Energias renovables

ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA COMPETITIVIDAD EN MÉXICO

Responsable de la redacción e investigación: Dra. Isabel Studer, Directora Fundadora, Instituto Global para la Sostenibilidad Asistencia de investigación: Ing. Alejandro González y Mtra. Talia Contreras, Instituto Global para la Sostenibilidad Diseño y producción: Lic. Paloma Trujano, Instituto Global para la Sostenibilidad

Impreso en papel reciclado.

Mayo 2014

Todos los derechos reservados. Instituto Global para la Sostenibilidad de EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey.

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RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES Aunque las energías fósiles seguirán siendo la base del desarrollo económico mundial durante las siguientes décadas, las fuentes renovables adquirirán mayor relevancia, convirtiéndose en un elemento esencial para el desarrollo y bienestar futuros de la humanidad. Además de ser un recurso inagotable, las energías renovables generan beneficios adicionales al reducir los costos sustanciales asociados con la contaminación y el impacto a la salud del uso del petróleo, el carbón y el gas.

También son un componente esencial para enfrentar el cambio climático, fenómeno cuyos efectos son cada vez más severos y están obligando a una transformación fundamental en el desarrollo económico como lo conocemos desde la Revolución Industrial.

Por lo tanto, México necesita un sector energético diversificado, en el que una canasta de fuentes de energía renovable distintas sea un componente esencial para alcanzar la seguridad energética, mejorar la competitividad presente y futura del país y garantizar el bienestar de todos los mexicanos.

A pesar de que muchas leyes y programas públicos del gobierno mexicano han señalado el desarrollo de fuentes energéticas alternativas como una prioridad, los avances han sido minúsculos, sobre todo si se comparan estos con el gran potencial de energías renovables que tiene México y con los avances que se han registrado en otros países, incluyendo a China, Estados Unidos y Brasil.

Si bien incluyó al sector eléctrico, la Reforma Energética de 2013 ha puesto el acento en los hidrocarburos como la clave para lograr la competitividad económica y el bienestar de los mexicanos. El aumento de la disponibilidad de hidrocarburos es necesaria para lograr estos objetivos, pero no es suficiente para conseguir la seguridad energética y la competitividad en el largo plazo y menos aún para cumplir la meta de obtener el 35% de la electricidad a partir de las energías no fósiles, establecida en la Ley de Cambio Climático.

La apertura del sector eléctrico, contemplado en la Reforma Energética, es una medida acertada porque da fin a la situación monopsónica de la CFE, permitiendo una mayor participación del sector privado en la promoción de las inversiones necesarias para la modernización del sector eléctrico, incluyendo aquellas en las redes de transmisión y distribución que son esenciales para el desarrollo de las energías renovables.

La Ley de la Industria Eléctrica ofrece una visión moderna para un sector eléctrico competitivo.

Sin embargo, esta es una ley de transición pues no se podrá desmantelar fácilmente y en unos cuantos años el poder dominante del que goza la CFE. Aquí será central el papel de los órganos reguladores y del nuevo operador del sistema para lograr la participación de más actores para crear un mercado eléctrico competitivo.

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En el caso de las energías renovables, la apertura concebida en la Reforma Energética es un paso indispensable pero no es suficiente para resolver las barreras económico-financieras, tecnológicas y de capacidad institucional que han impedido el aprovechamiento del potencial de México en estas fuentes energéticas, dejando pasar la oportunidad para convertirlas en motor de crecimiento económico e impulso a la innovación y productividad del país.

En este contexto, el Foro de Energías Renovables para la Competitividad, convocado por el Instituto Global para la Sostenibilidad de EGADE-Business School, del Tecnologico de Monterrey, hace las siguientes recomendaciones: 1. Que se evite crear una dependencia respecto de un solo combustible, como es el gas, para la generación de electricidad y que no se realicen inversiones de infraestructura a tal punto que se pongan candados estructurales para el desarrollo de opciones futuras que garanticen una efectiva diversificación de las fuentes energéticas para la producción de electricidad.

2. Que el CENACE cuente con una estructura de gobernanza que sea “neutral” y representativa de todos los intereses del sector y que no esté supeditada a decisiones políticas del gobierno en turno, para lo cuál deberá hacer transparente toda la información necesaria para tomar sus decisiones.

3. Una CRE autónoma también es indispensable para la existencia de un mercado competitivo, con las tarifas eléctricas definidas sobre bases técnicas, reflejando los costos de la electricidad, permitiendo que las energías renovables puedan participar sobre una base de competitividad y con el campo de juego nivelado. Dado que la mayor autonomía otorgada a la CRE mediante la Reforma Energética no fue a nivel constitucional, que se establezca un Comité Evaluador Independiente, formado por expertos que representen a los distintos actores del mercado eléctrico, que pemita un diálogo con ciudadanos y el Congreso y que tenga como función realizar evaluaciones independientes y periódicas sobre el desempeño de la CRE, ofreciendo un contrapeso a aposibles decisiones políticas tomadas por la SENER. 4. Que la planeación necesaria para construir un sector eléctrico moderno y competitivo, que cuente con una red eléctrica nacional interconectada e inteligente, capaz de almacenar energía, con líneas de distribución en todo el territorio nacional y que permita el respaldo de las energías renovables y el

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aprovechamiento de las fuentes energéticas locales para abastecer la demanda, recaiga en el CENACE, como operador del sistema eléctrico.

5. Que haya una mayor congruencia entre la política ambiental y la energética y que la estrategia de “transición para el uso de tecnologías y combustibles más limpios” que por mandato del decreto de Reforma Energética debe establecer el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía establezca claramente un plan de acción y metas anuales para las energías renovables, por tecnología, con el fin lograr la meta del 35% de electricidad generada por fuentes no fósiles para el 2024.

6. Que, dada la incertidumbre generada por el largo periodo requerido para definir el marco legal y regulatorio y los ajustes institucionales necesarios para crear un mercado eléctrico moderno y competitivo, se otorgue un periodo de transición en el que se mantengan las medidas de fomento que han permitido que se desarrollen las energías renovables hasta ahora y durante la cual que se puedan desahogar las solicitudes de permiso que están pendientes en la CRE. 7. Que se cree una nueva Ley de Energías Renovables, que reemplace a la LAERFTE, que sea congruente con el nuevo marco regulatorio promovido por la Reforma y que mantengan las medidas de fomento a las energías renovables que ahora existen, como son el netmetering, el cálculo de las tarifas de porteo tipo estampilla postal, el banco de energía, etc, y que se creen más y mejores medidas de fomento a las energías renovables, propiciando una mayor igualdad de condiciones entre estas últimas y las fuentes fósiles, que pueden incluir mecanismos exitosos como son las subastas, que aunque existen por ley, no se han utilizado.

8. Que el Programa Nacional de Aprovechamiento de Energías Renovables sea más explícito en torno a las políticas públicas y los mecanismos que se utilizarán para elevar la participación de las energías renovables en la meta del 35% de electricidad a partir de fuentes no fósiles para el 2024. Entre otros, que enuncie cómo operarán los Certificados de Energías Limpias o de Reducción de Emisiones de contaminantes, contemplados en la Ley de la Industria Eléctrica, y que se establezcan metas específicas para la producción de energías renovables, no sólo limpias.

9. Que se nivele el terreno del juego, removiendo los subsidios a las energías fósiles que siguen siendo considerables en México, que se den a conocer los resultados de la metodología para calcular las externalidades asociadas a la generación de electricidad en México, según el decreto aprobado para tal propósito en diciembre del 2012, y que la ANSIPA asuma el mandato de realizar estudios similares para el sector petrolero y de gas, a fin de establecer el precio real de las energías fósiles, ampliando la cobertura y el impacto del impuesto al carbono.

10. Que se desarrolle una evaluación de sostenibilidad de los proyectos de energía renovables que incluya de manera integral los impactos sociales, ambientales y económicos sobre las comunidades próximas a los proyectos.

11. Que se impulsen las inversiones en las energías renovables como un motor de innovación, transferencia tecnológica y de crecimiento verde en México. Además de que el gobierno federal destine más recursos al Fondo de Sustentabilidad (en tanto que hoy dos terceras partes del gasto en ciencia y tecnología se concentra en hidrocarburos), sobre todo que genere las condiciones, a través de mecanismos de mercado, para la participación del sector privado y el surgimiento de asociaciones público-privadas para la investigación y el desarrollo que propicien el uso de energías renovables por parte de empresas, grandes, pequeñas y medianas, para la expansión de los mercados locales y de exportación.

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DE NO TOMAR ACCIONES CONTUNDENTES PARA AUMENTAR LA OFERTA ENERGÉTICA, MÉXICO CORRE EL RIESGO DE CONVERTIRSE EN UN IMPORTADOR NETO DE ENERGÍA EN EL CORTO PLAZO.

Existe un consenso generalizado sobre cómo la innovación energética, derivada de la necesaria transición hacia economías bajas en carbono, será el motor del crecimiento económico y una fuente importante de competitividad en las próximas décadas.

El aumento en el precio de algunas energías fósiles convencionales como el petróleo, reflejo de la creciente escasez de estos recursos, y un crecimiento vertiginoso en la demanda energética por parte de las economías emergentes han propiciado la innovación tecnológica para la extracción de vastos recursos fósiles no convencionales, como el gas de lutitas, y el uso de infinitos recursos renovables, como el viento y el sol, los que antes se consideraban inutilizables por el alto costo de las tecnologías requeridas para su generación.

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Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático, que son cada vez más severos y más costosos, conducen a una mayor conciencia sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), una gran parte de las cuales se generan por la quema de las energías fósiles y son causa del calentamiento global.

Aunque las energías fósiles seguirán siendo la base del desarrollo económico mundial durante las siguientes décadas, las fuentes renovables adquirirán mayor relevancia, convirtiéndose en un elemento esencial para el desarrollo y bienestar futuros de la humanidad.

Además de ser un recurso inagotable, las energías renovables generan beneficios adicionales al reducir los costos sustanciales asociados con la contaminación y el impacto a la salud del uso del petróleo, el carbón y el gas.

