas de socios y allegados las oportunidades de trabajo de consultoras que harán el trabajo de inteligencia sociocultural a las secretarías de Energía y de Gobernación.

La experiencia en términos contrapopulares de la invesƟgación social no es poca. Uno de los casos bien documentados lo ofrece Richard Newbold Adams, en Guatemala, en donde la invesƟgación etnográfica y su perfil de ciencia aplicada sirvieron para la inteligencia militar estadounidense. Él fue un invesƟgador potente que incluso en 1977 llegó a ser el presidente de la American Anthropological AssociaƟon. La antropología lleva de sí la amarga señal de ser hija del colonialismo europeo, mas la intensa interlocución con los portadores de experiencias marginales, periféricas y contrahegemónicas hace que la sensibilidad de muchos invesƟgadores emerja y la ofrezcan también como una de las prácƟcas más solidarias con las diferentes apuestas emancipadoras en curso. El momento que vivimos requiere tomar alguna posición; no hacerlo es ya una de ellas.

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20 de septiembre de 2014

“Y OTRA VEZ VENIMOS A CONTRADECIR” OFENSIVA TRASNACIONAL Y DEFENSA CAMPESINDIA* Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

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y su profundización con el salinato y la contrarreforma al artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el abandono del campo.

on la imposición de Enrique Peña Nieto (EPN) y la restauración priista en la Presidencia de la República se establece una nueva etapa de abierto dominio del capital trasnacional –un verdadero cambio de época– en la vida política y económica del país.

Se tuvo que recurrir de nueva cuenta al fraude electoral –esta vez por la vía de la compra masiva de votos– para derrotar la alternativa de un nuevo proyecto de Nación que representaban Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Progresista.

Vivimos en la etapa del capitalismo global caracterizada, de acuerdo con William Robinson, por un sistema de producción, una clase y un Estado trasnacional en ciernes, que subsume los circuitos de acumulación nacionales a los circuitos globales, y subordina las clases y fracciones de clase capitalistas y a los Estados nacionales a la naciente clase capitalista trasnacional y al Estado trasnacional en formación, respectivamente.

Se imponen nuevos patrones de acumulación que impulsan una inédita movilidad global del capital por la vía de la expansión territorial y la intensificación de la mercantilización de bienes públicos antes bajo control del Estado y las colectividades sociales. Asimismo, se obliga a la precarización e informalización global del trabajo e, incluso, se recurre a formas de acumulación aparentemente ya superadas en lo que David Harvey llama acumulación por desposesión de territorios y recursos naturales, acompañada de un modelo extractivista rampante.

FOTO: Feriyoko

Este hecho, por supuesto, no fue una sorpresa. Fue advertido puntualmente por los partidos y movimientos de oposición. De hecho, las elecciones presidenciales de 2012 representaron abiertamente y como nunca antes una disputa por la Nación entre las fuerzas progresistas, nacionalistas y democráticas y las fuerzas del capital trasnacional y sus operadores políticos domésticos.

Y no han podido. Ni siquiera con la contrarreforma constitucional salinista que impulsaba la privatización masiva del ejido y la comunidad.

Unión aprobó en 2012 las llamadas reformas estructurales a iniciativa de EPN y con el respaldo del llamado Pacto por México (PRI, PAN, PRD). Las reformas aprobadas (laboral, educativa, telecomunicaciones, financiera, fiscal, política y energética) se inscriben claramente en el marco de una ofensiva del capital trasnacional en México (y el mundo entero) para el control de los recursos energéticos, minerales, hidráulicos y agroalimentarios, así como para la profundización de la movilidad del capital, la protección absoluta de las inversiones y de la propiedad intelectual de las corporaciones, la privatización de los servicios públicos y la precarización del trabajo asalariado e informal.

Entre todas estas contrarreformas, sobresale la reforma constitucional en materia de energía que, como es sabido, no solamente reduce la renta petrolera y entrega los hidrocarburos de la Nación al capital trasnacional sino que aprueba la llamada Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias.

De esta forma, con la imposición de EPN en 2012 y después de tres décadas de neoliberalismo en México, se pone fin al Estado mexicano nacionalista, desarrollista y de bienestar surgido de la Revolución, de la posguerra mundial y de la guerra fría, abriendo paso a un nuevo Estado capturado por la agenda del capital trasnacional.

En efecto, en el artículo 8 transitorio de la contrarreforma constitucional en materia de energía se establece que el suelo –propiedad de ejidos y comunidades en su mayoría– y el subsuelo tendrán una utilización prioritaria para la exploración y explotación de hidrocarburos, misma que es considerada como actividad estratégica, de orden público e interés social. Es decir, el suelo nacional que está en manos de ejidos y comunidades (y pequeñas propiedades) es considerado como tierra y territorios “baldíos”, en “manos muertas”, tal y como se pensaba desde 1856 con la Ley Lerdo de desamortización de bienes de corporaciones eclesiásticas y civiles y en1883 con la ley porfiriana de colonización y deslinde de terrenos baldíos.

Ofensiva trasnacional contra la propiedad social de la tierra. En este contexto, el Congreso de la

Nada es más importante en el uso del suelo y subsuelo que los hidrocarburos ahora en manos trasnacio-

nales. Los derechos de los ejidos y las comunidades al uso y disfrute de su tierra y territorio pasan a segundo término y, en los hechos, son suprimidos a cambio de una renta por las buenas o por las malas.

Así, se establece en las leyes secundarias la figura de ocupación temporal o “servidumbre legal de hidrocarburos”, o sea, expropiación temporal (20-30-50-cien años) a cambio de una renta a pagar por las compañías petroleras y gaseras. Los ejidos y comunidades, los campesinos y pequeños propietarios no son sujetos productivos, son propietarios y poseedores de bienes en “manos muertas”. El mejor campesino es el campesino rentista: ¡que renten las tierras!, ¡que rente los derechos de agua!, ¡que renten los bosques!, ¡que renten los pastizales!, ¡que renten el suelo!, ¡que renten su fuerza de trabajo!

Esta es la verdadera reforma del campo anunciada por EPN: ¡transformar a los campesinos en rentistas y “volverlos ricos” como en Noruega!

Y ahora, para completar y favorecer el despojo del petróleo de la Nación y debilitar las resistencias campesindias, van por más. Ahora van por la privatización de la propiedad social de la tierra.

Esta ha sido una vieja demanda histórica del bloque conservador-neoliberal a lo largo de un siglo: primero con la oposición maderista-carrancista al Plan de Ayala, la guerra contra los ejércitos campesinos del sur y norte, y el asesinato de Zapata y Villa; después con el congelamiento del reparto agrario por los gobiernos “revolucionarios” norteños (de 1920 a 1934); en el Cardenismo, con la oposición violenta de hacendados a la aceleración y masificación del reparto agrario; con la primera contrarreforma agraria de Ávila Camacho y Miguel Alemán y sus certificados de inaceptabilidad agrícola y ganadera (1940-1952), y con la imposición del modelo neoliberal en 1982

En efecto, de acuerdo con Héctor Robles, de 1992 a 2012 únicamente pasaron a dominio pleno tres millones de hectáreas ejidales y comunales de un total de 105 millones de hectáreas; es decir, el 2.8 por ciento, y sólo se han constituido sociedades mercantiles con propiedad rústica en no más de 200 mil hectáreas.

Y no han pasado por la resistencia heroica, histórica y presente, de los campesinos y pueblos originarios de este país.

Como Arturo Warman lo sintetizó en su libro …Y venimos a contradecir. Los campesinos de Morelos y el Estado nacional, los campesinos han contradicho una y otra vez desde tiempos de la Colonia las recurrentes e ininterrumpidas ofensivas desde el poder para despojarlos de sus tierras y privatizar el ejido y la comunidad. Y ahora, frente a la ofensiva trasnacional en curso, susurran o gritan “…Y venimos a contradecir… ooootra vez: no queremos vender la tierra, queremos vivir de ella y en ella, de nuestro trabajo, con dignidad y derechos; con nuestros modos de producción, vida y cultura, con nuestra formas de autogobierno”.

Y es que la más reciente ofensiva –la ofensiva transnacional– inició en las postrimerías del calderonato y su iniciativa de modificación de la Ley Agraria del 27 de noviembre de 2012 para quitar los candados a la privatización acelerada del ejido y la comunidad y continuó con la llegada de EPN a la Presidencia de la República. De entrada, como un primer aviso, desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria y creó en su lugar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para promover la “desamortización” del ejido y la comunidad y “ordenar” el cambio de uso agrario del suelo. Enseguida, continuó con la misma política neoliberal de abandono del campo y privilegió a la minoría de agricultores rentistas de riego y a los monopolios agroalimentarios.

Después vino la Ley Peña de desamortización de tierras campesindias antes referida. Y ahora intentan de nueva cuenta reformar la Ley Agraria para “desburocratizarla” y “simplificarla” y culminar la contrarreforma agraria salinista.

Resistencia campesindia en defensa de la tierra, el agua y la vida.

Hoy como ayer, las comunidades campesinas e indígenas resisten de nueva cuenta ante los intentos de despojo y privatización impulsados por una coalición de fuerzas nunca antes vista en la historia de lucha por la tierra: las fuerzas del capital trasnacional aliadas con la oligarquía mexicana y sus operadores políticos: EPN, partidos del Pacto por México, Congreso de la Unión y congresos locales, gobernadores, centrales campesinas, etcétera.

Algunas centrales campesinas han confiado en la palabra de EPN en el sentido de “que no se modificarán las formas de propiedad de la tierra que establece la Constitución” y apoyan las reformas estructurales en curso. Afirman, que “vamos por el camino correcto”.

La Ley Peña desmiente esta demagógica afirmación e ingenua creencia.

La ofensiva privatizadora está en marcha y está siendo enfrentada por decenas de luchas campesindias locales y regionales contra expropiaciones ilegales, asambleas espurias para “acordar” el dominio pleno, concesiones mineras, permisos espurios para hidroeléctricas y mega parques eólicos, y pronto veremos llover en el campo mexicano decenas de asignaciones y contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas y para el tendido de poliductos y líneas de transmisión eléctrica. El caso de Atenco y el anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México son emblemáticos de lo que nos espera si no acumulan y se organizan de mejor manera las fuerzas locales, regionales y nacionales, tanto del campo como de la ciudad.

En este sentido, destaca la iniciativa de la Campaña Sin Maíz No hay País y decenas de organizaciones y movimientos del campo y de la ciudad para impulsar jornadas nacionales, estatales y regionales en defensa de la tierra, la vida y el agua, como parte de una estrategia de mediano y largo plazo para impulsar una mayor y mejor articulación de fuerzas y aumentar la capacidad de los movimientos sociales para resistir la privatización de la tierra, enfrentar el despojo de nuestros recursos naturales, revertir las contrarreformas estructurales, cambiar el régimen autoritario y neoliberal, y avanzar hacia la construcción de un nuevo proyecto alternativo de nación.

La ofensiva transaccional no debe pasar. Encontrará al pueblo mexicano en defensa de la tierra, el agua y la vida, y diciendo una vez más: “…Y venimos a contradecir”. *Neologismo acuñado por Armando Bartra.

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20 de septiembre de 2014 controlados por la Sagarpa y por los gobiernos estatales; estuvieron sesgados hacia los planteamientos que ya tenía definidos el gobierno federal. Por otra parte, en las cámaras de Senadores y Diputados avanzó rápido, por presión de intereses empresariales nacionales y extranjeros, lo relacionado con las leyes secundarias de la reforma energética; sin mucha oposición fueron aprobadas, al considerar prioritarios y de interés nacional los proyectos de empresas petroleras y gaseras. Se incluyó la figura de ocupación temporal de terrenos ejidales, comunales o privados. Esta situación dejó en el aire los supuestos diálogos que se tenían en la Sagarpa para la reforma del campo y otros que se habían iniciado en Segob.

FOTO: Ranyuz Sleman

REFORMA PARA EL CAMPO Y ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Fernando Celis Callejas Asesor de la CNOC

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n los años recientes en el campo ha crecido el descontento por el fuerte aumento de los precios de los alimentos al consumidor, los precios castigados que paga la agroindustria alimentaria, la insuficiente inversión pública, el mayor desempleo, las dificultades para obtener ingresos en las ciudades o de la migración a Estados Unidos, afectaciones climatológicas y mayor presión de proyectos de grandes empresas.

Entre los campesinos inconformes se destacan algunas tendencias:

Por último, están organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y otras ligadas al gobierno federal, que se han desmovilizado totalmente y sus dirigentes manejan de forma discrecional los recursos de programas y apoyos y se subordinan a las indicaciones gubernamentales.

En primer lugar están las familias campesinas en condiciones precarias de vida, las cuales buscan distintas vías para obtener recursos y son muy dependientes de los apoyos públicos, además de que se mantienen en una desmovilización política y social.

Durante 2013 aumentaron las manifestaciones de grupos campesinos a nivel regional o nacional. Varias organizaciones nacionales demandaron cambios en las políticas para el campo y se movilizaron principalmente en las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y de Gobernación (Segob).

Algunas demandaron un “pacto rural” a partir del Pacto por México. El gobierno federal reaccionó diciendo que dialogaría con las organizaciones sobre las políticas para el campo y propuso hacerlo con lo que denominó bloques campesinos, los cuales integran 36 organizaciones: la CNC, el Congreso Agrario Permanente (CAP), el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros Conorp, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) y el Frente Amplio Campesino (FAC).

Por otro lado, han surgido muchos grupos a nivel local o regional con demandas de apoyos a la producción, para cuestiones como caminos, escuelas, vivienda y más. En muchos casos son de oposición a proyectos mineros, hidroeléctricas, presas, gasoductos, eólicos, turísticos, forestales, carreteros, inmobiliarios, etcétera, además de grupos de autodefensa y de policías comunitarios. Estos grupos tienen un nivel importante de movilización.

Además existen decenas y decenas de organizaciones campesinas nacionales que en buena parte se autodenominan independientes, de corte progresista e incluso de izquierda, que realizan gestiones ante el gobierno federal para atender las demandas de sus afiliados.

Lo que se ve en conjunto es una gran dispersión de los campesinos, y en buena parte de los movimientos locales y regionales hay desconfianza respecto de las organizaciones nacionales.

Durante varios meses se pospuso el diálogo formal debido a que, según Segob, el Ejecutivo estaba ocupado con la reforma educativa, después con la fiscal, luego la financiera, la energética y otras. A fines del año el gobierno federal cambió

su discurso y, después de tener acuerdos con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que agrupa a las principales empresas agroalimentarias, afirmó que el problema del campo era la falta de competitividad de los campesinos, que deberían producir más y a menor costo y que era necesario que tuvieran mayor certeza jurídica en la posesión de sus tierras. El 6 de enero en Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que trabajaría en una reforma para el campo y que el gobierno dialogaría con las organizaciones campesinas.

Posteriormente se formó un bloque integrado por las secretarías de Hacienda y Agricultura, CNA, y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) –esta última cuyas decisiones provienen de la dirigencia de la CNC–, para impulsar una reforma del campo conforme a los intereses empresariales.

En la Sagarpa se estableció una Comisión para la reforma del campo integrada principalmente por funcionarios del gobierno federal, representantes de las cámaras legislativas, CNA, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y otros. Fueron minoría los llamados bloques campesinos de la CNC, CAP, Conorp, Conoc y FAC participantes. Esta Comisión no aceptó las propuestas de funcionamiento y de temas que plantearon algunas organizaciones campesinas y posteriormente se retiraron la Conoc y el FAC. Los foros de consulta que se convocaron en los estados estuvieron

Un conjunto de organizaciones campesinas encabezadas por los representantes del CAP y Conorp impulsaron una manifestación campesina, según dijeron, para cambiar la correlación de fuerzas y tener mayor capacidad de incidir en las políticas para el campo; le reconocían a la Segob “voluntad política” para un diálogo sobre la reforma del campo. Eran críticos de los acuerdos en las cámaras legislativas y de la Comisión en Sagarpa y gestionaban entrevistas con Peña Nieto para establecer un pacto y que éste impulsara sus demandas de políticas para el campo.

Esta situación recuerda las gestiones que hacia el CAP en la época de Salinas de Gortari, cuando los dirigentes demandaban un trato directo con el Presidente y éste los reconocía otorgando apoyos de programas y recursos directos a las organizaciones y dirigentes.

El día que se aprobó en la Cámara de Diputados la ocupación temporal de terrenos, la Segob tenía reunión con el frente mencionado de organizaciones campesinas, para explicarles los alcances de la reforma energética en el campo. Pero la única oferta hecha fue ¡que podrían participar en la elaboración de la norma mexicana del fracking!

Este conjunto de organizaciones siguió insistiendo en reunirse con Peña Nieto y que atendiera sus demandas. Lo que se perfilaba eran acuerdos que funcionaran de hecho como un intercambio de favores: fortalecimiento del poder presidencial a cambio de trato directo y de programas con recursos etiquetados a las organizaciones. Se abrió la interlocución a varios dirigentes, lo cual permitió atraer a otros grupos. Sin embargo la relación con el gobierno generó desconfianza en varias organizaciones.

A fines de julio y durante agosto creció el descontento en el campo por la intención manifiesta del gobierno de apoyar los proyectos de grandes empresas, y por las mayores facilidades otorgadas para

acceder a terrenos en posesión de los campesinos. Además se generó inconformidad porque se vio la entrega de buena parte de los recursos petroleros a empresas privadas nacionales y extranjeras.

El 16 y 17 de agosto, en San Salvador Atenco, se realizó el Encuentro en Defensa y por la Apropiación Social de la Tierra, el Territorio, el Agua y la Vida, en el que participaron grupos como los de Cherán, La Parota, Huexca, Zautla, del Istmo de Oaxaca y de Olintla; de organizaciones nacionales como El Barzón, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de Asociaciones civiles como la Alianza contra el Fracking, la Campaña Sin Maíz No hay País y otras. Se expusieron allí varias experiencias y su visión sobre la situación del campo.

Aun cuando se presentó una gran diversidad de demandas y de acciones, en lo general se coincidió en algunos planteamientos que podrían generar acciones más unitarias: la defensa de las tierras y los territorios, el fomento a la producción campesina, precios justos y soberanía alimentaria y que se detenga la represión y el acoso contra los movimientos que enfrentan principalmente los proyectos de empresas.

