Pacto Fiscal y la Ruta del Emprendimiento La urgencia de la reforma de la sociedad conyugal

La sociedad conyugal ha sido vista como una institución patriarcal y machista. Y cómo no, si esta justifica su estructura bajo la consideración de la mujer como una persona incapaz ante la ley, lo que cesó en el derecho chileno en 1989. Además, este es un instituto jurídico que atribuye poderes al marido que se fundarían solo en ser hombre, más allá de las aptitudes que pudiera tener -o no- para administrar los bienes del matrimonio.

Desde ahí y hace más de 30 años, la institución comenzó a ser cuestionada, especialmente con el avance, todavía en desarrollo, de la inserción de la mujer en el mercado laboral. Así, no se explica que la mujer que trabaja y que ha adquirido bienes antes del matrimonio, pierda la administración de ellos una vez que se ha casado bajo las reglas de este régimen.

Luego, el cuestionamiento se dará, también y más recientemente, por la incorporación a la ley chilena del acceso igualitario al matrimonio con la ley 21.400, ya que dicha nueva composición familiar no es concordante con la sociedad conyugal, siendo imposible su aplicación en estos matrimonios. Por ejemplo, si el artículo 1749 del Código Civil expresa que el marido es el administrador de la sociedad conyugal ¿Quién administra cuando son dos los maridos? ¿Y si no hubiera ninguno por ser el matrimonio entre dos mujeres? Así, prohibiéndose el acceso a los matrimonios entre personas del mismo sexo a esta institución, bien puede cuestionarse si este es, en el sentido literal, un matrimonio igualitario. Discriminación. He ahí el punto. Discriminación hacia las parejas del mismo sexo. Discriminación hacia la mujer. Si bien es claro que existen problemas sociales, políticos y económicos que impactan de manera más importante en la vida diaria de las mujeres que la sola regla de administración de la sociedad conyugal, el cambio es necesario y urge en una sociedad que reclama reconocer la igualdad entre los sexos en todos los aspectos. Por ello, sumado a los esfuerzos promovidos por el feminismo de manera destacable, conviene recordar que el cambio en el instituto jurídico de la sociedad conyugal responde no solo al resultado de oír dicha demanda de igualdad, sino que a los compromisos y obligaciones jurídicas que Chile tiene en la materia. Por tanto, no se trata solo de petitorios sociales, sino también de derechos de las mujeres. De ahí que la reforma no solo es necesaria, sino también urgente. Visto así, conviene recordar las obligaciones que Chile adquirió en el acuerdo de solución amistosa suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace más de 17 años en el caso “Arce contra Estado de Chile”. En aquel quedaron establecidos los compromisos de adecuación de la legislación interna en pleno respeto de la igualdad y la no discriminación hacia la mujer. Por tanto, esto trasciende al “discurso progre”, y más bien se trata de un debate de derechos, y más específicamente, de derechos humanos. Y ahí está el punto: poner los derechos de las personas antes de la defensa a las instituciones que fueron redactadas para nuestro país hace más de 150 años.

Conviene recordar las obligaciones que Chile adquirió en el acuerdo de solución amistosa suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace más de 17 años en el caso “Arce contra Estado de Chile”.

El reciente anuncio del gobierno en relación con la propuesta de Pacto Fiscal ha suscitado una amplia gama de reacciones y con razón. Dentro de la propuesta, hay una serie de medidas que buscan incentivar la formalización y que podrían marcar una diferencia significativa en cuanto al cumplimiento de las metas de recaudación. Sin embargo, también plantea preguntas acerca de su eficacia. Estamos hablando de la llamada “Ruta del emprendimiento”. El nuevo marco impositivo propuesto sugiere la implementación de un monotributo para microempresas que registren ventas promedio anuales de hasta UF 1.800. Este sistema de tributación simplificado permitiría a estos microemprendedores, que frecuentemente forman parte del sector no formalizado, cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales pagando un solo impuesto. Esta propuesta no solo aliviaría la carga fiscal de las microempresas, sino que también podría incentivar la formalización y el crecimiento de estos negocios.

Además, según la primera información entregada por el Ministerio de Hacienda, se crea un beneficio en relación con IVA para aquellos contribuyentes con ventas desde las 1.800 hasta 2.400 UF. Este tramo de contribuyentes estaría eximido del pago del IVA durante un año, y durante el siguiente recibiría un alivio impositivo de manera progresiva, con una rebaja del 50% del pago de IVA en los primeros seis meses y del 25% en los siguientes seis. Este tipo de estímulo puede ser importante para la consolidación y expansión de las pequeñas empresas. Sin embargo, aún queda por verificar si esta medida será suficiente para superar los obstáculos que normalmente frenan la formalización y, por otro lado, qué costo implicaría entregar este alivio impositivo progresivo. ¿Cuál es la pérdida por recaudación? ¿De qué manera afectará esta competencia en el mercado al segmento de las Pymes? Para los contribuyentes con ventas promedio entre 2.400 y 75.000 UF, se man- tendría el régimen actual de Propyme en sus dos versiones: general y transparente. Esta continuidad brindaría estabilidad y predictibilidad para estas empresas que ya están establecidas y operando dentro de este marco.

Resulta también muy interesante la introducción de un nuevo tramo de “transición”, donde se elevaría el límite de ventas promedio de 75.000 a 100.000 UF. Este tramo estaría destinado a aquellas empresas que están en la transición de convertirse en una gran empresa, permitiendo una migración gradual hacia el régimen general de tributación.

La propuesta busca equilibrar las cargas y beneficios de la tributación, facilitando a su vez el desarrollo y fortalecimiento del emprendimiento. No obstante, existen preguntas: ¿Cómo se manejará esta transición? ¿Es suficiente el rango propuesto para cubrir las necesidades de estas empresas en transición?

Como siempre, será esencial un monitoreo cuidadoso de estas medidas para asegurar que no solo proporcionen alivio temporal, sino que realmente fomenten el crecimiento a largo plazo. Es importante recordar que esta es solo una propuesta del Ministerio de Hacienda y dada la coyuntura actual, el trámite no será sencillo, se espera un debate extenso y riguroso en el Congreso, por lo que seguiremos atentos a su desarrollo.

Los

La Prensa

FUNDADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1898

124 Años al servicio de la comunidad

PROPIETARIA: Empresa Periodística

Curicó Limitada

PRESIDENTE:

José Ramón Palma Moraga

DIRECTOR:

Víctor Massa Barros

EDITORA GENERAL:

María José Barroso Esteban

REP. LEGAL:

Manuel Massa Mautino

DOMICILIO:

Sargento Aldea Nº 632

Curicó

Fonos: 75 2310 132 - 75 2310 453 email: director@diariolaprensa.cl avisos@diariolaprensa.cl

TALCA 1 Oriente Nº 1294

Fonos: 712 218 482 - 712 215 833 email: talcaventas@diariolaprensa.cl