Las energías renovables en México siguen enfrentando barreras económico-financieras, tecnológicas y de capacidad institucional que han impedido el aprovechamiento de tal potencial, con lo que también se pierde una oportunidad para convertirlas en un motor de crecimiento económico y generación de empleos e impulso a la innovación y productividad del país

México se encuentra en un momento clave tanto en la redefinición de su política energética como en la consolidación de las medidas que ya ha adoptado para reducir sus emisiones GEI, en particular con la implementación de la Ley de Cambio Climático, aprobada en 2012. A la par de estos esfuerzos por disminuir la intensidad e ineficiencia energéticas, México necesita un sector energético diversificado, en el que las energías renovables sean un componente esencial para alcanzar la seguridad energética, mejorar la competitividad presente y futura del país y garantizar el bienestar de todos los mexicanos.

Dichas recomendaciones fueron vertidas en tres sesiones del Foro de Energías Renovables para la Competitividad en México, convocadas por el Instituto Global para la Sostenibilidad de EGADE Business School-Tecnológico de Monterrey, y en las que participaron un destacado grupo de expertos, empresarios y representantes de instituciones públicas y financieras así como de distintas asociaciones de energías renovables en México (véase Anexo). Las ideas del Foro, regido bajo las reglas de Chatham House, y plasmadas en este documento, no pueden atribuirse a ninguno de los participantes en particular.

A pesar de que muchas leyes y programas públicos del gobierno mexicano han señalado el desarrollo de fuentes energéticas alternativas como una prioridad, los avances han sido minúsculos, sobre todo si se comparan con el gran potencial de energías renovables que tiene México y con los avances que se han registrado en otros países, incluyendo a China, Estados Unidos y Brasil.

Al ser permanente, plural y representativo de distintos sectores de la sociedad mexicana, el Foro de Energías Renovables para la Competitividad en México busca generar una visión de conjunto sobre cuál debe ser la agenda de política pública y los lineamientos de un plan de acción que impulsen dichas energías como fuentes de competitividad y crecimiento verde en nuestro país.

Las energías renovables en México siguen enfrentando barreras económico-financieras, tecnológicas y de capacidad institucional que han impedido el aprovechamiento de tal potencial, con lo que también se pierde una oportunidad para convertirlas en un motor de crecimiento económico y generación de empleos e impulso a la innovación y productividad del país.

Este documento presenta una serie de recomendaciones sobre cómo enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades para lograr la diversificación de la matriz energética mediante un aumento de las energías solar, eólica, geotérmica y bioenergía en México.

La primera parte del documento presenta, a manera de contexto, el diagnóstico sobre el papel de las energías renovables en la necesaria transición hacia economías bajas en carbono así como la brecha que existe entre el discurso y la realidad sobre la promoción de las energías renovables en México.

En la segunda parte se identifican los retos y las oportunidades para el desarrollo de las energías renovables en México, haciendo recomendaciones sobre aquellos aspectos esenciales para que las renovables tengan un papel más destacado en la matriz energética del país. Apuntamos aquellos que, fueron omitidos en el decreto de la Reforma Energética y en las leyes secundarias derivadas de los mismos.

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I. Energías renovables: clave del rompecabezas La transición hacia una economía baja en carbono será obligada, como lo será el desarrollo de las energías renovables como un elemento central de esta transición al menos por dos razones.

En Estados Unidos, el costo de las “externalidades” en el ciclo de vida del carbón (extracción, distribución, consumo y disposición) duplicaría el costo de la electricidad generada por carbón, haciendo la generación de electricidad a partir de energía solar, eólica y otras fuentes limpias costo-competitivas

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La primera se refiere a la creciente dificultad para extraer a un costo competitivo recursos fósiles suficientes para atender una creciente demanda mundial por energía (con estimaciones de crecimiento entre el 27% y 61% para el 2050).

En el caso de las economías emergentes la demanda energética será particularmente aguda, creciendo a un ritmo mucho mayor que la capacidad de generación de la misma. A lo que se suma el

agotamiento progresivo de algunas energías fósiles convencionales, en particular por lo que respecta a las reservas petroleras convencionales, aún cuando las reservas de gas natural puedan ser mayores a las que hasta hace algunos años se estimaba y el carbón siga siendo la energía fósil más abundante del planeta que dure otros 100 años.

Ciertamente, los recursos no convencionales podrán ser explotados de una manera costoeficiente mediante mejoras en la tecnología existente, por ejemplo el fracking o fracturación hidráulica que está permitiendo acceder a vastos recursos de gas y petróleo de lutitas.

Sin embargo, los costos de la explotación, distribución y uso de estas energías en términos de la contaminación, la salud así como de la afectación a recursos clave como el agua o a la atmósfera es mucho mayor que los beneficios obtenidos de los mismos.

Por ejemplo, debido a que el uso de energías fósiles requiere de importantes volúmenes de agua para su producción, se calcula que la demanda por agua para la producción de energía crecerá dos veces más rápido que la demanda de energía.

Los costos o externalidades asociadas a la exploración, explotación y utilización de los recursos fósiles (como la contaminación al aire y al agua, los efectos nocivos en la salud o los geopolíticos generados por la necesidad de mantener un acceso asegurado a estos recursos) inciden, cada vez más, en las decisiones por buscar alternativas energéticas que permitan la reducción de los mismos.

Un estudio reciente en Estados Unidos calculó que el costo de las “externalidades” en el ciclo de vida del carbón (extracción, distribución, consumo y disposición) es de alrededor de la mitad de un billón (trillion, en Inglés) de dólares anualmente, lo cual duplica el costo de la electricidad generada por carbón, haciendo la generación de electricidad a partir de energía solar, eólica y otras fuentes limpias costo-competitivas.

Una segunda razón de peso para transitar hacia una economía baja en carbono es el cambio climático, sin duda el reto ambiental del siglo XXI, cuya causa es la acumulación

de emisiones de los Gases Efecto Invernadero (GEI) que resultan en gran parte de la quema de combustibles fósiles.

a hacer esta transición hacia una economía baja en carbono, si no para combatir al cambio climático, sí para mantener su competitividad.

Ha sido claramente documentado que los costos por las alteraciones climáticas, sean sequías, inundaciones, huracanes, etc., pérdida de biodiversidad, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y otras afectaciones pueden llegar a ser extraordinarios y sin duda mucho mayores a las inversiones necesarias para mitigar las emisiones de GEI.

Si bien Estados Unidos y China se rehúsan a adoptar compromisos internacionales de mitigación de dichas emisiones, muestran avances importantes en su eficiencia energética y en el desarrollo de una capacidad de energías renovables.

Como lo ha confirmado la comunidad científica internacional, las alteraciones climáticas pueden ser incluso irreversibles si la temperatura rebasa los 2.5 grados centígrados.

La reducción de las emisiones GEI implica necesariamente una reconfiguración del sector energético mundial, ya que éste es responsable de las dos terceras partes de las emisiones totales de estos gases (la cifra para México es 70%).

Es, pues, preocupante el desempeño de México comparado con el promedio mundial en el desarrollo de energías renovables, ya que presenta un notable rezago, incluso frente a América Latina.

Mientras en América Latina más del 50% de la energía eléctrica proviene de fuentes renovales, en México sólo representan apenas entre el 18% y el 22%.

La transición hacia economías bajas en carbón será obligada, como lo será el desarrollo de las energías renovables para lograr dicha transición

Aunque las medidas de conservación y de un uso más eficiente de las energías fósiles son necesarias para abatir dichas emisiones, no son suficientes y por tanto tendrán que venir acompañadas de una la participación más destacada de las energías alternativas, obligando a un cambio fundamental en el modelo de desarrollo que ha seguido la humanidad desde la industrialización.

Comparada con los grandes emisores de GEI, como Estados Unidos y China, la contribución de México al cambio climático es menor, nuestro país estará obligado

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MÉXICO:

BRECHA ENTRE METAS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA REALIDAD

La seguridad energética ha sido reconocida como una prioridad gubernamental, como ha quedado claro en el debate sobre la Reforma Energética y en distintos documentos oficiales, incluyendo la Estrategia Nacional de Energía, la que señala que, de no tomar acciones contundentes para aumentar la oferta energética, México corre el riesgo de convertirse en un importador neto de energía en el corto plazo. Solamente en la última década, mientras el consumo de energía en el país creció a un promedio anual de 2.08%, tasa superior a la que presentó el Producto Interno Bruto (PIB), cuyo crecimiento anual fue de 1.82%, las reservas probadas de petróleo en México entre 2003 y 2012 disminuyeron en 31.2% en tanto las reservas probables disminuyeron en 27.2%.

En este mismo periodo, la producción nacional de gas natural creció anualmente en 2.2%, al tiempo que la demanda aumentó en 4.2%, y las importaciones crecieron en 11.3% anual y aportaron 31.9% del consumo nacional. En este contexto de escasez de reservas fósiles en México no sorprende que la Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (2008), y luego la Ley General de Cambio Climático (2012), estableciera como meta, para el 2024, la generación de al menos el 35% de la electricidad nacional a partir de energías no fósiles.

Asimismo, la Reforma Energética del 2008 estableció las bases legales para el impulso de las energías renovables en México, actualizando el marco jurídico1 e introduciendo instrumentos de fomento como la depreciación acelerada para inversiones en energías renovables.2 A pesar de las metas establecidas en las leyes y en las estrategias y programas gubernamentales, hoy, la participación de las renovables en la matriz energética de México sigue siendo muy limitada, pues en el 2012 representó alrededor del 13% del total de la generación eléctrica, que fue de 260.49 TWh, y apenas 2.9% si se excluye la participación de la hidroelectricidad (2.23% para la geotermia y 0.67% para la eólica)—las grandes hidroeléctricas no son fuentes intermitentes de electricidad y pueden tener afectaciones ambientales importantes, por lo que con frecuencia se excluyen como fuentes renovables.

De la generación mediante fuentes renovables, 39,931 GWh, en el 2013, el 75% provenía de la hidroelectricidad, 14% de la geotermia y el 8% de fuentes eólicas. En particular, la eólica ha mostrado importantes avances pues llegó a este porcentaje en tan solo diez años. Mientras en 2003 su participación fue de apenas 0.02%, y se espera que para finales del 2014 sea similar a la de la geotermia.

1 Leyes y Reglamentos: Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, Ley de Inversión Extranjera; Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energías Eléctricas, Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Programas: Programa para la Promoción de Calentadores de Agua en México (PROCALSOL), Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, Inventario Nacional de Energías Renovables, Prospectivas de Energías Renovables, Valoración de externalidades en la generación de energía eléctrica; Fondos: Fondo para la Transición Energética y Fondo de Sustentabilidad Energética.