Ante la generalización del descontento, el gobierno federal empezó a difundir que “no hay condiciones” para promover la reforma del campo que pretendía.

Se entiende que se frenó por ahora la intención de que las cámaras legislativas aprueben limitar las atribuciones que todavía tienen las asambleas y autoridades ejidales y comunales en relación con un manejo colectivo de la posesión de tierras, y propicien la individualización. Tal vez pospongan esto para después de las elecciones de julio del 2015.

Puede concluirse que hay un rechazo muy amplio en el campo a las medidas que está impulsando el gobierno federal, las cuales tienen que ver con la posesión de tierras y territorios por parte de los campesinos e indígenas. Ahora es más evidente que hay un sesgo anticampesino y el interés de facilitar los intereses de las grandes empresas, lo cual es un ataque directo al corazón y a la esencia del mundo campesino que es la posesión de las tierras. Habrá que ver si el descontento se convierte en un movimiento mayor, en una coalición campesina con la suficiente fortaleza y unidad para detener los intereses de la alianza actual de empresas y gobierno. Existen las condiciones y es posible, pero habrá que trabajar mucho para lograrlo.

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FOTOS: Sistemas de Transporte Onírico

20 de septiembre de 2014

Intervención artística denominada "Ruta psicogeográfica de la reforma energética méxican", 18 marzo de 2014

EL ABC DE LA REFORMA ENERGÉTICA Y FORMAS DE SOBREVIVIR A ELLA Francisco López Bárcenas

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a sociedad mexicana camina como aturdida. Y no es para menos. La reforma energética –su contenido y la manera en que se procesó– y la propaganda que siguió para justificar sus pretendidas bondades, son golpes que pasman, dejándolo a uno anonadado y sin saber qué hacer. El efecto es preocupante: la mayoría de mexicanos no le cree a los que dicen que es una medida que nos sacará de pobres, pero su incredulidad se extiende al grado de no informarse qué ha pasado realmente y, sobre todo, qué podemos hacer para resistirnos a vivir un futuro que no queremos. Intento aquí dar algunas respuestas.

La reforma energética representa la segunda etapa de la revolución conservadora que inició en 1992 con la reforma al artículo 27 constitucional, aquella que terminó con el reparto agrario y abrió el camino para que las tierras de propiedad social –ejido y comunidad agraria– perdieran su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, que era la característica que la distinguían de la propiedad privada.

Aunque después de esa reforma de 1992, las tierras ejidales y comunales conservaron su nombre, realmente terminaron como una propiedad privada de dominio moderado, sujetas a cualquier tipo de acto o contrato de carácter civil y mercantil, como la compraventa, el arrendamiento, la asociación en participación, la permuta, etcétera.

Al privatizar las tierras, los recursos naturales que la ocupaban corrieron su suerte. Cierto es que en la Constitución federal todavía se puede leer que éstos siguen siendo propiedad de la Nación, pero el Presidente de la República mantiene su facultad de otorgar a los particulares derechos para que los exploten. El Poder Legislativo estableció esta facultad como una excepción, para cuando el gobierno no pudiera hacerlo directamente, pero los neoliberales la han

convertido en la norma general, rompiendo el principio constitucional de que la explotación de los recursos naturales beneficie a los mexicanos, distribuya la riqueza entre ellos y se cuide de su conservación para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de ellos.

La reforma energética completa el ciclo privatizador. Su nota principal es que la exploración y explotación del petróleo, así como la generación de energía eléctrica en sus distintas modalidades –hidráulica, eólica y solar–, dejaron de ser actividades estratégicas reservadas al Estado, para que empresas particulares puedan participar en ellas.

Como en el caso de los recursos naturales en general, la Constitución federal expresa que el petróleo y los hidrocarburos son propiedad de la Nación y sobre ellos no se otorgarán concesiones, pero también dice que esas actividades las realizará el Estado mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o de contratos con éstas o con particulares y las empresas productivas del Estado realizarán sus actividades contratando a particulares.

Otro tanto sucede con la energía eléctrica. La reforma reserva al Estado “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”, lo cual deja abierta la puerta para que las empresas privadas regularicen su actividad en este campo, pues de manera ilegal y con la complacencia de los gobiernos, ya lo venían haciendo.

En su Informe de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación reportó que empresas privadas controlaban 31.3 por ciento del mercado eléctrico, por medio de 27 contratos con la Comisión Federal de Electricidad, con una capacidad de 12 mil 435.75 megavatios. Con la reforma podrán regularizar su situación, además de ingresar al mercado de la distribución de energía, si el gobierno decide que el Estado

realice estas actividades contratando empresas privadas, como en el caso del petróleo.

En el caso del petróleo, tener asignaciones o contratos para la exploración o explotación no es suficiente, porque la tierra bajo la cual se encuentran los recursos tiene dueño –privado, ejidal o social–, y es necesario contar con su autorización para usarla, lo cual puede suceder por dos vías: una sin intervención estatal y otra con ella. El primer procedimiento es sencillo: el propietario de la tierra y el titular de una asignación o un contrato llegan a un acuerdo en donde el primero acepta que se usen sus tierras por algún contrato de compra, venta o cualquier otro permitido por la ley a cambio del pago de una cantidad de dinero. Eso será lo primero que intentarán las empresas y sólo si no lo logran irán a la segunda vía.

La intervención del Estado se requiere cuando la empresa y el propietario de la tierra no llegan a ningún acuerdo. Entonces interviene el Estado para fijar una servidumbre forzosa, que puede ser judicial o administrativa, o expropiar las tierras para entregarlas a las empresas. La servidumbre es un derecho en predio ajeno que limita el dominio del propietario sobre él para que otra persona pueda satisfacer sus necesidades. El titular de la asignación o el contrato puede hacer uso de la vía judicial, esto es acudir al Tribunal Agrario competente y solicitar que declare la servidumbre, o bien usar la vía administrativa, que implica pedir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que intente mediar con el propietario para que acepte que la empresa utilice sus tierras, y si no acepta, la Secretaría lo comunicará al Presidente de la República a fin de que imponga la servidumbre forzosa.

Pero pueden optar también por la expropiación. Las leyes no la men-

cionan pero declaran las actividades para explorar y explotar hidrocarburos, igual que la producción de energía eléctrica, de utilidad pública, y la Constitución federal determina que las expropiaciones proceden por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Se trata, pues, de un acto unilateral del gobierno donde lo que puede controvertirse es que se lleve a cabo conforme lo establece la ley y la indemnización también se ajuste a ella. Pero hay una diferencia sustancial que modifica el fin para el que fue creada la Ley de Expropiación en 1936. En aquel tiempo se trataba de que las propiedades particulares se expropiaran para beneficiar a la Nación y ahora se expropia a los ejidos y comunidades para favorecer los intereses de los capitalistas.

Con lo expuesto, pareciera que no hay forma de defenderse de la voracidad de las empresas extranjeras y sus aliados mexicanos para apoderarse del petróleo, la generación de energía y otras actividades ligadas a ellas, como tampoco que los propietarios de la tierra se libren de ser despojados de sus propiedades, pues si no se arreglan con las empresas el Estado se encarga de despojarlos para entregarlas. ¿Pero realmente no se puede hacer nada? Una respuesta afirmativa equivale a aceptar la fatalidad.

Y de lo que se trata es de encontrar respuestas que den esperanza en un futuro distinto.

Un camino pueden ser los derechos humanos. Si bien es cierto los ricos hasta ahora han logrado lo que se han propuesto, todavía no destruyen los derechos humanos que la Constitución y los tratados internacionales garantizan a los mexicanos, entre ellos los derechos a la alimentación el acceso al agua, a un ambiente sano, a una vivienda digna y a la cultura. Estos derechos se robustecen con lo dispuesto por la propia Constitución, en el sentido de que los tratados

sobre derechos humanos firmados por el Estado mexicano forman parte de ella; que todas las normas de derecho deben ser interpretadas conforme a sus disposiciones, y cuando una de ellas admita varias interpretaciones debe preferirse la mas favorable a las personas. Desde este punto de vista, varias normas de la reforma energética resultarían inconstitucionales y por lo mismo sin ningún valor jurídico.

Están también los derechos de los pueblos indígenas. El primero es el derecho a existir y seguir siendo pueblos, lo cual implica condiciones tales como conservar su territorio; acceso preferente a los recursos naturales presentes en su tierra y participar en la administración y cuidado de ellos, obtener sus alimentos, tener acceso al agua suficiente y mantener sus lugares sagrados o de importancia cultural, todo lo que sería improbable con la implementación de la reforma energética. Otro derecho es la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, lo cual ya se está violando pues debió consultarse a los pueblos al momento de la presentación, discusión y aprobación de las leyes, igual que al asignar a Pemex los recursos que podrá explotar.

Para combatir estas violaciones, lo más importante es la organización popular, de los afectados directamente, pero también de quienes lo son de manera indirecta. A partir de ahí se deben tejer estrategias de lucha que dependerán de la fuerza que se acumule, las redes que se tejan y los recursos a su alcance. Uno de los campos que no debe descuidarse es el legal. Las leyes ofrecen varias vías y tribunales administrativos, civiles y agrarios, a los que se puede acudir de acuerdo con lo que se demande. En todo caso, la defensa legal debe ser parte de una estrategia política y no al revés. Hay que comenzar a pensar en esa dirección ahora que todavía hay tiempo. Después ya será más difícil hacerlo.

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DEFENSA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Carlos A. Ventura Callejas Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria”

En este mismo sentido, entendemos que los derechos humanos son una herramienta más para la defensa de la dignidad de los pueblos.

Por tanto, no son el fin, sino el medio por el cual podemos construir algunas estrategias de exigibilidad desde abajo y a favor de los grupos que históricamente han sido excluidos y explotados. Por tanto, son producto de las luchas de los pueblos: mientras más se exija el respeto y la realización de la dignidad, la justicia y la paz, más se robustecen y son más reales. Los Derechos Humanos no son todo, pero ayudan en mucho.

El Estado no se puede arrogar su origen, los pueblos sí. La historia ha demostrado que los gobiernos son los menos interesados en reconocerlos y hacerlos una realidad concreta. Aun con ello, en los años recientes, se han invocado instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que ahora son parte de la Constitución Política Mexicana, para exigir el acceso a la justicia, la reparación y la protección de derechos.

En ocasiones, las estrategia de defensa va acompañada de un litigio jurídico, lo cual no es fácil, pero necesario. Los procesos jurídicos llevados a cabo dentro de un determinado país son también indicadores del cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados al respecto, ya que deben garantizar recursos jurídicos efectivos para la protección de las personas, los pueblos y territorios, y por supuesto, acatar las resoluciones de estos procesos judiciales. Cuando no lo hace, devela que es un Estado atravesado, en muchas de las veces, por los intereses económicos sobre todo de grandes corporaciones, y deja así en desamparo a quienes son verdaderos titulares de

En México, poco a poco se ejercitan argumentos, se construyen fundamentos jurídicos y se implementan demandas judiciales encaminadas a visibilizar las causas estructurales de estas violaciones. Se busca que los derechos sean justiciables, aunque sobra decir que los malos gobiernos, encargados de protegerlos y garantizarlos, no necesariamente ayudan a que esto sea así. Conocemos que, junto con grandes capitales nacionales e internacionales, impiden la realización y el disfrute de derechos que a las comunidades y personas les ayudarían a tener una

vida digna, un buen vivir, conforme a formas organizativas que ellas determinen.

Frente a las violaciones estructurales de sus derechos, los pueblos del campo y la ciudad se organizan, se movilizan, y defienden lo que colectivamente les pertenece; en el actual contexto de imposición y agudización del sistema neoliberal, sin duda seguirán haciéndolo. Junto a esto, ahora contamos con que los tribunales pueden en potencia hacer que los derechos no les sean arrebatados.

En efecto, las vías de justiciabilidad en México se han abierto, están en movimiento y todavía en construcción.

De sobra sabemos que existen resoluciones del Poder Judicial favorables para los derechos sobre todo colectivos y sociales de los pueblos, pero lamentablemente las autoridades ha sido omisas en acatarlas conforme a sus obligaciones de respeto y protección.

FOTO: Minoz & Meiz

Con el paso de los años, incluso se ha generado cierta pericia sobre la defensa integral y el litigio estratégico de derechos. La reforma constitucional de junio de 2011 robusteció considerablemente la posibilidad de llevar a la arena judicial derechos que por décadas era impensable exigir ante los tribunales judiciales y obtener resoluciones vinculatorias. Si bien es cierto que los derechos humanos ahora son una posibilidad para transformar las realidades que despojan y violentan a pueblos indígenas, urbanos y campesinos, también es cierto que, por lo que hace al tema de derechos colectivos, sociales, económicos y de protección al medio ambiente, aún falta mucho por construir y fortalecer procesos efectivos para hacer realidad el acceso a la justicia.

esos derechos. Una de las vías es jurídica, que se inserta en un proceso amplio de organización social, para exigirle que cumpla con sus obligaciones. La defensa jurídica puede ayudar a las personas y los pueblos, en el mejor de los casos, a “blindarse” de acciones del Estado o de terceros, como empresas trasnacionales, que causarían estragos irreversibles en sus territorios.

La Declaración de Quito (1998) sobre exigibilidad y justiciabilidad de derechos sociales, colectivos y medioambientales, retomando instrumentos y jurisprudencias internacionales, recoge el tipo de obligación de hacer que los Estados tienen para que las personas y los pueblos cuenten con recursos judiciales y otros mecanismos efectivos para exigir la realización de sus derechos ante tribunales judiciales, esto es lo que denominamos como justiciabilidad. En este mismo sentido, los sistemas Universal e Interamericano de Protección de Derechos Humanos, dado el principio de integralidad de los derechos, y sabiendo que no existen diferencias sustanciales entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, han hecho llamados a los Estados para que aseguren recursos judiciales de carácter vinculante, sean del tipo que sean, pero adecuados, accesibles e idóneos, para hacer exigibles los derechos colectivos en caso de que los pueblos los vean violentados.

FOTO: PPCC Antifa

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n repetidas ocasiones escuchamos que las personas y los pueblos son titulares de derechos, que éstos últimos deben ser garantizados, protegidos, promovidos y respetados por el Estado, y si no es así, entonces los violenta por omisión, acción o aquiescencia. Es una fórmula ya clásica entre las personas y organizaciones que tienen relación con la defensa de derechos humanos.

Si con las reformas estructurales, como la energética, vienen por todos nuestros bienes comunes, entonces los defenderemos todas y todos. Conforme a los procesos de exigibilidad que se ha documentado, los aspectos interrelacionados, en la defensa de los derechos, van desde la incidencia en las propuestas legislativas en los congresos federal y locales; pasa por el uso de los mecanismos judiciales (justiciabilidad); pero muy trascendental, como piso y fundamento, es la organización y fortalecimiento del tejido social. Si las estrategias de defensa jurídica no están legitimadas, autorizadas y guiadas por los pueblos, y además insertas en una movilización y organización social, y si dejamos del lado que nos acompañamos desde diversos lugares de lucha, entonces, aunque contemos con el mejor sistema judicial, el trabajo por la defensa de los pueblos y sus territorios será más difícil, pero si caminamos juntas y juntos, creativa y solidariamente, entonces la defensa será esperanzadora, propositiva y liberadora.

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ACUSA EL TPP-MÉXICO AL ESTADO POR RESPONSABILIDAD CRIMINAL Lourdes Rudiño

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uego de tres años de actividades, el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) tiene preparada una acusación general de responsabilidad criminal en contra del Estado Mexicano, “por destrucción de todas las vertientes de la vida nacional”, la cual se hará pública internacionalmente en noviembre próximo, afirmó Andrés Barreda Marín uno de los garantes de este Tribunal.

Otra decisión de este Capítulo es pugnar para que el desvío del poder (económico, político, jurídico, de género, y demás que ejerce el Estado) sea caracterizado por el TPP en su conjunto como un crimen de lesa humanidad, y así presionar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a que asuma ese concepto, pues tal desvío de poder deriva en muertes de miles de personas en el mundo.

En entrevista, Barreda Marín comentó que el TPP-México busca inicialmente ser un espacio “para dar voz a las víctimas de todo tipo de tropelías: de actos violentos que están despojando a las comunidades de su tierras, que están despojando a las personas de sus derechos, a los trabajadores de sus empleos, a los ciudadanos de condiciones saludables de vida, o que están victimizando brutalmente a diferentes sectores; que están infringiendo castigos terribles –como son los feminicidios o los asesinatos de migrantes en una dinámica de genocidio; como son los asesinatos de periodistas que son sobre todo mujeres–; para documentar en todos sus grados la violencia laboral, incluidos los salarios miserables y los centros de trabajo esclavo; para que se hagan públicas las redadas y persecuciones (…)“ Pero no sólo eso. Un segundo objetivo ha sido armar un rompeca-

bezas con testimonios y audiencias en una decena de vertientes, para entonces reflexionar y modificar los niveles de conciencia nacional sobre la problemática. “Ocurrida ya la reflexión, vemos que la violencia que vive México no es un resultado del azar, sino estructural, esencial de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de múltiples tratados más”.

Es cierto, “el TPP no es vinculante –precisó Barreda–. El Estado no va a obedecer nada, incluso la oficina del TPP en Roma ha invitado al gobierno mexicano a que participe en el Tribunal y se defienda, con la respuesta oficial de que no, que no reconoce a este Tribunal. Pero el filósofo Jean Paul Sartre escribió una serie de ensayos donde dijo que el principal objetivo del TPP es dirigirse a la conciencia de los pueblos”.

Cabe señalar que El TPP nació en 1979 por iniciativa del abogado italiano Lelio Basso, teniendo como principal referente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel de 1976, los Archivos del Proceso de Nüremberg, los Acuerdos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidos y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Y toma experiencia del Tribunal Russel, que juzgó los crímenes estadounidenses cometidos en Vietnam y que permitió crear una conciencia universal pública al respecto. El TPP está integrado por cerca de 130 miembros

de alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos. Los garantes del capítulo México frente al TPP son, además de Barreda, Magdalena Gómez Rivera, el obispo Raúl Vera López, Javier Sicilia, Jorge Fernández Souza, Clodomiro Siller Acuña y Gilberto López y Rivas.

