e l narco T ráfico Y el olor a fraude marcan inicio de elecciones en g uaT emala

s eñalan falTa de diligencias en la causa por el asesinaT o de r omero en e l s alvador

Los políticos vinculados al narcotráfico y un posible fraude han marcado el inicio del proceso electoral en Guatemala, en medio de la apatía de la población por los comicios programados para junio próximo.

Desde que se abrieron las inscripciones el 25 de enero para participar en las elecciones guatemaltecas, los escándalos se acumulan mientras cae la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente a cargo de los comicios generales del próximo 25 de junio.

“Estamos repitiendo cosas que ya hemos visto, y definitivamente ahora es peor que nunca”, advierte sobre el proceso electoral y la inscripción de candidatos la abogada María del Carmen Peláez, analista e investigadora de la organización Diálogos, en declaraciones a EFE.

La misma opinión externaba esta semana el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral Mario Guerra Roldán. “Se ve clara esa falta de independencia y entre lo que fue y lo que es actualmente el TSE”, advertía el abogado en una emisora radial. “Me da pena una institución que tuvo tanta confianza de la población”, añadió. El principal protagonista de los comicios, como ya lo habían advertido conocedores de la

“Tribunal Supremo Electoral de vetar la participación del binomio del partido de izquierda Movimiento Por la Liberación de los Pueblos (MLP), integrado por la líder indígena Thelma Cabrera y su candidato a vicepresidente, Jordán Rodas, también por supuestos reparos legales.” política guatemalteca, ha sido el narcotráfico, ya que hay al menos diez políticos vinculados al tráfico de drogas que han intentado ser inscritos para participar en las elecciones, y algunos lo han logrado.

Entre ellos se encuentra la diputada de la alianza oficialista Sofía Hernández, aliada del presidente Alejandro Giammattei, quien tiene dos hermanos acusados por el Departamento de Estado de Estados Unidos de pertenecer a la organización de narcotráfico denominada “Los Huistas”, que opera en el norte de Guatemala.

La misma suerte para competir por un espacio en el Congreso tiene Esduin Javier Javier, actual alcalde del municipio de Ipala, en el este del país. Javier Javier tiene un proceso penal abierto por sicariato y es señalado de tener vínculos con el narcotráfico.

Por su parte, al excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien cumplió una pena por lavado de dinero para el nar - cotráfico en Estados Unidos, fue aceptado inicialmente para participar como postulante para diputado en los próximos comicios.

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral tuvo que dar marcha atrás en su decisión sobre Baldizón ante la presión de diferentes actores políticos, incluida la cúpula empresarial.

De igual forma, la máxima autoridad electoral guatemalteca aceptó la participación de decenas de políticos que han estado sindicados en el país de lavado de dinero, tráfico de influencia y hasta homicidio, pese a que la ley establece la “idoneidad” para buscar cargos públicos.

En el listado también van cinco diputados que buscarán su reelección pese a que Estados Unidos los acusó en los últimos años de corrupción y los sancionó con el retiro de sus visados para ingresar a la nación norteamericana.

Abogados querellantes en la causa penal por el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980) en El Salvador señalaron la falta de diligencias “efectivas y contundentes” para investigar y “encontrar la justicia” 43 años después del hecho perpetrado por un francotirador.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador dictó en mayo de 2017 la reapertura de la causa por el homicidio de monseñor Romero y en octubre de 2018 ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación.

No obstante, el abogado Alejandro Díaz, de la organización humanitaria Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, denunció durante esta jornada en una conferencia de prensa “la impunidad en el caso judicial”.

“En el 2017 se reapertura la causa y han pasado varios años ya y no se han realizado diligencias efectivas y contundentes para encontrar la verdad y para llevar la justicia hasta los responsables del crimen, que sigue en la impunidad a 43 años de perpetrado”, apuntó.

El letrado Ovidio Mauricio, también de Tutela Legal, agregó que “el Estado no muestra interés en esclarecer el caso, no investiga, no abre archivos militares ni de inteligencia, sino que continúan perpetuando la impunidad al proteger a los asesinos”.

Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

El santo salvadoreño se pronunciaba contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil, con lo que se alzó como un referente en la defensa de los más vulnerables.

El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido del que fue diputado y candidato presidencial.

Dicho documento también apunta que en la planificación y ejecución del asesinato participaron el capitán Álvaro Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

La anulación de una ley de amnistía de 1993 por una fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 permitió la reapertura de este caso y de los procesos por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y de 6 sacerdotes jesuitas (1989), ambos con avances lentos y sin resoluciones aún. Romero fue canonizado en Roma el 14 de octubre de 2018 ante miles de personas, después de que el papa Francisco firmara meses antes un decreto que reconoce el milagro atribuido al religioso.

El santo salvadoreño ya fue beatificado en mayo de 2015 en una multitudinaria misa.