Declaración de SO - Venezuela

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¡Fuera Estados Unidos de Venezuela! Washington amenaza con sanciones; La "opción" del golpe de estado se amplia Declaración de Socialist Organizer (El Organizador Socialista) De nuevo Washington echa mano de sus trucos en Venezuela. Todo comenzó el 18 de febrero de 2014, en Toluca, México, en la cumbre trinacional de gobernantes de América del Norte cuyo punto central fue el acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), un pacto de "libre comercio" que va a perjudicar duramente a los trabajadores en todos los países concernidos. En la reunión, el Presidente Obama cínicamente declaró respecto a Venezuela que "en lugar de tratar de desviar la atención de sus propias carencias, expulsando con falsas acusaciones a diplomáticos estadounidenses, el gobierno debería concentrarse en sus esfuerzos en atender los reclamos legítimos del pueblo venezolano." Obama habló después de la expulsión de tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Caracas e inmediatamente su significado fue entendido en todo el continente como el apoyo al "cambio de régimen" en Venezuela. Las palabras de Obama fueron casi idénticas a las utilizadas por los líderes de la oposición en Venezuela que con financiamiento y respaldo político estadounidenses, han decidido salir a las calles a cometer actos violentos y vandálicos con el propósito de desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Como se sabe, el gobierno estadounidense financia a la oposición en Venezuela. Según Mark Weisbrot (The Guardian, 18 de febrero), "Desde 2000, ha habido una partida de 90 millones de dólares en el presupuesto federal de Estados Unidos, para financiar las actividades de la oposición en Venezuela. Tan solo en 2014 se han asignado 5 millones de dólares. Seguramente estas cifras son apenas la punta del iceberg, y se añaden a los cientos de millones de dólares de apoyo encubierto gastados durante los pasados 15 años". El carrusel de medidas de Washington contra Venezuela, se endureció un mes más tarde. El 27 de marzo, al hablar en una conferencia de prensa ante los medios de comunicación de América Latina, Roberta Jacobson, Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, formuló la declaración más amenazante hasta ahora de algún funcionario importante del gobierno norteamericano, diciendo que para Washington "todas las opciones están sobre la mesa si el gobierno venezolano es incapaz de crear un ámbito democrático para la oposición." Jacobson expresó que el gobierno de Obama está analizando ampliamente la decisión de imponer sanciones a Venezuela "si no hay diálogo en Venezuela, si no hay movimiento, si no hay posibilidad de diálogo, si no hay espacio para la oposición democrática." ( El Universal, México, 28 de marzo). Los argumentos son totalmente falsos; son amenazas apenas disimuladas de intervenir en los asuntos internos del pueblo venezolano, una violación más del derecho a la autodeterminación.


El 16 de febrero, los gobiernos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela), emitieron un comunicado acerca de "los recientes actos violentos" en Venezuela, expresaron "su firme compromiso con la plena vigencia de las instituciones democráticas" y, en ese marco rechazaron "las acciones criminales de los grupos violentos que quieren diseminar la intolerancia y el odio en la República Bolivariana de Venezuela como instrumento de lucha política". El 28 de febrero, el presidente Maduro convocó a la Conferencia Nacional de Paz en un intento por calmar la agitada situación política, pero la reunión fue boicoteada por las fuerzas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), financiadas por Estados Unidos. Estas fuerzas han reconocido públicamente que son incapaces de ganar elecciones en el marco de la Constitución Venezolana, por ello recurren a medios extralegales, es decir, persiguen sus objetivos mediante la violencia callejera y cierres de calles (acciones en las que han muerto 36 personas). Incluso la Organización de Estados Americanos (OEA), dominada por Estados Unidos y que tradicionalmente ha apoyado los intentos de golpes de estado y el asesinato de dirigentes extranjeros, financiados por Estados Unidos, rechazó el 7 de marzo la propuesta del representante de Estados Unidos de crear una "Comisión para investigar" el "fracaso del gobierno [de Maduro] en permitir las actividades de la oposición democrática en Venezuela". Estados Unidos sólo tuvo el apoyo de dos gobiernos: Panamá y Canadá. El 24 de marzo una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a la que no pertenece el gobierno de Estados Unidos, llegó a Venezuela para facilitar el "diálogo" entre el gobierno y la oposición. La delegación se reunió con la coalición de partidos de oposición. A pesar de que Washington está más y más aislado en el continente respecto a su política en Venezuela, el gobierno de Obama, que nunca ha reconocido oficialmente la elección del presidente Nicolás Maduro en abril de 2013, pretende seguir con las amenazas de aplicar sanciones, si no es que con acciones más fuertes. El 13 de marzo, el general John Kelly, la máxima autoridad del Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos, declaró en Washington ante el Comité de Servicios Armados del Senado sobre la crisis en Venezuela. Kelly describió detalladamente la forma en que la policía y el ejército venezolanos han reaccionado durante los dos meses de violencia provocada por la oposición derechista. Llegó al extremo de decir a los senadores que "en las fuerzas armadas venezolanas probablemente hay presiones, discusiones y desacuerdos acerca de la situación en el país." Gran parte de la prensa latinoamericana tomó nota de que la persona que compareció ante la comisión del senado es un general de la infantería de Marina de Estados Unidos, no un especialista civil o un diplomático. En los medios de comunicación hubo voces que advirtieron que las palabras del general pintaban un escenario ominosamente parecido al existente antes de abril de 2002, es decir, antes del (fallido) golpe de estado organizado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, contra el entonces presidente Hugo Chávez. Efectivamente, el 25 de marzo el presidente Nicolás Maduro anunció que tres generales de la fuerza aérea venezolana habían sido arrestados acusados de tramar un golpe de estado