El Capítulo México del TPP ha realizado audiencias, primero en siete vertientes en los que había grupos organizados que podían visibilizar los problemas, pero luego, la presencia y contundencia de nuevos

EL DIABLO Y LOS VENEROS DEL PETRÓLEO Carlos Beas Torres Para Fernando Chávez Magos, El Ronco, viejo luchador que hoy día libra su lucha personal contra la muerte

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a maldición del petróleo. La reforma energética recientemente aprobada en nuestro país se impuso violentando los derechos históricos de los pueblos indígenas. El despojo legalizado en la figura de ocupación temporal de la tierra y la supremacía de los intereses trasnacionales propician el despojo legalizado.

Además nunca se ha reconocido en el caso de los hidrocarburos que muchos de los campos de extracción, refinerías e instalaciones petroquímicas, ductos y zonas de almacenamiento se localizan precisamente en territorios de los pueblos indios de los estados de Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca y Campeche.

Hasta ahora los beneficios de la renta petrolera han llegado a cuentagotas a los pueblos indios, los cuales siguen siendo los habitantes más pobres de este país, a pesar de que es precisamente de sus tierras donde se han obtenido en los cien años pasados los recursos energéticos que alimentan y mueven a México entero.

Han sido los pueblos indios que habitan desde antiguo las costas del Golfo de México los que han sufrido los más graves impactos, producto de la explotación petrolera. Primero persecución y asesi-

natos para el despojo de sus tierras, y después los daños ambientales generados por la operación de la industria. En julio de 1908 en la región Huasteca ocurrió uno de los más graves siniestros industriales de la historia de nuestro país, cuando se salió de control la perforación del pozo 3 del campo Potrero del Llano, que ocasionó un incendio que duró más de tres años y el derrame de más de cinco millones de galones de crudo que contaminaron tierras, ríos y la laguna de Tamiahua.

Los pueblos chontales de Tabasco, los pescadores binnizá, chontales e ikojts de Oaxaca; los nahua, popolucas y totonacas de Veracruz y los teenek de la Huasteca han sufrido durante los 50 años recientes graves afectaciones causadas por derrames de hidrocarburos y por la lluvia ácida; otro efecto negativo ha sido la destrucción de sistemas económicos regionales y de formas de vida tradicional y de cosmovisiones. Las construcciones del complejo petrolero Pajaritos, próximo a Coatzacoalcos, o de la Refinería de Salina Cruz atrajeron a miles de campesinos que se ocuparon como peones de obra por dos o tres años, lo cual generó una grave crisis por el abandono del campo. La destrucción de economías locales trajo como consecuencias la pérdida de valores culturales, la migración y la desintegración de comunidades y familias enteras, dejando como secuela

entre muchas otras que la tasa de suicidios en Tabasco se elevara en diez años a más de 300 por ciento.

Pemex: irresponsabilidad social y ambiental. Desde principios de los 70’s del siglo pasado, a raíz de la creación de la Refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, Pemex creó un sistema de ductos de unos 300 kilómetros de largo entre ese puerto y los enclaves petroleros del sur de Veracruz.

Las tierras que atraviesa este sistema son en su mayoría propiedad de núcleos ejidales en Veracruz y comunales en el estado de Oaxaca y sus impactos socio-ambientales han sido negativos para la población local. Si bien un pequeño sector de la mano de obra regional ha sido ocupada, la mayoría ha sido excluida y afectada por los constantes siniestros.

En la llamada región Zona Norte del Istmo hemos documentado en los 25 años recientes por lo menos 23 siniestros, de los cuales los ocurridos en 1988 en Tolosita y la fuga de amoniaco de agosto de 2013 que afectó la zona de Chivaniza, y que dejaron un saldo de 19 muertos y unos 600 heridos e intoxicados, son considerados los más graves. El más reciente ocurrió apenas el viernes 22 de agosto pasado en la pequeña comunidad barreña de Reforma, barrio de La Soledad, consistente en una fuga de amoniaco, que provocó la precipitada huida de los habitantes.

Hemos señalado reiteradamente que la falta de mantenimiento y de vigilancia en las instalaciones petroleras y el peligro que representa el abandono de tres ductos «fuera de uso» y que contienen aún material, son una bomba de tiempo para los habitantes de la región.

En los siniestros ocurridos en relación con la operación de Pemex se ha demostrado el nulo interés de la empresa en asumir su responsabilidad social y ambiental y la inexistencia de la más mínima infraestructura y de protocolos de seguridad que le permitan a la población local contar con los medios adecuados para prevenirlos, enfrentarlos y remediar sus impactos. Ha sido recurrente la respuesta lenta, limitada e indolente de Pemex en la mayoría de las emergencias: ha llegado a actuar por ejemplo en ocasiones con más de diez horas de retraso ante fugas comprobadas de gasolina, algunas tan graves como la de julio pasado, que obligó a decenas de habitantes zapotecas de El Polvorin, Petapa, a evacuar su comunidad; además, a pesar de que Pemex tenía conocimiento de la gravedad de los acontecimientos, no comunicó los riesgos a los vecinos.

La inversión social de Pemex ha sido mínima en la región y se reduce a financiar algunas pequeñas obras de infraestructura urbana, y brindar combustibles y material de pavimentación que en general es desviado por los ayuntamientos.

La ausencia de responsabilidad ambiental y social por parte de Pemex, los continuos siniestros y la falta de atención a los mismos, así como la creciente inseguridad, han creado un clima de tensión y malestar fundados entre la población regional y en particular entre los pueblos indígenas dueños históricos de estas tierras.

Las resistencias en tiempos de contrarreforma. El 7 de junio pasado el titular de Pemex, Emilio Lozoya, anunció el inicio del megaproyecto Corredor Transístmico, el cual en su primera etapa tiene programada la reconstrucción de un gasoducto entre Jaltipan, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para suministrar gas natural a la refinería ubicada en el puerto oaxaqueño y para su exportación en un segundo momento a países asiáticos.

Esta obra es de remiendo, pues busca reciclar un ducto con años de abandono y entre otras acciones incluye el cambio de tramos de tubos en tres zonas (Zona Urbana

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El TPP agregó a esas vertientes, una más relativa a la educación,

dadas las luchas magisteriales de los tiempos recientes, y otra de jóvenes ante la emergencia nacional, “pues son los jóvenes mayoría en el número de víctimas de la guerra sucia de Calderón, en el número de migrantes, en los casos de feminicidio, en condiciones laborales precarias, en agraviados ambientales…” Y por último, se abrió una vertiente transversal, transtemática, denominada “represión social”. Las acusaciones que formula el TPPMéxico contra el Estado, no contra las empresas u otros actores, dijo, porque los crímenes son estructurales, permitidos por el Estado. “Si fuéramos contra las empresas, no acabaríamos nunca”, dijo Barreda.

Barreda explicó que el TPP pide que los quejosos formulen sus acusaciones conforme a derecho, pero pueden argumentar con base en leyes nacionales o internacionales, y apelar a derechos colectivos –“pues el Tribunal no se mueve sólo en los derechos individuales, sino más bien en los colectivos, de los pueblos”–, aun cuando algunos de éstos, como los derechos de las mujeres, no estén reconocidos en la Constitución mexicana.

afectaciones que le ha provocado a campesinos y al medio ambiente de la Cuenca Alta del rio Coatzacoalcos.

Matías Romero, Santa Rosa Ixtaltepec y 14 kilómetros en la zona de Juchitán-Tehuantepec), además de la ampliación de las plantas de bombeo y las instalaciones contraincendio ubicadas en Medias Aguas y Jaltipan, Veracruz, y Donají, Oaxaca. La realización subrepticia de estas obras y la falta de información han provocado malestar y acrecentado la inseguridad entre los habitantes, los cuales se han movilizado para impedir los trabajos; ello ha generado situaciones violentas y divisionismo en las comunidades.

Ante esta situación, habitantes de 27 poblaciones de cinco municipios de la región se han unido y han realizado durante los dos meses recientes constantes acciones de resistencia, exigiéndole a Pemex que brinde información sobre el proyecto y sus impactos sociales y ambientales, establezca medidas de seguridad para la población y atienda los reclamos y las

A raíz de las protestas y por intervención del gobierno estatal de Oaxaca, se establecieron cuatro mesas de trabajo y se han realizado tres reuniones.

Sin embargo, hasta ahora la respuesta de Pemex ha sido muy limitada y sin establecer compromisos con las poblaciones impactadas. El diálogo incluso se llegó a suspender por parte de las comunidades, ya que trabajadores de Pemex y la empresa constructora FYRESA han tratado de ingresar a los terrenos de manera violenta y subrepticia, siendo expulsados por los campesinos en diferentes ocasiones.

En el Istmo de Tehuantepec y ya desde hace muchos años, los pueblos indios han sido actores de una guerra callada, sorda y desigual en defensa de su tierra, de sus formas de vida y su cultura; enfrentan la voracidad de las trasnacionales y de sus empleados gubernamentales mexicanos, las nuevas Malinches. En la parte sur del Istmo los pueblos se resisten frente al megaproyecto eólico trasnacional, y en las porciones central y norte los pueblos luchan contra los impactos de una industria que les ha traído despojos, daño y sufrimiento. Esta es la guerra de todos los días que se libra en el otro sureste mexicano. Esta es nuestra guerra y ahí estamos. Salud.

EL CAMPO MEXICANO RESISTENCIA DE LARGO ALIENTO Héctor M. Robles Berlanga Coordinador de la página www.subsidiosalcampo.org.mx

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n los años recientes se han expresado nuevamente dos posturas que vaticinan para el campo la abundancia o su desaparición.

La primera postura expresa que los cambios a la normatividad agraria o los acuerdos comerciales o las reformas estructurales significan la posibilidad para que el sector rural se modernice y se beneficie del “desarrollo”. La segunda postura expresa que todos estos cambios significan la desaparición o el tiro de gracia para los campesinos. La cuestión es que ambos vaticinios no se han cumplido y los campesinos mexicanos siguen ahí, produciendo alimentos, cuidando los recursos naturales, enfrentando la delincuencia y proponiendo cambios o reformas que realmente los impacten favorablemente. Permítanme presentar algunos datos que hablan al respecto.

1.- Nunca antes en la historia del país habían existido tantas personas que vivieran en localidades rurales menores a dos mil 500 habitantes. En 1910 habitaban en este tipo de localidades diez millones de personas, mientras que en 2010 son poco más de 24 millones. Este crecimiento de la población explica en gran medida el aumento en el número de localidades, que pasó de 70 mil 300 a 184 mil 751.

En síntesis, crecimiento y dispersión poblacional.

2.- Así como creció la población, aumentó el número de propietarios de la tierra. En 1910 existía una gran concentración de la tierra, pues se registraban sólo 316 mil 442 titulares; para 1990, producto del reparto de tierras, aumentó a cerca de 5.3 millones de personas con derechos. Paradójicamente esta cifra se incrementó sustancialmente después de las reformas al artículo 27 constitucional, donde se estableció la cancelación del reparto de tierras por parte del Estado mexicano, y actualmente suman 7.4 millones los ejidatarios, comuneros, propietarios privados y posesionarios.

3.- Igualmente creció el número de Unidades de Producción (UP) agropecuarias menores a cinco hectáreas. Estas UP, en lugar de disminuir en el transcurso del tiempo como se pretendió con muchas políticas agrarias, se han multiplicado; su crecimiento en 80 años fue del 708.7 por ciento, al pasar de 332 mil que existían en 1930, a 2.6 millones de unidades en el 2007.

Este tipo de UP es la característica que distingue a los productores de nuestro país, y a pesar de sus condiciones precarias para producir y de la falta de apoyos económicos

FOTO: Dorian Martínez

asuntos ampliaron esta cifra y se generaron nuevas audiencias.

Las vertientes iniciales son: 1.guerra sucia, violencia estructural e impunidad; 2.- violencia contra los migrantes; 3.- violencia de género (incluidos los crímenes contra homosexuales, que son ignorados por los medios); 4.- violencia contra los trabajadores, tema que considera la grave situación del desempleo, donde se inscriben 30 millones de mexicanos que han debido migrar a Estados Unidos; 5.- destrucción del campo y de la soberanía alimentaria, donde se considera la agresión que sufre la producción indígena y de pequeña escala; 6.- devastación ambiental, “que en el caso de México raya en las peores del mundo rebasando a la de China ya”, y 7.- violencia estructural en el manejo de los medios de comunicación, lo que tiene que ver con el oligopolio y el comportamiento fraudulento en los procesos electorales, y también con el freno absoluto al desarrollo de medios civiles, como las radios comunitarias.

gubernamentales, genera el 39 por ciento de la producción agropecuaria nacional, y siete de cada diez productores de maíz (blanco y amarillo) y seis de cada diez de frijol tienen menos de cinco hectáreas. Además, generan el 56.8 por ciento del empleo agropecuario, tanto el familiar como contratado; son importantes abastecedores de la agroindustria. La mayoría de los productores ligados a la agroindustria son minifundistas. Los productores de maíz tienen 2.7 hectáreas en promedio por productor; caña de azúcar, cinco hectáreas; hortalizas, seis; frutas, cinco o menos; café, 1.9 hectáreas; cebada, seis, y tabaco dos hectáreas. Todo lo anterior lo realizan en sólo el 16.9 por ciento de la superficie laborable de nuestro país, muchos de ellos bajo condiciones de temporal, en terrenos con pendientes y sin los apoyos productivos que se concentran en los grandes productores.

4.- Nuca antes se había sembrado tanta superficie agrícola en México. En 1910 se reportaba que la superficie cosechada ascendía a cinco millones de hectáreas y para 2010 son 20 millones 167 mil hectáreas, tres veces más que lo cultivado a principios del siglo pasado.

No sólo eso, el patrón de cultivos se ha diversificado muy poco en términos de superficie; se cultivan aproximadamente 308 cultivos cíclicos y perennes y el maíz

representa el 35.4 por ciento de la superficie cosechada y los cuatro cultivos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz) poco menos de la mitad. El cambio más significativo se dio en la ganadería, donde la superficie de pastos ocupa el segundo lugar en el patrón de cultivos, lo que se reflejó en el número de cabezas de ganado bovino que en cien años pasó de 10.2 millones a 23.3 millones.

5. En el único rubro que no cambió significativamente el campo mexicano es en sus condiciones de vida.

Actualmente los ingresos de la población rural son los más bajos, especialmente los de aquellas personas que se ocupan en actividades primarias: tres de cuatro personas que laboran en el sector agropecuario o no reciben ingresos o ganan hasta dos salarios mínimos; 80 por ciento de las personas que viven en los municipios más marginales son población rural; el PIB per cápita en el medio rural es seis veces menor que en las áreas urbanas; prácticamente todos los municipios considerados con riesgo nutricional extremo pertenecen a estas zonas, y se requieren en promedio nueve años más en municipios rurales que en los urbanos para satisfacer las necesidades básicas. En síntesis, lo rural se mantiene como sinónimo de pobreza.

Que en 2014 exista una mayor población rural y propietaria de tierra es producto de la férrea resistencia para que se les reconozcan sus tierras y el derecho que tienen de beneficiarse de sus territorios. Lo que deberíamos de estar discutiendo en estos momentos es el derecho que tienen a decidir sobre cómo aprovechar y beneficiarse de los recursos naturales que disponen, que sea reconocido su aporte social, económico, ambiental y político a la vida nacional y que sea respetada su cultura y formas de vida. Por eso, seguirán contradiciendo a aquellos que les hablan de modernidad sin contemplarlos o de aquellos que los desaparecen por decreto.

Comparativo 1910-2010 Concepto Habitantes (personas) Población rural (% del total) Localidades rurales (número) PEA sector primario (% del total) Exportaciones sector primario (% del total)

Habitantes por km2 Esperanza de vida (años) Población analfabeta (% del total) Superficie cosechada (hectáreas) Propietarios de Ɵerra

1910

2010

15 millones

112 millones

71.3% 70,300 67%

22% 184,751 15.8%

38%

3.8%

7.6 29.5 72.3% 5 millones 316 442

50 72.9 años 10.3% 20,167,773 7.4 millones

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220 0d dee sseptiembre eptiembre de de 22014 01 4

PANCHO VILLA Y CALIXTO CONTRERAS VIVOS Y MUERTOS:

EL AGRARISMO REVOLUCIONARIO EN DURANGO Pedro Salmerón Sanginés ITAM psalme@yahoo.com twitter@salme_villista

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.- En septiembre de 1913 inició un auténtico proceso de revolución social en el norte de México, impulsado por un poderoso ejército popular: la División del Norte. En diciembre de 1915 ese proceso y ese ejército popular habían sido destruidos, tras la guerra civil más violenta de la historia de México, y su propio recuerdo fue sistemáticamente arrancado de la memoria colectiva y reducido al mito de su jefe visible, Pancho Villa.

En la base del proyecto revolucionario villista estaba la transformación radical de la propiedad raíz, la propuesta agraria villista fruto de las demandas de los pueblos del norte, distintas de las mucho más conocidas del sur de la República, que tenían como vocero a Emiliano Zapata.

Porque el gobierno villista en Chihuahua empezó con un documento clave: el 12 de diciembre de 1913, apenas a cuatro días de ocupar la capital del estado y hacerse nombrar gobernador, Pancho Villa dio a conocer el Decreto de confiscación de bienes de los enemigos de la Revolución, que entregaba al gobierno revolucionario la riqueza de la oligarquía agrupada en el clan Terrazas-Creel. Desde ese momento y durante dos años, los villistas administraron cerca de cuatro millones de hectáreas, una fundidora de hierro, molinos de trigo, empacadoras de carne, cuatro fábricas de hilados y tejidos, una compañía de tranvías, un banco y otras negociaciones que, descontando a las empresas de capital extranjero, constituían el grueso de la riqueza del estado. Al triunfo de la causa, decía el decreto, una ley reglamentaria determinaría lo relativo a la distribución de esos bienes que, mientras tanto, serían administrados por el Banco del Estado, creado por otro decreto del mismo día, con esos bienes como garantía de capital. Esos recursos permitieron financiar el aparato militar villista así como su política social.