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2La depreciación fue establecida en 2005, permite depreciar el 100% de las inversiones “para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables” (Ley del Impuesto sobre la Renta, articulo 40, fracción XII). La depreciación sólo se podrá́ efectuar cuando haya impuesto sobre la renta a cargo. Si la depreciación es mayor que el impuesto, el contribuyente seguirá́ depreciando la inversión en los años siguientes. Con el fin de impedir que este mecanismo favorezca las inversiones en tecnologías de baja calidad, se establece que “lo dispuesto en esta fracción será́ aplicable siempre que la maquinaria y equipo se encuentren en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el que se efectúe la deducción.”

Generación eléctrica mediante fuentes renovables (GWh/año)

Como ya mencionamos, es preocupante el rezago de México en el desarrollo de estas energías como fuente de electricidad, comparado con el promedio mundial, e incluso frente a otros países de América Latina, sobre todo si consideramos las grandes ventajas geográficas, la abundancia de recursos y las condiciones climáticas favorables con los que cuenta el país, según el Inventario Nacional de Recursos Renovables

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética y la Prospectiva de Energías Renovables 2013-2027.

Potencial de generación eléctrica con energías renovables (GWh/año)

Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2013-2027 con datos del Inventario Nacional de Energías Renovables.

Se espera que en los próximos años haya una aceleración de la energía eólica en el autoabastecimiento y de la energía solar fotovoltaica en la generación distribuida, las cuales en febrero de 2014 contaban con 50 y 62 permisos otorgados por la CRE respectivamente, con una capacidad de 6 GW (4.9 GW para eólica y 1 GW para solar) y con expectativas de crecimiento a 7.9 GW para el 2018 (1 GW en solar y 5 GW en eólica).

Sin embargo, queda claro en las cifras del escenario de planeación 2013-2027 de la SENER que será difícil conseguir la meta del 35% de electricidad a partir de

fuentes no fósiles establecido en la Ley de Cambio Climático.

Es evidente en el escenario alterno al de planeación 2013 que se requeriría un aumento muy considerable tanto de la energía eólica como de la energía nuclear para lograr dicha meta: la eólica tendría que pasar del 6.6% del total en el escenario de planeación actual al 16.6%, y la nuclear, del 2.3% del escenario de planeación al 7.8% en el escenario alterno.

En este último, la proporción de electricidad generado a partir de ciclo combinado tendría que disminuir del 66.1% planeado al

56.1%, según el escenario alterno.

Este escenario implicaría un cambio sustancial en la estrategia actual que apuesta al gas natural como el combustible predominante para la generación de electricidad.

Llama la atención que el escenario alterno no considere un aumento para una canasta más amplia y diversa de tecnologías renovables—ya que se centra en la energía eólica—sobre todo si se consideran las proyecciones mundiales de crecimiento tanto de la energía solar como de la geotermia.

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Aunque la política energética actual reconoce la importancia estratégica de la diversificación de las fuentes renovables, no se han diseñado las políticas públicas ni los mecanismos e instrumentos para impulsar el desarrollo de estas fuentes energéticas con miras a cumplir las metas planteadas.

A pesar de las políticas, programas y regulaciones del sexenio pasado, no se cumplió el objetivo de la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía de alcanzar en 2012 una participación del 8% de las energías renovables en el total de generación eléctrica, excluyendo a las grandes hidroeléctricas.

Con el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa la brecha entre

El gas natural aparece en el discurso gubernamental como un combustible limpio y como “la fuente energética de transición” hacia una matriz energética más limpia y sostenible, mientras que, con excepción de la geotermia, las energías renovables no aparecen de manera explícita en el discurso gubernamental o decreto de la Reforma Energética

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un discurso gubernamental que hace una referencia constante a las energías limpias y, no explícitamente a las renovables, y continúan ausentes los mecanismos adecuados para desarrollarlas.

Es preocupante el que, con excepción de la geotermia, el decreto de Reforma Energética del 2013 no se refiera de manera explícita a las energías renovables, aún cuando refiere a las energías limpias. A pesar de haber incluido al sector eléctrico así como varias referencias a la sustentabilidad energética, la Reforma Energética ha puesto el acento en los hidrocarburos, y en particular en la modernización de Petróleos Mexicanos, como la clave para lograr la competitividad económica y el bienestar de los mexicanos.

El gas natural aparece en el discurso gubernamental como un combustible limpio y como “la fuente energética de transición” hacia una matriz energética más limpia y sostenible (Prospectiva del Gas Natural 2013-2027, Reforma Energética).. Si bien el aumento de la disponibilidad de hidrocarburos es necesaria para lograr estos objetivos, no es suficiente para lograr la seguridad energética en el largo plazo. Y mucho menos para lograr la sostenibilidad ambiental y las metas propuestas en la Ley de Cambio Climático.

Algunos analistas incluso han sugerido que la Reforma Energética debe aprovecharse para hacer de México un actor clave en la “revolución energética” que se está gestando a partir del descubrimiento y explotación de vastos recursos no convencionales de aceite y gas de lutitas en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

El discurso gubernamental coincide

con esta visión, a pesar de la gran incertidumbre que existe en torno a la extracción de estos recursos, no sólo por los sofisticados procesos y tecnologías que requiere, sino porque aún en Estados Unidos no se han cumplido las expectativas en términos de los volúmenes de producción, ya que ésta presenta costos marginales decrecientes a la inversión así como una gran volatilidad en el precio, lo cuál pone en cuestión la rentabilidad de los proyectos, sobre todo de gas shale.

Aunque el tema causa controversia, existe un consenso respecto de las implicaciones ambientales de estas opciones energéticas por el alto consumo de agua, la liberación de metano y la contaminación de los acuíferos asociados a su extracción. De hecho, hay estudios que revelan que el impacto en emisiones de gases efecto invernadero por la explotación del aceite y gas de lutitas podría ser peor que el del gas convencional, del carbón y del petróleo.

Algunos análisis han advertido incluso que, de no desarrollarse la tecnología que reduzca tanto incertidumbre respecto del costo

Con las renovables pueden reducirse los costos de las externalidades y los riesgos asociados con la exploración y extracción de recursos fósiles, puesto que, con excepción de la geotermia, las energías como el sol y el viento son de fácil acceso y no requieren de inversiones en exploración y extracción

real de extracción como sus efectos ambientales, la utilización efectiva de los recursos del aceite y gas de lutitas podrían ser mucho más limitada de lo que se ha proyectado hasta ahora. Más aún, aunque los yacimientos de aceite y gas de lutitas en México podrían ser los sextos más grandes del mundo, la identificación y la estimación de estos recursos son preliminares.

También son inciertos el potencial de desarrollo y la tasa de recuperación de estas fuentes de energía por las condiciones geológicas en algunas zonas donde se encuentran los yacimientos más importantes de estos recursos. Por lo general, estas zonas además carecen del agua, un recurso esencial para su extracción.

En México, PEMEX ha perforado al menos seis pozos de exploración con resultados modestos y planea un presupuesto 6,800 millones de pesos (575 millones de dólares) en 2014. La SENER estima que para atender el potencial de este tipo de recursos Pemex tendría que incrementar considerablemente su presupuesto. Además, el bajo precio del gas (y/o su inestabilidad) tampoco genera grandes incentivos para que haya un aumento significativo en las inversiones privadas para la exploración y explotación de estos yacimientos en nuestro país.

Desde el punto de vista de la generación de electricidad, que es un componente crítico de la competitividad empresarial, la apuesta al gas natural aumentaría la gran dependencia que la Comisión Federal de Electricidad ya de por sí registra respecto de este combustible. Aunque las fuentes para la generación de electricidad son variadas, más del 45% de la electricidad ya se genera mediante el ciclo combinado que utiliza gas natural y el escenario de planeación de la Prospectiva del Sector Energético 2013-2027 estima que aumentará por arriba del 66%.

En los últimos años, la CFE ha reportado pérdidas importantes, en parte vinculadas al uso de combustibles más caros como el combustóleo en vez del gas natural debido a la escasez de este último.

En cambio, las renovables pueden reducir los costos y riesgos de las inversiones en grandes proyectos de infraestructura, como sería una red extensa de gaseoductos que en unas décadas puede hacerse obsoleta. Y, aunque con las renovables pueden

desarrollarse grandes proyectos que requieren infraestructura, también pueden realizarse proyectos de pequeña o mediana escala.

En condiciones de igualdad de competencia (sin subsidios e incorporando las externalidades ambientales), el uso de energías renovables también puede facilitar la descentralización del sistema energético y contribuir a mejorar el acceso de energía en áreas rurales. La democratización de las energías renovables puede ser clave además para conseguir la meta de acceso universal a la energía eléctrica, pues más de 2 millones de mexicanos aún carecen de servicio eléctrico.

Con las renovables pueden reducirse los costos de las externalidades y los riesgos asociados con la exploración y extracción de recursos fósiles, puesto que, con excepción de la geotermia, las energías como el sol y el viento son de fácil acceso y no requieren de inversiones en exploración y extracción.

Aunque tiende a exagerarse la dificultad de la intermitencia para el caso de las energías renovables, ya que todas las fuentes de electricidad son en distinto grado impredecibles, es cierto que una de las barreras más importantes para la utilización más sistemática de las energías renovables es su intermitencia, haciendo más difícil (aunque no imposible) planear su utilización e integrarlas sin contar con sistemas de almacenamiento eficientes.

En varios países, donde la oferta de estas energías es ya importante, son utilizadas de manera complementaria (sol y viento) o como un complemento a las propias energías fósiles en horas pico, por ejemplo cuando la demanda es mayor que la oferta energética.

Asimismo, los avances en las tecnologías de almacenamiento están conduciendo en algunos lugares como California a la introducción de regulaciones para que los generadores de electricidad cuenten con capacidad de almacenamiento. En todo caso, según algunas estimaciones, se predice que el costo de las baterías de almacenamiento para energías renovables caerán en 57% por KWh para el 2020.

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Este es el tipo de asuntos que deberían ser parte de las políticas públicas para impulsar las energías renovables en el país.

Si bien el Programa Nacional de Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014 tiene como objetivo establecer las políticas que permitan cumplir las metas de la Ley de Cambio Climático, los objetivos ahí plasmados son muy generales y ambiguos y las líneas de acción son más bien una lista de objetivos específicos que no ofrecen detalles de cómo y a través de qué instrumentos de política se lograrán los objetivos planteados.

