Inmigrantes y activistas presionan para que se detenga proyecto de ley antiinmigrante

Apolo Valdés

Casi un centenar de activistas pertenecientes a la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Carolina del Norte (ADICN) se reunieron el 25 de abril con legisladores estatales, para expresar su preocupación por la posible aprobación de la propuesta de ley HB-10, la cual busca obligar a los alguaciles de Carolina del Norte a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La HB-10 fue aprobada por la Cámara de Representantes y enviada al Senado el 29 de marzo. Esta propuesta es la tercera de su tipo en los últimos cuatro años y ha generado inquietud entre los activistas, quienes ven a esta medida como innecesaria y perjudicial, pues podría perjudicar la confianza entre los inmigrantes y las autoridades.

“En vez de crear leyes que puedan mejorar la vivienda, la educación o la salud para todas las personas, invierten su tiempo en crear políticas que separarían a las familias, que por años han aportado a la economía, que pagan impuestos, que abren negocios y aportan al estado,

El proyecto de ley HB-10 sería contraproducente Durante el Día de Cabildeo, los activistas argumentaron que la apro- migrantes abandonen el estado. Además, indicaron que la agricultura sería uno de los sectores más afectados, ya que una ley similar en Georgia en 2012 provocó una escasez de mano de obra agrícola que le costó a ese estado pérdidas por $140 millones. los senadores que voten en contra de la HB-10.

Agregaron que la comunidad inmigrante también juega un papel importante en el sector de servicios, donde la gran mayoría de los empleados son inmigrantes.

“La Asociación de Alojamientos y Restaurantes de NC proyecta que para el 2030 el número de empleados en este sector aumente en un 18.4 % creando 545,500 nuevos puestos de trabajo… detrás de la mayoría de esos negocios y empleos están los inmigrantes ”, comentó Martha Hernández del Comité de Acción Popular (CAP).

¿Qué es la ley HB10?

Los activistas dicen que este proyecto actúa como una ley de “muéstrame tus papeles”, y utiliza la aplicación de la ley local como una herramienta para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ejercerá presión sobre los recursos locales de los condado.

Actualmente, cualquier solicitud federal para detener a personas por infracciones de inmigración civil es voluntaria. Si se aprueba esta ley, las oficinas del alguacil estarían obligadas a ayudar a la deportación de cientos de personas.