militar. Maduro indicó que los generales habían sido investigados a raíz de que algunos suboficiales de la fuerza aérea a quienes se les habían propuesto participar en la conspiración, alertaron al gobierno. El diario español El País, que apoyó abiertamente el golpe de estado contra Chávez el 11 de abril de 2002, escribió lo siguiente en su editorial del 28 de marzo: "la sensación de inestabilidad que se sintió en todo el país es tan grande que nadie puede descartar una acción de este tipo [refiriéndose a un golpe de estado]". Los trabajadores de Estados Unidos no tienen interés en respaldar ni la intervención de Washington ni las amenazas contra el gobierno democráticamente electo de Venezuela. Los trabajadores en Venezuela han logrado importantes conquistas en el proceso revolucionario, prestaciones que son insoportables para los banqueros gánsteres de Wall Street y sus servidores en Washington. Un reciente Manifiesto contra el complot imperialista, emitida por una veintena de sindicatos en la región venezolana de Maracaibo, resume las conquistas obreras como sigue: servicio nacional de salud y seguridad social para todos, pensiones justas y garantizadas para todos, leyes estrictas de protección de los derechos laborales, y lo más importante, control y propiedad estatal de los recursos de la nación como petróleo, hierro, aluminio, electricidad y muchos más. Esto es lo que está en juego: la élite corporativa de Estados Unidos y sus lacayos en Venezuela, pretenden volver atrás el reloj de la historia y deshacer todos los logros alcanzados por los trabajadores y el pueblo de Venezuela a través de luchas amargas, que incluyen su valiente combate que derrotó el anterior intento de golpe de estado contra Hugo Chávez, financiado por Estados Unidos. El Manifiesto de los sindicatos en Maracaibo subraya que la crisis económica en Venezuela se debe fundamentalmente --aparte de las acciones de violencia y sabotaje de sectores de la derecha venezolana --a la subordinación del país al capital financiero internacional. Debido a que Venezuela continúa pagando la deuda exterior a los banqueros internacionales, restan hay pocos dólares en el erario para importar los bienes necesarios o para pagar a las empresas del país. Los sindicatos signatarios del Manifiesto dicen: "Emplazamos al compañero Nicolás Maduro a avanzar para ir más allá de expulsar a embajadores y funcionarios de EU involucrados en las provocaciones. Que sea consecuente y rompa con el imperialismo, no pagando la deuda exterior para atender una plataforma que exprese la defensa de la nación, y los trabajadores. La renta petrolera es del pueblo no de los burgueses." Por supuesto, la tarea de dejar de pagar esa deuda, corresponde al pueblo y a la clase trabajadora de Venezuela. Por nuestra parte, la mejor ayuda que podemos ofrecer a los asediados trabajadores y pueblo de Venezuela, nosotros los que vivimos en el vientre de la bestia, es detener la mano de nuestro gobierno imperialista. Por eso, nosotros en Estados Unidos, debemos elevar


nuestras voces, fuerte y claramente, en las formas adecuadas, tales como protestas masivas en las calles, con las demandas de:

ยกFuera Estados Unidos de Venezuela! Obama: ยกReconozca al gobierno democrรกticamente electo de Nicolรกs Maduro!


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