Puesto que este programa especial parte del presupuesto de que “falta información para saber cómo aprovechar los recursos renovables”, muchas de las acciones concebidas en el programa están destinadas a generar tal información, por lo que muchas “líneas de acción” incluyen el desarrollo de diagnósticos, estudios, análisis, revisiones, evaluaciones, identificación de necesidades y requerimientos, etc.

Como se explicará más adelante, este programa pone el énfasis en la innovación, el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor, pero incluso en estas áreas se queda corto en la propuesta de instrumentos efectivos y metas

Estudios revelan que el impacto en emisiones de gases efecto invernadero por la explotación del aceite y gas de lutitas podría ser peor que el del gas convencional, del carbón y del petróleo

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claras para el desarrollo de las energías renovables.

Es claro que sin un decidido impulso de las energías renovables no sólo no se cumplirán las metas establecidas en la legislación para el 2024, se corre el riesgo de hacer inversiones significativas en infraestructura para el transporte de energías fósiles que podría poner un candado al total de emisiones generadas por fuentes fósiles y crear un costo de oportunidad para invertir en infraestructura necesaria para promover las energías renovables e impulsar la innovación asociada al desarrollo de estas energías. Al no apostar a la diversificación energética, a través de una canasta variada de energías renovables, puede incluso comprometerse la competitividad futura del país.

Una primera recomendación es que México tome la diversificación de las fuentes energéticas, con una canasta variada de energías renovables, como una prioridad no solamente de la legislación sino de las políticas públicas y los instrumentos de política, preferentemente mediante instrumentos de mercado, que permitan un desarrollo acelerado de una amplia gama de energías renovables en el mediano y largo plazos.

Es decir, no depender de un solo combustible, como es el gas, para garantizar el suministro de electricidad.

Si bien el gas puede ser el combustible de la transición, la madurez de las tecnologías para la generación de energía eólica e incluso fotovoltaica y el potencial importante que México tiene en otras fuentes renovables como la geotermia, hace posible su aprovechamiento para reducir el riesgo ambiental e incluso regulatorio que pueden surgir de retos como el cambio climático, la falta de disponibilidad de recursos estratégicos como es el agua o los costos de salud asociados a la extracción y uso de energías fósiles.

Hacer las inversiones necesarias para desarrollar la infraestructura para extraer, transportar y distribuir el gas como una fuente energética predominante puede crear un patrón de dependencia sobre un solo combustible, cuando las proyecciones mundiales para el mediano y largo plazos indican una participación más significativa de las energías renovables. Una matriz energética diversa pero balanceada es la mejor garantía para conseguir las metas de seguridad y sustentabilidad energéticas en el país.

II. Retos y oportunidades para el desarrollo de las energías renovables en México Hay varios factores que explican el que México no haya aprovechado su potencial de energías renovables.

Algunos de los más importantes se refieren a problemas estructurales del sector eléctrico, como son la condición monopólica y monopsónica de la CFE, la ineficiencia y obsolescencia de la infraestructura de generación y transmisión eléctrica y la manera en que se definen las tarifas eléctricas y los subsidios cruzados a la electricidad.

Otras son obstáculos más específicos al desarrollo de las renovables, como son la ausencia de políticas

púbicas, regulaciones e incentivos específicamente diseñados para el impulso de este tipo de energías, la existencia de subsidios a las energías fósiles y la falta del capital humano y de un ecosistema de innovación en el país que pueda apuntalar el desarrollo de tecnologías limpias.

En las próximas páginas se enuncian algunos de los retos y se hacen recomendaciones para aprovechar las oportunidades que también existen para impulsar las energías renovables, sobre todo en el marco de la Reforma Energética.

Una entidad reguladora fuerte Desde 2008, México cuenta con un marco legal específico para el desarrollo de las energías renovables. El impulso de estas fuentes energéticas ha sido reconocido en la legislación e incluso en las estrategias y programas del gobierno federal.

Aunque la actualización del marco jurídico fue importante, así como lo fueron otros instrumentos de fomento como la depreciación acelerada para inversiones en energías renovables, sin lugar a dudas, el papel de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha sido esencial para el diseño de reglas e instrumentos detonadores de estas fuentes energéticas. Los más importantes incluyen el balance medio o netmetering o la interconexión simplificada con la red eléctrica de

fuentes renovables menores a 30kW, lo que ha detonado el mercado de fotovoltaicas de pequeña capacidad, así como la interconexión de sistemas de mediana escala y generación comunitaria; la creación del banco virtual de almacenamiento de energía que permite el aprovechamiento óptimo de la capacidad de las energías renovables y elimina la necesidad de sistemas de almacenamiento; la simplificación de la metodología y el establecimiento de cargos económicos favorables para la transmisión de la energía mediante la “estampilla postal”, un instrumento que optimiza la capacidad y mejora la rentabilidad de los proyectos.

En el decreto de la Reforma Energética de 2013, detallado en la Ley de la Industria Eléctrica, fue

acertada la decisión de darle a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mayores facultades para la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como para fijar las tarifas de porteo para transmisión y distribución.

Fue fundamental el que se le otorgara a la CRE personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión y autosuficiencia presupuestal así como la facultad de determinar las tarifas del servicio público del servicio público de energía eléctrica, de manera que se reflejen los costos reales de la electricidad, es decir que sea la CRE, y no la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la que fije las tarifas eléctricas y los pagos de contraprestaciones con criterios técnicos y transparentes.

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Hasta ahora, la SHCP ha privilegiado consideraciones políticas más que técnicas al fijar las tarifas eléctricas, ya que son muy altas para el sector industrial y comercial y más bajas que el promedio mundial para los sectores residencial (con excepción de la tarifa DAC), de la agro-industria y de servicios. Estos subsidios cruzados además de afectar la competitividad empresarial y promover enormes ineficiencias en el consumo del recurso, terminan minando el patrimonio de la CFE y comprometiendo su capacidad para iinvertir en la infraestructura necesaria que asegure el suministro de electricidad.

Al cobrar tarifas que no reflejan el costo real de la electricidad, la CFE ha actuado más como entidad de asistencia que como una empresa dedicada a generar utilidades y competitividad. Por ello es esencial que, como resultado de las mayores facultades otorgadas a la CRE, los subsidios puedan dirigirse a los sectores de la población que los requieren y que las tarifas reflejen los costos reales de la electricidad y permitan crear un mercado competitivo en el que las energías renovables puedan participar.

A pesar de los avances importantes manifiestos en la Reforma Energética, para que la CRE pueda ejercer estas funciones, hubiera tenido que obtener el rango de órgano con autonomía constitucional, pues aunque el decreto le da mucho mayor con independencia, sigue siendo un órgano desconcentrado de gestión y presupuestal respecto de la SENER. Aunque esta oportunidad se dejó pasar en el decreto de Reforma Energética, sería recomendable que se cree un Consejo Independiente de Evaluación, conformado por expertos, que permita un diálogo con ciudadanos y el Congreso y que tenga como función realizar evaluaciones independientes y periódicas sobre el desempeño de la CRE. Dicho Consejo permitiría a

Los subsidios cruzados además de afectar la competitividad empresarial y promover enormes ineficiencias en el consumo del recurso, han terminado minando el patrimonio de la CFE y comprometiendo su capacidad para invertir en la infraestructura necesaria que asegure el suministro de electricidad

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la CRE contar con un contrapeso a las decisiones que pudieran tomarse desde la SENER favoreciendo consideraciones más políticas que técnicas.

La CRE, como muchas otras entidades reguladoras en México, son órganos desconcentrados de una secretaría de estado, con lo que, a pesar de su independencia frente a la secretaría en cuestión respecto de sus actividades cotidianas, carecen de personalidad jurídica y de presupuesto independiente, por lo que siguen estando subordinadas a dicha secretaría. En otras palabras, y según un análisis de política regulatoria en México de la OCDE, las secretarías de estado a las que están vinculadas estos órganos regulatorios tienen el poder de dictar líneas de acción a las entidades regulatorias y a vetar sus decisiones. En tanto que dichas secretarías responden al Presidente, consideraciones políticas pueden terminar interfiriendo en las decisiones de las agencias regulatorias.

Por lo tanto, aún con las nuevas facultades otorgadas a través de la Reforma Energética, si, por ejemplo, la CRE tomara iniciativas para impulsar las energías renovables porque promueven la competencia y garantizan el abastecimiento de electricidad en el largo plazo, si estas acciones contradicen decisiones de la SENER (o de CFE como empresa productiva del Estado) de favorecer, por ejemplo, la generación de electricidad a partir del gas natural para reducir el precio, al menos en el corto plazo, seguramente prevalecerán estas últimas en detrimento de las iniciativas de la CRE orientadas a un mercado más competitivo y diverso en el largo plazo.

Así, las mayores facultades otorgadas a la CRE mediante la Reforma Energética no necesariamente se traducirían, de facto, en autonomía e independencia para cumplir con sus funciones.

Apertura del sector eléctrico La apertura del sector eléctrico contemplada en la Reforma Energética de 2013 y la transformación de la CFE como una empresa productiva del Estado, permitiendo una mayor participación del sector privado en la generación de electricidad, puede favorecer el desarrollo de las energías renovables.

Una barrera estructural significativa para lograr un sector eléctrico competitivo, que cuente con una participación considerable de energías renovables, ha sido la limitada participación del sector privado en la venta de electricidad.

El sector privado participa con el 36% de la capacidad instalada.

Hasta antes de la Reforma Energética del 2013, los Productores Independientes de Energía (PIEs) no podían vender su electricidad a otro cliente que no fuera la CFE, aunque el autoabastecimiento sí lo hacía vía contratos de largo plazo. Para los próximos 15 años, se estima que México requerirá una capacidad adicional entre 40 GW y 55 GW de nueva capacidad, representando más de dos terceras partes del total de la capacidad instalada a la fecha.

De hecho, hoy más del 30% de la capacidad instalada tiene una antigüedad de 25 o más años de operación. Según algunas estimaciones, para atender estas necesidades se requieren inversiones por más de 1,350 billones de pesos, lo cuál sólo podrá lograrse con la participación del sector privado, como bien apunta la Reforma Energética.

La falta de infraestructura de transmisión eléctrica ha sido un obstáculo para el suministro de electricidad producida a partir de energías renovables debido a que los grandes proyectos de fuentes renovables de energía tienen una ubicación alejada de la red.

