II CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PROGRAMA MINIMO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
El II Congreso Nacional Estudiantes Universitarios, convocado por la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, y desarrollado en la ciudad de Cartagena de Indias los días 14 al 18 de octubre de 2000, inspirado en los principios de unidad, independencia, solidaridad, beligerancia y compromiso social, convoca a todo el estudiantado colombiano para que de forma organizada y propositiva, promueva, defienda y se movilice en torno al siguiente programa mínimo decidido por el II Congreso Nacional: 1. Los estudiantes universitarios colombianos nos comprometemos en la construcción de un nuevo proyecto de nación como parte de un proyecto mayor de identidad latinoamericana, que implique un cambio del modelo económico, un sistema político realmente democrático, sustentado en la defensa de la soberanía nacional, que reconozca nuestra diversidad cultural y que posibilite el entendimiento y desarrollo de relaciones sociales justas y equitativas. 2. La defensa y construcción de un verdadero Sistema Universitario Estatal que garantice una real autonomía y participación equitativa de la comunidad universitaria, reconozca las particularidades regionales y culturales, promueva la solidaridad interistitucional y socialización de potencialidades y que brinde los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines y su función social. Un sistema que se construya en medio del debate y la participación decisoria. 3. Luchamos por una universidad que promueva la formación de hombres y mujeres libres, que construya conocimiento propio, permita el debate de las ideas y el desarrollo de las expresiones artísticas; una universidad que participe en los debates de la coyuntura regional y nacional y de la vida pública, pero que a su vez sea capaz de trazar nuevos rumbos a los actuales conflictos económicos, políticos, sociales y culturales; una educación superior para el avance científico y tecnológico, no en función de los intereses del mercado y la racionalidad instrumental, sino en beneficio de los intereses sociales y populares, que supere el esquema profecionalizante y cientifista que impiden analizar las nuevas y complejas situaciones del país, con el fin de identificar sus principales problemas y proponer alternativas viables para su superación. 4. Es un deber del Estado garantizar la prestación y financiación del servicio público a la educación superior. En consecuencia no reconocemos ni como legal ni como legitima las medidas económicas que propenden por el traslado de la obligación estatal a entes particulares, tales como, banca privada a través del crédito a la demanda y la desfiguración de la naturaleza de la universidad sometiéndola a las lógicas del mercado por medio de la autofinanciación. Proponemos se destine no menos del 7% del presupuesto nacional, elevado a principio constitucional, para garantizar los desarrollos del Sistema Nacional Universitario. 5. El Bienestar Universitario como parte integrante del proceso educativo debe ser fortalecido. En contraposición de quienes demandan el abandono de la función social del Estado, proponemos se recupere progresivamente una política de bienestar que contemple el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad universitaria a través de la implementación y fortalecimiento de amplios subsidios estudiantiles para vivienda y alimentación, servicio medico completo, tarifa diferencial de transporte, entre otros espacios integrales. Conducentes al apoyo psíquico, físico e intelectual del estudiante. La misión de la Universidad no puede entenderse sólo en términos de lo estrictamente académico. 6. Una educación de calidad es indispensable para insertarnos en una sociedad donde son cada vez mayores las exigencias. Pugnamos por la realización de procesos amplios de autoevaluación en los que se contempla como resultado la descongelación y actualización de las plantas docentes, las mejoras estructurales y la pertinencia y proyección social de los contenidos curriculares. En este último sentido creemos que el proyecto cardinal son los requerimientos de las mayorías y no las necesidades de las elites.
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7. Defendemos un proyecto pedagógico renovador que transgreda las barreras del autoritarismo y la conductividad y que considere una articulación entre el saber popular, la ciencia y el humanismo como reconocimiento e impulso al desarrollo de un proyecto histórico gestado desde y para el conjunto de la sociedad colombiana. 8. Le apostamos a un sistema universitario democrático expresado en la participación amplia, diversa y equitativa de todos los estamentos en los organismos internos y externos de poder universitario. La participación de sectores externos no puede determinar el curso de las decisiones que en primer grado le competen a la comunidad universitaria. Exigimos la democratización, en sus aspectos substanciales, de las distintas universidades del país. 9. El derecho a la educación es inalienable, por lo tanto se debe garantizar el acceso a ella de toda la población; ofreciéndoles condiciones optimas para su admisión e ingreso, mantenimiento y desarrollo de sus potencialidades académicas. De ninguna manera puede aceptarse la exclusión por motivos económicos. La gratuidad debe ser un principio real y activo. Rechazamos las políticas de ampliación de cobertura, que se conciben como simple incremento de cupos, sin las garantías de calidad, pertinencia y financiación. Al igual, que la mercantilización de la educación expresada en la proliferación de instituciones que no cumplen los requisitos elementales de la educación superior. 10. Nos comprometemos, aun en los momentos más difíciles, a trabajar por la salida política del conflicto social y armado, la autodeterminación de los pueblos y un modelo de Nación equitativo. Reconocemos el disenso y la diferencia como elementos de construcción universitaria. Son los códigos del debate y la argumentación los que caracterizan el ethos universitario. Reconocemos asimismo que en nuestro país la todos estamos involucrados en el conflicto y que es la consecución de una justicia social la directriz de cualquier transformación real. 11. La libertad de pensamiento no puede ser sojuzgada o limitada bajo ninguna premisa o argumento. El respeto a los Derechos Humanos tiene que ser una constante del ejercicio político de la Nación. Pugnamos por el respeto del accionar social de quienes soñamos un país mejor y nos comprometemos a luchar por la consecución de mecanismos acordes a tal fin. 12. Pugnamos por un manejo administrativo ético y transparente de la institución universitaria. El uso de los recursos institucionales debe contar con una veeduría permanente de los estamentos universitarios, que confronte la corrupción promovida desde sectores internos y externos ajenos a los intereses del estudiantado. 13. Creemos en la necesidad permanente del fortalecimiento orgánico del estudiantado universitario y su unidad de acción en concordancia con los demás estamentos universitarios y con otros sectores y luchas sociales de los que no somos ajenos. Creemos una unidad propositiva que nos permita construir una nueva universidad y un nuevo país.
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