En el texto del decreto del 12 de diciembre y en “el sueño de Pancho Villa”, que por esos días le contó Pancho al periodista John Reed, están las líneas principales del proyecto agrario del villismo, que habría de ser complementado por otros documentos promulgados en abril y mayo de 1914 por los gobernadores Manuel Chao y Fidel Ávila, y que, pasando por la Ley General Agraria de julio de 1915, habría de alcanzar su expresión más acabada, luego de la confluencia del villismo con el zapatismo, en el Programa de reformas políticas-sociales de la Convención. En el decreto del 12 de diciembre no sólo se expropiaban los latifundios, también se prometía restituir “a sus legítimos dueños,

las propiedades que valiéndose del poder les fueron arrebatadas por dichos individuos, haciéndose así plena justicia a tanta víctima de la usurpación”. Pronto se entendió que esta promesa rezaba con las tierras de los pueblos despojados durante el porfiriato, como puede verse en el decreto relativo al deslinde y adjudicación de los terrenos expropiados a los soldados en servicio activo, sus deudos y “los pobres”, publicado por el gobernador Manuel Chao el 5 de marzo de 1914.

Aparecen así los pueblos como sujetos activos; son los pueblos del norte, base de la concepción democrática-militar del “sueño de Pancho Villa”: la república de pequeños propietarios independientes, armados y democráticos. La legislación villista posterior trató de dar forma no tanto a esta utopía, pero sí al ideal de la pequeña propiedad agraria, productiva e independiente, como base de la riqueza del país, un ideal constante en los clásicos del liberalismo mexicano.

Las disposiciones villistas estaban encaminadas a impulsar por todos los medios la pequeña propiedad: tras la expropiación de los latifundios vinieron otros decretos sobre compra de terrenos, fraccionamiento de tierras municipales y baldías y expropiación “por causa de utilidad pública”: todas las figuras legales posibles para, sin violentar el derecho a la propiedad, poder repartir tierras entre los campesinos o “los pobres”.

No se proyectaba repartir las tierras y dejar a los nuevos propietarios a su suerte, pues entre las responsabilidades y funciones del Banco del Estado estaban otorgar créditos de avío a estos agricultores e impulsar las obras de irrigación y otras mejoras. Por su parte, el gobierno se comprometía a construir escuelas en los núcleos rurales y dar vida a escuelas y laboratorios agrícolas. Según las leyes agrarias, las adjudicaciones de tierras no serían gratuitas, sino en cómodos y módicos pagos, y la venta o enajenación de las tierras adjudicadas encontraba innumerables obstáculos o prohibiciones.

2.- Sin embargo, muchas de las disposiciones de la legislación villista, particularmente la Ley General Agraria, fueron redactadas por políticos maderistas incorporados al villismo, de tendencia legalista y moderada. Esto, sumado al conservadurismo de algunos delegados vilistas a la Convención durante 1915 (cuando Villa tenía preocupaciones mucho mayores que las relativas a la asamblea deliberante reunida en el centro del país), ha permitido a los detractores del villismo presentarlo como un movimiento conservador y/o sin principios.

En efecto, el villismo es un movimiento peculiar en el que la práctica avanza mucho más rápido que las palabras. Lo es porque empieza con el Decreto de expropiación, pero también porque en aquellas regiones que no eran centrales para financiar el aparato militar empezó a instrumentarse la revolución agraria, mostrando cuál era el modelo de nueva sociedad que el villismo instauraría después del triunfo.

Una de esas regiones es la de los valles de Durango y particularmente el antiguo partido de Cuencamé (municipios de Cuencamé, Peñón Blanco y Santa Clara), donde antes de la revolución eran particularmente agudas las contradicciones entre los pueblos y las haciendas:

Calixto Contreras

en todo el partido sólo había cuatro pueblos libres, que en conjunto conservaban menos de diez mil hectáreas. El resto de la superficie del partido (980 mil hectáreas, en total) estaba ocupado por 14 haciendas, entre ellas la más extensa del estado.

Pero también fue ahí donde tuvo mayor vigor la resistencia de los pueblos contra la usurpación de sus tierras y sus recursos: demandas judiciales desde 1900; un motín armado y recuperación violenta de las tierras en 1905; consignación al ejército del dirigente de la resistencia, el campesino Calixto Contreras Espinosa, y finalmente, incorporación masiva a la revolución en noviembre de 1910 y a la División del Norte en septiembre de 1913, donde los campesinos de Cuencamé y del resto de la región de los valles se encuadraron en las brigadas Juárez de Durango y Ceniceros, de los generales Calixto Contreras Espinosa y Severino Ceniceros Bocanegra.

Pero antes de eso, y tras el triunfo del maderismo y luego de fuertes movilizaciones que obligaron al go-

bernador maderista de Durango a hacerlo así, Severino Ceniceros había sido nombrado jefe político de Cuencamé, con Calixto Contreras como comandante militar, al mando de los rebeldes en armas. Con ellos al frente de la vida política de la región, el cálido verano de 1911 estuvo marcado por las tomas de tierras y el cambio de personal en los gobiernos municipales. En julio de ese año, más de 30 mil hectáreas ricas en guayule de la hacienda Sombreretillos de Campa fueron invadidas por los campesinos de Santiago y San Pedro Ocuila. Poco después, los vecinos de Pasaje, reforzados por campesinos de Peñón Blanco y Cuencamé, invadieron cerca de 70 mil hectáreas de las mejores tierras guayuleras de la hacienda de Santa Catalina del Álamo y las tres mil hectáreas regadas por la presa Las Mercedes. Siguieron los vecinos de Peñón Blanco, que tomaron las casi diez mil hectáreas que disputaban con Santa Catalina del Álamo, y los manantiales del río Peñón Blanco, que hasta entonces había usufructuado la hacienda de Juan Pérez. No corrieron con la misma suerte, por falta de elementos, los vecinos de Tapona y de Sauces de Salinas quienes, de todos modos, no tuvieron que esperar mucho para hacerse con las tierras que ambicionaban. En Tapona, ante la imposibilidad de reclamar tierras usurpadas, los peones se declararon en huelga para exigir el incremento del jornal a un peso diario.

Dos años después, dos años más de lucha revolucionaria, en junio de 1913 las fuerzas de Contreras y Ceniceros, junto con las de los generales Tomás Urbina, compadre de Pancho Villa y antiguo bandolero; Orestes Pereyra, herrero magonista de Gómez Palacio, y Domingo Arrieta, arriero analfabeto de la Sierra, tomaron la ciudad de Durango e impusieron al ingeniero agrónomo y maderista leal Pastor Rouaix como gobernador. Obedeciendo las instrucciones de los campesinos armados, Rouaix expidió una Ley Agraria que fue recibida en el partido de Cuencamé con júbilo, pues sus claras disposiciones permitirían la legitimación de las restituciones y expropiaciones de facto realizadas en 1911 por los campesinos de Ocuila, Cunecamé, Pasaje y Peñón Blanco. Como primer resultado, en el suroeste del partido, en la zona de los valles, al amparo de la nueva ley, un grupo de peones de las haciendas de Tapona y de San Gabriel formaron un nuevo núcleo agrario, denominado Villa Madero, con 400 hectáreas antiguamente pertenecientes a dichas haciendas: la revolución de los campesinos seguía su camino en el oriente de Durango, mientras su brazo armado, la Brigada Juárez, continuaba luchando.

3.- Pero pasados otros dos años la revolución campesina fue derrotada en los campos de batalla del Bajío y en 1916 Calixto Contreras fue asesinado tras una emboscada muy similar a la que habría de acabar en 1919 con Emiliano Zapata.

Ceniceros, vencido y asilado, capituló. Tras la muerte de Contreras y la incorporación de Ceniceros, la rebelión agraria cuencamense parecía derrotada, y la comarca, asolada por guerrillas encabezadas por antiguos jefes villistas que eran perseguidas por contraguerrillas encabezadas por antiguos jefes villistas, aparecía desolada y empobrecida. Pero las demandas agrarias que habían lanzado a los campesinos de la región a la guerra en que finalmente habían sido vencidos, seguían vigentes.

Entre 1915 y 1917 hubo en Durango cinco gobernadores carrancistas, cuya principal preocupación era la represión de los guerrilleros.

Cuando en octubre de 1916 se celebraron en el estado las elecciones para el Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza, fueron electos diputados tres hombres que, aunque claramente constitucionalistas durante la guerra civil, habían tenido fuertes lazos personales y políticos con los difuntos Calixto Contreras y Orestes Pereyra, y los seguían teniendo con Severino Ceniceros.

Los tres diputados eran Pastor Rouaix, aquel que gobernó el estado en nombre de los campesinos en 1913; Alberto Terrones Benítez, cuyo padre era un viejo y buen amigo de Orestes Pereyra, y Silvestre Dorador, encuadernador e impresor que desde 1911 había sido varias veces presidente municipal de Durango. Rouaix fue uno de los diputados que más brillaron en el Congreso Constituyente, donde fue un decidido impulsor de que las demandas agrarias de la revolución quedaran claramente establecidas en el artículo 27 y no, como querían los partidarios de Carranza, que éste se redujera a un enunciado general, y Terrones y Dorador se integraron también, desde el principio, al ala radical del Constituyente.

En octubre de 1917, fue promulgada la Constitución Política del estado de Durango, cuyos artículos 51 y 52 facultaban al Legislativo local para erigir en pueblos libres a todas las poblaciones que como centros agrícolas, industriales o mineros existieren o pudieren existir en el estado, para lo cual serían expropiados por causa de utilidad pública los edificios y terrenos necesarios para el fundo legal de los pueblos. Pero el general Domingo Arrieta, recientemente electo gobernador constitucional,

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intentó neutralizar los efectos de estas disposiciones, cediendo a las presiones del señor Carranza y de los grupos de poder en el estado. Con todo, antes de 1920 varios poblados habían exigido que se aplicaran, siendo los primeros Villa Guillermo Prieto, antes Velardeña; Villa Guadalupe Victoria, antes Tapona; Villa Ignacio Allende, antes estación Catalina, y Villa Ignacio Ramírez, antes Sauces de Salinas.

Además de las solicitudes de estas antiguas dependencias de las grandes haciendas de la región, al amparo del 27 constitucional, los pueblos del partido de Cuencamé que desde 1911 se habían adueñado de terrenos de diversas haciendas, recurrieron a la Comisión Nacional Agraria para que en el marco de las nuevas leyes se normalizara su situación. El 14 de agosto de 1917 los vecinos de Peñón Blanco solicitaron la restitución de las tierras que les habían sido usurpadas. Dos semanas después, el 31 de agosto, los vecinos de Pasaje pidieron la restitución de las 75 mil 826 hectáreas de que habían sido despojados por el propietario de Santa Catalina del Álamo. En 1918, 400 familias de Tapona, recién declarada pueblo libre con el nombre de Guadalupe Victoria –posteriormente erigida en cabecera municipal– solicitaron la dotación de tierras de la hacienda de Tapona. En 1919 el general Severino Ceniceros, representante legal de los pueblos unidos de Santiago y San Pedro Ocuila, solicitó la restitución de las tierras que les habían sido usurpadas, de las que estaban en posesión desde 1911.

También en esos años los vecinos de Ignacio Ramírez, antes Sauces de Salinas, solicitaron que se les dotara de tierras, y los de Cuencamé exigieron la restitución de las tierras que disputaban a la hacienda de Atotonilco.

Los procesos legales fueron lentos, sólo Sauces de Salinas y Villa Madero obtuvieron sus tierras antes de 1920. Villa Guadalupe Victoria, antes Tapona, fue dotada con cuatro mil hectáreas por decreto presidencial de diciembre de 1920, obteniendo luego varias ampliaciones. Los pueblos ocuilas, rebautizados como Ejido General Severino Ceniceros, recibieron 33 mil 258 hectáreas, por decreto presidencial, en marzo de 1921. A Pasaje se le negó la restitución pedida, pero se le dotó con diez mil hectáreas en 1926; los ejidos del pueblo fueron ampliados cuatro veces, quedando incluida la presa de Las Mercedes en la segunda ampliación. También de 1926 es el decreto presidencial que restituía a Peñón Blanco de diez mil 668

hectáreas de Santa Catalina del Álamo, a las que en 1930 se agregaron otras 12 mil 640 hectáreas de la misma hacienda para formar cuatro colonias agrícolas con vecinos de Peñón Blanco.

4.- En mayo de 1920, luego de una lucha política que terminó con el asesinato del presidente Carranza, subió al poder el “Grupo Sonora”, encabezado por políticos más sensibles a las demandas agrarias que el señor Carranza, por lo que los decretos presidenciales mencionados antes se dieron durante sus gobiernos. Pero hubo otra cosa: tan pronto cayó Carranza, Pancho Villa decidió que su terca resistencia guerrillera había perdido razón de ser, y decidió rendirse en condiciones honrosas. Las negociaciones fueron difíciles, pero la buena voluntad del presidente Adolfo de la Huerta y del general Villa, y la habilidad de los mediadores, permitieron la firma de la paz, aceptando ciertas condiciones mínimas que pidió Villa, que eran, uno: la entrega de tierras a los hombres que aún le seguían siendo fieles, tierras que se convertirían en colonias agrícolas (más propiamente, “colonias agrícolas-militares”, acordes con las particulares demandas agrarias de ciertos sectores del campo chihuahuense y con el “sueño de Pancho Villa”, tal como el Centauro lo narró a John Reed), una de las cuales –que finalmente sería la hacienda de Canutillo, Durango, en el extremo norte del estado– le sería entregada a él y a 50 hombres por él escogidos que se mantendrían sobre las armas, garantizando su seguridad personal, y dos, que los oficiales villistas que así lo quisieran, fueran incorporados al ejército nacional, reconociéndoseles el grado o empleo que hubiesen alcanzado bajo las banderas villistas.

De ese modo, en el norte de Durango y el occidente de Chihuahua surgió casi una docena de colonias en donde los últimos villistas leales cambiaron el fusil por el arado. Villa estuvo en paz y alejado de la vida política nacional hasta bien entrado 1922, cuando los rumores de que el gobierno de Obregón se proponía devolver a los Terrazas las inmensas haciendas que Villa había expropiado en diciembre de 1913, sacaron al Centauro de su actitud de observador y lo llevaron, prácticamente, a amenazar al gobierno con una nueva revuelta agraria, amenaza que influyó en la decisión tomada por el caudillo sonorense, de repartir las haciendas terraceñas entre los campesinos de Chihuahua. Cuando en 1923 Pancho Villa pareció tomar partido por De la Huerta en la sucesión de Obregón, éste y

su sucesor designado, Calles, decidieron eliminar definitivamente su siempre amenazante presencia, encargando al general Joaquín Amaro ajustar los detalles del asesinato.

Mientras eso pasaba con Pancho Villa y sus compañeros en el norte de Durango, a muchos kilómetros, en el oriente del estado, los antiguos soldados de Contreras y Ceniceros no se limitaban a demandar la restitución o dotación de tierras: el 4 de marzo se constituyó el Sindicato Agrario Confederado del Estado de Durango, que se integró con los comités particulares ejecutivos que, por ley, debían constituirse en todos los núcleos de población solicitantes de tierras. El objetivo

Francisco Villa

de la organización era luchar por la restitución y dotación de tierras, enfrentando a las autoridades que obstaculizaban o impedían la aplicación de las nuevas leyes agrarias.

El Sindicato Agrario de Durango coqueteó con la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), aliada de Plutarco Elías Calles, pero en octubre de 1920, cuando Antonio Díaz Soto y Gama, Aurelio Manrique y otros antiguos zapatistas recién aliados con el grupo en el poder y conocidos de Ceniceros de la época de la Convención de Aguascalientes, fundaron el Partido Nacional Agrario (PNA), Ceniceros y el líder formal del Sindicato, Alberto Terrones Benítez, decidieron unirse a él, y así lo hicieron, de manera que el general Severino Ceniceros, que acababa de ser electo, con el apoyo del Sindicato y la fuerza de su nombre, como senador de la República por el estado de Durango, se convirtió en un importante líder regional del PNA. El Sindicato, por medio de la nueva presencia nacional de Cenice-

ros, se convirtió en un importante instrumento de presión a favor de las demandas campesinas: en el ya citado expediente de dotación de tierras a los pueblos ocuilas, hay varias cartas dirigidas por Ceniceros a Soto y Gama, pidiéndole que el PNA que presionara con toda su fuerza para que el gobierno resolviera favorablemente las demandas de dotación o restitución entabladas por los campesinos de Ocuila, de Pasaje y de otros pueblos de su región. Manrique y Soto y Gama atendieron siempre las demandas de su prestigioso socio durangueño.

Severino Ceniceros terminó su periodo como senador y regresó a Cuencamé. Vivió algunos años ahí con cierta medianía, hasta que la pobreza empezó a cernirse sobre él.

Solicitó entonces ayuda del gobierno o ser reintegrado al ejército para gozar siquiera del medio sueldo de general de brigada que le correspondería por no estar en servicio activo, pero sus peticiones fueron rechazadas porque se le consideraba dado de baja desde 1920, cuando pidió permiso para desempeñar el cargo de senador. Así estaba cuando el Congreso de la Unión decretó, en diciembre de 1935, la desaparición de poderes en Durango, porque el gobernador Carlos Real apoyaba las conspiraciones del general Calles contra el presidente Cárdenas. Defenestrado Real, Cárdenas gestionó y obtuvo la designación de Severino Ceniceros como gobernador interino, quien no hizo otra cosa que organizar nuevas elecciones y entregar el cargo a su sucesor.

Ceniceros murió en la Ciudad de México en junio de 1937. El presidente Lázaro Cárdenas recibió un telegrama en el que el “pueblo revolucionario de Cuencamé” solicitaba se le permitiera trasladar el cuerpo a Cuencamé, “donde se la ha preparado una capilla ardiente, para que descanse en su tierra”.

Firmaban Francisco Gómez, Margarito García, Nicolás Espinosa, José Dolores Espinosa, José Antonio Favela, Ignacio Machado, “por sí y cinco mil firmas más”. El general Cárdenas dispuso que una escolta militar especial llevara los restos del antiguo revolucionario a su tierra y le rindiera los honores correspondientes a su grado.