Según datos de la SENER, se estima para el 2026 una expansión de 1.1% de la red de transmisión, lo cual contrasta con el aumento de 4.1% de la demanda en el mismo periodo. Considerando que la CFE ha reportado en los últimos años pérdidas en distribución de 15.3% (21.3% incluyendo el proceso de facturación), es difícil pensar que estas necesidades puedan ser atendidas sin la participación del sector privado.

incertidumbre a inversionistas debido a que es un esquema voluntario con horizonte temporal en el largo plazo, además de que ha incrementado el costo de los proyectos pues se tiene que incorporar a la inversión inicial del desarrollo de las redes de transmisión.

Una gran limitante en la Reforma Energética, sin embargo, y que afecta la posibilidad de fomentar las energías renovables, es la falta de apertura en la comercialización de la electricidad.

Aunque la transmisión y distribución de electricidad quedan en la Reforma Energética como áreas exclusivas del Estado, la participación del sector privado vía contratos hace posible la extensión de la red de transmisión a sitios de mayor potencial en energía solar, eólica e incluso geotermia.

Se calcula que hay más de 5,000 MW, la mayoría de capacidad eólica, que aún están desconectados de la red. El esquema de temporadas abiertas de la CRE, la CFE y la SENER ha permitido la expansión de la red de transmisión eléctrica para dar acceso a las energías renovables, pero el esquema presenta obstáculos inherentes a la estructura institucional. Por ejemplo, se ha enfrentado al desinterés de la CFE por tender infraestructura en ciertas zonas, por lo que se retrasa el otorgamiento de permisos. También ha provocado

Para los próximos 15 años, se estima que México requerirá una capacidad adicional entre 40 GW y 55 GW de nueva capacidad en electricidad, representando más de dos terceras partes del total de la capacidad instalada a la fecha

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Si bien, la reforma introduce la figura de los usuarios calificados (aquellos consumidores que puedan optar por comprar directamente en el mercado mayorista), los pequeños consumidores participarán en el mercado mayorista a través de un comercializador de CFE, el cuál podrá adquirir la energía de los generadores que produzcan al menor costo, con independencia de si estos pertenecen a CFE o no. La apertura total del sector a la comercialización solamente se considera para el largo plazo, cuando consumidores medianos y pequeños podrán optar por cambiar de proveedor o adquirir directamente del mercado mayorista. Esta situación condena a los pequeños usuarios a depender del servicio de la CFE. Así, los beneficios de una mayor participación del sector privado en la generación eléctrica podrán no llegar al consumidor final.

Con la Reforma Energética se perdió la oportunidad para introducir mecanismos de apertura a la comercialización a los pequeños usuarios, por lo que será particularmente importante que se realicen evaluaciones periódicas sobre el estado de la competencia en el sector energético y otras acciones de transparencia para impedir que la CFE u otros generadores dominantes afecten la competencia y el funcionamiento apropiado del mercado y terminen repercutiendo en el consumidor final.

El CENACE y la operación neutral del sistema eléctrico La decisión en la Reforma Energética de darle al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el mandato, como organismo público descentralizado, del control operativo del sistema nacional eléctrico y del mercado eléctrico mayorista así como de la gestión del acceso “no discriminatorio” a las redes de transmisión y de distribución fue crucial, como un componente sine qua non para lograr un sector eléctrico eficiente.

Este arreglo podría permitir la eliminación de problemas como el conflicto que existe entre CFE y los autoabastecedores en la interconexión a la red.

Sin lugar a dudas, el papel de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha sido esencial para el diseño de reglas e instrumentos detonadores de estas fuentes energéticas

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Aún cuando hoy ya existen muchas regulaciones para facilitar los contratos de interconexión, ha sido frecuente que, en ocasiones, el desconocimiento del personal de la CFE sobre las mismas dificulte el otorgamiento de dichos contratos.

El que la CFE buscara controlar los contratos de interconexión para “proteger la integridad de la red” explica, por ejemplo, su reticencia para ampliar hasta 500 kW la capacidad en el contrato de interconexión de pequeña escala.

Asimismo, el alto nivel de discrecionalidad de la CFE para establecer los requisitos técnicos de proyectos que han buscado vender su energía a la red han generado costos indirectos de interconexión elevados, en vez de contar con un estándar técnico de interconexión que haga transparentes y facilite los procesos.

Según el decreto de Reforma Energética, las decisiones del CENACE sobre la expansión de la

red de transmisión se basarán en las necesidades de todos los actores del sector y no solamente en las de la CFE, lo cuál podría beneficiar particularmente a los generadores de energías renovables, sobre todo de los grandes proyectos que están localizados lejos de las redes de transmisión.

Sin embargo, para que el CENACE pueda resolver muchos de estos problemas deberá contar con los mecanismos de gobernanza adecuados para operar “neutralmente”, de manera independiente, y no a favor de la CFE, quien al ser un jugador dominante continuará teniendo una ventaja sobre el resto de los generadores de electricidad y quien tendrá también a su cargo el control de las redes de transmisión y distribución.

A pesar de que el CENACE sea un órgano descentralizado (y no desconcentrado como la CRE), y de contar con mayor autonomía relativa tanto presupuestal como en término de su gestión, al no ser un

órgano constitucional autónomo, y al continuar la SENER siendo la entidad coordinadora o cabeza del sector energético, será indispensable que el CENACE cuente con una estructura de gobernanza que sea representativa de todos los intereses del sector y que no esté supeditada a decisiones políticas del gobierno en turno.

En este sentido, será imperativo que el CENACE cuente con un Comité de Expertos que represente a todos los actores del sector eléctrico, que asegure que sus decisiones se tomen con base en consideraciones neutras y sin favorecer a ningún actor.

Para ello, sería conveniente que el CENACE emprenda acciones para asegurar la transparencia de sus decisiones, por ejemplo haciendo pública toda la información sobre la red de transmisión y la capacidad disponible y que se someta a revisiones y evaluaciones periódicas sobre sus decisiones, por ejemplo, por parte de un Comité Asesor externo o incluso la Comisión Federal de Competencia Económica.

Planeación de un sector eléctrico moderno y competitivo Un sector eléctrico moderno y competitivo requiere de la construcción de una red eléctrica nacional interconectada e inteligente, capaz de almacenar energía, con líneas de distribución en todo el territorio nacional y que permita el respaldo de las energías renovables y el aprovechamiento de las fuentes energéticas locales para abastecer la demanda.

Esto requiere de una planeación de largo plazo, que no sólo responda a las necesidades de corto y mediano plazo, sobre todo del gobierno federal en turno. Tal planeación debe recaer en el CENACE, como operador del sistema.

La coyuntura actual de Reforma Energética es particularmente favorable para que las nuevas plantas de generación eléctrica y la infraestructura tanto de redes de transmisión como de distribución se diseñen en función de las necesidades de las energías renovables, las cuáles están destinadas a tener un papel más significativo en la matriz energética en las próximas décadas.

Aunque la Reforma Energética no es clara respecto al papel de estas energías, esta coyuntura ofrece una oportunidad para introducir una mayor flexibilidad en el sistema eléctrico, planeando nuevas redes y utilizando redes inteligentes para cumplir con la meta del 35% de energías limpias en la generación eléctrica para el 2024 y así evitar la necesidad de hacer ajustes (retrofits) en el futuro.

Uno de los mayores retos en este sentido será hacer costo-efectiva la integración de las energías renovables a los sistemas de transmisión y distribución eléctricas, dada la variabilidad de las mismas.

De acuerdo a la publicación de la OECD, The Power of Transformation, la integración de un porcentaje menor al 10% de energía renovable en el total de la electricidad que es transmitida en la red, según un análisis de las experiencias de 15 países, no genera mayores problemas a la operación del sistema eléctrico en general, pero un aumento mayor a dicho porcentaje requiere una transformación comprehensiva y holista del sistema.

Un sector eléctrico moderno y competitivo requiere de la construcción de una red eléctrica nacional interconectada e inteligente, capaz de almacenar energía, con líneas de distribución en todo el territorio nacional y que permita el respaldo de las energías renovables y el aprovechamiento de las fuentes energéticas locales para abastecer la demanda

Esta transformación podría implicar, entre otras cosas, la reducción del número de plantas tradicionales, la mezcla adecuada de energías renovables—no solamente según su costo de generación, sino por su disponibilidad o carácter estratégico en ciertas zonas (por ejemplo, energía distribuida en ciudades o energía solar en ciertas zonas estratégicas donde no hay disponibilidad de otras fuentes energéticas)—la utilización de las energías renovables como una manera de ofrecer estabilidad al sistema en el corto plazo (hoy son fundamentalmente las plantas con fuentes fósiles las que se usan para lograr dicha estabilidad, aunque ya en varias partes del mundo las energías renovables se usan por ejemplo para complementar la demanda en horas pico).

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Congruencia entre las políticas energética y ambiental Llama la atención que, con excepción de la geotermia, en la propuesta de Reforma Energética del 2013 no se haga una referencia explícita a las energías renovables y que los compromisos en materia de emisiones de gases efecto invernadero o de cuidado al medio ambiente incluso en la Ley de la Industria Eléctrica sean poco claros y más bien genéricos, omitiendo una referencia más explícita a las obligaciones establecidas por la Ley de Cambio Climático en esta materia o en torno a la reducción de gases efecto invernadero.

Aunque se incorpora en el artículo 25 de la Constitución el criterio de “sustentabilidad”, en el decreto de Reforma Energética se indica que se harán adecuaciones al marco jurídico, el compromiso parecer ser muy débil, ya que el decreto señala que el Estado “procurará” la protección y cuidado del medio ambiente, en todos los procesos relacionados la reforma en los que participen empresas productivas del Estado o particulares, “mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones,

Deberían introducirse incentivos a la contraprestación o bonos a la contraprestación (feed in tariff y feed in premium), mecanismos utilizados en otros países para impulsar la generación de energías renovables, así como otros mecanismos exitosos como son las subastas, que aunque existen por ley, no se han utilizado

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así como la menor huella de carbono en todos sus procesos.”

En este sentido, se entiende la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ANSIPA), la cuál regulará y supervisará, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos.

Sin embargo, llama la atención que se cree una agencia que sea redundante a las funciones de la SEMARNAT e incluso la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA). En todo caso, siendo un órgano desconcentrado de la SEMARNAT, la ANSIPA no cuenta con la independencia de gestión, financiera o de estructura institucional para ejercer sus funciones frente a SENER o incluso los intereses de las empresas productivas del Estado.

