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¿Qué sucede cuando se aprueba una ley con base en prejuicios y no a datos reales? Sale el tiro por la culata contra quienes la propusieron. Esto justamente parece estar sucediendo en Florida, un estado que se está dando un costoso baño de realidad, luego de haber aprobado con bombos y platillos una ley antiinmigrante draconiana.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el 10 de mayo una de las leyes más duras del país contra los inmigrantes. Menos de un mes después, y a pocas semanas de que se haga efectiva, varios políticos conservadores que inicialmente la apoyaron, ahora se muestran arrepentidos, pues industrias como la agricultura o el turismo, ya están sintiendo los devastadores efectos de quedarse sin trabajadores.

Cuando el prejuicio se convierte en ley

El proyecto de ley SB-1718 provee $12 millones para reubicar indocumentados lejos de la Florida, exige a las empresas con más de 25 empleados verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, prohíbe a los gobiernos locales dar dinero a organizaciones que emiten tarjetas de identificación a los inmigrantes, e invalida las licencias de conducir de otros estados en donde los inmigrantes pueden obtener este documento, entre otras restricciones.

¿Qué motivó la aprobación de esta ley? Básicamente infundir miedo contra los inmigrantes, y mostrar a DeSantis como un político “duro” y ultraconservador, a fin de fortalecer su nominación presidencial. Solo la primara parte de esta intención se cumplió.

Más allá de que es inconstitucional que un estado asuma funciones migratorias (pues es un tema federal), o que este tipo de leyes dañan la confianza entre los inmigrantes y las autoridades (beneficiando a criminales que atacan a esta comunidad), hay un doloroso costo humano y serias implicaciones económicas.

La economía del miedo

Muchas familias decidieron abandonar Florida y buscar un lugar en donde no se sientan perseguidas. ¿El resultado? Hoy, no son raros los reportes de campos de cultivo abandonados, obras de construcción sin trabajadores y una evidente falta de mano de obra en varias industrias del estado.

El 5 de junio, dos legisladores estatales republicanos intentaron minimizar los daños de la ley en una reunión comunitaria en Hialeah. En un video se puede ver a uno de ellos incluso rogando a los asistentes que les digan a los latinos que no se vayan de Florida. “Soy un granjero, y los granjeros están locos como el demonio. Estamos perdiendo empleados. Ya están comenzando a mudarse a Georgia y otros estados. Es urgente que hablen con toda su gente y los convenzan de que tienen recursos, representantes estatales y otras personas, que pueden explicarles el proyecto de ley”, dijo el representante Rick Roth, usando un intérprete en español.

Por su parte, la representante estatal Alina García (quien emigró de niña desde Cuba), afirmó que no querían que los inmigrantes se fueran, el proyecto de ley solo estaba destinado para “asustar a la gente para que no venga al estado de la Florida”.

No se deje engañar, necesitamos a los inmigrantes

El crecimiento económico de un estado depende en buena medida de la disponibilidad de mano de obra y los inmigrantes son esenciales para múltiples industrias. Por ejemplo, Carolina del Norte ocupa el sexto lugar en la nación en el número de trabajadores agrícolas inmigrantes, según el Farmworker Advocacy Network.

Si a los políticos ultraconservadores no les conmueve el impacto social de las leyes antiinmigrantes, solo deben escuchar a los empresarios en sectores como la agricultura, la construcción, la manufactura, los servicios profesionales, etc.

Es hora de terminar con el acoso contra los inmigrantes, la retórica basada en prejuicios pasará una costosa factura. El país depende de la mano de obra inmigrante.