Ortiz Tejeda

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS Espots del INE: ¿torpe visto bueno?

ORTIZ TEJEDA

COMO YA LO sabe medio mundo (tenemos hasta el 10 de abril para que lo sepa la otra mitad), el segundo domingo del cuarto mes de este año, se llevará a cabo la equívoca, muy mal concebida, y reglamentada consulta nacional.

PUES DE CONFORMIDAD, asimismo, con la legislación mencionada, las autoridades competentes (en su acepción de incumbencia, no de conocimientos y capacidad) decretaron, a partir del pasado día 4 una “veda electoral” que entre otras cosas prohíbe la contratación de tiempos en radio y televisión para promover entre los electores cualquiera de las dos opciones. No me parece mal la medida, pero sí un tanto innecesaria, porque quienes tienen los recursos para esas erogaciones (nótese que no dije gastos, pues estas inversiones resultan ampliamente redituables) jamás dan la cara. LO QUE SÍ me parece un despropósito son las limitaciones a los funcionarios públicos para que puedan libremente manifestar su forma de pensar y tratar de hacer labor de convencimiento en favor de la opinión que ellos juzgan la correcta. Por supuesto que dentro de los horarios laborales en que se sustentan sus emolumentos con dinero del erario no sería aceptable ninguna labor proselitista y menos todavía la desviación de recursos económicos –en efectivo o en especie– para cubrir gastos ocasionados por la militancia partidaria. Pero eso sí, defiendo el derecho al activismo político, al adoctrinamiento, al proselitismo en todo lugar y toda hora. Respetemos las reglas (o cambiémoslas), pero acatemos las normas que fueron aprobadas por nuestra torpeza, falta de visión o, aun por urgencias y prisas que luego cobran sus réditos. Pero no quitemos de la mira el propósito de su reforma en la primera oportunidad. Vean ustedes los mensajes transmitidos por televisión (supongo que también por radio) y producidos o financiados por el INE, quién sabe por qué métodos. En uno se presenta a dos jóvenes conversando: “¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato? Contiene estrictas medidas de seguridad para proteger nuestra opinión. Si quieres conocerla, entra a ine.mx. ¿Y quiénes contarán nuestras opiniones? Nuestros vecinos, elegidos por sorteo y capacitados por el INE, quienes garantizan certeza, legalidad y transparencia. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien”. Éste es apenas un ejemplo de la soberbia y cretina actitud que el INE asume en muchas decisiones que deberían estar apegadas a la normativa existente. Pregunto: ¿los llamados espots radiofónicos y televisivos contratados por el INE son producto de una licitación pública o de una decisión de autoridad? En el primer caso, ¿quiénes los consideraron aceptables? En el segundo, ¿quiénes, sin mayores probanzas, les dieron su torpe, generoso y compartido visto bueno? Mejor digamos: su generosa y compartida aprobación. Si me da tiempo o alguien me echa la mano, pidamos a don INE algunas transparencias (no fotográficas, sino contables), sobre los manejos de sus partidas presupuestarias que implican campañas informativas, educativas, de capacitación y demás programas cívicos que en muy diversos medios el instituto lleva a cabo permanentemente. De seguro la calidad de los productos comunicacionales está fuera de duda y podremos aplaudirlos en colectivo… o no.

FINALMENTE, UN ASUNTO que no puedo dejar de, simplemente, enunciar y al que no debemos quitarle el ojo, es el final de la columneta de este día. Como mis conocimientos de matemáticas o, para decirlo con propiedad, de aritmética elemental, no rebasan la certeza de que: dos por dos son cuatro; cuatro y dos son seis; seis y dos son ocho, y más ocho 16, les solicité su ayuda a la maestra Blanca Ponce y al casi licenciado Diego García, para prevenir este posible y nada deseable tropiezo. En 2018, las elecciones nos dieron estos datos: total de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores: 89 millones 250 mil 974. Número de ciudadanos que ejercieron su derecho al sufragio: 56 millones 601 mil 874, es decir, 63.42 por ciento. Esta votación se recogió en 156 mil 674 casillas que, finalmente se lograron instalar. Para la consulta a efectuarse este 2022 se tiene previsto la instalación de 57 mil 377 casillas, es decir, las 57 mil 77 de la consulta popular, más 300 casillas especiales. Una por cada distrito. Hasta el 11 de febrero la lista nominal constaba de 93 millones, 318 mil 411, ciudadanos. En los primeros días de marzo se darán a conocerlas listas nominales definitivas. El problema es evidente: la lista nominal de electores es, obviamente, mayor que en 2018, pero las casillas receptoras de votos serán, en abril, apenas 57 mil 377, o sea 36.59 por ciento de las instaladas en 2018.