La lucha de los campesinos de la región en los años 20’s como continuación de su activa participación en la lucha armada y los actos positivos de los gobiernos de Obregón y Calles, le permitieron al ingeniero Pastor Rouaix escribir en 1929 que la transformación de la región era “la mejor justificación del movimiento revolucionario”, porque en claro

contraste con lo que antes de la revolución pasaba, cuando todos los extensos valles del sur del antiguo partido de Cuencamé pertenecían a dos enormes haciendas, “en la actualidad toda la llanura está cubierta de poblados libres con tierras propias”.

Podríamos decir, pues, que la revolución agraria del oriente de Durango, derrotada en los campos de batalla, obtuvo una peculiar victoria en la derrota, al ver resueltos los agravios que los hicieron tomar las armas en 1910. Pero también podríamos preguntarnos ¿era esto lo único que pedían los cuencamenses rebeldes? ¿Su praxis revolucionaria no los llevó a posiciones que trascendían la mera demanda de tierras? ¿Les bastaba con eso, que a fin de cuentas, sólo aumentó el número de campesinos pobres en una zona antes semi deshabitada? Ellos mismos dieron importantes respuestas a estas preguntas cuando entre 1925 y 1929 (justo cuando Rouaix, revolucionario oficial, escribía que la situación de la región era “la mejor justificación del movimiento revolucionario”). “un creciente número de campesinos agraristas de Durango se organizaron y desplegaron sus luchas enarbolando las banderas rojas con los emblemas de la hoz y el martillo”, escribió César Navarro en su historia del agrarismo rojo en Durango. “Los principales destacamentos de este renovado movimiento agrario brotaron entre los pueblos, rancherías y comunidades que, apenas unos años atrás, se habían alzado como bastiones del villismo (...) De esta manera, una década después, en los mismos valles y semiáridas regiones por donde se extendió la rebelión agraria encabezada por los revolucionarios villistas, ésta encontró una continuidad en la lucha de los jornaleros, peones y campesinos agraristas que reclamaban la destrucción del latifundio, el reparto de la tierra entre los pobres y que además ahora se proponían luchar para construir una sociedad sin propietarios y sin explotados”.

Nota: las fuentes de este artículo, en lo relativo a las cuestiones agrarias, son los expedientes de cada uno de los pueblos en el Archivo General Agrario de la extinta (por Enrique Peña Nieto) Secretaría de la Reforma Agraria. Las citas exactas pueden consultarse en mi artículo “Lucha agraria y revolución en el oriente de Durango, 1900-1929” (http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/4X 9X8RV39NE7E95LSSJ8EU92D8 1S89.pdf), y en lo relativo al proyecto villista, el capítulo 9 de mi libro La División del Norte. La tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo (Planeta, 2006).

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20 de septiembre de 2014

Guerrero

DEFENSA FÉRREA DE LA TIERRA, CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA PRESA LA PAROTA FOTO: Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota

Lourdes Rudiño

Protesta en el río Papagayo contra el proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero

E

l proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, es emblemático tanto de las formas ilegales de ocupación de tierras rurales como de la defensa por diversas vías de los afectados.

Hoy por hoy, ese proyecto, iniciado hace 11 años en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está frenado y los opositores refrendan su convencimiento de que deben utilizarse absolutamente todos los medios de defensa, incluidos los legales, a pesar de estar pervertidos, pero sobre todo la movilización social, la presencia campesina masiva en las propias tierras. Y ello –afirma Rodolfo Chávez, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)– habrá de acentuarse ahora que la reforma energética ha debilitado los mecanismos de posesión agraria para favorecer a los megaproyectos y a las trasnacionales.

En entrevista, Chávez recuerda que en enero de 2003 campesinos de la comunidad de Cacahuatepec, en Acapulco, observaron la realización de trabajos de excavación en sus tierras, mismos que persistieron seis meses. Consulta-

dos, los ingenieros y trabajadores dijeron que eso era un proyecto, “pero no dijeron cuál, ni tampoco tenían permisos, ni de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), ni de cambio de uso de suelo de la entonces existente Secretaría de Reforma Agraria, ni tenían proceso expropiatorio y mucho menos tenían permiso de los comuneros y ejidatarios. Y además dijeron que eso afectaría sobre todo a tres pueblos”. La respuesta de la comunidad fue parar las máquinas. Después se enteraron que todo esto respondía al plan de la CFE por construir La Parota, una obra que ocuparía cinco municipios (Acapulco, Chilpancingo, Tierra Colorada, San Marcos y Teconapan), y el más afectado sería Acapulco, en particular los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde se integró el CECOP y donde se pretendía levantar la cortina de la presa.

La resistencia campesina empezó el 28 de junio.

Y cada vez más comunidades y pueblos se sumaron. “La lucha empezó sin claridad de que eso era defensa de derechos. Era defensa del derecho a su propia tierra. Se instalaron plantones en los caminos para impedir el paso de la maquinaria, de los camiones y

de los ingenieros, de todo lo que pretendía entrar por allí, y del proyecto. En cada camino por el que la CFE quería entrar se puso un plantón y esos plantones –en los cerros, junto al río, en áreas despobladas, de selva, y en otras pobladas– duraron cinco años, día y noche, entre 2003 y 2008; estaban allí sobre todo mujeres. El principal signo de triunfo del movimiento fue estar en posesión del lugar.

A partir de eso el CECOP inició procesos de carácter legal, “todos supeditados a que había un movimiento fuerte y que el movimiento estaba posesionado del territorio, que había una fuerza real, física, y en número importante, dispuesta a defender la tierra con su propia vida. Esto lo digo porque hay otros lugares donde se han dado luchas legales, por ejemplo el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, o Zapotillo, Jalisco, que tienen incluso más juicios ganados que nosotros, pero carecen de la fuerza suficiente en el lugar de los mismos propietarios de la tierra. Esto es relevante porque se ha hecho evidente que el gobierno no respeta sus leyes. Hay juicios legales ganados en casos como la minera San Xavier, y el gobierno pasa de largo las decisiones legales; hace lo que quiere.

“El derecho es una vía y hay que saber utilizarlo, pero si no se tiene la fuerza suficiente en el lugar de los afectados, no va a ser posible que echen abajo los proyectos”, subraya.

El entrevistado comenta que cuando en 2004 la CECOP decidió defenderse legalmetne, la situación obligó a la CFE y a la Semarnat a realizar una consulta pública sobre el proyecto. Allí los campesinos llevaron unas sandías grandes para demostrar que las tierras son productivas en agricultura –lo cual desde el gobierno descar-

taba–, y hubo confrontación pues “nos dijeron que tenían detectados a los cabecillas del movimiento y que teníamos órdenes de aprehensión. A grito pelado les dijimos que eran unos cínicos y que ellos son los que debían estar en la cárcel.

Entonces ya habían encarcelado a dos compañeros; la fuerza del movimiento obligó al gobernador, René Juárez entonces, a sacarlos de la prisión”.

Evento: Día Nacional del Maíz. Organiza: Campaña Nacional Sin Maíz no hay País. Fecha y lugar: 29 de septiembre de 2014.

Por confirmar. Información: www.sinmaiznohaypais.org Evento: Sexto Festival del Maíz. Organiza: Alianza Global por la Libertad de las Semillas. Fecha y lugar: Sábado 27 de septiembre de 2014.

Plaza Principal de Santo Domingo Ajolpan, Tecámac. Estado de México. Información: liliazodmen@hotmail.com

Luego la Semarnat aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) un día antes de vacaciones de fin de año para que nadie pudiera iniciar una acción legal, “y les dijimos, ya tienen la MIA, sí, pero no pueden hacer la presa pues es nuestra decisión que no se haga”.

El CECOP buscó también defenderse con instrumentos agrarios.

“Les dijimos que se había hecho consulta, y entonces promovieron asambleas comunales de forma manipulada”. Aliados, la CFE, el gobierno del estado (ya en 2005 bajo el mandato de Zeferino Torreblanca), la Procuraduría Agraria y policías de diversas corporaciones indujeron asambleas alejadas de las comunidades, con presencia policial, con taxistas que se hacían pasar por comuneros, y en sesiones de 20 minutos lograban acuerdos de cambio de uso de suelo. La primera de esas asambleas provocó una confrontación entre mil 500 policías y cinco mil comuneros. Por la irregularidad de tales asambleas fue que se convocaron nuevas asambleas, pero cometieron el error de citarlas con 15 días de diferencia respecto de las primeras, cuando lo correcto es que medie un mes entre una y otra debido a que se trata de asambleas calificadas para cambio de uso de suelo. Ese fue el factor técnico que llevó a los tribunales agrarios a dar por inválidas las asambleas.

Esto fue por supuesto un gran triunfo para el CECOP, muy definitivo, “pero nunca se dejó la lucha directa, que ha sido lo principal y sobre todo respaldada por asambleas dominicales que hemos tenido en 11 años”. Además el CECOP ha contado con la solidaridad de organizaciones nacionales y de representantes de instancias internacionales, como los relatores de vivienda y de pueblos indígenas de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

Ante ello, “el gobierno federal no decía nada, pero lo que hacía era seguir aprobando el presupuesto para La Parota cada año, con excepción del 2009. No sé si el presupuesto, que continúa asignándose hoy día, es para La Parota o para embolsárselo, o las dos cosas”.

Evento: Festival del Maíz, por el derecho a saber.

Organiza: Milperos Autónomos, Los Ángeles, EUA.

Rodolfo Chávez relata la serie de trampas que el sistema judicial y policiaco la ha puesto a él y a otros integrantes del CECOP para amedrentar al movimiento, con órdenes de aprehensión (aun existiendo amparos), acusaciones falsas –por ejemplo del secuestro de un ingeniero–, etcétera. En junio pasado fue detenido Marco Antonio Suástegui, uno de los líderes del CECOP, y de manera irregular lo enviaron a una prisión de alta seguridad en Nayarit –que es para sentenciados, no para procesados como él; ello ha dificultado enormemente su defensa legal.

El entrevistado reconoce que el panorama no es bueno. Ahora la reforma energética “tiene en el banquillo de los acusados” al derecho de posesión de la tierra. “Y es muy posible que en cuanto las trasnacionales comiencen a venir por acá inicien un proceso de despojo muy grave”. Pero insiste en que la presencia masiva de los dueños de la tierra defendiéndola, es fundamental.

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20 de septiembre de 2014

D

el desplazamiento de miles de pobladores; agudizan el empobrecimiento y la marginación social, sometiendo, especialmente a las mujeres, a grandes cargas de trabajo, a más desgaste físico y emocional y a la explotación sexual y laboral, lo que incrementa su vulnerabilidad, pues las coloca en una mayor dependencia y subordinación ante los hombres y ante el Estado, al apropiarse de sus cuerpos, sus tiempos, sus decisiones y su vida. Pretenden manipular a las mujeres para controlar a la población y evitar protestas sociales y políticas; fomentan, por medio del mercado, el alcoholismo y las adicciones, así como el narcotráfico y el resto de la industria roja, lo cual aumenta la violencia hacia las mujeres y los feminicidios.

el 24 al 26 de julio de 2014 se juntaron en la Universidad de la Tierra (Unitierra) de San Cristóbal de las Casas 300 mujeres representantes de ejidos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y de otros lugares del país, para decir su palabra en el foro Análisis y Construcción de Alternativas: Tenencia, Uso y Usufructo de la Tierra para las Mujeres.

“Es urgente la defensa de nuestros territorios –dijeron las mujeres–, porque ahí vivimos y convivimos en comunidad, con las plantas, las flores, los animales, las montañas, los ríos y los lagos.

En nuestra madre tierra nacen y crecen nuestros hijos e hijas, crecieron y murieron los abuelos y las abuelas. Para nosotras, la tierra es vida, alimento, casa, agua, sol, identidad De ella vivimos y en ella trabajamos, por eso la cuidamos. Si nos despojan del territorio, van a morir las montañas, los árboles, el agua y el aire; nosotras y nuestras familias quedaríamos esclavizados al sistema capitalista neoliberal y patriarcal y al proyecto de muerte que traen los malos gobiernos que ven a nuestros territorios como mercancías.

Y es que las asistentes al foro denunciaron que en los lugares donde habitan se promueven proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria; la exploración –sin consulta ni autorización– de sus bienes naturales, y el robo de sus conocimientos tradicionales.

Como no son titulares de la parcela, el despojo avanza sin que ellas tengan información suficiente, enfatizaron. Nadie las consulta ni pide su parecer sobre el problema y sobre cómo defender la tierra.

Por eso, luchan por la copropiedad y también proponen que se reconozca su derecho a participar y decidir, sean o no titulares de la tierra, pues la defensa territorial exige la fuerza de todas y todos, y no se vale –dicen–, que las mujeres luchen codo a codo pero no tengan derecho a saber, a hablar, a decidir y a vivir libres de violencia.

En tseltal, tzotzil y castilla fueron compartiendo, uno por uno, los agravios y temores, el coraje, la esperanza y la fe. Porque tienen fe en que los pueblos impedirán el despojo del gran capital; en que desactivarán las estrategias que instituciones como la Procuraduría Agraria, las secretarías de Medio Ambiente, de Agricultura y de Turismo, así como la Comisión Nacional Forestal, están utilizando para imponer estos proyectos. Por ejemplo: a)

Presionan a ejidatarios y comuneros a aceptar la titulación individual de sus tierras, para facilitar su venta, renta o ce-

MUJERES INDÍGENAS EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y DE SU DERECHO A ELLA Gloria Guadalupe Flores Ruiz* y Gisela Espinosa Damián** *Integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC **Académica de la UAM-Xochimilco

sión. Como en el ejido Aguacatenango, donde las tierras excedentes del perímetro ejidal que se reconocían como parte de éste, ahora son reclamadas como propiedad de la nación. b)

Criminalizan las luchas de resistencia y tergiversan sus discursos en los medios masivos de comunicación, como sucede en Atenco y en otras comunidades.

c)

Hacen falsas y dudosas promesas: que habrá obras para la comunidad, fuentes de empleo, más recursos de programas como Oportunidades (hoy Prospera), o condicionan los apoyos de Pro-Agro (antes Procampo) para que la gente acepte las propuestas, como afirmaron las mujeres de Chicomuselo, Chilón, Pijijiapan, ejido Los Llanos y Atenco.

d)

e)

Obligan a las comunidades a rentar sus tierras y aceptar la reconversión productiva, el uso de transgénicos y la siembra de monocultivos para producir agrocombustibles.

Imponen técnicas de cultivo que requieren mucha agua, agroquímicos y fertilizantes, como sucede en los invernaderos de tomate de Amatenango del Valle.

Presionan a las comunidades a abandonar su territorio para “proteger los recursos naturales”, aunque éstas los hayan ocupado con anuencia del gobierno y los hayan cuidado desde siempre, como sucedió antes de los 44 desalojos que ha habido en Montes Azules.

f)

g)

Cooptan y/o compran líderes y autoridades municipales, campesinas, ejidales y comunitarias, con el fin de que autoricen la introducción de proyectos sin consulta previa e informada de los pueblos, como relataron las compañeras de Chicomuselo, ejido Aguacatenango, Chilón, Huitiupan, Pijijiapan, Arriaga y Tonalá.

Militarizan territorios y reprimen movimientos de resistencia por medio de tortura sexual, amenazas, terror, instalación de retenes militares, detenciones, encarcelamiento y asesinatos de dirigentes, para que sus proyectos y negocios se concreten. Ejemplo de esto es el asesinato de Mariano Abarca, de Chicomuselo, donde también se han librado órdenes de aprehensión contra mujeres en resistencia, o en Atenco y otros lugares.

h)

Trazan proyectos carreteros que atraviesan comunidades indígenas y campesinas, entre ellos territorios de bases de apoyo zapatista.

i)

Aprovechan tensiones entre comunidades y promuenven la disputa de tierras en lugar del diálogo y el acuerdo, con el fin de debilitar la resistencia campesina, como han hecho en La Candelaria, municipio de Venustiano Carranza, en Atenco y en otras comunidades.

j)

Individualizan la entrega de recursos de programas oficiales para fraccionar y debilitar la soberanía de la comunidad,

como denunciaron las compañeras de los municipios de Comitán, Las Margaritas y La Trinitaria, preocupadas por el uso de esta práctica en los programas alimentarios. k)

Se apropian de conocimiento médico tradicional y sobre plantas alimenticias para patentarlo, como en San Miguel Caxanil, donde instituciones oficiales realizan con violencia un inventario nacional forestal en favor de este despojo.

“Mediante estas acciones y estrategias se violentan nuestros derechos –concluyeron–, en primer lugar, nuestro derecho como mujeres al uso y usufructo de la tierra, a través de políticas públicas y reglamentos que sólo reconocen a los hombres como propietarios o titulares. Violan constantemente nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado para tratar asuntos agrarios; y cuando consultan, no convocan a las mujeres. Incumplen nuestro derecho a la salud, a la alimentación, al agua, al territorio, a la cultura e identidad indígena, a la igualdad, a la no discriminación; derechos que el Estado debiera proteger y garantizar según lo establece el artículo 1 de la Constitución.”

Destacaron que la violación a sus derechos tiene graves efectos: instituciones y empresas profanan sitios sagrados al considerarlos mercancía; atentan contra la biodiversidad, la cultura productiva, la soberanía alimentaria, la espiritualidad y la vida comunitaria.

No sólo: también cometen crímenes de lesa humanidad al forzar

FOTO: Gisela Espinosa Damián

Chiapas

Por todo lo anterior, las mujeres reunidas decidieron organizar un movimiento amplio y unirse a los pueblos en resistencia para defender sus territorios, al tiempo en que exigen que las autoridades políticas y agrarias de todos los niveles y el gobierno: “a) Respeten nuestro derecho a la tenencia, el uso y usufructo de la tierra y nuestro derecho a participar en las decisiones sobre la tierra y el territorio, sin usar como pretexto los usos y costumbres. “b) Dejen de servir a los intereses del capital, de los países ricos y de los organismos mundiales de desarrollo y seguridad.