Recomendamos que la ANSIPA cuente con los recursos financieros y de capital humano para garantizar que se cumplen los objetivos y metas de mitigación de gases efecto invernadero establecidas en la Ley de Cambio Climático y los programas que de esta se derivan.

El decreto de la Reforma Energética también indica que se establecerán obligaciones para el uso de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes a los participantes de la industria eléctrica. En particular, establece que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, deberá establecer “una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios”. Esta estrategia de transición para promover el uso

de energías y combustibles más limpios debe establecer claramente un plan de acción, con metas anuales, para lograr la meta del 35% de electricidad generada por fuentes no fósiles para el 2024, contemplada tanto en la Ley de Aprovechamiento de la Energía y Financiamiento de la Transición Energética como en la Ley de Cambio Climático.

La Ley de la Industria Eléctrica introduce los Certificados de Emisiones de Contaminantes para centrales eléctricas, emitido por la CRE para su venta en el mercado eléctrico mayorista, y los Certificados de Energías Limpias, también emitidos por la CRE, acreditando la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de fuentes renovables o tecnologías limpias, para cumplir con los requisitos obligatorios asociados al consumo de los centros de carga.

Sin embargo, los compromisos quedan ambiguos y generales, al no enunciar acciones específicas para bien establecer cuáles serían los topes en las emisiones de gases efecto invernadero y/o las cuotas de energías renovables que los actores de la industria tendrían que cumplir o vincular estos compromisos con otros establecidos en la Ley de Cambio Climático.

Más aún, debe hacerse notar que los certificados son para energías limpias y no exclusivamente renovables y se consideran también tecnologías limpias, sin ofrecer una definición de cuáles serían estas energías o tecnologías limpias, además de las renovables. Estos certificados deben crear adicionalidad, es decir, que efectivamente tengan un impacto con respecto al escenario en el que no existan. Quizá puedan establecerse como “futuros” en los que avalan un consumo por MWh de largo plazo.

Nivelación del terreno de juego Si bien un marco legal es una condición sine qua non para la modernización del sector eléctrico y la participación del capital privado, no es suficiente para el desarrollo de las energías renovables en México. Un elemento fundamental para lograr el desarrollo de estas fuentes energéticas es que se nivele el terreno del juego, removiendo los subsidios a las energías fósiles y poniendo los precios reales al precio de dichas energías incorporando el costo de las externalidades. Los subsidios a la electricidad, a la gasolina, al diesel y al gas licuado de petróleo en México son de los más elevados en términos absolutos a nivel mundial.

energías fósiles. Por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos en conexión a la red en México difieren en costos dependiendo de su capacidad. Según un estudio de GIZ, para el sector residencial la inversión promedio para sistemas fotovoltaicos con una capacidad entre 0.24kWp a 1.65kWp es de US$ 4,851/kWp con costos nivelados de US¢17.8/ kWh, mientras que los costos para sistemas con capacidades entre 2kWp a 10kWp se reducen a US$ 3,000/kWp – 4,200/kWp y sus costos nivelados de generación oscilan entre US¢ 10.9/kWh (Mx$ 1.3) y US¢ 15.4/kWh (Mx$ 1.8) y según algunas otras estimaciones, los costos son aún menores.

Los subsidios sobre los energéticos, incluidos los de consumo de energía en los sectores agrícola y residencial, promediaron alrededor de 1.7% del PIB al año durante el periodo 2005-2009.

Aunque el gobierno federal ha anunciado algunos esfuerzos por nivelar el terreno de juego y los costos de las energías renovables frente a las fósiles, estos son muy incipientes. En diciembre de 2012, se anunció la Metodología para calcular las externalidades asociadas a la generación de electricidad en México con el objetivo de incorporar los costos de las externalidades por tipo tecnología en la planeación, despacho de energía y evaluación de proyectos del sector.

Los subsidios a fuentes fósiles tienen impactos sociales regresivos directos y envían las señales inadecuadas a los consumidores de energía pues distorsionan deliberadamente los precios y, por tanto, cambian las decisiones de consumo e inversión energética hacia opciones menos eficientes.

También impiden la competencia en igualdad de condiciones entre las tecnologías fósiles y las renovables.

Al contrario de la percepción que prevalece sobre el costo de las energías renovables y la falta de madurez de las tecnologías existentes, muchas de ellas ya son competitivas en el mercado, especialmente si se incluye el costo ambiental, en términos de la salud y los subsidios a las

De acuerdo con este decreto, es función de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER) y las dependencias responsables de la administración pública federal, desarrollar estudios que permitan medir local y/o regionalmente el impacto o valor que tienen las emisiones asociadas a la generación de electricidad en la economía, la sociedad, el ambiente y la salud en México, en el corto,

En 2012, China registró más de un 1,700,000 empleos asociados con las inversiones de energías renovables y superó a Estados Unidos en este tipo de inversiones, llegando a 67 mil millones de dólares o 22% del total de las inversiones en energías renovables a nivel mundial

mediano y largo plazos, así como elaborar y enviar a la SENER un documento que indique las expectativas de para la valoración de los Instrumentos Financieros Asociados con las Emisiones de Sustancias Contaminantes.

A la fecha aún no se conocen los resultados de estos estudios y sería importante contar con ellos para nivelar el costo de las energías renovables frente a las fósiles.

Otro paso, aunque muy incipiente por sus limitados efectos este sentido, es la valoración de las externalidades a través el cálculo del costo de ciertos contaminantes en la producción de electricidad y mediante el impuesto al carbono, el cuál se instrumentó con fines recaudatorios más que ambientales y tiene un impacto pequeño en el uso de combustibles fósiles.

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México carece de una política comprensiva de desarrollo tecnológico que permita una transformación progresiva del sector de energías renovables mediante la aplicación de nuevas tecnologías y procesos, o incluso la transferencia y adaptación de tecnologías que ya existen en otros países.

Recomendamos que se den a conocer los resultados de la metodología para calcular las externalidades asociadas a la generación de electricidad en México y que la ANSIPA realice estudios similares para el sector petrolero y de gas.

Esta información deberá servir de base para tomar decisiones de política pública, particularmente respecto del precio real de los combustibles y la electricidad, como por ejemplo aumentar y reorientar la recaudación del impuesto al carbono para remediar los costos de la extracción y uso de las energías fósiles y utilizar los recursos recaudados para apoyar la infraestructura de transporte limpio, de construcción de redes inteligentes y sistemas de almacenamiento que faciliten la utilización de energías renovables.

Estímulos para la utilización de energías renovables La Reforma Energética tampoco resuelve la ausencia de incentivos existentes para la generación de electricidad con fuentes renovables de energía, ya que, a pesar de las metas establecidas en la legislación, no existen obligaciones de generación de una cantidad o porcentaje de energía a través de fuentes renovables. Desde el 2008, en México ya existen mecanismos que han permitido el incipiente desarrollo de la industria, como son el despacho garantizado de la energía renovable, el netmetering, el banco de energía y el porteo tipo estampilla postal.

A la luz del nuevo marco regulatorio, es imprescindible que se elabore una Ley de Energías Renovables que actualice el marco regulatorio en el nuevo contexto de apertura del sector eléctrico. Los tiempos necesarios para la definición de la legislación secundaria y los reglamentos derivados de la misma así como los ajustes institucionales, como la creación del CENACE, que deberán realizarse para la aplicación las nuevas reglas del juego son demasiado largos para reducir la incertidumbre que existe actualmente en el sector privado, en particular de las inversiones que están por realizarse. Según la CRE, hoy existen cerca de 150 permisos de trámite y una muy baja capacidad institucional para tramitarlos e incluso de la CFE para trabajar en los permisos de interconexión.

Al sector privado interesado en las energías renovables le preocupa en particular la contradicción implícita que existe en la Ley de Industria Eléctrica de establecer, por un lado, obligaciones genéricas en materia de energías limpias y, por otro lado, “lograr un despacho eficiente”, privilegiando “energía generada de menor costo en beneficio de los usuarios finales”. Sin que se nivele el terreno del juego entre las energías renovables y las fósiles, el objetivo de privilegiar a la energía generada a un menor costo implicará una marginación de las energías renovables si no se consideran las externalidades generadas por las energías fósiles.

Recomendamos que, con la finalidad de asegurar las inversiones existentes en el sector de energías renovables, se considere un periodo de transición de tres años en el que se mantengan las condiciones

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bajo las cuáles operan los proyectos existentes y que, en una nueva ley sobre energías renovables, se continúen los mecanismos que han sido exitosos y se establezcan más y mejores medidas de fomento, incluyendo acciones que ofrezcan una mayor igualdad de condiciones entre las fuentes fósiles y renovables. Por ejemplo, los mecanismos utilizados más comúnmente en otros países para impulsar la generación de energías renovables incluyen los incentivos y bonos a la contraprestación (feed in tariff y feed in Premium).

Dos instrumentos han sido clave para el desarrollo de proyectos renovables, el banco virtual de almacenamiento de energía, que permite el aprovechamiento óptimo

de la capacidad de las energías renovables y elimina la necesidad de sistemas de almacenamiento, y el establecimiento de cargos económicos favorables para la transmisión de la energía mediante la “estampilla postal”, un instrumento que optimiza la capacidad y mejora la rentabilidad de los proyectos.

En México podrían utilizarse otros mecanismos exitosos como las subastas, que incluso ya están contemplados en la ley; las obligaciones a los generadores de incorporar un porcentaje de energías renovables en su producción; y los incentivos fiscales que no sean inciertos por estar supeditados a las disposiciones de la autoridad fiscal y no a los objetivos específicos asociados a un aumento de la participación de las energías renovables.

Evaluación de la sostenibilidad (ambiental, económica y social) de los megaproyectos de energías renovables

Aún cuando las fuentes renovables tienden a ser amigables con el medio ambiente, algunos megaproyectos pueden tener afectaciones ecológicas importantes, lo cuál ha generado la movilización de ambientalistas en contra de las energías renovables, generando un clima de desconfianza ante este tipo de fuentes. Actualmente no existen regulaciones sobre las implicaciones sociales que los megaproyectos de energía renovable tienen en las comunidades. Pero tampoco existen esquemas que puedan facilitar los mecanismos de arrendamiento de tierras. La modalidad de tenencia de la tierra en México es una barrera institucional para la implementación de proyectos de energía renovable, particularmente aquellos proyectos de largo plazo que requieren grandes extensiones de tierra para su ejecución como los proyectos de energía eólica y solar.