LA PREGUNTA CLAVE es: ¿pese a lo absurdo de la situación descrita, el INE continuará con su enfermiza actitud de golpear a Morena para crear una crisis a la cual agarrarse y salvar la indecorosa faltriquera? ¿Exigirá una cantidad de sufragios para hacer vinculante la elección que, bien sabe, está imposibilitado de recibir? Y, Morena, ¿seguirá aguantando?

@ortiztejeda • ortiz_tejeda@hotmail.com

DIPUTADO EDUARDO MURAT HINOJOSA

La reforma que prohíbe plaguicidas peligrosos sólo busca proteger el entorno, a productores y las abejas

ENRIQUE MÉNDEZ

La reforma para prohibir en México los plaguicidas peligrosos no pretende perseguir a las empresas ni destruir la economía de nadie, sino proteger a la agricultura, a los productores, al medio ambiente y a las abejas por su papel preponderante en la polinización, explicó el diputado Eduardo Murat Hinojosa (PRI).

El jueves, la cámara aprobó por unanimidad de 478 votos modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para impedir el uso en el campo de plaguicidas altamente peligrosos, sustancias o compuestos químicos prohibidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

“Es histórico. Acabamos de dar un gran paso”, expresó en entrevista, donde explicó que la industria cuenta cuatro años para desarrollar plaguicidas sustitutos y más sustentables.

“Cuando hablamos de plaguicidas, se trata de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fumigantes. En México se utilizan 180 plaguicidas altamente peligrosos, con registros sanitarios vigentes, y de ellos 140 están en listas de los prohibidos en otros países”, expuso.

Aunque ya se aprobó por los diputados, falta la revisión en el Senado, donde también se hará un cabildeo legislativo para que se apruebe, indicó.

Murat Hinojosa, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y secretario en la de Relaciones Exteriores en San Lázaro, agregó que, aun cuando la iniciativa se presentó desde el 5 de octubre de 2021, fue hasta la víspera de que el dictamen se votara en comisiones, que las empresas se acercaron para presentar sus observaciones.

El principal argumento fue que se afectaría a la industria. No obstante, “de lo que se trata no es prohibir todos los plaguicidas, sino la utilización de los que son altamente peligrosos o aquellas sustancias o compuestos prohibidos en tratados

El Convenio de Róterdam prohíbe 35 plaguicidas y México ha impedido la importación de 20, señala el diputado priísta. Foto Cuartoscuro

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”, explicó.

Con ello se cumple la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 26 de diciembre de 2018, en respuesta a quejas recibidas en 2017 contra el gobierno mexicano por la existencia de registros de plaguicidas vigentes que contienen sustancias activas prohibidas en otros países y en tratados internacionales debidamente ratificados por México.

Esto es, la CNDH “sí determinó que en el marco jurídico mexicano se permite la comercialización y uso de plaguicidas de alta toxicidad”, recordó.

Explicó que la reforma incluyó dos nuevas fracciones al artículo tercero de dicha ley, para incluir la definición de plaguicida y de plaguicidas altamente peligrosos. Asimismo, agregó el principio de precaución, como parte de los preceptos a observarse para formular y conducir la política ambiental, así como en la expedición de normas oficiales e instrumentos legales.

