El Negacionismo Los APR marchan a La Moneda

El martes 6 de junio, los Comités de Agua Potable Rural (APR) de todo el país, representados por APR´s Chile, marcharán hacia La Moneda con el objeto de exigir a la máxima autoridad de la Nación que respete el compromiso de once puntos adquirido cuando se consiguió la prórroga de la aplicación de la Ley 20.998, ley que, según los dirigentes, a todas luces perjudica el buen funcionamiento de este sistema que ya lleva varias décadas en el país, suministrando el vital elemento a más de tres millones de chilenos. Coinciden los dirigentes en decir que los APR necesitan una legislación que les permita continuar desarrollando su función en forma eficiente, sin trabas burocráticas, considerando que su gran preocupación es por el mundo rural y ahora además, por muchos sectores aledaños a las ciudades que, por el crecimiento urbano, están siendo absorbidos por las urbes, sectores que no desean perder su autonomía en el suministro del agua potable a manos de las grandes sanitarias.

La ley que se pretende poner en marcha, según los dirigentes y algunos funcionarios de los organismos estatales encargados de aplicarla, fue redactada en Santiago, a espalda de los actores más relevantes del sistema, y carece de la sensibilidad necesaria para resolver los problemas reales que se enfrentan.

El único tema que los dirigentes han logrado poner en carpeta para el estudio de los parlamentarios, se refiere a la exención definitiva del IVA a los APR, pero esta modificación va atada a una aceptación del resto de la ley, muchos de cuyos artículos son rechazados por la directiva y las bases de APR´s Chile. Por este motivo los dirigentes de APR´s Chile se reunieron hace un mes con la ministro de Obras Públicas y otros dirigentes del sector para plantearles las mismas inquietudes que en su momento pusieron en conocimiento del Presidente de la República y del ministro de esa época, pero, aseguran, las autoridades del sector han manifestado muy poca preocupación por los temas planteados, lo que los obliga a acudir a la máxima autoridad de la Nación, marchando hacia La Moneda, de manera de causar algún impacto mediático que haga girar la mirada de las autoridades hacia un problema causado por una mala ley, cuya fecha de implementación se acerca inexorablemente. .

En el Parlamento, han comprometido su apoyo los diputados de la región señores Benjamín Moreno, Francisco Pulgar y Felipe Donoso. El diputado Moreno, miembro de la comisión Hídrica de la Cámara, ofreció a la directiva de APR´s Chile presentar un proyecto de ley que permita revisar, punto por punto, la Ley 20.998, además de agregar una cláusula que brinde protección a dirigentes y funcionarios de los APR, que en el último tiempo han debido lamentar, en el ejercicio de sus funciones ad honorem, el asesinato de un dirigente en la Región Metropolitana y la agresión a dos dirigentes de la Región del Bío Bío.

En las últimas horas la Cámara de Diputados aprobó en un primer trámite la exención del pago del IVA a los APR, pero no se ha logrado erradicar la condición de integrarse al Registro de Operadores exigido por la ley para poder acogerse al beneficio. Es de esperar que en el Senado de la República se consiga la promulgación de una ley, que efectivamente resguarde los intereses de todos los chilenos que bebemos agua de esas importantes fuentes.

Durante la última semana de mayo un grupo de diputados oficialistas a través de una moción parlamentaria, presentaron un proyecto de ley que tipifica el delito de “negacionismo”, prevé sanciones de privación de libertad y fuertes multas pecuniarias para quienes incurran en este tipo de conductas. Si bien, en la actualidad existen varios proyectos de ley en el Congreso relacionados con esta temática, las declaraciones del consejero constitucional Luis Silva dieron nuevos bríos a la idea de la proscripción del “negacionismo” en Chile. Silva en una entrevista sostuvo que, Augusto Pinochet, a pesar de las violaciones a los Derechos Humanos verificadas en su régimen, fue un estadista y que a 50 años del 73´ es necesario llevar a cabo “una lectura un poco más ponderada de su gobierno”.

En este contexto, nos ha parecido oportuno explicar sucintamente qué es el “negacionismo”.

El “negacionismo” es un fenómeno político social que tiene su origen y se desarrolla principalmente en Europa y se relaciona con la proliferación de una serie de opiniones, columnas e investigaciones que han puesto en duda el holocausto nazi o bien han minimizado sus atrocidades. Se puede decir que el “negacionismo” es un conjunto de comportamientos y discursos que tienen en común la negación, total o parcial, de la veracidad de hechos históricos percibidos por la mayor parte de una comunidad, como conductas de injusticia máxima y por tanto deben ser prohibidas.

La reacción frente al “negacionismo” en el continente europeo ha sido drástica. Así, el Consejo de la Unión Europea (2018) ha señalado que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que se castiguen una serie de conductas intencionadas que favorezcan la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, etc.

En la actualidad es posible constatar una suerte de expansión del concepto de “negacionismo”, ya que se comienza a extender más allá del solo cuestionamiento al Holocausto y de los crímenes de genocidio y contra la humanidad. Así, se comienzan a escuchar voces que llaman a sancionar los discursos que niegan, por ejemplo, el cambio climático o la efectividad de la vacunas validadas científicamente. Lo cierto es que el “negacionismo” es una figura que entra en tensión con la libertad de expresión, ya que supone un límite a su ejercicio. En este contexto, creo que la tipificación del delito de genocidio, es un límite razonable y aceptable a la libertad de expresión con base en los valores que subyacen a esta decisión política, en especial el respeto a la dignidad humana como eje central del desarrollo de las sociedades democráticas.

En todo caso, considero que cualquier figura que sancione el negacionismo debe partir de la base de la determinación precisa de lo que se va a entender por tal, ya que, si estas prohibiciones se dejan establecidas en forma demasiado abierta, la figura puede ser utilizada no solo para salvaguardar los bienes jurídicos que busca proteger, sino que también para censurar y obstaculizar la libre circulación de las ideas, aspecto esencial en cualquier sociedad democrática.