Asimismo, el sistema legal en algunos estados es aún débil y no se observa la aplicación de leyes contractuales por lo que no se respetan los contratos o acuerdos preliminares. Sería por ello conveniente

moverse hacia el desarrollo de una evaluación de sostenibilidad que incluya, no sólo los impactos sociales, como plantea la Ley de la Industria Eléctrica, sino que se evalúen de manera integral estos, los ambientales y los económicos sobre los efectos de los proyectos renovables en las comunidades próximas a dichos proyectos.

Se debe entonces promover la coexistencia respetuosa con las comunidades donde se desarrollen los proyectos, así como mecanismos para otorgar cobeneficios a sus habitantes. Además de la revisión de las políticas de arrendamiento de tierras, se podría considerar la posibilidad de diseñar mecanismos especiales que faciliten la renta de las propiedades, por ejemplo, a través de la deducción de impuestos a desarrolladores de energía renovable. Deberían también aumentarse las capacidades de la SEMARNAT para el desarrollo de las manifestaciones de impacto ambiental y realizar estas conjuntamente, con un enfoque de sostenibilidad, de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social.

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VINCULACIÓN A LAS POLÍTICAS DE ECONOMÍA VERDE: Apoyo al desarrollo tecnológico y a la formación de capital humano especializado La escasez de recursos energéticos convencionales ha conducido a innovaciones tecnológicas importantes para la extracción de recursos no convencionales, incluyendo el gas y el petróleo de lutitas.

Pero las energías renovables, tanto en el ámbito de las tecnologías mismas, incluyendo las celdas fotovoltaicas, como en las tecnologías de almacenamiento (tanto de baterías para fuentes fijas, aparatos electrónicos y vehículos) serán la mayor fuente de innovación energética en el futuro, lo cuál se traducirá en nuevas industrias y procesos manufactureros, inversiones y empleos que pueden ser el sustento del crecimiento verde.

China por ejemplo, registró, en 2012, más de un 1,700,000 empleos asociados con las inversiones de energías renovables. En ese mismo año, superó a Estados Unidos en las inversiones en este tipo de energías, llegando a 67 mil millones de dólares o 22% del total de las inversiones en energías renovables a nivel mundial.

Recomendamos pues se aproveche la coyuntura de la Reforma Energética como una oportunidad para impulsar las inversiones en las energías renovables. Una inversión temprana en tecnologías renovables, con fuentes diversas y no solamente una de ellas como se propone en la planeación del sector energético 2013-2027, y en infraestructura de producción eléctrica a partir de renovables podría convertirlas en un motor de innovación, transferencia tecnológica y de crecimiento verde en México. Por ejemplo, entre 2003 a 2012, México recibió aproximadamente 7,343 millones de dólares de inversión extranjera directa en la industria de energía renovable, misma que se concentró en Oaxaca y Baja California.

Se calcula que en los últimos dos años 3,300 millones de dólares se han invertido en el país a través de licitaciones de la SENER, como de proyectos de infraestructura para la interconexión de fuentes renovables a la red eléctrica nacional. Según un estudio de WWF, un escenario en el que se instalasen alrededor de 18,000 MW de renovables y de cogeneración eficiente hacia el 2018 se traduciría en un incremento del PIB de más de $230 mil millones de pesos o 2% del PIB (según el año base 2011) y generaría alrededor de 150 mil empleos, además de mitigar 21 MtCO2.

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También recomendamos que se resuelva la desconexión que hoy existe entre la política energética y la política de innovación, la industrial, la económica y la hacendaria, para que exista una mayor vinculación entre la política de innovación y las metas de desarrollo de las energías renovables, atendiendo las necesidades específicas de cada tipo de tecnología.

Si bien el Programa Nacional de Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014 se refiere a la coordinación con la Secretaría de Economía, a través de distintos fondos, como el Fondo PYME, el de Innovación Tecnológica y el de Capital Emprendedor” para impulsar una política industrial más verde, en las líneas de acción para lograr el objetivo de desarrollar las cadenas de valor de la producción nacional a partir de fuentes renovables no hay un plan de acción concreto para lograrlo.

El programa establece una serie de acciones muy generales y poco ambiciosas como son la realización de estudios para la creación de incentivos y mecanismos que propicien la inversión, la promoción del acceso a financiamiento para los emprendedores y las micro y pequeñas empresas y el impulso a los emprendedores y a las MIPYMES en el mercado de proveeduría para las energías renovables.

No mencionan mecanismos específicos y efectivos, como podrían ser el uso de garantías por parte de la banca de desarrollo para el otorgamiento de créditos por parte de la banca comercial o el establecimiento en los fondos PYME, de Innovación Tecnológica o de Capital Emprendedor de requisitos del uso de energías renovables o el apoyo al desarrollo de estas fuentes energéticas como una prioridad de los mismos fondos.

En tanto que el éxito del sector de las energías renovables depende de que el costo de las tecnologías vaya cayendo, el gobierno debe ofrecer las condiciones para el establecimiento de programas de investigación y desarrollo que propicien el uso de energías renovables por parte no sólo de las grandes empresas sino también de las pequeñas y medianas, para la expansión de los mercados locales y de exportación. México carece de una política comprensiva de desarrollo tecnológico que permita una transformación progresiva del sector de energías renovables mediante la aplicación de nuevas tecnologías y procesos, o incluso la transferencia y adaptación de tecnologías que ya existen en otros países. Aunque en el último año se ha tratado de

subsanar, México tiene un rezago en ciencia y tecnología derivado, en parte, de la falta de recursos públicos en este sector, pero también y sobre todo por la magra inversión que el sector privado destina a este rubro.

una infraestructura de innovación más significativa que pueda impulsar al sector energético como un motor de crecimiento económico en el país.

Si bien el actual gobierno federal ha ejercido los recursos del Fondo de Sustentabilidad para apoyar la innovación en el sector de energías renovables, el grueso de los recursos gubernamentales de ciencia, tecnología e innovación se concentra en hidrocarburos.

La innovación además requiere de una participación sustantiva del sector privado para promoverla, en México no existen políticas explícitas que creen las condiciones para detonar este tipo de inversión y se recae fundamentalmente en la inversión del sector público. En particular, son necesarios mecanismos de mercado que incentiven la participación del sector privado en el desarrollo de energías renovables y promuevan la inversión extranjera para facilitar la transferencia tecnológica.

Por ejemplo, en 2012, el gasto en ciencia, tecnología e innovación del sector fue de 10,863 millones del pesos, de los cuales el 50% ($5,338 millones de pesos) fue para el Instituto Mexicano del Petróleo, el 37.4% ($4,061 millones de pesos) correspondieron a PEMEX, el 7% ($763 millones de pesos) al Instituto de Investigaciones Eléctricas y el 6.4% ($700 millones de pesos) al Instituto de Investigaciones Nucleares.

Además, el Fondo de Hidrocarburos es tres veces mayor al Fondo de Sustentabilidad. El total del Fondo de Hidrocarburos en 2012 fue de $5,499.30 millones de pesos, el cual cubrió, entre otros, 5 proyectos integrales por un total $2,275.9 y un proyecto de shale gas por $3,216.3.

El Fondo de Sustentabilidad, en cambio, aprobó 48 proyectos por un monto total de $380 millones de pesos desde su creación hasta finales de 2012, aunque en 2014 se asignaron $1,627 millones de pesos para la conformación y desarrollo de tres Centros Mexicanos de Innovación en Energías Renovables (CEMIE’s)geotermia, solar y eólica.

El programa especial de aprovechamiento para las energías renovables, de hecho, plantea como uno de sus objetivos impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en energías renovables, pero no quedan claros los instrumentos que serán utilizados para lograrlo. Por ejemplo, el programa presenta las inversiones en los centros de innovación como una vía para “abatir las barreras y retos científicos y tecnológicos que enfrenta el país para el aprovechamiento sustentable de la energía” e “integren como redes de formación de capacidades y recursos humanos; de vinculación y expansión del tejido científico-tecnológico-empresarial y de visión, estrategia y prospectiva d la energía en México”.

Por importantes que sean, las inversiones del Fondo de Sustentabilidad en los centros de innovación son apenas un primer paso e incipiente en la creación de

Lejos de presentar los mecanismos específicos para incrementar la participación del sector privado en la innovación para las energías renovables, las líneas de acción del programa especial para las energías renovables se quedan en un nivel muy básico y general que serían más pertinentes para el sector académico (como por ejemplo la identificación de requerimientos de nuevas tecnologías, la identificación de instrumentos, actores y redes para conocer las áreas a desarrollar, el fomento de cooperaciones internacionales y de transferencia de tecnología, así como de la vinculación de academia e industria y el impulso de iniciativas para identificar las necesidades de capital humano).

A esto se suman carencias en términos de capital humano, inclusive en el sector bancario, en donde faltan expertos que puedan realizar estudios de costobeneficios e impactos de los proyectos de energías renovables y que gestionen los proyectos y provean apoyos para el desarrollo de propuestas energéticas que sean bancables.

Aquí el programa especial de aprovechamiento de las energías renovables enuncia una serie de acciones pertinentes para el impulso del talento mexicano en el sector, particularmente con el trabajo concebido para el Comité de Gestión por competencias de Energías Renovables y Eficiencia Energética, el cuál incluye la elaboración “de un modelo de evaluación y certificación de competencias en el ámbito de las energías renovables, la elaboración de una estrategia público-privada, de apoyo formativo, pedagógico y de evaluación y certificación”, “la identificación de proyectos renovables en instituciones de educación, centros de capacitación y organismos públicos y privados de formación profesional,” y “el aprovechamiento de redes internacionales de talento”.

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III. RECOMENDACIONES Aunque las energías fósiles seguirán siendo la base del desarrollo económico mundial durante las siguientes décadas, las fuentes renovables adquirirán mayor relevancia, convirtiéndose en un elemento esencial para el desarrollo y bienestar futuros de la humanidad.

Además de ser un recurso inagotable, las energías renovables generan beneficios adicionales al reducir los costos sustanciales asociados con la contaminación y el impacto a la salud del uso del petróleo, el carbón y el gas. También son un componente esencial para enfrentar el cambio climático, fenómeno cuyos efectos son cada vez más severos y están obligando a una transformación fundamental en el desarrollo económico como lo conocemos desde la Revolución Industrial.

se han registrado en otros países, incluyendo a China, Estados Unidos y Brasil.