Que gobiernen para los pueblos y dejen de vender nuestro país. “c) Reconozcan a los pueblos indígenas y campesinos, en especial a las mujeres, como seres humanos con derecho a vivir dignamente, con respeto a nuestras culturas. “d) Deroguen las leyes que legalizan el despojo de los pueblos indígenas y campesinos, porque son contrarias a las leyes internacionales que el mismo gobierno ha firmado. “e) Detengan el desarrollismo contrainsurgente y la violencia paramilitar hacia las comunidades zapatistas, así como los engaños, abusos, las argucias legales y demás estrategias de imposición de los proyectos neoliberales. “f) Detengan la ocupación de nuestros territorios por parte de las empresas nacionales y transnacionales, que cometen delitos de lesa humanidad, como Monsanto que, además de provocar enfermedades y muertes, crea dependencia de las semillas transgénicas y la contaminación y desaparición de las semillas criollas.”

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Puebla

DEFENSA DE LA VIDA Y RESISTENCIA CONTRA LOS PROYECTOS DE MUERTE Ana Paula García Valeriano* y Milton Gabriel Hernández García** *CEE **CEDICAR

E

n los cinco años recientes, una oleada privatizadora se ha dejado sentir en los municipios y las comunidades de la Sierra Norte de Puebla. Un sinfín de proyectos en marcha y por desarrollarse atentan contra la vida en sus múltiples manifestaciones: minería a tajo abierto, presas y reencauzamiento de ríos, ciudades rurales, fractura hidráulica, maíz transgénico, plantaciones agrocomerciales, gasoductos, proyectos carreteros, entre otros.

El discurso dominante que se despliega en la región: infraestructura de “interés público” para el progreso y el desarrollo.

Lo que subyace al discurso: despojo, destrucción y muerte. Frente a la resistencia digna, la respuesta es la criminalización de la protesta social, la presión y la penetración de las comunidades para fragmentar el tejido social comunitario.

Gobierno estatal y trasnacionales (canadienses, mexicanas y chinas, entre otras) tratan de avanzar milimétricamente, comprando lealtades, poniendo precio los “recursos naturales”, corrompiendo a los representantes comunitarios e impulsando campañas para promover el discurso desarrollista.

Empresas como Grupo México (responsable de la muerte del Río Sonora y de la tragedia de Pasta de Conchos), Almaden Minerals, Minera Autlán y Frisco han obtenido 35 concesiones equivalentes a 918 mil hectáreas de la sierra para explotación minera. Asimismo, se han identificado seis proyectos hidroeléctricos que afectan directamente a la población de 18 municipios y 12 ríos. Estos proyectos son promovidos por Grupo México, GESA, Comexhidro y GFM. Asimismo, el Proyecto Aceites Terciarios del Golfo plantea la operación de 16 mil pozos de extracción de gas y petróleo por medio de la tecnolo-

gía ecocida conocida como fracking o fractura hidráulica. Este proyecto representaría prácticamente la desaparición de comunidades enteras y miles de hectáreas de monte, tierras de cultivo y potreros.

Pero lo que no saben quienes promueven estos proyectos de muerte, o tal vez ya lo estén empezando a saber, es que no pasarán.

Así de simple y contundente. Los movimientos de resistencia en la Sierra Norte de Puebla han construido en poco tiempo unidad entre los pueblos totonacos, náhuatl y mestizos para la defensa del territorio y van sembrando en otras comunidades el ánimo de alzar la voz para decidir la forma del uso y disfrute de los recursos de la zona.

En parte, esto se debe a que los pueblos originarios de la región tienen una relación sagrada con los ríos, las montañas y los animales de la sierra, pues han sido y son los guardianes ancestrales

de su agrobiodiversidad y además, porque llevan más de 500 años de resistencia contra diversos procesos de colonización y despojo. Digamos que no por gusto, sino por necesidad, los pueblos ancestrales de la sierra se han convertido en artífices de la paciencia, de la táctica y la estrategia, de la defensa de la tierra, el agua y la vida. Y han triunfado, siempre, a pesar de las adversidades y de batallas perdidas.

Muestra de ello es que los poderosos no han podido exterminarlos ni borrarlos de la faz de la tierra a lo largo de varios centenares de años, ni con prácticas etnocidas ni con discursos prometéicos.

Muestra de ello han sido las recientes y contundentes victorias contra Grupo México en Olintla, JCD Minerales en Tlamanca y Minera Frisco en Tetela. Estos consorcios parecían ser enemigos muy poderosos, invencibles, pero la dignidad del pueblo suele ser implacable cuando se violan sus

derechos más elementales y se pone en riesgo todo, incluida la vida. Estos tres movimientos de defensa del territorio han logrado parar los proyectos de muerte gracias al fortalecimiento de espacios de toma de decisiones colectivas, como las asambleas generales, y la organización comunitaria para dar a conocer las consecuencias de los megaproyectos en la cotidianidad.

En diferentes momentos, los movimientos de la Sierra Norte de Puebla han señalado que cuentan con la milpa y el maíz como al-

Morelos

¿CUÁNDO SE ROMPIERON LA UNIDAD Y LA TRANQUILIDAD EN HUEXCA?*

C

uando descubrimos que se trataba de una termoeléctrica y nos enteramos delos efectos y riesgos que había para nosotras y nosotros aquí en la comunidad de Huexca. Nos unimos como nunca para defender nuestro territorio y la vida de nuestras familias; recordemos cuando amenazaron

con que vendrían granaderos y militares a “madrearnos”. Cuando vino Santos (Castro, encargado del proyecto Huexca y residente de la zona centro de la Comisión Federal de Electricidad, CFE), y le preguntamos si el gas quemaba y nos dijo que un poquito. En aquellos días explotó un gasoducto en Tamaulipas. De igual manera, en

esos días, la CFE reconoció que lo que construiría sería una chatarra porque no había recursos para hacer algo más ecológico. Cuando pusieron la mesa y la llenaron de carpetas, licenciados y gente que “no supieron” responder a nuestras inquietudes y se excusaron en sus normas y procedimientos para mantener nuestra ignoran-

cia sobre el proyecto. Aquel día, en la oscuridad del apagón, como delincuentes, huyeron con sus carpetas y sus “expertos”. En esos días Irving Sánchez Zavala (entonces presidente municipal de Yecapixtla), quien buscaba un cargo de diputado, nos traicionó y firmó el permiso para la construcción de la termo, traicionando al pueblo. Ese fue el comienzo de cómo perdimos la tranquilidad.

tarlo, lo aceptaron, y muchos lo rechazamos. Posteriormente en la cancha de fútbol, nuestro coraje y posiciones encontradas derivaron en golpes entre vecinos. Esa es la forma como trabaja el gobierno: rompiendo el tejido de las comunidades. Por eso dejamos de creer en el gobierno. ¿DÓNDE QUEDARON NUESTRAS

FIESTAS Y CONVIVENCIAS?

¿EN QUÉ MOMENTO NOS

Sólo en el recuerdo y en nuestros corazones porque acumulamos mucho rencor quienes estamos en contra de la termo y quienes están a favor. Ya no participamos la mayoría en las fiestas patronales porque piden apoyo a la termo. Nosotras y nosotros estamos conscientes de que esto traerá más daño que beneficios a nuestra comunidad. No vendemos nuestra dignidad por un taco.

VECINOS Y COMUNIDAD? Cuando empezaron a dar proyectos de jóvenes emprendedores, con recursos del gobierno y a favor de la termo. Comenzó la campaña de Graco Ramírez (gobernador de Morelos), de G X G; venían ofreciendo proyectos; decían que no eran de la termo y un compañero lo leyó para descubrir una mentira más. Los que iban a acep-

¿POR QUÉ SEGUIR RESISTIENDO? Porque amamos Huexca, su naturaleza, clima, flora, fauna… y nuestra paz. Porque tenemos la razón y el derecho a defender nuestro territorio de todo aquello que vaya en contra de la vida que en él hay. Porque si no resistimos, morimos, y la resistencia es un acto de sobrevivencia. Por nuestros hijos y nietos; porque aquí

Seguido de eso, nos quedó inseguridad, secuestros, asaltos, jaloneos a muchachas, gente extraña que entra y sale de nuestro pueblo…

Agresiones entre nosotras y nosotros, la pérdida de amistades y un afán individualista que sigue dividiéndonos y permite que aumente la indiferencia.

DIVIDIERON COMO FAMILIA,

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Sonora

MINERÍA, MEDIO AMBIENTE Y MOVIMIENTOS SOCIALES Melissa Valenzuela

FOTO: Jen Wilton

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ternativa de autodeterminación ante los megaproyectos. Por otro lado, las acciones de lucha y defensa se han caracterizado por ser pacíficas pero contundentes, logrando movilizar a poblaciones enteras para impedir la entrada de la maquinaria de las empresas extractivistas.

Por lo emblemático de estas luchas y para seguir visibilizando las amenazas, organizaciones locales y comunidades enteras, así como el Consejo Tiyat Tlalli en Defensa del Territorio han promovido la

están enterrados nuestros antepasados, nuestros muertos…

Porque aquí está nuestra cultura; por nuestros presos. Porque aquí aprendimos a labrar la tierra que nos da de comer el maíz, el frijol, el cacahuate y la calabaza. Porque defendemos el agua, afluente que baña nuestros campos para que abunde la vida. Porque tenemos derecho de decidir cómo queremos vivir; tenemos derecho a la dignidad. Porque somos guardianas y guardianes de este territorio.

Porque debemos proteger a los guardianes espirituales que habitan las aguas, montes y valles.

Don Goyo nos protege y se manifiesta por medio de sus fumarolas.

Su espíritu está intranquilo y lo sentimos. Somos hijas e hijos del volcán. Porque somos fuego y en nuestros corazones arden las ganas de luchar contra las injusticias; contra los enemigos del pueblo, adoradores del dinero. ¿DÓNDE QUEDÓ LA ALEGRÍA,

SÍMBOLO DE NUESTRA COMUNIDAD?

Huexca significa lugar de la alegría; la alegría sigue aquí. Nos la han querido robar con tanta injusticia. Es como si nos robaran la fe y nosotros tenemos la esperanza y las acciones vivas. Por más que nos madreen, nos amenacen, nos impongan. Porque la alegría nace y se alimenta con nuestra resistencia. Podrán encerrarnos, pero nuestras ideas de libertad y justicia seguirán libres; la lucha también se nutre con nuestra alegría.

realización del Encuentro Nacional de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, en Tlamanca en marzo pasado, y en el pasado mes de agosto, el décimo primer Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), en el municipio totonaco de Olintla. La resistencia crece y es proporcional a las amenazas. La defensa de la vida no se negocia y la correlación de fuerzas cada vez se carga más en favor del pueblo organizado.

El lugar de la alegría se refleja en la milpa, en el aire, en los árboles, en la risa de los niños y en las compañeras y compañeros que se han hermanado con nuestra lucha. La alegría está en enseñar a nuestras hijas e hijos a resistir, a ser dignos, a luchar, a no aceptar las miserias que nos da el gobierno, a vivir con la frente en alto y trabajar juntas y juntos para el bien común. ¿QUÉ NOS DIRÍAN NUESTROS ABUELOS Y EL GENERAL Z APATA EN ESTOS MOMENTOS? Sigan adelante, no se dejen, no se queden sentados, no tengan miedo; defiendan la tierra. La tierra se ganó con la sangre de nuestros valientes antepasados; con su dignidad, con el ejemplo de muchos mártires que salieron de sus casas, que se organizaron, que no tuvieron miedo, que no se quedaron sentados y guardados en sus casas a esperar a que llegara Superman. Nos dirían: ¡Adelante, hijos e hijas! No se rindan porque el poderoso, en el momento en que nos vea más débiles, nos atacará sin piedad.

l 26 de julio del presente año se llevó a cabo en la Casa del Pueblo “Arturo Gámiz” la mesa de análisis Minería, Medio Ambiente y Movimientos Sociales en Sonora.

Este evento surgió en el marco del Día Mundial en Contra de la Megaminería. El objetivo fue reflexionar sobre la forma voraz en que actúan las empresas nacionales y extranjeras para despojar a personas de sus territorios, así como acabar con la biodiversidad de los mismos, sin importar los daños que causados a la tierra que habitamos.

Sonora es un territorio que ha sido explorado y explotado por empresas extranjeras, sobre todo canadienses y estadounidenses; éstas han despojado y engañado a comunidades y contaminado recursos naturales de nuestro estado Sonora es un territorio que ha sido explorado y explotado por empresas extranjeras, sobre todo canadienses y estadounidenses; éstas han despojado y engañado a comunidades y contaminado recursos naturales de nuestro estado. En cuanto a re-

cursos, el ejemplo más reciente son los 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico (equivalente a 40 millones de litros) derramados en el río Sonora por la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, además de los problemas ambientales y de salud generados en Soyopa y en La Colorada con la Minera Argonaut Gould.

También tenemos el despojo de territorio del pueblo de Piedras Verdes por la Minera Cobre del Mayo, por mencionar algunos ejemplos.

Las exploraciones por empresas nacionales que se están realizando en el estado, según el Panorama minero del estado de Sonora se realizan en 26 lugares; por su parte, empresas chilenas, australianas, indias y peruanas se ubican en 31 sitios del estado, y, finalmente, las estadounidenses están rastreando minerales en 84 zonas y las canadienses exploran en 184 zonas. El panorama anterior pone de manifiesto el saqueo que se está haciendo a la tierra misma, así como las estrategias que estas empresas idean para desintegrar a los pueblos y quedarse con su territorio.

El análisis realizado en el encuentro posibilitó la reflexión sobre acciones para combatir, aminorar y enfrentar las consecuencias de la actividad minera en Sonora. Una de las primeras exposiciones que se presentaron fue “Minería a cielo abierto,

*Texto compartido durante el Encuentro en Defensa y por la apropiación social de la Tierra, el Territorio, el Agua y la Vida, realizado el 16 y 17 de agosto en San Salvador Atenco, estado de México. El documento, que fue leído por Salvador Castellanos R., es la posición de los pobladores de la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, en Morelos, que se oponen a la construcción del proyecto energético Morelos, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual implica una termoeléctrica en Huexca, un gasoducto y un acueducto. www.palabraempresarial.com/wp-content/uploads/2014/02/Screen-Shot-2014-02-06-at-12.18.55-PM.png

etnocidio en el desierto de Altar: La persistencia étnica de los tohono o’ otham y su amenazada soberanía territoria” del maestro Tonatiuh Castro Silva, investigador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en Sonora, acompañada del documental Basurero tóxico en territorio Papago (2006) del director Nicolas Défossé. La segunda charla fue impartida por el periodista Carlos Armando Briones Armenta, quien es autor del portal Evidencias.com. mx, quien habló sobre la problemática de la contaminación, minería y movilización comunitaria en la región de Soyopa, Sonora, la cual fue acompañada por varios videos realizados por el mismo ponente, donde se observa la impotencia de los habitantes del pueblo, así como la apatía hermosillense cuando, en protesta, los afectados tomaron la calle Rosales.

Este evento es sólo el comienzo de una serie de acciones a realizar, para darle voz a los ciudadanos afectados y para generar una toma de conciencia social sobre la problemática minera que afecta nuestro estado y, por consecuencia, las dinámicas culturales y ecológicas.

Como foro abierto, no agota la problemática, pero sí nos acerca a ella, nos sensibiliza y pretende unirnos frente a una realidad que nos incumbe a todos como ciudadanos, sonorenses y seres humanos, más allá de razas y culturas.

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Entrevista con Francisco Cravioto

FRACKING, AMENAZA AL MEDIO AMBIENTE Y A LAS TIERRAS CAMPESINAS Lourdes Rudiño

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a reforma energética debilitó de forma contundente, uno por uno, todos los espacios que tradicionalmente se han utilizado desde las instituciones para los procesos de defensa de la tierra, y lo hizo tanto en la propiedad social como en la privada, afirmó Francisco Cravioto, investigador de Fundar-Centro de Análisis e Investigación y miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

ca, que son la constitución de servidumbres legales –para todos los proyectos auxiliares de la explotación, que son carreteras, gasoductos, acueductos, tendido eléctrico, etcétera–, y lo que llamaron ocupación y afectación superficial del terreno, denominada en la ley también ocupación temporal, que a cambio de una contraprestación, significa ocupar el terreno temporalmente, realizar las actividades de explotación y luego devolverlo”.

Precisó: “antes era claro que lo que Pemex quería, Pemex lo obtenía y no había forma de que una comunidad se opusiera. Pero ahora, con el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, que considera a las actividades energéticas de utilidad pública e interés social, resulta un hecho la expropiación a favor del capital privado. De forma populista, los legisladores eliminaron la palabra expropiación, pero en los hechos utilidad pública implica eso; se activa la Ley de Expropiaciones”.

Uno de los problemas que tiene esta figura, señaló Cravioto, es que no compensa al dueño –o dueños si es propiedad social– de las pérdidas que tendrán por no poder utilizar la tierra que se enajena temporalmente, y tampoco resarce el daño ambiental o social que pudiera surgir. La contraprestación se determinará con base en las prioridades que tenga la empresa en su balance contable; derivado de ello se define cuánto se pagará a los legítimos dueños de la tierra.

Además son expropiaciones a modo. “Dado el tipo de actividades de explotación de hidrocarburos que se avizoran, entre ellas el fracking, o fractura hidráulica, que son a corto plazo, los capitales no quieren la compra del terreno ni una expropiación formal, porque luego ¿qué van a hacer con el terreno cuando acabe la actividad? Les resulta mejor recurrir a las figuras implicadas en la reforma energéti-

Cravioto precisó que la reforma energética debilitó en principio todo el régimen de regulación ambiental, que de por sí era bastante laxa. “Se genera un régimen de excepción en esta materia, pues la reforma crea la Agencia para la Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos, con facultades de regulación, para emitir todas las normas del sector de hidrocarbu-

ros; de aprobación de proyectos, lo que implica manifestaciones de impacto ambiental; de inspección de cumplimiento de esas manifestaciones, y de emisión de sanciones”. Esas facultades, aquí concentradas en esta Agencia, han estado dispersas en muchas dependencias de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Es evidetente, que esa agencia no será autónoma; el Ejecutivo tendrá la facultad de colocar y remover libremente a su titular.

