La flor de la palabra/ Irma Pineda Santiago Que 20 años no es nada

DESDE LA DÉCADA de los noventa, un sueño colectivo se escribía en la Asociación de Escritores en Lenguas indígenas (ELIAC). En el año 2001 se presentó como iniciativa de ley a la Oficina para la Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia y a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados. Otras propuestas, modificaciones, cabildeos y negociaciones fueron y vinieron, hasta que el 13 de marzo de 2003 se promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la cual se derivó la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en 2005, después de intensos debates, dada la negativa de varios sectores a su creación.

En el año 2022, el INEGI señaló la existencia de 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas, es decir, el 19.4 por ciento de la población total, aunque este número se ve reducido cuando se trata de hablantes de las lenguas indígenas: 7 millones 364 mil 645 personas de tres años en adelante, lo que representa el 6.1 por ciento de la población total del país en ese rango de edad. Estas cifras evidencian que la sola existencia de las leyes no es suficiente si no se refuerza con acciones firmes como el combate a la discriminación, así como la asignación de un mayor presupuesto de la Federación para el desarrollo de las lenguas, es decir, recursos para investigar, desarrollar normas de lectoescritura, publicar libros, crear y difundir materiales orales, entre otras actividades.

Falta también voluntad política para hacer realidad lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, como en el artículo 3º de la Constitución Mexicana, que en su fracción II, señala: “En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.” Sin embargo, en las regiones indígenas aún no existe en las escuelas un programa oficial que promueva la enseñanza de las lenguas locales. Con suerte, en los centros escolares del subsistema educativo indígena se imparte una hora a la semana; con un poco más de suerte, algunos profesores preocupados por fomentar en sus estudiantes el amor por sus culturas y sus idiomas maternos, con sus propios medios crean materiales que les permitan practicar la lectoescritura en sus lenguas, la enseñanza de las matemáticas o la naturaleza desde los saberes de la comunidad. Tampoco se cuenta con herramientas tecnológicas o materiales didácticos para tal fin. Si bien la inclusión de libros en lenguas indígenas en Bibliotecas de Aula o en la Biblioteca Centenaria de la SEP, contribuye a la difusión y visibilización de las mismas, no es una acción contundente para la continuidad del habla cotidiana. Hay otro gran pendiente en materia legislativa: elevar a rango constitucional el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales, como ya está indicado en el artículo 4 de la citada Ley de Derechos Lingüísticos, pero que es necesario integrar en el artículo 2º de la Constitución Mexicana, dado que de este modo el Estado mexicano se comprometerá a la preservación y desarrollo de las mismas. El 18 de noviembre de 2020, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa en tal sentido, misma que fue enviada al Senado donde, luego de algunas adecuaciones, fue aprobada el 11 de marzo de 2021 y devuelta a los diputados para realizar y validar las modificaciones necesarias, lo que aún no ocurre.

A veinte años de existencia de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, aún hay muchos pendientes, mientras el sesenta por ciento de las lenguas mexicanas agoniza, por lo que urge que los legisladores, como las demás instituciones del Estado mexicano, cumplan los compromisos establecidos con los pueblos indígenas. Nosotros ya hacemos bastante tratando de proteger nuestras vidas, territorios, elementos naturales, saberes, culturas y lenguas. Ya es tiempo de que ellos hagan su parte l