Por lo tanto, México necesita un sector energético diversificado, en el que una canasta de fuentes de energía renovable distintas sea un componente esencial para alcanzar la seguridad energética, mejorar la competitividad presente y futura del país y garantizar el bienestar de todos los mexicanos.

La apertura del sector eléctrico, contemplado en la Reforma Energética, es una medida acertada porque da fin a la situación monopsónica de la CFE, permitiendo una mayor participación del sector privado en la promoción de las inversiones necesarias para la modernización del sector eléctrico, incluyendo aquellas en las redes de transmisión y distribución que son esenciales para el desarrollo de las energías renovables.

A pesar de que muchas leyes y programas públicos del gobierno mexicano han señalado el desarrollo de fuentes energéticas alternativas como una prioridad, los avances han sido minúsculos, sobre todo si se comparan estos con el gran potencial de energías renovables que tiene México y con los avances que

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Si bien incluyó al sector eléctrico, la Reforma Energética de 2013 ha puesto el acento en los hidrocarburos como la clave para lograr la competitividad económica y el bienestar de los mexicanos. El aumento de la disponibilidad de hidrocarburos es necesaria para lograr estos objetivos, pero no es suficiente para conseguir la seguridad energética y la competitividad en el largo plazo y menos aún para cumplir la meta de obtener el 35% de la electricidad a partir de las energías no fósiles, establecida en la Ley de Cambio Climático.

La Ley de la Industria Eléctrica ofrece una visión moderna para un sector eléctrico competitivo. Sin embargo, esta es una ley de transición pues no se

podrá desmantelar fácilmente y en unos cuantos años el poder dominante del que goza la CFE. Aquí será central el papel de los órganos reguladores y del nuevo operador del sistema para lograr la participación de más actores para crear un mercado eléctrico competitivo. En el caso de las energías renovables, la apertura concebida en la Reforma Energética es un paso indispensable pero no es suficiente para resolver las barreras económico-financieras, tecnológicas y de capacidad institucional que han impedido el aprovechamiento del potencial de México en estas fuentes energéticas, dejando pasar la oportunidad para convertirlas en motor de crecimiento económico e impulso a la innovación y productividad del país.

En este contexto, el Foro de Energías Renovables para la Competitividad, convocado por el Instituto Global para la Sostenibilidad de EGADE-Business School, del Tecnológico de Monterrey, hace las siguientes recomendaciones: 1.

Que se evite crear una dependencia respecto de un solo combustible, como es el gas, para la generación de electricidad y que no se realicen inversiones de infraestructura a tal punto que se pongan candados estructurales para el desarrollo de opciones futuras que garanticen una efectiva diversificación de las fuentes energéticas para la producción de electricidad.

2.

Que el CENACE cuente con una estructura de gobernanza que sea “neutral” y representativa de todos los intereses del sector y que no esté supeditada a decisiones políticas del gobierno en turno, para lo cuál deberá hacer transparente toda la información necesaria para tomar sus decisiones.

3.

Una CRE autónoma también es indispensable para la existencia de un mercado competitivo, con las tarifas eléctricas definidas sobre bases técnicas, reflejando los costos de la electricidad, permitiendo que las energías renovables puedan participar sobre una base de competitividad y con el campo de juego nivelado. Dado que la mayor autonomía otorgada a la CRE mediante la Reforma Energética no fue a nivel constitucional, que se establezca un Comité Evaluador Independiente, formado por expertos que representen a los distintos actores del mercado eléctrico, que permita un diálogo con ciudadanos y el Congreso y que tenga como función realizar evaluaciones independientes y periódicas sobre el desempeño de la CRE, ofreciendo un contrapeso a posibles decisiones políticas tomadas por la SENER. Que la planeación necesaria para construir un 4. sector eléctrico moderno y competitivo, que cuente con una red eléctrica nacional interconectada e inteligente, capaz de almacenar energía, con líneas de distribución en todo el territorio nacional y que permita el respaldo de las energías renovables y el aprovechamiento de las fuentes energéticas locales para abastecer la

demanda, recaiga en el CENACE, como operador del sistema eléctrico.

Que haya una mayor congruencia entre la 5. política ambiental y la energética y que la estrategia de “transición para el uso de tecnologías y combustibles más limpios” que por mandato del decreto de Reforma Energética debe establecer el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía establezca claramente un plan de acción y metas anuales para las energías renovables, por tecnología, con el fin lograr la meta del 35% de electricidad generada por fuentes no fósiles para el 2024.

6.

Que, dada la incertidumbre generada por el largo periodo requerido para definir el marco legal y regulatorio y los ajustes institucionales necesarios para crear un mercado eléctrico moderno y competitivo, se otorgue un periodo de transición en el que se mantengan las medidas de fomento que han permitido que se desarrollen las energías renovables hasta ahora y durante el cuál se puedan desahogar las solicitudes de permiso que están pendientes en la CRE. Que se cree una nueva Ley de Energías 7.

Renovables, que reemplace a la LAERFTE, que sea congruente con el nuevo marco regulatorio promovido por la Reforma y que mantenga las medidas de fomento a las energías renovables que existen ahora, como son el netmetering, el cálculo de las tarifas de porteo tipo estampilla postal, el banco de energía, etc., y que se creen más y mejores medidas de fomento a las energías renovables, propiciando una mayor igualdad de condiciones entre estas últimas y las fuentes fósiles, que pueden incluir mecanismos exitosos como son las subastas, que aunque existen por ley, no se han utilizado.

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8.

Que el Programa Nacional de Aprovechamiento de Energías Renovables sea más explícito en torno a las políticas públicas y los mecanismos que se utilizarán para elevar la participación de las energías renovables en la meta del 35% de electricidad a partir de fuentes no fósiles para el 2024. Entre otros, que enuncie cómo operarán los Certificados de Energías Limpias o de Reducción de Emisiones de contaminantes, contemplados en la Ley de la Industria Eléctrica, y que se establezcan metas específicas para la producción de energías renovables, no sólo limpias.

9.

Que se nivele el terreno del juego, removiendo los subsidios a las energías fósiles que siguen siendo considerables en México, que se den a conocer los resultados de la metodología para calcular las externalidades asociadas a la generación de electricidad en México, según el decreto aprobado para tal propósito en diciembre del 2012, y que la ANSIPA asuma el mandato de realizar estudios similares para el sector petrolero y de gas, a fin de establecer el precio real de las energías fósiles, ampliando la cobertura y el impacto del impuesto al carbono.

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10.

Que se desarrolle una evaluación de sostenibilidad de los proyectos de energía renovables que incluya de manera integral los impactos sociales, ambientales y económicos sobre las comunidades próximas a los proyectos.

11. Que se impulsen las inversiones en las energías renovables como un motor de innovación, transferencia tecnológica y de crecimiento verde en México. Además de que el gobierno federal destine más recursos al Fondo de Sustentabilidad (en tanto que hoy dos terceras partes del gasto en ciencia y tecnología se concentra en hidrocarburos), sobre todo que genere las condiciones, a través de mecanismos de mercado, para la participación del sector privado y el surgimiento de asociaciones público-privadas para la investigación y el desarrollo que propicien el uso de energías renovables por parte de empresas, grandes, pequeñas y medianas, para la expansión de los mercados locales y de exportación.

Participantes del Foro Energías Renovables para la Competividad de México Mtra. Marian Aguirre Nienau, Financiamiento Estructurado, BANCOMEXT

Dr. Raúl González Pietrogiovanna, Director MBA, EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey

Dra. Vanessa Perez-Cirera, Directora del Programa sobre Clima y Energía, WWF México

Lic. Verónica Baranda Sepúlveda, Directora de Planeación, Análisis y Contraloría, Banobras

Ing. Ernesto Hanhausen, Ejecutivo México, Emerging Energy and the Environment

Ing. Gabriel Quadri de la Torre, Director Asociado, SIGEA

Lic. Eduardo Barrera Montañez

Mtro. Inder Hernán Rivera, Asesor del Programa de Energía Sustentable, GIZ

Mtro. Miguel Alonso Rubio, Director General, Acciona

Dr. Martin Bremer, Profesor Dr. Álvaro Lentz-Herrera, Presidente, Investigador, Tecnológico de Monterrey Asociación Nacional de Energía Solar

Mtro. Juan Andrés Ruiz Figueroa, Subdirector de Sustentabilidad y Energía, Walmart de México y Centroamérica

Ing. Saúl Bretón Aretia, Director General, Operaciones Internacionales Sabre SA de CV

Lic. Roberto López Fernández, Country Dr. Luis Alberto Serra Manager México, Isolux Corsán México Barragán, Investigador, CIDAC

Dr. Daniel Buira Clark, Director General, Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

Dr. Amory Lovins, Chief Scientist, Rocky Mountain Institute

Dra. Isabel Studer, Directora Fundadora, Instituto Global para la Sostenibilidad, IGS, EGADE Buisness School, Tecnológico de Monterrey

Mtro. Gerardo Castillo Ramos, Gerente Ing.Alejandro Martí García, Project de Investigación, Centro de Estudios Developmenet Manager- LatAm Económicos del Sector Privado CEESP Solarcentury

Ing. Héctor Treviño González, Director Ejecutivo, Asociación Mexicana de Energía Eolíca

Mtro. Miguel Ángel de la Rosa, Presidente, GENERMASA

Lic. Jimena Marván Santín, Gerente de Desarrollo Sustentable y Ambiental, PEMEX

Mtra. Cecilia Turriago, Socio Director, ENERCAR

Ing. Juan Manuel Diosdado, Director Ejecutivo Adjunto, CESPEDES

Ing. Enrique Nieto, Director de Proyectos Sustentables, NAFIN

Lic. Julián Vega, Advisory Services Climate Change and Sustainability, Ernst & Young

Ing. Vicente García Montero, Director de Desarrollo de Negocio, Isolux Corsán

Dr. Héctor Oléa, Presidente y Director General, Gauss Energía

Ing. Edgar Villaseñor Franco, Director Ejecutivo, ICLEIGobiernos Locales por la Sustentabilidad Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe

Dr.Alejandro Peraza García, Director General de Electricidad y Energías Renovables, Comisión Reguladora de Energía

Dr. Ethan Zindler, Head of Policy Analysis, Bloomberg New Energy Finance

Ing. Luis Miguel González Camargo, Director de Impacto Ambiental y Fuentes Renovables, Secretaría de Medio Amiente y Recursos Naturales

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