Contratos millonarios

se atreven a tocar, porque de esa torta depende la democracia colombiana y sus altísimos cargos. Con el cambio de gobierno nos dimos cuenta de que hay más de un millón de contratistas y que eso sí “son indispensables para la prestación de un buen servicio público”, según sus defensores.

Por: Carlos Enrique Campillo Parra Abogado - Profesor Universitario En exclusiva para el Diario TU RAZÓN DEL VALLE

Los contratos de prestación de servicios se convirtieron en una “olla podrida” a causa de que los políticos cogieron el presupuesto público y mediante esa modalidad organizaron financieramente a sus pupilos para hacer política partidista. Es decir, una violación flagrante y directa de la ley que ni los organismos de control ni la Fiscalía,

Los medios de comunicación que apoyan los partidos de derecha, son voceros oficiosos de tales escándalos, porque les conviene que esos personajes y personajillos se mantengan en el poder para seguir disfrutando de las monumentales participaciones burocráticas de sus amigos y de los aportes publicitarios que les representa tener en las entidades personas que les estén contando cuánto presupuesto hay para publicidad oficial y cuándo saldrán las invitaciones para proponer las campañas necesarias para que el gobierno mantenga su buena imagen.

Lo que no cuentan es que dichos contratos de servicios no tienen objeto definido porque los funcionarios encargados de asignarlos se inventan los estudios correspondientes, a veces los copian con el mismo objetivo y nunca aparecen los resultados por ninguna parte. Si por lo menos rindieran un informe de sus importantes hallazgos o actividades cumplidas, eso justificaría el gasto.

Pero por otro lado si se trata de apoyo a la gestión pública deberían crear los cargos, proveerlos por concurso de méritos y vincular todo ese personal a la carrera administrativa.

Pero hay casos en que participan en los concursos y no pasan los exámenes como ocurre en algunas entidades donde los contratistas dicen que los están persiguiendo, cuando la verdad es que no fueron competentes para superar la etapa de evaluación de conocimientos. Casos conocimos en anteriores gobiernos donde una sola persona tenía más de cinco contratos y hasta más de 20 por claras influencias politiqueras.