Murat Hinojosa, quien se ha especializado en materia de defensa del planeta, citó que el Convenio de Róterdam prohíbe 35 plaguicidas y México ha impedido la importación de 20, permite el intercambio con sujeción a determinadas condiciones para 10, pero no se ha pronunciado sobre el resto.

Mientras, agregó, el Convenio de Estocolmo prohíbe 17 pesticidas y México sólo se ha adherido a ocho.

La relevancia de disminuir el uso de plaguicidas altamente peligrosos es tal que estudios de la Organización Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial han documentado la conexión entre las sustancias químicas y el desarrollo del cáncer, de Alzheimer, defectos en recién nacidos y daños al sistema nervioso y reproductivo, concluyó.

Exigen a Barbosa detener el saqueo de agua en Puebla

ANGÉLICA ENCISO L.

Tras el desalojo de la casa de los pueblos Altepelmecalli, instalada en la planta de Bonafont en el municipio poblano Juan C. Bonilla, decenas de personas demandaron ayer justicia e hicieron un llamado a las autoridades para detener el saqueo del agua de las comunidades.

En una protesta frente a la representación de la Casa de Puebla en la Ciudad de México, diferentes voceros advirtieron que siguen en pie los proyectos de muerte, como el Proyecto Integral Morelos que “avanza y causa destrucción a su paso. Los tres niveles de gobierno son cómplices y usan a las fuerzas armadas no para defender el pueblo, sino para reprimirlo y asesinarlo”.

Los asistentes exigieron un alto al saqueo del agua que le da vida a las comunidades y reclamaron: “basta de las estrategias del gobierno que desgastan a la gente con engaños burocráticos y promesas mentirosas”. Además, lanzaron consignas

Transporte de carga en el AICM cae 5.2%

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

El transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cayó 5.2 por ciento en enero, situación que se agravó en los vuelos internacionales, luego de que el año pasado durante 10 meses consecutivos reportó aumentos.

Cifras de la terminal aérea indican que en el primer mes del año se movilizaron en números redondos 41 mil 650 toneladas de carga diversa, 2 mil 278.8 toneladas menos que en el mismo periodo del año pasado.

La caída fue más severa en la carga transportada en vuelos fuera del país, pues de 36 mil 516.9, pasó a 34 mil 483.6 toneladas, 5.6 puntos porcentuales menos.

El mayor tonelaje de carga corresponde a los vuelos desde y hacia el interior del país, que también tuvo una disminución de 3.3 por ciento, al pasar de 7 mil 411.9 toneladas en enero de 2021 a 7 mil 166.4 el mes pasado. Según el AICM, el decremento se debió a la contingencia sanitaria por covid-19.

Los datos del aeropuerto capitalino refieren que en su conjunto el movimiento de carga en 2020 fue de 469 mil 714.3 toneladas transportadas, sin embargo, en 2021 se recuperó 20.9 por ciento al movilizar 567 mil 778.6 toneladas.

Los meses con el mayor número de carga desplazada el año pasado fueron de abril a octubre, cuando el incremento fue de entre 11.6 a 76.9 por ciento. como “El agua no se vende, se ama y se defiende” y “Fuera Bonafont”.

Dijeron que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, “tomó la casa de los pueblos con un operativo gigantesco. Dijo que se había llevado el operativo por orden judicial, pero él es responsable de haberlo hecho con tanta violencia. Defiende a una empresa trasnacional francesa que se ha robado el agua de la región”.

Ayer se cumplieron tres años del asesinato de Samir Flores, “que lo único que hizo toda su vida fue defender el territorio, a los pueblos, levantar la voz en contra de todos esos gobiernos que lo único que hacen es vender la vida”, señalaron.

La protesta formó parte de la acción global por la verdad y la justicia para Samir Flores y en solidaridad con la casa de los pueblos Altepelmecalli frente al despojo del “mal gobierno en complicidad con la trasnacional Bonafont-Danone”.

▲ Integrantes de Pueblos Unidos de Puebla se manifestaron en la representación de la casa de esa entidad en la Ciudad de México contra el desalojo de la sede de los pueblos Altepelmecalli, instalada en la planta de Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla. Foto Marco Peláez