Cravioto comentó que todas estas determinaciones debilitan las facultades que tienen las autoridades municipales para definir el ordenamiento territorial. “La nueva Ley de Hidrocarburos establece en su artículo tercero que el municipio facilitará y garantizará la entrega de todos los permisos para las actividades de explotación”, lo cual, dijo, entra en contradicción directa con el 115 constitucional, donde se habla de las facultades del municipio libre. Ante ello, los municipios debieron ya ampararse frente a la Ley de Hidrocarburos, pero no lo han hecho.

Señaló que además de los proyectos de explotación convencional de hidrocarburos, a lo largo del Golfo de México, de Tamaulipas a Campeche, se vislumbran explotaciones en aguas profundas, que tienen una afectación indirecta

sobre la población, y por supuesto los proyectos de fracking.

Las cuencas del fracking que están donde hay recursos explotables son la cuenca de Chihuahua, que recorre una franja del Río Bravo desde el occidente de Ciudad Juárez, por toda la frontera de Chihuahua con Estados Unidos, y llega a una buena parte de Coahuila.

También está la cuenca de Burro y Picachos, que es continuación de una cuenca texana, Eagle Pass, que abarca Ciudad Acuña y Piedras Negras (ésta es de las primeras donde se van a entregar contratos).

Está toda la frontera de Coahuila, hasta entrar en Nuevo León (que tiene continuidad con la cuenca de Burgos, que abarca Nuevo Laredo, la mitad del estado de Nuevo León, y toda una franja al centro de Tamaulipas). También, en el centro de Coahuila, está la cuenca de Sabinas, justo sobre la región carbonífera muy concesionada ya bajo la ley minera. Está también la cuenca de Tampico-Misantla, que abarca la mitad del estado de

Tamaulipas, todo el norte de Veracruz, las llanuras de la Huasteca potosina, la Sierra Gorda de Hidalgo y una buena parte de la Sierra Norte de Puebla (todo lo cual se va a entregar en contrato en la primera ronda de la Secretaría de Energía). Por último, está la cuenca de Veracruz, que baja de un punto intermedio entre el Puerto y Xalapa hasta llegar a la ciudad de Tuxtepec, en Oaxaca.

Y los impactos previstos del fracking son extensivos. El impacto más directo y evidente, no el único, es sobre el derecho al acceso al agua, no sólo porque el agua se desvíe con el fracking (se inyectan entre ocho y 24 millones de litros por pozo), sino por los riesgos de contaminación y daño a la salud.

“Claro que una cuenca determinada, con una explotación de fracking, tiene una afectación superficial mínima porque el pozo en sí no abarca más de cuatro hectáreas.

Pero visto desde una fotografía aérea, son múltiples pozos, centenares, conectados todos con

Chihuahua

UNIDAD E INFORMACIÓN PARA FRENAR LA FRACTURA HIDRÁULICA Lourdes Rudiño

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rente a la amenaza muy clara del desarrollo de proyectos de fracking, o fracturación hidráulica, para la extracción de gas shale, cinco agrupaciones civiles y ciu-

dadanos ajenos a partidos políticos iniciaron la Campaña Chihuahua vs el Fracking. Su apuesta es, en principio, informar y concientizar a la población sobre el riesgo que implica el uso de esta tecno-

logía, y, con alianzas nacionales e internacionales, pero sobre todo con la fuerza de la población chihuahuense, poder impedir que se concreten los proyectos y además que se prohíban definitivamente.

En entrevista, Adrián Carrillo, Ricardo Valle y Andrei Ornelas, miembros de la Campaña, misma que pertenece a la Alianza Nacional Contra el Fracking, explicaron que su acción parte de la promoción que, desde diciembre de 2013, el gobernador César Duarte ha hecho a favor del fracking, al declarar que ésta es la panacea para la economía del estado, que la gente debe prepararse para “administrar la riqueza” pues llegarán grandes inversiones y que Chihuahua se convertirá en el referente nacional para la exploración y explotación del gas shale.

Los municipios que están contemplados para las primeras explotaciones de fracking son los que están en la franja fronteriza norte del estado: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Práxedis G. Guerrero y Aldama, así como la zona del Valle de Juárez, de acuerdo con lo que ha informado un asesor del gobernador Duarte. “Lo que están esperando es un dictamen de Pemex para así abrir las puertas a las empresas que van a invertir”, dijeron.

“La campaña es informativa, hacemos talleres (suman hasta ahora 15) y damos a la población información, datos y documentos que exponen los testimonios de qué ha sucedido en diversas partes del mundo donde se ha usado esta fractura. Cuando nuestros recur-

sos lo permiten, entregamos un disco con material digital: documentales y archivos PDF con información académica, denuncias de accidentes derivados del fracking, prohibiciones de esta práctica en otros países, información científica sobre los daños al ambiente y la salud, etcétera. Queremos que la población se informe, difunda y se organice, pues buscamos la prohibición del fracking, no moratoria, ni posposición, sino prohibición”.

Además, la Campaña recaba información para sustentar sus denuncias. Es el caso de datos que han obtenido y que revelan que en los municipios mencionados se está registrando un proceso inusual de regularización de grandes extensiones de tierras ejidales, y ello ocurre con secrecía.

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Esto, dijo, representa no un impacto inmediato pero sí hay una certeza de que habrá desplazamiento de las comunidades aledañas a los proyectos de fracking.

caminos que también tienen su afectación, y por eso están previstas las servidumbres de paso”.

“Son centenares de pozos los que se hacen en una sola cuenca y hay fotos espaciales de cómo se ve Texas hoy día, cómo se ven los alrededores de Poza Rica. Cada uno de estos pozos está a una distancia de 400 metros uno del otro. Pero subterráneamente el barreno entra verticalmente y luego se hace una perforación horizontal que abarca de uno a 1.5 kilómetros. Si hay 400 metros de separación entre uno y otro pozo estas barrenaciones horizontales generan una red de impacto total en cada zona; debido a que es una explotación muy intensiva, existe la probabilidad de que se le atine al manto freático. Algunos pozos van a fallar y va a haber fuga de contaminantes a los mantos freáticos. Y es allí cuando la contaminación se vuelve permanente y de absoluta gravedad, pues quiere decir que ya no es posible habitar las zonas de la superficie donde se encuentran estos proyectos. Si esto se llena de metano, benceno, tolue-

La primera preocupación de la Campaña se centra en que “somos un estado sin agua, la Comisión Nacional del Agua lo ha dicho que la mayoría de los acuíferos aquí están sobreexplotados. Día con día la población batalla por el suministro de agua. Tan sólo en la ciudad de Chihuahua, tenemos cortes de hasta 20 horas, es decir disponemos sólo de cuatro a seis horas diarias de abasto de agua potable. Los pozos del fracking requieren en cada una de sus fracturas entre ocho y 24 millones de litros de agua, o sea consumen lo que requiere una ciudad del tamaño de Delicias. Hace mes y medio el gobernador dijo que los proyectos de fracking no utilizarían agua potable; que tomarían agua del desierto que está contaminada con arsénico. Pero precisamente Ciudad Juárez se abastece con agua del desierto, y sí es de consumo humano. Vamos a competir con trasnacionales para acceder al agua”.

Otro riesgo serio es la contaminación de metano. Hay casos registrados y comprobados en Estados

Cravioto consideró que ante la embestida que representan los megaproyectos, ahora fortalecida por la reforma energética, la sociedad debe actuar utilizando absolutamente todos los mecanismos a su alcance, el derecho, las movilizaciones, las alianzas con otros grupos afectados y susceptibles de sufrir daño (como poblaciones urbanas que enfrentarán menor oferta de agua potable y contaminación y efectos negativos en la salud; agrupaciones de ganaderos, o de industrias que utilizan el agua, como las cerveceras), la difusión por los medios de comunicación que así lo permitan, pues el punto débil de las empresas es el capital.

Aun siendo trasnacionales, trabajan con dinero ajeno y en cuanto ocurre un escándalo, la difusión de efectos nocivos de los proyectos, los que ponen capital podrían retirarse. “La clave será actuar antes de que empiecen los proyectos, ese es el momento en que las empresas piden prestado y es el momento de espantar la inversión”.

Para información sobre acciones contra el fracking, favor de consultar: www.nofrackingmexico.org Twitter: @nofrackingmx Facebook: Alianza Mexicana contra el Fracking.

Unidos por intoxicación por vía de metano, “y de allí vamos derivando también el costo a mediano y largo plazo del transporte de millones de litros de químicos en lugares donde no hay esta preparación. El fracking requiere unos 700 químicos, muchos de ellos cancerígenos. Ese es otro detalle, los defensores de esto están diciendo que el desierto está inutilizado, que no hay población, pero vemos que la onda expansiva de esta práctica nos va a llegar a la ciudad de Chihuahua y también a Juárez. Además de que habrá un detrimento del ecosistema del desierto de Chihuahua, que es de los más apreciados en el mundo”.

Ante las denuncias de la Campaña, el gobernador llevó al estado a David Penchina, presidente de la Comisión de Energía del Senado, para que diera la contraparte y difundiera las “bondades” del fracking. “Las respuesta del senador fue por decir lo menos vaga. Se refirió cuatro o cinco veces al fracking como ‘frackling’. Y eso que es el especialista del Senado”.

OAXACA

CONSULTA Y CONSENTIMIENTO Aldo González Rojas

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as disposiciones emitidas por el gobierno federal en relación con la explotación de “recursos naturales” que se encuentran en tierras o territorios de comunidades indígenas ha provocado protestas en centenares de comunidades a lo largo y ancho del país. Oaxaca no es la excepción, sobre todo cuando hablamos de concesiones para la explotación minera, la construcción de parques eólicos, presas, carreteras, oleoductos, e incluso del establecimiento de áreas naturales protegidas.

La compra o alquiler de tierras a las comunidades indígenas donde ya se desarrollan este tipo de proyectos, se ha hecho en la mayoría de los casos mediante prácticas corruptas y sin consulta; por lo que han sido violados sus derechos colectivos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta situación ha provocado que a lo largo y ancho del país las comunidades demanden la anulación de las concesiones que respaldan los proyectos que pretenden establecerse en sus tierras.

A diferencia de lo que ha ocurrido en Bolivia, Colombia y Ecuador, en México no se ha legislado para regular los derechos de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, salvo en el estado de San Luis Potosí, en 2010. Si bien en la LXI Legislatura Federal se presentó una iniciativa de consulta auspiciada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI), ésta fue enviada a la congeladora, por lo que en este momento sólo se cuenta con un Protocolo de la CDI para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas.

En la Constitución mexicana se establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, por lo que en consecuencia los pueblos indígenas pueden determinar su desarrollo desde una visión propia, así como tener el derecho a ser consultados para obtener su consentimiento cuando se pretenda establecer en sus tierras proyectos de desarrollo ajenos a sus intereses; sin embargo, según la disposición constitucional, ese derecho debe ser regulado en los estados.

Es en ese contexto que en Oaxaca el gobernador del estado, Gabino Cué, presentó el pasado

FOTO: misiondeobservacioncivil

no, de los otros contaminantes que tiene. No hay forma de limpiarlo. Y por contacto con esta agua, la tierra misma y las aguas superficiales también se contaminan. Todos los cultivos se contaminan y hay daño a la salud de quien los consume, ganado y personas.

21 de marzo una iniciativa de reforma a la Constitución local sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que, entre otros, garantiza sus derechos a la consulta y el consentimiento libre previo e informado. En el Congreso local esta iniciativa ya tiene la calidad de dictamen y puede ser aprobada en fecha próxima.

Por muchos años, cuando se ha hablado de consulta, se ha entendido ésta como una simulación para legitimar una disposición previamente establecida por el gobierno. Al regularse este derecho para los pueblos indígenas de Oaxaca en los términos de los estándares internacionales, se ligan los derechos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, con lo que se debe superar el lastre de la simulación y lograr que los resultados de las consultas sean vinculantes para la institución estatal o municipal que las realice.

En especial se establece en la iniciativa de reforma que la consulta debe ser vinculante cuando se trate de proyectos o programas de desarrollo relacionados con sus tierras, territorios y otros recursos o bienes naturales, que afecten su modo de vida o subsistencia, los casos que impliquen reasentamientos poblacionales, el almacenamiento o desecho de materiales peligrosos, así como la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos, eólicos, genéticos, entre otros.

La consulta deberá efectuarse: de buena fe, por lo que debe eliminarse cualquier práctica de coacción o compra de voluntades; por medio de un diálogo intercultural, por lo que debe privilegiarse el uso de las lenguas de los pueblos indígenas y su cosmovisión; mediante procedimientos apropiados, que implican el establecimiento previo de reglas para su realización, así como el proporcionar a los interesados la información que requieran.

Deberá realizarse por medio de sus instituciones representativas y de decisión, que en el caso de Oaxaca es la asamblea. Cuando los ayuntamientos tengan que emitir una disposición relacionada con el cambio de uso de suelo, la decisión debe tomarse en sus asambleas o vía procedimientos apropiados de consulta.

Cuando hubiera inconformidades relacionadas con el ejercicio de este derecho, corresponderá a la Sala de Justicia Indígena conocer de estos casos.

Algunas dificultades a superar son: la identificación del sujeto a ser consultado, ¿qué comunidades pueden resultar afectadas con la disposición administrativa o legislativa?; ¿cuáles son las instituciones representativas del pueblo en cuestión?, ¿la asamblea, la autoridad municipal, la comunal o ejidal, o la tradicional, sobre todo cuando sus instituciones de organización indígena han sido deterioradas?, y ¿quién debe determinar qué información es necesaria para tomar un acuerdo?

Además hay que precisar que alcanzar el consentimiento por medio de un proceso de consulta no implica necesariamente aceptar la propuesta, sino que puede haber al menos tres formas de expresarlo: la aceptación de la propuesta tal y como les fue presentada, la negación rotunda de la misma y la adecuación de la propuesta a las necesidades culturales, sociales, políticas y económicas de la o las comunidades que pueden ser afectadas.

Habrá que resaltar que las comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca han participado en una consulta amplia para construir la iniciativa, por lo cual la decisión de los legisladores locales está siendo observada desde los más profundos rincones de Oaxaca, donde se tiene la esperanza de que su aprobación logre establecer una relación respetuosa entre Estado y pueblos indígenas.

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20 de septiembre de 2014

Encuentro Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida; crónica a muchas voces

“MUCHAS GOTAS HACEN GRANDES TORMENTAS”

FOTOS: Enrique Pérez S. / Anec / @Enroluque

Lorena Paz Paredes

E

l 17 y 18 de agosto se realizó en San Salvador Atenco el Encuentro Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida. Asistieron alrededor de 400 personas provenientes de 15 estados y representantes de 110 organizaciones campesinas e indígenas, redes en defensa del territorio y los recursos naturales, sindicatos obreros y grupos urbano-populares, así como colectivos ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, de tianguis orgánicos, de consumidores/as y de estudiantes, además de maestra/os de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán y académicos de la UNAM, UAM, UACH, ENAH. Para completar, un buen de artistas y músicos.

La mayoría se quedó los dos días al debate, al intercambio de experiencias, a ponerse de acuerdo en cómo resistir juntos lo que viene y cambiar el futuro. Y, ¿por qué no?, también al convite, la tamaliza y la fiesta.

Bajo una enorme lona que protegía del sol y de una lluvia que nunca llegó, se escucharon las palabras de bienvenida de los atenquenses del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). “Abrazamos el sentir de todos los delegados que vienen representando a sus comunidades, a sus organizaciones y a sus luchas”, dijeron al tiempo que levantaban sus machetes. Con el grito de “Zapata vive” cerraron el saludo, mientras la concurrencia coreaba “la lucha sigue”.

Tras los machetes alzados había una enorme manta, reproducción del mural que en otros tiempos daba vida a la casa ejidal y que hace poco blanquearon los priistas. “Cuando nos ganaron a la mala el Comisariado Ejidal. –explica un líder del Frente– querían borrar la memoria histórica. Pero la memoria aquí está, el mural aquí está…”.

Porque la presión del gobierno federal por quitarles sus terrenos ejidales para la construcción del aeropuerto no ha parado desde el 2001: intimidan, despojan, compran, dividen y reprimen. Con todo, Atenco es ejemplo de resistencia. Por eso se celebró ahí el evento, un Encuentro inspirado en la consigna de FPDT: “La tierra no se vende. Se ama y se defiende”.

Y como llegaron muchas y muy diversas organizaciones, los anfitriones reconocieron que “hoy no es Atenco nada más. Hoy es el llamado de la patria. Hoy el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, somos todos. Ustedes que vinieron de lejos defienden a la patria al estar acá”. Y cerraron con una conclusión: “Como la mayoría somos agrupaciones chicas, a lo mejor podríamos pensar que somos pocos. Pero no es así, muchas gotas hacen grandes tormentas”.

“Con este Encuentro –dijo Armando Bartra en la plenaria in-

augural– estamos iniciando una serie de jornadas, reuniones, movilizaciones en defensa de la tierra, el agua y la vida… Y este es un acto simbólico pues nuestra revolución agraria empezó hace más de un siglo y hace exactamente cien años el encuentro de Villa y Zapata en Xochimilco mostró que los campesinos del país podían ponerse de acuerdo, lección que es muy importante tener en cuenta hoy. Además de que la entrada de los ejércitos del norte y del sur a la ciudad de México el 6 de diciembre de 1914 es la prueba de que el campo con todo y su pobreza puede ponerle el ejemplo a la ciudad”.

EXPERIENCIAS EMBLEMÁTICAS En las dos plenarias de inauguración y cierre, tomaron la palabra delegados/as de varios colectivos que han dado luchas ejemplares y las han ganado. Con ese espíritu empezó el Encuentro.

“Lo que está sucediendo hoy en México es la agresión más descarada al pueblo desde los tiempos del porfiriato –dijo Rodolfo Chávez, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores de la Presa La Parota (CECOP) de Guerrero–.

Y defender nuestro patrimonio es un reto muy grande… Todos los que aquí venimos estamos en resistencia… Nosotros llevamos más de una década en la defensa de la tierra. El 28 de junio de hace 11 años nació la lucha contra la presa La Parota. Y desde el principio dijimos ‘no pasará’: es la decisión de los pueblos, la presa no se hace y la tierra no se vende. Hicimos plantones en los que andaban principalmente mujeres que no dejaron entrar a las máquinas.

“Logramos sacar a la Comisión Federal de Electricidad. Algunos nos decían: ‘Bájenle, no se puede hacer nada, es obra del gobierno federal”. Pero sí se pudo ¿Cómo de que no? Hace un año el huracán Manuel afectó como 500 viviendas y eso fue un daño grande. Pero dijeron que era un desastre y no es cierto, el verdadero desastre es que nos quiten la tierra. Eso es un desastre. Que el gobierno quiera acabar con la propiedad social y con la pequeña propiedad campesina.

Eso es un desastre. Un verdadero desastre que no vamos a permitir. Tenemos que oponernos a la contrarreforma del campo que se viene. La vamos a parar con todo, pero hay que hacerlo unidos”.

“Participar aquí nos junta a los que estamos defendiendo nuestras tierras y territorios” –dijo Tata Chalino, del Consejo de Bienes Comunales, que junto con Juan Navarrete, del Consejo de Seguridad y Justicia, y Santiago Tapia o Tata Keri, del Consejo Mayor, representaban a la comunidad purépecha de San Francisco Cherán, pueblo que logró detener la tala de sus bosques por el narco y cuyo autogobierno comunitario fue reconocido. “En Cherán el 15 de abril del 2011 levantamos el saqueo de más de 13 mil hectáreas… Y eso que detrás de la tala de monte estaba la delincuencia organizada.

Hoy más de 20 mil comuneros del municipio están en pie de lucha.

Tenemos de autogobierno donde mandamos obedeciendo pues hacemos consultas de todo lo que aqueja al pueblo. Libramos una batalla fuerte en las calles, en los bosques… pero también en lo jurídico, en lo legal. Con la ley en

la mano le ganamos al gobierno estatal y al federal nuestro derecho a la libre determinación. Y el 29 de mayo de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que reconocer nuestro autogobierno de usos y costumbres. Un sistema ancestral basado en siete Consejos, muy diferente al de ellos. Pero hay que insistir en que ese derecho al autogobierno no sólo es de Cherán, es un derecho de todas las comunidades”.

Esteban González, promotor del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), contó la exitosa lucha de Zautla y otras comunidades de la Sierra Norte de Puebla contra las presas hidroeléctricas, contra las mineras chinas y canadienses, y contra las llamadas “ciudades rurales”. “Somos más de 32 comunidades las que nos reunimos en asamblea. En 2012, en Tlamanca, ocho mil personas, la mayoría mujeres, corrimos a la minera china. Pero seguimos alerta porque sabemos que las reformas de Peña Nieto nos quieren arrebatar la tierra y un pueblo sin tierra es un pueblo con hambre. Queremos heredar a nuestros hijos un lugar donde vivir sin violencia, sin desconfianza”.

Redondeó la idea Leonardo Durán, de la Cooperativa Tosepan Titataniske, formada principalmente por nahuas-totonacos. “Hay en la región más de 180 mil hectáreas ya concesionadas a las mineras. Y hay que echarlas para atrás. Pero la mejor defensa contra el despojo es cultivar la tierra y enseñar a nuestros hijos a que la amen. Porque la lucha será larga, de muchas generaciones…”.

Lo mismo dijeron los compas de San Dionisio del Mar, de la Asamblea de Pueblos de Juchitán y de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Oaxaca, que pelean contra los megaproyectos eólicos. Y lo mismo repitieron los representantes del pueblo de Huexca, en Yecapixtla, que se opone al Proyecto Energético Morelos: una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto que amenazan sus tierras y su vida.

Completaron el panorama los de Tecámac, Estado de México, que resisten una urbanización salvaje: “Quisieron hacer una ciudad dormitorio con miles de viviendas, ‘Ciudad Bicentenario’, le llaman.

Una ciudad que produciría 30 mil toneladas diarias de basura. No los dejamos. Pero hay otras amenazas.

Tenemos que unirnos la gente del campo y la ciudad contra las reformas de Peña Nieto que nos van a llevar a una esclavitud moderna”.

L AS ORGANIZACIONES NACIONALES La mayoría de las organiza-

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20 de septiembre de 2014 ciones de base presentes en el encuentro eran grupos locales en defensa de sus territorios. Pero fue muy importante y significativo que también participaran algunas organizaciones campesinas nacionales como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), El Barzón, y agrupaciones obreras como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), además de redes temáticas como la Campaña Nacional Sin maíz no hay País –de la que partió la iniciativa del Encuentro y las jornadas–, Agua para Todos, Agua para la Vida, y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, entre otras.

Con perspectivas diferentes en las que domina el proyecto econó-

mico de los campesinos, pero la misma visión estratégica que los locales y las redes, se expresaron los agrupamientos nacionales. “El despojo no sólo afecta al campo, sino también a la ciudad y a los consumidores –dijo Martín Solís, de El Barzón–. Hoy 20 empresas agroalimentarias dominan toda la cadena, desde la semilla hasta lo que ponemos en la mesa. Las reformas: la energética, y la que viene, del campo, nos golpean a todos, no sólo a los campesinos.

De modo que si esta lucha la perdemos, la pierde todo el pueblo de México. Hay que parar la afrenta que se viene con una propuesta unitaria que respete la pluralidad de organizaciones y movimientos.

Necesitamos llegar fuertes a la Convención Campesina-Indígena que se realizará en octubre en la ciudad de México. La unidad es la esperanza de la patria”.

Hace falta la unidad, sin duda – dijo Fernando Celis, asesor de la CNOC–. Aunque hay descontento social contra el gobierno, estamos dispersos, divididos y poco articulados. El gobierno se aventó reformas tan antipopulares porque no vio oposición unida sino división. Este Encuentro es una opor-

tunidad para unirnos organizaciones nacionales y locales. Unirnos con respeto y confianza. Porque hoy lo que está en riesgo es la existencia misma de los campesinos, seamos cafetaleros, maiceros o frijoleros. Las reformas contra el ejido y la comunidad agraria amenazan el corazón de la vida campesina. Y además de la tierra y el agua de las comunidades, peligra la soberanía nacional. Vean si no: según el embajador de Estados Unidos, con las reformas de Peña Nieto se consolida la economía… de Norteamérica”.

“Cierto –coincidió Humberto Montes de Oca, del SME–, vamos camino a la anexión a Estados Unidos, el territorio nacional ya fue asignado a las trasnacionales… Ya se legalizó el despojo, como en el caso de la industria eléctrica, que de ser un servicio público se convirtió en mercancía.

Y eso nos afecta a las y los usuarios de la energía, que debiera ser un derecho humano. Por eso debemos organizar la desobediencia civil contra las altas tarifas”. ¡UNIDAD! Organizaciones nacionales, regionales y locales, redes temáticas y toda clase de colectivos coincidieron en la urgencia de fortalecer la unidad y sumar a la resistencia otros esfuerzos y otros movimientos. “¡Hagamos una sola lucha!”,

líderes y compañeros”. También fueron detenidos los luchadores poblanos Enedina Rosas, Ernesto Salgado y Juan Carlos Flores. Y en días recientes fue apresado Mario Luna, vocero de los yaquis.

Por esto, entre otras cosas, quienes dieron su testimonio reconocen que los avances, cuando se tienen, son “triunfos incompletos”.

Y es que, dice el Pronunciamiento del Encuentro, “más tardamos en frenarlos que ellos –los gobiernos y las corporaciones– en reanudar sus asaltos al patrimonio. Pero el hecho es que se puede; que cuando hay arraigo, voluntad de luchar, solidaridad y organización, podemos detenerlos”. insistieron los purépechas de Cherán. “Por encima de nuestras exigencias particulares, hay una demanda general que nos debe unir: la defensa de la tierra y el territorio” –dijo Celis–. “Necesitamos un grupo de facilitadores de la sociedad civil que acerque a movimientos locales y nacionales –insistió El Barzón–. Que ayude a construir alianzas, que dé confianza a la gente. Y a la vez hay que ser humildes y bajar el protagonismo de las organizaciones nacionales”.

Además coincidieron en la urgencia de afrontar unidos la represión, la criminalización de las luchas sociales, la violación sistemática de los derechos humanos y en particular el secuestro, encarcelamiento y asesinato de sus líderes.

Y es que el memorial de agravios es enorme. “En el movimiento de Cherán hubo más de diez caídos”, dijeron; “En Atenco desde el 2002 se sembró la semilla del terror y en 2006 el PAN y el PRI desencadenaron la represión más brutal: los asesinatos, las golpizas, las violaciones. Es una cuenta pendiente”.

Los de Guerrero recordaron que ahí apresaron a Néstora Salgado y más recientemente al compañero Suástegui de la CECOP, a quienes llevaron a una cárcel de Nayarit, por lo que esta agrupación convoca a una marcha desde Guerrero a ese penal el 12 de octubre y “a iniciar una campaña nacional contra las detenciones de nuestros

L AS MESAS DE TRABAJO “Sin un proyecto de vida no detendremos los proyectos de muerte”, fue el lema que inspiró el intercambio en las cinco mesas de trabajo. Una reflexión común dio inició a los debates: “El derecho a la tierra es el derecho a vivir dignamente cultivándola. Sólo la unión de quienes resisten en los territorios que habitan y quienes reivindican la producción, el modo de vida campesino y el derecho de todos y todas a una alimentación sana, segura y diversa, podrá detener y revertir la destrucción de agro. Defender la tierra es defender la agricultura campesina”.

Algo que se valoró en las mesas fue la democracia directa, los autogobiernos y las autoridades conforme a usos y costumbres. “Un instrumento de defensa de los pueblos es la asamblea pues ahí se toman los acuerdos. Cuando la comunidad dice: “aquí se prohíben los megaproyectos”, sea la mina o la presa, la asamblea se convierte en forma poderosa para defender la tierra”. Pero también sirve para la autogestión: “Exigimos el derecho de los pueblos a administrar por sí mismos sus recursos”, sostuvo el Frente Autónomo de Xochimilco.

Coincidieron también en defender la milpa: usar semillas nativas con técnicas propias, hacer fondos de granos y casas de maíz, promover leyes como la de Tlaxcala a favor del maíz nativo y contra los transgénicos.

Defender el modo de vida campesino e indígena es impensable sin las mujeres, que según el Pronunciamiento son “primeras en las luchas y últimas en el reconocimiento”.

“Hay que reivindicar a las mujeres rurales –decía una compañera de la CNPA–, su contribución en la producción de alimentos y en el sostenimiento de la vida y la salud”.

Y sin las nuevas generaciones, tampoco habrá porvenir. “Para que los jóvenes vean que hay futuro y se queden en la comunidad –decían los purépechas– debemos empezar por creer nosotros mismos, los mayores, que es posible enfrentar al mal gobierno y ganarle”.

Decía un integrante de la Unión Indígena Totonaca de la Sierra Norte de Puebla: “Las reformas nos dejan como amarrados de manos. Y es que con ellas los proyectos quedan amparados en la Ley. Entonces protestar y parar un proyecto nos hace delincuentes.

Por eso estamos aquí, buscando herramientas también jurídicas para tumbar juntos al monstruo”.

Por eso fue un acuerdo fortalecer la estrategia jurídica. “Hacer viable la defensa legal contra despojos de tierras, territorios, recursos naturales y contra la violación de los derechos humanos”. “Reunir abogados constitucionalistas que colaboren en los amparos contra despojos y en la defensa de las y los presos y desaparecidos… Capacitar y formar abogados ‘descalzos’ de las propias comunidades…

Crear herramientas jurídicas y propuestas de ley desde la visión de los pueblos y comunidades”.

Las organizaciones campesinas nacionales como El Barzón, la CNOC y la ANEC, insistieron en la defensa de la soberanía alimentaria como parte de la soberanía nacional, y en regular el mercado agroalimentario hoy manejado por grandes consorcios.

PLATAFORMA Y PLAN DE ACCIÓN Finalmente el Encuentro definió “seis ejes de la resistencia en torno a los que hoy converge la defensa de la tierra, el agua y la vida: Primero.- Defensa del territorio y el patrimonio desde los propios territorios, comunidades y pueblos.

Segundo.- Defensa de los recursos naturales, su apropiación colectiva y su gestión social.

Tercero.- Defensa de la propiedad social de la tierra, base del ejido y la comunidad agraria.

Cuarto.- Defensa de la producción campesina, sustentable y sin transgénicos, soporte de la soberanía alimentaria y los mercados locales.

Quinto.- Defensa del derecho a la alimentación, mediante una alianza ciudad-campo.

Sexto.- Defensa de la vida y la seguridad, las libertades políticas y los derechos humanos y la autonomía de las organizaciones, contra la represión y criminalización de las luchas sociales.

Por último se esbozó un plan de acción con reuniones, movilizaciones, encuentros regionales y estatales, campañas de información, rumbo al 6 de diciembre del 2014, cuando se espera que un amplio y fortalecido movimiento de resistencia entre a la ciudad de México enarbolando la bandera de “Tierra y libertad”, como hace cien años lo hicieron Zapata y Villa.

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20 de septiembre de 2014

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA PERSPECTIVA DE LA REMUNICIPALIZACIÓN

FOTO: Hernán García Crespo

Iván Gomezcésar Hernández

La irrupción europea y el establecimiento de la Colonia tuvieron un considerable impacto. En muchos aspectos, ello representó una gran ruptura con la historia antigua, comenzando por la mortandad indígena. Pero los pueblos, divididos y sometidos, lograron subsistir.

La razón de este hecho tiene que ver con la capacidad de adaptación al entorno. La tecnología de las chinampas; la organización social, incluida la disciplina laboral, y la compleja hibridación religiosa jugaron un importante papel en ese proceso. Muchos pueblos lograron un rango importante de funcionamiento autónomo: poseían una base económica y un gobierno limitado, pero propio.

De esta manera, pese a las mudanzas que implicó el inicio de la vida independiente de México, tres siglos después, los pueblos lograron adaptarse otra vez a la nueva realidad nacional.

Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX, el triunfo de los nuevos hacendados, la centralización política que representó la figura de los prefectos y el desecamiento del lago de Texcoco implicó una grave ruptura en la relación entre la ciudad y los pueblos, que tuvo como respuesta la primera gran

revuelta campesina armada en el Distrito Federal: el zapatismo.

Si bien las fuerzas campesinas y populares no lograron triunfar en la Revolución Mexicana, sí impusieron condiciones al nuevo poder: no se lograría la paz sin dar respuesta a la demanda de tierras.

Y no deja de ser relevante que el inicio de esa nueva política gubernamental de reparto agrario diera inicio precisamente en los pueblos del Distrito Federal. Entre 1916 y la década de los 40’s del siglo XX, más de cien pueblos fueron sujetos de la reforma agraria.

Sin embargo, las cosas cambiarían rápidamente en la capital del país a partir de entonces. Inició un frenético crecimiento poblacional y la tendencia a la centralización política se ahondaría. Ello llevó en 1928 a la desaparición de los municipios y al establecimiento de las delegaciones políticas que excluían casi cualquier forma de participación democrática. Uno de los objetivos centrales de esa imposición fue la de acabar con el funcionamiento autonómico de

A partir de los años 40’s comenzó un proceso contrario al del reparto agrario: la expropiación de las tierras de los pueblos en favor del crecimiento urbano. Paulatinamente, numerosos pueblos perdieron su condición agraria y al mismo tiempo sus formas de representación civil

los pueblos que entraba claramente en contradicción con la necesidad de tomar decisiones sobre sus territorios y sus recursos.

A partir de los años 40’s comenzó un proceso contrario al del reparto agrario: la expropiación de las tierras de los pueblos en favor del crecimiento urbano. Paulatinamente, numerosos pueblos perdieron su condición agraria y al mismo tiempo sus formas de representación civil. Fue una estrategia con todas las agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. Se procedió a afectarlos uno por uno, con toda la fuerza del gobierno y, cuando no fue suficiente la corrupción de los líderes y el amedrentamiento, se empleó la fuerza pública.

Con todo, al comenzar el siglo XX, todavía más de medio centenar de pueblos se han mantenido con su personalidad de actor social colectivo: tienen un territorio en el que despliegan actividades rurales de

las que depende en parte su economía; poseen una cohesión interna apoyada en una compleja vida ceremonial pautada por las fiestas y poseen formas de representación cívica propias, por más que éstas no estén reconocidas formalmente.

Muchos pueblos siguen teniendo la práctica de elegir a sus representantes y cuentan con las asambleas como instancias de decisión.

Además de ello, es apreciable que el resto de los pueblos del Distrito Federal, esto es, aquellos que han quedado atrapados en el espacio urbano, han comenzado un proceso de resignificación de su identidad y han dado pasos en la dirección de fortalecer su actuar político. A esas realidades responde que actualmente esté en proceso el debate, que lleva varios años, de una ley indígena local, que considere tanto a los pueblos originarios como a las comunidades indígenas residentes, provenientes de la migración de los 40 años recientes.

Una posible remunicipalización del Distrito Federal sería algo que impactaría favorablemente a ese proceso y permitiría desplegar el potencial de este actor, el más antiguo de la Ciudad de México.

Además de ser un acto de justicia, están de por medio asuntos de gran trascendencia para la suerte de la ciudad y de su viabilidad futura. Uno de ellos, no menor, es la preservación de los bosques y las aguas, en lo que cabe apuntar que, a lo largo del tiempo, los pueblos se han mantenido como los más férreos defensores.

Los pueblos, por su experiencia y práctica colectivas vigentes, estarían en condiciones de amoldarse a la vida de los municipios. Pero esta forma de organización entraña también la posibilidad de cambiar de calidad la vida democrática de los capitalinos todos al propiciar formas de participación directa y una mucho mayor cercanía entre gobernantes y gobernados.

FOTO: Gabriela Maldonado

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istóricamente, la Ciudad de México fue un complejo poblacional con varios grandes centros urbanos, en medio de una constelación de pueblos. Era una respuesta civilizatoria a la situación de un lago alto en medio de una cuenca, lo que fue extraordinariamente favorable a una gran concentración humana y al florecimiento de la cultura.